Sentencia Social 561/2024 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 379/2024 de 23 de septiembre del 2024

PRIMERO:-Es objeto de suplicación, la sentencia 77/24 de 17 de marzo del Juzgado de lo Social n.º 5 de Badajoz, que estima parcialmente la demanda y condena a la Junta de Extremadura a que abone a la demandante la suma indemnizatoria de 9.815,43 euros por su legal cese laboral operado el 7 de febrero de 2023, de acuerdo con la antigüedad de 1 de febrero de 2016 y un salario último de 69,29 € brutos diarios.

Esta sentencia es objeto de suplicación, de un lado, de la Junta de Extremadura y de otro de la citada Carolina.

SEGUNDO:Con relación al recurso de suplicación presentado por la Junta de Extremadura se viene a señalar que, de acuerdo con la doctrina de esta Sala de Extremadura, el contrato temporal que ejercitaba la actora no ha superado el plazo de tres años a que se refiere el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público y la Administración ha actuado de acuerdo con el artículo 15 del V Convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura, ya que la STS 649/21, en aplicación de la STJUE de 3 de junio de 2021, se refiere al plazo de tres años a contar desde la suscripción del contrato interinidad por vacante de la actora y en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2016 a la convocatoria el 20 de mayo de 2019 y resuelto definitivamente con éxito el 7 de marzo de 2022, es decir, en el segundo de los procesos selectivos diseñados por el turno de ascenso pero tal plaza se ofertó por primera vez en turno de traslado convocado por Orden de 13 de junio de 2018, por lo que no se había excedido el plazo de tres años que señala la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en interpretación del citado artículo 15 del V Convenio colectivo citado y la Administración ha intentado cubrir el puesto con carácter definitivo siguiendo el orden que se establece en el mismo: en primer lugar, el turno de traslados, luego el turno de acceso y por último el turno libre y teniendo en cuenta que el citado precepto prevé que, de manera excepcional, pueda sobrepasarse el plazo de 3 años, concurriendo causas extraordinarias, cuya prueba corresponde a la entidad pública demandada.

De la documentación obrante en el expediente administrativo entiende que se desprende que no se ha superado dicho plazo, tal y como se aprecia en las fechas certificadas.

Impugna este recurso Carolina que considera que la STS de 28 de junio de 2021, en aplicación de la STJUE de 3 de junio señala, claramente, que los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga, debiéndose computar de fecha a fecha, en cuyo caso transcurren más de 6 años, lo que no permite la sentencia del Tribunal Supremo mencionada y pone el manifiesto la existencia de un déficit estructural de personal, que provoca que tales concursos resulten infructuosos y que la plaza no pueda ser, en realidad, cubierta hasta la definitiva convocatoria de un proceso de selección.

Señala que de acuerdo con el apartado c) del artículo 193 de la LJS se vulneran el plazo de duración de tales procesos, dado que ha existido una tardanza en convocar dicho proceso selectivo para la definitiva cobertura de la vacante, lo que determina que la relación laboral se haya transformado en indefinida no fija, teniendo en cuenta que, según el artículo 15 del citado V Convenio, la convocatoria del turno de traslados debe ser cuatrimestralmente y el turno de ascenso uno al menos una vez cada dos años y, sin embargo, lo que viene haciendo la recurrida es no iniciar el procedimiento de cobertura dentro de los plazos legales y desde 1 de febrero de 2016 hasta el 13 de junio de 2018, que es cuando se convoca el turno de traslados, es decir, dos años y cuatro meses después de la contratación temporal e incumpliendo el citado artículo 15, que establece que la convocatoria se debe realizar cuatrimestralmente y aun así le restan otros nueve meses para el agotamiento del plazo de tres años, siendo evidente que es la Administración la que hace imposible que en tres años se finalicen los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes, provocando la duración excesiva de los contratos temporales.

TERCERO:Como se ha dicho, también se interpone recurso de suplicación por la citada Carolina e interesa la adición de un hecho probado para que diga que el 7 de febrero de 2023, la directora de la Escuela infantil "Pepe Reyes", donde la trabajadora prestaba los servicios le notificó la diligencia de cese, siendo la causa del mismo la ocupación de la plaza por concurso de ascenso y ello según se deduce del documento número 1 del ramo de prueba de la parte actora, consistente en la diligencia de cese del actor pero la Junta de Extremadura cesa a la actora de 7 de febrero de 2023, de manera que la recurrente debió ser cesada en la plaza adjudicada por ascenso a un tercero y no continuar ocupando la plaza la citada trabajadora, considerando que al amparo del apartado c) del art. 193 de la LJS, la sentencia infringe el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2720/98, por el que se desarrolla y que establece que con el contrato de interinidad por vacante, la duración del contrato será por el tiempo que dura el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del puesto, que en los procesos de selección llevados a cabo por la Administración pública, la duración de los contratos coincidirá con el tiempo que duren dichos procesos, conforme con lo previsto en su normativa específica y en la STS citada, lo que se prevé es un contrato a término, aunque de fecha incierta respecto de su finalización en la medida en que será la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva de la plaza, que en el caso de las Administraciones públicas coincidirá con el tiempo que duren dichos procesos, es decir, hasta el 7 de marzo de 2022, al ser adjudicado en un turno de ascenso, si bien la trabajadora no es cesada y continuó prestando servicios con el contrato de interinidad por vacante pero, realmente, finalizada la causa del contrato y ocupado el puesto vacante por la titular por lo que la relación laboral de la actora continuó y devino en fraude de ley, presumiéndose la aplicación el artículo 15.5 del Estatuto de los trabajadores como fija, por lo que nos encontramos ante un despido que debe ser calificado como improcedente, no habiéndose incumplido los requisitos procesales para el despido y debiendo optar la empresa por el abono de indemnización de 33 días por año de servicio o en su caso la readmisión con el abono de los salarios de tramitación y, subsidiariamente, estar ante el cese de un personal indefinido de la Administración.

Este recurso de suplicación es impugnado por la Administración al considerar que lo aparecido en los hechos probados, junto con el razonamiento jurídico, da lugar a la deducción de lo que se pretende a través del hecho probado nuevo, ya que queda acreditado que doña Estibaliz, en el momento de la adjudicación al puesto se encontraba de baja con incapacidad temporal, siendo este el motivo por el que no pudo incorporarse a su puesto y cuando se incorpora, un día antes se cesa a la recurrente por lo que no existe ningún fraude como se pretende contrario y así lo recoge la propia sentencia, reiterando que la Administración ha realizado las convocatorias para cubrir la plaza, la primera en 2018, siguiendo la doctrina de esta Sala de Extremadura, de manera que el plazo de tres años se puede aumentar de manera excepcional en atención a las circunstancias concurrentes, que acredite la Administración por lo que la actora no ha adquirido, en ningún momento, la condición de indefinida y, por tanto, es un cese por el procedimiento legalmente establecido y no tiene derecho a indemnización alguna.

CUARTO:La STS 474/22 de 24 de mayo, rec.UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 3615/2020, en sus F. JDCOS TERCERO y CUARTO:

1. La argumentación que seguidamente vierte el recurso gira en torno a la aplicación del citado art. 70 del EBEP y destaca que cuando se realiza el contrato con la actora el puesto de trabajo está vacantes desde hace varios años (al menos desde 2006, fecha en la que se incluye en el concurso de traslados, es decir cuatro años antes del propio contrato), sin que haya sido incluido durante todos esos años en procesos de cobertura y en las ofertas de empleo público sucesivas, y que, a pesar del tiempo transcurrido desde su inclusión en el concurso de traslados (14 años en este caso, cuatro de ellos antes de suscribir el propio contrato) no se ha producido nunca la adscripción de ningún trabajador por este método al puesto de trabajo en afectado. El correlativo suplico peticiona se declare que la relación laboral con la Gerencia Regional de Servicios Sociales de Castilla y León es una relación indefinida no fija.

La resolución del recurso exige que nos atengamos al criterio establecido en la sentencia del Pleno de esta Sala IV de 28 de junio 2021, rcud. 3263/2019, dictada a raíz de la STJUE de 3 de junio de 2021, asunto C-726/19, en la que hemos acomodado nuestra doctrina a los parámetros jurídicos establecidos en la misma. El TJUE admite en su sentencia la utilización de los contratos de interinidad por vacante hasta la finalización del proceso de cobertura de la plaza, pero condiciona su validez al requisito de que se respete un plazo cierto, preciso y determinado para la convocatoria y finalización de tal proceso, sin que las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica de 2008 justifiquen su incierta e indefinida prolongación en el tiempo. La ineludible adaptación de nuestra doctrina a las exigencias que impone dicha STJUE, obligó a aplicar una solución diferente a la que hasta entonces mantuvimos, y otros pronunciamientos emitidos hasta la fecha así la aplican.

2. En la citada STS de 28 de junio 2021, expresamos esa nueva doctrina a la que ahora nos remitimos pues guarda la necesaria identidad de razón con el actual supuesto. De su exhaustiva argumentación destacamos los pasajes que siguen: "una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada -hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva- ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo. Con carácter general no establece la legislación laboral un plazo preciso y exacto de duración del contrato de interinidad por vacante, vinculando la misma al tiempo que duren dichos procesos de selección conforme a lo previsto en su normativa específica [ artículo 4.2 b) RD 2720/1998, de 18 de diciembre), normativa legal o convencional a la que habrá que estar cuando en ella se disponga lo pertinente al efecto. Ocurre, sin embargo, que, en multitud de ocasiones, la norma estatal, autonómica o las disposiciones convencionales que disciplinan los procesos de selección o de cobertura de vacantes no establecen plazos concretos y específicos, para su ejecución.

En tales supuestos no puede admitirse que el desarrollo de estos procesos pueda dejarse al arbitrio del ente público empleador y, consecuentemente, dilatarse en el tiempo de suerte que la situación de temporalidad se prolongue innecesariamente. Para evitarlo, la STJUE de 3 de junio de 2021, citada, nos indica la necesidad de realizar una interpretación conforme con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada incorporado como Anexo a la Directiva 1999/70/CE; y, especialmente, nos compele a aplicar el derecho interno de suerte que se satisfaga el efecto útil de la misma, especialmente por lo que aquí interesa, del apartado 5 del citado Acuerdo Marco. En cumplimiento de tales exigencias esta Sala estima que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga. Dicho plazo es el que mejor se adecúa al cumplimento de los fines pretendidos por el mencionado Acuerdo Marco sobre contratación determinada y con el carácter de excepcionalidad que la contratación temporal tiene en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, ese plazo de tres años es o ha sido utilizado por el legislador en bastantes ocasiones y, objetivamente, puede satisfacer las exigencias que derivan del apartado 5 del reiterado Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

Así, ese es el límite general que tienen los contratos para obra o servicio determinado [ artículo 15.1 a) ET]; constituye, también, el límite máximo de los contratos temporales de fomento al empleo para personas con discapacidad (Ley 44/2006, de 29 de diciembre) y ha sido usado por el legislador en otras ocasiones para establecer los límites temporales de la contratación coyuntural. Por otro lado, tres años es el plazo máximo en el que deben ejecutarse las ofertas de empleo público según el artículo 70 EBEP. La indicación de tal plazo de tres años no significa, en modo alguno, que, en atención a diversas causas, no pueda apreciarse con anterioridad a la finalización del mismo la irregularidad o el carácter fraudulento del contrato de interinidad.

Tampoco que, de manera excepcional, por causas extraordinarias cuya prueba corresponderá a la entidad pública demandada, pueda llegar a considerarse que esté justificada una duración mayor".

3. La aplicación de este criterio al presente asunto conducirá necesariamente a la estimación del recurso interpuesto sobre reconocimiento de la naturaleza indefinida no fija de la relación laboral suscrita con la administración de la CCAA de C y L, y ello por cuanto la relación de interinidad se ha prolongado desde 2010 sin que por parte de la demandada se hubieren activado en ese periodo los mecanismos legales adecuados para la definitiva cobertura de la plaza. Aunque consta que la misma ha estado ininterrumpidamente incluida en el concurso de traslados abierto y permanente, es decir, se ha ofertado internamente, sin embargo ha fracasado de manera repetida y durante un amplio lapso su cobertura por tal medio, sin que la administración demandada convocase la pertinente oferta de empleo público.

Ese período se evidencia inusualmente prolongado, además de revelar una carencia estructural de personal que se cubre por vía de contratación temporal, sin que los procesos de traslados promovidos traten de paliarlo.

En consecuencia, deberemos declarar que la relación laboral devino indefinida no fija, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.3 ET, en relación con el art. 103.2 CE.

Al respecto hemos tenido ocasión de pronunciarnos, entre otras, en STS de 23.03.2022, rcud 1623/2019, expresando que: "Como es de ver en el expediente administrativo al que se remiten los hechos probados y así lo hemos dicho expresamente en supuestos como el presente con ocasión de otros recursos idénticos formulados por el mismo organismo público recurrente-, es verdad que a lo largo de la relación laboral se convocaron diferentes concursos de traslado en los que quedó desierta la plaza ocupada por el actor, pero ninguno de tales concursos estaba dirigido a la selección de personal de nuevo ingreso que pudiere acceder a ocupar la vacante. En los numerosos recursos interpuestos hasta la fecha por el Gobierno de Cantabria en los que se suscitaba esta misma cuestión, se produce idéntica situación, esto es, que han quedado desiertos los diferentes concursos de traslado convocados durante la vigencia de la relación laboral. Tan anómala circunstancia evidencia una situación estructural de déficit del personal fijo necesario para atender adecuadamente la totalidad de las plazas existentes, que únicamente puede remediarse mediante la oportuna convocatoria de procesos de selección para el ingreso de nuevo personal, con el que atender las necesidades de carácter permanente que no pueden afrontarse mediante el mantenimiento indefinido en el tiempo de contratos de duración determinada. Queremos decir con ello que no puede servir como causa de justificación de la prolongación en el tiempo de los contratos de interinidad por vacante, la reiterada convocatoria de concursos de traslados que acaban quedando finalmente desiertos, porque lo que eso demuestra es la existencia de un déficit estructural de personal que provoca que tales concursos resulten infructuosos, y que la plaza no pueda ser en realidad cubierta hasta la definitiva convocatoria de un proceso de selección.

La tardanza en convocar dicho proceso selectivo para la definitiva cobertura de la vacante es lo que determina que la relación laboral se haya transformado en indefinida no fija, sin que esta consecuencia jurídica pueda quedar subsanada por la mera puesta en marcha de múltiples concursos de traslado abocados a que las plazas queden desiertas por la inexistencia de personal fijo suficiente en la estructura del organismo convocante."

4.- Las consideraciones anteriores conllevarán la estimación del recurso interpuesto, en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, casando y anulando la sentencia impugnada, y, resolviendo el debate de suplicación, estimar el recurso de tal naturaleza formulado por la parte actora, revocando la resolución dictada por el Juzgado de lo Social y estimando la demanda, para declarar que la relación laboral que unía a las partes era de naturaleza indefinida no fija, con los efectos legales inherentes".

En este mismo sentido y razonamientos se pueden citar la STS 210/2022 de 9 de marzo , la 249/22 de 23 de marzo, rec. 1623/22 y la 751/22 de 20 de septiembre, rec. 4117/20. La STS 848/23 de 27 de octubre, rec. 2808/21, precisamente en un caso de Extremadura y que se cita por el Juez de lo Social trata la cuestión en que la actora, tras superar un proceso selectivo para la constitución de listas de espera en la categoría de ATE- Cuidador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura- celebró con ésta un contrato de interinidad el 20/1/2012. La sentencia de instancia y la sentencia recurrida en casación unificadora del TSJ han desestimado su pretensión de condición de fijeza en la Administración. Ahora, en casación unificadora y con el pretexto de que la Administración ha incurrido en fraude de ley en la contratación temporal plantea dos puntos de contradicción: 1º) que se le reconozca la condición de fija, motivo que se desestima por no concurrir identidad de hechos probados entre los fallos enfrentados siendo así que, además, la sentencia recurrida sigue la línea jurisprudencial de esta Sala IV -Pleno de 25 de noviembre (rcud 2337/2020); STS 1/12/2020 (rcud 4279/2020)- según las cuales la superación de un proceso de selección para la contratación temporal por una Administración pública no supone que, si el contrato temporal es fraudulento, el trabajador adquiera la condición de fijo. 2º) que se le reconozca la condición de indefinido no fijo al tratarse de un supuesto de contratación temporal -interinidad por vacante- que supera los tres años de duración sin que concurra ni se acredite justificación de la falta de provisión de la vacante. La sentencia accede a la petición subsidiaria aplicando doctrina de la STS (Pleno) 649/2021, de 28 de junio (rcud 3263/2019).

A juicio de la Sala deben de desestimarse los recursos de suplicación presentados por las partes en el caso que ahora nos ocupa, tanto el presentado por la Junta de Extremadura como por la trabajadora y ello a la vista de que la sentencia recurrida reconoce que nos encontramos ante un despido improcedente en atención al tiempo que se ha trasladado en cubrir la plaza y le reconoce indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses, de acuerdo con lo que se establece en estas distintas sentencias judiciales citadas, entendiendo que, efectivamente, la Administración se ha excedido notablemente del plazo de tres años legalmente previsto, desde el año 2016 hasta el año 2023 en que se ha llevado a cabo efectivamente la cobertura de la plaza y ello en coherencia con lo señalado en las citadas sentencias, nos encontramos con una trabajadora indefinida no fija, como señala el Juez de lo Social, a la que se le atribuye una indemnización de 20 días, que es lo que hace el Juez de lo Social en la sentencia recurrida, sin que sea necesario adicionar parte alguna, ya que como señal a la Administración se deduce de los hechos probados y de los razonamientos de la sentencia pero sus efectos no son los que pretende la recurrente con relación a la indemnización y a la vista de lo que señala la jurisprudencia que se menciona, todo lo cual nos conduce a la desestimación de los recursos de suplicación presentados.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,