Sentencia Social 869/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 322/2025 de 23 de septiembre del 2025

PRIMERO:Fallo de la Sentencia de Instancia. Recurso de Suplicación: Sus motivos. Impugnación del Recurso.

Por el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, se dictó Sentencia el día 17/10/2024, en el Proceso 769/2021, sobre despido, acordando la desestimación de la demanda en la que se pretendía que se declarara la improcedencia del despido por causas objetivas acordado por la empresa.

Frente a dicho pronunciamiento, se interpone Recurso de Suplicación por la parte actora en el proceso de referencia, basándolo en los siguientes motivos:

A) Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

B) Con sede procesal en el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

El recurso ha sido impugnado por la empresa demandada, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO:Motivo del Recurso al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitándose la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

Con carácter previo al análisis de las revisiones fácticas interesadas, debemos decir que en Sentencia de 16/10/2018, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene establecido que " el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y, como tal, la facultad del órgano de suplicación de revisar las pruebas aparece seriamente limitada, procediendo la revisión de hechos únicamente en los supuestos que taxativamente establece el artículo 193.b) de la LRJS , es decir, "a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". El Tribunal "ad quem" no puede hacer una valoración de la prueba practicada en el juicio, por lo que solo la evidencia de un documento o informe pericial, sin otras consideraciones colaterales, permitirá a la Sala la modificación fáctica".

Al amparo de este motivo, no es posible una nueva valoración de toda la prueba practicada, según ha establecido el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en Sentencias de 18/11/2015 y 21/03/2017, y tampoco es posible introducir por los litigantes hechos nuevos que no se debatieron en la instancia, según estableció esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 23/04/2007.

De esta manera, el error que se atribuya a la Sentencia de Instancia ha de reunir las siguientes características:

A) Ha de ser evidente y resultar del análisis de los medios considerados hábiles a tal fin, como son la prueba documental, la prueba pericial, la revisión expresamente admitida por el impugnante del recurso y, así mismo, la revisión por infracción de normas sobre valoración de la prueba. Sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

B) Debe ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

C) El recurrente debe ofrecer una redacción alternativa al hecho probado que pretende modificar, señalándolo expresamente, adicionando o suprimiendo su tenor literal, debiendo ser la redacción propuesta clara, precisa y congruente, citando pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. En ningún caso en la redacción alternativa se pueden introducir normas jurídicas o preceptos de Convenios Colectivos, así como tampoco conceptos, expresiones o juicios de valor que impliquen una predeterminación del fallo.

Dicho esto, y analizando ya el caso concreto, por el recurrente se solicita la modificación del hecho probado Cuarto, proponiendo para el mismo la siguiente redacción:

"Desde el 1/2/2021 el actor fue desplazo temporalmente por la empresa demandada al servicio de control de accesos de la mencionada obra".

La Sala va a rechazar la modificación fáctica propuesta. Tal como se destaca en la impugnación del recurso, la parte recurrente no cita, como es exigible procesalmente, el documento en que funda la revisión. Tal identificación debe ser plena, con cita del número de documento del que se trata, sin que baste la mera referencia genérica a su ramo de prueba.

Por todo ello, desestimamos este primer motivo del recurso.

TERCERO:Motivo del Recurso por Infracción de las normas jurídicas o de la Jurisprudencia al amparo del artículo 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social.

Con carácter previo, debemos decir que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico deben cumplir cuatro requisitos:

A)Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las Sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B)Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de Hechos Probados de la Sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

C)Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

D)Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

Partiendo de ello, la parte recurrente entiende que la sentencia de instancia incurre en infracción de los artículos 19, 24 y 25 del Convenio Colectivo de Empresas de Servicios Auxiliares y Control de Accesos, así como el artículo 40.6 del Estatuto de los Trabajadores-

Criterio del Juzgado de lo Social.

La acción ejercitada ante el Juzgado de lo Social supuso la acumulación de dos demandas, una por despido y otra por extinción de contrato, siendo desestimadas ambas pretensiones. Ello fue como consecuencia de entender que no se había producido, por lo que se refiere a la acción de extinción del contrato de trabajo, incumplimientos empresariales graves por parte de la empresa, de manera que no era posible la aplicación del artículo 50.1 c) del Estatuto de los Trabajadores. Por lo que se refiere a la acción de despido, se desestimó porque el Juzgador consideró que la empresa no había llevado a cabo un desplazamiento temporal del trabajador del centro de trabajo en el centro comercial THADER, a la obra de la empresa DRAGADOS, sino que se había producido un cambio de centro de trabajo en virtud del ius variandique asiste a la empresa.

Decisión de la Sala.

Con carácter previo, debemos precisar que, aunque como antes hemos puesto en evidencia, ante el Juzgado de lo Social se ventilaron dos demandas acumuladas, una por extinción de contrato de trabajo al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y otra por despido, en trámite de recurso, la parte actora limita la pretensión a la declaración de improcedencia del despido, lo que puede verse con toda claridad en la parte final del recurso donde se solicita que se estime la demanda, en singular, y se declare la improcedencia del despido. Además de ello, en el texto del recurso no encontramos ninguna argumentación relativa a la extinción del contrato por voluntad del trabajador.

Dicho esto, el criterio que debe formar la Sala pasa de forma necesaria por los hechos probados establecidos por el Magistrado de instancia, cuya crónica ha quedado inalterada.

En ella se da cuenta de que, conforme al contrato de trabajo suscrito por los litigantes, el lugar de la prestación de servicios era el Centro Comercial THADER en Murcia y que desde el 1/2/2021, la empresa adscribió al actor al servicio de control de accesos de una obra de la empresa DRAGADOS en el polígono 160, parcela 17, El Merino, en la ciudad de Murcia. Esta adscripción se produjo en virtud del contrato que suscribió la empresa demandada con DRAGADOS para el control de accesos de la citada obra.

DRAGADOS comunicó a la empresa demanda la finalización del servicio a parir del 2/11/2021, por lo que se comunicó al trabajador la decisión de extinguir el contrato de trabajo por causas objetivas de naturaleza productiva al necesitar la amortización de los puestos de trabajo que no han podido ser reubicados.

En base a todo ello, lo que tiene que decidir la Sala es si , a pesar de lo que decía el contrato de trabajo en relación a la prestación de servicios en el centro comercial THADER, la adscripción del trabajador al centro de trabajo de DRAGADOS, ambos situados en Murcia y sin que se haya acreditado que el actor se viera obligado a un cambio de domicilio, forma parte, como sostenía el Juzgador de instancia, del poder de dirección de la empresa o, por el contrario, aunque el contrato entre la empresa demandada y DRAGADOS terminara el 2/11/2021, el trabajador conservaba su derecho a ser reintegrado al centro comercial.

En el presente caso resulta de aplicación el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Conforme al mismo, y dados los hechos que se han considerado probados, el cambio de puesto de trabajo en ningún caso tiene la consideración legal de un traslado pues, aplicando el nº 6 del citado precepto, dado que el tiempo que el actor estuvo destinado en la obra de DRAGADOS se extendió únicamente desde el 1/2/2021 al 2/11/2021, es decir nueve meses, estaríamos, a lo sumo, ante un desplazamiento a los que se refiere el apartado 6º del artículo 40 al que acabamos de referirnos.

Ocurre, sin embargo, que el Tribunal considera que tampoco estamos en presencia de un desplazamiento temporal. El precepto exige que para que se pueda hablar de desplazamiento, el trabajador se vea obligado a residir en población distinta de la de su domicilio habitual, lo que no fue el caso pues ambos centros de trabajo están en Murcia.

Debemos recordar que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo , en sentencia de 12/7/2016, Recurso 222/2015, ECLI:ES:TS:2016:3911, dijo que " Cuando no se producen cambios de residencia, sino simples cambios de centro de trabajo nos encontramos ante una modificación no sustancial o accidental que está amparada por el poder de dirección que tiene el empresario ( artículos 5-1-c ) y 20 del ET ), quien está sujeto a lo dispuesto en la negociación colectiva, cual sucede en el presente caso. En este sentido pueden citarse varias sentencias de esta Sala, como las de 14 de octubre de 2004 (R. 2464/2003 ), 9 febrero 2010 (R. 1605/2009 ) y las que en ellas se citan. En la de 9 de febrero de 2010 al respecto se dice:

«c) El traslado de centro de trabajo sin cambio de domicilio y respetando la categoría y funciones, se viene considerando por la reiterada jurisprudencia de esta Sala como una modificación accidental de las condiciones de trabajo y encuadrable dentro de la potestad organizativa del empresario. En este sentido, entre otras ( SSTS/IV 19-diciembre-2002 -rcud 3369/2001 , 18-marzo-2003 -rcud 1708/2002 , 16-abril-2003 -rcud 2257/2002 , 19-abril-2004 -rcud 1968/2003 , 14-octubre- 2004 -rcud 2464/2003 , 18-diciembre-2007 -rcud 148/2006 , 5-diciembre-2008 -rcud 1846/2007 ), la STS/IV 26-abril-2006 (rcud 2076/2005 ), concluye que " desde el momento en que la movilidad geográfica que disciplina aquel precepto -art. 40- exige cambio de residencia ( Sentencias de 14/10/04 -rcud 2464/03 ; 27/12/99 -rcud 2059/99 -; 18/09/90 -rec. 134/90 -; 05/06/90 recurso por infracción de ley-; 16/03/89 -recurso por infracción de ley-), hasta el punto de que tal presupuesto se ha calificado de «elemento característico del supuesto de hecho del art. 40.1 ET » ( Sentencia de 12/02/90 -recurso por infracción de ley-) y de que la movilidad geográfica haya de considerarse «débil o no sustancial» cuando no exige «el cambio de residencia que es inherente al supuesto previsto en el artículo 40 ET » ( Sentencias de 18/03/03 -rcud 1708/02 -; 16/04/03 -RCUD 2257/02 -; 27/12/99 -rcud 2059/99 -) ", con ello resulta obligado colegir que " los supuestos de movilidad que no impliquen aquel cambio (bien de forma permanente, en el traslado ; bien de forma temporal, en el desplazamiento ) están amparados por el ordinario poder de dirección del empresario reglado en los arts. 5.1.c ) y 20 ET , no estando sujetos a procedimiento o justificación algunos, a excepción del preceptivo informe del Comité de Empresa ( art. 64.1.4º b) ET ) , para el supuesto de traslado -total o parcial- de las instalaciones) ". E incluso se afirma que aunque hipotéticamente tales cambios pretendieran encuadrarse como un supuesto de movilidad funcional, la conclusión sería la misma, argumentando que " Así, en la Sentencia de 27/12/99 - rec. 2059/1999 - se decía: «Como quiera que existe un espacio de movilidad sin regulación legal, ya que el art. 39 del ET (EDL 1995/13475) sólo disciplina los supuestos de movilidad funcional y el art. 40 los de movilidad geográfica que exigen el cambio de residencia, algún sector de la doctrina científica, ha optado por incluir los cambios de puesto de trabajo desde un centro a otro sito en la misma localidad, como supuestos de movilidad funcional. Pues bien, tanto si se extiende dicha calificación de movilidad funcional (a los citados cambios de centro), como si califica a éstos, más propiamente, como casos de movilidad geográfica Žlato sensuŽ, débil, o no sustancial por no llevar aparejado el cambio de residencia, es lo cierto que, en cualquier caso, quedan excluidos del art. 40 ET y deben ser incardinados en la esfera del Žius variandiŽ del empresario» (en el mismo sentido, considerando tales supuestos como expresión del poder de dirección, también la STS 19/12/02 -rec. 3369/01 -). Poder empresarial, añadimos ahora, que hemos de entender -con autorizada doctrina- como «ius variandi» común, en tanto que facultad de especificación de la prestación laboral y de introducir en ella modificaciones accidentales, frente al especial que supone acordar las modificaciones sustanciales a que se refiere el art. 41 ET ".

d) Se ha destacado por la jurisprudencia unificadora que " el ET no impone a las manifestaciones del poder de dirección ninguna exigencia de motivación causal ni de comunicación a los representantes de los trabajos y las que establece para las de movilidad funcional son menos intensas que las que enumera el art. 41 ; y ni en unas ni en otras, otorga al trabajador afectado el derecho extintivo que si le atribuye en las modificaciones sustanciales " ( SSTS/IV 25-septiembre-2002 -rcud 1582/2001 , 19-diciembre-2002 -rcud 3369/2001 ).»"

También en la sentencia de la misma Sala de 21/5/2020, Recurso 326/2018, ECLI:ES:TS:2020:1876, se razona en el mismo sentido.

Esta Jurisprudencia debe aplicarse al presente caso, en consonancia con lo que hizo el Juzgador de instancia, añadiendo nosotros que el cambio de puesto de trabajo, durante la duración del mismo, no fue combatido en ningún momento por el trabajador.

En consecuencia, debemos manifestar nuestra sintonía con la solución adoptada en la sentencia recurrida.

En efecto, cuando a partir del 2/11/2021 DRAGADOS comunica a la empleadora del actor que el servicio de control de accesos finalizaba, la empresa argumenta en su carta de despido la existencia de causas objetivas de naturaleza productiva para la extinción del contrato de trabajo por obra o servicio, es decir, no se extingue la relación contractual alegando la finalización de la obra o servicio determinado, sin más, con simple liquidación, saldo y finiquito, sino que se pone fin al contrato mediante un despido objetivo con abono de la oportuna indemnización, decisión que toma porque la obra que integraba la prestación de servicios en el centro comercial sea había novado , -aunque fuera tácitamente por la falta de impugnación del trabajador-, por la que se ejecuta en el centro de trabajo de DRAGADOS.

Tal cambio de puesto de trabajo respetando todos los derechos laborales del trabajador, no generan, cuando el control de accesos en DRAGADOS termina, el derecho incondicional del trabajador a ser reubicado en el puesto que en su momento tuvo en el centro comercial. De esta manera, la pérdida de la contrata que la empleadora tenía con DRAGADOS, si es una causa productiva conforme al artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores pues ya no hay demanda del servicio que se prestaba. En este sentido la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26/4/2013, Recurso 2396/2012, ECLI:ES:TS:2013:2468 y la dictada el 1/2/2017, Recurso 1595/2015, ECLI:ES:TS:2017:828, donde se recuerda que el empresario no tiene obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, incluso se ha dicho que la empresa no está obligada a destinar al trabajador a otro puesto vacante.

No existe pues infracción jurídica alguna en la sentencia de instancia. Tampoco la hay desde el punto de vista del Convenio Colectivo aplicable, que no es otro que el Estatal de Empresas Auxiliares de Información Recepción, Control de Accesos y Comprobación de Instalaciones, vigente desde el 1/7/2021 al 31/12/2023, aplicable según la fecha en la que ocurren los hechos debatidos. En efecto, el artículo 19 se refiere a la subrogación de servicios, lo que no el caso, y los artículos 24 y 25 tratan de los desplazamientos y los traslados, respectivamente, y como ya hemos dicho con anterioridad, en el presente caso no estamos en presencia ni de uno ni de otro.

En definitiva, desestimamos el recurso quedando confirmada la sentencia de instancia.

De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el presente caso no procede la imposición de costas.