Sentencia Social 559/2024 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 784/2023 de 24 de junio del 2024

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima íntegramente la pretensión ejercitada por los actores, D. Jastin y Dª Emilia, trabajadores que prestan servicios para la empresa demandada, "FUNDACIÓN CANARIA HOGAR SANTA RITA", desde el día 1 de diciembre de 2004 y con la categoría profesional de Personal de Mantenimmiento el primero, y desde el día 22 de octubre de 2007 y con la categoría profesional de Técnico de Animación Socio-cultural la segunda, siendo además el primero Presidente del Comité de Empresa del personal laboral de dicha Fundación, y la segunda Secretaria del mismo órgano colegiado y declara la nulidad del despido disciplinario de ambos, llevado a cabo por la empleadora el día 4 de julio de 2022, por considerar que había quedado acreditada la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical alegada por los trabajadores.

Frente a dicha sentencia se alza la Fundación demandada mediante recurso de suplicación articulado a través de tres motivos de revisión fáctica y dos de censura jurídica, a fin de que, revocada la sentencia de instancia, se dicte otra desestimando la demanda y convalidado el despido disciplinario de los actores, por considerar que han quedado acreditados los incumplimientos contractuales atribuidos a los mismos en la carta de despido, así como su gravedad intrínseca.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita la demandada la modificación del relato fáctico declarado probado por el Magistrado de instancia con la finalidad de:

- A) Sustituir la actual redacción del ordinal tercero, expresivo de la colocación por los actores de una carta anónima en el tablón de anuncios del Comité de Empresa, por la siguiente:

"El Comité de Empresa de Fundación Canaria Hogar Santa Rita, en su totalidad, decidió dar publicidad a una carta de alto contenido "calumnioso" contra varios directivos de la Fundación (a quienes se acusa de cometer los delitos de prevaricación, corrupción, cohecho y abusos sexuales). Dicha carta, aparte de estar circulando por distintos medios, fue colocada por los actores D. Jastin y Dª Emilia en elTablón de Anuncios de uso y acceso exclusivo del Comité de Empresa, convirtiéndose, pues, en colaboradores necesarios para dar publicidad, a dicho escrito, contra los Órganos y Personas Rectoras de la Fundación".

Basa su pretensión revisoria en la grabación de las cámaras de seguridad de la Residencia obrantes al folio 56 de las actuaciones.

- B) Sustituir la actual redacción del ordinal quinto, expresivo del contenido de la referida carta, por la siguiente:

"La carta anónima sin firma, y, que, supuestamente su autoría se atribuye a determinados trabajadores de esta Fundación. Y, que, los actores: Don Jastin y Doña Emilia, colocaron en el Tablón de Anuncios, escrito dirigido contra la Junta Rectora, contra el Presidente de la Fundación y contra el Director Gerente, con un alto contenido "difamatorio", "vejatorio", "calumnioso" e "injurioso". Un auténtico "libelo infamatorio". Estuvo expuesta en el Tablón de Anuncios de uso y acceso exclusivo del Comité de Empresa. Siendo dichos trabajadores los que colocaron dicha carta, conocedores del contenido de la misma. Hecho probado que se desprende de la declaración testifical de Don Agustin, entre otros".

Basa su pretensión revisoria en la declaración en el acto de la vista de D. Agustin.

- C) Añadir un nuevo ordinal, el que haría el vigésimo primero, expresivo de la

querella presentada por el Gerente de la Fundación y por otro dirigente de la misma frente a los actores por un delito contra el honor y su admisión a trámite por el Juzgdado de Instrucción Nº 3 de Puerto de la Cruz, redactado con el siguiente tenor literal:

"Con fecha 02 de septiembre de 2022 D. Raúl, la Fundación Canaria Hogar Santa Rita y D. Abraham presentaron Querella contra D. Jastin y Dª Emilia por comisión presuntamente de un DELITO CONTRA DEL HONOR recogido en el Título Xl del Libro II del Código Penal, en su modalidad de DELITO DE CALUMNIAS E INJURIAS GRAVES contemplado en los artículos 205 y 208 CP, por las afirmaciones injuriosas e imputaciones delictivas contenidas en un documento que los actores colocaron de manera perfectamente visible los días 23 y 24 de mayo de 2022 tanto en el exterior como en el interior del Tablón de anuncios del Comité de Empresa, así como en las paredes de los vestuarios masculino y femenino del personal del Centro. Dicha querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto de la Cruz, por Auto de fecha 02 de noviembre de 2022, en los Autos de diligencias Previas número 642/2022, al considerar el juzgado que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito de calumnia".

Basa sus pretensiones revisorias en los documentos obrantes a los folios 223 a 229 de las actuaciones, consistentes en copia de la querella y del auto de admisión a trámite de la misma.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Hechas las anteriores aclaraciones, la Sala considera que los dos primeros motivos articulados por la demandada han de se rechazados de plano, pues los textos alternativos ofrecidos para sustituir a los originales son en sí mismos valoraciones jurídicas predeterminantes del fallo que, como tales, no pueden acceder al relato histórico de la sentencia. Además, específicamente respecto del segundo, el rechazo también vendría determinado porque la prueba testifical, al igual que ocurre con la de interrogatorio de las partes, no puede fundamentar la revisión de los hechos probados en el recurso extraordinario de suplicación, aunque el resultado de la misma se encuentre documentado en el acta del juicio oral (dado que ésta, además, no merece la consideración de documento a efectos de sostener la pretensión de revisión fáctica, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas, sentencias de 6, 16 y 22 de mayo de 1990).

En cambio, si ha de ser estimado parcialmente el tercer motivo, pues de los documentos esgrimidos por la recurrente se desprende directa y claramente, sin necesidad de argumentaciones de ningún tipo, la veracidad de los datos que se pretenden incorporar al relato de hechos probados, que el Director-Gerente de la Fundación interpuso querella criminal frente a los actores y que ésta fue admitida a trámite, si bien se ha de omitir la frase "por las afirmaciones injuriosas e imputaciones delictivas contenidas en un documento que los actores colocaron de manera perfectamente visible los días 23 y 24 de mayo de 2022", por ser una valoración jurídica impropia de una declaración de hechos probados, y aunque tal adición resulte intrascendente para dilucidar la cuestión debatida, como veremos más detalladamente a la hora de resolver el siguiente motivo de censura jurídica, procede que la misma se lleve a cabo a efectos de un posible ulterior recurso.

Se estima, por tanto, el tercero de los motivos de revisión fáctica articulados por la Fundación demandada y se desestiman los dos primeros, teniéndose por añadido un nuevo hecho probado vigésimo primero, redactado con el texto propuesto por la parte recurrente (debidamente enmendado) y quedando el resto firmes e inalterados.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la Fundación demandada en el primer motivo de censura jurídica la infracción de la jurisprudencia sentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) en su sentencia de 26 de enero de 2017 (recurso de suplicación 1.184/2016). Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que el ejercicio de la libertad sindical por los representantes de los trabajadores en su función representativa no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que excedan del derecho a la crítica, razón por la cual el despido disciplinario de los actores ha de ser calificado como procedente, sin que exista vulneración de derecho fundamental alguno en el mismo.

En primer lugar hemos de apuntar que no se ha planteado por la Fundación recurrida (ni por el Magistrado de instancia en su sentencia) la cuestión de si los representantes unitarios de los trabajadores son o no titulares del derecho de libertad sindical, la cual no puede ser introducida de oficio por este órgano judicial a pesar de que nuestro Tribunal Constitucional haya declarado en su sentencia 95/1996 que no lo son y que las infracciones de sus derechos o garantías no pueden ser reparados, en principio, por la vía del recurso de amparo.

Por otra parte, conforme dispone el artículo 193 letra c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las infracciones que pueden sustentar una denuncia jurídica en el recurso extraordinario de suplicación han de cumplir cuatro exigencias:

se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva o bien se trate de la jurisprudencia:

han de tener sustento en los hechos declarados probados, siendo irregular la denuncia jurídica con argumentaciones que son meramente especulativas en cuanto sustentadas sobre hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato fáctico judicial, ni se ha pretendido con éxito la revisión de este;

se debe concretar la norma o jurisprudencia infringida; y

se ha de razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica, siendo irregulares las denuncias jurídicas donde, aunque se invoca concretamente la norma o jurisprudencia infringida, no se acompaña esa invocación con los razonamientos sobre la pertinencia o fundamentación de la denuncia jurídica.

Así, si bien el artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social señala como posible objeto del recurso de suplicación en su apartado c): "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia", de forma que la jurisprudencia también puede ser conculcada dando lugar a éste motivo, por tal ha de entenderse únicamente la doctrina legal emanada del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 párrafo 6º del Código Civil, siendo necesarias al menos dos sentencias conformes (una sola si ha sido dictada en unificación de doctrina). Por no crear propia y verdadera jurisprudencia, no puede basarse este motivo en la infracción de doctrina de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1992), ni siquiera cuando el criterio del juez colisione con el de la Sala ante la que se sustancia el recurso.

En consecuencia, la Sala ha de rechazar el primer motivo de censura jurídica interpuesto por la demandada por un defecto de fundamentación insubsanable, pues se alude como única jurisprudencia infringida la reflejada en una sentencia de la Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia, que resulta inhábil para ello.

CUARTO.- También por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la Fundación demandada la vulneración de los artículos 179 párrafo 3º y 183 del mismo cuerpo legal y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la pertinencia de la condena al pago de indemnización por daños morales en los casos de vulneración de derechos fundamentales del trabajador materializada en las sentencias que detalla en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que como quiera que el despido disciplinario de los actores ha de ser declarado procedente, por haber quedado acreditados los incumplimientos contractuales que se les imputaban en sus cartas de despido, y no se ha vulnerado su derecho a la libertad sindical, a los mismos no se les ha generado ningún perjuicio concreto que haya de ser indemnizado.

Establece el artículo 183 párrafo 1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que cuando la sentencia declare la existencia de la vulneración de derechos fundamentales que se denuncia procede reparar las consecuencias derivadas del acto y el Juez debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que procediera en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

Por tanto, el tribunal debe pronunciarse sobre la cuantía del daño siempre que se hayan alegado y probado los perjuicios causados y su entidad ( sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1996, 9 de noviembre de 1998 y 23 de marzo de 2000).

En la última de las sentencias citadas el Tribunal Supremo dice textualmente:

"El debate se presenta en términos claros y bien delimitados: se trata de decidir si en los supuestos de despidos nulos con causa en la vulneración de derechos fundamentales, basta con la readmisión y el abono de los salarios dejados de percibir para colmar las exigencias legales, o si es posible conceder al despedido, además, una indemnización complementaria en los términos previstos por el art. 180 de la Ley de Procedimiento Laboral, cuando se cumplan las condiciones para el logro de ese objetivo.

Ciñéndonos a esta única cuestión, a la que queda reducido el fondo del recurso, debemos recordar la doctrina que con reiteración viene exponiendo la Sala, cuando ha tenido que interpretar y aplicar el art. 180.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, en cuanto dispone que la sentencia que declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, ordenará la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que procediera. A tal efecto ha declarado la Sala en sentencias de 9 de junio de 1993, 22 de julio de 1996, 20 de enero de 1997, 2 de febrero de 1998, 9 de noviembre de 1998 y 28 de febrero de 2000 que el art. 15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical dispone que 'el órgano judicial, si entendiese probada la violación del derecho de libertad sindical, decretará la reparación consiguiente de las consecuencias ilícitas del comportamiento antisindical, y en el art. 180.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, al precisar que la sentencia que declare la existencia de la vulneración de este derecho, ha de disponer la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que procediera, no significa, en absoluto, que basta con que quede acreditada la vulneración de la libertad sindical para que el juzgador tenga que condenar automáticamente a la persona o entidad conculcadora al pago de una indemnización. Estos preceptos no disponen exactamente esa indemnización automática, puesto que de lo que en ellos se dice resulta claro que para poder adoptarse el mencionado pronunciamiento condenatorio es de todo punto obligado que, en primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, que justifiquen suficientemente que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate, y dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión; en segundo lugar que queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar una condena de tal clase'.

Abundando en la misma idea, la primera de las sentencias citadas, advirtió que el demandante en esta modalidad procesal de tutela no queda totalmente exento de la obligación de alegar y razonar en su demanda los fundamentos de su pretensión indemnizatoria, o que deba quedar relevado de la carga de acreditar una mínima base fáctica que sirva para delimitar los perfiles y elementos de la indemnización que se haya de aplicar, sino que, por el contrario, sobre el actor pesa el deber de justificar los elementos de hechos necesarios para que sea reconocida la indemnización.

En este caso concreto, el trabajador se limitó a incluir en el suplico de su demanda la petición de condena para la empresa a que le abonara una indemnización de dos millones de pesetas, sin hacer siquiera alusión al perjuicio que con el despido se le hubiera podido producir, ni identificar tampoco la especie de daño o perjuicio sufrido, así como su alcance, y sin que después propusiera ni practicara prueba alguna al respecto, y por eso la Sala se ve privada de los elementos suficientes para estimar el recurso, tal como ha sido planteado"

Como acabamos de ver, no se trata de una indemnización automática pues el demandante debe acreditar una mínima base fáctica que sirva para delimitar los perfiles y elementos de la indemnización, siendo preciso por ello que se prueben los daños causados y su importe o, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes al respecto, como corrobora la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2000.

Ahora bien, debiendo cuantificarse el daño moral, surge el arduo problema de su ponderación económica. Y es que ya se indica en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2015 y 29 de enero de 2013 ( recursos 95/2014 y 89/2012) que el sujeto, con el daño moral "sufre un daño psicológico que, con independencia de otras consecuencias que puedan depender de las condiciones personales del sujeto afectado, se da en todo caso, sin que sea factible a veces aportar prueba concreta del perjuicio sufrido y de su cuantificación monetaria, dada su índole".

La sentencia del Tribunal Constitucional nº 246/2006 de 24 de julio abrió el camino en la difícil tarea de fijar indemnización reparadora del daño moral (pretium doloris), ante la dificultad de objetivar económicamente lo incuantificable (el dolor), convalidando como parámetro objetivo adecuado la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 5/2000. Este mismo parámetro de cálculo ha sido ya utilizado por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 21 de julio y 2 de diciembre de 2020 y por esta Sala desde su Sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Recurso nº 1.249/2017).

En el presente caso los actores reclaman en su demanda en tal concepto una cantidad a tanto alzado, concretamente 20.000 €, partiendo de la base de que el sometimiento a la situación de presión y acoso por el ejercicio de su libertad sindical les ha provocado daños patrimoniales y morales, sin aportar pruebas en relación a la existencia de un daño patrimonial concreto y evaluable.

Como quiera que el primer motivo de censura jurídica articulado por la Fundación demandada ha sido desestimado por defectos de fundamentación insubsanable, como antes vimos, y que la Sala no puede componer o fabricar ex officio el recurso, puesto que con ello infringiría el principio de igualdad procesal de las partes al realizar lo que es exclusiva función de una de ellas con posible indefensión de la otra, muy a nuestro pesar nos vemos obligados a dar por acreditado que la actuación de la Fundación demandada sería tipificable como infracción muy grave del artículo 8 párrafo 12º de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) y que ha existido un daño moral causado a los trabajadores por la conducta protagonizada por la empleadora, consistente en despedirlos disciplinariamente como reacción al ejercicio de su funciones de representación. Llegados a este punto, como la prueba de su importe exacto resulta difícil y costosa, este tribunal cuantifica el mismo en 500,00 € para cada uno de ellos, con el fin de restablecer en la medida de lo posible la situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño, por considerarla prudente y mesurada. Ciertamente dicha cantidad se halla por debajo del tramo económico establecido en el antes referido artículo 8 párrafo 12º, en relación con el artículo 40 letra c) del Real Decreto Legislativo 5/2000 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), en la redacción vigente a la fecha de los hechos, que disponía una sanción para infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y empleo desde 6.251 a 25.000 €, pero consideramos que tanto los 20.000,00 € fijados por el Magistrado de instancia en el fallo de su sentencia como el mínimo de 6.251,00 € resultan excesivos teniendo en cuenta el ejercicio excesivo y celado de la libertad de expresión llevada a cabo por los actores, difícilmente amparable dentro del derecho a la acción representativa que ostentan los miembros del comité de empresa.

En atención a lo anteriormente expuesto, procede la estimación en parte del motivo de censura jurídica articulado por la demandada y, por su efecto y en la misma medida la de su recurso de suplicación y, con revocación parcial de la sentencia de instancia, condenamos a la demandada, "FUNDACIÓN CANARIA HOGAR SANTA RITA", a que abone a D. Jastin y a Dª Emilia la cantidad de 500,00 € a cada uno de ellos en concepto de indemnización por los daños morales causados por la actuación empresarial, manteniéndose inalterados el resto de sus pronunciamientos.

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto del depósito efectuado para recurrir y del aseguramiento de la cantidad objeto de condena.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,