Sentencia Social 422/2025 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 358/2025 de 24 de junio del 2025

PRIMERO:La sentencia objeto de recurso estima la demanda interpuesta por el trabajador frente a la que fue su empleadora y declara nulo el despido decidido por la demandada con fecha de efectos de 21 de agosto de 2022, condenando a la empresa, además de a las consecuencias legales de dicha declaración, a que abone al trabajador otras cantidades, una como indemnización por daños y perjuicios y otra "en concepto de vacaciones no disfrutadas" declarando que le adeuda por ello 5.658,19 euros, que "resultan de los registros de jornada, sin que la empresa haya acreditado, no tan siquiera alegado, su abono".

La declaración de nulidad del despido se sustenta, únicamente, en que la propia empresa reconoció que el motivo principal de dicha decisión eran las manifestaciones realizadas por el trabajador en la demanda interpuesta ante los Juzgados de lo Civil de Oviedo.

Frente a dicha decisión se alza la vencida, interponiendo el presente recurso de suplicación, que ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO:Con carácter previo al examen de lo planteado por el recurrente, hemos de dejar constancia de que en el procedimiento del que trae causa el presente recurso se dictó sentencia que fue anulada por la de esta Sala de 8 de febrero de 2024, Rec. 11/2024, en tanto en cuanto el relato de hechos probados era manifiestamente insuficiente, siendo que esta Sala, en principio, no podría modificar el relato fáctico por exigir un análisis completo de la prueba practicada, que nos está vedado por la naturaleza extraordinaria que se le atribuye al recurso de suplicación" y por falta de motivación. Las razones de dicha decisión eran las siguientes:

<< (...) es necesario, como se alega en el motivo, determinar qué es lo que el juzgador de instancia considera probado de lo que al trabajador se le imputa en la comunicación del despido, respecto a lo que nada consta en los hechos que en la sentencia se declaran probados pero se contiene una alusión a ello en el segundo fundamento de derecho de la resolución en el que se dice que "se trata en su mayoría de hechos antiguos (muchos datan de diciembre de 2021 y febrero de 2022), algunos de los cuales estarían incluso afectados por la prescripción, o bien de hechos conocidos y permitidos por la empresa (utilización de tarjeta combustible o emisión de facturas), o bien de hechos que se expresan de forma genérica en la carta sin la suficiente especificación y que por tanto generan indefensión al trabajador", lo cual no es suficiente para que pueda determinarse que es lo que el juzgador considera acreditado ni si ello sería suficiente para justificar la decisión empresarial con independencia de que el despido se considere o no procedente>>.

En la nueva sentencia que ahora se recurre el relato fáctico declarado probado es idéntico al de la sentencia anulada. No existe dato fáctico alguno añadido. La sentencia ahora recurrida, únicamente añade, en la fundamentación jurídica: "Así, las imputaciones realizadas al trabajador en los hechos segundo y tercero de la carta son de febrero de 2022, conocidos por la empresa en dicha fecha, como es de ver en los correos aportados. En cuanto al acceso a las instalaciones imputado, la empresa conocía la existencia desde entonces la existencia de dicha reunión, que tuvo lugar en octubre de 2021. En cuanto a la cámara de video, no se aprecia que se esté tapando la zona de seguridad. En cuanto a la factura de Romulo, aparece ASTEX como contratante. En cuanto a los procesos de compra, de la testifical resulta que las cosas se hacían así desde hace tiempo, al igual que el uso de la tarjeta de combustible, que la empresa conocía desde muchos años atrás. No se acredita la caducidad del título de capacitador de transporte".

Ante ello, esta Sala no puede dictar una resolución diversa a la ya dictada, tal y como mantiene la parte recurrente, que vuelve a reiterar el motivo de recurso acogido al apartado a) del artículo 193 de la LRJS, invocando la vulneración del artículo 97.2 de la LRJS.

En este sentido, es sumamente esclarecedor el dictamen presentado por el Ministerio Fiscal, adhiriéndose al recurso deducido por la empresa, que nos permitimos transcribir, en lo que atañe a los motivos de nulidad de la sentencia recurrida. Manifiesta el Ministerio Público:

"La Fiscal entiende que la carta de despido contenía múltiples hechos concretos que fundamentaban el despido disciplinario y respecto de los cuales se practicó una profusa prueba que los acreditaban y respecto de los cuáles no se contiene una motivación suficiente en los Fundamentos Jurídicos de la resolución. En primer lugar como ya se alegó en el acto del juicio por la Fiscalía, existe una disparidad cronológica entre la interposición de la demanda por parte del trabajador en mayo de 2022 y el posterior despido disciplinario en agosto de ese año; único hecho en el que el juzgador funda la vulneración del Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad. En segundo lugar, los motivos que fundamentaron el despido fueron plurales, basados cada uno en una pluralidad de hechos y se desarrollaron en los meses inmediatamente anteriores al despido.

Estos motivos fueron en primer lugar los graves incumplimientos cometidos por el trabajador y referidos tanto a la actitud ofensiva que adoptó de modo hostil y continuada con respecto a la empresa, como al uso indebido de un poder mancomunado que utilizó de manera individual para suscribir varios contratos que obligaban a la empresa. Otro motivo fue el quebrantamiento del deber de confidencialidad con respecto a la información sensible que conocía de la empresa y que vulneró, transmitiendo sin su conocimiento ni consentimiento, a terceros ajenos, a través de correo electrónico o en reuniones en la propia empresa (entre otros trasladó las cuentas correspondientes al ejercicio de 2021) y en tercer lugar, se acreditó un uso indebido del vehículo y la gasolina de la empresa, en período vacacional y para uso personal y se acreditó como a partir de 2021 el trabajador (demandante y ahora recurrido) fue específicamente requerido para rendir un control del uso de esos bienes y por tanto modificando por parte de la empresa la anterior costumbre de consentimiento tácito para que fuera controlado y comunicado el uso personal que realizaba. Otro motivo de deslealtad alegado por la empresa y a la que no se refiere el juzgador es, el encargo que hizo el trabajador a un despacho de abogados para entablar una demanda contra la empresa, facturando los honorarios de este despacho a cargo de la propia empresa a la que demandaba, vulnerando su deber de lealtad y con evidente abuso de su posición".

TERCERO:En consecuencia, como ya razonáramos:

[[[Como ha declarado esta Sala con reiteración, es doctrina consolidada que el artículo 97.2 de la LRJS obliga al juzgador de la instancia a consignar en el relato de hechos probados de su sentencia cuantos elementos fácticos sean precisos para resolver la cuestión planteada, no sólo aquellos que le sirvan para fundar la resolución que va a dictar, sino, también, aquellos otros en los que puede basar una diferente el Tribunal que conozca del recurso, doctrina cuya aplicación lleva a anular la sentencia impugnada por insuficiencia de su relato fáctico y consiguiente infracción del artículo antes citado, norma de orden público e ineludible acatamiento que vela por el principio de tutela judicial efectiva que establece el artículo 24 de la Constitución.

En el mismo sentido la Sentencia Tribunal Supremo de 22 enero 1998 razona que "la declaración de hechos probados debe ser concreta y detallada en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos en la ley y en un caso donde al Alto Tribunal aprecia insuficiencia en el relato fáctico de la sentencia recurrida, añade que "la insuficiencia de hechos probados da lugar a la anulación de la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones al momento procesal anterior, para que se dicte otra resolución en la que se subsane el referido defecto" y tal doctrina se acoge ahora expresamente en el artículo 202.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que nos dice que si la infracción de normas de procedimiento cometida en la sentencia versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, lo que aquí sucede con el citado art. 97.2 de dicha ley y no pudiera la Sala resolver lo que corresponda por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución, acordará la nulidad en todo o en parte de dicha resolución. En el caso que nos ocupa, se pretende en la demanda y así se ha hecho en la sentencia recurrida, que el despido del trabajador demandante se declare nulo y al respecto, se mantiene en la Sentencia del Tribunal Constitucional 203/2015 de 5 octubre, citada en la del TS de 25 de septiembre de 2018, rec. 43/2018:

<>. Es decir, aunque existan indicios de que el despido se ha efectuado con vulneración de un derecho fundamental, como aquí se ha entendido en la sentencia de instancia, puede resultar que estemos ante lo que la jurisprudencia viene denominando despidos pluricausales, aquellos, como nos dice la STS de 26 de noviembre de 2014, rec. 294/2013, "en los que los indicios de vulneración de un derecho fundamental concurren con una causa legal para declarar su procedencia" ( STC 101/2000, de 10 de abril), o, como nos dice la STC 84/2002, de 25 de febrero, citada en las posteriores STC 41/2006, de 13 de febrero y STC 203/2015, de 5 de octubre, y por la de esta Sala de 12 de junio de 2007, <<... cuando se ventila un despido "pluricausal", en el que confluyen, una causa, fondo o panorama discriminatorio y otros eventuales motivos concomitantes de justificación, es válido para excluir que el mismo pueda considerarse discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales que el empresario acredite que la causa alegada tiene una justificación objetiva y razonable que, con independencia de que merezca la calificación de procedente, permita excluir cualquier propósito discriminatorio o contrario al derecho fundamental invocado>>.

En por ello que es necesario, como se alega en el motivo, determinar qué es lo que el juzgador de instancia considera probado de lo que al trabajador se le imputa en la comunicación del despido, respecto a lo que nada consta en los hechos que en la sentencia se declaran probados pero se contiene una alusión a ello en el segundo fundamento de derecho de la resolución en el que se dice que "se trata en su mayoría de hechos antiguos (muchos datan de diciembre de 2021 y febrero de 2022), algunos de los cuales estarían incluso afectados por la prescripción, o bien de hechos conocidos y permitidos por la empresa (utilización de tarjeta combustible o emisión de facturas), o bien de hechos que se expresan de forma genérica en la carta sin la suficiente especificación y que por tanto generan indefensión al trabajador", lo cual no es suficiente para que pueda determinarse que es lo que el juzgador considera acreditado ni si ello sería suficiente para justificar la decisión empresarial con independencia de que el despido se considere o no procedente .

Ante ello, como se mantiene en la sentencia de esta Sala de 29 de diciembre de 2014, rec. 434/14, "Estamos ante un caso semejante al que se examina en la STS de 15 de abril de 2013, rec. 1768/2012, en la que se razona, refiriéndose a la valoración de la prueba, que "Esa función de apreciación no puede ser asumida por la Sala pues compete al Juzgado que resolvió en la instancia y por esta razón, la Sala se encuentra en el supuesto descrito en el artículo 202-2º de la Ley de la Jurisdicción Social Ley 36/2011 de 10 de octubre, habida cuenta de que deberá resolver sobre la Suplicación.

También se razona en la sentencia de esta Sala de 27 de febrero de 2023, rec. 740/22, que " Es cierto que el art. 202.2 LRJS que solo permite la anulación por infracción de las normas reguladoras de la sentencia cuando la Sala no pudiera resolver lo que corresponda dentro de los términos del debate por ser insuficiente el relato de hechos probados y no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, pero, como en el caso resuelto por esta Sala en la sentencia de 16 de febrero de 2021, rec. 550/2020, aplicando tal precepto, hemos de anular la decisión de instancia, en tanto en cuanto el relato de hechos probados es manifiestamente insuficiente, siendo que esta Sala, en principio, no podría modificar el relato fáctico por exigir un análisis completo de la prueba practicada, que nos está vedado por la naturaleza extraordinaria que se le atribuye al recurso de suplicación". Por todo ello, no cabe sino decretar la nulidad de la sentencia recurrida para que se dicte otra en la que se hagan constar expresamente que hechos de los que al demandante se imputan en la comunicación del despido el juzgador de instancia considera probados, razonando aunque sea sucintamente, en que elementos de prueba se basa para ello pues se razona en la sentencia de esta Sala de 20 de enero de 2023, rec. 681/22:

Aunque el art. 97.2 LRJS exige que en los fundamentos de derecho se haga referencia a los razonamientos que han llevado a la conclusión respecto de los hechos que se declaran probados, pero eso no quiere decir, ni en ninguna otra norma se exige, que se hayan de mencionar todas las pruebas que hayan presentado las partes ni concretar de la que se haya obtenido la convicción de lo que se estima probado. Como para la motivación en general nos dice la STC 80/2000, de 27 de marzo, en doctrina que es aplicable a la que se haga respecto a los hechos probados, "el requisito de motivación de las sentencias, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni un determinado alcance o entidad en el razonamiento empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada; basta que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o concentración, cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su «ratio decidendi» ( SSTC 122/1991, de 3 de junio, F. 2; 5/1995, de 10 de enero, F. 3; 184/1998, de 28 de septiembre, F. 2), excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, y que permita su eventual revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos, como aquí sucede con este recurso de amparo (por todas, STC 25/1990, de 19 de febrero)". En ese sentido, respecto a las pruebas, nos dice la STS 25 de enero de 2001: "Para la observancia del precepto no es necesario exponer un discurso minucioso y exhaustivo aplicado a todas y cada una de las pruebas concretas que se hayan practicado, siendo bastante a este propósito con manifestar que por la Sala ha efectuado un examen conjunto y ponderado de la prueba documental practicada a instancia de todas las partes".

SEGUNDO.- En el motivo se achacan a la sentencia recurrida otros defectos, algunos de los cuales, en efecto, se dan en ella y deben ponerse de manifiesto para que en la nueva que se dicte no se incurra en ellos evitando la posibilidad de más anulaciones. Así, en relación a la cantidad a cuyo abono se la condena "en concepto de vacaciones no disfrutadas", tiene razón la recurrente; sobre ello no se contiene en la sentencia ningún razonamiento y la única alusión que se hace es la del hecho probado cuarto: "la empresa adeuda al trabajador la cantidad de 5.658.19 euros" en tal concepto, lo cual no se propio de una declaración de hechos probados pues, como se razona en la STS 16 de marzo de 1990, citada en la de esta Sala de 25 de agosto de 2023, rec. 267/2023, "las declaraciones o manifestaciones del Hecho Probado sexto de la sentencia de instancia encierran un indiscutible contenido jurídico, predeterminante del fallo que haya de dictarse, dado que las afirmaciones de que se adeudan al actor determinadas sumas y que éste debió de haber percibido las cantidades que en tal extremo se detallan, por un lado implican el haber interpretado previamente determinadas normas legales y tras los razonamientos jurídicos oportunos haberlas aplicado al presente caso para llegar a tal resultado, y de otro estas afirmaciones obligan a fallar de acuerdo con lo que ellas dicen, por lo que predeterminan la decisión que se haya de tomar.

Por ende de conformidad con reiterada doctrina de esta Sala, de la que es exponente la Sentencia de 1 de diciembre de 1983, se ha de acoger favorablemente este motivo, suprimiéndose, por tanto, del relato fáctico de autos el apartado 6 del mismo que expresaba la sentencia de instancia".

Aunque, como se razona en la sentencia Sala de 10 de diciembre de 2013, rec. 503/13, ante un supuesto semejante, "bastaría con suprimir aquellos incisos o párrafos de los hechos que contuvieran algún juicio valorativo, sin necesidad de decretar la nulidad plena de actuaciones ni la reposición de los autos a momento anterior en la instancia, lo que supondría un evidente quebrantamiento de los principios de economía procesal", pero aquí es que, como se ha dicho, en ningún otro lugar de la sentencia se hace la más mínima alusión a la reclamación, con lo que en ella se comete otra infracción del art. 97.2 LRJS, pues no se cumple con la obligación de "fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

Lo que no puede atenderse son las alegaciones que en el motivo hace la recurrente sobre la intervención del Ministerio Fiscal y los datos que sobre la prestación de servicios del trabajador constan en el hecho probado primero de la sentencia pues, en cuanto a lo primero, en el antecedente de hecho tercero ya se hace alusión a su intervención y, por lo que se refiere a lo segundo constan en las actuaciones muchos documentos de los que pueden extraerse tales datos y si la recurrente no está conforme con lo que al respecto se declara probado, puede intentar revisarlo, como se previene en los arts. 191.b) y el antes citado 202.2 LRJS.

En definitiva, sin entrar en el otro motivo, procede estimar el recurso anulando la sentencia recurrida para que en los términos que se recogen en el primer fundamento de derecho de esta resolución, se dicte otra en la que se contenga unos completos relato de hechos probados y fundamentos de derecho]]].

La consecuencia es la anulación de la sentencia recurrida por los mismos fundamentos expuestos.

Dicha estimación conlleva, conforme al artículo 203.1 y 2 de la LRJS, la devolución del depósito y la cancelación del aval constituidos para recurrir, sin que proceda imposición de costas, "ex" artículo 235 de la LRJS.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,