Sentencia Social 930/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 2895/2025 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO.-Se recurre por el letrado designado por doña Rosario, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Alicante que desestimó su demanda en la que se impugnaba la decisión del Banco de Santander, S.A. de proceder a su despido disciplinario, declarando la procedencia de la decisión empresarial.

SEGUNDO.-En los dos primeros motivos del recurso se solicita al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS), que se modifique el relato de hechos probados de la sentencia en los siguientes términos:

1º) Se pretende, en primer lugar, la supresión de los párrafos segundo y tercero del hecho probado cuarto en los que se dice "Muchos de los clientes presentados por el Sr. Gustavo no tenían actividad económica, haciéndose constar en los formularios de información obligatoria del cliente, obrantes en autos, cuyo contenido se da por reproducido, "SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA"; y "En el curso de la investigación realizada por Banco Santander se constata que el cliente atiende a ciudadanos argelinos para alargar la permanencia en España más allá de los 90 días habilitados para turismo a través de solicitudes de estancia para cursar estudios. Para ello, el Sr. Gustavo actuando como "Prescriptor" o presentador -no autorizado por el Banco presenta a los clientes a los que acompaña a la oficina abriendo cuentas y contratos CMC donde se asocia de forma irregular en todos los casos el n° de teléfono móvil del Sr. Gustavo ( NUM002), y donde además se sigue la operativa necesaria que permita a los ciudadanos argelinos prorrogar su estancia en España del siguiente modo: -Para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8.000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta, consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente a la cuenta de origen incrementada con una "comisión".

O, subsidiariamente, a la petición anterior se solicita que se dé al párrafo tercero de ese hecho la siguiente redacción:

"El Sr. Gustavo atiende a ciudadanos argelinos a los que imparte cursos en la academia de idiomas que tiene donde imparte clases de español en la c/ Reyes Católicos...". Esos cursos permiten cambiar su estatus de "turista" a "estudiante". Consiguientemente esos ciudadanos pueden estar en España más allá de los 90 días habilitados para turistas.

Paralelamente el Sr. Gustavo lleva a esos ciudadanos a la oficina donde son atendidos por doña Rosario y doña Guillerma; procediendo los ciudadanos argelinos a abrir cuentas y contratos CMC donde se asocia en todos los casos el n° de teléfono móvil del Sr Gustavo ( NUM002).

Por otro lado, para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta haciendo lo que se llama entre ellos un préstamo (Folio 191), consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente (Folio 191: bajo la fórmula de reembolso - remboursement-) a la cuenta de origen; en algunas ocasiones, incrementada con una comisión y en otras ( Amadeo y Eulalia) en el mismo importe".

De acuerdo con una consolidada doctrina expresada, entre otras muchas, en las STS IV Pleno 20 de octubre de 2021 (rec. 121/2021) y 14 de diciembre de 2023 (rec: 184/2023) para que prospere la denuncia del error resulta preceptivo que: "1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones". Precisando también la exigencia de su trascendencia "a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva" (por ejemplo, SSTS 14/03/17 -rco 299/14-; 20/06/17 -rco 170/18-; SG 24/10/17 -rco 107/17-; 106/2018, de 07/02/18 - rco 272/16-; y 348/2018, de 22/03/18 - rco 41/17-)". Y, como recordamos en STS 14.10.2020, rc 125/2019, o en STS Pleno de fecha 20.05.2021, rec 145/2020: "Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado."

La proyección de esta doctrina nos lleva a desestimar este primer motivo del recurso pues no se advierte ningún error en la redacción de los hechos que se pretenden sustituir, y el texto que se propone no es relevante para calificar la decisión empresarial pues, básicamente, la controversia no se centra en los hechos acaecidos sino en la ponderación de su gravedad de acuerdo con la calificación de las infracciones que se recoge en el convenio colectivo aplicable.

2º) En segundo lugar, se propone que en el hecho probado sexto se incluya el texto subrayado:

"Dª Rosario realizó a través de la herramienta de formación on line corporativa denominada «Santander Knowledge" accesibe -sic- a todos los empleados a través de la Intranet Corporativa (VERNE) distintos cursos en distintas materias prevención de blanqueo de capitales, código conducta, contrato multicanal... que obran unidos a autos' siendo desconocido el contendido de esos cursos.

Entre esos cursos no consta formación alguna sobre las circulares 073/21 (sobre prescripciones comerciales -folio 4314 y 055/22 (sobre operativa multicanal -folio 462-) que refiere la carta de despido

En relación con el blanqueo de capitales realizó cinco acciones formativas, la última de /as cuales fue hace 6 años, en 2019 con una duración de 0,12 horas; y las anteriores son de una hora en 2006, 2010 y 2016, sin que conste el contenido del curso."

Tampoco admitimos esta petición pues con independencia de los cursos de formación que haya podido recibir la demandante a lo largo de su dilatada vida laboral, es lo cierto que existen circulares de la empresa sobre los criterios de actuación y operaciones de clientes presentados por prescriptores comerciales, y sobre las operaciones multicanal que la demandante, como ejecutiva comercial que era, sin duda debía conocer.

TERCERO.-1. El recurso cuenta con dos motivos redactados por el cauce del apartado c) del artículo 193 LRJS en los que se denuncia, respetivamente, la infracción de los artículos 54 y 55 del Estatuto de los trabajadores ( ET), en relación con los artículos 70 y 71 del convenio colectivo de la banca privada y con los principios de tipicidad y proporcionalidad de la sanción -motivo tercero-; y la vulneración del artículo 60 ET en cuanto a la prescripción de las faltas, en relación con los artículos 9.3 y 24 de la Constitución y 72 del convenio colectivo de la banca privada -motivo cuarto.

Procede que nos pronunciemos en primer lugar sobre el motivo cuarto del recurso, pues si se hubiera producido la prescripción de la infracción que se imputa en la carta de despido, resultaría innecesario entrar a valorar las cuestiones que se plantean en el motivo tercero relativas a la tipicidad y proporcionalidad de la sanción.

2. Se alega por la recurrente que la empresa era conocedora de la operativa que se sigue en la oficina bancaria desde el mes de marzo de 2023, fecha en la que saltaron las alarmas y, sin embargo, se sancionó a la trabajadora el 12 de febrero de 2024, pese a que desde el 13 de noviembre de 2023 el responsable de alertas tenía cabal conocimiento de lo ocurrido, por lo que considera que cuando se notificó el despido ya había transcurrido el plazo de prescripción para sancionar las faltas laborales establecido en los artículos 60 ET y 72 del convenio colectivo de la banca privada que establece que: "La facultad de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los 10 días; para las faltas graves a los 20 días, y para las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido."

3. Como se ha señalado por la doctrina, el elemento esencial en el ejercicio del poder disciplinario del empresario es su inmediatez y, a tal fin, el Estatuto de los Trabajadores contempla el instituto de la prescripción para las faltas laborales en su art. 60.2, que establece que las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de la comisión y, en todo caso, a los seis meses.

Así pues, el artículo en cuestión configura dos tipos distintos de prescripción que, tradicionalmente, se han venido denominando "prescripción corta" y "prescripción larga". En ambos casos la complejidad de algunas de las infracciones laborales que la práctica pone de manifiesto, ha planteado graves problemas en la determinación del "dies a quo" -día inicial- y del "dies ad quem" -día final- para el cómputo de tales plazos.

Por lo que hace a la prescripción corta, su cómputo comienza, según claramente se desprende del art. 60.2 ET, en el momento en que el empresario tiene conocimiento de la falta cometida, mientras el "dies ad quem" tiene lugar con la imputación de la sanción. No obstante, es preciso realizar algunas matizaciones por lo que hace al conocimiento empresarial. La existencia de faltas que conllevan una conducta del trabajador engañosa, ha determinado que cuando la naturaleza de la falta lo requiera el conocimiento exigido al empresario no se limita a una mera referencia superficial o indiciaria, sino que el "dies a quo" vendrá determinado por el cabal conocimiento del incumplimiento perpetrado en todo su alcance y significado.

La prescripción larga de seis meses -atendiendo exclusivamente al tenor del art. 60.2 ET- se inicia, en todo caso, con la comisión de la falta, siendo el "dies ad quem", como en el supuesto anterior, el momento de imputación de la sanción. Si bien como regla general el cómputo debe iniciarse con la comisión misma de la falta, haya o no conocimiento de la misma por parte de la empresa, existen supuestos particulares puestos de relieve por los tribunales, para los que no resulta admisible la aplicación estricta del precepto y a los que por tal causa hay que atribuir carácter excepcional. Y así, si la falta es de carácter reiterado (faltas repetidas de asistencia o impuntualidad, por ejemplo) o sólo puede apreciarse en un lapso de tiempo (disminución del rendimiento), el plazo de prescripción comienza a computarse a partir de la comisión de la última infracción. Del mismo modo, cuando las infracciones conllevan encubrimiento u ocultación, el "dies a quo" comienza cuando la empresa tiene conocimiento de la infracción cometida (vid., entre otras muchas, SSTS de 25-4-1991, 3-11-1993, 29-9-1995, 15-7-2003), siempre partiendo de la base de una ocultación mantenida eludiendo los posibles controles del empresario, no si la falta de detección de la infracción obedece a una conducta negligente por parte de la empresa.

Además, como recuerda la STS 26 de abril de 2022 (rcud.1274/2020), con cita de otros precedentes, "se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras".

4. En el caso que ahora se enjuicia, es cierto que en el mes de marzo de 2023 se activó una primera Alerta de Prevención de Blanqueo de Capitales por cliente de Riesgo Alto referida a Gustavo, que se remitió a la oficina en la que prestaba servicios doña Rosario y que fue cerrada por haber comunicado la Directora Adjunta que la situación era normal. Por tanto, es obvio que la dirección de la entidad bancaria no podía conocer que, pese a la alerta, se estuviera cometiendo ninguna irregularidad susceptible de ser sancionada y, en cualquier caso, no está de más señalar que la operativa que posteriormente fue objeto de sanción se siguió realizando hasta el mes de noviembre de 2023, de modo que fue el 13 de noviembre de 2023 cuando el responsable de revisión de alertas comunicó por correo electrónico al Departamento Unidad de Control de Red del Banco de Santander 8 alertas sobre operativa y contratación en la oficina que afectaban a 51 clientes que tenían el mismo teléfono asociado a un contrato multicanal. A partir de esa comunicación, se inició una investigación por el Director de la Unidad de Control de Red de la zona de Valencia que concluyó con un informe de 18 de diciembre de 2023. Por tanto, es a raíz de ese informe cuando la entidad bancaria pudo conocer la realidad y entidad de los hechos investigados y, por consiguiente, cuando comenzó a correr el plazo que tenía la entidad bancaria para sancionar a la demandante. De modo que como la sanción por falta muy grave se comunicó a la trabajadora el 12 de febrero de 2024, debemos concluir que no había transcurrido el plazo de prescripción de sesenta días establecido en los artículos 60 ET y 72 del convenio colectivo, por lo que procede desestimar el motivo cuarto del recurso.

CUARTO.-1. Desestimada la prescripción, procede resolver el motivo tercero del recurso en el que, en esencia, se impugna la declaración de procedencia del despido por considerar que la sanción impuesta por la empresa es desproporcionada y no se corresponde con lo dispuesto en el régimen disciplinario previsto en el convenio colectivo de aplicación.

Aunque también se alude en este motivo a la falta de concreción de la carta de despido, lo que en realidad se dice al respecto es que no consta que el Sr. Gustavo realizara ninguna ilegalidad con sus compatriotas y que, en todo caso, tal conducta sería ajena a la demandante. Así pues, dado que ni siquiera se invoca una eventual infracción del artículo 55.1 ET y habida cuenta que la carta de despido colma las exigencias establecidas en el citado precepto para evitar la indefensión de la trabajadora, procede rechazar esta causa de oposición al despido.

2. El argumento fundamental que se desarrolla en este motivo del recurso, es que la sanción impuesta a la Sra. Rosario es desproporcionada a la entidad de los hechos y está mal tipificada pues, en todo caso, estaríamos ante una negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales que el artículo 70 del convenio colectivo aplicable califica como falta leve cuando no cause o derive perjuicio a los intereses de la empresa, o como falta grave si se produce tal perjuicio.

Para la empresa los hechos descritos en la carta de despido son irregularidades muy graves previstas en el apartado del artículo 70 relativo a faltas muy graves de los números 1º -trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza-, 2º -fraude o deslealtad en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de las personas que trabajan en ella o de la clientela-, 6º -infracción de las normas de la empresa, cometida con el propósito de ocultar, falsear o enmascarar la verdadera situación y naturaleza de los estados contables de los riesgos contraídos- y 9º - indisciplina o desobediencia en el trabajo.

3. Como se termina de exponer, la empresa enuncia en la comunicación de despido hasta cuatro infracciones diferentes para unos mismos hechos que, en esencia, y de acuerdo con el relato contenido en la sentencia consistían en lo siguiente: Don Gustavo, de nacionalidad argelina, es cliente de la oficina bancaria desde el año 2022 y tiene una academia de idiomas donde imparte clases de español en la calle Reyes Católicos, muy próxima al domicilio de la sucursal. El Sr. Gustavo acudía a la oficina bancaria, donde eran atendidos por la demandante y por otra trabajadora, y presentaba clientes argelinos para abrir cuentas en la entidad y contratar seguros de salud. Como esos clientes no tenían domicilio en Alicante ni un número de teléfono con operador español -al no llegar los SMS al teléfono de Argelia-, la demandante dejaba constancia del teléfono de Gustavo y de su dirección de correspondencia. En ese momento los clientes recibían las claves de acceso y se remitía un SMS al teléfono del Sr. Gustavo. También dice la sentencia que "para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8.000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta, consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente a la cuenta de origen incrementada con una "comisión".

4. Siendo estos los hechos más relevantes, debemos recordar que el artículo 58.1 ET dispone que: "Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable". Como ha señalado esta Sala en sentencia, por ejemplo, de 20 de noviembre de 2021 (rs.798/2021): "el poder disciplinario forma parte integrante de las prerrogativas de todo empleador para defender la disciplina de la empresa frente a incumplimientos contractuales del trabajador - STS de 22 de septiembre de 1988, RJ 7096-. Tales incumplimientos no se encuentran tipificados en el Estatuto de los Trabajadores, a excepción de las causas de despido disciplinario, sino que se produce una remisión legal a la regulación que se contiene en los convenios colectivos que es donde, en la práctica, se encuentra una minuciosa regulación de las faltas y sanciones asociadas a ellas distinguiéndose entre leves, graves y muy graves, siendo la más grave de estas sanciones el despido disciplinario que, como se ha dicho, sí posee un desarrollo normativo específico en ET. El poder disciplinario, no es ilimitado, y han de respetarse determinados principios y tenerse en cuenta el plazo de prescripción de las faltas, además de seguirse determinados procedimientos formales para su imposición, procedimientos recogidos legal o convencionalmente. Así señala la doctrina que entre los principios que deben respetarse está el de tipicidad, que supone que en ningún caso es posible imponer sanciones distintas a las previstas en las disposiciones legales o en el Convenio Colectivo aplicable. En consecuencia, para imponer una sanción disciplinaria no sólo se ha de acreditar la realización de una conducta, acción y omisión, sino que esa conducta ha de estar tipificada como merecedora de la sanción impuesta, en caso contrario la sanción es nula - STS de 8 de octubre de 1988, RJ 8107-. Con carácter general, hay que acudir a la norma convencional aplicable en cada caso, pues en la norma legal no aparece tal tipificación, salvo para las causas de despido disciplinario. La tipificación convencional debe incorporar las acciones y omisiones que suponen faltas, distinguiendo los diversos grados, y las sanciones que llevan aparejadas. La tipificación de las infracciones debe describir acciones u omisiones necesariamente conectadas con el propio trabajo, sin que quepa reprochar o sancionar conductas ajenas a la relación laboral".

En similar sentido se pronuncia la sentencia de esta Sala de 7 de junio de 2021 (rs. 517/2021) al razonar que "...la facultad sancionadora del empresario ha de adecuarse al sistema sancionador previsto en el convenio que debe aplicar, sin olvidar aquellos principios generales, pero sometiéndose al principio de tipicidad que resulta del mismo, por ello dentro de las facultades judiciales en revisión de la decisión empresarial de extinguir el contrato por incumplimientos del trabajador se encuentra, como recuerda la STS 11-10-93 la de examinar la adecuación de las conductas imputadas a la descripción de faltas que se recogen en el cuadro sancionador correspondiente de la norma reglamentaria o convencional aplicable al caso y, si los incumplimientos no encajan en los supuestos tipificados como falta muy grave sancionable hasta con el despido, debe declarar la improcedencia del mismo por haber sido calificada la falta inadecuadamente por el empresario".

Junto a ello, también conviene señalar que el principio de tipicidad no puede quedar obviado por la práctica consistente en calificar las conductas sancionadas bajo tipos genéricos como la trasgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza o la negligencia en el desempeño del trabajo en su acepción más amplia e inespecífica que, prácticamente, la identifica con cualquier incumplimiento contractual, cuando en el sistema sancionador previsto en el convenio pueden existir otras posibilidades de tipificación más leves y ajustadas al principio de proporcionalidad.

5. Pues bien, de acuerdo con el régimen disciplinario establecido en el convenio colectivo aplicable, parece claro que la conducta de la demandante no encaja en ninguna de las infracciones señaladas en la carta de despido, sino que más bien se trata de una conducta negligente en el cumplimiento de los deberes laborales sancionable como falta leve o, en el peor de los casos, como falta grave, pero no como muy grave, como fue calificada por la entidad bancaria demandada.

Desde luego, no hay nada que indique que los hechos se hicieran con el propósito de ocultar, falsear o enmascarar la verdadera situación o naturaleza de los estados contables o de los riesgos contraídos -infracción 6ª-, pues en ningún momento se ocultó que los clientes eran presentados por don Gustavo -cliente de la oficina desde el año 2022- que daba su domicilio y teléfono para que se pudiera contactar con él, ni hubo riego de descubiertos que pudieran dañar al banco. Tampoco estamos ante un supuesto de indisciplina o desobediencia -infracción 9ª- entendida como la conducta renuente e injustificada al cumplimiento de una orden concreta y determinada. Y, por último, como hemos expuesto en el apartado anterior, el principio de tipicidad impide calificar las conductas sancionadas bajo tipos genéricos como la trasgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza -infracciones 1ª y 2ª- cuando los hechos que se pretenden sancionar están tipificados concretamente en el convenio colectivo aplicable.

Es verdad, y así consta, que el Banco de Santander -como otras entidades bancarias- tiene establecidos unos "criterios de actuación y operaciones de clientes presentados por prescriptores comerciales" -que se exponen en la sentencia y que damos por reproducidos- que exigen la adopción de una serie de medidas establecidas con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales. Unas están relacionadas con los prescriptores, que se resumen en la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de actuación y mantener una carpeta de cada prescriptor comercial donde se archive una copia del contrato y cualquier información relacionada que se considere relevante, así como atender cualquier incidencia o reclamación que se plantee (...). Y otras con los clientes presentados por el prescriptor, como son la verificación de la actividad profesional o empresarial y el control, análisis y calificación de las operaciones que realicen, etc.

También es cierto que no consta que en este supuesto se cumplieran escrupulosamente estos criterios en relación con las actuaciones llevadas a cabo por don Gustavo, sin que pueda servir de excusa el hecho de que este señor no tuviera la condición de prescriptor autorizado por el banco, pues con independencia de que no hubiera suscrito el correspondiente acuerdo no cabe duda que venía actuando como tal.

Estamos, por tanto, ante un incumplimiento, al menos parcial, por parte de la demandante de los deberes laborales establecidos en los mencionados criterios de actuación. Pero, más allá de ello, no consta que ese incumplimiento haya tenido ninguna repercusión para la entidad bancaria, para los clientes presentados por el Sr. Gustavo ni, desde luego, para el Estado en relación con un eventual blanqueo de capitales. Además, tales actuaciones no se realizaban de forma oculta para sortear los controles de la entidad, sino que se llevaban a efecto con plena transparencia y sin que conste que la demandante obtuviera ningún tipo de beneficio o compensación. Estamos, por consiguiente, ante una negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales -como se sostiene en este motivo del recurso- que el convenio colectivo de la banca sanciona como falta leve o grave, según se haya producido o no un perjuicio a los intereses de la empresa, pero no ante una infracción muy grave como la calificó la sentencia recurrida confirmando la sanción de despido impuesta por el Banco de Santander, por lo que procede revocar el pronunciamiento del Juzgado de lo Social y declarar la improcedencia del despido con las consecuencias establecidas en el artículo 56.1 ET en los términos expresado en el fallo de esta sentencia.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 LRJS no procede imponer condena en costas.

PRIMERO.-Se recurre por el letrado designado por doña Rosario, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Alicante que desestimó su demanda en la que se impugnaba la decisión del Banco de Santander, S.A. de proceder a su despido disciplinario, declarando la procedencia de la decisión empresarial.

SEGUNDO.-En los dos primeros motivos del recurso se solicita al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS), que se modifique el relato de hechos probados de la sentencia en los siguientes términos:

1º) Se pretende, en primer lugar, la supresión de los párrafos segundo y tercero del hecho probado cuarto en los que se dice "Muchos de los clientes presentados por el Sr. Gustavo no tenían actividad económica, haciéndose constar en los formularios de información obligatoria del cliente, obrantes en autos, cuyo contenido se da por reproducido, "SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA"; y "En el curso de la investigación realizada por Banco Santander se constata que el cliente atiende a ciudadanos argelinos para alargar la permanencia en España más allá de los 90 días habilitados para turismo a través de solicitudes de estancia para cursar estudios. Para ello, el Sr. Gustavo actuando como "Prescriptor" o presentador -no autorizado por el Banco presenta a los clientes a los que acompaña a la oficina abriendo cuentas y contratos CMC donde se asocia de forma irregular en todos los casos el n° de teléfono móvil del Sr. Gustavo ( NUM002), y donde además se sigue la operativa necesaria que permita a los ciudadanos argelinos prorrogar su estancia en España del siguiente modo: -Para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8.000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta, consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente a la cuenta de origen incrementada con una "comisión".

O, subsidiariamente, a la petición anterior se solicita que se dé al párrafo tercero de ese hecho la siguiente redacción:

"El Sr. Gustavo atiende a ciudadanos argelinos a los que imparte cursos en la academia de idiomas que tiene donde imparte clases de español en la c/ Reyes Católicos...". Esos cursos permiten cambiar su estatus de "turista" a "estudiante". Consiguientemente esos ciudadanos pueden estar en España más allá de los 90 días habilitados para turistas.

Paralelamente el Sr. Gustavo lleva a esos ciudadanos a la oficina donde son atendidos por doña Rosario y doña Guillerma; procediendo los ciudadanos argelinos a abrir cuentas y contratos CMC donde se asocia en todos los casos el n° de teléfono móvil del Sr Gustavo ( NUM002).

Por otro lado, para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta haciendo lo que se llama entre ellos un préstamo (Folio 191), consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente (Folio 191: bajo la fórmula de reembolso - remboursement-) a la cuenta de origen; en algunas ocasiones, incrementada con una comisión y en otras ( Amadeo y Eulalia) en el mismo importe".

De acuerdo con una consolidada doctrina expresada, entre otras muchas, en las STS IV Pleno 20 de octubre de 2021 (rec. 121/2021) y 14 de diciembre de 2023 (rec: 184/2023) para que prospere la denuncia del error resulta preceptivo que: "1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones". Precisando también la exigencia de su trascendencia "a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva" (por ejemplo, SSTS 14/03/17 -rco 299/14-; 20/06/17 -rco 170/18-; SG 24/10/17 -rco 107/17-; 106/2018, de 07/02/18 - rco 272/16-; y 348/2018, de 22/03/18 - rco 41/17-)". Y, como recordamos en STS 14.10.2020, rc 125/2019, o en STS Pleno de fecha 20.05.2021, rec 145/2020: "Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado."

La proyección de esta doctrina nos lleva a desestimar este primer motivo del recurso pues no se advierte ningún error en la redacción de los hechos que se pretenden sustituir, y el texto que se propone no es relevante para calificar la decisión empresarial pues, básicamente, la controversia no se centra en los hechos acaecidos sino en la ponderación de su gravedad de acuerdo con la calificación de las infracciones que se recoge en el convenio colectivo aplicable.

2º) En segundo lugar, se propone que en el hecho probado sexto se incluya el texto subrayado:

"Dª Rosario realizó a través de la herramienta de formación on line corporativa denominada «Santander Knowledge" accesibe -sic- a todos los empleados a través de la Intranet Corporativa (VERNE) distintos cursos en distintas materias prevención de blanqueo de capitales, código conducta, contrato multicanal... que obran unidos a autos' siendo desconocido el contendido de esos cursos.

Entre esos cursos no consta formación alguna sobre las circulares 073/21 (sobre prescripciones comerciales -folio 4314 y 055/22 (sobre operativa multicanal -folio 462-) que refiere la carta de despido

En relación con el blanqueo de capitales realizó cinco acciones formativas, la última de /as cuales fue hace 6 años, en 2019 con una duración de 0,12 horas; y las anteriores son de una hora en 2006, 2010 y 2016, sin que conste el contenido del curso."

Tampoco admitimos esta petición pues con independencia de los cursos de formación que haya podido recibir la demandante a lo largo de su dilatada vida laboral, es lo cierto que existen circulares de la empresa sobre los criterios de actuación y operaciones de clientes presentados por prescriptores comerciales, y sobre las operaciones multicanal que la demandante, como ejecutiva comercial que era, sin duda debía conocer.

TERCERO.-1. El recurso cuenta con dos motivos redactados por el cauce del apartado c) del artículo 193 LRJS en los que se denuncia, respetivamente, la infracción de los artículos 54 y 55 del Estatuto de los trabajadores ( ET), en relación con los artículos 70 y 71 del convenio colectivo de la banca privada y con los principios de tipicidad y proporcionalidad de la sanción -motivo tercero-; y la vulneración del artículo 60 ET en cuanto a la prescripción de las faltas, en relación con los artículos 9.3 y 24 de la Constitución y 72 del convenio colectivo de la banca privada -motivo cuarto.

Procede que nos pronunciemos en primer lugar sobre el motivo cuarto del recurso, pues si se hubiera producido la prescripción de la infracción que se imputa en la carta de despido, resultaría innecesario entrar a valorar las cuestiones que se plantean en el motivo tercero relativas a la tipicidad y proporcionalidad de la sanción.

2. Se alega por la recurrente que la empresa era conocedora de la operativa que se sigue en la oficina bancaria desde el mes de marzo de 2023, fecha en la que saltaron las alarmas y, sin embargo, se sancionó a la trabajadora el 12 de febrero de 2024, pese a que desde el 13 de noviembre de 2023 el responsable de alertas tenía cabal conocimiento de lo ocurrido, por lo que considera que cuando se notificó el despido ya había transcurrido el plazo de prescripción para sancionar las faltas laborales establecido en los artículos 60 ET y 72 del convenio colectivo de la banca privada que establece que: "La facultad de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los 10 días; para las faltas graves a los 20 días, y para las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido."

3. Como se ha señalado por la doctrina, el elemento esencial en el ejercicio del poder disciplinario del empresario es su inmediatez y, a tal fin, el Estatuto de los Trabajadores contempla el instituto de la prescripción para las faltas laborales en su art. 60.2, que establece que las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de la comisión y, en todo caso, a los seis meses.

Así pues, el artículo en cuestión configura dos tipos distintos de prescripción que, tradicionalmente, se han venido denominando "prescripción corta" y "prescripción larga". En ambos casos la complejidad de algunas de las infracciones laborales que la práctica pone de manifiesto, ha planteado graves problemas en la determinación del "dies a quo" -día inicial- y del "dies ad quem" -día final- para el cómputo de tales plazos.

Por lo que hace a la prescripción corta, su cómputo comienza, según claramente se desprende del art. 60.2 ET, en el momento en que el empresario tiene conocimiento de la falta cometida, mientras el "dies ad quem" tiene lugar con la imputación de la sanción. No obstante, es preciso realizar algunas matizaciones por lo que hace al conocimiento empresarial. La existencia de faltas que conllevan una conducta del trabajador engañosa, ha determinado que cuando la naturaleza de la falta lo requiera el conocimiento exigido al empresario no se limita a una mera referencia superficial o indiciaria, sino que el "dies a quo" vendrá determinado por el cabal conocimiento del incumplimiento perpetrado en todo su alcance y significado.

La prescripción larga de seis meses -atendiendo exclusivamente al tenor del art. 60.2 ET- se inicia, en todo caso, con la comisión de la falta, siendo el "dies ad quem", como en el supuesto anterior, el momento de imputación de la sanción. Si bien como regla general el cómputo debe iniciarse con la comisión misma de la falta, haya o no conocimiento de la misma por parte de la empresa, existen supuestos particulares puestos de relieve por los tribunales, para los que no resulta admisible la aplicación estricta del precepto y a los que por tal causa hay que atribuir carácter excepcional. Y así, si la falta es de carácter reiterado (faltas repetidas de asistencia o impuntualidad, por ejemplo) o sólo puede apreciarse en un lapso de tiempo (disminución del rendimiento), el plazo de prescripción comienza a computarse a partir de la comisión de la última infracción. Del mismo modo, cuando las infracciones conllevan encubrimiento u ocultación, el "dies a quo" comienza cuando la empresa tiene conocimiento de la infracción cometida (vid., entre otras muchas, SSTS de 25-4-1991, 3-11-1993, 29-9-1995, 15-7-2003), siempre partiendo de la base de una ocultación mantenida eludiendo los posibles controles del empresario, no si la falta de detección de la infracción obedece a una conducta negligente por parte de la empresa.

Además, como recuerda la STS 26 de abril de 2022 (rcud.1274/2020), con cita de otros precedentes, "se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras".

4. En el caso que ahora se enjuicia, es cierto que en el mes de marzo de 2023 se activó una primera Alerta de Prevención de Blanqueo de Capitales por cliente de Riesgo Alto referida a Gustavo, que se remitió a la oficina en la que prestaba servicios doña Rosario y que fue cerrada por haber comunicado la Directora Adjunta que la situación era normal. Por tanto, es obvio que la dirección de la entidad bancaria no podía conocer que, pese a la alerta, se estuviera cometiendo ninguna irregularidad susceptible de ser sancionada y, en cualquier caso, no está de más señalar que la operativa que posteriormente fue objeto de sanción se siguió realizando hasta el mes de noviembre de 2023, de modo que fue el 13 de noviembre de 2023 cuando el responsable de revisión de alertas comunicó por correo electrónico al Departamento Unidad de Control de Red del Banco de Santander 8 alertas sobre operativa y contratación en la oficina que afectaban a 51 clientes que tenían el mismo teléfono asociado a un contrato multicanal. A partir de esa comunicación, se inició una investigación por el Director de la Unidad de Control de Red de la zona de Valencia que concluyó con un informe de 18 de diciembre de 2023. Por tanto, es a raíz de ese informe cuando la entidad bancaria pudo conocer la realidad y entidad de los hechos investigados y, por consiguiente, cuando comenzó a correr el plazo que tenía la entidad bancaria para sancionar a la demandante. De modo que como la sanción por falta muy grave se comunicó a la trabajadora el 12 de febrero de 2024, debemos concluir que no había transcurrido el plazo de prescripción de sesenta días establecido en los artículos 60 ET y 72 del convenio colectivo, por lo que procede desestimar el motivo cuarto del recurso.

CUARTO.-1. Desestimada la prescripción, procede resolver el motivo tercero del recurso en el que, en esencia, se impugna la declaración de procedencia del despido por considerar que la sanción impuesta por la empresa es desproporcionada y no se corresponde con lo dispuesto en el régimen disciplinario previsto en el convenio colectivo de aplicación.

Aunque también se alude en este motivo a la falta de concreción de la carta de despido, lo que en realidad se dice al respecto es que no consta que el Sr. Gustavo realizara ninguna ilegalidad con sus compatriotas y que, en todo caso, tal conducta sería ajena a la demandante. Así pues, dado que ni siquiera se invoca una eventual infracción del artículo 55.1 ET y habida cuenta que la carta de despido colma las exigencias establecidas en el citado precepto para evitar la indefensión de la trabajadora, procede rechazar esta causa de oposición al despido.

2. El argumento fundamental que se desarrolla en este motivo del recurso, es que la sanción impuesta a la Sra. Rosario es desproporcionada a la entidad de los hechos y está mal tipificada pues, en todo caso, estaríamos ante una negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales que el artículo 70 del convenio colectivo aplicable califica como falta leve cuando no cause o derive perjuicio a los intereses de la empresa, o como falta grave si se produce tal perjuicio.

Para la empresa los hechos descritos en la carta de despido son irregularidades muy graves previstas en el apartado del artículo 70 relativo a faltas muy graves de los números 1º -trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza-, 2º -fraude o deslealtad en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de las personas que trabajan en ella o de la clientela-, 6º -infracción de las normas de la empresa, cometida con el propósito de ocultar, falsear o enmascarar la verdadera situación y naturaleza de los estados contables de los riesgos contraídos- y 9º - indisciplina o desobediencia en el trabajo.

3. Como se termina de exponer, la empresa enuncia en la comunicación de despido hasta cuatro infracciones diferentes para unos mismos hechos que, en esencia, y de acuerdo con el relato contenido en la sentencia consistían en lo siguiente: Don Gustavo, de nacionalidad argelina, es cliente de la oficina bancaria desde el año 2022 y tiene una academia de idiomas donde imparte clases de español en la calle Reyes Católicos, muy próxima al domicilio de la sucursal. El Sr. Gustavo acudía a la oficina bancaria, donde eran atendidos por la demandante y por otra trabajadora, y presentaba clientes argelinos para abrir cuentas en la entidad y contratar seguros de salud. Como esos clientes no tenían domicilio en Alicante ni un número de teléfono con operador español -al no llegar los SMS al teléfono de Argelia-, la demandante dejaba constancia del teléfono de Gustavo y de su dirección de correspondencia. En ese momento los clientes recibían las claves de acceso y se remitía un SMS al teléfono del Sr. Gustavo. También dice la sentencia que "para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8.000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta, consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente a la cuenta de origen incrementada con una "comisión".

4. Siendo estos los hechos más relevantes, debemos recordar que el artículo 58.1 ET dispone que: "Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable". Como ha señalado esta Sala en sentencia, por ejemplo, de 20 de noviembre de 2021 (rs.798/2021): "el poder disciplinario forma parte integrante de las prerrogativas de todo empleador para defender la disciplina de la empresa frente a incumplimientos contractuales del trabajador - STS de 22 de septiembre de 1988, RJ 7096-. Tales incumplimientos no se encuentran tipificados en el Estatuto de los Trabajadores, a excepción de las causas de despido disciplinario, sino que se produce una remisión legal a la regulación que se contiene en los convenios colectivos que es donde, en la práctica, se encuentra una minuciosa regulación de las faltas y sanciones asociadas a ellas distinguiéndose entre leves, graves y muy graves, siendo la más grave de estas sanciones el despido disciplinario que, como se ha dicho, sí posee un desarrollo normativo específico en ET. El poder disciplinario, no es ilimitado, y han de respetarse determinados principios y tenerse en cuenta el plazo de prescripción de las faltas, además de seguirse determinados procedimientos formales para su imposición, procedimientos recogidos legal o convencionalmente. Así señala la doctrina que entre los principios que deben respetarse está el de tipicidad, que supone que en ningún caso es posible imponer sanciones distintas a las previstas en las disposiciones legales o en el Convenio Colectivo aplicable. En consecuencia, para imponer una sanción disciplinaria no sólo se ha de acreditar la realización de una conducta, acción y omisión, sino que esa conducta ha de estar tipificada como merecedora de la sanción impuesta, en caso contrario la sanción es nula - STS de 8 de octubre de 1988, RJ 8107-. Con carácter general, hay que acudir a la norma convencional aplicable en cada caso, pues en la norma legal no aparece tal tipificación, salvo para las causas de despido disciplinario. La tipificación convencional debe incorporar las acciones y omisiones que suponen faltas, distinguiendo los diversos grados, y las sanciones que llevan aparejadas. La tipificación de las infracciones debe describir acciones u omisiones necesariamente conectadas con el propio trabajo, sin que quepa reprochar o sancionar conductas ajenas a la relación laboral".

En similar sentido se pronuncia la sentencia de esta Sala de 7 de junio de 2021 (rs. 517/2021) al razonar que "...la facultad sancionadora del empresario ha de adecuarse al sistema sancionador previsto en el convenio que debe aplicar, sin olvidar aquellos principios generales, pero sometiéndose al principio de tipicidad que resulta del mismo, por ello dentro de las facultades judiciales en revisión de la decisión empresarial de extinguir el contrato por incumplimientos del trabajador se encuentra, como recuerda la STS 11-10-93 la de examinar la adecuación de las conductas imputadas a la descripción de faltas que se recogen en el cuadro sancionador correspondiente de la norma reglamentaria o convencional aplicable al caso y, si los incumplimientos no encajan en los supuestos tipificados como falta muy grave sancionable hasta con el despido, debe declarar la improcedencia del mismo por haber sido calificada la falta inadecuadamente por el empresario".

Junto a ello, también conviene señalar que el principio de tipicidad no puede quedar obviado por la práctica consistente en calificar las conductas sancionadas bajo tipos genéricos como la trasgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza o la negligencia en el desempeño del trabajo en su acepción más amplia e inespecífica que, prácticamente, la identifica con cualquier incumplimiento contractual, cuando en el sistema sancionador previsto en el convenio pueden existir otras posibilidades de tipificación más leves y ajustadas al principio de proporcionalidad.

5. Pues bien, de acuerdo con el régimen disciplinario establecido en el convenio colectivo aplicable, parece claro que la conducta de la demandante no encaja en ninguna de las infracciones señaladas en la carta de despido, sino que más bien se trata de una conducta negligente en el cumplimiento de los deberes laborales sancionable como falta leve o, en el peor de los casos, como falta grave, pero no como muy grave, como fue calificada por la entidad bancaria demandada.

Desde luego, no hay nada que indique que los hechos se hicieran con el propósito de ocultar, falsear o enmascarar la verdadera situación o naturaleza de los estados contables o de los riesgos contraídos -infracción 6ª-, pues en ningún momento se ocultó que los clientes eran presentados por don Gustavo -cliente de la oficina desde el año 2022- que daba su domicilio y teléfono para que se pudiera contactar con él, ni hubo riego de descubiertos que pudieran dañar al banco. Tampoco estamos ante un supuesto de indisciplina o desobediencia -infracción 9ª- entendida como la conducta renuente e injustificada al cumplimiento de una orden concreta y determinada. Y, por último, como hemos expuesto en el apartado anterior, el principio de tipicidad impide calificar las conductas sancionadas bajo tipos genéricos como la trasgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza -infracciones 1ª y 2ª- cuando los hechos que se pretenden sancionar están tipificados concretamente en el convenio colectivo aplicable.

Es verdad, y así consta, que el Banco de Santander -como otras entidades bancarias- tiene establecidos unos "criterios de actuación y operaciones de clientes presentados por prescriptores comerciales" -que se exponen en la sentencia y que damos por reproducidos- que exigen la adopción de una serie de medidas establecidas con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales. Unas están relacionadas con los prescriptores, que se resumen en la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de actuación y mantener una carpeta de cada prescriptor comercial donde se archive una copia del contrato y cualquier información relacionada que se considere relevante, así como atender cualquier incidencia o reclamación que se plantee (...). Y otras con los clientes presentados por el prescriptor, como son la verificación de la actividad profesional o empresarial y el control, análisis y calificación de las operaciones que realicen, etc.

También es cierto que no consta que en este supuesto se cumplieran escrupulosamente estos criterios en relación con las actuaciones llevadas a cabo por don Gustavo, sin que pueda servir de excusa el hecho de que este señor no tuviera la condición de prescriptor autorizado por el banco, pues con independencia de que no hubiera suscrito el correspondiente acuerdo no cabe duda que venía actuando como tal.

Estamos, por tanto, ante un incumplimiento, al menos parcial, por parte de la demandante de los deberes laborales establecidos en los mencionados criterios de actuación. Pero, más allá de ello, no consta que ese incumplimiento haya tenido ninguna repercusión para la entidad bancaria, para los clientes presentados por el Sr. Gustavo ni, desde luego, para el Estado en relación con un eventual blanqueo de capitales. Además, tales actuaciones no se realizaban de forma oculta para sortear los controles de la entidad, sino que se llevaban a efecto con plena transparencia y sin que conste que la demandante obtuviera ningún tipo de beneficio o compensación. Estamos, por consiguiente, ante una negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales -como se sostiene en este motivo del recurso- que el convenio colectivo de la banca sanciona como falta leve o grave, según se haya producido o no un perjuicio a los intereses de la empresa, pero no ante una infracción muy grave como la calificó la sentencia recurrida confirmando la sanción de despido impuesta por el Banco de Santander, por lo que procede revocar el pronunciamiento del Juzgado de lo Social y declarar la improcedencia del despido con las consecuencias establecidas en el artículo 56.1 ET en los términos expresado en el fallo de esta sentencia.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 LRJS no procede imponer condena en costas.

PRIMERO.-Se recurre por el letrado designado por doña Rosario, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Alicante que desestimó su demanda en la que se impugnaba la decisión del Banco de Santander, S.A. de proceder a su despido disciplinario, declarando la procedencia de la decisión empresarial.

SEGUNDO.-En los dos primeros motivos del recurso se solicita al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS), que se modifique el relato de hechos probados de la sentencia en los siguientes términos:

1º) Se pretende, en primer lugar, la supresión de los párrafos segundo y tercero del hecho probado cuarto en los que se dice "Muchos de los clientes presentados por el Sr. Gustavo no tenían actividad económica, haciéndose constar en los formularios de información obligatoria del cliente, obrantes en autos, cuyo contenido se da por reproducido, "SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA"; y "En el curso de la investigación realizada por Banco Santander se constata que el cliente atiende a ciudadanos argelinos para alargar la permanencia en España más allá de los 90 días habilitados para turismo a través de solicitudes de estancia para cursar estudios. Para ello, el Sr. Gustavo actuando como "Prescriptor" o presentador -no autorizado por el Banco presenta a los clientes a los que acompaña a la oficina abriendo cuentas y contratos CMC donde se asocia de forma irregular en todos los casos el n° de teléfono móvil del Sr. Gustavo ( NUM002), y donde además se sigue la operativa necesaria que permita a los ciudadanos argelinos prorrogar su estancia en España del siguiente modo: -Para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8.000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta, consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente a la cuenta de origen incrementada con una "comisión".

O, subsidiariamente, a la petición anterior se solicita que se dé al párrafo tercero de ese hecho la siguiente redacción:

"El Sr. Gustavo atiende a ciudadanos argelinos a los que imparte cursos en la academia de idiomas que tiene donde imparte clases de español en la c/ Reyes Católicos...". Esos cursos permiten cambiar su estatus de "turista" a "estudiante". Consiguientemente esos ciudadanos pueden estar en España más allá de los 90 días habilitados para turistas.

Paralelamente el Sr. Gustavo lleva a esos ciudadanos a la oficina donde son atendidos por doña Rosario y doña Guillerma; procediendo los ciudadanos argelinos a abrir cuentas y contratos CMC donde se asocia en todos los casos el n° de teléfono móvil del Sr Gustavo ( NUM002).

Por otro lado, para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta haciendo lo que se llama entre ellos un préstamo (Folio 191), consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente (Folio 191: bajo la fórmula de reembolso - remboursement-) a la cuenta de origen; en algunas ocasiones, incrementada con una comisión y en otras ( Amadeo y Eulalia) en el mismo importe".

De acuerdo con una consolidada doctrina expresada, entre otras muchas, en las STS IV Pleno 20 de octubre de 2021 (rec. 121/2021) y 14 de diciembre de 2023 (rec: 184/2023) para que prospere la denuncia del error resulta preceptivo que: "1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones". Precisando también la exigencia de su trascendencia "a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva" (por ejemplo, SSTS 14/03/17 -rco 299/14-; 20/06/17 -rco 170/18-; SG 24/10/17 -rco 107/17-; 106/2018, de 07/02/18 - rco 272/16-; y 348/2018, de 22/03/18 - rco 41/17-)". Y, como recordamos en STS 14.10.2020, rc 125/2019, o en STS Pleno de fecha 20.05.2021, rec 145/2020: "Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado."

La proyección de esta doctrina nos lleva a desestimar este primer motivo del recurso pues no se advierte ningún error en la redacción de los hechos que se pretenden sustituir, y el texto que se propone no es relevante para calificar la decisión empresarial pues, básicamente, la controversia no se centra en los hechos acaecidos sino en la ponderación de su gravedad de acuerdo con la calificación de las infracciones que se recoge en el convenio colectivo aplicable.

2º) En segundo lugar, se propone que en el hecho probado sexto se incluya el texto subrayado:

"Dª Rosario realizó a través de la herramienta de formación on line corporativa denominada «Santander Knowledge" accesibe -sic- a todos los empleados a través de la Intranet Corporativa (VERNE) distintos cursos en distintas materias prevención de blanqueo de capitales, código conducta, contrato multicanal... que obran unidos a autos' siendo desconocido el contendido de esos cursos.

Entre esos cursos no consta formación alguna sobre las circulares 073/21 (sobre prescripciones comerciales -folio 4314 y 055/22 (sobre operativa multicanal -folio 462-) que refiere la carta de despido

En relación con el blanqueo de capitales realizó cinco acciones formativas, la última de /as cuales fue hace 6 años, en 2019 con una duración de 0,12 horas; y las anteriores son de una hora en 2006, 2010 y 2016, sin que conste el contenido del curso."

Tampoco admitimos esta petición pues con independencia de los cursos de formación que haya podido recibir la demandante a lo largo de su dilatada vida laboral, es lo cierto que existen circulares de la empresa sobre los criterios de actuación y operaciones de clientes presentados por prescriptores comerciales, y sobre las operaciones multicanal que la demandante, como ejecutiva comercial que era, sin duda debía conocer.

TERCERO.-1. El recurso cuenta con dos motivos redactados por el cauce del apartado c) del artículo 193 LRJS en los que se denuncia, respetivamente, la infracción de los artículos 54 y 55 del Estatuto de los trabajadores ( ET), en relación con los artículos 70 y 71 del convenio colectivo de la banca privada y con los principios de tipicidad y proporcionalidad de la sanción -motivo tercero-; y la vulneración del artículo 60 ET en cuanto a la prescripción de las faltas, en relación con los artículos 9.3 y 24 de la Constitución y 72 del convenio colectivo de la banca privada -motivo cuarto.

Procede que nos pronunciemos en primer lugar sobre el motivo cuarto del recurso, pues si se hubiera producido la prescripción de la infracción que se imputa en la carta de despido, resultaría innecesario entrar a valorar las cuestiones que se plantean en el motivo tercero relativas a la tipicidad y proporcionalidad de la sanción.

2. Se alega por la recurrente que la empresa era conocedora de la operativa que se sigue en la oficina bancaria desde el mes de marzo de 2023, fecha en la que saltaron las alarmas y, sin embargo, se sancionó a la trabajadora el 12 de febrero de 2024, pese a que desde el 13 de noviembre de 2023 el responsable de alertas tenía cabal conocimiento de lo ocurrido, por lo que considera que cuando se notificó el despido ya había transcurrido el plazo de prescripción para sancionar las faltas laborales establecido en los artículos 60 ET y 72 del convenio colectivo de la banca privada que establece que: "La facultad de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los 10 días; para las faltas graves a los 20 días, y para las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido."

3. Como se ha señalado por la doctrina, el elemento esencial en el ejercicio del poder disciplinario del empresario es su inmediatez y, a tal fin, el Estatuto de los Trabajadores contempla el instituto de la prescripción para las faltas laborales en su art. 60.2, que establece que las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de la comisión y, en todo caso, a los seis meses.

Así pues, el artículo en cuestión configura dos tipos distintos de prescripción que, tradicionalmente, se han venido denominando "prescripción corta" y "prescripción larga". En ambos casos la complejidad de algunas de las infracciones laborales que la práctica pone de manifiesto, ha planteado graves problemas en la determinación del "dies a quo" -día inicial- y del "dies ad quem" -día final- para el cómputo de tales plazos.

Por lo que hace a la prescripción corta, su cómputo comienza, según claramente se desprende del art. 60.2 ET, en el momento en que el empresario tiene conocimiento de la falta cometida, mientras el "dies ad quem" tiene lugar con la imputación de la sanción. No obstante, es preciso realizar algunas matizaciones por lo que hace al conocimiento empresarial. La existencia de faltas que conllevan una conducta del trabajador engañosa, ha determinado que cuando la naturaleza de la falta lo requiera el conocimiento exigido al empresario no se limita a una mera referencia superficial o indiciaria, sino que el "dies a quo" vendrá determinado por el cabal conocimiento del incumplimiento perpetrado en todo su alcance y significado.

La prescripción larga de seis meses -atendiendo exclusivamente al tenor del art. 60.2 ET- se inicia, en todo caso, con la comisión de la falta, siendo el "dies ad quem", como en el supuesto anterior, el momento de imputación de la sanción. Si bien como regla general el cómputo debe iniciarse con la comisión misma de la falta, haya o no conocimiento de la misma por parte de la empresa, existen supuestos particulares puestos de relieve por los tribunales, para los que no resulta admisible la aplicación estricta del precepto y a los que por tal causa hay que atribuir carácter excepcional. Y así, si la falta es de carácter reiterado (faltas repetidas de asistencia o impuntualidad, por ejemplo) o sólo puede apreciarse en un lapso de tiempo (disminución del rendimiento), el plazo de prescripción comienza a computarse a partir de la comisión de la última infracción. Del mismo modo, cuando las infracciones conllevan encubrimiento u ocultación, el "dies a quo" comienza cuando la empresa tiene conocimiento de la infracción cometida (vid., entre otras muchas, SSTS de 25-4-1991, 3-11-1993, 29-9-1995, 15-7-2003), siempre partiendo de la base de una ocultación mantenida eludiendo los posibles controles del empresario, no si la falta de detección de la infracción obedece a una conducta negligente por parte de la empresa.

Además, como recuerda la STS 26 de abril de 2022 (rcud.1274/2020), con cita de otros precedentes, "se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras".

4. En el caso que ahora se enjuicia, es cierto que en el mes de marzo de 2023 se activó una primera Alerta de Prevención de Blanqueo de Capitales por cliente de Riesgo Alto referida a Gustavo, que se remitió a la oficina en la que prestaba servicios doña Rosario y que fue cerrada por haber comunicado la Directora Adjunta que la situación era normal. Por tanto, es obvio que la dirección de la entidad bancaria no podía conocer que, pese a la alerta, se estuviera cometiendo ninguna irregularidad susceptible de ser sancionada y, en cualquier caso, no está de más señalar que la operativa que posteriormente fue objeto de sanción se siguió realizando hasta el mes de noviembre de 2023, de modo que fue el 13 de noviembre de 2023 cuando el responsable de revisión de alertas comunicó por correo electrónico al Departamento Unidad de Control de Red del Banco de Santander 8 alertas sobre operativa y contratación en la oficina que afectaban a 51 clientes que tenían el mismo teléfono asociado a un contrato multicanal. A partir de esa comunicación, se inició una investigación por el Director de la Unidad de Control de Red de la zona de Valencia que concluyó con un informe de 18 de diciembre de 2023. Por tanto, es a raíz de ese informe cuando la entidad bancaria pudo conocer la realidad y entidad de los hechos investigados y, por consiguiente, cuando comenzó a correr el plazo que tenía la entidad bancaria para sancionar a la demandante. De modo que como la sanción por falta muy grave se comunicó a la trabajadora el 12 de febrero de 2024, debemos concluir que no había transcurrido el plazo de prescripción de sesenta días establecido en los artículos 60 ET y 72 del convenio colectivo, por lo que procede desestimar el motivo cuarto del recurso.

CUARTO.-1. Desestimada la prescripción, procede resolver el motivo tercero del recurso en el que, en esencia, se impugna la declaración de procedencia del despido por considerar que la sanción impuesta por la empresa es desproporcionada y no se corresponde con lo dispuesto en el régimen disciplinario previsto en el convenio colectivo de aplicación.

Aunque también se alude en este motivo a la falta de concreción de la carta de despido, lo que en realidad se dice al respecto es que no consta que el Sr. Gustavo realizara ninguna ilegalidad con sus compatriotas y que, en todo caso, tal conducta sería ajena a la demandante. Así pues, dado que ni siquiera se invoca una eventual infracción del artículo 55.1 ET y habida cuenta que la carta de despido colma las exigencias establecidas en el citado precepto para evitar la indefensión de la trabajadora, procede rechazar esta causa de oposición al despido.

2. El argumento fundamental que se desarrolla en este motivo del recurso, es que la sanción impuesta a la Sra. Rosario es desproporcionada a la entidad de los hechos y está mal tipificada pues, en todo caso, estaríamos ante una negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales que el artículo 70 del convenio colectivo aplicable califica como falta leve cuando no cause o derive perjuicio a los intereses de la empresa, o como falta grave si se produce tal perjuicio.

Para la empresa los hechos descritos en la carta de despido son irregularidades muy graves previstas en el apartado del artículo 70 relativo a faltas muy graves de los números 1º -trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza-, 2º -fraude o deslealtad en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de las personas que trabajan en ella o de la clientela-, 6º -infracción de las normas de la empresa, cometida con el propósito de ocultar, falsear o enmascarar la verdadera situación y naturaleza de los estados contables de los riesgos contraídos- y 9º - indisciplina o desobediencia en el trabajo.

3. Como se termina de exponer, la empresa enuncia en la comunicación de despido hasta cuatro infracciones diferentes para unos mismos hechos que, en esencia, y de acuerdo con el relato contenido en la sentencia consistían en lo siguiente: Don Gustavo, de nacionalidad argelina, es cliente de la oficina bancaria desde el año 2022 y tiene una academia de idiomas donde imparte clases de español en la calle Reyes Católicos, muy próxima al domicilio de la sucursal. El Sr. Gustavo acudía a la oficina bancaria, donde eran atendidos por la demandante y por otra trabajadora, y presentaba clientes argelinos para abrir cuentas en la entidad y contratar seguros de salud. Como esos clientes no tenían domicilio en Alicante ni un número de teléfono con operador español -al no llegar los SMS al teléfono de Argelia-, la demandante dejaba constancia del teléfono de Gustavo y de su dirección de correspondencia. En ese momento los clientes recibían las claves de acceso y se remitía un SMS al teléfono del Sr. Gustavo. También dice la sentencia que "para conseguir el mínimo de saldo en cuenta de 8.000 euros que solicita la Policía, el Sr. Gustavo completa las cantidades entregadas por los titulares con fondos propios desde su propia cuenta, consiguiendo de ese modo el día de la apertura de la cuenta el certificado de saldo con la citada cantidad, que se devolvía posteriormente a la cuenta de origen incrementada con una "comisión".

4. Siendo estos los hechos más relevantes, debemos recordar que el artículo 58.1 ET dispone que: "Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable". Como ha señalado esta Sala en sentencia, por ejemplo, de 20 de noviembre de 2021 (rs.798/2021): "el poder disciplinario forma parte integrante de las prerrogativas de todo empleador para defender la disciplina de la empresa frente a incumplimientos contractuales del trabajador - STS de 22 de septiembre de 1988, RJ 7096-. Tales incumplimientos no se encuentran tipificados en el Estatuto de los Trabajadores, a excepción de las causas de despido disciplinario, sino que se produce una remisión legal a la regulación que se contiene en los convenios colectivos que es donde, en la práctica, se encuentra una minuciosa regulación de las faltas y sanciones asociadas a ellas distinguiéndose entre leves, graves y muy graves, siendo la más grave de estas sanciones el despido disciplinario que, como se ha dicho, sí posee un desarrollo normativo específico en ET. El poder disciplinario, no es ilimitado, y han de respetarse determinados principios y tenerse en cuenta el plazo de prescripción de las faltas, además de seguirse determinados procedimientos formales para su imposición, procedimientos recogidos legal o convencionalmente. Así señala la doctrina que entre los principios que deben respetarse está el de tipicidad, que supone que en ningún caso es posible imponer sanciones distintas a las previstas en las disposiciones legales o en el Convenio Colectivo aplicable. En consecuencia, para imponer una sanción disciplinaria no sólo se ha de acreditar la realización de una conducta, acción y omisión, sino que esa conducta ha de estar tipificada como merecedora de la sanción impuesta, en caso contrario la sanción es nula - STS de 8 de octubre de 1988, RJ 8107-. Con carácter general, hay que acudir a la norma convencional aplicable en cada caso, pues en la norma legal no aparece tal tipificación, salvo para las causas de despido disciplinario. La tipificación convencional debe incorporar las acciones y omisiones que suponen faltas, distinguiendo los diversos grados, y las sanciones que llevan aparejadas. La tipificación de las infracciones debe describir acciones u omisiones necesariamente conectadas con el propio trabajo, sin que quepa reprochar o sancionar conductas ajenas a la relación laboral".

En similar sentido se pronuncia la sentencia de esta Sala de 7 de junio de 2021 (rs. 517/2021) al razonar que "...la facultad sancionadora del empresario ha de adecuarse al sistema sancionador previsto en el convenio que debe aplicar, sin olvidar aquellos principios generales, pero sometiéndose al principio de tipicidad que resulta del mismo, por ello dentro de las facultades judiciales en revisión de la decisión empresarial de extinguir el contrato por incumplimientos del trabajador se encuentra, como recuerda la STS 11-10-93 la de examinar la adecuación de las conductas imputadas a la descripción de faltas que se recogen en el cuadro sancionador correspondiente de la norma reglamentaria o convencional aplicable al caso y, si los incumplimientos no encajan en los supuestos tipificados como falta muy grave sancionable hasta con el despido, debe declarar la improcedencia del mismo por haber sido calificada la falta inadecuadamente por el empresario".

Junto a ello, también conviene señalar que el principio de tipicidad no puede quedar obviado por la práctica consistente en calificar las conductas sancionadas bajo tipos genéricos como la trasgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza o la negligencia en el desempeño del trabajo en su acepción más amplia e inespecífica que, prácticamente, la identifica con cualquier incumplimiento contractual, cuando en el sistema sancionador previsto en el convenio pueden existir otras posibilidades de tipificación más leves y ajustadas al principio de proporcionalidad.

5. Pues bien, de acuerdo con el régimen disciplinario establecido en el convenio colectivo aplicable, parece claro que la conducta de la demandante no encaja en ninguna de las infracciones señaladas en la carta de despido, sino que más bien se trata de una conducta negligente en el cumplimiento de los deberes laborales sancionable como falta leve o, en el peor de los casos, como falta grave, pero no como muy grave, como fue calificada por la entidad bancaria demandada.

Desde luego, no hay nada que indique que los hechos se hicieran con el propósito de ocultar, falsear o enmascarar la verdadera situación o naturaleza de los estados contables o de los riesgos contraídos -infracción 6ª-, pues en ningún momento se ocultó que los clientes eran presentados por don Gustavo -cliente de la oficina desde el año 2022- que daba su domicilio y teléfono para que se pudiera contactar con él, ni hubo riego de descubiertos que pudieran dañar al banco. Tampoco estamos ante un supuesto de indisciplina o desobediencia -infracción 9ª- entendida como la conducta renuente e injustificada al cumplimiento de una orden concreta y determinada. Y, por último, como hemos expuesto en el apartado anterior, el principio de tipicidad impide calificar las conductas sancionadas bajo tipos genéricos como la trasgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza -infracciones 1ª y 2ª- cuando los hechos que se pretenden sancionar están tipificados concretamente en el convenio colectivo aplicable.

Es verdad, y así consta, que el Banco de Santander -como otras entidades bancarias- tiene establecidos unos "criterios de actuación y operaciones de clientes presentados por prescriptores comerciales" -que se exponen en la sentencia y que damos por reproducidos- que exigen la adopción de una serie de medidas establecidas con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales. Unas están relacionadas con los prescriptores, que se resumen en la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de actuación y mantener una carpeta de cada prescriptor comercial donde se archive una copia del contrato y cualquier información relacionada que se considere relevante, así como atender cualquier incidencia o reclamación que se plantee (...). Y otras con los clientes presentados por el prescriptor, como son la verificación de la actividad profesional o empresarial y el control, análisis y calificación de las operaciones que realicen, etc.

También es cierto que no consta que en este supuesto se cumplieran escrupulosamente estos criterios en relación con las actuaciones llevadas a cabo por don Gustavo, sin que pueda servir de excusa el hecho de que este señor no tuviera la condición de prescriptor autorizado por el banco, pues con independencia de que no hubiera suscrito el correspondiente acuerdo no cabe duda que venía actuando como tal.

Estamos, por tanto, ante un incumplimiento, al menos parcial, por parte de la demandante de los deberes laborales establecidos en los mencionados criterios de actuación. Pero, más allá de ello, no consta que ese incumplimiento haya tenido ninguna repercusión para la entidad bancaria, para los clientes presentados por el Sr. Gustavo ni, desde luego, para el Estado en relación con un eventual blanqueo de capitales. Además, tales actuaciones no se realizaban de forma oculta para sortear los controles de la entidad, sino que se llevaban a efecto con plena transparencia y sin que conste que la demandante obtuviera ningún tipo de beneficio o compensación. Estamos, por consiguiente, ante una negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales -como se sostiene en este motivo del recurso- que el convenio colectivo de la banca sanciona como falta leve o grave, según se haya producido o no un perjuicio a los intereses de la empresa, pero no ante una infracción muy grave como la calificó la sentencia recurrida confirmando la sanción de despido impuesta por el Banco de Santander, por lo que procede revocar el pronunciamiento del Juzgado de lo Social y declarar la improcedencia del despido con las consecuencias establecidas en el artículo 56.1 ET en los términos expresado en el fallo de esta sentencia.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 LRJS no procede imponer condena en costas.