Sentencia Social 4380/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 220/2025 de 25 de julio del 2025

PRIMERO.-Por la codemandada Comercial Ed. SEM-CESM se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, estimando parcialmente la demanda, declaró la improcedencia del despido acordado en fecha 26 de julio de 2023, condenando a aquélla a que a su opción, a comunicar por escrito al Juzgado en el plazo de cinco días, readmitiese a la parte actora en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o le abonase una indemnización por importe de cuarenta y un mil cuatrocientos trece euros con ochenta y siete céntimos (41.413,87 euros), debiendo descontarse el importe ya percibido de veinticuatro mil seis euros con cincuenta céntimos (24.006,50 euros), resultando un total de diecisiete mil cuatrocientos siete euros con treinta y siete céntimos (17.407,37 euros); añadiendo que de optarse por la readmisión se deberían abonar los salarios dejados de percibir; no efectuando pronunciamiento alguno respecto al Fondo de Garantía salarial. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la calificación de la medida extintiva empresarial, postulando que sea la de despido procedente con las consecuencias inherentes a tal declaración.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la entidad codemandada recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado séptimo.

Comenzando por el ordinal séptimo, se propone la siguiente redacción alternativa:

"Consta comunicación de la Escola Pía de Cataluña a la empresa demandada a fecha 27 de junio de 2023, indicando que a partir del 31.08.2023 dan por finalizada su relación contractual con la citada mercantil. (doc. nº 3 empresa), afectando la extinción a un total de 19 centros escolares en Cataluña".

Invocándose, como fundamento de esta pretensión revisora, la prueba documental aportada como documento 3 del ramo de prueba de la recurrente, así como el folio 109 de las actuaciones, aquélla no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida en relación al extremo que se pretende adicionar. Así resulta de constituir la citada documental un elemento de convicción oportunamente ponderado por la magistrada de instancia en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia, concluyendo que los hechos en él referidos no resultan sustentados por prueba adicional alguna, así como sobre la ausencia de credibilidad del testigo Sr. Artemio que ratificó el segundo de los documentos invocados. No nos encontramos, por tanto, ante un error de valoración que deba ser enmendado en esta sede, único supuesto en que la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación permite la revisión fáctica, por cuanto la juzgadora de instancia motiva las conclusiones fácticas obrantes en el original redactado, resultantes a su vez del ejercicio de las facultades conferidas legalmente ex artículo 97.2 de la norma rituaria laboral. Tal como ha sido expuesto, tal valoración es efectuada de forma conjunta con el resto de elementos de convicción aportados, lo que determina que, no resultando procedente que por esta Sala se supla esa ponderación, la revisión instada se encuentre abocada al fracaso.

B) Adición de un nuevo ordinal, numerado décimo.

Se postula que su redactado sea el siguiente:

"El área de Cataluña en el curso 2022/2023 perdió un total de 25 centros escolares como clientes".

En aras a lograr el éxito de la adición propuesta, se invocan los folios 108 a 111 de las actuaciones, a que nos hemos referido en el anterior apartado del presente fundamento. Remitiéndonos a lo entonces expuesto, nuevamente procede estar a la ponderación efectuada por la juzgadora de instancia, que considera privada de valor probatorio a la referida prueba documental, por entender que tratándose de un listado efectuado por la mercantil codemandada de centros que se han dado de baja, sin venir acompañado por las cartas de fin de relación contractual de cada uno de los centros, y sin considerar dotado de valor de convicción a la testifical que los ratificó del Sr. Eugenio, gerente de la empresa, habida cuenta el interés laboral que le une con la empresa y tratarse del superior del actor.

A tal efecto, resulta de interés recordar los criterios reiteradamente establecidos por la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, conforme a la cual el proceso laboral está concebido como de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o jugadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores). Su aplicación determina la desestimación de la revisión postulada.

C) Adición de un nuevo ordinal, numerado décimo primero.

Como nuevo ordinal, con la numeración referida, se insta la adición del tenor literal que sigue:

"La Delegación de Cataluña a julio de 2023 gestionaba un total de 142 centros escolares, tiendo asignados D. Apolonio 50, Da Gema 55 y D. Eutimio 37, tras la amortización del puesto de trabajo de D. Eutimio, por la pérdida de 25 centros escolares se pasaron a gestionar en la delegación de Cataluña un total de 118 centros escolares, lo que supone que cada uno de los dos asesores comerciales gestione un total de 59 centros escolares siendo el número óptimo establecido de 65 centros escolares por asesor comercial."

De nuevo se invoca como fundamento de esta adición el folio 106 de las actuaciones, por lo que nos remitimos a lo expuesto en los apartados A y C del presente fundamento para su desestimación, al no proceder una nueva ponderación de tal documental, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación (por todas, STC 18/1993).

En suma, procede desestimar el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Al amparo del artículo 197.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, si bien con errónea cita del artículo 193.b) de aquella norma - al no haber sido interpuesto recurso de suplicación por la parte actora-, en el escrito de impugnación se insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

Conviene advertir que, encontrándonos ante escrito de impugnación del recurso, la finalidad de la previsión del artículo 197 de aquella norma no es la de que la parte que no ha recurrido en forma una sentencia pretenda que ésta sea revocada en base a nuevos hechos y argumentaciones que pudieran haberse aportado por esta vía sino que, por el contrario, tales posibles datos y razonamientos deben ir dirigidos, en su caso, a la confirmación de la sentencia impugnada ( SSTS/4ª de 9 de febrero de 2016,rco. 83/2016 , 14 de septiembre de 2016 (rco. 247/2015) y 24 de junio de 2019, rec. 10/2018). Así, constituye doctrina jurisprudencial citada en esta última sentencia que "la introducción en la LRJS de la expresa ampliación del contenido de los escritos de impugnación en los recursos de suplicación y de casación ordinaria ( art. 197.1 y 211.1.II LRJS ), así como la del posterior trámite de audiencia o alegaciones a favor de las otras partes cuando se hubieren formulado motivos o causas de oposición subsidiarias ( arts. 197.2 y 211.3 LRJS ), tiene como fundamento la adaptación de la normativa procesal social a la jurisprudencia constitucional (...)" si bien "en el escrito de impugnación del recurso de suplicación el impugnante puede limitarse a oponerse al recurso de suplicación o puede alegar: - Motivos de inadmisibilidad del recurso; - Rectificaciones de hechos; - Causas de oposición subsidiarias", que "En dicho escrito únicamente se puede interesar la confirmación de la sentencia recurrida. En modo alguno puede ser el cauce adecuado para la anulación o revocación total o parcial de la sentencia impugnada" (...) De dicho precepto no resulta que de estimarse, en su caso, las alegaciones contenidas en el escrito de impugnación, proceda alterar el contenido del fallo (...) La naturaleza del escrito de impugnación que, aún con toda la amplitud que le da el precepto, no es un recurso de suplicación, por lo que nunca puede alcanzar a revocar la sentencia recurrida por la otra parte".Si bien la jurisprudencia constitucional inspiradora de la reforma del precepto, admite la posibilidad de revisar los hechos probados y aducir nuevos fundamentos jurídicos en el escrito de impugnación, ello siempre es limitado a la finalidad de inadmisión o desestimación del recurso, no a la revocación de la sentencia impugnada.

La anterior doctrina determinará, anticipamos ya, nuestro pronunciamiento sobre la pretensión deducida en el escrito de impugnación en orden a revisar el relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado tercero.

Se postula por la parte actora impugnante que su redactado sea sustituido por el siguiente:

"En fecha 17 de abril de 2023 el actor inicia proceso de larga duración de IT derivado de un cuadro de ansiedad a consecuencia del trabajo".

Invocándose la documental acompañada a la demanda, nos encontramos ante un dato que tiene por objeto la revocación del pronunciamiento de instancia, instándose en el escrito de impugnación que sea declarada la nulidad del despido, lo que de forma evidente excede del objeto de aquél, que no puede pretender la revocación del pronunciamiento de instancia, al no haber sido interpuesto recurso de suplicación; lo que determina el fracaso de la revisión postulada.

B) Revisión del hecho probado cuarto.

La parte actora impugnante insta la siguiente redacción alternativa:

"(...) La empresa abonó al actor en concepto de indemnización por despido objetivo el importe de 24.006,50 euros netos.

La empresa no acredita con prueba objetiva, suficiente y fehaciente los motivos del despido objetivo, no quedando acreditado la reducción sustancial de clientes ni el cambio de metodología de trabajo, sin contar que en ningún momento computó los clientes que el demandante gestionaba en el principado de Andorra".

Dado que lo pretendido en el escrito de impugnación es la adición de la omisión de acreditación, con redactado negativo, procede estar a la reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual la mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de error de hecho ( SSTS/4ª de 14 de enero, 23 de octubre, 10 de noviembre 1986, 15 enero y 13 de marzo de 1.990, 23 de noviembre de 1.993, 21 de junio de 1.994, 11 de noviembre de 1.993, 26 de mayo de 2.009, 6 de marzo y 23 de abril de 2.012), siendo necesario que la revisión fáctica se base en concretos documentos o pericias demostrativos de la equivocación del juzgador o juzgadora. Decae, por ello, la revisión interesada.

C) Revisión del hecho probado séptimo.

Se insta en el escrito de impugnación que su redactado sea sustituido por el siguiente:

"Consta comunicación de la Escola Pía de Cataluña a la empresa demandada a fecha 27 de junio de 2023, indicando que a partir del 31.08.2023 dan por finalizada su relación contractual con la citada mercantil (doc núm.3 empresa), no acreditando la empresa con prueba objetiva, suficiente y fehaciente, de cuantos centros se trata y de si dichos centros pertenecen a la cartera de clientes del demandante, sucediendo exactamente lo mismo con el resto de clientes que supuestamente han de causar baja y si estos corresponden a la cartera de clientes asignados al demandante, ni si nos encontramos ante la finalización natural del contrato del periodo escolar 2022-2023, determinando que la empresa no ha aportado una justificación objetiva y razonable que excluya la causa discriminatoria, más cuando ha dispuesto de tiempo material para hacerlo además de disponer de los medios y herramientas para poder acreditar cuanto la demandada dijo en su carta de despido y en el acto de la vista".

Nuevamente nos encontramos ante pretensión de adición del resultado negativo de la prueba practicada, por lo que procede remitirse a lo expuesto en el anterior apartado del presente fundamento para su desestimación.

Por todo lo expuesto, se desestima la revisión de hechos probados postulada por la parte actora impugnante.

CUARTO.-Como segundo motivo del recurso, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte demandada recurrente denuncia la infracción de los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores en relación con la concurrencia de las causas organizativas y productivas. Se argumenta que la empresa fundamenta la amortización del puesto de trabajo del demandante en la reducción muy significativa de clientes (centros escolares) que se produjo en julio de 2023, pasándose de ciento cuarenta y dos (142) a ciento dieciocho (118), por lo que añadido al plan nacional de ventas, en la que dado la nueva forma de vender mucho más telemática que presencial, el número óptimo de clientes por cada comercial era de sesenta y cinco (65), por lo que antes de la reducción de clientes de julio de 2023, los dos compañeros del demandante, ya tenían asignados cincuenta y tres (53) clientes cada uno, y era el demandante el que tenía sólo asignados treinta y siete (37) clientes. Se alude a que la disminución de los clientes (centros escolares) ha sido acreditada por la comunicación que se remitió a la demandada por el representante de Escola Pía de Catalunya, conteniéndose la concreción del número de centros a los que afectaba dicha comunicación de terminación de la prestación de servicios en los folios 108 a 110, consistentes en los archivos que constan en la empresa, habiendo sido ratificados por el responsable de Educamos en España, siendo la totalidad de la documental coherente con las respuestas dadas por el testigo, por lo que se debe tener por probada la disminución de centros escolares como clientes de la empresa. Basándose en tales alegaciones, se insta la calificación como procedente del despido, al haber sido acreditadas las causas esgrimidas en la carta, con las consecuencias inherentes a tal declaración.

La parte actora, al impugnar el recurso, opone que la sentencia incurre en incongruencia, además de haberse vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva durante la tramitación de la litis, interesando la petición principal de nulidad del despido por haberse producido en tanto el actor se encontraba en situación de incapacidad temporal, así como el abono de los salarios de trámite más la indemnización por vulneración de derechos fundamentales de veinticinco mil euros (25.000€); y de forma subsidiaria se instó la confirmación de la sentencia en todos sus términos.

Como expusimos en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución, pese al contenido del escrito de impugnación en que se insta con carácter principal la revocación del pronunciamiento de instancia así como la calificación como nulo del despido, dado que no ha sido interpuesto recurso por la parte actora, el objeto de nuestro pronunciamiento ha de circunscribirse a la calificación como improcedente o procedente del despido, sin que la vulneración de derechos fundamentales esgrimida en la demanda integre aquél, al haber alcanzado firmeza el referido pronunciamiento desestimatorio (si bien tácito) de la nulidad del despido. La parte actora pudo interponer recurso de suplicación, a través del cual hubiera podido denunciar el vicio procesal ahora enunciado así como impugnar la calificación del despido, lo que no efectuó, sin que el escrito de impugnación resulte idóneo a tal fin, conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial en la materia anteriormente citada.

Centrándonos en el objeto del recurso, la sentencia recurrida concluye sobre la improcedencia del despido debido a la ausencia de acreditación de las causas esgrimidas en la carta de despido. De su literalidad se desprende que la extinción del contrato de trabajo del actor fue acordada por causas objetivas de carácter organizativo y productivo, aludiéndose en la misma que ".... El pasado mes de febrero de 2023 se comunicaron dos cambios organizativos que tenían como objetivo principal poner foco en mejorar el conocimiento del cliente Educamos incrementar su posicionamiento en el mercado educativo, de forma que responsa al crecimiento previsto en el Plan Estratégico 23-26. Estos dos cambios han sido: por una parte, la gerencia de SM Educamos España, a la que Vd. Pertenece, ha pasado a depender de la Dirección General de España, liderada por Luis Manuel. Eugenio, Gerente de SM Educamos, continúa asumiendo las funciones a su cargo. Por otra parte, y con objeto de dinamizar la red comercial y de llegar al cliente de manera coordinada y efectiva, se anunció que, a partir de 1 de marzo de 2023, los asesores de SM Educamos, que hasta la fecha dependían de la dirección nacional de centros, dentro de la Dirección de Clientes en España, pasaban a desempeñar sus funciones bajo la estructura de la Gerencia de SM Educamos. (...) En este sentido, el número de asesores es de 23 en todo el territorio nacional y con motivo del cambio de comportamiento en la gestión de las ventas que, tal y como hemos comentado, ha incrementado el volumen de actuaciones telemáticas, la gerencia de Educamos ha presentado a la Dirección de ventas que contempla una planificación de cartera que pretende incrementar la asignación de clientes por asesor, pasando de los 50 actuales de promedio a nivel nacional, a una asignación de 65 clientes en promedio. La estructura de asesores Educamos de la delegación de Cataluña-Baleares contaba, hasta este mes de julio, con una cartera de 139 centros por asesor. Sin embargo, a lo largo de este mes de julio ha causado baja como cl8ientes 23 centros, y se eta a la espera de que todavía se confirme alguna más, por lo que los Clientes actuales en la delegación de Cataluña-Baleares asciende a 116 clientes estando asignado a tres asesores Educamos. Por lo que se refiere a su puesto en particular, de los 139 centros clientes de la delegación que había antes de las ultimas bajas, Vd. Gestiona solamente 36 centros frente a los 103 que han estado gestionado sus otros dos compañeros. En este contexto, y debido a la reducción sustancial de clientes, unido además a que el tiempo que cada asesor dedica a cada cliente, dado que, tal y como hemos venido explicado, en la mayoría de los casos no es necesario el desplazamiento por utilización de medios telemáticos para mantener las reuniones, la Dirección de la compañía entiende que la red de la delegación Cataluña-Baleares se puede gestionar con dos asesores de Educamos que quedarían con un promedio de 58 centros por asesor con la cartera que se ha mantenido en el área territorial hasta la presente campaña comercial. En este contexto la Dirección de la compañía ha tomado la decisión de amortizar su puesto de trabajo, lo que contribuirá a la eficiencia de la estructura organizativa, existiendo de esta manera una clara conexión funcionan entre las causas alegadas y la amortización de su puesto de trabajo en los términos explicados anteriormente. ... ".

Circunscribiéndose las causas alegadas tanto al cambio de gerencia de la entidad Educamos España, que habría pasado a depender de la Dirección General de España, como al incremento de clientes por asesor, al haber causado baja determinados centros, lo que se aduce que habría comportado la decisión de la amortización del puesto de trabajo del actor, las mismas no han sido objeto de acreditación. En efecto, concluye la sentencia de instancia, en extremo inmodificado en esta sede, que tales causas no han sido acreditadas, pero tal conclusión se ve precedida de la atinente al carácter genérico de la carta de despido. Así, se expone que la empresa no identifica en la citada carta cuáles eran los 23 centros que habían causado baja en la mercantil, a fin de poder desplegar el trabajador sus medios de defensa, y poder citar a sus representantes a juicio, para que acreditasen la realidad de la baja; sin que el trabajador hubiera podido articular su defensa de manera apropiada si desconoce quienes eran los clientes que se dieron de baja en la referida mercantil; por lo que se considera que procede declarar la improcedencia del despido, al no ser ajustado a derecho en cuanto a su formalización comunicativa. No habiendo sido combatida esta conclusión jurídica, procede confirmar el pronunciamiento de instancia sobre la calificación del despido, sin necesidad de adicionales argumentaciones.

Ello no obstante, en aras a salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente, efectuaremos determinadas consideraciones adicionales entorno a las causas del despido esgrimidas en la carta. Al respecto, resulta de interés recordar que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 52.c) del mismo cuerpo legal, dispone que concurren las causas organizativas "cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción".Cambios, éstos, que ni han sido acreditados ni pueden colegirse del inmodificado relato de hechos probados de la sentencia de instancia. Si bien el recurso pretende circunscribir los mismos a la baja como clientes de veintitrés centros educativos, esta circunstancia no resulta del relato fáctico. Se incurre, con ello, en el vicio procesal de la "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida (por todas, SSTS/4ª 943/2022, de 29 de noviembre (rec. 119/2022); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022); 26/2023, de 11 de enero (rec. 149/2021) y 998/2024, de 9 de julio (rec. 234/2022), lo que determina el fracaso de la infracción denunciada.

Y otro tanto ha de concluirse en relación a las causas organizativas, resultando inhábiles a tales efectos los argumentos atinentes a la superior virtualidad probatoria que debió otorgarse a determinada documental, al no haber sido estimada en esta sede la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia. Tal como ha señalado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, "el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-). En aplicación de esta doctrina, la acreditación de la causa hubiese precisado la de las circunstancias en que pretendió sustentarse el despido, sin que puedan equipararse a una causa abstracta, sino que ha de probarse una "causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-).

A mayor abundamiento, aun cuando hubiese sido acreditada la causa (dicho sea a los meros efectos dialécticos), tampoco podría desprenderse del relato fáctico la razonabilidad de la medida extintiva, en los términos descritos jurisprudencialmente. A este respecto, compendia la unificada doctrina la STS/4ª de 19 de diciembre de 2023 (recurso 3481/2022), recordando que " la Sala ha reiterado (SSTS 726/2018, de 10 de julio, Rcud. 1332/2017 ; 741/2018, de 11 de julio, Rcud. 467/2017 y 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020 ; entre otras) que por fuerza persiste un ámbito de control judicial fuera de la "causa" como hecho, no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos ya que, entre otras razones, el derecho al trabajo ( artículo 35 CE ) en su dimensión individual se concreta -aparte del derecho de obtención de puesto de trabajo en igualdad de condiciones- en "el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos sino existe una justa causa" ( SSTC 22/1981 , de 2 de Julio ; 125/1994, de 25 de Abril ; y 192/2003, de 27 de Octubre ) (...).Y añade la citada sentencia que "el citado juicio de razonabilidad tendría una triple proyección y sucesivo escalonamiento: 1) Sobre la existencia de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial extintiva. 2) Sobre la adecuación de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la misma se ajusta a los fines - legales- que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa. Y 3) Sobre la racionalidad propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a derecho las medidas empresariales carentes de una elemental proporcionalidad. Juicio este último -de proporcionalidad- que ha de ser entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa idoneidad de la medida a adoptar por el empresario, ni tampoco censurar su oportunidad en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse -como carentes de razonabilidad y por ello ilícitas- aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS de 27 de enero de 2014 -Rec. 100/13 -; y de 26 de marzo de 2014 -Rec. 158/13 ). Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, teniendo en cuenta, además, que no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial".Ninguno de tales extremos pueden colegirse del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, lo que determinaría (dicho sea, insistimos, a los meros efectos dialécticos) la improcedencia del despido.

Se argumenta asimismo en el recurso, partiendo de datos fácticos ausentes del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, que si no se hubiese procedido a la amortización del puesto de trabajo del demandante, se estaría infrautilizando los recursos humanos de la empresa, ya que se estarían gestionando un total de 118 centros escolares entre tres asesores, cuando un equipo de tres asesores puede gestionar 195 centros escolares (65 centros * 3 asesores). Sin embargo, tratándose de datos que no obran en el referido relato fáctico, procede nuevamente concluir sobre la ausencia de acreditación de causa que determine la redistribución de las tareas asumidas por quienes prestan servicios como asesore/as en la empresa, con fracaso de la infracción denunciada.

Por todo ello, procede confirmar la improcedencia del despido, con las consecuencias inherentes a tal declaración. Habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, decae la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte codemandada recurrente, las cuales incluirán los honorarios de la letrada de la parte actora impugnante en cuantía de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204, apartado 4, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Por la codemandada Comercial Ed. SEM-CESM se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, estimando parcialmente la demanda, declaró la improcedencia del despido acordado en fecha 26 de julio de 2023, condenando a aquélla a que a su opción, a comunicar por escrito al Juzgado en el plazo de cinco días, readmitiese a la parte actora en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o le abonase una indemnización por importe de cuarenta y un mil cuatrocientos trece euros con ochenta y siete céntimos (41.413,87 euros), debiendo descontarse el importe ya percibido de veinticuatro mil seis euros con cincuenta céntimos (24.006,50 euros), resultando un total de diecisiete mil cuatrocientos siete euros con treinta y siete céntimos (17.407,37 euros); añadiendo que de optarse por la readmisión se deberían abonar los salarios dejados de percibir; no efectuando pronunciamiento alguno respecto al Fondo de Garantía salarial. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la calificación de la medida extintiva empresarial, postulando que sea la de despido procedente con las consecuencias inherentes a tal declaración.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la entidad codemandada recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado séptimo.

Comenzando por el ordinal séptimo, se propone la siguiente redacción alternativa:

"Consta comunicación de la Escola Pía de Cataluña a la empresa demandada a fecha 27 de junio de 2023, indicando que a partir del 31.08.2023 dan por finalizada su relación contractual con la citada mercantil. (doc. nº 3 empresa), afectando la extinción a un total de 19 centros escolares en Cataluña".

Invocándose, como fundamento de esta pretensión revisora, la prueba documental aportada como documento 3 del ramo de prueba de la recurrente, así como el folio 109 de las actuaciones, aquélla no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida en relación al extremo que se pretende adicionar. Así resulta de constituir la citada documental un elemento de convicción oportunamente ponderado por la magistrada de instancia en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia, concluyendo que los hechos en él referidos no resultan sustentados por prueba adicional alguna, así como sobre la ausencia de credibilidad del testigo Sr. Artemio que ratificó el segundo de los documentos invocados. No nos encontramos, por tanto, ante un error de valoración que deba ser enmendado en esta sede, único supuesto en que la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación permite la revisión fáctica, por cuanto la juzgadora de instancia motiva las conclusiones fácticas obrantes en el original redactado, resultantes a su vez del ejercicio de las facultades conferidas legalmente ex artículo 97.2 de la norma rituaria laboral. Tal como ha sido expuesto, tal valoración es efectuada de forma conjunta con el resto de elementos de convicción aportados, lo que determina que, no resultando procedente que por esta Sala se supla esa ponderación, la revisión instada se encuentre abocada al fracaso.

B) Adición de un nuevo ordinal, numerado décimo.

Se postula que su redactado sea el siguiente:

"El área de Cataluña en el curso 2022/2023 perdió un total de 25 centros escolares como clientes".

En aras a lograr el éxito de la adición propuesta, se invocan los folios 108 a 111 de las actuaciones, a que nos hemos referido en el anterior apartado del presente fundamento. Remitiéndonos a lo entonces expuesto, nuevamente procede estar a la ponderación efectuada por la juzgadora de instancia, que considera privada de valor probatorio a la referida prueba documental, por entender que tratándose de un listado efectuado por la mercantil codemandada de centros que se han dado de baja, sin venir acompañado por las cartas de fin de relación contractual de cada uno de los centros, y sin considerar dotado de valor de convicción a la testifical que los ratificó del Sr. Eugenio, gerente de la empresa, habida cuenta el interés laboral que le une con la empresa y tratarse del superior del actor.

A tal efecto, resulta de interés recordar los criterios reiteradamente establecidos por la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, conforme a la cual el proceso laboral está concebido como de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o jugadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores). Su aplicación determina la desestimación de la revisión postulada.

C) Adición de un nuevo ordinal, numerado décimo primero.

Como nuevo ordinal, con la numeración referida, se insta la adición del tenor literal que sigue:

"La Delegación de Cataluña a julio de 2023 gestionaba un total de 142 centros escolares, tiendo asignados D. Apolonio 50, Da Gema 55 y D. Eutimio 37, tras la amortización del puesto de trabajo de D. Eutimio, por la pérdida de 25 centros escolares se pasaron a gestionar en la delegación de Cataluña un total de 118 centros escolares, lo que supone que cada uno de los dos asesores comerciales gestione un total de 59 centros escolares siendo el número óptimo establecido de 65 centros escolares por asesor comercial."

De nuevo se invoca como fundamento de esta adición el folio 106 de las actuaciones, por lo que nos remitimos a lo expuesto en los apartados A y C del presente fundamento para su desestimación, al no proceder una nueva ponderación de tal documental, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación (por todas, STC 18/1993).

En suma, procede desestimar el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Al amparo del artículo 197.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, si bien con errónea cita del artículo 193.b) de aquella norma - al no haber sido interpuesto recurso de suplicación por la parte actora-, en el escrito de impugnación se insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

Conviene advertir que, encontrándonos ante escrito de impugnación del recurso, la finalidad de la previsión del artículo 197 de aquella norma no es la de que la parte que no ha recurrido en forma una sentencia pretenda que ésta sea revocada en base a nuevos hechos y argumentaciones que pudieran haberse aportado por esta vía sino que, por el contrario, tales posibles datos y razonamientos deben ir dirigidos, en su caso, a la confirmación de la sentencia impugnada ( SSTS/4ª de 9 de febrero de 2016,rco. 83/2016 , 14 de septiembre de 2016 (rco. 247/2015) y 24 de junio de 2019, rec. 10/2018). Así, constituye doctrina jurisprudencial citada en esta última sentencia que "la introducción en la LRJS de la expresa ampliación del contenido de los escritos de impugnación en los recursos de suplicación y de casación ordinaria ( art. 197.1 y 211.1.II LRJS ), así como la del posterior trámite de audiencia o alegaciones a favor de las otras partes cuando se hubieren formulado motivos o causas de oposición subsidiarias ( arts. 197.2 y 211.3 LRJS ), tiene como fundamento la adaptación de la normativa procesal social a la jurisprudencia constitucional (...)" si bien "en el escrito de impugnación del recurso de suplicación el impugnante puede limitarse a oponerse al recurso de suplicación o puede alegar: - Motivos de inadmisibilidad del recurso; - Rectificaciones de hechos; - Causas de oposición subsidiarias", que "En dicho escrito únicamente se puede interesar la confirmación de la sentencia recurrida. En modo alguno puede ser el cauce adecuado para la anulación o revocación total o parcial de la sentencia impugnada" (...) De dicho precepto no resulta que de estimarse, en su caso, las alegaciones contenidas en el escrito de impugnación, proceda alterar el contenido del fallo (...) La naturaleza del escrito de impugnación que, aún con toda la amplitud que le da el precepto, no es un recurso de suplicación, por lo que nunca puede alcanzar a revocar la sentencia recurrida por la otra parte".Si bien la jurisprudencia constitucional inspiradora de la reforma del precepto, admite la posibilidad de revisar los hechos probados y aducir nuevos fundamentos jurídicos en el escrito de impugnación, ello siempre es limitado a la finalidad de inadmisión o desestimación del recurso, no a la revocación de la sentencia impugnada.

La anterior doctrina determinará, anticipamos ya, nuestro pronunciamiento sobre la pretensión deducida en el escrito de impugnación en orden a revisar el relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado tercero.

Se postula por la parte actora impugnante que su redactado sea sustituido por el siguiente:

"En fecha 17 de abril de 2023 el actor inicia proceso de larga duración de IT derivado de un cuadro de ansiedad a consecuencia del trabajo".

Invocándose la documental acompañada a la demanda, nos encontramos ante un dato que tiene por objeto la revocación del pronunciamiento de instancia, instándose en el escrito de impugnación que sea declarada la nulidad del despido, lo que de forma evidente excede del objeto de aquél, que no puede pretender la revocación del pronunciamiento de instancia, al no haber sido interpuesto recurso de suplicación; lo que determina el fracaso de la revisión postulada.

B) Revisión del hecho probado cuarto.

La parte actora impugnante insta la siguiente redacción alternativa:

"(...) La empresa abonó al actor en concepto de indemnización por despido objetivo el importe de 24.006,50 euros netos.

La empresa no acredita con prueba objetiva, suficiente y fehaciente los motivos del despido objetivo, no quedando acreditado la reducción sustancial de clientes ni el cambio de metodología de trabajo, sin contar que en ningún momento computó los clientes que el demandante gestionaba en el principado de Andorra".

Dado que lo pretendido en el escrito de impugnación es la adición de la omisión de acreditación, con redactado negativo, procede estar a la reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual la mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de error de hecho ( SSTS/4ª de 14 de enero, 23 de octubre, 10 de noviembre 1986, 15 enero y 13 de marzo de 1.990, 23 de noviembre de 1.993, 21 de junio de 1.994, 11 de noviembre de 1.993, 26 de mayo de 2.009, 6 de marzo y 23 de abril de 2.012), siendo necesario que la revisión fáctica se base en concretos documentos o pericias demostrativos de la equivocación del juzgador o juzgadora. Decae, por ello, la revisión interesada.

C) Revisión del hecho probado séptimo.

Se insta en el escrito de impugnación que su redactado sea sustituido por el siguiente:

"Consta comunicación de la Escola Pía de Cataluña a la empresa demandada a fecha 27 de junio de 2023, indicando que a partir del 31.08.2023 dan por finalizada su relación contractual con la citada mercantil (doc núm.3 empresa), no acreditando la empresa con prueba objetiva, suficiente y fehaciente, de cuantos centros se trata y de si dichos centros pertenecen a la cartera de clientes del demandante, sucediendo exactamente lo mismo con el resto de clientes que supuestamente han de causar baja y si estos corresponden a la cartera de clientes asignados al demandante, ni si nos encontramos ante la finalización natural del contrato del periodo escolar 2022-2023, determinando que la empresa no ha aportado una justificación objetiva y razonable que excluya la causa discriminatoria, más cuando ha dispuesto de tiempo material para hacerlo además de disponer de los medios y herramientas para poder acreditar cuanto la demandada dijo en su carta de despido y en el acto de la vista".

Nuevamente nos encontramos ante pretensión de adición del resultado negativo de la prueba practicada, por lo que procede remitirse a lo expuesto en el anterior apartado del presente fundamento para su desestimación.

Por todo lo expuesto, se desestima la revisión de hechos probados postulada por la parte actora impugnante.

CUARTO.-Como segundo motivo del recurso, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte demandada recurrente denuncia la infracción de los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores en relación con la concurrencia de las causas organizativas y productivas. Se argumenta que la empresa fundamenta la amortización del puesto de trabajo del demandante en la reducción muy significativa de clientes (centros escolares) que se produjo en julio de 2023, pasándose de ciento cuarenta y dos (142) a ciento dieciocho (118), por lo que añadido al plan nacional de ventas, en la que dado la nueva forma de vender mucho más telemática que presencial, el número óptimo de clientes por cada comercial era de sesenta y cinco (65), por lo que antes de la reducción de clientes de julio de 2023, los dos compañeros del demandante, ya tenían asignados cincuenta y tres (53) clientes cada uno, y era el demandante el que tenía sólo asignados treinta y siete (37) clientes. Se alude a que la disminución de los clientes (centros escolares) ha sido acreditada por la comunicación que se remitió a la demandada por el representante de Escola Pía de Catalunya, conteniéndose la concreción del número de centros a los que afectaba dicha comunicación de terminación de la prestación de servicios en los folios 108 a 110, consistentes en los archivos que constan en la empresa, habiendo sido ratificados por el responsable de Educamos en España, siendo la totalidad de la documental coherente con las respuestas dadas por el testigo, por lo que se debe tener por probada la disminución de centros escolares como clientes de la empresa. Basándose en tales alegaciones, se insta la calificación como procedente del despido, al haber sido acreditadas las causas esgrimidas en la carta, con las consecuencias inherentes a tal declaración.

La parte actora, al impugnar el recurso, opone que la sentencia incurre en incongruencia, además de haberse vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva durante la tramitación de la litis, interesando la petición principal de nulidad del despido por haberse producido en tanto el actor se encontraba en situación de incapacidad temporal, así como el abono de los salarios de trámite más la indemnización por vulneración de derechos fundamentales de veinticinco mil euros (25.000€); y de forma subsidiaria se instó la confirmación de la sentencia en todos sus términos.

Como expusimos en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución, pese al contenido del escrito de impugnación en que se insta con carácter principal la revocación del pronunciamiento de instancia así como la calificación como nulo del despido, dado que no ha sido interpuesto recurso por la parte actora, el objeto de nuestro pronunciamiento ha de circunscribirse a la calificación como improcedente o procedente del despido, sin que la vulneración de derechos fundamentales esgrimida en la demanda integre aquél, al haber alcanzado firmeza el referido pronunciamiento desestimatorio (si bien tácito) de la nulidad del despido. La parte actora pudo interponer recurso de suplicación, a través del cual hubiera podido denunciar el vicio procesal ahora enunciado así como impugnar la calificación del despido, lo que no efectuó, sin que el escrito de impugnación resulte idóneo a tal fin, conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial en la materia anteriormente citada.

Centrándonos en el objeto del recurso, la sentencia recurrida concluye sobre la improcedencia del despido debido a la ausencia de acreditación de las causas esgrimidas en la carta de despido. De su literalidad se desprende que la extinción del contrato de trabajo del actor fue acordada por causas objetivas de carácter organizativo y productivo, aludiéndose en la misma que ".... El pasado mes de febrero de 2023 se comunicaron dos cambios organizativos que tenían como objetivo principal poner foco en mejorar el conocimiento del cliente Educamos incrementar su posicionamiento en el mercado educativo, de forma que responsa al crecimiento previsto en el Plan Estratégico 23-26. Estos dos cambios han sido: por una parte, la gerencia de SM Educamos España, a la que Vd. Pertenece, ha pasado a depender de la Dirección General de España, liderada por Luis Manuel. Eugenio, Gerente de SM Educamos, continúa asumiendo las funciones a su cargo. Por otra parte, y con objeto de dinamizar la red comercial y de llegar al cliente de manera coordinada y efectiva, se anunció que, a partir de 1 de marzo de 2023, los asesores de SM Educamos, que hasta la fecha dependían de la dirección nacional de centros, dentro de la Dirección de Clientes en España, pasaban a desempeñar sus funciones bajo la estructura de la Gerencia de SM Educamos. (...) En este sentido, el número de asesores es de 23 en todo el territorio nacional y con motivo del cambio de comportamiento en la gestión de las ventas que, tal y como hemos comentado, ha incrementado el volumen de actuaciones telemáticas, la gerencia de Educamos ha presentado a la Dirección de ventas que contempla una planificación de cartera que pretende incrementar la asignación de clientes por asesor, pasando de los 50 actuales de promedio a nivel nacional, a una asignación de 65 clientes en promedio. La estructura de asesores Educamos de la delegación de Cataluña-Baleares contaba, hasta este mes de julio, con una cartera de 139 centros por asesor. Sin embargo, a lo largo de este mes de julio ha causado baja como cl8ientes 23 centros, y se eta a la espera de que todavía se confirme alguna más, por lo que los Clientes actuales en la delegación de Cataluña-Baleares asciende a 116 clientes estando asignado a tres asesores Educamos. Por lo que se refiere a su puesto en particular, de los 139 centros clientes de la delegación que había antes de las ultimas bajas, Vd. Gestiona solamente 36 centros frente a los 103 que han estado gestionado sus otros dos compañeros. En este contexto, y debido a la reducción sustancial de clientes, unido además a que el tiempo que cada asesor dedica a cada cliente, dado que, tal y como hemos venido explicado, en la mayoría de los casos no es necesario el desplazamiento por utilización de medios telemáticos para mantener las reuniones, la Dirección de la compañía entiende que la red de la delegación Cataluña-Baleares se puede gestionar con dos asesores de Educamos que quedarían con un promedio de 58 centros por asesor con la cartera que se ha mantenido en el área territorial hasta la presente campaña comercial. En este contexto la Dirección de la compañía ha tomado la decisión de amortizar su puesto de trabajo, lo que contribuirá a la eficiencia de la estructura organizativa, existiendo de esta manera una clara conexión funcionan entre las causas alegadas y la amortización de su puesto de trabajo en los términos explicados anteriormente. ... ".

Circunscribiéndose las causas alegadas tanto al cambio de gerencia de la entidad Educamos España, que habría pasado a depender de la Dirección General de España, como al incremento de clientes por asesor, al haber causado baja determinados centros, lo que se aduce que habría comportado la decisión de la amortización del puesto de trabajo del actor, las mismas no han sido objeto de acreditación. En efecto, concluye la sentencia de instancia, en extremo inmodificado en esta sede, que tales causas no han sido acreditadas, pero tal conclusión se ve precedida de la atinente al carácter genérico de la carta de despido. Así, se expone que la empresa no identifica en la citada carta cuáles eran los 23 centros que habían causado baja en la mercantil, a fin de poder desplegar el trabajador sus medios de defensa, y poder citar a sus representantes a juicio, para que acreditasen la realidad de la baja; sin que el trabajador hubiera podido articular su defensa de manera apropiada si desconoce quienes eran los clientes que se dieron de baja en la referida mercantil; por lo que se considera que procede declarar la improcedencia del despido, al no ser ajustado a derecho en cuanto a su formalización comunicativa. No habiendo sido combatida esta conclusión jurídica, procede confirmar el pronunciamiento de instancia sobre la calificación del despido, sin necesidad de adicionales argumentaciones.

Ello no obstante, en aras a salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente, efectuaremos determinadas consideraciones adicionales entorno a las causas del despido esgrimidas en la carta. Al respecto, resulta de interés recordar que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 52.c) del mismo cuerpo legal, dispone que concurren las causas organizativas "cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción".Cambios, éstos, que ni han sido acreditados ni pueden colegirse del inmodificado relato de hechos probados de la sentencia de instancia. Si bien el recurso pretende circunscribir los mismos a la baja como clientes de veintitrés centros educativos, esta circunstancia no resulta del relato fáctico. Se incurre, con ello, en el vicio procesal de la "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida (por todas, SSTS/4ª 943/2022, de 29 de noviembre (rec. 119/2022); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022); 26/2023, de 11 de enero (rec. 149/2021) y 998/2024, de 9 de julio (rec. 234/2022), lo que determina el fracaso de la infracción denunciada.

Y otro tanto ha de concluirse en relación a las causas organizativas, resultando inhábiles a tales efectos los argumentos atinentes a la superior virtualidad probatoria que debió otorgarse a determinada documental, al no haber sido estimada en esta sede la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia. Tal como ha señalado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, "el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-). En aplicación de esta doctrina, la acreditación de la causa hubiese precisado la de las circunstancias en que pretendió sustentarse el despido, sin que puedan equipararse a una causa abstracta, sino que ha de probarse una "causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-).

A mayor abundamiento, aun cuando hubiese sido acreditada la causa (dicho sea a los meros efectos dialécticos), tampoco podría desprenderse del relato fáctico la razonabilidad de la medida extintiva, en los términos descritos jurisprudencialmente. A este respecto, compendia la unificada doctrina la STS/4ª de 19 de diciembre de 2023 (recurso 3481/2022), recordando que " la Sala ha reiterado (SSTS 726/2018, de 10 de julio, Rcud. 1332/2017 ; 741/2018, de 11 de julio, Rcud. 467/2017 y 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020 ; entre otras) que por fuerza persiste un ámbito de control judicial fuera de la "causa" como hecho, no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos ya que, entre otras razones, el derecho al trabajo ( artículo 35 CE ) en su dimensión individual se concreta -aparte del derecho de obtención de puesto de trabajo en igualdad de condiciones- en "el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos sino existe una justa causa" ( SSTC 22/1981 , de 2 de Julio ; 125/1994, de 25 de Abril ; y 192/2003, de 27 de Octubre ) (...).Y añade la citada sentencia que "el citado juicio de razonabilidad tendría una triple proyección y sucesivo escalonamiento: 1) Sobre la existencia de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial extintiva. 2) Sobre la adecuación de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la misma se ajusta a los fines - legales- que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa. Y 3) Sobre la racionalidad propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a derecho las medidas empresariales carentes de una elemental proporcionalidad. Juicio este último -de proporcionalidad- que ha de ser entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa idoneidad de la medida a adoptar por el empresario, ni tampoco censurar su oportunidad en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse -como carentes de razonabilidad y por ello ilícitas- aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS de 27 de enero de 2014 -Rec. 100/13 -; y de 26 de marzo de 2014 -Rec. 158/13 ). Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, teniendo en cuenta, además, que no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial".Ninguno de tales extremos pueden colegirse del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, lo que determinaría (dicho sea, insistimos, a los meros efectos dialécticos) la improcedencia del despido.

Se argumenta asimismo en el recurso, partiendo de datos fácticos ausentes del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, que si no se hubiese procedido a la amortización del puesto de trabajo del demandante, se estaría infrautilizando los recursos humanos de la empresa, ya que se estarían gestionando un total de 118 centros escolares entre tres asesores, cuando un equipo de tres asesores puede gestionar 195 centros escolares (65 centros * 3 asesores). Sin embargo, tratándose de datos que no obran en el referido relato fáctico, procede nuevamente concluir sobre la ausencia de acreditación de causa que determine la redistribución de las tareas asumidas por quienes prestan servicios como asesore/as en la empresa, con fracaso de la infracción denunciada.

Por todo ello, procede confirmar la improcedencia del despido, con las consecuencias inherentes a tal declaración. Habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, decae la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte codemandada recurrente, las cuales incluirán los honorarios de la letrada de la parte actora impugnante en cuantía de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204, apartado 4, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Por la codemandada Comercial Ed. SEM-CESM se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, estimando parcialmente la demanda, declaró la improcedencia del despido acordado en fecha 26 de julio de 2023, condenando a aquélla a que a su opción, a comunicar por escrito al Juzgado en el plazo de cinco días, readmitiese a la parte actora en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o le abonase una indemnización por importe de cuarenta y un mil cuatrocientos trece euros con ochenta y siete céntimos (41.413,87 euros), debiendo descontarse el importe ya percibido de veinticuatro mil seis euros con cincuenta céntimos (24.006,50 euros), resultando un total de diecisiete mil cuatrocientos siete euros con treinta y siete céntimos (17.407,37 euros); añadiendo que de optarse por la readmisión se deberían abonar los salarios dejados de percibir; no efectuando pronunciamiento alguno respecto al Fondo de Garantía salarial. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la calificación de la medida extintiva empresarial, postulando que sea la de despido procedente con las consecuencias inherentes a tal declaración.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la entidad codemandada recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado séptimo.

Comenzando por el ordinal séptimo, se propone la siguiente redacción alternativa:

"Consta comunicación de la Escola Pía de Cataluña a la empresa demandada a fecha 27 de junio de 2023, indicando que a partir del 31.08.2023 dan por finalizada su relación contractual con la citada mercantil. (doc. nº 3 empresa), afectando la extinción a un total de 19 centros escolares en Cataluña".

Invocándose, como fundamento de esta pretensión revisora, la prueba documental aportada como documento 3 del ramo de prueba de la recurrente, así como el folio 109 de las actuaciones, aquélla no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida en relación al extremo que se pretende adicionar. Así resulta de constituir la citada documental un elemento de convicción oportunamente ponderado por la magistrada de instancia en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia, concluyendo que los hechos en él referidos no resultan sustentados por prueba adicional alguna, así como sobre la ausencia de credibilidad del testigo Sr. Artemio que ratificó el segundo de los documentos invocados. No nos encontramos, por tanto, ante un error de valoración que deba ser enmendado en esta sede, único supuesto en que la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación permite la revisión fáctica, por cuanto la juzgadora de instancia motiva las conclusiones fácticas obrantes en el original redactado, resultantes a su vez del ejercicio de las facultades conferidas legalmente ex artículo 97.2 de la norma rituaria laboral. Tal como ha sido expuesto, tal valoración es efectuada de forma conjunta con el resto de elementos de convicción aportados, lo que determina que, no resultando procedente que por esta Sala se supla esa ponderación, la revisión instada se encuentre abocada al fracaso.

B) Adición de un nuevo ordinal, numerado décimo.

Se postula que su redactado sea el siguiente:

"El área de Cataluña en el curso 2022/2023 perdió un total de 25 centros escolares como clientes".

En aras a lograr el éxito de la adición propuesta, se invocan los folios 108 a 111 de las actuaciones, a que nos hemos referido en el anterior apartado del presente fundamento. Remitiéndonos a lo entonces expuesto, nuevamente procede estar a la ponderación efectuada por la juzgadora de instancia, que considera privada de valor probatorio a la referida prueba documental, por entender que tratándose de un listado efectuado por la mercantil codemandada de centros que se han dado de baja, sin venir acompañado por las cartas de fin de relación contractual de cada uno de los centros, y sin considerar dotado de valor de convicción a la testifical que los ratificó del Sr. Eugenio, gerente de la empresa, habida cuenta el interés laboral que le une con la empresa y tratarse del superior del actor.

A tal efecto, resulta de interés recordar los criterios reiteradamente establecidos por la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, conforme a la cual el proceso laboral está concebido como de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o jugadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores). Su aplicación determina la desestimación de la revisión postulada.

C) Adición de un nuevo ordinal, numerado décimo primero.

Como nuevo ordinal, con la numeración referida, se insta la adición del tenor literal que sigue:

"La Delegación de Cataluña a julio de 2023 gestionaba un total de 142 centros escolares, tiendo asignados D. Apolonio 50, Da Gema 55 y D. Eutimio 37, tras la amortización del puesto de trabajo de D. Eutimio, por la pérdida de 25 centros escolares se pasaron a gestionar en la delegación de Cataluña un total de 118 centros escolares, lo que supone que cada uno de los dos asesores comerciales gestione un total de 59 centros escolares siendo el número óptimo establecido de 65 centros escolares por asesor comercial."

De nuevo se invoca como fundamento de esta adición el folio 106 de las actuaciones, por lo que nos remitimos a lo expuesto en los apartados A y C del presente fundamento para su desestimación, al no proceder una nueva ponderación de tal documental, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación (por todas, STC 18/1993).

En suma, procede desestimar el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Al amparo del artículo 197.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, si bien con errónea cita del artículo 193.b) de aquella norma - al no haber sido interpuesto recurso de suplicación por la parte actora-, en el escrito de impugnación se insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

Conviene advertir que, encontrándonos ante escrito de impugnación del recurso, la finalidad de la previsión del artículo 197 de aquella norma no es la de que la parte que no ha recurrido en forma una sentencia pretenda que ésta sea revocada en base a nuevos hechos y argumentaciones que pudieran haberse aportado por esta vía sino que, por el contrario, tales posibles datos y razonamientos deben ir dirigidos, en su caso, a la confirmación de la sentencia impugnada ( SSTS/4ª de 9 de febrero de 2016,rco. 83/2016 , 14 de septiembre de 2016 (rco. 247/2015) y 24 de junio de 2019, rec. 10/2018). Así, constituye doctrina jurisprudencial citada en esta última sentencia que "la introducción en la LRJS de la expresa ampliación del contenido de los escritos de impugnación en los recursos de suplicación y de casación ordinaria ( art. 197.1 y 211.1.II LRJS ), así como la del posterior trámite de audiencia o alegaciones a favor de las otras partes cuando se hubieren formulado motivos o causas de oposición subsidiarias ( arts. 197.2 y 211.3 LRJS ), tiene como fundamento la adaptación de la normativa procesal social a la jurisprudencia constitucional (...)" si bien "en el escrito de impugnación del recurso de suplicación el impugnante puede limitarse a oponerse al recurso de suplicación o puede alegar: - Motivos de inadmisibilidad del recurso; - Rectificaciones de hechos; - Causas de oposición subsidiarias", que "En dicho escrito únicamente se puede interesar la confirmación de la sentencia recurrida. En modo alguno puede ser el cauce adecuado para la anulación o revocación total o parcial de la sentencia impugnada" (...) De dicho precepto no resulta que de estimarse, en su caso, las alegaciones contenidas en el escrito de impugnación, proceda alterar el contenido del fallo (...) La naturaleza del escrito de impugnación que, aún con toda la amplitud que le da el precepto, no es un recurso de suplicación, por lo que nunca puede alcanzar a revocar la sentencia recurrida por la otra parte".Si bien la jurisprudencia constitucional inspiradora de la reforma del precepto, admite la posibilidad de revisar los hechos probados y aducir nuevos fundamentos jurídicos en el escrito de impugnación, ello siempre es limitado a la finalidad de inadmisión o desestimación del recurso, no a la revocación de la sentencia impugnada.

La anterior doctrina determinará, anticipamos ya, nuestro pronunciamiento sobre la pretensión deducida en el escrito de impugnación en orden a revisar el relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado tercero.

Se postula por la parte actora impugnante que su redactado sea sustituido por el siguiente:

"En fecha 17 de abril de 2023 el actor inicia proceso de larga duración de IT derivado de un cuadro de ansiedad a consecuencia del trabajo".

Invocándose la documental acompañada a la demanda, nos encontramos ante un dato que tiene por objeto la revocación del pronunciamiento de instancia, instándose en el escrito de impugnación que sea declarada la nulidad del despido, lo que de forma evidente excede del objeto de aquél, que no puede pretender la revocación del pronunciamiento de instancia, al no haber sido interpuesto recurso de suplicación; lo que determina el fracaso de la revisión postulada.

B) Revisión del hecho probado cuarto.

La parte actora impugnante insta la siguiente redacción alternativa:

"(...) La empresa abonó al actor en concepto de indemnización por despido objetivo el importe de 24.006,50 euros netos.

La empresa no acredita con prueba objetiva, suficiente y fehaciente los motivos del despido objetivo, no quedando acreditado la reducción sustancial de clientes ni el cambio de metodología de trabajo, sin contar que en ningún momento computó los clientes que el demandante gestionaba en el principado de Andorra".

Dado que lo pretendido en el escrito de impugnación es la adición de la omisión de acreditación, con redactado negativo, procede estar a la reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual la mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de error de hecho ( SSTS/4ª de 14 de enero, 23 de octubre, 10 de noviembre 1986, 15 enero y 13 de marzo de 1.990, 23 de noviembre de 1.993, 21 de junio de 1.994, 11 de noviembre de 1.993, 26 de mayo de 2.009, 6 de marzo y 23 de abril de 2.012), siendo necesario que la revisión fáctica se base en concretos documentos o pericias demostrativos de la equivocación del juzgador o juzgadora. Decae, por ello, la revisión interesada.

C) Revisión del hecho probado séptimo.

Se insta en el escrito de impugnación que su redactado sea sustituido por el siguiente:

"Consta comunicación de la Escola Pía de Cataluña a la empresa demandada a fecha 27 de junio de 2023, indicando que a partir del 31.08.2023 dan por finalizada su relación contractual con la citada mercantil (doc núm.3 empresa), no acreditando la empresa con prueba objetiva, suficiente y fehaciente, de cuantos centros se trata y de si dichos centros pertenecen a la cartera de clientes del demandante, sucediendo exactamente lo mismo con el resto de clientes que supuestamente han de causar baja y si estos corresponden a la cartera de clientes asignados al demandante, ni si nos encontramos ante la finalización natural del contrato del periodo escolar 2022-2023, determinando que la empresa no ha aportado una justificación objetiva y razonable que excluya la causa discriminatoria, más cuando ha dispuesto de tiempo material para hacerlo además de disponer de los medios y herramientas para poder acreditar cuanto la demandada dijo en su carta de despido y en el acto de la vista".

Nuevamente nos encontramos ante pretensión de adición del resultado negativo de la prueba practicada, por lo que procede remitirse a lo expuesto en el anterior apartado del presente fundamento para su desestimación.

Por todo lo expuesto, se desestima la revisión de hechos probados postulada por la parte actora impugnante.

CUARTO.-Como segundo motivo del recurso, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte demandada recurrente denuncia la infracción de los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores en relación con la concurrencia de las causas organizativas y productivas. Se argumenta que la empresa fundamenta la amortización del puesto de trabajo del demandante en la reducción muy significativa de clientes (centros escolares) que se produjo en julio de 2023, pasándose de ciento cuarenta y dos (142) a ciento dieciocho (118), por lo que añadido al plan nacional de ventas, en la que dado la nueva forma de vender mucho más telemática que presencial, el número óptimo de clientes por cada comercial era de sesenta y cinco (65), por lo que antes de la reducción de clientes de julio de 2023, los dos compañeros del demandante, ya tenían asignados cincuenta y tres (53) clientes cada uno, y era el demandante el que tenía sólo asignados treinta y siete (37) clientes. Se alude a que la disminución de los clientes (centros escolares) ha sido acreditada por la comunicación que se remitió a la demandada por el representante de Escola Pía de Catalunya, conteniéndose la concreción del número de centros a los que afectaba dicha comunicación de terminación de la prestación de servicios en los folios 108 a 110, consistentes en los archivos que constan en la empresa, habiendo sido ratificados por el responsable de Educamos en España, siendo la totalidad de la documental coherente con las respuestas dadas por el testigo, por lo que se debe tener por probada la disminución de centros escolares como clientes de la empresa. Basándose en tales alegaciones, se insta la calificación como procedente del despido, al haber sido acreditadas las causas esgrimidas en la carta, con las consecuencias inherentes a tal declaración.

La parte actora, al impugnar el recurso, opone que la sentencia incurre en incongruencia, además de haberse vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva durante la tramitación de la litis, interesando la petición principal de nulidad del despido por haberse producido en tanto el actor se encontraba en situación de incapacidad temporal, así como el abono de los salarios de trámite más la indemnización por vulneración de derechos fundamentales de veinticinco mil euros (25.000€); y de forma subsidiaria se instó la confirmación de la sentencia en todos sus términos.

Como expusimos en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución, pese al contenido del escrito de impugnación en que se insta con carácter principal la revocación del pronunciamiento de instancia así como la calificación como nulo del despido, dado que no ha sido interpuesto recurso por la parte actora, el objeto de nuestro pronunciamiento ha de circunscribirse a la calificación como improcedente o procedente del despido, sin que la vulneración de derechos fundamentales esgrimida en la demanda integre aquél, al haber alcanzado firmeza el referido pronunciamiento desestimatorio (si bien tácito) de la nulidad del despido. La parte actora pudo interponer recurso de suplicación, a través del cual hubiera podido denunciar el vicio procesal ahora enunciado así como impugnar la calificación del despido, lo que no efectuó, sin que el escrito de impugnación resulte idóneo a tal fin, conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial en la materia anteriormente citada.

Centrándonos en el objeto del recurso, la sentencia recurrida concluye sobre la improcedencia del despido debido a la ausencia de acreditación de las causas esgrimidas en la carta de despido. De su literalidad se desprende que la extinción del contrato de trabajo del actor fue acordada por causas objetivas de carácter organizativo y productivo, aludiéndose en la misma que ".... El pasado mes de febrero de 2023 se comunicaron dos cambios organizativos que tenían como objetivo principal poner foco en mejorar el conocimiento del cliente Educamos incrementar su posicionamiento en el mercado educativo, de forma que responsa al crecimiento previsto en el Plan Estratégico 23-26. Estos dos cambios han sido: por una parte, la gerencia de SM Educamos España, a la que Vd. Pertenece, ha pasado a depender de la Dirección General de España, liderada por Luis Manuel. Eugenio, Gerente de SM Educamos, continúa asumiendo las funciones a su cargo. Por otra parte, y con objeto de dinamizar la red comercial y de llegar al cliente de manera coordinada y efectiva, se anunció que, a partir de 1 de marzo de 2023, los asesores de SM Educamos, que hasta la fecha dependían de la dirección nacional de centros, dentro de la Dirección de Clientes en España, pasaban a desempeñar sus funciones bajo la estructura de la Gerencia de SM Educamos. (...) En este sentido, el número de asesores es de 23 en todo el territorio nacional y con motivo del cambio de comportamiento en la gestión de las ventas que, tal y como hemos comentado, ha incrementado el volumen de actuaciones telemáticas, la gerencia de Educamos ha presentado a la Dirección de ventas que contempla una planificación de cartera que pretende incrementar la asignación de clientes por asesor, pasando de los 50 actuales de promedio a nivel nacional, a una asignación de 65 clientes en promedio. La estructura de asesores Educamos de la delegación de Cataluña-Baleares contaba, hasta este mes de julio, con una cartera de 139 centros por asesor. Sin embargo, a lo largo de este mes de julio ha causado baja como cl8ientes 23 centros, y se eta a la espera de que todavía se confirme alguna más, por lo que los Clientes actuales en la delegación de Cataluña-Baleares asciende a 116 clientes estando asignado a tres asesores Educamos. Por lo que se refiere a su puesto en particular, de los 139 centros clientes de la delegación que había antes de las ultimas bajas, Vd. Gestiona solamente 36 centros frente a los 103 que han estado gestionado sus otros dos compañeros. En este contexto, y debido a la reducción sustancial de clientes, unido además a que el tiempo que cada asesor dedica a cada cliente, dado que, tal y como hemos venido explicado, en la mayoría de los casos no es necesario el desplazamiento por utilización de medios telemáticos para mantener las reuniones, la Dirección de la compañía entiende que la red de la delegación Cataluña-Baleares se puede gestionar con dos asesores de Educamos que quedarían con un promedio de 58 centros por asesor con la cartera que se ha mantenido en el área territorial hasta la presente campaña comercial. En este contexto la Dirección de la compañía ha tomado la decisión de amortizar su puesto de trabajo, lo que contribuirá a la eficiencia de la estructura organizativa, existiendo de esta manera una clara conexión funcionan entre las causas alegadas y la amortización de su puesto de trabajo en los términos explicados anteriormente. ... ".

Circunscribiéndose las causas alegadas tanto al cambio de gerencia de la entidad Educamos España, que habría pasado a depender de la Dirección General de España, como al incremento de clientes por asesor, al haber causado baja determinados centros, lo que se aduce que habría comportado la decisión de la amortización del puesto de trabajo del actor, las mismas no han sido objeto de acreditación. En efecto, concluye la sentencia de instancia, en extremo inmodificado en esta sede, que tales causas no han sido acreditadas, pero tal conclusión se ve precedida de la atinente al carácter genérico de la carta de despido. Así, se expone que la empresa no identifica en la citada carta cuáles eran los 23 centros que habían causado baja en la mercantil, a fin de poder desplegar el trabajador sus medios de defensa, y poder citar a sus representantes a juicio, para que acreditasen la realidad de la baja; sin que el trabajador hubiera podido articular su defensa de manera apropiada si desconoce quienes eran los clientes que se dieron de baja en la referida mercantil; por lo que se considera que procede declarar la improcedencia del despido, al no ser ajustado a derecho en cuanto a su formalización comunicativa. No habiendo sido combatida esta conclusión jurídica, procede confirmar el pronunciamiento de instancia sobre la calificación del despido, sin necesidad de adicionales argumentaciones.

Ello no obstante, en aras a salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente, efectuaremos determinadas consideraciones adicionales entorno a las causas del despido esgrimidas en la carta. Al respecto, resulta de interés recordar que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 52.c) del mismo cuerpo legal, dispone que concurren las causas organizativas "cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción".Cambios, éstos, que ni han sido acreditados ni pueden colegirse del inmodificado relato de hechos probados de la sentencia de instancia. Si bien el recurso pretende circunscribir los mismos a la baja como clientes de veintitrés centros educativos, esta circunstancia no resulta del relato fáctico. Se incurre, con ello, en el vicio procesal de la "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida (por todas, SSTS/4ª 943/2022, de 29 de noviembre (rec. 119/2022); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022); 26/2023, de 11 de enero (rec. 149/2021) y 998/2024, de 9 de julio (rec. 234/2022), lo que determina el fracaso de la infracción denunciada.

Y otro tanto ha de concluirse en relación a las causas organizativas, resultando inhábiles a tales efectos los argumentos atinentes a la superior virtualidad probatoria que debió otorgarse a determinada documental, al no haber sido estimada en esta sede la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia. Tal como ha señalado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, "el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-). En aplicación de esta doctrina, la acreditación de la causa hubiese precisado la de las circunstancias en que pretendió sustentarse el despido, sin que puedan equipararse a una causa abstracta, sino que ha de probarse una "causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-).

A mayor abundamiento, aun cuando hubiese sido acreditada la causa (dicho sea a los meros efectos dialécticos), tampoco podría desprenderse del relato fáctico la razonabilidad de la medida extintiva, en los términos descritos jurisprudencialmente. A este respecto, compendia la unificada doctrina la STS/4ª de 19 de diciembre de 2023 (recurso 3481/2022), recordando que " la Sala ha reiterado (SSTS 726/2018, de 10 de julio, Rcud. 1332/2017 ; 741/2018, de 11 de julio, Rcud. 467/2017 y 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020 ; entre otras) que por fuerza persiste un ámbito de control judicial fuera de la "causa" como hecho, no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos ya que, entre otras razones, el derecho al trabajo ( artículo 35 CE ) en su dimensión individual se concreta -aparte del derecho de obtención de puesto de trabajo en igualdad de condiciones- en "el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos sino existe una justa causa" ( SSTC 22/1981 , de 2 de Julio ; 125/1994, de 25 de Abril ; y 192/2003, de 27 de Octubre ) (...).Y añade la citada sentencia que "el citado juicio de razonabilidad tendría una triple proyección y sucesivo escalonamiento: 1) Sobre la existencia de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial extintiva. 2) Sobre la adecuación de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la misma se ajusta a los fines - legales- que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa. Y 3) Sobre la racionalidad propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a derecho las medidas empresariales carentes de una elemental proporcionalidad. Juicio este último -de proporcionalidad- que ha de ser entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa idoneidad de la medida a adoptar por el empresario, ni tampoco censurar su oportunidad en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse -como carentes de razonabilidad y por ello ilícitas- aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS de 27 de enero de 2014 -Rec. 100/13 -; y de 26 de marzo de 2014 -Rec. 158/13 ). Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, teniendo en cuenta, además, que no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial".Ninguno de tales extremos pueden colegirse del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, lo que determinaría (dicho sea, insistimos, a los meros efectos dialécticos) la improcedencia del despido.

Se argumenta asimismo en el recurso, partiendo de datos fácticos ausentes del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, que si no se hubiese procedido a la amortización del puesto de trabajo del demandante, se estaría infrautilizando los recursos humanos de la empresa, ya que se estarían gestionando un total de 118 centros escolares entre tres asesores, cuando un equipo de tres asesores puede gestionar 195 centros escolares (65 centros * 3 asesores). Sin embargo, tratándose de datos que no obran en el referido relato fáctico, procede nuevamente concluir sobre la ausencia de acreditación de causa que determine la redistribución de las tareas asumidas por quienes prestan servicios como asesore/as en la empresa, con fracaso de la infracción denunciada.

Por todo ello, procede confirmar la improcedencia del despido, con las consecuencias inherentes a tal declaración. Habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, decae la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte codemandada recurrente, las cuales incluirán los honorarios de la letrada de la parte actora impugnante en cuantía de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204, apartado 4, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,