Sentencia Social 4776/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 1834/2025 de 25 de septiembre del 2025

PRIMERO.-Por la codemandada Pujol Iluminación, S. L. se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, estimando la demanda, declaró la improcedencia del despido acordado en fecha 4 de agosto de 2023, condenando a aquélla a que a su opción, a comunicar por escrito al Juzgado en el plazo de cinco días, readmitiese a la parte actora en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o le abonase una indemnización por importe de veintiséis mil cuatrocientos veintiún euros con cuarenta y seis céntimos (26.421,46 euros, correspondientes a 52.840,80 euros por indemnización por despido improcedente (a razón del salario diario de 73,39 euros) menos 26.419,34 euros que ha percibido en concepto de indemnización por despido por causas objetivas); añadiendo que de optarse por la readmisión se deberían abonar los salarios dejados de percibir; sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía salarial. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la calificación de la medida extintiva empresarial, postulando que sea la de despido procedente con las consecuencias inherentes a tal declaración.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la entidad codemandada recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado tercero.

Comenzando por el ordinal tercero, se propone la siguiente redacción alternativa:

"TERCERO. - Las cuentas anuales y el impuesto de sociedades que obran como documentales en el ramo de prueba de la parte demandada acreditan los siguientes resultados de la actividad de la empresa:

AÑO 2019: Importe neto cifra negocios: 2.198.403,81

Resultados explotación: 2.584,10

Resultado antes impuestos: 3.119,87

Resultado ejercicio: 473,63

AÑO 2020: Importe neto cifra negocios: 1.724.445,81

Resultados explotación: 6.667,58

Resultado antes impuestos: 4.679,97

Resultado ejercicio: 3.178,73

AÑO 2021: Importe neto cifra negocios: 1.865.626,38

Resultados explotación: 8.720,06

Resultado antes impuestos: 5.659,15

Resultado ejercicio: 4.223,60

AÑO 2022: Importe neto cifra negocios: 1.825.488,92

Resultados explotación: -128.307,92

Resultado antes impuestos: -129.687,86

Resultado ejercicio: -97.924,13

AÑO 2023: Importe neto cifra negocios: 1.328.574,27

Resultados explotación: -185.082,24

Resultado antes impuestos: -188.974,96

Resultado ejercicio: -142.018,72."

Invocándose, como fundamento de esta pretensión revisora, parte de la prueba documental aportada por la recurrente (documentos 2 a 6), el original redactado del factum controvertido tiene por acreditado el importe neto de la cifra de negocios de los años 2019 a 2022, así como el resultado de explotación y de ejercicio de las referidas anualidades, por lo que la adición postulada en relación a este particular resulta innecesaria, al encontrarse tales datos incluidos en el relato fáctico por remisión. Por lo que se refiere a los datos de la anualidad 2023, dado que la carta de despido alude a los atinentes al período transcurrido hasta el 30 de junio de 2023, procede adicionar al redactado del ordinal fáctico tercero la referencia a aquélla, quedando el nuevo redactado, con estimación parcial de la revisión instada, con el siguiente tenor literal:

"TERCERO. - El importe neto de cifra de negocios de los años 2019 a 2023 y el resultado de la explotación y de ejercicios de los mismos años, que constan en la carta de despido han quedado acreditados por las cuentas anuales y el impuesto de sociedades que obran como documentales en el ramo de prueba de la parte demandada".

B) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero bis.

Se interesa la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero bis, con el siguiente tenor:

"TERCERO BIS.- En el año 2021 la empresa facturó al cliente DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMB un total de 863.705,00.-€; en el año 2022, un total de 720.153,00.-€ y en el año 2023, un total del 371.763,00.-€."

Como fundamento de esta adición, se invoca el documento 73 de la prueba documental, cuadro resumen del modelo 349 del período de 2019 a 2023 (folios 63 a 129 del bloque "prueba parte demandada 3/6"). Si bien la carta de despido refiere como uno de los motivos del descenso de la facturación de la empresa la bajada de aquélla al cliente referido, no detalla tales datos, por lo que no ha lugar a su adición al exceder del contenido de la carta. A ello ha de adicionarse la intrascendencia del referido dato, una vez se han constatados los relativos a la cifra de negocios y resultados de explotación de cada uno de los referidos ejercicios, lo que abunda en la improcedencia de la referida adición.

C) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero ter.

Se interesa la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero ter, con el siguiente texto:

"TERCERO TER.- A la finalización del año 2019 la empresa tenía una plantilla de 12 hombres y 11 mujeres; a la finalización del año 2020, 12 hombres y 9 mujeres; a la finalización del año 2021, 11 hombres y 9 mujeres; a la finalización del año 2022, 10 hombres y 7 mujeres; y, a la finalización del año 2023, 9 hombres y 7 mujeres".

Como fundamento de esta adición, se invocan los documentos 2 a 6 obrantes en la prueba documental de la parte actora. Ahora bien, la reducción de plantilla integraría una medida, y no así una causa del despido, a lo que ha de adicionarse que la carta únicamente refiere, en relación a este extremo, que se vio en la necesidad de amortizar "dos posiciones de trabajo", por lo que la adición postulada resulta intrascendente y procede su fracaso.

D) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero quater.

En el recurso se insta la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero quater, con el siguiente tenor:

"TERCERO QUATER.- En fecha 14 de octubre de 2022 la empresa procedió a comunicar un despido objetivo por causas económicas; en fecha 2 de diciembre de 2022, comunicó un segundo despido por causas económicas que fue declarado procedente por el Juzgado Social 9 de Barcelona".

Invocándose los documentos 146, 153 y 154 de la prueba documental aportada por la recurrente, se trata de un dato intrascendente en aras a modificar el fallo de instancia, al tratarse de despido por causas económicas en distinta fecha, además de no constar la firmeza de la sentencia citada; lo que determina su fracaso.

Todo lo anterior resulta de la subsunción de las modificaciones instadas en los criterios reiteradamente establecidos por la Jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, conforme a la cual el proceso laboral está concebido como de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o juzgadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores). Su aplicación determina la desestimación de la revisión postulada.

En suma, procede estimar parcialmente el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo del recurso, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte codemandada recurrente denuncia la infracción del artículo 52 c) en relación con el artículo 51.1 del ET y doctrina jurisprudencial que lo interpreta. Se argumenta que ha sido acreditada la causa aducida en la carta, cuáles son las pérdidas económicas que padecía la empresa tal como consta en la misma, cerrando la empresa el ejercicio durante el año 2023 con unas pérdidas de ciento cuarenta y dos mil dieciocho euros con setenta y dos céntimos (142.018,72 €), lo que conduce a la situación económica negativa que faculta a la empresa a proceder al despido objetivo por causas económicas, de conformidad con la normativa invocada. Asimismo, esgrime que durante el año 2023 el importe neto de la cifra de negocios, que corresponde a la facturación de actividad realizada por la empresa, padece un descenso de cuatrocientos noventa y seis mil novecientos catorce euros con sesenta y cinco céntimos (496.914,65 €), siendo los resultados del año 2022 de un millón ochocientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con noventa y dos céntimos (1.825.488,92 €) y durante el año 2023 de un millón trescientos veintiocho mil quinientos setenta y cuatro euros con veintisiete céntimos (1.328.574,27 €), lo que representa un veintisiete por ciento (27 %) menos de la actividad. Se invoca la doctrina jurisprudencial en la materia, por considerar acreditadas las causas económicas y productivas invocadas en la carta, postulando la estimación de la infracción jurídica denunciada y del recurso interpuesto, declarando la procedencia del despido.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que no considera infringidos los preceptos invocados ni la jurisprudencia aplicable. A ello añade que pese a existir una situación de pérdidas de la empresa, no se acredita debidamente ni la causa económica ni la productiva, ni la necesidad de amortizar el puesto de trabajo del actor. Es por ello que se concluye que el despido del actor en ningún caso está justificado, pues resultaba notorio que dicha medida no iba a ayudar a recuperación alguna, como así ha reconocido la empresa, siendo así que tras años de descenso progresivo de la productividad de la demandada ésta ha recurrido únicamente al despido, sin implantar otras medidas legales menos agresivas y perjudiciales como suspensiones temporales, reducción de salario, reducción de jornada, a nivel colectivo o individual, rechazando las ayudas que hubieran reducido las pérdidas alegadas. Por ello, se insta la confirmación del pronunciamiento de instancia, con las consecuencias inherentes a tal declaración.

Centrándonos en el objeto del recurso, la sentencia recurrida concluye sobre la improcedencia del despido debido a la ausencia de acreditación de las causas esgrimidas en la carta en que fue acordada la medida extintiva; conclusión ésta combatida en el recurso.

Resulta de interés recordar que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 52.c) del mismo cuerpo legal, dispone que concurren las causas económicas "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior",añadiendo que concurren "causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado".Como ha señalado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, "el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-). En aplicación de esta doctrina, la acreditación de la causa precisa la de las circunstancias en que pretendió sustentarse el despido, sin que puedan equipararse a una causa abstracta, sino que ha de probarse una "causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-).

Acreditada, en su caso, la causa, la procedencia del despido requiere la acreditación de la razonabilidad de la medida extintiva, en los términos descritos jurisprudencialmente. Compendia la unificada doctrina la STS/4ª de 19 de diciembre de 2023 (recurso 3481/2022), recordando que " la Sala ha reiterado (SSTS 726/2018, de 10 de julio, Rcud. 1332/2017 ; 741/2018, de 11 de julio, Rcud. 467/2017 y 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020 ; entre otras) que por fuerza persiste un ámbito de control judicial fuera de la "causa" como hecho, no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos ya que, entre otras razones, el derecho al trabajo ( artículo 35 CE ) en su dimensión individual se concreta -aparte del derecho de obtención de puesto de trabajo en igualdad de condiciones- en "el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos sino existe una justa causa" ( SSTC 22/1981 , de 2 de Julio ; 125/1994, de 25 de Abril ; y 192/2003, de 27 de Octubre ) (...).Y añade la citada sentencia que "el citado juicio de razonabilidad tendría una triple proyección y sucesivo escalonamiento: 1) Sobre la existencia de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial extintiva. 2) Sobre la adecuación de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la misma se ajusta a los fines - legales- que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa. Y 3) Sobre la racionalidad propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a derecho las medidas empresariales carentes de una elemental proporcionalidad. Juicio este último -de proporcionalidad- que ha de ser entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa idoneidad de la medida a adoptar por el empresario, ni tampoco censurar su oportunidad en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse -como carentes de razonabilidad y por ello ilícitas- aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS de 27 de enero de 2014 -Rec. 100/13 -; y de 26 de marzo de 2014 -Rec. 158/13 ). Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, teniendo en cuenta, además, que no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial".

De la literalidad de la carta (transcrita en el hecho probado segundo de la sentencia, que damos por reproducido) se desprende que la extinción del contrato de trabajo del actor fue acordada por causas objetivas de carácter económico y productivo, aludiéndose en la misma los efectos de la pandemia del COVID, que habrían determinado un importante descenso en el volumen neto de la cifra de negocios de la empresa, equivalente a un veintidós por ciento (22 %) de la facturación en relación con el volumen de negocio de los años anteriores a la pandemia, disminución de la cual "a fecha de hoy todavía no se ha recuperado" y que inevitablemente habría acabado repercutiendo en los resultados económicos de la empresa. Se detalla en la carta el siguiente descenso en la evolución de la cifra de negocios de la empresa con los resultados del importe neto de aquélla: año 2019, 2.198.403,81 euros; año 2020, 1.724.44581 euros; año 2021, 1.865.626,38 euros, y año 2022, 1.825.488,92 euros. Asimismo, se alude en la carta al descenso de la facturación del cliente DECOR-WALTHE_R EINRICHTUNGS GMBH, esgrimiendo que habría llegado a representar más el cuarenta y cinco por ciento (45 %) de la facturación total de la empresa. Además, se expone en la carta que el año 2022 fue mucho más complicado que el año 2020 con plena pandemia, motivo por el que la empresa cerró el ejercicio con unas notables pérdidas, produciéndose un importante incremento de costes tanto de energía como de materias primas y productos, incremento con el que no se contaba y que provocó una notable reducción del margen de negocio, que con el volumen de ventas condujo a una situación de pérdidas.

Los datos económicos a los que se alude en la carta, fueron asimismo cifrados en ella, refiriendo que a fecha 30 de junio de 2023 la situación de pérdidas de la empresa era mayor a la que presentaba el año anterior por esas mismas fechas. Y se efectuó una comparación con los resultados del año anterior, en los siguientes términos:

- Importe neto cifra de negocios

Junio 2022 1.001.619,54

Junio 2023 (prov) 786.296,32

Resultado explotación.

Junio 2022: -100.930,02

Junio 2023: -150.805,88

Resultado ejercicio:

Junio 2022: -101.053,50 euros.

Junio 2023: -150.978,90 euros.

La sentencia de instancia parte de considerar que los términos de la carta son muy genéricos, si bien posteriormente concluye que reúne los requisitos mínimos para que el actor pueda articular su defensa. A ello añade que no ha sido acreditada la concurrencia de las causas esgrimidas en la carta, por cuanto pese a las pérdidas indicadas en el fundamento jurídico segundo de la sentencia con valor fáctico, que serían en el año 2022 de un resultado de explotación de - 128.307,92 euros y de un resultado del ejercicio de - 97.924,13 euros, este dato resultaría incoherente con el de la facturación. En efecto, en relación a esta última, consta que durante el año 2022 fue superior en todos los trimestres a los cuatrocientos mil euros (400.000 euros), y en el 2023 durante el primer trimestre de 446.889,55 euros, y durante el segundo de 380.313,73 euros.

El recurso interpuesto insiste en el dato de las pérdidas económicas, considerando que tal situación resulta subsumible en el artículo 52.c) en relación con el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, partiendo de su tenor, si bien han sido alegadas unas pérdidas, que se tienen por probadas, no ha sido acreditada la situación económica negativa por cuanto tales datos han resultado contradichos por el nivel de facturación. Adviértase que la enumeración contenida en el artículo 51.1 de aquella norma es de carácter orientativo, aludiendo a "casos tales" como cuando concurran pérdidas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o de ventas, siendo así que esta última no concurre. De hecho, de los datos anteriormente aludidos se colige que en el primer trimestre del año 2023 aumentó la facturación respecto al tercer y cuarto trimestre de 2022, por lo que, sin perjuicio de una disminución durante el segundo trimestre de 2023, no estimamos que pueda deducirse una situación económica negativa empresarial. Frente a la argumentación de la sentencia sobre la incoherencia entre el nivel de facturación y los resultados empresariales, nada añade el recurso interpuesto, lo que impide que pueda concluirse por esta Sala de modo divergente, por cuanto no consta acreditada la real situación económica empresarial ni argumentada la referida discordancia entre datos.

Tampoco han sido probadas las causas productivas, por cuanto no consta el cambio en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado, a cuyo efecto no resultaría suficiente la acreditación de la demanda de un cliente, extremo por el que no ha sido estimada la revisión fáctica propuesta en esta sede, al desconocerse su incidencia en la facturación global, dato que hubiera resultado necesario para dirimir sobre la causa productiva invocada en la carta.

Asimismo, por lo que se refiere a la concreta afectación del actor por la medida, concluye la juzgadora a quo en la sentencia recurrida que no se ha probado la necesidad de amortizar su puesto de trabajo al no constar acreditado cuál es el que venía ocupando el demandante. Y se continúa argumentando que su categoría profesional es la de montador de lámparas, no la de montador de pies de lámparas, y la empresa no ha probado que el trabajador se dedicase única y exclusivamente a realizar esta función, por lo que es posible pensar que el actor, con una antigüedad de 1998, conoce sobradamente el montaje de cualquier tipo de lámpara de la empresa. Nada añade el recurso interpuesto para combatir tal conclusión, siendo así que en efecto no ha sido probadas las razones esgrimidas en la carta (especialización del actor en el montaje de pies y disminución en los últimos meses de dicha demanda). No concurriría, en consecuencia, la acreditación de la razonabilidad de la medida, atendido que tampoco han sido probadas medidas adoptadas anteriormente por la empresa, pese a aludirse a las mismas de forma genérica en la carta.

La ausencia de acreditación de las causas de despido, en la forma expuesta, determina la calificación de la medida extintiva como improcedente, con los efectos inherentes a tal declaración. Habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, decae la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

CUARTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte codemandada recurrente, las cuales incluirán los honorarios de la letrada de la parte actora impugnante en cuantía de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Por la codemandada Pujol Iluminación, S. L. se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, estimando la demanda, declaró la improcedencia del despido acordado en fecha 4 de agosto de 2023, condenando a aquélla a que a su opción, a comunicar por escrito al Juzgado en el plazo de cinco días, readmitiese a la parte actora en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o le abonase una indemnización por importe de veintiséis mil cuatrocientos veintiún euros con cuarenta y seis céntimos (26.421,46 euros, correspondientes a 52.840,80 euros por indemnización por despido improcedente (a razón del salario diario de 73,39 euros) menos 26.419,34 euros que ha percibido en concepto de indemnización por despido por causas objetivas); añadiendo que de optarse por la readmisión se deberían abonar los salarios dejados de percibir; sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía salarial. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la calificación de la medida extintiva empresarial, postulando que sea la de despido procedente con las consecuencias inherentes a tal declaración.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la entidad codemandada recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado tercero.

Comenzando por el ordinal tercero, se propone la siguiente redacción alternativa:

"TERCERO. - Las cuentas anuales y el impuesto de sociedades que obran como documentales en el ramo de prueba de la parte demandada acreditan los siguientes resultados de la actividad de la empresa:

AÑO 2019: Importe neto cifra negocios: 2.198.403,81

Resultados explotación: 2.584,10

Resultado antes impuestos: 3.119,87

Resultado ejercicio: 473,63

AÑO 2020: Importe neto cifra negocios: 1.724.445,81

Resultados explotación: 6.667,58

Resultado antes impuestos: 4.679,97

Resultado ejercicio: 3.178,73

AÑO 2021: Importe neto cifra negocios: 1.865.626,38

Resultados explotación: 8.720,06

Resultado antes impuestos: 5.659,15

Resultado ejercicio: 4.223,60

AÑO 2022: Importe neto cifra negocios: 1.825.488,92

Resultados explotación: -128.307,92

Resultado antes impuestos: -129.687,86

Resultado ejercicio: -97.924,13

AÑO 2023: Importe neto cifra negocios: 1.328.574,27

Resultados explotación: -185.082,24

Resultado antes impuestos: -188.974,96

Resultado ejercicio: -142.018,72."

Invocándose, como fundamento de esta pretensión revisora, parte de la prueba documental aportada por la recurrente (documentos 2 a 6), el original redactado del factum controvertido tiene por acreditado el importe neto de la cifra de negocios de los años 2019 a 2022, así como el resultado de explotación y de ejercicio de las referidas anualidades, por lo que la adición postulada en relación a este particular resulta innecesaria, al encontrarse tales datos incluidos en el relato fáctico por remisión. Por lo que se refiere a los datos de la anualidad 2023, dado que la carta de despido alude a los atinentes al período transcurrido hasta el 30 de junio de 2023, procede adicionar al redactado del ordinal fáctico tercero la referencia a aquélla, quedando el nuevo redactado, con estimación parcial de la revisión instada, con el siguiente tenor literal:

"TERCERO. - El importe neto de cifra de negocios de los años 2019 a 2023 y el resultado de la explotación y de ejercicios de los mismos años, que constan en la carta de despido han quedado acreditados por las cuentas anuales y el impuesto de sociedades que obran como documentales en el ramo de prueba de la parte demandada".

B) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero bis.

Se interesa la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero bis, con el siguiente tenor:

"TERCERO BIS.- En el año 2021 la empresa facturó al cliente DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMB un total de 863.705,00.-€; en el año 2022, un total de 720.153,00.-€ y en el año 2023, un total del 371.763,00.-€."

Como fundamento de esta adición, se invoca el documento 73 de la prueba documental, cuadro resumen del modelo 349 del período de 2019 a 2023 (folios 63 a 129 del bloque "prueba parte demandada 3/6"). Si bien la carta de despido refiere como uno de los motivos del descenso de la facturación de la empresa la bajada de aquélla al cliente referido, no detalla tales datos, por lo que no ha lugar a su adición al exceder del contenido de la carta. A ello ha de adicionarse la intrascendencia del referido dato, una vez se han constatados los relativos a la cifra de negocios y resultados de explotación de cada uno de los referidos ejercicios, lo que abunda en la improcedencia de la referida adición.

C) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero ter.

Se interesa la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero ter, con el siguiente texto:

"TERCERO TER.- A la finalización del año 2019 la empresa tenía una plantilla de 12 hombres y 11 mujeres; a la finalización del año 2020, 12 hombres y 9 mujeres; a la finalización del año 2021, 11 hombres y 9 mujeres; a la finalización del año 2022, 10 hombres y 7 mujeres; y, a la finalización del año 2023, 9 hombres y 7 mujeres".

Como fundamento de esta adición, se invocan los documentos 2 a 6 obrantes en la prueba documental de la parte actora. Ahora bien, la reducción de plantilla integraría una medida, y no así una causa del despido, a lo que ha de adicionarse que la carta únicamente refiere, en relación a este extremo, que se vio en la necesidad de amortizar "dos posiciones de trabajo", por lo que la adición postulada resulta intrascendente y procede su fracaso.

D) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero quater.

En el recurso se insta la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero quater, con el siguiente tenor:

"TERCERO QUATER.- En fecha 14 de octubre de 2022 la empresa procedió a comunicar un despido objetivo por causas económicas; en fecha 2 de diciembre de 2022, comunicó un segundo despido por causas económicas que fue declarado procedente por el Juzgado Social 9 de Barcelona".

Invocándose los documentos 146, 153 y 154 de la prueba documental aportada por la recurrente, se trata de un dato intrascendente en aras a modificar el fallo de instancia, al tratarse de despido por causas económicas en distinta fecha, además de no constar la firmeza de la sentencia citada; lo que determina su fracaso.

Todo lo anterior resulta de la subsunción de las modificaciones instadas en los criterios reiteradamente establecidos por la Jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, conforme a la cual el proceso laboral está concebido como de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o juzgadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores). Su aplicación determina la desestimación de la revisión postulada.

En suma, procede estimar parcialmente el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo del recurso, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte codemandada recurrente denuncia la infracción del artículo 52 c) en relación con el artículo 51.1 del ET y doctrina jurisprudencial que lo interpreta. Se argumenta que ha sido acreditada la causa aducida en la carta, cuáles son las pérdidas económicas que padecía la empresa tal como consta en la misma, cerrando la empresa el ejercicio durante el año 2023 con unas pérdidas de ciento cuarenta y dos mil dieciocho euros con setenta y dos céntimos (142.018,72 €), lo que conduce a la situación económica negativa que faculta a la empresa a proceder al despido objetivo por causas económicas, de conformidad con la normativa invocada. Asimismo, esgrime que durante el año 2023 el importe neto de la cifra de negocios, que corresponde a la facturación de actividad realizada por la empresa, padece un descenso de cuatrocientos noventa y seis mil novecientos catorce euros con sesenta y cinco céntimos (496.914,65 €), siendo los resultados del año 2022 de un millón ochocientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con noventa y dos céntimos (1.825.488,92 €) y durante el año 2023 de un millón trescientos veintiocho mil quinientos setenta y cuatro euros con veintisiete céntimos (1.328.574,27 €), lo que representa un veintisiete por ciento (27 %) menos de la actividad. Se invoca la doctrina jurisprudencial en la materia, por considerar acreditadas las causas económicas y productivas invocadas en la carta, postulando la estimación de la infracción jurídica denunciada y del recurso interpuesto, declarando la procedencia del despido.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que no considera infringidos los preceptos invocados ni la jurisprudencia aplicable. A ello añade que pese a existir una situación de pérdidas de la empresa, no se acredita debidamente ni la causa económica ni la productiva, ni la necesidad de amortizar el puesto de trabajo del actor. Es por ello que se concluye que el despido del actor en ningún caso está justificado, pues resultaba notorio que dicha medida no iba a ayudar a recuperación alguna, como así ha reconocido la empresa, siendo así que tras años de descenso progresivo de la productividad de la demandada ésta ha recurrido únicamente al despido, sin implantar otras medidas legales menos agresivas y perjudiciales como suspensiones temporales, reducción de salario, reducción de jornada, a nivel colectivo o individual, rechazando las ayudas que hubieran reducido las pérdidas alegadas. Por ello, se insta la confirmación del pronunciamiento de instancia, con las consecuencias inherentes a tal declaración.

Centrándonos en el objeto del recurso, la sentencia recurrida concluye sobre la improcedencia del despido debido a la ausencia de acreditación de las causas esgrimidas en la carta en que fue acordada la medida extintiva; conclusión ésta combatida en el recurso.

Resulta de interés recordar que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 52.c) del mismo cuerpo legal, dispone que concurren las causas económicas "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior",añadiendo que concurren "causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado".Como ha señalado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, "el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-). En aplicación de esta doctrina, la acreditación de la causa precisa la de las circunstancias en que pretendió sustentarse el despido, sin que puedan equipararse a una causa abstracta, sino que ha de probarse una "causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-).

Acreditada, en su caso, la causa, la procedencia del despido requiere la acreditación de la razonabilidad de la medida extintiva, en los términos descritos jurisprudencialmente. Compendia la unificada doctrina la STS/4ª de 19 de diciembre de 2023 (recurso 3481/2022), recordando que " la Sala ha reiterado (SSTS 726/2018, de 10 de julio, Rcud. 1332/2017 ; 741/2018, de 11 de julio, Rcud. 467/2017 y 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020 ; entre otras) que por fuerza persiste un ámbito de control judicial fuera de la "causa" como hecho, no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos ya que, entre otras razones, el derecho al trabajo ( artículo 35 CE ) en su dimensión individual se concreta -aparte del derecho de obtención de puesto de trabajo en igualdad de condiciones- en "el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos sino existe una justa causa" ( SSTC 22/1981 , de 2 de Julio ; 125/1994, de 25 de Abril ; y 192/2003, de 27 de Octubre ) (...).Y añade la citada sentencia que "el citado juicio de razonabilidad tendría una triple proyección y sucesivo escalonamiento: 1) Sobre la existencia de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial extintiva. 2) Sobre la adecuación de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la misma se ajusta a los fines - legales- que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa. Y 3) Sobre la racionalidad propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a derecho las medidas empresariales carentes de una elemental proporcionalidad. Juicio este último -de proporcionalidad- que ha de ser entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa idoneidad de la medida a adoptar por el empresario, ni tampoco censurar su oportunidad en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse -como carentes de razonabilidad y por ello ilícitas- aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS de 27 de enero de 2014 -Rec. 100/13 -; y de 26 de marzo de 2014 -Rec. 158/13 ). Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, teniendo en cuenta, además, que no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial".

De la literalidad de la carta (transcrita en el hecho probado segundo de la sentencia, que damos por reproducido) se desprende que la extinción del contrato de trabajo del actor fue acordada por causas objetivas de carácter económico y productivo, aludiéndose en la misma los efectos de la pandemia del COVID, que habrían determinado un importante descenso en el volumen neto de la cifra de negocios de la empresa, equivalente a un veintidós por ciento (22 %) de la facturación en relación con el volumen de negocio de los años anteriores a la pandemia, disminución de la cual "a fecha de hoy todavía no se ha recuperado" y que inevitablemente habría acabado repercutiendo en los resultados económicos de la empresa. Se detalla en la carta el siguiente descenso en la evolución de la cifra de negocios de la empresa con los resultados del importe neto de aquélla: año 2019, 2.198.403,81 euros; año 2020, 1.724.44581 euros; año 2021, 1.865.626,38 euros, y año 2022, 1.825.488,92 euros. Asimismo, se alude en la carta al descenso de la facturación del cliente DECOR-WALTHE_R EINRICHTUNGS GMBH, esgrimiendo que habría llegado a representar más el cuarenta y cinco por ciento (45 %) de la facturación total de la empresa. Además, se expone en la carta que el año 2022 fue mucho más complicado que el año 2020 con plena pandemia, motivo por el que la empresa cerró el ejercicio con unas notables pérdidas, produciéndose un importante incremento de costes tanto de energía como de materias primas y productos, incremento con el que no se contaba y que provocó una notable reducción del margen de negocio, que con el volumen de ventas condujo a una situación de pérdidas.

Los datos económicos a los que se alude en la carta, fueron asimismo cifrados en ella, refiriendo que a fecha 30 de junio de 2023 la situación de pérdidas de la empresa era mayor a la que presentaba el año anterior por esas mismas fechas. Y se efectuó una comparación con los resultados del año anterior, en los siguientes términos:

- Importe neto cifra de negocios

Junio 2022 1.001.619,54

Junio 2023 (prov) 786.296,32

Resultado explotación.

Junio 2022: -100.930,02

Junio 2023: -150.805,88

Resultado ejercicio:

Junio 2022: -101.053,50 euros.

Junio 2023: -150.978,90 euros.

La sentencia de instancia parte de considerar que los términos de la carta son muy genéricos, si bien posteriormente concluye que reúne los requisitos mínimos para que el actor pueda articular su defensa. A ello añade que no ha sido acreditada la concurrencia de las causas esgrimidas en la carta, por cuanto pese a las pérdidas indicadas en el fundamento jurídico segundo de la sentencia con valor fáctico, que serían en el año 2022 de un resultado de explotación de - 128.307,92 euros y de un resultado del ejercicio de - 97.924,13 euros, este dato resultaría incoherente con el de la facturación. En efecto, en relación a esta última, consta que durante el año 2022 fue superior en todos los trimestres a los cuatrocientos mil euros (400.000 euros), y en el 2023 durante el primer trimestre de 446.889,55 euros, y durante el segundo de 380.313,73 euros.

El recurso interpuesto insiste en el dato de las pérdidas económicas, considerando que tal situación resulta subsumible en el artículo 52.c) en relación con el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, partiendo de su tenor, si bien han sido alegadas unas pérdidas, que se tienen por probadas, no ha sido acreditada la situación económica negativa por cuanto tales datos han resultado contradichos por el nivel de facturación. Adviértase que la enumeración contenida en el artículo 51.1 de aquella norma es de carácter orientativo, aludiendo a "casos tales" como cuando concurran pérdidas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o de ventas, siendo así que esta última no concurre. De hecho, de los datos anteriormente aludidos se colige que en el primer trimestre del año 2023 aumentó la facturación respecto al tercer y cuarto trimestre de 2022, por lo que, sin perjuicio de una disminución durante el segundo trimestre de 2023, no estimamos que pueda deducirse una situación económica negativa empresarial. Frente a la argumentación de la sentencia sobre la incoherencia entre el nivel de facturación y los resultados empresariales, nada añade el recurso interpuesto, lo que impide que pueda concluirse por esta Sala de modo divergente, por cuanto no consta acreditada la real situación económica empresarial ni argumentada la referida discordancia entre datos.

Tampoco han sido probadas las causas productivas, por cuanto no consta el cambio en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado, a cuyo efecto no resultaría suficiente la acreditación de la demanda de un cliente, extremo por el que no ha sido estimada la revisión fáctica propuesta en esta sede, al desconocerse su incidencia en la facturación global, dato que hubiera resultado necesario para dirimir sobre la causa productiva invocada en la carta.

Asimismo, por lo que se refiere a la concreta afectación del actor por la medida, concluye la juzgadora a quo en la sentencia recurrida que no se ha probado la necesidad de amortizar su puesto de trabajo al no constar acreditado cuál es el que venía ocupando el demandante. Y se continúa argumentando que su categoría profesional es la de montador de lámparas, no la de montador de pies de lámparas, y la empresa no ha probado que el trabajador se dedicase única y exclusivamente a realizar esta función, por lo que es posible pensar que el actor, con una antigüedad de 1998, conoce sobradamente el montaje de cualquier tipo de lámpara de la empresa. Nada añade el recurso interpuesto para combatir tal conclusión, siendo así que en efecto no ha sido probadas las razones esgrimidas en la carta (especialización del actor en el montaje de pies y disminución en los últimos meses de dicha demanda). No concurriría, en consecuencia, la acreditación de la razonabilidad de la medida, atendido que tampoco han sido probadas medidas adoptadas anteriormente por la empresa, pese a aludirse a las mismas de forma genérica en la carta.

La ausencia de acreditación de las causas de despido, en la forma expuesta, determina la calificación de la medida extintiva como improcedente, con los efectos inherentes a tal declaración. Habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, decae la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

CUARTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte codemandada recurrente, las cuales incluirán los honorarios de la letrada de la parte actora impugnante en cuantía de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Por la codemandada Pujol Iluminación, S. L. se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, estimando la demanda, declaró la improcedencia del despido acordado en fecha 4 de agosto de 2023, condenando a aquélla a que a su opción, a comunicar por escrito al Juzgado en el plazo de cinco días, readmitiese a la parte actora en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o le abonase una indemnización por importe de veintiséis mil cuatrocientos veintiún euros con cuarenta y seis céntimos (26.421,46 euros, correspondientes a 52.840,80 euros por indemnización por despido improcedente (a razón del salario diario de 73,39 euros) menos 26.419,34 euros que ha percibido en concepto de indemnización por despido por causas objetivas); añadiendo que de optarse por la readmisión se deberían abonar los salarios dejados de percibir; sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía salarial. El recurso ha sido impugnado por la parte actora, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la calificación de la medida extintiva empresarial, postulando que sea la de despido procedente con las consecuencias inherentes a tal declaración.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la entidad codemandada recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado tercero.

Comenzando por el ordinal tercero, se propone la siguiente redacción alternativa:

"TERCERO. - Las cuentas anuales y el impuesto de sociedades que obran como documentales en el ramo de prueba de la parte demandada acreditan los siguientes resultados de la actividad de la empresa:

AÑO 2019: Importe neto cifra negocios: 2.198.403,81

Resultados explotación: 2.584,10

Resultado antes impuestos: 3.119,87

Resultado ejercicio: 473,63

AÑO 2020: Importe neto cifra negocios: 1.724.445,81

Resultados explotación: 6.667,58

Resultado antes impuestos: 4.679,97

Resultado ejercicio: 3.178,73

AÑO 2021: Importe neto cifra negocios: 1.865.626,38

Resultados explotación: 8.720,06

Resultado antes impuestos: 5.659,15

Resultado ejercicio: 4.223,60

AÑO 2022: Importe neto cifra negocios: 1.825.488,92

Resultados explotación: -128.307,92

Resultado antes impuestos: -129.687,86

Resultado ejercicio: -97.924,13

AÑO 2023: Importe neto cifra negocios: 1.328.574,27

Resultados explotación: -185.082,24

Resultado antes impuestos: -188.974,96

Resultado ejercicio: -142.018,72."

Invocándose, como fundamento de esta pretensión revisora, parte de la prueba documental aportada por la recurrente (documentos 2 a 6), el original redactado del factum controvertido tiene por acreditado el importe neto de la cifra de negocios de los años 2019 a 2022, así como el resultado de explotación y de ejercicio de las referidas anualidades, por lo que la adición postulada en relación a este particular resulta innecesaria, al encontrarse tales datos incluidos en el relato fáctico por remisión. Por lo que se refiere a los datos de la anualidad 2023, dado que la carta de despido alude a los atinentes al período transcurrido hasta el 30 de junio de 2023, procede adicionar al redactado del ordinal fáctico tercero la referencia a aquélla, quedando el nuevo redactado, con estimación parcial de la revisión instada, con el siguiente tenor literal:

"TERCERO. - El importe neto de cifra de negocios de los años 2019 a 2023 y el resultado de la explotación y de ejercicios de los mismos años, que constan en la carta de despido han quedado acreditados por las cuentas anuales y el impuesto de sociedades que obran como documentales en el ramo de prueba de la parte demandada".

B) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero bis.

Se interesa la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero bis, con el siguiente tenor:

"TERCERO BIS.- En el año 2021 la empresa facturó al cliente DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMB un total de 863.705,00.-€; en el año 2022, un total de 720.153,00.-€ y en el año 2023, un total del 371.763,00.-€."

Como fundamento de esta adición, se invoca el documento 73 de la prueba documental, cuadro resumen del modelo 349 del período de 2019 a 2023 (folios 63 a 129 del bloque "prueba parte demandada 3/6"). Si bien la carta de despido refiere como uno de los motivos del descenso de la facturación de la empresa la bajada de aquélla al cliente referido, no detalla tales datos, por lo que no ha lugar a su adición al exceder del contenido de la carta. A ello ha de adicionarse la intrascendencia del referido dato, una vez se han constatados los relativos a la cifra de negocios y resultados de explotación de cada uno de los referidos ejercicios, lo que abunda en la improcedencia de la referida adición.

C) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero ter.

Se interesa la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero ter, con el siguiente texto:

"TERCERO TER.- A la finalización del año 2019 la empresa tenía una plantilla de 12 hombres y 11 mujeres; a la finalización del año 2020, 12 hombres y 9 mujeres; a la finalización del año 2021, 11 hombres y 9 mujeres; a la finalización del año 2022, 10 hombres y 7 mujeres; y, a la finalización del año 2023, 9 hombres y 7 mujeres".

Como fundamento de esta adición, se invocan los documentos 2 a 6 obrantes en la prueba documental de la parte actora. Ahora bien, la reducción de plantilla integraría una medida, y no así una causa del despido, a lo que ha de adicionarse que la carta únicamente refiere, en relación a este extremo, que se vio en la necesidad de amortizar "dos posiciones de trabajo", por lo que la adición postulada resulta intrascendente y procede su fracaso.

D) Adición de un nuevo ordinal, numerado tercero quater.

En el recurso se insta la adición de un nuevo ordinal, numerado tercero quater, con el siguiente tenor:

"TERCERO QUATER.- En fecha 14 de octubre de 2022 la empresa procedió a comunicar un despido objetivo por causas económicas; en fecha 2 de diciembre de 2022, comunicó un segundo despido por causas económicas que fue declarado procedente por el Juzgado Social 9 de Barcelona".

Invocándose los documentos 146, 153 y 154 de la prueba documental aportada por la recurrente, se trata de un dato intrascendente en aras a modificar el fallo de instancia, al tratarse de despido por causas económicas en distinta fecha, además de no constar la firmeza de la sentencia citada; lo que determina su fracaso.

Todo lo anterior resulta de la subsunción de las modificaciones instadas en los criterios reiteradamente establecidos por la Jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, conforme a la cual el proceso laboral está concebido como de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o juzgadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores). Su aplicación determina la desestimación de la revisión postulada.

En suma, procede estimar parcialmente el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo del recurso, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte codemandada recurrente denuncia la infracción del artículo 52 c) en relación con el artículo 51.1 del ET y doctrina jurisprudencial que lo interpreta. Se argumenta que ha sido acreditada la causa aducida en la carta, cuáles son las pérdidas económicas que padecía la empresa tal como consta en la misma, cerrando la empresa el ejercicio durante el año 2023 con unas pérdidas de ciento cuarenta y dos mil dieciocho euros con setenta y dos céntimos (142.018,72 €), lo que conduce a la situación económica negativa que faculta a la empresa a proceder al despido objetivo por causas económicas, de conformidad con la normativa invocada. Asimismo, esgrime que durante el año 2023 el importe neto de la cifra de negocios, que corresponde a la facturación de actividad realizada por la empresa, padece un descenso de cuatrocientos noventa y seis mil novecientos catorce euros con sesenta y cinco céntimos (496.914,65 €), siendo los resultados del año 2022 de un millón ochocientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con noventa y dos céntimos (1.825.488,92 €) y durante el año 2023 de un millón trescientos veintiocho mil quinientos setenta y cuatro euros con veintisiete céntimos (1.328.574,27 €), lo que representa un veintisiete por ciento (27 %) menos de la actividad. Se invoca la doctrina jurisprudencial en la materia, por considerar acreditadas las causas económicas y productivas invocadas en la carta, postulando la estimación de la infracción jurídica denunciada y del recurso interpuesto, declarando la procedencia del despido.

Opone la parte actora, al impugnar el recurso, que no considera infringidos los preceptos invocados ni la jurisprudencia aplicable. A ello añade que pese a existir una situación de pérdidas de la empresa, no se acredita debidamente ni la causa económica ni la productiva, ni la necesidad de amortizar el puesto de trabajo del actor. Es por ello que se concluye que el despido del actor en ningún caso está justificado, pues resultaba notorio que dicha medida no iba a ayudar a recuperación alguna, como así ha reconocido la empresa, siendo así que tras años de descenso progresivo de la productividad de la demandada ésta ha recurrido únicamente al despido, sin implantar otras medidas legales menos agresivas y perjudiciales como suspensiones temporales, reducción de salario, reducción de jornada, a nivel colectivo o individual, rechazando las ayudas que hubieran reducido las pérdidas alegadas. Por ello, se insta la confirmación del pronunciamiento de instancia, con las consecuencias inherentes a tal declaración.

Centrándonos en el objeto del recurso, la sentencia recurrida concluye sobre la improcedencia del despido debido a la ausencia de acreditación de las causas esgrimidas en la carta en que fue acordada la medida extintiva; conclusión ésta combatida en el recurso.

Resulta de interés recordar que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 52.c) del mismo cuerpo legal, dispone que concurren las causas económicas "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior",añadiendo que concurren "causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado".Como ha señalado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, "el significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-). En aplicación de esta doctrina, la acreditación de la causa precisa la de las circunstancias en que pretendió sustentarse el despido, sin que puedan equipararse a una causa abstracta, sino que ha de probarse una "causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota"( STS/4ª de 26 de octubre de 2023 -recurso 506/2022-).

Acreditada, en su caso, la causa, la procedencia del despido requiere la acreditación de la razonabilidad de la medida extintiva, en los términos descritos jurisprudencialmente. Compendia la unificada doctrina la STS/4ª de 19 de diciembre de 2023 (recurso 3481/2022), recordando que " la Sala ha reiterado (SSTS 726/2018, de 10 de julio, Rcud. 1332/2017 ; 741/2018, de 11 de julio, Rcud. 467/2017 y 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020 ; entre otras) que por fuerza persiste un ámbito de control judicial fuera de la "causa" como hecho, no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos ya que, entre otras razones, el derecho al trabajo ( artículo 35 CE ) en su dimensión individual se concreta -aparte del derecho de obtención de puesto de trabajo en igualdad de condiciones- en "el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos sino existe una justa causa" ( SSTC 22/1981 , de 2 de Julio ; 125/1994, de 25 de Abril ; y 192/2003, de 27 de Octubre ) (...).Y añade la citada sentencia que "el citado juicio de razonabilidad tendría una triple proyección y sucesivo escalonamiento: 1) Sobre la existencia de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial extintiva. 2) Sobre la adecuación de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la misma se ajusta a los fines - legales- que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa. Y 3) Sobre la racionalidad propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a derecho las medidas empresariales carentes de una elemental proporcionalidad. Juicio este último -de proporcionalidad- que ha de ser entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa idoneidad de la medida a adoptar por el empresario, ni tampoco censurar su oportunidad en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse -como carentes de razonabilidad y por ello ilícitas- aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS de 27 de enero de 2014 -Rec. 100/13 -; y de 26 de marzo de 2014 -Rec. 158/13 ). Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, teniendo en cuenta, además, que no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial".

De la literalidad de la carta (transcrita en el hecho probado segundo de la sentencia, que damos por reproducido) se desprende que la extinción del contrato de trabajo del actor fue acordada por causas objetivas de carácter económico y productivo, aludiéndose en la misma los efectos de la pandemia del COVID, que habrían determinado un importante descenso en el volumen neto de la cifra de negocios de la empresa, equivalente a un veintidós por ciento (22 %) de la facturación en relación con el volumen de negocio de los años anteriores a la pandemia, disminución de la cual "a fecha de hoy todavía no se ha recuperado" y que inevitablemente habría acabado repercutiendo en los resultados económicos de la empresa. Se detalla en la carta el siguiente descenso en la evolución de la cifra de negocios de la empresa con los resultados del importe neto de aquélla: año 2019, 2.198.403,81 euros; año 2020, 1.724.44581 euros; año 2021, 1.865.626,38 euros, y año 2022, 1.825.488,92 euros. Asimismo, se alude en la carta al descenso de la facturación del cliente DECOR-WALTHE_R EINRICHTUNGS GMBH, esgrimiendo que habría llegado a representar más el cuarenta y cinco por ciento (45 %) de la facturación total de la empresa. Además, se expone en la carta que el año 2022 fue mucho más complicado que el año 2020 con plena pandemia, motivo por el que la empresa cerró el ejercicio con unas notables pérdidas, produciéndose un importante incremento de costes tanto de energía como de materias primas y productos, incremento con el que no se contaba y que provocó una notable reducción del margen de negocio, que con el volumen de ventas condujo a una situación de pérdidas.

Los datos económicos a los que se alude en la carta, fueron asimismo cifrados en ella, refiriendo que a fecha 30 de junio de 2023 la situación de pérdidas de la empresa era mayor a la que presentaba el año anterior por esas mismas fechas. Y se efectuó una comparación con los resultados del año anterior, en los siguientes términos:

- Importe neto cifra de negocios

Junio 2022 1.001.619,54

Junio 2023 (prov) 786.296,32

Resultado explotación.

Junio 2022: -100.930,02

Junio 2023: -150.805,88

Resultado ejercicio:

Junio 2022: -101.053,50 euros.

Junio 2023: -150.978,90 euros.

La sentencia de instancia parte de considerar que los términos de la carta son muy genéricos, si bien posteriormente concluye que reúne los requisitos mínimos para que el actor pueda articular su defensa. A ello añade que no ha sido acreditada la concurrencia de las causas esgrimidas en la carta, por cuanto pese a las pérdidas indicadas en el fundamento jurídico segundo de la sentencia con valor fáctico, que serían en el año 2022 de un resultado de explotación de - 128.307,92 euros y de un resultado del ejercicio de - 97.924,13 euros, este dato resultaría incoherente con el de la facturación. En efecto, en relación a esta última, consta que durante el año 2022 fue superior en todos los trimestres a los cuatrocientos mil euros (400.000 euros), y en el 2023 durante el primer trimestre de 446.889,55 euros, y durante el segundo de 380.313,73 euros.

El recurso interpuesto insiste en el dato de las pérdidas económicas, considerando que tal situación resulta subsumible en el artículo 52.c) en relación con el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, partiendo de su tenor, si bien han sido alegadas unas pérdidas, que se tienen por probadas, no ha sido acreditada la situación económica negativa por cuanto tales datos han resultado contradichos por el nivel de facturación. Adviértase que la enumeración contenida en el artículo 51.1 de aquella norma es de carácter orientativo, aludiendo a "casos tales" como cuando concurran pérdidas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o de ventas, siendo así que esta última no concurre. De hecho, de los datos anteriormente aludidos se colige que en el primer trimestre del año 2023 aumentó la facturación respecto al tercer y cuarto trimestre de 2022, por lo que, sin perjuicio de una disminución durante el segundo trimestre de 2023, no estimamos que pueda deducirse una situación económica negativa empresarial. Frente a la argumentación de la sentencia sobre la incoherencia entre el nivel de facturación y los resultados empresariales, nada añade el recurso interpuesto, lo que impide que pueda concluirse por esta Sala de modo divergente, por cuanto no consta acreditada la real situación económica empresarial ni argumentada la referida discordancia entre datos.

Tampoco han sido probadas las causas productivas, por cuanto no consta el cambio en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado, a cuyo efecto no resultaría suficiente la acreditación de la demanda de un cliente, extremo por el que no ha sido estimada la revisión fáctica propuesta en esta sede, al desconocerse su incidencia en la facturación global, dato que hubiera resultado necesario para dirimir sobre la causa productiva invocada en la carta.

Asimismo, por lo que se refiere a la concreta afectación del actor por la medida, concluye la juzgadora a quo en la sentencia recurrida que no se ha probado la necesidad de amortizar su puesto de trabajo al no constar acreditado cuál es el que venía ocupando el demandante. Y se continúa argumentando que su categoría profesional es la de montador de lámparas, no la de montador de pies de lámparas, y la empresa no ha probado que el trabajador se dedicase única y exclusivamente a realizar esta función, por lo que es posible pensar que el actor, con una antigüedad de 1998, conoce sobradamente el montaje de cualquier tipo de lámpara de la empresa. Nada añade el recurso interpuesto para combatir tal conclusión, siendo así que en efecto no ha sido probadas las razones esgrimidas en la carta (especialización del actor en el montaje de pies y disminución en los últimos meses de dicha demanda). No concurriría, en consecuencia, la acreditación de la razonabilidad de la medida, atendido que tampoco han sido probadas medidas adoptadas anteriormente por la empresa, pese a aludirse a las mismas de forma genérica en la carta.

La ausencia de acreditación de las causas de despido, en la forma expuesta, determina la calificación de la medida extintiva como improcedente, con los efectos inherentes a tal declaración. Habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, decae la infracción jurídica denunciada y el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

CUARTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede imponer las costas a la parte codemandada recurrente, las cuales incluirán los honorarios de la letrada de la parte actora impugnante en cuantía de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte codemandada para recurrir, al que, una vez firme la presente resolución y por el Juzgado de procedencia, se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,