Sentencia Social 305/2026 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 355/2025 de 26 de febrero del 2026

PRIMERO.- Síntesis de la litis.

La sentencia de instancia desestimaba la demanda. En ella se resolvió que el trabajador había prestado servicios de forma discontinua, según lo probó la prueba documental practicada, en múltiples períodos contractuales, iniciados en 2012 y extendiéndose hasta 2022, en relación con la empresa demandada y su subrogada SOUTH EUROPE GROUND SERVICES S.L. La resolución combatida consideró probados los hechos relativos a la vinculación laboral, reconociendo que el trabajador había sido convocado en temporadas altas, pese a la existencia de periodos de inactividad propios del régimen de trabajadores fijos discontinuos.

Asimismo, el pronunciamiento impugnado apreció que las interrupciones entre contratos se debieron, en parte, a la estacionalidad y a situaciones excepcionales, como la crisis derivada del Covid-19, que redujo drásticamente la actividad y obligó a la empresa a ajustar sus operaciones.

La sentencia de instancia entendió que, a pesar de la demostración de una prolongada continuidad en la prestación de servicios, se habían observado lagunas contractuales de diversa duración. Entre ellas, se destacó la interrupción que se produjo entre el contrato finalizado el 19 de mayo de 2020 y el iniciado el 22 de julio de 2021, cuyo lapso de 14 meses fue calificado como significativo para cuestionar la unidad del vínculo. No obstante, la resolución combatida subrayó que aquellas interrupciones debían apreciarse a la luz de criterios doctrinales que reconocían la naturaleza especial de los contratos fijos discontinuos, en los cuales periodos de inactividad formaban parte de la dinámica laboral.

Por otra parte, la parte demandada sostuvo que las discontinuidades habían interrumpido de forma sustancial la continuidad contractual, invocando jurisprudencia que establecía límites temporales precisos para el cómputo de la antigüedad. La empresa argumentó que la falta de llamadas durante determinados periodos evidenciaba una ruptura real en la relación laboral. En contraste, la parte actora defendió que las lagunas existentes se debían a la estacionalidad y a circunstancias extraordinarias, por lo que no podían privarle del reconocimiento de la totalidad de su antigüedad.

En definitiva, el pronunciamiento impugnado resolvió estimar la demanda en lo relativo al reconocimiento de la antigüedad acumulada en la mayoría de los períodos, excepto la pretensión subsidiaria que pretendía computar la totalidad, al considerar probada la interrupción del año 2017-2018 que disoció parte del vínculo contractual, a saber, una interrupción de 17 de abril de 2017 a 16 de abril de 2018.

Disconforme la parte actuante, D. Ángel, interpone el presente recurso de suplicación articulando dos motivos de revisión fáctica y un motivo de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia. El recurso fue impugnado por la representación letrada de a IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U..

Disconforme la parte demandada, IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U., interpone el presente recurso de suplicación articulando un motivo de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia con la absolución de la parte demandada.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas.

Como primer motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la adición de un nuevo párrafo al Hecho Probado QUINTO, cuya redacción sería la siguiente:

"QUINTO.- "Que la parte demandada cada tres meses obligaba a los trabajadores eventuales a confirmar que seguían vinculados en la empresa coincidiendo con el período que no estaban contratados según Documental n.º 5 del ramo probatorio de la actora, folio 202 de autos."

Para ello, el recurrente se apoya en la Documental n.º 5 del ramo probatorio de la actora, folio 202 de autos. Se desestima la revisión pretendida, dado que nada aporta al relato fáctico y carece de trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo, a saber, la primera cuestión es que no existe "obligación" ninguna, ello no se deduce del documento esgrimida, en segundo lugar, se trata de una comunicación a la empresa del deseo de permanecer en una bolsa de empleo, cuestión distinta seguir vinculado a la empresa.

Como segundo motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la modificación del Hecho Probado SEGUNDO, cuya redacción original es:

"SEGUNDO.- El actor ha prestado servicios para la demandada, en los siguientes periodos: [.]"

La redacción que se propone sería la siguiente:

"SEGUNDO.- El actor ha prestado servicio para la demanda mediante la concatenación de 43 contratos de trabajo en un periodo de 10 años, en los siguientes periodos: [.]"

Para ello, el recurrente se apoya en el reconocimiento por ambas partes del número de contratos realizados y en la naturaleza continua y abusiva de dichos contratos, que se han presentado como prueba en el procedimiento. Se desestima la revisión pretendida, dado que nada aporta al relato fáctico y carece de trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. art. 15.3 ET, art. 126 del Convenio Colectivo aplicable.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente, D. Ángel, interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el artículo 126 del Convenio Colectivo aplicable, a saber, el recurso sostiene que los contratos temporales realizados con el demandante fueron realizados en fraude de ley, lo que debería conducir a su consideración como contratos indefinidos. La parte actora argumenta que el uso de 43 contratos temporales a lo largo de diez años para la misma función y con la misma empresa indica una necesidad permanente del servicio, contraviniendo lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores sobre la temporalidad de estos contratos. Además, el recurso menciona jurisprudencia del Tribunal Supremo que respalda este enfoque, destacando que interrupciones en la relación laboral no necesariamente rompen la continuidad del vínculo cuando las contrataciones son fraudulentas. El demandante solicita que se reconozca la antigüedad desde el primer contrato firmado, datado el 14 de enero de 2012, debido a la evidencia del vínculo laboral continuado y la naturaleza fraudulenta de las contrataciones temporales.

El recurrente pretende obviar la interrupción habida entre el contrato 27º y 28º:

"27º Eventual a tiempo parcial, desde el 02/01/2017, hasta el 17/04/2017, causa de eventualidad consignada en contrato genérica.

28º Eventual a tiempo parcial, desde el 16/04/2018, hasta el 28/04/2018, causa de eventualidad consignada en contrato genérica."

Estamos ante una interrupción de 1 años, en una relación que por entonces tenía una duración (obviando interrupciones) de 5 años, 3 meses y 3 días, esto es 1920 días sin quitar las interrupciones previas de hasta 6 meses como la que hubo entre el contrato 25º y 26º (11/04/2016 a 29/10/2016). Una interrupción de 1 año en una relación laboral de 5 años es lo suficientemente significativa como para considerar que existe una ruptura de la unidad esencial del vínculo. La doctrina de esta Sala en torno a la interrupción durante el COVID-19 hace referencia a una circunstancia excepcional, y por ende, no extrapolable a cualquier otro momento. Por ende, se considera que, efectivamente, hay una interrupción significativa que rompe la unidad esencial del vínculo y por ende, la antigüedad ha de ser de 16 de abril de 20218.

Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U. interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, a saber, la recurrente argumenta que la sentencia de instancia inaplica erróneamente dichos preceptos y la doctrina sobre la solución de continuidad en la relación laboral. La sentencia reconoció una antigüedad al actor basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el convenio colectivo, ignorando las interrupciones significativas entre contratos temporales debido a la pandemia, como la de más de doce meses entre el 19 de mayo de 2020 y el 22 de julio de 2021. Sin embargo, el recurrente argumenta que estas interrupciones son relevantes y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que tales interrupciones eliminan el carácter unitario de la prestación laboral. Además, señala que la actividad de IBERIA no cesó completamente durante la pandemia, sino que se redujo. En apoyo a su posición, menciona la Sentencia del TSJ de Madrid que en un caso similar reconoció la ruptura de la unidad laboral por interrupciones prolongadas. Por todo ello, solicita que se estime el recurso y se anule el reconocimiento de antigüedad erróneo.

En supuesto similar esta Sala ya se ha pronunciado, y así, en sentencia de 30 de enero de 2025, recurso 1412/2025, resolvía respecto de una interrupción de varios meses durante la pandemia, que:

"Esta Sala ha tenido ya ocasión de resolver un recurso análogo al que ahora nos ocupa en sentencia de fecha 07/03/2024, recaída en el recurso de suplicación nº 233/2023, sentencia en la que se desestimaba el recurso de la empresa en base a las siguientes argumentaciones:

«Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la aplicación de la solución de continuidad en la relación laboral, a saber, la recurrente manifiesta desacuerdo con la sentencia previa que otorga al demandante una antigüedad desde la primera contratación (29/10/2011), ignorando interrupciones sustanciales en la prestación de servicio, particularmente una de más de doce meses. Argumenta que el cumplimiento de contratos temporales con interrupciones evidentes y relevantes impide considerar una prestación de servicios de carácter unitario, lo cual es requisito para el reconocimiento continuado de antigüedad, según doctrina del Tribunal Supremo.

Aplicando tal doctrina al caso de autos, en primer término hemos de referirnos al periodo de prestación de servicios entre los meses de enero de 2012 y mayo de 2020, donde observamos una secuencia de contratación que se inicia en octubre y finaliza en el mes de abril o mayo del año siguiente. Cierto es que algunos años la referida secuencia no se da, pero ello es irrelevante ya que lo que en realidad ocurre es que en determinadas ocasiones, por razones que no constan, el periodo de contratación fue incluso superior.

Es por ello que, discrepando con el Juzgador de instancia en ese particular, advertimos que la persona trabajadora es siempre llamada al trabajo en los meses de mayor actividad (temporada turística alta), aunque a veces se prolongue su prestación de servicios por más tiempo si las necesidades productivas de la empresa lo requieren, como por ejemplo ocurrió en los contratos que duraron desde octubre de 2014 hasta abril de 2016 y desde octubre de 2017 hasta junio de 2019.

En definitiva, las lagunas de contratación habidas hasta mayo de 2020, además de que no superan los 6 meses, obedecieron a la finalización de la temporada turística alta, es decir, a los periodos propios de inactividad de los trabajadores fijos discontinuos del sector.

Es por ello que entendemos que la contratación fraudulenta suscrita hasta entonces conforma un único vínculo contractual.

Resta por determinar si la laguna de contratación de 14 meses existente entre los meses de mayo de 2020 y julio de 2022 impide incorporar la contratación posterior a ese referido "único vínculo" anterior.

Y creemos que así debe ser pues, si bien de acuerdo con la citada doctrina del tribunal Supremo el periodo en blanco es excesivamente dilatado, es evidente que concurrieron circunstancias excepcionales que nos permiten concluir que sigue tratándose de un único vínculo contractual.

Como la propia empresa afirma en su escrito de impugnación (no podía ser de otra manera) durante la pandemia se redujo drásticamente la actividad de IBERIA por las restricciones impuestas por los Gobiernos de los distintos países, estando no obstante la Compañía obligada a ofrecer un número determinado de vuelos esenciales, limitaciones que fueron desapareciendo de forma paulatina. Es claro, por tanto, que si el demandante no fue llamado al trabajo en la temporada alta de los años 2020-2021 fue porque, por las indicadas obvias razones, no existió la misma.

Así se ha entendido también por otras Salas de Suplicación, pudiendo citarse al efecto la sentencia dictada por la Sala de Madrid en fecha 09/06/2023, rec. 51/2023, en la que, siendo igualmente parte la aquí demandada, se decía:

«Respecto a las interrupciones desde 21/12/2019 hasta 24/11/2021, es una interrupción excesivamente larga, ahora bien, esta interrupción deriva de la situación excepcional producida por la situación generada por el COVID-19 que afecto a sector como el transporte aéreo y que justifica que no se realizara los llamamientos porque no había servicio que desempeñar pero sí motiva que la relación no se considere interrumpida.».

En el mismo sentido, resulta muy ilustrativa la sentencia de la Sala de suplicación de las Islas Baleares de 28/06/2021, rec. 83/2021, en la que con meridiana claridad (siendo así mismo litigante IBERIA) se razonaba lo siguiente:

«.la no contratación al iniciarse la temporada 2020 respondió a dos circunstancias concretas. La primera y fundamental, derivada de la extraordinaria situación provocada por la Covid-19 y consistente en la situación de ERTE existente en la plantilla de la empresa demandada en la fecha habitual de los llamamientos. La segunda consistente en el fraude de ley en la contratación de la demandante, que llevó a la empresa a no llamarla para incluirla en el ERTE junto aquellos otros trabajadores que sí tenían reconocida la condición de fijos discontinuos.(.) La falta de llamamiento de la demandante pudo empujarla a ejercitar una acción para solicitar que se procediese a su inclusión en el ERTE, pero en nada puede perjudicarle el hecho de no haberlo hecho así. Tampoco puede perjudicarle el hecho de no haber considerado razonable ejercitar la acción de despido cuando no era posible la efectiva prestación de servicios y desde luego el hecho de no haber ejercitado la acción de despido por falta de llamamiento no le podrá perjudicar para el caso de que, una vez restablecida la normalidad, se omita su llamamiento en la condición de fija discontinua que se le ha reconocido en la sentencia recurrida.»

Tal argumentación, que compartimos plenamente, conduce a la estimación íntegra de la demanda y da respuesta al planteamiento que en el presente caso hace la empresa en su escrito de impugnación. En efecto, ni era razonable exigir al trabajador accionar por despido ni se le puede reprochar que no accionase a fin de ser incluido en ERTE.

En definitiva, vistas las particularísimas circunstancias concurrentes, hemos de concluir que la controvertida laguna de contratación de 14 meses no impide entender que las contrataciones posteriores integren, junto con las anteriores, un solo vínculo contractual, lo que comporta la estimación del recurso y, con revocación de la sentencia de instancia, la íntegra estimación de la demanda, reconociendo a la parte demandante la antigüedad que reclama, es decir, la de su primer contrato.».

Con base en lo razonado en dicha sentencia, que por lo arriba expuesto es plenamente extrapolable al caso que nos ocupa, el presente recurso ha de ser también desestimado, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del referido criterio pese que en este caso la laguna en tiempo COVID sea de mayor duración que la analizada en la referida sentencia, pues en definitiva su existencia obedece a las mismas circunstancias.".

Lo expuesto es de plena aplicación al presente supuesto, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del criterio adoptado. Por lo que siendo dicho criterio el seguido por la sentencia de instancia, no cabe sino la desestimación del recurso y la confirmación de la misma.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones.

La desestimación del recurso de D. Ángel, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, no implica en el presente caso la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, al ser beneficiario de justicia gratuita, ex articulo 2.d) Ley 1/1996.

La desestimación del recurso de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U., de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, implica la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, condena que incluye el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, y dentro de los límites legales, señala en 800 euros.

Se decreta también, como preceptúa el artículo 204.4 LRJS, la pérdida del depósito constituido para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de la cantidad consignada a la que se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Síntesis de la litis.

La sentencia de instancia desestimaba la demanda. En ella se resolvió que el trabajador había prestado servicios de forma discontinua, según lo probó la prueba documental practicada, en múltiples períodos contractuales, iniciados en 2012 y extendiéndose hasta 2022, en relación con la empresa demandada y su subrogada SOUTH EUROPE GROUND SERVICES S.L. La resolución combatida consideró probados los hechos relativos a la vinculación laboral, reconociendo que el trabajador había sido convocado en temporadas altas, pese a la existencia de periodos de inactividad propios del régimen de trabajadores fijos discontinuos.

Asimismo, el pronunciamiento impugnado apreció que las interrupciones entre contratos se debieron, en parte, a la estacionalidad y a situaciones excepcionales, como la crisis derivada del Covid-19, que redujo drásticamente la actividad y obligó a la empresa a ajustar sus operaciones.

La sentencia de instancia entendió que, a pesar de la demostración de una prolongada continuidad en la prestación de servicios, se habían observado lagunas contractuales de diversa duración. Entre ellas, se destacó la interrupción que se produjo entre el contrato finalizado el 19 de mayo de 2020 y el iniciado el 22 de julio de 2021, cuyo lapso de 14 meses fue calificado como significativo para cuestionar la unidad del vínculo. No obstante, la resolución combatida subrayó que aquellas interrupciones debían apreciarse a la luz de criterios doctrinales que reconocían la naturaleza especial de los contratos fijos discontinuos, en los cuales periodos de inactividad formaban parte de la dinámica laboral.

Por otra parte, la parte demandada sostuvo que las discontinuidades habían interrumpido de forma sustancial la continuidad contractual, invocando jurisprudencia que establecía límites temporales precisos para el cómputo de la antigüedad. La empresa argumentó que la falta de llamadas durante determinados periodos evidenciaba una ruptura real en la relación laboral. En contraste, la parte actora defendió que las lagunas existentes se debían a la estacionalidad y a circunstancias extraordinarias, por lo que no podían privarle del reconocimiento de la totalidad de su antigüedad.

En definitiva, el pronunciamiento impugnado resolvió estimar la demanda en lo relativo al reconocimiento de la antigüedad acumulada en la mayoría de los períodos, excepto la pretensión subsidiaria que pretendía computar la totalidad, al considerar probada la interrupción del año 2017-2018 que disoció parte del vínculo contractual, a saber, una interrupción de 17 de abril de 2017 a 16 de abril de 2018.

Disconforme la parte actuante, D. Ángel, interpone el presente recurso de suplicación articulando dos motivos de revisión fáctica y un motivo de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia. El recurso fue impugnado por la representación letrada de a IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U..

Disconforme la parte demandada, IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U., interpone el presente recurso de suplicación articulando un motivo de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia con la absolución de la parte demandada.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas.

Como primer motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la adición de un nuevo párrafo al Hecho Probado QUINTO, cuya redacción sería la siguiente:

"QUINTO.- "Que la parte demandada cada tres meses obligaba a los trabajadores eventuales a confirmar que seguían vinculados en la empresa coincidiendo con el período que no estaban contratados según Documental n.º 5 del ramo probatorio de la actora, folio 202 de autos."

Para ello, el recurrente se apoya en la Documental n.º 5 del ramo probatorio de la actora, folio 202 de autos. Se desestima la revisión pretendida, dado que nada aporta al relato fáctico y carece de trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo, a saber, la primera cuestión es que no existe "obligación" ninguna, ello no se deduce del documento esgrimida, en segundo lugar, se trata de una comunicación a la empresa del deseo de permanecer en una bolsa de empleo, cuestión distinta seguir vinculado a la empresa.

Como segundo motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la modificación del Hecho Probado SEGUNDO, cuya redacción original es:

"SEGUNDO.- El actor ha prestado servicios para la demandada, en los siguientes periodos: [.]"

La redacción que se propone sería la siguiente:

"SEGUNDO.- El actor ha prestado servicio para la demanda mediante la concatenación de 43 contratos de trabajo en un periodo de 10 años, en los siguientes periodos: [.]"

Para ello, el recurrente se apoya en el reconocimiento por ambas partes del número de contratos realizados y en la naturaleza continua y abusiva de dichos contratos, que se han presentado como prueba en el procedimiento. Se desestima la revisión pretendida, dado que nada aporta al relato fáctico y carece de trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. art. 15.3 ET, art. 126 del Convenio Colectivo aplicable.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente, D. Ángel, interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el artículo 126 del Convenio Colectivo aplicable, a saber, el recurso sostiene que los contratos temporales realizados con el demandante fueron realizados en fraude de ley, lo que debería conducir a su consideración como contratos indefinidos. La parte actora argumenta que el uso de 43 contratos temporales a lo largo de diez años para la misma función y con la misma empresa indica una necesidad permanente del servicio, contraviniendo lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores sobre la temporalidad de estos contratos. Además, el recurso menciona jurisprudencia del Tribunal Supremo que respalda este enfoque, destacando que interrupciones en la relación laboral no necesariamente rompen la continuidad del vínculo cuando las contrataciones son fraudulentas. El demandante solicita que se reconozca la antigüedad desde el primer contrato firmado, datado el 14 de enero de 2012, debido a la evidencia del vínculo laboral continuado y la naturaleza fraudulenta de las contrataciones temporales.

El recurrente pretende obviar la interrupción habida entre el contrato 27º y 28º:

"27º Eventual a tiempo parcial, desde el 02/01/2017, hasta el 17/04/2017, causa de eventualidad consignada en contrato genérica.

28º Eventual a tiempo parcial, desde el 16/04/2018, hasta el 28/04/2018, causa de eventualidad consignada en contrato genérica."

Estamos ante una interrupción de 1 años, en una relación que por entonces tenía una duración (obviando interrupciones) de 5 años, 3 meses y 3 días, esto es 1920 días sin quitar las interrupciones previas de hasta 6 meses como la que hubo entre el contrato 25º y 26º (11/04/2016 a 29/10/2016). Una interrupción de 1 año en una relación laboral de 5 años es lo suficientemente significativa como para considerar que existe una ruptura de la unidad esencial del vínculo. La doctrina de esta Sala en torno a la interrupción durante el COVID-19 hace referencia a una circunstancia excepcional, y por ende, no extrapolable a cualquier otro momento. Por ende, se considera que, efectivamente, hay una interrupción significativa que rompe la unidad esencial del vínculo y por ende, la antigüedad ha de ser de 16 de abril de 20218.

Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U. interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, a saber, la recurrente argumenta que la sentencia de instancia inaplica erróneamente dichos preceptos y la doctrina sobre la solución de continuidad en la relación laboral. La sentencia reconoció una antigüedad al actor basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el convenio colectivo, ignorando las interrupciones significativas entre contratos temporales debido a la pandemia, como la de más de doce meses entre el 19 de mayo de 2020 y el 22 de julio de 2021. Sin embargo, el recurrente argumenta que estas interrupciones son relevantes y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que tales interrupciones eliminan el carácter unitario de la prestación laboral. Además, señala que la actividad de IBERIA no cesó completamente durante la pandemia, sino que se redujo. En apoyo a su posición, menciona la Sentencia del TSJ de Madrid que en un caso similar reconoció la ruptura de la unidad laboral por interrupciones prolongadas. Por todo ello, solicita que se estime el recurso y se anule el reconocimiento de antigüedad erróneo.

En supuesto similar esta Sala ya se ha pronunciado, y así, en sentencia de 30 de enero de 2025, recurso 1412/2025, resolvía respecto de una interrupción de varios meses durante la pandemia, que:

"Esta Sala ha tenido ya ocasión de resolver un recurso análogo al que ahora nos ocupa en sentencia de fecha 07/03/2024, recaída en el recurso de suplicación nº 233/2023, sentencia en la que se desestimaba el recurso de la empresa en base a las siguientes argumentaciones:

«Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la aplicación de la solución de continuidad en la relación laboral, a saber, la recurrente manifiesta desacuerdo con la sentencia previa que otorga al demandante una antigüedad desde la primera contratación (29/10/2011), ignorando interrupciones sustanciales en la prestación de servicio, particularmente una de más de doce meses. Argumenta que el cumplimiento de contratos temporales con interrupciones evidentes y relevantes impide considerar una prestación de servicios de carácter unitario, lo cual es requisito para el reconocimiento continuado de antigüedad, según doctrina del Tribunal Supremo.

Aplicando tal doctrina al caso de autos, en primer término hemos de referirnos al periodo de prestación de servicios entre los meses de enero de 2012 y mayo de 2020, donde observamos una secuencia de contratación que se inicia en octubre y finaliza en el mes de abril o mayo del año siguiente. Cierto es que algunos años la referida secuencia no se da, pero ello es irrelevante ya que lo que en realidad ocurre es que en determinadas ocasiones, por razones que no constan, el periodo de contratación fue incluso superior.

Es por ello que, discrepando con el Juzgador de instancia en ese particular, advertimos que la persona trabajadora es siempre llamada al trabajo en los meses de mayor actividad (temporada turística alta), aunque a veces se prolongue su prestación de servicios por más tiempo si las necesidades productivas de la empresa lo requieren, como por ejemplo ocurrió en los contratos que duraron desde octubre de 2014 hasta abril de 2016 y desde octubre de 2017 hasta junio de 2019.

En definitiva, las lagunas de contratación habidas hasta mayo de 2020, además de que no superan los 6 meses, obedecieron a la finalización de la temporada turística alta, es decir, a los periodos propios de inactividad de los trabajadores fijos discontinuos del sector.

Es por ello que entendemos que la contratación fraudulenta suscrita hasta entonces conforma un único vínculo contractual.

Resta por determinar si la laguna de contratación de 14 meses existente entre los meses de mayo de 2020 y julio de 2022 impide incorporar la contratación posterior a ese referido "único vínculo" anterior.

Y creemos que así debe ser pues, si bien de acuerdo con la citada doctrina del tribunal Supremo el periodo en blanco es excesivamente dilatado, es evidente que concurrieron circunstancias excepcionales que nos permiten concluir que sigue tratándose de un único vínculo contractual.

Como la propia empresa afirma en su escrito de impugnación (no podía ser de otra manera) durante la pandemia se redujo drásticamente la actividad de IBERIA por las restricciones impuestas por los Gobiernos de los distintos países, estando no obstante la Compañía obligada a ofrecer un número determinado de vuelos esenciales, limitaciones que fueron desapareciendo de forma paulatina. Es claro, por tanto, que si el demandante no fue llamado al trabajo en la temporada alta de los años 2020-2021 fue porque, por las indicadas obvias razones, no existió la misma.

Así se ha entendido también por otras Salas de Suplicación, pudiendo citarse al efecto la sentencia dictada por la Sala de Madrid en fecha 09/06/2023, rec. 51/2023, en la que, siendo igualmente parte la aquí demandada, se decía:

«Respecto a las interrupciones desde 21/12/2019 hasta 24/11/2021, es una interrupción excesivamente larga, ahora bien, esta interrupción deriva de la situación excepcional producida por la situación generada por el COVID-19 que afecto a sector como el transporte aéreo y que justifica que no se realizara los llamamientos porque no había servicio que desempeñar pero sí motiva que la relación no se considere interrumpida.».

En el mismo sentido, resulta muy ilustrativa la sentencia de la Sala de suplicación de las Islas Baleares de 28/06/2021, rec. 83/2021, en la que con meridiana claridad (siendo así mismo litigante IBERIA) se razonaba lo siguiente:

«.la no contratación al iniciarse la temporada 2020 respondió a dos circunstancias concretas. La primera y fundamental, derivada de la extraordinaria situación provocada por la Covid-19 y consistente en la situación de ERTE existente en la plantilla de la empresa demandada en la fecha habitual de los llamamientos. La segunda consistente en el fraude de ley en la contratación de la demandante, que llevó a la empresa a no llamarla para incluirla en el ERTE junto aquellos otros trabajadores que sí tenían reconocida la condición de fijos discontinuos.(.) La falta de llamamiento de la demandante pudo empujarla a ejercitar una acción para solicitar que se procediese a su inclusión en el ERTE, pero en nada puede perjudicarle el hecho de no haberlo hecho así. Tampoco puede perjudicarle el hecho de no haber considerado razonable ejercitar la acción de despido cuando no era posible la efectiva prestación de servicios y desde luego el hecho de no haber ejercitado la acción de despido por falta de llamamiento no le podrá perjudicar para el caso de que, una vez restablecida la normalidad, se omita su llamamiento en la condición de fija discontinua que se le ha reconocido en la sentencia recurrida.»

Tal argumentación, que compartimos plenamente, conduce a la estimación íntegra de la demanda y da respuesta al planteamiento que en el presente caso hace la empresa en su escrito de impugnación. En efecto, ni era razonable exigir al trabajador accionar por despido ni se le puede reprochar que no accionase a fin de ser incluido en ERTE.

En definitiva, vistas las particularísimas circunstancias concurrentes, hemos de concluir que la controvertida laguna de contratación de 14 meses no impide entender que las contrataciones posteriores integren, junto con las anteriores, un solo vínculo contractual, lo que comporta la estimación del recurso y, con revocación de la sentencia de instancia, la íntegra estimación de la demanda, reconociendo a la parte demandante la antigüedad que reclama, es decir, la de su primer contrato.».

Con base en lo razonado en dicha sentencia, que por lo arriba expuesto es plenamente extrapolable al caso que nos ocupa, el presente recurso ha de ser también desestimado, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del referido criterio pese que en este caso la laguna en tiempo COVID sea de mayor duración que la analizada en la referida sentencia, pues en definitiva su existencia obedece a las mismas circunstancias.".

Lo expuesto es de plena aplicación al presente supuesto, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del criterio adoptado. Por lo que siendo dicho criterio el seguido por la sentencia de instancia, no cabe sino la desestimación del recurso y la confirmación de la misma.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones.

La desestimación del recurso de D. Ángel, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, no implica en el presente caso la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, al ser beneficiario de justicia gratuita, ex articulo 2.d) Ley 1/1996.

La desestimación del recurso de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U., de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, implica la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, condena que incluye el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, y dentro de los límites legales, señala en 800 euros.

Se decreta también, como preceptúa el artículo 204.4 LRJS, la pérdida del depósito constituido para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de la cantidad consignada a la que se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Síntesis de la litis.

La sentencia de instancia desestimaba la demanda. En ella se resolvió que el trabajador había prestado servicios de forma discontinua, según lo probó la prueba documental practicada, en múltiples períodos contractuales, iniciados en 2012 y extendiéndose hasta 2022, en relación con la empresa demandada y su subrogada SOUTH EUROPE GROUND SERVICES S.L. La resolución combatida consideró probados los hechos relativos a la vinculación laboral, reconociendo que el trabajador había sido convocado en temporadas altas, pese a la existencia de periodos de inactividad propios del régimen de trabajadores fijos discontinuos.

Asimismo, el pronunciamiento impugnado apreció que las interrupciones entre contratos se debieron, en parte, a la estacionalidad y a situaciones excepcionales, como la crisis derivada del Covid-19, que redujo drásticamente la actividad y obligó a la empresa a ajustar sus operaciones.

La sentencia de instancia entendió que, a pesar de la demostración de una prolongada continuidad en la prestación de servicios, se habían observado lagunas contractuales de diversa duración. Entre ellas, se destacó la interrupción que se produjo entre el contrato finalizado el 19 de mayo de 2020 y el iniciado el 22 de julio de 2021, cuyo lapso de 14 meses fue calificado como significativo para cuestionar la unidad del vínculo. No obstante, la resolución combatida subrayó que aquellas interrupciones debían apreciarse a la luz de criterios doctrinales que reconocían la naturaleza especial de los contratos fijos discontinuos, en los cuales periodos de inactividad formaban parte de la dinámica laboral.

Por otra parte, la parte demandada sostuvo que las discontinuidades habían interrumpido de forma sustancial la continuidad contractual, invocando jurisprudencia que establecía límites temporales precisos para el cómputo de la antigüedad. La empresa argumentó que la falta de llamadas durante determinados periodos evidenciaba una ruptura real en la relación laboral. En contraste, la parte actora defendió que las lagunas existentes se debían a la estacionalidad y a circunstancias extraordinarias, por lo que no podían privarle del reconocimiento de la totalidad de su antigüedad.

En definitiva, el pronunciamiento impugnado resolvió estimar la demanda en lo relativo al reconocimiento de la antigüedad acumulada en la mayoría de los períodos, excepto la pretensión subsidiaria que pretendía computar la totalidad, al considerar probada la interrupción del año 2017-2018 que disoció parte del vínculo contractual, a saber, una interrupción de 17 de abril de 2017 a 16 de abril de 2018.

Disconforme la parte actuante, D. Ángel, interpone el presente recurso de suplicación articulando dos motivos de revisión fáctica y un motivo de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia. El recurso fue impugnado por la representación letrada de a IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U..

Disconforme la parte demandada, IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U., interpone el presente recurso de suplicación articulando un motivo de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia con la absolución de la parte demandada.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados.

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas.

Como primer motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la adición de un nuevo párrafo al Hecho Probado QUINTO, cuya redacción sería la siguiente:

"QUINTO.- "Que la parte demandada cada tres meses obligaba a los trabajadores eventuales a confirmar que seguían vinculados en la empresa coincidiendo con el período que no estaban contratados según Documental n.º 5 del ramo probatorio de la actora, folio 202 de autos."

Para ello, el recurrente se apoya en la Documental n.º 5 del ramo probatorio de la actora, folio 202 de autos. Se desestima la revisión pretendida, dado que nada aporta al relato fáctico y carece de trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo, a saber, la primera cuestión es que no existe "obligación" ninguna, ello no se deduce del documento esgrimida, en segundo lugar, se trata de una comunicación a la empresa del deseo de permanecer en una bolsa de empleo, cuestión distinta seguir vinculado a la empresa.

Como segundo motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la modificación del Hecho Probado SEGUNDO, cuya redacción original es:

"SEGUNDO.- El actor ha prestado servicios para la demandada, en los siguientes periodos: [.]"

La redacción que se propone sería la siguiente:

"SEGUNDO.- El actor ha prestado servicio para la demanda mediante la concatenación de 43 contratos de trabajo en un periodo de 10 años, en los siguientes periodos: [.]"

Para ello, el recurrente se apoya en el reconocimiento por ambas partes del número de contratos realizados y en la naturaleza continua y abusiva de dichos contratos, que se han presentado como prueba en el procedimiento. Se desestima la revisión pretendida, dado que nada aporta al relato fáctico y carece de trascendencia al objeto de alterar el sentido del fallo.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. art. 15.3 ET, art. 126 del Convenio Colectivo aplicable.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente, D. Ángel, interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el artículo 126 del Convenio Colectivo aplicable, a saber, el recurso sostiene que los contratos temporales realizados con el demandante fueron realizados en fraude de ley, lo que debería conducir a su consideración como contratos indefinidos. La parte actora argumenta que el uso de 43 contratos temporales a lo largo de diez años para la misma función y con la misma empresa indica una necesidad permanente del servicio, contraviniendo lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores sobre la temporalidad de estos contratos. Además, el recurso menciona jurisprudencia del Tribunal Supremo que respalda este enfoque, destacando que interrupciones en la relación laboral no necesariamente rompen la continuidad del vínculo cuando las contrataciones son fraudulentas. El demandante solicita que se reconozca la antigüedad desde el primer contrato firmado, datado el 14 de enero de 2012, debido a la evidencia del vínculo laboral continuado y la naturaleza fraudulenta de las contrataciones temporales.

El recurrente pretende obviar la interrupción habida entre el contrato 27º y 28º:

"27º Eventual a tiempo parcial, desde el 02/01/2017, hasta el 17/04/2017, causa de eventualidad consignada en contrato genérica.

28º Eventual a tiempo parcial, desde el 16/04/2018, hasta el 28/04/2018, causa de eventualidad consignada en contrato genérica."

Estamos ante una interrupción de 1 años, en una relación que por entonces tenía una duración (obviando interrupciones) de 5 años, 3 meses y 3 días, esto es 1920 días sin quitar las interrupciones previas de hasta 6 meses como la que hubo entre el contrato 25º y 26º (11/04/2016 a 29/10/2016). Una interrupción de 1 año en una relación laboral de 5 años es lo suficientemente significativa como para considerar que existe una ruptura de la unidad esencial del vínculo. La doctrina de esta Sala en torno a la interrupción durante el COVID-19 hace referencia a una circunstancia excepcional, y por ende, no extrapolable a cualquier otro momento. Por ende, se considera que, efectivamente, hay una interrupción significativa que rompe la unidad esencial del vínculo y por ende, la antigüedad ha de ser de 16 de abril de 20218.

Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U. interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, a saber, la recurrente argumenta que la sentencia de instancia inaplica erróneamente dichos preceptos y la doctrina sobre la solución de continuidad en la relación laboral. La sentencia reconoció una antigüedad al actor basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el convenio colectivo, ignorando las interrupciones significativas entre contratos temporales debido a la pandemia, como la de más de doce meses entre el 19 de mayo de 2020 y el 22 de julio de 2021. Sin embargo, el recurrente argumenta que estas interrupciones son relevantes y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que tales interrupciones eliminan el carácter unitario de la prestación laboral. Además, señala que la actividad de IBERIA no cesó completamente durante la pandemia, sino que se redujo. En apoyo a su posición, menciona la Sentencia del TSJ de Madrid que en un caso similar reconoció la ruptura de la unidad laboral por interrupciones prolongadas. Por todo ello, solicita que se estime el recurso y se anule el reconocimiento de antigüedad erróneo.

En supuesto similar esta Sala ya se ha pronunciado, y así, en sentencia de 30 de enero de 2025, recurso 1412/2025, resolvía respecto de una interrupción de varios meses durante la pandemia, que:

"Esta Sala ha tenido ya ocasión de resolver un recurso análogo al que ahora nos ocupa en sentencia de fecha 07/03/2024, recaída en el recurso de suplicación nº 233/2023, sentencia en la que se desestimaba el recurso de la empresa en base a las siguientes argumentaciones:

«Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la aplicación de la solución de continuidad en la relación laboral, a saber, la recurrente manifiesta desacuerdo con la sentencia previa que otorga al demandante una antigüedad desde la primera contratación (29/10/2011), ignorando interrupciones sustanciales en la prestación de servicio, particularmente una de más de doce meses. Argumenta que el cumplimiento de contratos temporales con interrupciones evidentes y relevantes impide considerar una prestación de servicios de carácter unitario, lo cual es requisito para el reconocimiento continuado de antigüedad, según doctrina del Tribunal Supremo.

Aplicando tal doctrina al caso de autos, en primer término hemos de referirnos al periodo de prestación de servicios entre los meses de enero de 2012 y mayo de 2020, donde observamos una secuencia de contratación que se inicia en octubre y finaliza en el mes de abril o mayo del año siguiente. Cierto es que algunos años la referida secuencia no se da, pero ello es irrelevante ya que lo que en realidad ocurre es que en determinadas ocasiones, por razones que no constan, el periodo de contratación fue incluso superior.

Es por ello que, discrepando con el Juzgador de instancia en ese particular, advertimos que la persona trabajadora es siempre llamada al trabajo en los meses de mayor actividad (temporada turística alta), aunque a veces se prolongue su prestación de servicios por más tiempo si las necesidades productivas de la empresa lo requieren, como por ejemplo ocurrió en los contratos que duraron desde octubre de 2014 hasta abril de 2016 y desde octubre de 2017 hasta junio de 2019.

En definitiva, las lagunas de contratación habidas hasta mayo de 2020, además de que no superan los 6 meses, obedecieron a la finalización de la temporada turística alta, es decir, a los periodos propios de inactividad de los trabajadores fijos discontinuos del sector.

Es por ello que entendemos que la contratación fraudulenta suscrita hasta entonces conforma un único vínculo contractual.

Resta por determinar si la laguna de contratación de 14 meses existente entre los meses de mayo de 2020 y julio de 2022 impide incorporar la contratación posterior a ese referido "único vínculo" anterior.

Y creemos que así debe ser pues, si bien de acuerdo con la citada doctrina del tribunal Supremo el periodo en blanco es excesivamente dilatado, es evidente que concurrieron circunstancias excepcionales que nos permiten concluir que sigue tratándose de un único vínculo contractual.

Como la propia empresa afirma en su escrito de impugnación (no podía ser de otra manera) durante la pandemia se redujo drásticamente la actividad de IBERIA por las restricciones impuestas por los Gobiernos de los distintos países, estando no obstante la Compañía obligada a ofrecer un número determinado de vuelos esenciales, limitaciones que fueron desapareciendo de forma paulatina. Es claro, por tanto, que si el demandante no fue llamado al trabajo en la temporada alta de los años 2020-2021 fue porque, por las indicadas obvias razones, no existió la misma.

Así se ha entendido también por otras Salas de Suplicación, pudiendo citarse al efecto la sentencia dictada por la Sala de Madrid en fecha 09/06/2023, rec. 51/2023, en la que, siendo igualmente parte la aquí demandada, se decía:

«Respecto a las interrupciones desde 21/12/2019 hasta 24/11/2021, es una interrupción excesivamente larga, ahora bien, esta interrupción deriva de la situación excepcional producida por la situación generada por el COVID-19 que afecto a sector como el transporte aéreo y que justifica que no se realizara los llamamientos porque no había servicio que desempeñar pero sí motiva que la relación no se considere interrumpida.».

En el mismo sentido, resulta muy ilustrativa la sentencia de la Sala de suplicación de las Islas Baleares de 28/06/2021, rec. 83/2021, en la que con meridiana claridad (siendo así mismo litigante IBERIA) se razonaba lo siguiente:

«.la no contratación al iniciarse la temporada 2020 respondió a dos circunstancias concretas. La primera y fundamental, derivada de la extraordinaria situación provocada por la Covid-19 y consistente en la situación de ERTE existente en la plantilla de la empresa demandada en la fecha habitual de los llamamientos. La segunda consistente en el fraude de ley en la contratación de la demandante, que llevó a la empresa a no llamarla para incluirla en el ERTE junto aquellos otros trabajadores que sí tenían reconocida la condición de fijos discontinuos.(.) La falta de llamamiento de la demandante pudo empujarla a ejercitar una acción para solicitar que se procediese a su inclusión en el ERTE, pero en nada puede perjudicarle el hecho de no haberlo hecho así. Tampoco puede perjudicarle el hecho de no haber considerado razonable ejercitar la acción de despido cuando no era posible la efectiva prestación de servicios y desde luego el hecho de no haber ejercitado la acción de despido por falta de llamamiento no le podrá perjudicar para el caso de que, una vez restablecida la normalidad, se omita su llamamiento en la condición de fija discontinua que se le ha reconocido en la sentencia recurrida.»

Tal argumentación, que compartimos plenamente, conduce a la estimación íntegra de la demanda y da respuesta al planteamiento que en el presente caso hace la empresa en su escrito de impugnación. En efecto, ni era razonable exigir al trabajador accionar por despido ni se le puede reprochar que no accionase a fin de ser incluido en ERTE.

En definitiva, vistas las particularísimas circunstancias concurrentes, hemos de concluir que la controvertida laguna de contratación de 14 meses no impide entender que las contrataciones posteriores integren, junto con las anteriores, un solo vínculo contractual, lo que comporta la estimación del recurso y, con revocación de la sentencia de instancia, la íntegra estimación de la demanda, reconociendo a la parte demandante la antigüedad que reclama, es decir, la de su primer contrato.».

Con base en lo razonado en dicha sentencia, que por lo arriba expuesto es plenamente extrapolable al caso que nos ocupa, el presente recurso ha de ser también desestimado, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del referido criterio pese que en este caso la laguna en tiempo COVID sea de mayor duración que la analizada en la referida sentencia, pues en definitiva su existencia obedece a las mismas circunstancias.".

Lo expuesto es de plena aplicación al presente supuesto, no existiendo razón alguna que nos haga apartarnos del criterio adoptado. Por lo que siendo dicho criterio el seguido por la sentencia de instancia, no cabe sino la desestimación del recurso y la confirmación de la misma.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones.

La desestimación del recurso de D. Ángel, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, no implica en el presente caso la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, al ser beneficiario de justicia gratuita, ex articulo 2.d) Ley 1/1996.

La desestimación del recurso de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA S.U., de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, implica la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, condena que incluye el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, y dentro de los límites legales, señala en 800 euros.

Se decreta también, como preceptúa el artículo 204.4 LRJS, la pérdida del depósito constituido para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de la cantidad consignada a la que se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.