Sentencia Social 1452/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 3783/2025 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO.- Delimitación del objeto litigioso.

1.La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de A Coruña desestimó la demanda, en la que se suplicaba que se reconozca el derecho de los actores a disfrutar de 31 días de vacaciones anuales (donde se excluirían los tiempos de descanso de la jornada del turno cerrado 7-5, 7-5, 7-4 así como los 7 días generados como compensación riesgos biológicos), y habida cuenta de que en la práctica solamente vienen disfrutando de 7 días de vacaciones cada año, se les reconozca el derecho para los años 2023, 2024 y sucesivos a fijar en calendario la diferencia de los días no disfrutados, 24 días y hasta sumar un total de 31 días a cada trabajador. Asimismo, habida cuenta de los años trascurridos disfrutando solamente de 7 (12) días de vacaciones, y no de los 31 días que recoge la legislación, que se condene a las demandadas solidariamente -o como legalmente corresponda- a abonar a cada trabajador el importe de 4.000 euros, en concepto de daños y perjuicios.

2.Interponen recurso de suplicación los demandantes, desde la perspectiva que autorizan los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social - LRJS-, a fin de que se dicte sentencia por la que se revoque la sentencia de instancia y se estime la demanda.

3.El recurso ha sido impugnado por las empresas demandadas, que suplican su desestimación y la confirmación de la recurrida. UTE ENERGÍA opone, asimismo, con carácter previo, la inadmisión del recurso por presentación extemporánea.

SEGUNDO.- Inadmisibilidad del recurso de suplicación.

1.La UTE ENERGÍA plantea la presentación extemporánea del recurso de suplicación, ya que la diligencia de ordenación en la que se concede el plazo de 10 días para formalizar el recurso es de 28.04.2025, y este se presenta el 19 de mayo siguiente.

2.Con independencia de que no consta que la referida impugnante recurriera la resolución por la que se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de suplicación por la parte demandante, del examen de lo actuado se desprende que la Diligencia de Ordenación en la que se tiene por anunciado el recurso de suplicación por los actores y se le concede el plazo de diez para su formalización, es de 28.04.2025 (Acontecimiento n.º 27 del expediente judicial electrónico), que el aviso de su recepción a través de Lexnet por la Letrada de la parte recurrente es de 12.05.2025 (Ac-101), y que el escrito de formalización se envió por Lexnet el 15.05.2025, a las 14:26 horas (Ac-103).

3.El Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 06.07.2016, en su Apartado Segundo, a), relativo a las notificaciones a través de Lexnet en supuestos distintos a aquellos en los que la notificación se realiza a través de los colegios de procuradores, establece que "Cuando haya constancia de la correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada con plenos efectos procesales. En este caso los plazos para desarrollar actuaciones impugnatorias comenzarán a computarse desde el día siguiente al tercero, todos ellos hábiles".

4.Aplicado al presente caso supone que, remitida la Diligencia de Ordenación de 28.04.2025, transcurrieron tres días hábiles sin que el destinatario accediera a su contenido, lo que significa que la notificación se entiende realizada ese tercer día, el 02.05.2025, comenzando el plazo de diez días a computarse el siguiente día hábil, es decir, el 5 de mayo, siendo el término final de ese plazo el 16 de mayo, con posibilidad de presentación hasta las 15:00 horas del siguiente día hábil ex artículo 45.1 LRJS. Como quiera que el escrito de formalización del recurso se presentó, a través del Lexnet, el 15.05.2025, es claro que lo fue en plazo.

TERCERO.- Revisión de los hechos probados.

1.Por el cauce del artículo 193 b) de la LRJS, manifiesta la parte recurrente su discrepancia con el relato de hechos probados.

Los requisitos de la revisión fáctica los encontramos en reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS/IV 28.05.2013 (rec. 5/20112), 03.07.2013 (rec. 88/2012), 25.03.2014 (rec. 161/2013), 02.03.2016 (rec. 153/2015), 22.02.2022 -Pleno- rec. 232/2021, y de 17.07.2024, rec. 278/2022, respecto a la revisión en casación de los Hechos Probados, con doctrina plenamente aplicable al recurso de suplicación (añadiendo a la documental como prueba habilitante la pericial):

a) El recurrente debe expresar si pretende la modificación, supresión o adición de hechos. En los dos primeros casos, debe señalar concretamente qué apartado o apartados de la relación fáctica de la sentencia, quiere revisar, y en todos los casos debe manifestar en qué consiste el error, y ofrecer la redacción que se estime pertinente

b) Debe citar con precisión el documento o pericia, obrante en autos, en que se funde su alegación de error, no siendo admisible la remisión genérica a la prueba documental, ni menos la cita de otras pruebas de distinta naturaleza (interrogatorio de las partes, declaración de testigos, etc.) ni de actuaciones procesales (resoluciones, actos de comunicación, ni el acta del juicio, que no constituyen "documento" en el sentido de los art. 193.b y 196.3). Es rechazable, por ello, la mera alegación de que no hay prueba en autos que sustente la conclusión del juzgador.

c) El error debe apreciarse directamente y de modo evidente a partir del contenido manifiesto del documento o pericia, mostrando el recurrente esa conexión inmediata, pero sin necesidad de deducciones, razonamientos, interpretaciones o conjeturas del recurrente. Por ello, no es admisible el intento de valoración conjunta de todo o gran parte del material probatorio, ni la cita de documentos o pericias ya valorados por el juzgador, o contradichos por otras pruebas, pues ello implicaría la sustitución del criterio valorativo del órgano judicial por el del recurrente.

d) Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, debiendo la parte razonar la influencia de la alegada equivocación judicial en el resultado decisorio del litigio.

e) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo (por todas, STS/IV, Pleno, de 15.05.2021, rec. 68/2021, y las citadas en ella).

Los anteriores requisitos traen causa de la configuración de la suplicación como un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, de objeto limitado, en el que el tribunal ad quemno puede valorar ex novotoda la prueba practicada ni revisar de oficio el Derecho aplicable. A diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso de carácter ordinario, no existe en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, puesto que los Juzgados de lo Social conocen en única instancia ( artículo 6 de la LRJS) de todos los procesos atribuidos al orden social de la jurisdicción, salvo de los procesos atribuidos en única instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( artículos 7, 8 y 9 de la LRJS, respectivamente) lo que, por otra parte, es plenamente acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, toda vez que la doble instancia, salvo en el orden penal, no forma parte necesariamente del contenido del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que el sistema de recursos es de configuración legal, pudiendo el legislador determinar los supuestos en que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización ( STC 160/1993, de 17 de mayo).

De esta forma, el Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, salvo error patente, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS/IV de 18.11.1999, rec. 9/1999).

Tal y como argumenta la STS/IV, Pleno, de 23.07.2020, rec. 239/2018: "Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente".

2.Solicita la parte recurrente la revisión del HP 5.º (en realidad del 4.º, atendiendo a su tenor), en lo relativo a la jornada de trabajo del personal del régimen cerrado, para que quede redactado en los siguientes términos: "a xornada de traballo do persoal en rexime pechado é como mínimo de 1640 horas ó ano, equivalente a 205 días, e como maximo de 1749 horas equivalente a 218,5 días".

La única invocación de prueba documental que puede servir de cobertura a la revisión fáctica ("o apartado D, 1º do Anexo V da Acta redactada e asinada na Inspección de Traballo o 30 de decembro"), no se identifica de forma suficiente en los términos que previene el artículo 196.3 LRJS (no se expresa la parte que aportó tal documental ni el acontecimiento del expediente digital en el que se encuentra, siendo así que la prueba aportada por los propios actores para la celebración de la vista cuenta con 398 páginas). No obstante, incluso atendiendo a lo que según los recurrentes refleja, entendiendo que se refieren al Acta ya referida y recogida en el HP 5.º, en relación con los minutos que deberían computarse en la jornada efectiva de trabajo como toma y deje del servicio, tampoco podría dar lugar a la revisión pretendida. Esta se funda en una serie de cálculos que presuponen una compleja labor de interpretación, deducción, hipótesis y presunción incompatible con el mecanismo revisorio en el recurso extraordinario en que nos hallamos. Por otro lado, el planteamiento de los recurrentes parte de varias premisas puramente apodícticas, sobre la base de su propia apreciación y que no se compadecen con la valoración que de la prueba practicada ha efectuado la juzgadora de instancia. Es notorio que en la fijación de la jornada anual efectiva no pueden considerarse los períodos de vacaciones ni los compensatorios que neutralizan de acuerdo con lo pactado parte del tiempo de prestación de servicios. Ello conduce en el caso presente a la consideración, como excluido de tal jornada efectiva, del período de vacaciones (que los recurrentes computan en 7 días) y el de descanso por riesgos biológicos, en los términos que se explicitan en el propio relato histórico de la sentencia, no atacado en tal extremo, lo que ya excluye la revisión pretendida, que por todo ello no se acoge.

CUARTO.- Infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

1.Al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, denuncian los recurrentes la infracción de la normativa de vacaciones que implica, sostiene, que no disfruten de 30 días de vacaciones anuales. En el desarrollo de su exposición invoca una serie de normas y sentencias: el artículo 7 de la Directiva 2003/88, reguladora del tiempo de trabajo, que apunta a la finalidad de que las vacaciones posibiliten un período de ocio y esparcimiento; el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores - ET-, que establece que será el pactado en convenio colectivo o contrato individual, con un período mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas; el artículo 58.3 ET; el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el artículo 10 del Convenio 132 de la OIT. En el plano comunitario invoca el artículo 158 del TFUE, completado por el 32 de la CDFUE. También cita las SSTJUE de 20.01.2009 (Schultz-Hoff), 10.03.2006 (Robinsonsteele), 20.06.2001 (Bectu), 22.04.2010 (Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols), 12.06.2014 (Bollacke), de modo que el citado derecho no podrá supeditarse a requisitos distintos de los establecidos en la Directiva 2003/88 CE.

Alega que la sentencia infringe el concepto que desarrolla de las vacaciones, al no ser posible que ningún trabajador disfrute solamente de 7 días de vacaciones y 5 correspondientes a descanso, es decir, 12 días de vacaciones al año. El régimen de turnos cerrado no les permite disfrutar de fines de semana ni de festivos, salvo coincidencia en el calendario, lo que no ocurre con los trabajadores del denominado régimen abierto. Por ello, los trabajadores del turno cerrado, en el régimen 7-5, 7-5 y 7-4, no gozan de los mismos derechos de descanso, fines de semana y festivos y horario regular, y por eso la negociación colectiva tomó el sistema 7-5, 7-5 7-4. Además, la prestación de servicios se hace en unas condiciones peculiares, pues gestionan toda la basura, la clasifican y ordenan, lo que implica insalubridad.

2.La codemandada UTE ENERGÍA impugna el motivo indicando que los actores pretenden alterar los pactos alcanzados en el seno de la negociación colectiva, que afecta no solo a esta UTE, sino a todas aquellas empresas a las que es de aplicación el Convenio colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, firmado bajo la legitimación que fija el artículo 87.3.b) del ET. Realiza un análisis de la redacción de los distintos textos convencionales y concluye que el personal de turno cerrado siempre ha disfrutado las vacaciones de forma invariable de la misma manera, por lo que esta y otras demandas son una novedad con las que se busca revertir lo pactado entre las partes. Siguiendo la estela de lo firmado en el AGA, ya el II Convenio fija el periodo de vacaciones en 7 días e incluye uno nuevo de otros 7 días por riesgos biológicos, lo que se mantiene inalterable durante sucesivos convenios, y no ha sido discutido en todas las negociaciones posteriores. En el III (vigente de 2008 a 2011) se recoge por primera vez que con el calendario anual 7-5, 7-5 y 7-4 se dará por cumplida la jornada máxima anual de los trabajadores adscritos a este régimen de turnos, lo que continúa en el actual artículo 19. Así, con las vacaciones reconocidas, la jornada laboral del personal de turno cerrado se cumple. La aclaración se introdujo por la singularidad del sistema 7-5, 7-5 y 7-4, en que se trabajan menos días y horas que el resto del personal.

El VI Convenio Colectivo, en ultraactividad al presentarse la demanda, mantiene la misma redacción sobre estos extremos. De ello deriva que el sistema de vacaciones no ha variado al menos desde el 20.09.2002, sin reclamación alguna, sin que se haya cuestionado este asunto en las últimas negociaciones del convenio, remitiéndose la Disposición Adicional segunda de los convenios firmados, también del actual, a los laudos, pactos, acuerdos, actas y demás documentos surgidos de la aplicación de convenios precedentes, entre los que la impugnante incluye el alcanzado en el AGA el 30.09.2002. Concluye con que las vacaciones de 31 días que fija el artículo 24 del Convenio lo son para el personal que trabaja 1736 horas al año, mientras que el personal de turno partido tiene otro régimen de vacaciones distinto, que en cómputo anual no es inferior a esos 31 días. Realiza una regla de tres para poner de manifiesto que este personal disfruta de un régimen de descansos que excede del que correspondería por el descanso semanal, de lo que resultaría un total de vacaciones global de 63 días.

3.La otra empresa demandada, SOGAMA, impugna el recurso indicando, en primer lugar, que no incluye ninguna solicitud de su condena o fundamentación jurídica que pueda dar lugar a su condena solidaria. De todos modos, los trabajadores no son ni han sido sus empleados y lo que se discute es la interpretación del Convenio de empresas subcontratistas de Sogama, y no del Convenio de Sogama. Subsidiariamente, añade que no se infringen el ET ni el Convenio Colectivo, ya que se garantiza a los trabajadores más de 31 días de vacaciones, aun cuando no sean consecutivos. Así se hizo constar en el acta del AGA, en que las partes firmantes del convenio establecen este peculiar sistema de vacaciones para los trabajadores del turno cerrado, en el que concluyen que con ello se consideran disfrutados los 31 días de vacaciones correspondientes a 2002 y 2003, precisamente por la aplicación de tal sistema de turnos, redacción que se ha ido arrastrando en los sucesivos convenios colectivos, sin que tampoco exista infracción de la Directiva 2003/88 ni de las sentencias del TJUE que se citan de contrario.

QUINTO.- Período vacacional de los actores.

1.Como se ha indicado, la demandada UTE ENERGÍA opone que los actores pretenden alterar los pactos alcanzados en el seno de la negociación colectiva, que dieron lugar al Convenio colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, firmado bajo la legitimación que fija el artículo 87.3.b) del ET.

La sentencia de instancia razona que "si lo que se pretende es dejar sin efecto la regla que en el artículo 24 contiene [el Convenio Colectivo], pues aunque como hipótesis se aceptase que lo que el precepto prescribe vulnera el artículo 38 del ET, ello supondría alterar el contenido de un precepto de un convenio colectivo, aprobado por la voluntad concorde de las partes que lo negociaron, para sustituirlo por otra regla diferente, lo que excede la modalidad procesal del procedimiento ordinario". Con posterioridad indica que "se debe centrar la controversia en la presente litis en determinar si el artículo 24 del convenio colectivo aplicable puede interpretarse en el sentido que pretende la parte actora, es decir, que el personal del turno cerrado también tiene derecho a los 31 días que se fijan con carácter general en el primer párrafo del precepto, pretensión que puede ser deducida por la modalidad procesal del procedimiento ordinario". Realiza una interpretación del indicado artículo 24, atendiendo al sentido propio de las palabras y los antecedentes históricos, así como la realidad de lo acontecido a partir del acuerdo ante el AGA, para concluir que la pretensión de la parte actora debe ser desestimada, "pues no teniendo acogida en ninguna regla de interpretación, aunque como hipótesis se aceptase que el precepto convencional vulnera el artículo 38 del ET, ello supondría alterar lo que el precepto prescribe, aprobado por la voluntad concorde de las partes que negociaron el convenio colectivo, lo que como se ha anticipado excede la modalidad procesal del procedimiento ordinario, por tratarse de una modificación normativa".

2.La doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 81/1990, 56/2000, 88/2001, 90/2001), a propósito de la falta de legitimación activa de los trabajadores para impugnar el convenio colectivo ( artículo 163 de la Ley de Procedimiento Laboral en aquel entonces, 165 de la LRJS) , vino a concluir que la ausencia de legitimación activa del trabajador individual, incluido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo, para solicitar la nulidad en abstracto de sus cláusulas, ha de entenderse integrada, a efectos de la salvaguarda de su derecho a la tutela judicial efectiva, en una hermenéutica constitucional, con la posibilidad de tal trabajador individual de impugnar, por la vía judicial ordinaria, o en su caso por la modalidad procesal de que se trate por razón de la materia y en que esté legitimado activamente, los actos de aplicación de tal Convenio en lo que a él le afecte por lesionar sus derechos e intereses legítimos, y tal doctrina ha tenido consagración positiva en el artículo 163.4 de la LRJS: "La falta de impugnación directa de un convenio colectivo de los mencionados en el apartado 1 de este artículo no impide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, a través de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conformes a Derecho. El juez o tribunal que en dichos procedimientos apreciara la ilegalidad de alguna de las referidas disposiciones lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear su ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos".

En consecuencia, el trabajador puede impugnar los actos de aplicación del Convenio por entender que un precepto del mismo no es conforme a Derecho, sin perjuicio del mecanismo de la legitimación indirecta que recoge la última parte del artículo 163.4 LRJS.

Sobre esta base, si se entendiera que la aplicación del convenio a los trabajadores recurrentes, en lo que se refiere al disfrute por los mismos de las vacaciones, es contrario a los mínimos de Derecho necesario, la sentencia habría de acoger su pretensión en cuanto atinente a los actos de aplicación del convenio, sin que ello suponga la declaración de nulidad en abstracto de sus cláusulas, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal la apreciación de tal ilegalidad, al objeto, en su caso, de plantear tal extremo a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos, tal y como previene el meritado artículo 163.4 LRJS.

3.La sentencia de instancia recoge en su FJ 3.º el marco jurídico vigente en materia vacaciones, al que nos remitimos. Partiendo del mínimo de Derecho necesario relativo establecido en el artículo 38.1 ET, de 30 días naturales de vacaciones anuales retribuidas, mejorable para las personas trabajadoras por la autonomía colectiva o individual, el artículo 24 del VI Convenio Colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, dispone que "As vacacións anuais, con carácter xeral, fíxanse en 31 días naturais".Asimismo, en relación con el personal de turno cerrado en el que se incardinan los actores: "Para os traballadores sometidos ao sistema de quendas 7-5, 7-5, 7-4, no que '7' son días de traballo e '5' e '4' días de descanso, estabrecese que os días de vacacións a gozar por estes será do seguinte xeito e maneira: cada traballador verá modificado este réxime de quendas de modo que os módulos de 7 días serán de vacacións en lugar de ser de traballo. O devandito modulo de 7 dias irá intercalado entre 5 ou 4 dias de descanso. Estos 7 días na PRTE, gozaranse de acordo coas seguintes condición(...) A estes períodos vacacionais poderanse engadir os 7 días de descanso acumulados polos 'riscos biolóxicos'".

Tal regulación ha de ser considerada en el contexto de que de acuerdo con el artículo 19, "En cómputo anual, a xornada máxima de traballo do persoal comprendido no ámbito do presente Convenio Colectivo será 1.736 horas (...) Co calendario anual de traballo e descanso, 7-5, 7-5, 7-4 derivado da aplicación do presente Convenio Colectivo, darase por cumprida a xornada máxima anual dos traballadores adscritos a este réxime de quendas",siendo así que "La jornada de trabajo del personal del régimen abierto es de 1736 horas al año, equivalente a 217 días. La jornada de trabajo del personal del régimen cerrado es de 1640 horas al año, equivalente a 205 días" (HP 4.º). También resulta relevante que el artículo 16 recoge que "O sistema 7-5, 7-5, 7-4 supon prestar servizos 7 días consecutivos e os 4 ou 5 días consideranse a parte proporcional de descanso, no seu sentido mais amplio".

4.Como se recuerda en las SSTS/IV de 25.04.2017, rec. 147/2016 y 14.11.2017, rec. 223/2016: "Respecto a la interpretación de los convenios colectivos, es doctrina constante de esta Sala que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el «espigueo» ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

5.Partiendo de los anteriores cánones hermenéuticos, literal, sistemático, histórico y finalista, nos hallamos con que se establece una regla general que fija 31 días de vacaciones naturales, con una previsión especial en cuanto a la forma del disfrute del período vacacional para las personas trabajadoras sometidas al sistema de turnos 7-5, 7-5 y 7-4. En este caso verán modificado el sistema de turnos de modo el módulo de 7 días será de vacaciones en lugar de trabajo. Como se pone de manifiesto en la recurrida, el precepto no se expresa en los mismos términos que el acuerdo alcanzado ante el AGA en 2002, pues entonces se establecía que esto ocurriría en los módulos de 7 días "una sola vez", redacción que se mantuvo a partir del II Convenio. Desde el V Convenio se eliminó la expresión "una sola vez", pero a continuación se desarrolla lo anterior en referencia a un solo módulo de 7 días.

Ha de tenerse en consideración:

(1) La jornada anual de los actores, con el régimen de turnos cerrado 7-5, 7-5 y 7-4 supone que su jornada anual es claramente inferior a la "ordinaria" contemplada en el convenio (1640 horas/207 días, frente a 1736 horas/2017 días).

(2) El descanso disfrutado tras cada período de trabajo efectivo de 7 días, de 5 o 4 días, supera notoriamente lo que en principio cabría imputar al descanso semanal. Si se toman dos días de descanso semanal, como argumenta UTE ENERGÍA (el artículo 37.1 ET contempla uno mínimo de día y medio), un elemental prorrateo revela que solo serían imputables a ese descanso semanal 2,8 días, con lo que habría un exceso de 2,2 días (cuando el descanso es de 5 días) o de 1,2 (cuando lo es de 4). Esta realidad no puede desconectarse de la previsión convencional recogida en el artículo 16 del Convenio, en punto a que en ese peculiar sistema los 4 o 5 días se consideran una parte proporcional de descanso, en el sentido más amplio, es decir, más allá del descanso semanal, compatibles con la finalidad de ocio y esparcimiento que se asocia a las vacaciones, Apartado 21 de la STJUE de 10.09.2009, C-277/08, en interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88.

(3) Desde 2002 las vacaciones se han venido fijando para este personal ajustándose a uno de los módulos de 7 de días de trabajo, con el acuerdo de la representación legal de los trabajadores, de acuerdo con lo solicitado,

(4) acompañado de los de descanso de 5 o 4 días, con posibilidad de acumular los 7 días de descanso por los "riesgos biológicos".

(5) En el acuerdo ante el AGA de 2002, del que partió la regulación en este extremo contenida en los convenios posteriores, se recoge que "Las partes consideran disfrutados los 31 días de vacaciones correspondientes a cada uno de los años 2.002 y 2.003, por los trabajadores afectos a este sistema de turnos, precisamente por la aplicación del sistema de turnos descrito en los apartados anteriores".Asimismo, la Disposición Adicional del VI Convenio aplicable recoge que "De forma expresa, e en tanto no se negocien otros reglamentos, acordos ou directrices, as partes recoñecen que siguen sendo aplicables e con efecto todos os laudos, pactos, acordos, disposicions, actas ou demais documentos que xurdidos da interpretación ou aplicación de convenios procedentes no se opoñan ao estabrecido no presente convenio colectivo".

6.De tales elementos la Sala extrae que el régimen perfilado en el Convenio Colectivo que nos ocupa para las vacaciones de los actores, con sus notables peculiaridades, atendidos los criterios hermenéuticos a que se ha hecho referencia, permite concluir que efectivamente disfrutan de al menos los 31 días naturales que con carácter general se establecen, que no tienen necesariamente que ser continuados.

7.En consecuencia, no habiéndose producido las infracciones denunciadas en el recurso, el recurso ha de ser desestimado.

Por lo expuesto,

PRIMERO.- Delimitación del objeto litigioso.

1.La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de A Coruña desestimó la demanda, en la que se suplicaba que se reconozca el derecho de los actores a disfrutar de 31 días de vacaciones anuales (donde se excluirían los tiempos de descanso de la jornada del turno cerrado 7-5, 7-5, 7-4 así como los 7 días generados como compensación riesgos biológicos), y habida cuenta de que en la práctica solamente vienen disfrutando de 7 días de vacaciones cada año, se les reconozca el derecho para los años 2023, 2024 y sucesivos a fijar en calendario la diferencia de los días no disfrutados, 24 días y hasta sumar un total de 31 días a cada trabajador. Asimismo, habida cuenta de los años trascurridos disfrutando solamente de 7 (12) días de vacaciones, y no de los 31 días que recoge la legislación, que se condene a las demandadas solidariamente -o como legalmente corresponda- a abonar a cada trabajador el importe de 4.000 euros, en concepto de daños y perjuicios.

2.Interponen recurso de suplicación los demandantes, desde la perspectiva que autorizan los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social - LRJS-, a fin de que se dicte sentencia por la que se revoque la sentencia de instancia y se estime la demanda.

3.El recurso ha sido impugnado por las empresas demandadas, que suplican su desestimación y la confirmación de la recurrida. UTE ENERGÍA opone, asimismo, con carácter previo, la inadmisión del recurso por presentación extemporánea.

SEGUNDO.- Inadmisibilidad del recurso de suplicación.

1.La UTE ENERGÍA plantea la presentación extemporánea del recurso de suplicación, ya que la diligencia de ordenación en la que se concede el plazo de 10 días para formalizar el recurso es de 28.04.2025, y este se presenta el 19 de mayo siguiente.

2.Con independencia de que no consta que la referida impugnante recurriera la resolución por la que se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de suplicación por la parte demandante, del examen de lo actuado se desprende que la Diligencia de Ordenación en la que se tiene por anunciado el recurso de suplicación por los actores y se le concede el plazo de diez para su formalización, es de 28.04.2025 (Acontecimiento n.º 27 del expediente judicial electrónico), que el aviso de su recepción a través de Lexnet por la Letrada de la parte recurrente es de 12.05.2025 (Ac-101), y que el escrito de formalización se envió por Lexnet el 15.05.2025, a las 14:26 horas (Ac-103).

3.El Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 06.07.2016, en su Apartado Segundo, a), relativo a las notificaciones a través de Lexnet en supuestos distintos a aquellos en los que la notificación se realiza a través de los colegios de procuradores, establece que "Cuando haya constancia de la correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada con plenos efectos procesales. En este caso los plazos para desarrollar actuaciones impugnatorias comenzarán a computarse desde el día siguiente al tercero, todos ellos hábiles".

4.Aplicado al presente caso supone que, remitida la Diligencia de Ordenación de 28.04.2025, transcurrieron tres días hábiles sin que el destinatario accediera a su contenido, lo que significa que la notificación se entiende realizada ese tercer día, el 02.05.2025, comenzando el plazo de diez días a computarse el siguiente día hábil, es decir, el 5 de mayo, siendo el término final de ese plazo el 16 de mayo, con posibilidad de presentación hasta las 15:00 horas del siguiente día hábil ex artículo 45.1 LRJS. Como quiera que el escrito de formalización del recurso se presentó, a través del Lexnet, el 15.05.2025, es claro que lo fue en plazo.

TERCERO.- Revisión de los hechos probados.

1.Por el cauce del artículo 193 b) de la LRJS, manifiesta la parte recurrente su discrepancia con el relato de hechos probados.

Los requisitos de la revisión fáctica los encontramos en reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS/IV 28.05.2013 (rec. 5/20112), 03.07.2013 (rec. 88/2012), 25.03.2014 (rec. 161/2013), 02.03.2016 (rec. 153/2015), 22.02.2022 -Pleno- rec. 232/2021, y de 17.07.2024, rec. 278/2022, respecto a la revisión en casación de los Hechos Probados, con doctrina plenamente aplicable al recurso de suplicación (añadiendo a la documental como prueba habilitante la pericial):

a) El recurrente debe expresar si pretende la modificación, supresión o adición de hechos. En los dos primeros casos, debe señalar concretamente qué apartado o apartados de la relación fáctica de la sentencia, quiere revisar, y en todos los casos debe manifestar en qué consiste el error, y ofrecer la redacción que se estime pertinente

b) Debe citar con precisión el documento o pericia, obrante en autos, en que se funde su alegación de error, no siendo admisible la remisión genérica a la prueba documental, ni menos la cita de otras pruebas de distinta naturaleza (interrogatorio de las partes, declaración de testigos, etc.) ni de actuaciones procesales (resoluciones, actos de comunicación, ni el acta del juicio, que no constituyen "documento" en el sentido de los art. 193.b y 196.3). Es rechazable, por ello, la mera alegación de que no hay prueba en autos que sustente la conclusión del juzgador.

c) El error debe apreciarse directamente y de modo evidente a partir del contenido manifiesto del documento o pericia, mostrando el recurrente esa conexión inmediata, pero sin necesidad de deducciones, razonamientos, interpretaciones o conjeturas del recurrente. Por ello, no es admisible el intento de valoración conjunta de todo o gran parte del material probatorio, ni la cita de documentos o pericias ya valorados por el juzgador, o contradichos por otras pruebas, pues ello implicaría la sustitución del criterio valorativo del órgano judicial por el del recurrente.

d) Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, debiendo la parte razonar la influencia de la alegada equivocación judicial en el resultado decisorio del litigio.

e) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo (por todas, STS/IV, Pleno, de 15.05.2021, rec. 68/2021, y las citadas en ella).

Los anteriores requisitos traen causa de la configuración de la suplicación como un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, de objeto limitado, en el que el tribunal ad quemno puede valorar ex novotoda la prueba practicada ni revisar de oficio el Derecho aplicable. A diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso de carácter ordinario, no existe en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, puesto que los Juzgados de lo Social conocen en única instancia ( artículo 6 de la LRJS) de todos los procesos atribuidos al orden social de la jurisdicción, salvo de los procesos atribuidos en única instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( artículos 7, 8 y 9 de la LRJS, respectivamente) lo que, por otra parte, es plenamente acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, toda vez que la doble instancia, salvo en el orden penal, no forma parte necesariamente del contenido del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que el sistema de recursos es de configuración legal, pudiendo el legislador determinar los supuestos en que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización ( STC 160/1993, de 17 de mayo).

De esta forma, el Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, salvo error patente, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS/IV de 18.11.1999, rec. 9/1999).

Tal y como argumenta la STS/IV, Pleno, de 23.07.2020, rec. 239/2018: "Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente".

2.Solicita la parte recurrente la revisión del HP 5.º (en realidad del 4.º, atendiendo a su tenor), en lo relativo a la jornada de trabajo del personal del régimen cerrado, para que quede redactado en los siguientes términos: "a xornada de traballo do persoal en rexime pechado é como mínimo de 1640 horas ó ano, equivalente a 205 días, e como maximo de 1749 horas equivalente a 218,5 días".

La única invocación de prueba documental que puede servir de cobertura a la revisión fáctica ("o apartado D, 1º do Anexo V da Acta redactada e asinada na Inspección de Traballo o 30 de decembro"), no se identifica de forma suficiente en los términos que previene el artículo 196.3 LRJS (no se expresa la parte que aportó tal documental ni el acontecimiento del expediente digital en el que se encuentra, siendo así que la prueba aportada por los propios actores para la celebración de la vista cuenta con 398 páginas). No obstante, incluso atendiendo a lo que según los recurrentes refleja, entendiendo que se refieren al Acta ya referida y recogida en el HP 5.º, en relación con los minutos que deberían computarse en la jornada efectiva de trabajo como toma y deje del servicio, tampoco podría dar lugar a la revisión pretendida. Esta se funda en una serie de cálculos que presuponen una compleja labor de interpretación, deducción, hipótesis y presunción incompatible con el mecanismo revisorio en el recurso extraordinario en que nos hallamos. Por otro lado, el planteamiento de los recurrentes parte de varias premisas puramente apodícticas, sobre la base de su propia apreciación y que no se compadecen con la valoración que de la prueba practicada ha efectuado la juzgadora de instancia. Es notorio que en la fijación de la jornada anual efectiva no pueden considerarse los períodos de vacaciones ni los compensatorios que neutralizan de acuerdo con lo pactado parte del tiempo de prestación de servicios. Ello conduce en el caso presente a la consideración, como excluido de tal jornada efectiva, del período de vacaciones (que los recurrentes computan en 7 días) y el de descanso por riesgos biológicos, en los términos que se explicitan en el propio relato histórico de la sentencia, no atacado en tal extremo, lo que ya excluye la revisión pretendida, que por todo ello no se acoge.

CUARTO.- Infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

1.Al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, denuncian los recurrentes la infracción de la normativa de vacaciones que implica, sostiene, que no disfruten de 30 días de vacaciones anuales. En el desarrollo de su exposición invoca una serie de normas y sentencias: el artículo 7 de la Directiva 2003/88, reguladora del tiempo de trabajo, que apunta a la finalidad de que las vacaciones posibiliten un período de ocio y esparcimiento; el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores - ET-, que establece que será el pactado en convenio colectivo o contrato individual, con un período mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas; el artículo 58.3 ET; el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el artículo 10 del Convenio 132 de la OIT. En el plano comunitario invoca el artículo 158 del TFUE, completado por el 32 de la CDFUE. También cita las SSTJUE de 20.01.2009 (Schultz-Hoff), 10.03.2006 (Robinsonsteele), 20.06.2001 (Bectu), 22.04.2010 (Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols), 12.06.2014 (Bollacke), de modo que el citado derecho no podrá supeditarse a requisitos distintos de los establecidos en la Directiva 2003/88 CE.

Alega que la sentencia infringe el concepto que desarrolla de las vacaciones, al no ser posible que ningún trabajador disfrute solamente de 7 días de vacaciones y 5 correspondientes a descanso, es decir, 12 días de vacaciones al año. El régimen de turnos cerrado no les permite disfrutar de fines de semana ni de festivos, salvo coincidencia en el calendario, lo que no ocurre con los trabajadores del denominado régimen abierto. Por ello, los trabajadores del turno cerrado, en el régimen 7-5, 7-5 y 7-4, no gozan de los mismos derechos de descanso, fines de semana y festivos y horario regular, y por eso la negociación colectiva tomó el sistema 7-5, 7-5 7-4. Además, la prestación de servicios se hace en unas condiciones peculiares, pues gestionan toda la basura, la clasifican y ordenan, lo que implica insalubridad.

2.La codemandada UTE ENERGÍA impugna el motivo indicando que los actores pretenden alterar los pactos alcanzados en el seno de la negociación colectiva, que afecta no solo a esta UTE, sino a todas aquellas empresas a las que es de aplicación el Convenio colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, firmado bajo la legitimación que fija el artículo 87.3.b) del ET. Realiza un análisis de la redacción de los distintos textos convencionales y concluye que el personal de turno cerrado siempre ha disfrutado las vacaciones de forma invariable de la misma manera, por lo que esta y otras demandas son una novedad con las que se busca revertir lo pactado entre las partes. Siguiendo la estela de lo firmado en el AGA, ya el II Convenio fija el periodo de vacaciones en 7 días e incluye uno nuevo de otros 7 días por riesgos biológicos, lo que se mantiene inalterable durante sucesivos convenios, y no ha sido discutido en todas las negociaciones posteriores. En el III (vigente de 2008 a 2011) se recoge por primera vez que con el calendario anual 7-5, 7-5 y 7-4 se dará por cumplida la jornada máxima anual de los trabajadores adscritos a este régimen de turnos, lo que continúa en el actual artículo 19. Así, con las vacaciones reconocidas, la jornada laboral del personal de turno cerrado se cumple. La aclaración se introdujo por la singularidad del sistema 7-5, 7-5 y 7-4, en que se trabajan menos días y horas que el resto del personal.

El VI Convenio Colectivo, en ultraactividad al presentarse la demanda, mantiene la misma redacción sobre estos extremos. De ello deriva que el sistema de vacaciones no ha variado al menos desde el 20.09.2002, sin reclamación alguna, sin que se haya cuestionado este asunto en las últimas negociaciones del convenio, remitiéndose la Disposición Adicional segunda de los convenios firmados, también del actual, a los laudos, pactos, acuerdos, actas y demás documentos surgidos de la aplicación de convenios precedentes, entre los que la impugnante incluye el alcanzado en el AGA el 30.09.2002. Concluye con que las vacaciones de 31 días que fija el artículo 24 del Convenio lo son para el personal que trabaja 1736 horas al año, mientras que el personal de turno partido tiene otro régimen de vacaciones distinto, que en cómputo anual no es inferior a esos 31 días. Realiza una regla de tres para poner de manifiesto que este personal disfruta de un régimen de descansos que excede del que correspondería por el descanso semanal, de lo que resultaría un total de vacaciones global de 63 días.

3.La otra empresa demandada, SOGAMA, impugna el recurso indicando, en primer lugar, que no incluye ninguna solicitud de su condena o fundamentación jurídica que pueda dar lugar a su condena solidaria. De todos modos, los trabajadores no son ni han sido sus empleados y lo que se discute es la interpretación del Convenio de empresas subcontratistas de Sogama, y no del Convenio de Sogama. Subsidiariamente, añade que no se infringen el ET ni el Convenio Colectivo, ya que se garantiza a los trabajadores más de 31 días de vacaciones, aun cuando no sean consecutivos. Así se hizo constar en el acta del AGA, en que las partes firmantes del convenio establecen este peculiar sistema de vacaciones para los trabajadores del turno cerrado, en el que concluyen que con ello se consideran disfrutados los 31 días de vacaciones correspondientes a 2002 y 2003, precisamente por la aplicación de tal sistema de turnos, redacción que se ha ido arrastrando en los sucesivos convenios colectivos, sin que tampoco exista infracción de la Directiva 2003/88 ni de las sentencias del TJUE que se citan de contrario.

QUINTO.- Período vacacional de los actores.

1.Como se ha indicado, la demandada UTE ENERGÍA opone que los actores pretenden alterar los pactos alcanzados en el seno de la negociación colectiva, que dieron lugar al Convenio colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, firmado bajo la legitimación que fija el artículo 87.3.b) del ET.

La sentencia de instancia razona que "si lo que se pretende es dejar sin efecto la regla que en el artículo 24 contiene [el Convenio Colectivo], pues aunque como hipótesis se aceptase que lo que el precepto prescribe vulnera el artículo 38 del ET, ello supondría alterar el contenido de un precepto de un convenio colectivo, aprobado por la voluntad concorde de las partes que lo negociaron, para sustituirlo por otra regla diferente, lo que excede la modalidad procesal del procedimiento ordinario". Con posterioridad indica que "se debe centrar la controversia en la presente litis en determinar si el artículo 24 del convenio colectivo aplicable puede interpretarse en el sentido que pretende la parte actora, es decir, que el personal del turno cerrado también tiene derecho a los 31 días que se fijan con carácter general en el primer párrafo del precepto, pretensión que puede ser deducida por la modalidad procesal del procedimiento ordinario". Realiza una interpretación del indicado artículo 24, atendiendo al sentido propio de las palabras y los antecedentes históricos, así como la realidad de lo acontecido a partir del acuerdo ante el AGA, para concluir que la pretensión de la parte actora debe ser desestimada, "pues no teniendo acogida en ninguna regla de interpretación, aunque como hipótesis se aceptase que el precepto convencional vulnera el artículo 38 del ET, ello supondría alterar lo que el precepto prescribe, aprobado por la voluntad concorde de las partes que negociaron el convenio colectivo, lo que como se ha anticipado excede la modalidad procesal del procedimiento ordinario, por tratarse de una modificación normativa".

2.La doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 81/1990, 56/2000, 88/2001, 90/2001), a propósito de la falta de legitimación activa de los trabajadores para impugnar el convenio colectivo ( artículo 163 de la Ley de Procedimiento Laboral en aquel entonces, 165 de la LRJS) , vino a concluir que la ausencia de legitimación activa del trabajador individual, incluido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo, para solicitar la nulidad en abstracto de sus cláusulas, ha de entenderse integrada, a efectos de la salvaguarda de su derecho a la tutela judicial efectiva, en una hermenéutica constitucional, con la posibilidad de tal trabajador individual de impugnar, por la vía judicial ordinaria, o en su caso por la modalidad procesal de que se trate por razón de la materia y en que esté legitimado activamente, los actos de aplicación de tal Convenio en lo que a él le afecte por lesionar sus derechos e intereses legítimos, y tal doctrina ha tenido consagración positiva en el artículo 163.4 de la LRJS: "La falta de impugnación directa de un convenio colectivo de los mencionados en el apartado 1 de este artículo no impide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, a través de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conformes a Derecho. El juez o tribunal que en dichos procedimientos apreciara la ilegalidad de alguna de las referidas disposiciones lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear su ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos".

En consecuencia, el trabajador puede impugnar los actos de aplicación del Convenio por entender que un precepto del mismo no es conforme a Derecho, sin perjuicio del mecanismo de la legitimación indirecta que recoge la última parte del artículo 163.4 LRJS.

Sobre esta base, si se entendiera que la aplicación del convenio a los trabajadores recurrentes, en lo que se refiere al disfrute por los mismos de las vacaciones, es contrario a los mínimos de Derecho necesario, la sentencia habría de acoger su pretensión en cuanto atinente a los actos de aplicación del convenio, sin que ello suponga la declaración de nulidad en abstracto de sus cláusulas, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal la apreciación de tal ilegalidad, al objeto, en su caso, de plantear tal extremo a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos, tal y como previene el meritado artículo 163.4 LRJS.

3.La sentencia de instancia recoge en su FJ 3.º el marco jurídico vigente en materia vacaciones, al que nos remitimos. Partiendo del mínimo de Derecho necesario relativo establecido en el artículo 38.1 ET, de 30 días naturales de vacaciones anuales retribuidas, mejorable para las personas trabajadoras por la autonomía colectiva o individual, el artículo 24 del VI Convenio Colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, dispone que "As vacacións anuais, con carácter xeral, fíxanse en 31 días naturais".Asimismo, en relación con el personal de turno cerrado en el que se incardinan los actores: "Para os traballadores sometidos ao sistema de quendas 7-5, 7-5, 7-4, no que '7' son días de traballo e '5' e '4' días de descanso, estabrecese que os días de vacacións a gozar por estes será do seguinte xeito e maneira: cada traballador verá modificado este réxime de quendas de modo que os módulos de 7 días serán de vacacións en lugar de ser de traballo. O devandito modulo de 7 dias irá intercalado entre 5 ou 4 dias de descanso. Estos 7 días na PRTE, gozaranse de acordo coas seguintes condición(...) A estes períodos vacacionais poderanse engadir os 7 días de descanso acumulados polos 'riscos biolóxicos'".

Tal regulación ha de ser considerada en el contexto de que de acuerdo con el artículo 19, "En cómputo anual, a xornada máxima de traballo do persoal comprendido no ámbito do presente Convenio Colectivo será 1.736 horas (...) Co calendario anual de traballo e descanso, 7-5, 7-5, 7-4 derivado da aplicación do presente Convenio Colectivo, darase por cumprida a xornada máxima anual dos traballadores adscritos a este réxime de quendas",siendo así que "La jornada de trabajo del personal del régimen abierto es de 1736 horas al año, equivalente a 217 días. La jornada de trabajo del personal del régimen cerrado es de 1640 horas al año, equivalente a 205 días" (HP 4.º). También resulta relevante que el artículo 16 recoge que "O sistema 7-5, 7-5, 7-4 supon prestar servizos 7 días consecutivos e os 4 ou 5 días consideranse a parte proporcional de descanso, no seu sentido mais amplio".

4.Como se recuerda en las SSTS/IV de 25.04.2017, rec. 147/2016 y 14.11.2017, rec. 223/2016: "Respecto a la interpretación de los convenios colectivos, es doctrina constante de esta Sala que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el «espigueo» ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

5.Partiendo de los anteriores cánones hermenéuticos, literal, sistemático, histórico y finalista, nos hallamos con que se establece una regla general que fija 31 días de vacaciones naturales, con una previsión especial en cuanto a la forma del disfrute del período vacacional para las personas trabajadoras sometidas al sistema de turnos 7-5, 7-5 y 7-4. En este caso verán modificado el sistema de turnos de modo el módulo de 7 días será de vacaciones en lugar de trabajo. Como se pone de manifiesto en la recurrida, el precepto no se expresa en los mismos términos que el acuerdo alcanzado ante el AGA en 2002, pues entonces se establecía que esto ocurriría en los módulos de 7 días "una sola vez", redacción que se mantuvo a partir del II Convenio. Desde el V Convenio se eliminó la expresión "una sola vez", pero a continuación se desarrolla lo anterior en referencia a un solo módulo de 7 días.

Ha de tenerse en consideración:

(1) La jornada anual de los actores, con el régimen de turnos cerrado 7-5, 7-5 y 7-4 supone que su jornada anual es claramente inferior a la "ordinaria" contemplada en el convenio (1640 horas/207 días, frente a 1736 horas/2017 días).

(2) El descanso disfrutado tras cada período de trabajo efectivo de 7 días, de 5 o 4 días, supera notoriamente lo que en principio cabría imputar al descanso semanal. Si se toman dos días de descanso semanal, como argumenta UTE ENERGÍA (el artículo 37.1 ET contempla uno mínimo de día y medio), un elemental prorrateo revela que solo serían imputables a ese descanso semanal 2,8 días, con lo que habría un exceso de 2,2 días (cuando el descanso es de 5 días) o de 1,2 (cuando lo es de 4). Esta realidad no puede desconectarse de la previsión convencional recogida en el artículo 16 del Convenio, en punto a que en ese peculiar sistema los 4 o 5 días se consideran una parte proporcional de descanso, en el sentido más amplio, es decir, más allá del descanso semanal, compatibles con la finalidad de ocio y esparcimiento que se asocia a las vacaciones, Apartado 21 de la STJUE de 10.09.2009, C-277/08, en interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88.

(3) Desde 2002 las vacaciones se han venido fijando para este personal ajustándose a uno de los módulos de 7 de días de trabajo, con el acuerdo de la representación legal de los trabajadores, de acuerdo con lo solicitado,

(4) acompañado de los de descanso de 5 o 4 días, con posibilidad de acumular los 7 días de descanso por los "riesgos biológicos".

(5) En el acuerdo ante el AGA de 2002, del que partió la regulación en este extremo contenida en los convenios posteriores, se recoge que "Las partes consideran disfrutados los 31 días de vacaciones correspondientes a cada uno de los años 2.002 y 2.003, por los trabajadores afectos a este sistema de turnos, precisamente por la aplicación del sistema de turnos descrito en los apartados anteriores".Asimismo, la Disposición Adicional del VI Convenio aplicable recoge que "De forma expresa, e en tanto no se negocien otros reglamentos, acordos ou directrices, as partes recoñecen que siguen sendo aplicables e con efecto todos os laudos, pactos, acordos, disposicions, actas ou demais documentos que xurdidos da interpretación ou aplicación de convenios procedentes no se opoñan ao estabrecido no presente convenio colectivo".

6.De tales elementos la Sala extrae que el régimen perfilado en el Convenio Colectivo que nos ocupa para las vacaciones de los actores, con sus notables peculiaridades, atendidos los criterios hermenéuticos a que se ha hecho referencia, permite concluir que efectivamente disfrutan de al menos los 31 días naturales que con carácter general se establecen, que no tienen necesariamente que ser continuados.

7.En consecuencia, no habiéndose producido las infracciones denunciadas en el recurso, el recurso ha de ser desestimado.

Por lo expuesto,

PRIMERO.- Delimitación del objeto litigioso.

1.La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de A Coruña desestimó la demanda, en la que se suplicaba que se reconozca el derecho de los actores a disfrutar de 31 días de vacaciones anuales (donde se excluirían los tiempos de descanso de la jornada del turno cerrado 7-5, 7-5, 7-4 así como los 7 días generados como compensación riesgos biológicos), y habida cuenta de que en la práctica solamente vienen disfrutando de 7 días de vacaciones cada año, se les reconozca el derecho para los años 2023, 2024 y sucesivos a fijar en calendario la diferencia de los días no disfrutados, 24 días y hasta sumar un total de 31 días a cada trabajador. Asimismo, habida cuenta de los años trascurridos disfrutando solamente de 7 (12) días de vacaciones, y no de los 31 días que recoge la legislación, que se condene a las demandadas solidariamente -o como legalmente corresponda- a abonar a cada trabajador el importe de 4.000 euros, en concepto de daños y perjuicios.

2.Interponen recurso de suplicación los demandantes, desde la perspectiva que autorizan los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social - LRJS-, a fin de que se dicte sentencia por la que se revoque la sentencia de instancia y se estime la demanda.

3.El recurso ha sido impugnado por las empresas demandadas, que suplican su desestimación y la confirmación de la recurrida. UTE ENERGÍA opone, asimismo, con carácter previo, la inadmisión del recurso por presentación extemporánea.

SEGUNDO.- Inadmisibilidad del recurso de suplicación.

1.La UTE ENERGÍA plantea la presentación extemporánea del recurso de suplicación, ya que la diligencia de ordenación en la que se concede el plazo de 10 días para formalizar el recurso es de 28.04.2025, y este se presenta el 19 de mayo siguiente.

2.Con independencia de que no consta que la referida impugnante recurriera la resolución por la que se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de suplicación por la parte demandante, del examen de lo actuado se desprende que la Diligencia de Ordenación en la que se tiene por anunciado el recurso de suplicación por los actores y se le concede el plazo de diez para su formalización, es de 28.04.2025 (Acontecimiento n.º 27 del expediente judicial electrónico), que el aviso de su recepción a través de Lexnet por la Letrada de la parte recurrente es de 12.05.2025 (Ac-101), y que el escrito de formalización se envió por Lexnet el 15.05.2025, a las 14:26 horas (Ac-103).

3.El Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 06.07.2016, en su Apartado Segundo, a), relativo a las notificaciones a través de Lexnet en supuestos distintos a aquellos en los que la notificación se realiza a través de los colegios de procuradores, establece que "Cuando haya constancia de la correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada con plenos efectos procesales. En este caso los plazos para desarrollar actuaciones impugnatorias comenzarán a computarse desde el día siguiente al tercero, todos ellos hábiles".

4.Aplicado al presente caso supone que, remitida la Diligencia de Ordenación de 28.04.2025, transcurrieron tres días hábiles sin que el destinatario accediera a su contenido, lo que significa que la notificación se entiende realizada ese tercer día, el 02.05.2025, comenzando el plazo de diez días a computarse el siguiente día hábil, es decir, el 5 de mayo, siendo el término final de ese plazo el 16 de mayo, con posibilidad de presentación hasta las 15:00 horas del siguiente día hábil ex artículo 45.1 LRJS. Como quiera que el escrito de formalización del recurso se presentó, a través del Lexnet, el 15.05.2025, es claro que lo fue en plazo.

TERCERO.- Revisión de los hechos probados.

1.Por el cauce del artículo 193 b) de la LRJS, manifiesta la parte recurrente su discrepancia con el relato de hechos probados.

Los requisitos de la revisión fáctica los encontramos en reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS/IV 28.05.2013 (rec. 5/20112), 03.07.2013 (rec. 88/2012), 25.03.2014 (rec. 161/2013), 02.03.2016 (rec. 153/2015), 22.02.2022 -Pleno- rec. 232/2021, y de 17.07.2024, rec. 278/2022, respecto a la revisión en casación de los Hechos Probados, con doctrina plenamente aplicable al recurso de suplicación (añadiendo a la documental como prueba habilitante la pericial):

a) El recurrente debe expresar si pretende la modificación, supresión o adición de hechos. En los dos primeros casos, debe señalar concretamente qué apartado o apartados de la relación fáctica de la sentencia, quiere revisar, y en todos los casos debe manifestar en qué consiste el error, y ofrecer la redacción que se estime pertinente

b) Debe citar con precisión el documento o pericia, obrante en autos, en que se funde su alegación de error, no siendo admisible la remisión genérica a la prueba documental, ni menos la cita de otras pruebas de distinta naturaleza (interrogatorio de las partes, declaración de testigos, etc.) ni de actuaciones procesales (resoluciones, actos de comunicación, ni el acta del juicio, que no constituyen "documento" en el sentido de los art. 193.b y 196.3). Es rechazable, por ello, la mera alegación de que no hay prueba en autos que sustente la conclusión del juzgador.

c) El error debe apreciarse directamente y de modo evidente a partir del contenido manifiesto del documento o pericia, mostrando el recurrente esa conexión inmediata, pero sin necesidad de deducciones, razonamientos, interpretaciones o conjeturas del recurrente. Por ello, no es admisible el intento de valoración conjunta de todo o gran parte del material probatorio, ni la cita de documentos o pericias ya valorados por el juzgador, o contradichos por otras pruebas, pues ello implicaría la sustitución del criterio valorativo del órgano judicial por el del recurrente.

d) Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, debiendo la parte razonar la influencia de la alegada equivocación judicial en el resultado decisorio del litigio.

e) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo (por todas, STS/IV, Pleno, de 15.05.2021, rec. 68/2021, y las citadas en ella).

Los anteriores requisitos traen causa de la configuración de la suplicación como un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, de objeto limitado, en el que el tribunal ad quemno puede valorar ex novotoda la prueba practicada ni revisar de oficio el Derecho aplicable. A diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso de carácter ordinario, no existe en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, puesto que los Juzgados de lo Social conocen en única instancia ( artículo 6 de la LRJS) de todos los procesos atribuidos al orden social de la jurisdicción, salvo de los procesos atribuidos en única instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( artículos 7, 8 y 9 de la LRJS, respectivamente) lo que, por otra parte, es plenamente acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, toda vez que la doble instancia, salvo en el orden penal, no forma parte necesariamente del contenido del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que el sistema de recursos es de configuración legal, pudiendo el legislador determinar los supuestos en que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización ( STC 160/1993, de 17 de mayo).

De esta forma, el Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, salvo error patente, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS/IV de 18.11.1999, rec. 9/1999).

Tal y como argumenta la STS/IV, Pleno, de 23.07.2020, rec. 239/2018: "Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente".

2.Solicita la parte recurrente la revisión del HP 5.º (en realidad del 4.º, atendiendo a su tenor), en lo relativo a la jornada de trabajo del personal del régimen cerrado, para que quede redactado en los siguientes términos: "a xornada de traballo do persoal en rexime pechado é como mínimo de 1640 horas ó ano, equivalente a 205 días, e como maximo de 1749 horas equivalente a 218,5 días".

La única invocación de prueba documental que puede servir de cobertura a la revisión fáctica ("o apartado D, 1º do Anexo V da Acta redactada e asinada na Inspección de Traballo o 30 de decembro"), no se identifica de forma suficiente en los términos que previene el artículo 196.3 LRJS (no se expresa la parte que aportó tal documental ni el acontecimiento del expediente digital en el que se encuentra, siendo así que la prueba aportada por los propios actores para la celebración de la vista cuenta con 398 páginas). No obstante, incluso atendiendo a lo que según los recurrentes refleja, entendiendo que se refieren al Acta ya referida y recogida en el HP 5.º, en relación con los minutos que deberían computarse en la jornada efectiva de trabajo como toma y deje del servicio, tampoco podría dar lugar a la revisión pretendida. Esta se funda en una serie de cálculos que presuponen una compleja labor de interpretación, deducción, hipótesis y presunción incompatible con el mecanismo revisorio en el recurso extraordinario en que nos hallamos. Por otro lado, el planteamiento de los recurrentes parte de varias premisas puramente apodícticas, sobre la base de su propia apreciación y que no se compadecen con la valoración que de la prueba practicada ha efectuado la juzgadora de instancia. Es notorio que en la fijación de la jornada anual efectiva no pueden considerarse los períodos de vacaciones ni los compensatorios que neutralizan de acuerdo con lo pactado parte del tiempo de prestación de servicios. Ello conduce en el caso presente a la consideración, como excluido de tal jornada efectiva, del período de vacaciones (que los recurrentes computan en 7 días) y el de descanso por riesgos biológicos, en los términos que se explicitan en el propio relato histórico de la sentencia, no atacado en tal extremo, lo que ya excluye la revisión pretendida, que por todo ello no se acoge.

CUARTO.- Infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

1.Al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, denuncian los recurrentes la infracción de la normativa de vacaciones que implica, sostiene, que no disfruten de 30 días de vacaciones anuales. En el desarrollo de su exposición invoca una serie de normas y sentencias: el artículo 7 de la Directiva 2003/88, reguladora del tiempo de trabajo, que apunta a la finalidad de que las vacaciones posibiliten un período de ocio y esparcimiento; el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores - ET-, que establece que será el pactado en convenio colectivo o contrato individual, con un período mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas; el artículo 58.3 ET; el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el artículo 10 del Convenio 132 de la OIT. En el plano comunitario invoca el artículo 158 del TFUE, completado por el 32 de la CDFUE. También cita las SSTJUE de 20.01.2009 (Schultz-Hoff), 10.03.2006 (Robinsonsteele), 20.06.2001 (Bectu), 22.04.2010 (Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols), 12.06.2014 (Bollacke), de modo que el citado derecho no podrá supeditarse a requisitos distintos de los establecidos en la Directiva 2003/88 CE.

Alega que la sentencia infringe el concepto que desarrolla de las vacaciones, al no ser posible que ningún trabajador disfrute solamente de 7 días de vacaciones y 5 correspondientes a descanso, es decir, 12 días de vacaciones al año. El régimen de turnos cerrado no les permite disfrutar de fines de semana ni de festivos, salvo coincidencia en el calendario, lo que no ocurre con los trabajadores del denominado régimen abierto. Por ello, los trabajadores del turno cerrado, en el régimen 7-5, 7-5 y 7-4, no gozan de los mismos derechos de descanso, fines de semana y festivos y horario regular, y por eso la negociación colectiva tomó el sistema 7-5, 7-5 7-4. Además, la prestación de servicios se hace en unas condiciones peculiares, pues gestionan toda la basura, la clasifican y ordenan, lo que implica insalubridad.

2.La codemandada UTE ENERGÍA impugna el motivo indicando que los actores pretenden alterar los pactos alcanzados en el seno de la negociación colectiva, que afecta no solo a esta UTE, sino a todas aquellas empresas a las que es de aplicación el Convenio colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, firmado bajo la legitimación que fija el artículo 87.3.b) del ET. Realiza un análisis de la redacción de los distintos textos convencionales y concluye que el personal de turno cerrado siempre ha disfrutado las vacaciones de forma invariable de la misma manera, por lo que esta y otras demandas son una novedad con las que se busca revertir lo pactado entre las partes. Siguiendo la estela de lo firmado en el AGA, ya el II Convenio fija el periodo de vacaciones en 7 días e incluye uno nuevo de otros 7 días por riesgos biológicos, lo que se mantiene inalterable durante sucesivos convenios, y no ha sido discutido en todas las negociaciones posteriores. En el III (vigente de 2008 a 2011) se recoge por primera vez que con el calendario anual 7-5, 7-5 y 7-4 se dará por cumplida la jornada máxima anual de los trabajadores adscritos a este régimen de turnos, lo que continúa en el actual artículo 19. Así, con las vacaciones reconocidas, la jornada laboral del personal de turno cerrado se cumple. La aclaración se introdujo por la singularidad del sistema 7-5, 7-5 y 7-4, en que se trabajan menos días y horas que el resto del personal.

El VI Convenio Colectivo, en ultraactividad al presentarse la demanda, mantiene la misma redacción sobre estos extremos. De ello deriva que el sistema de vacaciones no ha variado al menos desde el 20.09.2002, sin reclamación alguna, sin que se haya cuestionado este asunto en las últimas negociaciones del convenio, remitiéndose la Disposición Adicional segunda de los convenios firmados, también del actual, a los laudos, pactos, acuerdos, actas y demás documentos surgidos de la aplicación de convenios precedentes, entre los que la impugnante incluye el alcanzado en el AGA el 30.09.2002. Concluye con que las vacaciones de 31 días que fija el artículo 24 del Convenio lo son para el personal que trabaja 1736 horas al año, mientras que el personal de turno partido tiene otro régimen de vacaciones distinto, que en cómputo anual no es inferior a esos 31 días. Realiza una regla de tres para poner de manifiesto que este personal disfruta de un régimen de descansos que excede del que correspondería por el descanso semanal, de lo que resultaría un total de vacaciones global de 63 días.

3.La otra empresa demandada, SOGAMA, impugna el recurso indicando, en primer lugar, que no incluye ninguna solicitud de su condena o fundamentación jurídica que pueda dar lugar a su condena solidaria. De todos modos, los trabajadores no son ni han sido sus empleados y lo que se discute es la interpretación del Convenio de empresas subcontratistas de Sogama, y no del Convenio de Sogama. Subsidiariamente, añade que no se infringen el ET ni el Convenio Colectivo, ya que se garantiza a los trabajadores más de 31 días de vacaciones, aun cuando no sean consecutivos. Así se hizo constar en el acta del AGA, en que las partes firmantes del convenio establecen este peculiar sistema de vacaciones para los trabajadores del turno cerrado, en el que concluyen que con ello se consideran disfrutados los 31 días de vacaciones correspondientes a 2002 y 2003, precisamente por la aplicación de tal sistema de turnos, redacción que se ha ido arrastrando en los sucesivos convenios colectivos, sin que tampoco exista infracción de la Directiva 2003/88 ni de las sentencias del TJUE que se citan de contrario.

QUINTO.- Período vacacional de los actores.

1.Como se ha indicado, la demandada UTE ENERGÍA opone que los actores pretenden alterar los pactos alcanzados en el seno de la negociación colectiva, que dieron lugar al Convenio colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, firmado bajo la legitimación que fija el artículo 87.3.b) del ET.

La sentencia de instancia razona que "si lo que se pretende es dejar sin efecto la regla que en el artículo 24 contiene [el Convenio Colectivo], pues aunque como hipótesis se aceptase que lo que el precepto prescribe vulnera el artículo 38 del ET, ello supondría alterar el contenido de un precepto de un convenio colectivo, aprobado por la voluntad concorde de las partes que lo negociaron, para sustituirlo por otra regla diferente, lo que excede la modalidad procesal del procedimiento ordinario". Con posterioridad indica que "se debe centrar la controversia en la presente litis en determinar si el artículo 24 del convenio colectivo aplicable puede interpretarse en el sentido que pretende la parte actora, es decir, que el personal del turno cerrado también tiene derecho a los 31 días que se fijan con carácter general en el primer párrafo del precepto, pretensión que puede ser deducida por la modalidad procesal del procedimiento ordinario". Realiza una interpretación del indicado artículo 24, atendiendo al sentido propio de las palabras y los antecedentes históricos, así como la realidad de lo acontecido a partir del acuerdo ante el AGA, para concluir que la pretensión de la parte actora debe ser desestimada, "pues no teniendo acogida en ninguna regla de interpretación, aunque como hipótesis se aceptase que el precepto convencional vulnera el artículo 38 del ET, ello supondría alterar lo que el precepto prescribe, aprobado por la voluntad concorde de las partes que negociaron el convenio colectivo, lo que como se ha anticipado excede la modalidad procesal del procedimiento ordinario, por tratarse de una modificación normativa".

2.La doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 81/1990, 56/2000, 88/2001, 90/2001), a propósito de la falta de legitimación activa de los trabajadores para impugnar el convenio colectivo ( artículo 163 de la Ley de Procedimiento Laboral en aquel entonces, 165 de la LRJS) , vino a concluir que la ausencia de legitimación activa del trabajador individual, incluido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo, para solicitar la nulidad en abstracto de sus cláusulas, ha de entenderse integrada, a efectos de la salvaguarda de su derecho a la tutela judicial efectiva, en una hermenéutica constitucional, con la posibilidad de tal trabajador individual de impugnar, por la vía judicial ordinaria, o en su caso por la modalidad procesal de que se trate por razón de la materia y en que esté legitimado activamente, los actos de aplicación de tal Convenio en lo que a él le afecte por lesionar sus derechos e intereses legítimos, y tal doctrina ha tenido consagración positiva en el artículo 163.4 de la LRJS: "La falta de impugnación directa de un convenio colectivo de los mencionados en el apartado 1 de este artículo no impide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, a través de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conformes a Derecho. El juez o tribunal que en dichos procedimientos apreciara la ilegalidad de alguna de las referidas disposiciones lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear su ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos".

En consecuencia, el trabajador puede impugnar los actos de aplicación del Convenio por entender que un precepto del mismo no es conforme a Derecho, sin perjuicio del mecanismo de la legitimación indirecta que recoge la última parte del artículo 163.4 LRJS.

Sobre esta base, si se entendiera que la aplicación del convenio a los trabajadores recurrentes, en lo que se refiere al disfrute por los mismos de las vacaciones, es contrario a los mínimos de Derecho necesario, la sentencia habría de acoger su pretensión en cuanto atinente a los actos de aplicación del convenio, sin que ello suponga la declaración de nulidad en abstracto de sus cláusulas, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal la apreciación de tal ilegalidad, al objeto, en su caso, de plantear tal extremo a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos, tal y como previene el meritado artículo 163.4 LRJS.

3.La sentencia de instancia recoge en su FJ 3.º el marco jurídico vigente en materia vacaciones, al que nos remitimos. Partiendo del mínimo de Derecho necesario relativo establecido en el artículo 38.1 ET, de 30 días naturales de vacaciones anuales retribuidas, mejorable para las personas trabajadoras por la autonomía colectiva o individual, el artículo 24 del VI Convenio Colectivo de centro de trabajo de las empresas que prestan sus servicios en el complejo medioambiental de Cerceda como subcontratistas de SOGAMA, dispone que "As vacacións anuais, con carácter xeral, fíxanse en 31 días naturais".Asimismo, en relación con el personal de turno cerrado en el que se incardinan los actores: "Para os traballadores sometidos ao sistema de quendas 7-5, 7-5, 7-4, no que '7' son días de traballo e '5' e '4' días de descanso, estabrecese que os días de vacacións a gozar por estes será do seguinte xeito e maneira: cada traballador verá modificado este réxime de quendas de modo que os módulos de 7 días serán de vacacións en lugar de ser de traballo. O devandito modulo de 7 dias irá intercalado entre 5 ou 4 dias de descanso. Estos 7 días na PRTE, gozaranse de acordo coas seguintes condición(...) A estes períodos vacacionais poderanse engadir os 7 días de descanso acumulados polos 'riscos biolóxicos'".

Tal regulación ha de ser considerada en el contexto de que de acuerdo con el artículo 19, "En cómputo anual, a xornada máxima de traballo do persoal comprendido no ámbito do presente Convenio Colectivo será 1.736 horas (...) Co calendario anual de traballo e descanso, 7-5, 7-5, 7-4 derivado da aplicación do presente Convenio Colectivo, darase por cumprida a xornada máxima anual dos traballadores adscritos a este réxime de quendas",siendo así que "La jornada de trabajo del personal del régimen abierto es de 1736 horas al año, equivalente a 217 días. La jornada de trabajo del personal del régimen cerrado es de 1640 horas al año, equivalente a 205 días" (HP 4.º). También resulta relevante que el artículo 16 recoge que "O sistema 7-5, 7-5, 7-4 supon prestar servizos 7 días consecutivos e os 4 ou 5 días consideranse a parte proporcional de descanso, no seu sentido mais amplio".

4.Como se recuerda en las SSTS/IV de 25.04.2017, rec. 147/2016 y 14.11.2017, rec. 223/2016: "Respecto a la interpretación de los convenios colectivos, es doctrina constante de esta Sala que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el «espigueo» ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

5.Partiendo de los anteriores cánones hermenéuticos, literal, sistemático, histórico y finalista, nos hallamos con que se establece una regla general que fija 31 días de vacaciones naturales, con una previsión especial en cuanto a la forma del disfrute del período vacacional para las personas trabajadoras sometidas al sistema de turnos 7-5, 7-5 y 7-4. En este caso verán modificado el sistema de turnos de modo el módulo de 7 días será de vacaciones en lugar de trabajo. Como se pone de manifiesto en la recurrida, el precepto no se expresa en los mismos términos que el acuerdo alcanzado ante el AGA en 2002, pues entonces se establecía que esto ocurriría en los módulos de 7 días "una sola vez", redacción que se mantuvo a partir del II Convenio. Desde el V Convenio se eliminó la expresión "una sola vez", pero a continuación se desarrolla lo anterior en referencia a un solo módulo de 7 días.

Ha de tenerse en consideración:

(1) La jornada anual de los actores, con el régimen de turnos cerrado 7-5, 7-5 y 7-4 supone que su jornada anual es claramente inferior a la "ordinaria" contemplada en el convenio (1640 horas/207 días, frente a 1736 horas/2017 días).

(2) El descanso disfrutado tras cada período de trabajo efectivo de 7 días, de 5 o 4 días, supera notoriamente lo que en principio cabría imputar al descanso semanal. Si se toman dos días de descanso semanal, como argumenta UTE ENERGÍA (el artículo 37.1 ET contempla uno mínimo de día y medio), un elemental prorrateo revela que solo serían imputables a ese descanso semanal 2,8 días, con lo que habría un exceso de 2,2 días (cuando el descanso es de 5 días) o de 1,2 (cuando lo es de 4). Esta realidad no puede desconectarse de la previsión convencional recogida en el artículo 16 del Convenio, en punto a que en ese peculiar sistema los 4 o 5 días se consideran una parte proporcional de descanso, en el sentido más amplio, es decir, más allá del descanso semanal, compatibles con la finalidad de ocio y esparcimiento que se asocia a las vacaciones, Apartado 21 de la STJUE de 10.09.2009, C-277/08, en interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88.

(3) Desde 2002 las vacaciones se han venido fijando para este personal ajustándose a uno de los módulos de 7 de días de trabajo, con el acuerdo de la representación legal de los trabajadores, de acuerdo con lo solicitado,

(4) acompañado de los de descanso de 5 o 4 días, con posibilidad de acumular los 7 días de descanso por los "riesgos biológicos".

(5) En el acuerdo ante el AGA de 2002, del que partió la regulación en este extremo contenida en los convenios posteriores, se recoge que "Las partes consideran disfrutados los 31 días de vacaciones correspondientes a cada uno de los años 2.002 y 2.003, por los trabajadores afectos a este sistema de turnos, precisamente por la aplicación del sistema de turnos descrito en los apartados anteriores".Asimismo, la Disposición Adicional del VI Convenio aplicable recoge que "De forma expresa, e en tanto no se negocien otros reglamentos, acordos ou directrices, as partes recoñecen que siguen sendo aplicables e con efecto todos os laudos, pactos, acordos, disposicions, actas ou demais documentos que xurdidos da interpretación ou aplicación de convenios procedentes no se opoñan ao estabrecido no presente convenio colectivo".

6.De tales elementos la Sala extrae que el régimen perfilado en el Convenio Colectivo que nos ocupa para las vacaciones de los actores, con sus notables peculiaridades, atendidos los criterios hermenéuticos a que se ha hecho referencia, permite concluir que efectivamente disfrutan de al menos los 31 días naturales que con carácter general se establecen, que no tienen necesariamente que ser continuados.

7.En consecuencia, no habiéndose producido las infracciones denunciadas en el recurso, el recurso ha de ser desestimado.

Por lo expuesto,