Sentencia Social 1248/2026 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 546/2026 de 26 de mayo del 2026

PRIMERO.-El juzgado de lo social número cuatro de Donostia San Sebastián ha dictado sentencia el 4 de julio de 2025 en su procedimiento por despido instado por el trabajador demandante contra INTENANCE CAPITAL SL, PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZIKUÑAGA SA (PGZ), TALLERES ARROSPIDE S.L., UKRA MANTENIMENDUAK S.COOP., SOLDADORA, CALDERERÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. - SOLCAMAN - Y MEGAN CONSTRUCT S.COOP y ha declarado que la extinción de la relación laboral del actor comunicada el 31/12/2024 constituye un despido improcedente, condenando a PGZ a las consecuencias del mismo así como a una sanción de 6000 € con abono de los honorarios de las defensas en cuantía de 1000 € para cada uno de ellos, absolviendo a los demandados de todos los experimentos de la demanda.

El supuesto de hecho de que se declara acreditado por el juzgador es el de actor, que es uno de los trece trabajadores que prestaba servicios para INTENANCE CAPITAL SL en tareas de mantenimiento de la sección de celulosa de la empresa PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZIKUÑAGA SA (PGZ) y en su centro de trabajo, contratada por la empresa principal, hasta que el 10/12/2024 la primera le comunica que el 31/12/2024 finalizaría el contrato de trabajo pero que tenía derecho a ser subrogado por la principal comitente. La contratista en junio 2024 había comunicado a la principal la finalización del contrato mercantil a finales de 2024 porque no le era rentable. La principal no subroga a los trabajadores. Tenía otra sección, la de papel, cuyo mantenimiento lo venía encargando a otras empresas codemandadas y cuando cesó el contrato mercantil de mantenimiento de la sección de celulosa con INTENANCE no asignó este servicio a ninguna empresa, sino que desde diciembre 2024 fue encomendándolo a esas otras empresas que llevaban el mantenimiento de la sección de papel, servicio a servicio bajo pedido y aleatoriamente a las codemandadas TALLERES ARROSPIDE S.L., UKRA MANTENIMENDUAK S.COOP., SOLDADORA, CALDERERÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. - SOLCAMAN - Y MEGAN CONSTRUCT S.COOP.

La sentencia considera que el convenio colectivo aplicable al actor es el de la industria siderometalúrgica de Gipuzkoa, que prevé la obligación de subrogación (artículo 43.3 siempre que el trabajador lleve más de seis meses en el servicio y en el centro de trabajo), y resalta que el servicio no ha desaparecido sino que se sigue prestando y la principal PGZ lo ha dividido encargándolo de manera aleatoria a las cuatro codemandadas, creando confusión deliberadamente y sin modificar los contratos mercantiles con esas empresas, negándose a proporcionar información a la contratista. Aplica el artículo 4.1 y 1288 CC por ser PGZ la causante de la oscuridad y le impone una sanción de 6000 € por mala fe ex 97.3 y 75.3 . LRJS y el abono de los honorarios de los letrados.

Frente a dicha sentencia se interponen dos recursos:

Por un lado, la mercantil condenada PGZ: solicita se le absuelva y se condene exclusivamente a INTENANCE CAPITAL SL, y se revoque la condena a la sanción y abono de honorarios.

Este recurso es impugnado por INTENANCE, el actor, SOLDADORA CALDERERÍA MANTENIMIENTO SL

Por otro lado, recurre en suplicación también el actor, y solicita que, en caso que se mantenga el fallo sobre la responsabilidad principal de PGZ, se extienda la responsabilidad a las empresas codemandadas de forma solidaria; y en caso de que se estime el recurso de PGZ solicita se condene a INTENANCE a las consecuencias del despido improcedente del actor.

Este recurso es impugnado, a su vez, por el actor y TALLERES ARROSPIDE S.L., UKRA MANTENIMENDUAK S.COOP., SOLDADORA, CALDERERÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. - SOLCAMAN - Y MEGAN CONSTRUCT S.COOP.

A propósito de esta cuestión y de otros recursos de suplicación entablados contra sentencias resolviendo demandas de otros trabajadores en idénticas situación, en esta sala nos hemos pronunciado en varias sentencias -no firmes- en sentido contrario al criterio de la instancia, concluyendo que no hay deber de subrogación por parte de PGZ y que la responsabilidad por la extinción del contrato de trabajo del actor debe recaer exclusivamente en la contratista empleadora del actor INTENANCE CAPITAL SL. En concreto, nos referimos a la sentencias dictadas en los recursos 2762/2025, 702/2026, 226/2026, 429/2026.

SEGUNDO.-Al amparo del artículo 193 c LRJS el recurso planteado por PGZ articula tres motivos de censura jurídica, en que denuncia:

1: la infracción por errónea interpretación del artículo 43.3 del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa y los artículos 3.1 ET y 1281 y 1283 CC. Argumenta la empresa recurrente en este sentido, en esencia, que la Sentencia impugnada extiende la obligación de subrogación prevista en la norma a un supuesto no previsto por el propio texto convencional, ya que se ha acreditado que PGZ pertenece al sector del papel y no al sector de la industria siderometalúrgica, por lo que no le es de aplicación dicha obligación de subrogación; que tampoco concurren los requisitos para aplicar el artículo 44 ET al no haber existido transmisión alguna de medios materiales ni personales para poder entender que concurre una sucesión de empresa.

2.- la infracción de los artículos 8.1 y 52.c) ET, en relación con el artículo 43.3 del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa y los artículos 4.1 y 1288 CC. Argumenta la recurrente, en esencia, que la empleadora directa del trabajador demandante era la empresa INTENANCE CAPITAL, S.L. y que ella fue quien extinguió el contrato de trabajo sin seguir el procedimiento para los despidos por causas objetivas, indicando al trabajador, erróneamente, que procedía la subrogación por parte de PGZ por aplicación del artículo 30.1.c) del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Bizkaia, Convenio que no resulta de aplicación, como expresamente reconoce la Sentencia recurrida; que se imputa a PGZ erróneamente la responsabilidad del despido del trabajador; que PGZ no ha tenido ninguna actitud oscurantista, pues no tenía obligación alguna de subrogación ni legal ni convencional ni contractual y que la confidencialidad empresarial en la gestión de sus proveedores no puede interpretarse como ocultación maliciosa, máxime cuando consta en autos que las empresas que comenzaron a prestar el servicio eran conocidas por todas las partes, como se refleja en los hechos probados; que desde el primer momento comunicó a la empresa INTENANCE que no procedía la subrogación.

3.- la infracción de los artículos 75.3 y 97.3 LRJS y la vulneración del principio de buena fe procesal. Argumenta en este sentido, en esencia, que la Sentencia impone una sanción de 6.000 euros y el abono de los honorarios de los letrados de las demás partes codemandadas y del actor, sin que se haya acreditado ni motivado adecuadamente la existencia de temeridad o mala fe procesal, ni se haya respetado el derecho de audiencia previa; que la sanción impuesta y la condena al pago de honorarios no había sido solicitada por el demandante ni por ninguna de las codemandadas, siendo una decisión adoptada por el juez de instancia de oficio, por lo que ni se dio la ocasión en la propia vista de defender la improcedencia de dicha eventual condena; que el artículo 97.3 LRJS permite imponer el pago de honorarios a la parte vencida cuando haya actuado con temeridad o mala fe, y establece un límite máximo de 600 euros por cada defensa letrada, pese a lo que la Sentencia impone 1.000 euros por cada uno de los seis letrados intervinientes, lo que supone una superación del límite legal y una carga económica desproporcionada; que la multa de 6.000 euros no se razona ni justifica de modo alguno en su cuantía máxima; que, en cualquier caso, de ningún modo puede imputarse a PGZ una actuación temeraria o de mala fe.

Para resolver estos motivos vamos a seguir el criterio de nuestros precedentes, y a continuación transcribimos los argumentos de la sentencia dictada al 17 de febrero de 2026, en el recurso 2762/2025:

"SEGUNDO.- En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curia o vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como en el supuesto de autos, la empresa recurrente denuncia la infracción jurídica del art. 43.3del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Gipúzkoa en relación al artículo 3.1 del ET , los arts. 1281 y 1283 del CC e igualmente, el art. 44 del mismo ET reproduciendo las exigencias de un despido por causas objetivas del art. 52c) ET , y finalmente invocando una infracción añadida y subsidiaria de los arts. 75 y 93 de la LRJS respecto de la inexistencia de mala fe procesal y evitación de las sanciones y condena de honorarios, analizaremos la temática estrictamente jurídica, por cuanto no ha habido revisión fáctica alguna.

Comenzamos por abordar la temática jurídica en el cuestionamiento que realiza la empresa recurrente con alusión a la no aplicación del art. 43.3 del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Gipúzkoa en materia de subrogación convencional inexigible para su sector, en relación finalmente al art. 44 del ET por la inexistencia de sucesión contractual, cuestionamiento de fondo sobre la sucesión de empresa ( art. 44 ET ) y/o subrogación convencional (art. 43 del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de Gipuzkoa), con lo cual debemos analizar dicha temática siguiendo el prisma doctrinal que ya citamos en nuestros precedentes, por ejemplo en las sentencias de 1/06/2020 R-766/22 , o 9/11/2021 R-1924/21 , y 16/02/2021 R-1627/20 , entre otros muchos.

El art. 44 ET regula la sucesiónde empresa. Precepto que, desde la promulgación del Estatuto no había tenido cambios, hasta que la Ley 12/2001, de 9 de julio, introdujo novedades en su contenido (vigentes desde el 11 de ese mes), sustancialmente debidas a la necesidad de adaptar nuestro derecho interno a la normativa comunitaria, no sólo a causa de la modificación operada en ésta por la Directiva 98/50 /CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, sino por la falta de incorporación a nuestro ordenamiento de determinados mandatos de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977. Normativa comunitaria constituida, al tiempo de promulgarse la Ley 12/2001, por la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001 .

Uno de los efectos de la sucesión de empresa que dispone el art. 44 ET en su apartado 1, mantenido tras la Ley 12/2001 , es el efecto subrogatorio en la posición de empresario de la relación laboral.

Norma de rango legal que no deja margen alguno a la negociación colectiva o a la autonomía de la voluntad para poder disponer de ese concreto efecto en el caso de que concurra el supuesto de sucesión de empresa ahí previsto, por lo que cualquier convenio colectivo o pacto (individual o colectivo) que lo niegue, lo condicione o limite su ámbito de aplicación resulta nulo de pleno derecho (inciso inicial del art. 85.1 ET y art. 3.1.c ET ).

Ahora bien, entre los cambios introducidos en el art. 44 ET por la Ley 12/2001 se incluye la noción misma de sucesión de empresa, al establecerse en el apartado 2 del precepto que, "a efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria". Descripción del fenómeno regulado que supone una evidente innovación respecto a la noción anterior, al alterar de manera esencial la descripción del objeto de la transmisión, que ya no se define como una empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma (pese a lo que parece del inicio del apartado 1), sino en los concretos términos del apartado 2, dadas las taxativas palabras con que éste se inicia y hemos dejado remarcadas.

Variación de suma trascendencia cuando se advierte que esa nueva descripción de la transmisión de empresa en nuestro derecho interno resulta ser copia literal de un precepto de la Directiva 1998/50 /CE ( art. 1.1.b), mantenido en la Directiva 2001/23 /CE (art. 1.1.b), cuando señala que se considerará traspaso, a efectos de esas Directivas, el de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria. Definición cuyo origen radica, a su vez, en la jurisprudencia comunitaria sentada en interpretación del art. 1 de la Directiva 1977/187/CEE , cuando señala que el concepto de entidad objeto de la transmisión remite a un conjunto organizado de personas y elementos que permiten el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio (sentencias Süzen, de 11 de marzo de 1997, Hernández Vidal, de 10 de diciembre de 1998, Sánchez Hidalgo, de la misma fecha, y Allen, de 2 de diciembre de 1999 y las más modernas que luego citamos).

No cabe duda, vista esa identidad en la descripción, que nuestro legislador ha querido que, a partir de la vigencia de la Ley 12/2001, la noción de sucesión de empresa, en nuestro derecho interno, sea la comunitaria a la sazón vigente, abandonando la que hasta ahora teníamos. Resulta obvio que, de ser la misma, no habría sido necesario cambio alguno de regulación.

Pues bien, al identificarse ahora nuestra noción del objeto de la transmisión con la comunitaria se ha producido un efecto singular, como es la relevancia de la jurisprudencia comunitaria, en la medida en que pasa a ser la autorizada intérprete de nuestra propia norma. Véanse STJUE 13/06/19, C-317/18 - Correia Moreira ; 08/05/19, C-194/18 - Dodic; 14/03/19 , C-724/17 - Vantaan kaupunki ó Skanska Industrial Solutions y otros ; 07/08/18, C-472/16 - Colino Sigüenza; 11/07/18, C-60/17 - Somoza Hermo e Ilunión Seguridad; 19/10/17, C-200/16 - Securitas; 26/11/15, C-509/14 - Aira Pascual y otros ó ADIF; 09/09/15, C-160/14 - Ferreira da Silva e Brito y otros; 06/03/14, C-458/12 - Amatori y otros; 20/01/11, C-463/09 - CLECE; 12/02/09, C-466/07 - Klarenberg; y 20/11/03, C-340/01 - Abler y otros.

Con anterioridad a esa reforma legal, una doctrina consolidada del Tribunal Supremo excluía del supuesto regulado en el art. 44 ET los casos de cambio de contratista de un servicio si no llevaba aparejado la transmisión de los elementos patrimoniales precisos para ejecutarlo, por lo que el nuevo contratista no quedaba sujeto a un deber de subrogación en el vínculo laboral de los trabajadores empleados por el contratista saliente al amparo de lo dispuesto en dicho precepto, sin perjuicio de que esa obligación pudiera surgir por disposición del convenio colectivo o por exigencia del titular del servicio ( sentencias de 5 de abril de 1993, RCUD 702/1992 , 14 de diciembre de 1994, RCUD 469/1994 , 23 de enero y 9 de febrero de 1995 , RCUD 2155/1994 y 3754/1993 , 29 de diciembre de 1997, RCUD 1745/1997 , 29 de abril de 1998, RCUD 1696/1997 , y 18 de marzo de 2002, RCUD 1990/2001 ), como tampoco se da si, llegado un determinado momento, éste decide asumir directamente su gestión ( sentencias de 3 de octubre de 1998, RCUD 5067/1997 , y 19 de marzo de 2002, RCUD 4216/2000 ). Aún más, cuando el convenio colectivo o el titular del servicio imponen ese deber, queda sujeto a los términos y condiciones impuestos por la fuente que fija la obligación de subrogación ( sentencias de 10 de diciembre de 1997, RCUD 164/1997 , 9 de febrero , 31 de marzo y 8 de junio de 1998 , RCUD 167/1997 , 1744/1997 y 2178/1997 , 26 de abril y 30 de septiembre de 1999 , RCUD 1490/1998 y 3983/1998 , y 29 de enero de 2002, RCUD 4749/2000 ).

Sin embargo, tras la reforma mencionada, a la luz de la sentencia dictada por el TJUE el 24 de enero de 2002 en el caso TEMCO , también se engloban en el supuesto de sucesión de empresa tipificado en el art. 44 ET los casos de cambio de contratista de un servicio en cuya ejecución el elemento trascendental lo constituyen los trabajadores que lo desempeñan, siempre que el nuevo contratista esté obligado a asumirlos en su totalidad o en su parte esencial, sea por convenio o por imposición del titular del servicio, y aunque no lleve aparejada transmisión de los elementos patrimoniales precisos para su ejecución.

Por otra parte, esa sentencia dictada por el TJUE en el caso TEMCO va aún más allá, ya que la doctrina que sienta es que ese efecto subrogatorio se produce incluso si, de hecho, el nuevo contratista de un servicio sin elementos patrimoniales significativos asume a una parte relevante de la plantilla que anteriormente lo atendía por cuenta del contratista precedente. Doctrina comunitaria no novedosa, que se inscribe en la línea de lo resuelto por dicho Tribunal en sus antiguas sentencias de 11 de marzo de 1997 (caso SÜZEN ), 10 de diciembre de 1998 (caso HERNANDEZ VIDAL ), 10 de diciembre de 1998 (caso SANCHEZ HIDALGO ), 2 de diciembre de 1999 (caso GC ALLEN ), 26 de septiembre de 2000 (caso DIDIER MAYEUR ), 25 de enero de 2001 (caso LIIKENE ) y 20 de noviembre de 2003 (caso CARLITO ABLER).

Doctrina comunitaria que nuestro Tribunal Supremo ha hecho suya en sus sentencias de 20 y 27 de octubre de 2004 ( RCUD 4424/2003 y 899/2002 ), estimando que "constituye un supuesto de traspaso o sucesión la transferencia de la mera actividad cuando la misma va acompañada de la asunción de relaciones laborales con un núcleo considerable de la plantilla anterior, al poder valorarse ese conjunto como una entidad económica". Concretamente, en la última de ellas enjuicia el cese, por fin de contrato, de quien fue contratado inicialmente para prestar servicios durante la vigencia del servicio de mantenimiento de unas instalaciones deportivas municipales concertada por su primer empleador, habiéndose subrogado en esa relación los sucesivos contratistas del servicio, lo que no hizo el nuevo que lo asume al tiempo del cese, pese a que sí lo había hecho con el resto de los trabajadores dedicados a ese servicio por cuenta del anterior contratista (salvo con otro), confirmando el Tribunal la calificación del cese como despido improcedente efectuado por el nuevo contratista, al no hacerse cargo del mismo, a lo que estaba obligado conforme al art. 44 ET , a la luz de la nueva doctrina, que revisa la anterior mantenida por la Sala. Cambio de doctrina expresamente reconocido por la propia Sala en la segunda de esas sentencias (que tiene el valor añadido de estar dictada en Sala General) y reiterado en su sentencia de 4 de abril de 2005 (RCUD 2423/2003 ), que no se ha abandonado en la de 23 de mayo de 2005 (RCUD 1674/2004 ), pese a la confusión que puede generar algunos de sus razonamientos, debiendo recalcar que en ella se confirma la condena solidaria de la nueva contratista del servicio de limpieza al pago de una deuda contraída por el anterior, aunque le basta para hacerlo con el propio tenor del convenio, en cuanto impone al nuevo un deber de subrogación en los derechos y obligaciones del anterior. Nada mejor para comprobar que la Sala, con esta sentencia, no abandona el nuevo criterio que leer sus posteriores sentencias de 29 de mayo de 2008 (RCUD 3617/2006 , también de Sala General), 27 de junio de 2008 (RCUD 4773/2006 ), 28 de abril de 2009 (RCUD 2614/2007 ) y 23 de octubre de 2009 (RCUD 2684/2008 ). Y últimamente, sentencias del TS 6-7-17, recurso 1550/16 ; 1-6-16, recurso 2468/14 ; 3-5-16, recurso 3165/14 y 10-5-16, recurso 2957/14 que vienen de las de Pleno 7-4-16, recurso 2269/14 ; 8-6-16, recurso 224/15 ; 11-5-17, recurso 1921/15 ; 20-12-17, recurso 165/16 ; 4-7-18, recursos 2609/17 y 1168/17 ; 28-6-18, recurso 1379/17 ; y 26-10-18, recurso 2118/16 .

Como conclusión, cabe sostener que la sucesión de contratas puede constituir un supuesto de sucesión de empresa, pero ello no significa que toda sucesión de contrata lo sea, sino únicamente cuando la nueva contratista deba hacerlo o lo haga, de hecho, con los medios materiales y personales con que lo hacía la anterior, ya que será entonces cuando concurra el requisito de identidad de la entidad económica transmitida.

Merece la pena destacar, no obstante, que en lo que atañe a la utilización de los medios materiales y/o exigencia de transmisión directa, también constituye doctrina comunitaria la que establece que no obsta a la existencia de una transmisión de una entidad económica que mantiene su identidad que una parte relevante de los medios materiales con que se lleva a cabo sean los que la empresa adjudicataria del servicio pone a disposición de sus sucesivos contratistas. Criterio que también ha hecho suyo nuestro Tribunal Supremo, como lo revela el texto parcial de su sentencia de 28 de abril de 2009 (RCUD 4614/2007 ), reproducido en la de 23 de octubre de 2009 (RCUD 2684/2008 ), que ahora reproducimos: "3.- Una segunda cuestión se plantea respecto a si el concepto de "transmisión de un conjunto de medios organizados", necesarios para llevar a cabo su actividad, requiere que haya transmisión de la propiedad del cedente al cesionario, o no es necesario que el cesionario adquiera la propiedad de tales elementos para que exista sucesión empresarial. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado de forma reiterada en las sentencias de 17 de diciembre de 1987, My Molle Kiro, 287/86, 12 de noviembre de 1992, 1992/84, Watrson, Risk y Christensen 209/91, y 20 de noviembre de 2003 Abler y otros, C-340/01, señalando que el ámbito de aplicación de la Directiva abarca todos los supuestos de un cambio, en el marco de las relaciones contractuales, de la persona física o jurídica que sea responsable de la explotación de la empresa que, por ello, contraiga las obligaciones del empresario frente a los empleados de la empresa, sin que importe si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales concluyendo, la última de las sentencias citadas, que "la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario no pertenezcan a su antecesor, sino que fueron puestos a su disposición por el primer empresario no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva 77/187 ". Por su parte esta Sala, en la ya citada sentencia de 11 de diciembre de 2002, (Rec. 764/02 ), entendió que en un supuesto en que se cedió por una empresa a otra un local, con entrada desde el patio central del colegio, dentro del cual estaba ubicada una cocina industrial completamente equipada y apta para elaborar comidas, una nevera industrial etc..., además de útiles de limpieza, un local anexo destinado a office y otro destinado a almacén, estando formado el local principal por un comedor escolar y dos servicios, es claro que lo cedido fue una unidad productiva autónoma, sin que represente obstáculo alguno que el título sea un contrato de arrendamiento, pues para ser empresario no es necesario ser propietario de los bienes de la empresa, sino poseer la titularidad del negocio, constituyendo la cesión de bienes, antes relacionados, un negocio cuya titularidad se cede, en palabras del Estatuto y de la Directiva una entidad económica con propia identidad. En el mismo sentido se ha pronunciado la sentencia de 12 de diciembre de 2007, (Rec. 3994/06). 4.- La tercera cuestión se plantea respecto a si es o no exigible una vinculación contractual directa entre cedente y cesionario, para apreciar la existencia de sucesión de empresa en los términos examinados. Tal como ha señalado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Süzen anteriormente citada, la inexistencia de vínculo contractual entre el cedente y el cesionario no puede revestir una importancia decisiva a este respecto, a pesar de que puede constituir un indicio de que no se ha producido ninguna transmisión en el sentido de la Directiva. También puede producirse la cesión en dos etapas, a través de un tercero, como el propietario o el arrendador ( sentencia de 7 de marzo de 1996 Mercks y Neuhyus, asuntos acumulados C-171/94 y C72/94 ). Tampoco excluye la aplicación de la Directiva la circunstancia de que el servicio o contrata de que se trate haya sido concedido o adjudicado por un organismo de Derecho público ( sentencia de 15 de octubre de 1996, Merke, 298/94 )".

Véanse en nuestro TSJPV, entre otros, los recursos 766/22, 396/22 , 103/22, 2601/21, 1924/21, 1627/20, 1496/20, 1458/20, 1370/20, 945/20, 561/20, 1762/19, 1343/19, 1582/19, 1138/18, 834/18, 2496/17, 585/17, 305/17, 2201/16 y 2128/16.

Finalmente, en esta panoplia o estudio amplio de las figuras que se circunscriben a la garantía por cambio de empresario, en una prestación laboral de servicios que es de carácter personalísimo, no sustituíble, es posible alguna que otra figura de cambio de titularidad de la empresa en cuanto que el empresario pueda ser sustituído por otro o, sin dejar de serlo, cederle los servicios del trabajador, además de la sucesión de empresa ( art. 44), y la cesión de trabajadores ( art. 43), como es la denominada genéricamente subcontratación (contratas y subcontratas del art. 42 del ET ), descentralización productiva o outsurcing, que se pueden predicar tanto de contratas de servicios auxiliares que no se corresponden con la propia actividad del empresario principal (ejemplos típicos son los servicios de limpieza o de vigilancia) de las denominadas contratas de propia actividad o contratación externa, descentralización productiva, que siendo lícita en la integración de una actividad productiva empresarial, tiene cautelas legales e interpretativas necesarias para evitar la vulneración de los derechos laborales, en consonancia con el principio constitucional de libertad de empresa. Dicha figura de externalización productiva, pretende que una empresarial principal se limite a recibir el resultado de la ejecución por la empresarial contratista, pues esta última aporta normalmente sus medios personales y materiales con la consiguiente organización, dirección y gestión.

Es por ello que en nuestro supuesto de autos, y una vez reproducida nuestra doctrina jurisprudencial respecto de la sucesión empresarial legal, convencional, y otras, en lo que concierne a lo aquí discutido que se corresponde con la conformación de las responsabilidades de las empresariales entrante y saliente.

Y es que en el supuesto de autos ciertamente la empresa recurrente, deben ser estimados sus motivos de infracción, ya que no siéndole de aplicación el Convenio Colectivo de la Industria Metalúrgica de Gipúzkoa y por eso su art. 43.3 º, ya que pertenece al Sector del papel y no al Sector de la Industria Metalúrgica, donde en su propio Convenio no existe la subrogación convencional, la realidad aplicable para la garantía del cambio de empresario en que consiste la extinción contractual a partir del 31 de diciembre del 2024 por falta de subrogación, provoca que la única responsable deba serlo la empresa laboral principal, y aquí subcontratada por la empresa contratante, que lo es PGZ, ya que los ámbitos funcionales de los distintos convenios hacen que a la empresa recurrente no le sea de aplicación la subrogación convencional de las subcontratas aquí discutidas.

Recordamos que la doctrina jurisprudencial imperante solo obliga a la subrogación convencional cuando las empresas principal y subcontratadas, concuerdan con una prestación de servicios o control de propia actividad en adjudicaciones sucesivas de contratas, que se promueven con sucesión o subrogación, pero respecto de las subcontratas y no para con la obligación de la principal contratante, a no ser que estemos ante el mismo objeto contractual o haya una verdadera sucesión general o sucesión de plantillas, que no acontece en el supuesto de autos.

Y como quiera que no le es de aplicación a la empresa recurrente el Convenio Colectivo que exige la subrogación convencional, y en su propio Convenio Colectivo del papel y del cartón, no se contiene una previsión equivalente de subrogación convencional exigible, y siendo que tampoco hay elementos propios de una sucesión contractual de transmisión de elementos patrimoniales o de sucesión de plantilla del art. 44 del ET o de la doctrina comunitaria que hemos explayado, la conclusión no podrá ser otra sino, que la única empresa responsable lo debe ser la codemandada laboral principal, al no haber procedido a la subrogación del trabajador demandante en la empresa recurrente, ni en ninguna de las otras empresas de mantenimiento o actividades puntuales codemandadas, a las que no se ha objetado responsabilidad o exigencia de subrogación por dedicarse también al servicio de mantenimiento.

La verdadera empleadora principal del trabajador demandante, la empresa INTENANCE CAPITAL SL, esla única responsable de la extinción contractual por falta de subrogación, al ser la empresa directa y laboral que comunica la extinción y posible subrogación, que no acontece en el caso de autos. Por lo que no existiendo la obligación de subrogación respecto de cualesquiera otras empresas adjudicatarias subcontratadas (no traidas a colación), resulta evidente que la contratante principal no puede asumir, merced a un convenio colectivo, que no le es de aplicación, una subrogación convencional a la que le condena la resolución de instancia.

La pérdida de la contrata que comunica la empresa laboral subcontratada conlleva que las consecuencias de su extinción, que no fueron reconducidas hacia un despido objetivo del art. 52 c) ET , provocan que deba asumir la improcedencia extintiva y sus consecuencias que declararemos.

Malamente puede esta Sala advertir unas intenciones de mala fe, oscurantismo u obstrucción, que haya efectuado la empresa recurrente para con la comunicación o no de las subrogaciones al resto de clientes o proveedores, porcuanto no siéndole de obligación tal subrogación convencional, no procede sino afirmar que sus resultancias de pedidos para distintas subcontratistas conforman una actividad reglada empresarial lícita que no conlleva per se una sucesión de empresa, ni delimita una subrogación convencional por el mismo objeto contractual u obligaciones de la principal contratista para las subcontratistas, que sí mantienen el posible e idéntico Convenio Colectivo con subrogación convencional, y que serían las únicas empresas responsables subrogadas, si se hubiera dado una sucesión de contratas entre los servicios de mantenimiento reglados.

El anterior pronunciamiento estimatorio del recurso de suplicación de la empresa recurrente, conlleva irremisiblemente a que también debamos revocar la imposición de sanciones y condena de honorarios que indebidamente ha realizado el Juzgador de instancia, por lo que se dan las infracciones de los arts. 75 y 97 de la LRJS , no solo en el sentido principal expuesto que revoca la condena de instancia, sino que tampoco se daban los cuestionamientos formales de acreditación, motivación, audiencia previa, proporcionalidad, limitación y circunstancias, para imponer tanto la sanción como la condena de honorarios.

En ese sentido, procede la íntegra estimación del recurso de suplicación de la empresa recurrente, al darse las infracciones jurídicas denunciadas.".

Ello comporta la estimación del recurso de la empresa PGZ y la revocación de la sentencia de instancia en cuanto a la declaración de responsabilidad, absolviendo a la recurrente de todos los pedimentos contra ella formulados.

Procede condenar a la empresa empleadora INTENANCE CAPITAL SL a las consecuencias de la declaración del despido improcedente y a la readmisión del trabajador actor en las mismas condiciones que regían con anterioridad a la extinción, a menos que dentro del plazo de cinco días, a contar desde la notificación de la sentencia opte por indemnizarle la cantidad de 24.215,68 € -a razón de 33 días de salario por año de servicio, con el salario y antigüedad recogidos en el hecho probado primero de la sentencia- y con abono, para el caso de optar por la readmisión, de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la notificación de la sentencia.

TERCERO.-El recurso del trabajador actor, también en sede de censura jurídica y al amparo del artículo 193 c LRJS, denuncia en cuatro motivos las siguientes infracciones:

1: infracción de los artículos 43.3 y 44 ET y artículo 43.3 del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de Guipúzcoa, y doctrina jurisprudencial sobre responsabilidad solidaria, en supuestos de sucesión plural, por no haber declarado la responsabilidad solidaria de las empresas codemandadas.

2: infracción del artículo 6.4 CC (prohibición del fraude de ley) y de la doctrina jurisprudencial sobre el fraude de la sucesión de empresa, al no apreciar que la fragmentación del servicio constituye un manejo indebido para eludir obligaciones laborales.

3: infracción de los principios generales del derecho sobre responsabilidad solidaria ( artículos 1137 y 1138 CC) y de la doctrina procesal laboral al no imputar responsabilidad solidaria, cuando no es posible determinar el grado de participación de cada codemandada en el hecho dañoso.

4: subsidiariamente, infracción del artículo 52 c ET y artículo 55 ET ET, por no condenar en su integridad a INTENANCE CAPITAL SL en el supuesto de que no se estime la petición principal.

Debemos desestimar los tres primeros motivos, sin más argumentación que la remisión a las consideraciones incluidas en el anterior fundamento jurídico, que no es preciso reiterar. Ello implica la desestimación automática de la pretensión principal del recurso.

En relación al último motivo, planteado con carácter subsidiario, y dado que se ha estimado el recurso de la empresa condenada PGZ, efectivamente procede condenar en su integridad a INTENANCE CAPITSL SL, como también hemos razonado previamente, y nos remitimos a los mismos argumentos utilizados al analizar el recurso de aquella empresa.

Ello implica la estimación del motivo en su pretensión subsidiaria.

CUARTO.-No procede hacer declaración sobre costas, por haber vencido la parte recurrente ( artículo 235-1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo