Sentencia Social 1651/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1775/2024 de 26 de junio del 2025

PRIMERO.-El actor D. Edmundo que viene prestando servicios por cuenta de la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL (en adelante FIBAO) interpuso demanda en la que interesaba que se declare su derecho a ostentar la categoría profesional de Responsable de gestión económica por venir realizando las funciones propias de tal categoría desde el 1 de enero de 2014 a la que acumuló una reclamación de cantidad por importe de 6.984,78 euros brutos por diferencias retributivas de categoría correspondiente al periodo entre junio de 2020 a mayo de 2021, habiendo presentando posterior escrito de ampliación en la que reclama el abono de la cantidad de 28.311,18 euros por las diferencias entre retribuciones percibidas y las que hubiera debido de percibir hasta octubre de 2023 de reconocersele la categoría de Responsable de gestión económica.

Y contra la sentencia desestimatoria de la demanda se alza en suplicación habiendo sido el recurso impugnado de contrario.

Al estar destinados los dos primeros motivos del recurso al amparo del articulo 193 b) de la LRJS, debe tenerse en cuenta que dicho precepto exige que se invoquen documentos o pericias que evidencien error del juzgador y obliguen a corregir las apreciaciones formadas por el mismo tras el juicio racional y con inmediación que es posible en la instancia, con valoración del conjunto de medios probatorios, como permite el artículo 97.2 de dicha ley procesal; por ello, no puede la Sala acoger la censura de hecho cuando el medio invocado sea inidóneo, no reúna las condiciones revisoras indicadas, se vea contradicho por otros, requiera conjeturas o hipótesis o haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia, como tampoco cabe acoger las revisiones fácticas que incluyan consideraciones valorativas o conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, ni las meras alteraciones insustanciales o de lo que ya consta en la sentencia, explícitamente o por remisión.

En concreto en el primer motivo, se solicita que al final del hecho probado décimo quinto se adicione lo que sigue:

"En fecha 08/09/2022, la gerente de Fibao, Dª Trinidad remite email al actor en el que le expone lo siguiente:

Buenas tardes, Edmundo,

Hemos recibido de la Secretaria General de Regeneración,Racionalización y Transparencia el informe a la solicitud de Modificación de Condiciones Retributivas y conforme a las consideraciones expuestas en la solicitud presentada por FIBAO, la Dirección General informa FAVORABLEMENTE la actuación propuesta por la entidad.

Esta resolución será efectiva a partir del día 12 de septiembre 2022 de manera que recuperaras tus funciones y responsabilidades y volverás a cobrar el complemento de responsabilidad.

Un cordial saludo".

Invoca para ello los documentos nº 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20 y 26 del ramo de la parte actora.

Y en aplicación de la doctrina que hemos expuesto el motivo no puede prosperar, por cuanto el Magistrado de instancia viene a recoger tanto en el hecho probado decimoséptimo como en la concreción de conceptos que ha venido percibiendo el demandante durante el periodo finalmente reclamado y que estampa en el ordinal decimonoveno , que desde el mes de septiembre de 2022 el demandante ha venido a recuperar el complemento de responsabilidad, no pudiendo extraerse de la documental que se invoca de manera evidente, que ello signifique per se, es decir de una manera clara, directa y patente, sin necesidad de interpretaciones, conjeturas, ni cualquier otras hipótesis o razonamiento, que las funciones realizadas por el demandante correspondan o encajen mas en la categoría profesional de Responsable del Área de Gestión Económica (C2) que la que tiene reconocido de Técnico (C3), cuestión que solo podrá determinarse por la via del correspondiente motivo de censura juridica partiendo de las tareas que efectivamente desempeñadas figuren en el relato de hechos probados. Por lo tanto al no revelar la documental que se invoca el error denunciado el motivo no puede prosperar.

SEGUNDO.-También al amparo del art 193 b) de la LRJS se solicita que se adicione un nuevo hecho probado que se enumera como vigésimo y para el que se propone el siguiente texto :

"En fecha 01/12/2020 el trabajo del actor fue evaluado por la gerente de Fibao, en cuya evaluación expresaba:

"Tiene capacidad para organizar su propio trabajo y la del equipo que dirige con un gran dominio de su entorno de trabajo".

Capacidad de coordinación del personal a cargo dándole apoyo y adaptándose a las condiciones y capacidades de cada miembro de su equipo para extraer su mejor rendimiento" y "Altamente cualificado para la toma de decisiones en su ámbito de responsabilidad".

Se invoca el documento nº 13 del ramo de prueba de la parte actora. Y el motivo tampoco puede prosperar, por cuanto el documento que concretamente se invoca no es hábil para demostrar la existencia de error evidente, por cuanto el Magistrado de instancia para la elaboración del relato de hechos probados, ha tenido en cuenta las facultades de apreciación conjunta de la prueba practicada, valorando los distintos medios de prueba para precisar de que concretas pruebas ha obtenido las distintas afirmaciones fácticas, no pudiendo la parte recurrente pretender hacer un juicio de evaluación personal,en sustitución del mas objetivo consumado por el Magistrada de instancia de la manera que hemos indicado, por lo que en aplicación de la doctrina de la revisión suplicacional este segundo motivo de censura de hecho tampoco puede prosperar.

TERCERO.-En el motivo destinado a la pertinente censura jurídica,al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, se denuncia la infracción de los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores y la cláusula cuarta de la Directiva/CE 1999/70 y la doctrina fijada por el TJUE, sobre discriminación retributiva con el personal fijo en relación con el art. 14 de la CE, y la correlativa normativa convencional, así como la jurisprudencia que se cita a lo largo del desarrollado del motivo, aunque esta cuestión la dejaremos para ser analizada en segundo lugar, pues vamos a estudiar primeramente,la que tiene que ver con la invocada en el encabezamiento del motivo infracción de la la STS de 29 de enero de 2024 en el rcud 2748/2022

A).- Y mas en concreto la parte de su fundamento de derecho tercero en el que se establece que:

"(...) La polivalencia funcional implica un acuerdo entre empresa y trabajador por el que éste se compromete a atender funciones de más de un grupo profesional y a tal efecto es clasificado, conforme dispone el art. 22.4 del ET , en atención a las funciones que desarrolle durante más tiempo. En el marco de la actividad que atiende el aquí demandante, los propios negociadores del convenio colectivo, contemplaron esa situación polivalente diciendo que si en un puesto de trabajo se atienden tareas básicas correspondientes a diferentes Grupos Profesionales, la clasificación se realizará en función de las actividades propias del Grupo Profesional superior, no siendo esta la situación que se presenta cuando lo pactado por las partes ha sido una atribución de funciones conforme a un solo grupo profesional y, en el devenir de la relación laboral aquel ha asumido de forma más o menos prolongada otras funciones que corresponden a otra categoría que tiene atribuida una distinta retribución, y en esta situación o bien se puede generar el derecho a las diferencias retributivas o, en caso de superar determinados límites temporales en su desempeño, le permiten a aquel pasar a consolidar la superior categoría atendida.

En efecto, el mandato del art. 39.2 del ET permite que el trabajador reclame el ascenso si desempeña funciones superiores por un periodo superior a seis u ocho meses. Lógicamente, como ha venido indicando nuestra Sala, la previsión del apartado 2 del art. 39 del ET "atiende al desarrollo del derecho laboral básico de los trabajadores a la promoción y formación profesional en el trabajo", y "es una exigencia específica prevista para promocionar y ascender ( STS de 4 de julio de 2008, rcud 3132/2007 ) y con ella se está queriendo reconocer el derecho a la promoción profesional cuando durante un periodo relevante y habitual, que el legislador lo identifica con un periodo concreto de actividad, se atienden con plenitud las tareas superiores.

Ahora bien, a la hora de determinar el alcance del art. 39.2 del ET , en lo que a los plazos se refiere, podemos tener presente los criterios que el propio legislador a establecido en situaciones que, aunque diferentes, pueden atender a las mismas finalidad, como bien refiere la sentencia recurrida al acudir a que se establece en el mentado art. 22.4 del ET , cuando, a los efectos allí contemplados, toma el criterio de desempeño de la actividad durante mayor tiempo, que es lo que en definitiva, pretende también el mandato del art. 39.2 del ET a los efectos allí previstos pero con un más concreto tiempo de actividad..

Pues bien, aunque el legislador ha introducido términos temporales genéricos -meses y años-, es lo cierto que esas referencias hay que interpretarlas en el contexto en el que se están aplicando ya que, si lo que se trata es de que el ascenso lo sea por haber estado trabajando en un actividad correspondiente a un grupo superior, habrá que atender a la actividad efectiva desplegada, dejando al margen lapsos de tiempo en los que no se está trabajando y que interferirían indebidamente para el fin que persigue el legislador a la hora de marcar las reglas para poder ascender por haber estado atendido una actividad superior.

Lo que el legislador exige es que la función superior se haya desempeñado durante más de seis meses en un año (lo que equivale a más de la mitad de la actividad atendida en ese año) o más de ocho meses en dos años (lo que equivalente a más de un tercio de la desempeñada en eso dos años). Esto es, el legislador, no solo el de 1980 del que arranca esta previsión legal sino el actual, lo que ha querido con esos términos es dar una formula general que permita atender los variados y diferentes tiempos de actividad laboral que pueden darse en las relaciones laborales y permitir que ninguna de ellas se vea privada de acceder a la situación de ascenso o promoción que establece."

Pues bien este asunto trataba sobre el problema del ascenso por funciones de superior categoría y el tiempo de actividad del art 39.2 de ET, mas en concreto la cuestión suscitada se centraba en determinar si el allí demandante tenía derecho a ostentar la categoría profesional de oficial de primera, mando de brigada, y el abono del plus de mando mes a mes, complemento, por haber estado trabajando en el desempeño de la misma el tiempo legalmente establecido en el art. 39.2 ET, no existiendo previsión especifica convencional. La Sala IV aclara que se trata de la interpretación del mencionado precepto en relación con los espacios temporales que en él se fijan, lo que ha permitido el acceso al recurso de suplicación. Recurso que tampoco se vería interferido por la traducción económica del derecho reclamado ya que se demanda también el pago de una cantidad que supera los tres mil euros. En cuanto al fondo, se estima que lo que el legislador exige es que la función superior se haya desempeñado durante más de 6 meses en un año o más de 8 meses en dos años, lo que supone una formula general que permita atender los variados y diferentes tiempos de actividad laboral. Por tanto, por un lado, habrá que determinar las fechas a considerar como periodo anual de referencia, y por otro conocer los días de trabajo efectivo en ese lapso temporal. En definitiva, el art. 39.4 ET lo que está formulando es un criterio que atiende al total de los días efectivamente trabajados en uno o dos años, de los cuales la mitad o un tercio deberán corresponder a la función superior.

Y en el desarrollo del motivo cita la STS de 13 de octubre de 2006 en el rcud 2867/2005) de la que extrae los siguientes pasajes:

"la modalidad procesal de que tratamos -clasificación profesional- cuando se trata de reclamar categoría superior a la reconocida, en la que son determinantes y se cuestionan «los hechos y circunstancias del trabajo efectivamente desarrollado», la pretensión que en ella se ejercite condiciona el cauce procesal a seguir, independientemente de la procedencia o improcedencia de la cuestión de fondo discutida, y de la denominación que el actor le haya dado [ STS 29/10/01 -rec. 444/2001 - y que lo relevante para entender que se está ante una pretensión sobre clasificación profesional es que ésta se funde en esa discrepancia entre las funciones respectivamente realizadas y la categoría atribuida, con independencia de que esa falta de correspondencia se produzca en la clasificación inicial o en el ulterior desarrollo de la relación laboral [ SSTS 24/04/93 -rec. 2019/992 -; 28/09/93 -rec. 2135/92 -; 17/11/93 -rec. 3688/93 -] ( SSTS 29/10/01 -rec. 444/01 -; 10/06/02 -rec. 36/2001 -; 02/12/02 -rec. 1153/02 -; 30/05/06 -rec. 2207/0 5-)

En este asunto se debatía por el Alto Tribunal la procedencia de recurso de suplicación. Clasificación profesional, concluyendo que sólo es adecuado tal cauce procedimental cuando se reclame categoría superior en causa a hechos y circunstancias de trabajo. En la instancia y en suplicación se había considerado que se trataba de un procedimiento que rebasaba el ámbito de la modalidad procesal referida. El TS entiende que sólo es adecuado tal cauce procedimental cuando se reclame categoría superior en causa a hechos y circunstancias de trabajo. Pero dicha circunstancia no se da en casos como el presente, en el que lo discutido es si en los supuestos de integración en otra empresa y aplicación de nuevo convenio colectivo, se mantienen las funciones y se pretende una categoría profesional que no es la establecida en acuerdo colectivo de homologación.

Y la infracción de la jurisprudencia que hemos indicado se entiende producida partiendo de la documental que cita y no del relato de hechos probados,de lo que concluye en que que ha quedado sobradamente acreditado que desde el 01/01/2014 el actor ha desempeñado hasta la fecha (que sigue desempeñándola) la categoría profesional de responsable de gestión económica, no habiendo sido reconocido de contrario, si bien y dado el tiempo trascurrido, sobradamente los 6 meses en un año u 8 en dos, que tiene establecido el artículo 39.2 del ET, le corresponde el reconocimiento de la citada categoría profesional.

Y para la resolución de esta parte del motivo,es obligado confrontar los cometidos propios y las tareas de las categoría de Responsable a la que aspira en aplicación del art 39.2 del ET, con las de Técnico que tiene reconocida, para lo que debemos acudir a la definición que las mismas figura en el incólume hecho probado noveno, sin poder perder de vista que la jurisprudencia tiene establecido que para que proceda el ascenso el demandante tiene que acreditar la realización de todas las funciones básicas y esenciales de la categoría profesional superior y no solamente alguna o algunas similares o complementarias. Y en este sentido aunque es cierto que FIBAO viene haciendo referencia al actor como Responsable de Gestión Económica ( HP 6º,7º,11º y 12º) y el demandante tal y como figura en el antedicho HP 11º es el responsable de la elaboración de las cuentas anuales de la Fundación y del contacto para la auditoria anual de dichas cuentas y posibles auditorias de la cámara de cuentas de Andalucía,viniendo también acreditado conforme se refleja en ese hecho probado 11º que realiza y gestiona la contabilidad privada y controla la contabilidad pública, así como que que elabora el presupuesto y la parte económica del plan de actuación, liquida las retenciones del IRPF, viene encargado o ha venido encargado de la implantación del nuevo manual contable, siendo la persona de contacto para compartir la información económica con los investigadores principales, jefes de servicio y gerentes que gestionan fondos en la Fundación y es el encargado de la contabilidad analítica por centros y por proyectos, así como de realizar los informes de saldo correspondientes, gestiona el inmovilizado y es el responsable último de que las cuentas de la fundación estén al día,sean transparentes y superen la auditoría con el mínimo número de salvedades posibles, no lo es menos que en muchas de estas tareas es corresponsable con Dª Celestina como figura al final del hecho probado 11º, lo que evidencia que el demandante no asume ni la realización de la totalidad de las tareas que pudiera conllevar la responsabilidad del Área de Gestión Económica, ni la responsabilidad última de la buena realización del trabajo propio de la unidad, resultando que aunque se ha probado la circunstancia de que el demandante sea la persona de contacto de tal servicio o algún otro como responsable más allá de los que pudieran haberse encomendado a Dña. Celestina, como figura en el HP 11º, no se ha demostrado de manera suficiente que el cometido habitual del demandante permita considerar que realiza de manera preponderante funciones de responsable y es que, al margen de la responsabilidad compartida respecto de numerosas tareas en un servicio al que venían adscritos en 2022 seis personas, no viene probado es que el demandante intervenga, al meno de manera habitual, en procesos de adopción de decisiones ni que participe en su elaboración ni la definición de objetivos concretos de FIBAO.

Tampoco como razona el Magistrado de instancia, que la planificación a medio plazo del Área de Gestión Económica ni que administre recursos humanos y económicos, más allá de que pueda haber organizado de alguna forma que tampoco se ha probado el trabajo del personal de tal área, al que no consta que haya impartido instrucciones ni directrices. Tampoco consta que gestione presupuestos ni toda la operativa del área de Gestión Económica.

Debe tenerse en cuenta además que algunas de las tareas de responsable se pueden confundir con las asignadas a los técnicos, pues a estos les vienen encomendados cometidos relacionados con asesoramiento, control de cumplimiento y presupuestos, evaluación de resultados, calidad y seguridad, información, planificación u otras de análoga naturaleza con autonomía, responsabilidad y capacidad de resolución de problemas técnicos o prácticos de su campo de actuación, descripción de tareas y responsabilidades en la que podría encajar el trabajo habitual del actor, sin perjuicio de que la asunción de otras actividades que supongan incremento de carga de trabajo o responsabilidad justifiquen el abono del complemento que venía percibiendo.

Así las cosas,al no haberse probado la realización de los trabajos esenciales y nucleares de la superior categoría de Responsable que se reclama es lo visto que esta primera parte del motivo no puede prosperar.

B).- Respecto a la segunda de las cuestiones jurídicas planteadas, y consistente en la reclamación de la diferencia salarial devengada, fundado en la infraccion del artículo 51 apartado 1 de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a respetar los principios de igualdad de trato y de no discriminación consagrados en los artículos 20, 21 apartado 1 y 23 de dicha carta. Los principios de igualdad de trato y de no discriminación exigen que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y qué situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica salvo que este trato esté justificado objetivamente "unos trabajadores ejercen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor sí habida cuenta de un conjunto de factores como la naturaleza del trabajo las condiciones de formación y las condiciones laborales puede considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable".

Y se considera vulnerado lo dispuesto en la cláusula cuarta de la Directiva/CE 1999/70 y la doctrina fijada por el TJUE, sobre discriminación retributiva con el personal fijo en relación con el art. 14 de la CE, y la correlativa normativa convencional, ya que la fundación demandada retribuye al demandante en una cuantía menor a la que percibe otro trabajador que desarrolla su mismo trabajo, sin que conste probado la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen dicho trato diferenciado. La conclusión alcanzada no puede enervarse por lo dispuesto en ninguna normativa en materia presupuestaria, ya que en este caso no se reclama ningún incremento, sino que se reclama la diferencia retributiva entre los dos responsables de área, habiéndose acreditado cumplidamente que existe una diferencia retributiva, y sin que la demandada Fibao haya probado la concurrencia de razones sólidas y proporcionadas que justifiquen dicha diferencia de trato retributivo entre ambos responsables Cuando la empleadora es la Administración pública, esta no se rige en sus relaciones jurídicas por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho ( art. 103.1 CE) , con interdicción expresa de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE) . Como poder público que es, está sujeta al principio de igualdad ante la Ley que concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los poderes públicos un trato igual para supuestos

iguales ( SSTC 161/1991, de 18 de junio [RTC 1991, 161], F. 1; y 2/1998, de 12 de enero [RTC 1998, 2], F. 3)".

Tampoco justifica la desigualdad retributiva el hecho de que uno de los responsables lo sea con anterioridad a otro, pues no se ha acreditado por parte de la demandada y cuando además en un plano teórico de adecuación al principio de igualdad, el Tribunal Supremo afirma que "no encontramos causa objetiva alguna bastante para justificar el trato diferenciado que la empresa demandada viene dispensando a los demandantes, comparados con el personal fijo, pues la temporalidad del vínculo laboral de los primeros no legitima ese trato desigual, al faltar todo elemento se prueba acreditativo de que el personal temporal no realice las mismas tareas ni en forma y condiciones distintas al personal fijo, de suerte que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997), el trabajo prestado con igual valor por ambos grupos de trabajadores debe ser retribuido por el empresario con el mismo salario".

Esta es la conclusión a que llegaron las sentencias del TS de 2 de junio de 2002 (RJ 2004, 255) y 28 de mayo de 2004 (RJ 2004, 5030).

Y es que se insiste, en esta parte del motivo, que no es en caso alguno justificable a juicio de la parte recurrente la diferencia salarial entre el actor y el otro responsable con el argumento de que el actor percibe un salario dentro de su rango retributivo, cuando dicho rango tiene una variación tan grande que oscila entre las categorías de técnico y responsable, de hecho en el documento nº 28 de la prueba aportada por esta parte actora, se refiere en el motivo que se acredita que el salario establecido para un responsable es de 40.656,97 y de un técnico de 33.965,00 € diferencia que viene a coincidir aproximadamente con el salario percibido por ambos trabajadores y descontado el complemento de responsabilidad que se viene abonando al actor. Resultando incoherente que se le abone un complemento porresponsabilidad precisamente por ejercer de responsable de gestión económica y que el mismo se abone como técnico, no reconociéndole tampoco la categoría de responsable. No pudiendo admitirse que entre dos trabajadores con idéntica categoría profesional existan diferencias retributivas, particularmente en el salario base.

Pero sobre esta parte del motivo no se puede entrar al incurrir su planteamiento por vez primera en el recurso de suplicación en la prohibición de introducir cuestiones jurídicas novedosas.

En efecto de la lectura de la demanda tras como fue ampliada con posterioridad y ratificada en el acto del juicio no resulta que se haya fundado la misma en la infracción de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, ni su amparo en no ser justificable la diferencia salarial entre el actor y D. Blas como responsable de contratación pública y compras, por lo que al no haberse aducido estas circunstancia o causa de pedir, ni en la demanda ni en el acto del juicio, no se puede suscitar por vez primera en el recurso de suplicación, ya que ello incurre en la prohibición de introducir cuestiones nuevas en suplicación, que tiene su origen en la circunstancia de que el objeto del recurso se centra en la revisión de la sentencia a quo, lo que supone que sólo cabe entrar en el examen de los aspectos ya planteados en la instancia y resueltos en la sentencia recurrida, sin que sea admisible introducir cuestiones nuevas, las cuales pueden referirse tanto a hechos materiales nuevos como a cuestiones jurídicas nuevas. Piense en la necesidad de preservar el principio de igualdad de las partes, pero que la razón más sólida que avala esta prohibición es la relativa a la naturaleza extraordinaria del recurso, que trata de valorar la decisión del juzgador sobre la base de los elementos aportados al proceso de instancia, sin que lo aportado después de la resolución de instancia haya podido ser tenido en cuenta por el juzgador.

C).-Y en la última parte de la censura jurídica, se ataca que la sentencia de instancia refiere en su fundamento de derecho TERCERO:

"En el caso presente es cierto que la demandada viene haciendo referencia al actor como responsable de Gestión Económica. Asimismo, viene acreditado que el demandante es el responsable de la elaboración de las cuentas anuales de la Fundación y del contacto para la auditoria anual de dichas cuentas y posibles auditorias de la cámara de cuentas de Andalucía".

Para a continuación, concluir:

"...no se ha demostrado de manera suficiente que el cometido habitual del demandante permita considerar que realiza de manera preponderante funciones de responsable y es que, al

margen de la responsabilidad compartida respecto de numerosas tareas en un servicio al que venían adscritos en 2022 seis personas, no viene probado es que el demandante intervenga, al menos de manera habitual, en procesos de adopción de decisiones ni que participe en su elaboración ni la definición de objetivos concretos de FIBAO".Sin embargo, se afirma por la parte recurrente, que cuando la propia demandada Fibao reconoce al actor como responsable de gestión económica y le abona un complemento por ejercer dicha responsabilidad, ya de facto le viene reconociendo la categoría propugnada, trayendo a colacion la STS de 9 de marzo de 2016 en el rcud 3193/2024, en la que la cuestión litigiosa en torno a una reclamación de cantidad por diferencias salariales por realización de funciones de superior categoría. consiste en determinar si la falta de la titulación exigida en el convenio colectivo para el desempeño de las funciones de superior categoría realizadas, puede impedir el percibo de las retribuciones superiores. En aquel supuesto el actor ostenta la categoría de administrativo, si bien en el periodo objeto de la reclamación ha venido desempeñando las funciones propias de la categoría de técnico superior. La sentencia de suplicación llegó a la conclusión de que aunque las funciones realizadas por el actor pudieran encuadrarse en la de grado superior, no tenía derecho al mayor salario reclamado al carecer de la titulación exigida en el convenio para el acceso a la misma. Pero la sentencia del Tribunal Supremo estima el RCUD interpuesto por el actor y revoca dicha resolución porque el actor realizó efectivamente funciones superiores y no puede obviarse que la titulación requerida para su desempeño no viene exigida por una norma legal.

Y bien se comprende que esta última parte del motivo no puede prosperar, pues al hecho de faltar el presupuesto de haber prosperado la censura de hecho,tal y como hemos analizado en los dos primeros motivos del recurso,y la desestimación del motivo de censura jurídica que hemos analizado bajo el epígrafe A), se une el que tal y como consta en el relato de hechos probados, que al demandante cuando se le han asignado funciones adicionales a las iniciales se le ha abonado un denominado complemento de responsabilidad,pero siempre dentro de su grupo y categoría profesional de técnico,plus que vino percibiendo desde enero de 2014 hasta septiembre de 2021 que fue suprimido, por no tener autorización de la Junta de Andalucía y tratarse de una fundación que esta dentro del ámbito del sector público andaluz y una vez que a la empresa le fue concedida la correspondiente autorización volvió a percibir el referido complemento de responsabilidad desde el 12 de septiembre de 2022, que actualmente sigue percibiendo, por lo que no estamos ante un problema de denegación por falta de titulación exigida que es a lo que se refiere la sentencia del T.S. de 9 de Marzo de 2.016 invocada como infringida.-

Por todo ello debe ser desestimado el recurso.