Sentencia Social 88/2025 Tribunal Superior de Justicia de La Rioja . Sala de lo Social, Rec. 77/2025 de 26 de junio del 2025

PRIMERO.- La parte recurrente solicita mediante su recurso la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado que declaraba procedente el despido de D. Edemiro, con fecha de efectos 26 de septiembre de 2023 y que se revoque dicho pronunciamiento, declarando la extinción de dicha relación laboral, objetivamente nula o subsidiariamente, improcedente.

= Articula la parte el recurso en tres motivos:

- El primero y el segundo conforme a lo dispuesto en el art.193 b) de la LRJS, dirigidos a la revisión de los hechos probados quinto y séptimo de la sentencia de la Sentencia en los términos que serán objeto del correspondiente análisis.

- Como podemos observar no articula motivo alguno en solicitud de la declaración del despido nulo ni por el art 193 a) o c).

Por otro lado, consta en el Antecedente tercero de la sentencia recurrida, el día señalado comparecieron las partes con sus respectivas representaciones procesales. En dicho acto "la parte actora desistió de su pretensión de su nulidad ratificándose en el resto de la demanda interesando la declaración de improcedencia del despido".

Ante esta situación procesal la Sala no va a entrar en una petición vacía y no articulada al amparo de motivo alguno, y por supuesto, carente de motivación.

SEGUNDO.- Mediante el primero de los motivos, propone la adición al hecho probado quinto de los extremos que a continuación haremos constar:

La primera, a partir de los reflejado en el apartado noveno del referido hecho, donde consta: "-el 16 de agosto, al regreso de las vacaciones, se informa que al Sr. Edemiro no le funciona el ordenador y se le colocó otro en sustitución", para que se añada:

"Análisis forense:

Al ver los distintos indicios y no poder encontrar más información se aconsejó a Juan Miguel (que se encontraba de vacaciones) que sería recomendable llamar a un forense, para que revisaran los discos y pudieran sacar más información.

El día 1 de agosto el equipo informático se puso en contacto con ABF sistemas para ver que se podía hacer.

Juan Miguel que inicialmente bajo nuestras recomendaciones indicó que quería que llamáramos a un forense. Indicó que por ahora canceláramos el proceso.

Juan Miguel al volver de vacaciones nos indicó que quería continuar con el proceso forense. El día 21 de agosto se realizó una llamada a ABF sistemas para intentar el contacto, se sucedieron una serie de correos y llamadas con el objetivo de obtener un presupuesto una fecha y hora determinada para que vinieran a investigar. Se concluyó que sería el día 30 de agosto a las 14:00 horas cuando se presentaría Teodoro de ABF sistemas y la notaria Rebeca Pueyo".

- Apoya la adición, en el informe emitido por los informáticos de la empresa Sres. Ezequias y Benedicto, con fecha 7 de septiembre de 2023, que figura en el expediente administrativo, como documento nº 6 (páginas 8 a 19) y como documento nº 51; alegando al respecto, que dicha adición es relevante para el signo del fallo, al resultar inexplicable que SEADI, en la persona del Sr. Juan Miguel, no cumpliera con su deber de obtener, a la mayor brevedad y con todas las garantías posibles, pruebas relativas a determinar si también se había utilizado el ordenador del Sr. Edemiro (y no sólo la I.P., que tenía asignada dicho ordenador), para acceder a los ordenadores del Sr. Juan Miguel y el Sr. Fernando; sin embargo, la Empresa tardó más de un mes en seguir las recomendaciones de sus informáticos, referentes a la obtención de pruebas y custodia, de los discos duros de los ordenadores, sin causa aparente, pese a que no todo el personal se encontraba de vacaciones, durante las primeras semanas del mes de agosto; por lo que a consecuencia los discos se examinaron pasado un mes, por lo que la falta de imprudencia debe serle imputada a la empresa.

1º= Antes de proceder al examen del motivo de revisión fáctica articulado por la parte recurrente y que ha sido expuesto, debemos tener en consideración que como con reiteración ha venido declarando esta Sala, para que pueda prosperar la revisión de los hechos declarados probados por el Magistrado de instancia, han de cumplirse los siguientes requisitos:

1. El artículo 193 de la LRJS señala en su letra b) como uno de los objetos del recurso de suplicación el revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. Concreta el artículo 196 LRJS que en el escrito de interposición del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericial en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende.

2. En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009 ), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009 ), 5 de junio de 2011 (Rec 158/2010 ), 23 septiembre 2014 (rec. 66/2014 ) y otras muchas, se ha advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

3. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

a. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

b. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

c. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

d. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos(indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

e. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos, precisando igualmente su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

f. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallode instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

g. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas"( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998 ). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. (...)"

2º =Desde la óptica de la Doctrina Jurisprudencial expuesta, el motivo debe ser desestimado; en primer lugar, porque dicho texto consta recogido expresamente en el informe emitido con fecha 7 de septiembre de 2023 por los informáticos de la empresa Sres. Ezequias y Benedicto, que el hecho probado quinto da por reproducido en su integridad y se contiene en las pág. de los documentos que cita el recurrente en apoyo de su pretensión revisora, y en segundo lugar, porque, en el propio hecho quinto, se hace constar, - El día 31 de julio se procedió a la copia completa del ordenador de Juan Miguel y obtener todos los registros de su dispositivo para investigar sobre las posibles acciones que se realizaron en el ordenador durante las conexiones. También se procedió a desconectar de la red al ordenador de Edemiro. Al estar apagado también se le quito el cable de alimentación a la espera de nuevas instrucciones.Por lo tanto, el ordenador queda sin revisar por el momento.; a ello debemos añadir, que ambos informáticos de la empresa habían llevado a cabo todas las investigaciones necesarias dentro de sus funciones y alcance, que comenzaron en el mismo día que el Directivo Sr. Juan Miguel, indicó, que al volver a su ordenador (estando el ordenador con la pantalla de bloqueo) tenía los mismos síntomas que cuando el departamento de informática se conecta por acceso remoto a su ordenador. Pero el departamento informático no había accedido a su ordenador. El ordenador tiene contraseña de acceso, observando los registros se pudo deducir un comportamiento extraño de una IP que hacía conexión al ordenador de Juan Miguel. Se realizaban inicios de conexión con el usuario Juan Miguel, esto indica que el atacante había obtenido la contraseña del Juan Miguel.

Ninguna imprudencia puede achacarse a la empresa, en términos de la adición propuesta, que resulta innecesaria e irrelevante, desde el momento en el que sin haberse manipulado los discos duros del ordenador del demandante recurrente, se levantó acta de presencia notarial y depósito por la notaria doña Rebeca Pueyo cuyo contenido obra en autos.

Los discos duros retirados fueron examinados por el perito de la empresa ABF seguridad y sistemas, estando los mismos en blanco (borrado o nuevo), sin formato ni tabla de particiones. Ese mismo informe pericial señala: que se han acreditado conexiones en remoto a los equipos de Juan Miguel y Fernando desde el equipo con IP NUM000, del actor recurrente.

Por lo expuesto no debe accederse a la referida adición por resulta intrascendente en relación al contenido del hecho al que se pretende añadir y concordantes.

TERCERO.- Mediante el primero de los motivos, asimismo la parte propone la supresión del último apartado del hecho probado quinto en el que consta.

" En las horas en que se produjo la conexión no autorizada a los ordenadores del Sr. Juan Miguel y del Sr. Fernando el actor estaba trabajando en la empresa según registro de jornada"

Apoya la referida supresión en el doc. 115 (pág. 16 a 20), en el que se comprueba, que SEADI no aportó el registro de jornada del Sr. Edemiro, a partir del 16 de julio de 2023, hasta el 21 de agosto de ese mismo año; pese a que figuran accesos desde su I.P., a los ordenadores del Sr. Juan Miguel y del Sr. Fernando, los días: 25, 26 y 27 de julio de 2023 (como se reflejan en el hecho probado cuarto de la Sentencia); por lo que la empresa vuelve a incumplir su deber de acreditar los hechos.

- La referida supresión no debe tener acogida, por cuanto el hecho de que el actor estaba trabajando en la empresa, cuando accedió a los ordenadores de los Directivos Sr. Juan Miguel, y Sr. Fernando, está acreditado, y la parte recurrente examina de modo parcial, el registro de jornada contenido en el doc. nº 115, sin valorar el resto de los medios probatorios existentes al respecto; siendo un hecho acreditado (HP séptimo, último apartado) y que asimismo consta como manifestación fáctica con valor de hecho probado en el FD tercero de la sentencia, reconocido por el propio Sr. Edemiro al informático de la empresa Sr. Ezequias, que había entrado en los ordenadores de la empresa de los Sres. Juan Miguel y Fernando extremo que la Magistrada de Instancia hace constar, con fundamento en la declaración testifical del primero.

Por lo tanto, no existe error alguno en la valoración que de la prueba practicada se ha llevado a cabo por la Juzgadora y el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.- Mediante el segundo de los motivos la parte recurrente, solicita la supresión del último párrafo del hecho declarado probado séptimo, en el que consta: "... Ese mismo día el demandante llamó por teléfono al Sr. Ezequias y le pidió que se reuniera con él, quedaron en un parque; el Sr. Edemiro le preguntó a Ezequias sobre el servidor, copias de seguridad, estaba muy nervioso, le explicó que había un enfrentamiento entre los socios y que había entrado en los ordenadores del Sr. Juan Miguel y del Sr. Fernando."

La parte alega, con apoyo en el informe emitido por los informáticos de la empresa el día 7 de septiembre de 2023, doc. nº 6 (páginas 8 a 19 del citado documento) y también como documento nº 51; así como en el documento nº 5 del expediente (páginas 2 y 3), consistente en la declaración del Sr. Ezequias, ante la instructora del procedimiento sancionador, el 15 de septiembre de 2023, que de ser cierto dicho hecho el informático Sr. Ezequias debiera haberlo reflejado en el informe.

-La supresión interesada no puede tener acogida, por cuanto como hemos hecho constar en el FD precedente, dicho extremo se deduce de la testifical practicada en el juicio al Sr. Ezequias, que ha sido valorada por la Juzgadora, elemento personal de prueba cuya valoración esta vetada a la Sala.

QUINTO.- Mediante el tercero de los motivos con cita de los preceptos infringidos que hemos recogido en el primero de los Fundamentos de derecho de la presente resolución, al que nos remitimos, la parte alega, que la juez de primera instancia estima que estamos ante un caso subsumible en el art. 54.2.d) del ET, pese a que SEADI no ha cumplido con su obligación de acreditar, en el juicio, los hechos de los que acusa al Sr. Edemiro, tanto en la comunicación de inicio de expediente sancionador, de fecha 14 de septiembre de 2023, como en su carta de despido de fecha 26 de septiembre de 2023.

En primer lugar, porque, la citada mercantil no cumplió con su diligencia debida de obtener y custodiar las pruebas relativas al ordenador del Sr. Edemiro, al momento de descubrir (el 28 de julio de 20023), la intromisión en los ordenadores del Sr. Juan Miguel y del Sr. Fernando; lo que supuso la pérdida de la información procedente de los discos duros del Sr. Edemiro; tampoco aportó prueba que acreditase que el Sr. Edemiro se encontraba trabajando en la Empresa (y mucho menos, frente a su ordenador) los días 25, 26 y 27 de julio de 2023, en los que se accedió a los ordenadores del Sr. Juan Miguel y/o del Sr. Fernando (desde la I.P. asignada al Sr. Edemiro); ya que SEADI no facilitó los registros de jornada del Sr. Edemiro, correspondientes a los días 17 de julio a 20 de agosto de 2023, ambos inclusive; pese a que, todo el mundo reconoció en el juicio que era posible utilizar la IP asignada al Sr. Edemiro desde otro ordenador; tampoco se tuvo en cuenta (con relación al argumento de los expertos, de que en el caso de que otro equipo hubiera utilizado la I.P. del Sr. Edemiro simultáneamente con su equipo, éste se hubiera dado cuenta) que, conforme al detalle transcrito en el hecho probado cuarto de la Sentencia, dichas entradas en los ordenadores del Sr. Juan Miguel y del Sr. Fernando, en la mayor parte de los casos, no duraron más de cinco minutos, por lo que resulta factible creer que el Sr. Edemiro no detectara o no diera importancia a pequeños fallos en su ordenador, durante los escasos minutos que se utilizaba su I.P. desde otro equipo; por último, resulta muy cuestionable el hecho de que el informático sr Ezequias no mencionara la supuesta conversación que mantuvo con el Sr. Edemiro (el 28 de julio de 2023), ni en su informe de fecha 7 de septiembre de 2023 (donde sí manifestó sus dudas sobre que el citado trabajador hubiera descubierto lo que pasaba el 28 de julio de 2023 y hubiera actuado en consecuencia), ni en su declaración ante la instructora del expediente sancionador, el 15 de septiembre de 2023.

1º-La parte recurrente denuncia la infracción de los arts. 54 y 55 del ET, así como del art. 108.1 de la LRJS, y Jurisprudencia en relación con la teoría gradualista

- El art. 54.2 d) ET considera incumplimiento contractual grave: "la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo".

Al trabajador Sr. Edemiro, se le imputan, hechos constitutivos de una infracción laboral muy grave continuada en el tiempo, intencionada y culpable consistente en haber tenido un comportamiento fraudulento, absolutamente desleal, desconsiderado hacia sus superiores y vulnerador de la intimidad de los mismos que se sienten fuertemente agraviados; comportamiento que transgrede la buena fe contractual, que ha quebrado por completo la confianza empresarial hacia su persona y que justifica el despido efectuado conforme a lo establecido en el artículo 54,2d) del ET.

2º-Del inmodificado relato de hechos probados, una vez desestimadas la modificación y supresiones de los hechos probados solicitadas por la parte recurrente, se desprende, que:

El directivo Sr. Juan Miguel, indicó el 27 de julio de 2023, a los informáticos de la empresa que al volver a su ordenador (estando el ordenador con la pantalla de bloqueo) tenía los mismos síntomas que cuando el departamento de informática se conecta por acceso remoto a su ordenador. Pero el departamento informático no había accedido a su ordenador. El ordenador tiene contraseña de acceso.

Al mirar los registros del ordenador observando los registros se pudo deducir un comportamiento extraño de una lP que hacía conexión al ordenador de Juan Miguel. Se realizaban inicios de conexión con el usuario Juan Miguel, esto indica que el atacante había obtenido la contraseña del Juan Miguel.

Se procedió a mirar otros 5 ordenadores (tanto con contraseñas como sin ellas) de distintos departamentos para comprobar si las conexiones también sucedían en otros ordenadores. Se miró este comportamiento para poder ver si el ataque era dirigido o aleatorio. Un comportamiento aleatorio podría indicar la presencia de un virus en el sistema y habría que ver cuántos ordenadores estarían infectados. En este caso no se encontró más conexiones remotas.

-El actor-recurrente imputa responsabilidad a la empresa por la tardanza en el seguimiento de la investigación por perito externo; Argumento que ya hemos tratado al desestimar por innecesaria la adición solicitada al hecho probado primero, por cuanto la intromisión se detectó el 28 de julio de 2023, y tras la investigación llevada a cabo por los informáticos de la empresa, el día 31 de julio se procedió a la copia completa del ordenador de Juan Miguel y obtener todos los registros de su dispositivo para investigar sobre las posibles acciones que se realizaron en el ordenador durante las conexiones. También se procedió a desconectar de la red al ordenador de Edemiro. Al estar apagado también se le quito el cable de alimentación a la espera de nuevas instrucciones. Por lo tanto, el ordenador queda sin revisar por el momento; se depositaron en la notaría y el día 30 de agosto a presencia notarial y del informático externo, se extrajeron los del ordenador del Sr. Edemiro, que hizo las copias inmediatamente para la realización del informe, devolviendo los discos originales la notaria y en externo.

-A continuación la parte recurrente insiste en que no hay prueba del Sr. Edemiro estuviera trabajando en la empresa, extremo al que también hemos hecho referencia y dado respuesta, al denegar la supresión, correspondiente del hecho probado quinto; habiendo quedado acreditado, que dos ordenadores en la empresa no pueden conectarse en la red con la misma IP; y para que lo hiciera un tercero, con dicha IP, tenía que estar desconectado el del actor; a lo que debemos añadir, que para acceder con la IP del actor desde fuera de la empresa, el ordenador del tercero externo hubiera tenido que estar conectado a la red de la empresa.

Por último la parte recurrente vuelve a cuestionar el porqué el informático de la empresa Sr. Ezequias, no hizo constar en el informe emitido con fecha 7 de septiembre de 2023, la conversación que mantuvo con el actor, quien llegó a reconocer que había entrado en los ordenadores de los socios; hecho, que consta probado en el último apartado del hecho probado séptimo, y que la Juzgadora hace constar al valorar la prueba testifical del Sr. Ezequias, en el FD tercero de la sentencia recurrida:"... por la existencia de un conflicto entre socios..."

- Es un hecho acreditado, que desde la IP asignada al PC del Sr. Edemiro se accedió de forma ilegítima 49 veces repartidas desde el día 21/03/2023 al día 27/07/2023. El tiempo total de las conexiones fue de 2 horas y al ordenador del Sr. Fernando 14 veces repartidas desde el día 21/03/2023 al día 27/07/2023. El tiempo total de las conexiones fue de 1,5 horas.

- En conclusión, tal y como se afirma en la Sentencia recurrida, la IP desde la que se produjeron las injerencias era la del actor y fueron todas ellas en tiempo y lugar de trabajo, habiendo reconocido el propio actor ante uno de los testigos ser el autor de los ataques informáticos a los ordenadores de dos socios de la empresa; no existiendo duda alguna de la culpabilidad del mismo, al tratarse de una acción intencionada.

3º-El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que el art. 5. letra a) ET impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación - y reitera el artículo 20.2 ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a la exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54.2 letra d) ET como incumplimiento contractual que pueden ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario.

La pérdida de confianza y la transgresión de la buena fe es lo que justifica la sanción al trabajador en un supuesto como el que nos ocupa, en el que la obtención de información de los ordenadores de los dos directivos, dada la existencia de un conflicto entre socios, se traduce en el dato cierto y objetivo que no puede desconocerse, de que se ha actuado intencionadamente y de forma deliberada en perjuicio de su empresa, realizándose una conducta ilícita y manifiestamente contraria a derecho, lo que es suficiente, para constatar una reprobable acción, que faculta y legitima a la empresa para sancionar su conducta, con la sanción de despido

Por todo lo expuesto el motivo debe ser desestimado al no haberse producido en la sentencia recurrida la infracción de normas denunciadas; que debemos confirmar con desestimación del recurso de suplicación examinado.

SEXTO.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS (L 36/11), no procede la imposición de las costas causadas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.