Sentencia Social 4946/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 2137/2023 de 26 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Es de aplicación el XVII convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, BOE del 6 de marzo de 2018, que regula en su artículo 15 los "Grupos profesionales". Se alega en la demanda, de conflicto colectivo, que casi toda la plantilla del centro de trabajo de Barcelona está encuadrada en el área 2 ("Gestión de medios y procesos"), y la mayor parte de ésta dentro del grupo E nivel 2; y, asimismo, que las personas coordinadoras lo están en el grupo C nivel 1; que, dice también, el encuadramiento de aquéllas corresponde a la categoría profesional de auxiliar administrativo, y el de éstas a la de oficial administrativo, cuando ejercitan funciones, respectivamente, de oficial administrativo y de jefe administrativo, esto en relación con la tabla de equivalencias de la disposición transitoria del convenio colectivo. Se solicita el pase a estos encuadramientos superiores, siendo estimada la demanda. La empresa recurre en suplicación, con motivos amparados en los párrafos a), b) y c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

SEGUNDO.-Con cita de varios preceptos se insta la nulidad de la sentencia por entender que el procedimiento adecuado no es el de conflicto colectivo, sino el de clasificación profesional, conforme a los artículos 137 y 153 de la Ley reguladora, y con invocación de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2021. En ésta se declara que "si la pretensión formulada puede resolverse de forma abstracta, sin atender a situaciones particulares de cada trabajador, habrá que considerar adecuada la vía del proceso de conflicto colectivo; por el contrario, cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario o el que, en su caso, corresponda". Pues bien, según esta doctrina, y atendida la solicitud de la demanda arriba expuesta sobre el indebido encuadramiento en el grupo E nivel 2 y en el grupo C nivel 1, la solución ha de ser abstracta y homogénea. En realidad, la cuestión es más complicada, porque la empresa está distribuida en varios departamentos, cada uno de ellos con un supervisor y uno o varios gestores, menos dos de ellos, en los que hay sólo gestores. Aquí se ha de añadir que, según se colige de la lectura de la sentencia y del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los supervisores son los que están encuadrados dentro del grupo C nivel 1, y que los gestores son los que lo están en el grupo E nivel 2. La complicación viene porque en cada departamento las funciones realizadas por los gestores son distintas, según la descripción de tareas aportada por la representación social, y como también son distintas las descripciones del puesto en los profesiogramas aportados por la empresa, como consta en el informe de la Inspección de Trabajo (en concreto, folios 11 y siguientes de las actuaciones). De todas maneras, por nadie se plantea la cuestión desde esta perspectiva de las funciones de los gestores según el departamento correspondiente, y, como se aborda en la demanda desde un punto de vista global, y así se resuelve en la sentencia, y no se alegan por la recurrente datos individualizados a tener en cuenta, es decir, no se expresan tareas particulares de unos u otros gestores que impidan una valoración conjunta del encuadramiento, por ello, pues, ha de entenderse que el cauce seguido del conflicto colectivo es el adecuado, como con acierto entendió la magistrada al desestimar la excepción, suerte ésta misma que ha de aguardar a este primero de los motivos.

TERCERO.-Otra distinta ha de correr el segundo de ellos, amparado en el párrafo b) del artículo 193, y con el objeto de modificar el hecho probado segundo. Se solicita, primero, que se añada al texto sobre la "actividad laboral de los gestores", al inicio del párrafo, la indicación "Conforme a la parte social", a la vista de las páginas 3 y 4 del informe de la Inspección de Trabajo (folio 11). Y, en efecto, así consta, porque se está en el apartado segundo de los hechos constatados, titulado "Declaraciones de la parte social", y la declaración que se hace viene precedida de la indicación siguiente: "Preguntados sobre la capacidad y la autonomía de los gestores para tomar decisión, la parte social explica que en toda la gestión básica se define", y, así, continúa como se relata en la sentencia. En segundo lugar, se insta añadir un párrafo que diga: "No obstante, conforme a la parte empresarial, en el 90% de las operaciones, a la viabilidad se aprueba automáticamente por el sistema, atendiendo a unas pautas muy marcadas que se definen en los manuales proporcionados al personal de cada departamento. En el 10% restante de las operaciones, son los analistas de riesgos quienes deciden sobre la aprobación o no de la operación", a la vista de la página 7 del informe. Así aparece en los hechos constatados en el informe, en el apartado cuarto, sobre las "Declaraciones de los representantes de la empresa WORLDLINE y documentación aportada" (folio 15). Por último, también se ha de añadir un párrafo más con esta redacción: "En el caso de los gestores, encuadrados en el área 2, grupo profesional E, nivel 2, las partes reconocen que sus funciones se guían por los parámetros establecidos en los manuales de operativa entregados al personal, de forma que su autonomía está condicionada a lo establecido en dichos manuales. Asimismo, se encuentran bajo supervisión, de las personas que ocupan el puesto de supervisión en cada departamento y no tienen personas a su cargo". Esto consta en la página 16 del informe (folio 23 dorso), y aunque está en el apartado de "Conclusiones", es sin duda un hecho constatado y como tal se ha de tratar. En fin, se ha de recordar la presunción de certeza de las comprobaciones inspectoras, conforme al artículo 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que en los fundamentos de derecho se ha de explicar por qué no se recogen estas afirmaciones de hecho, conforme al artículo 97.2 de la Ley reguladora. Además, estos datos son de indudable trascendencia, como se verá. Por lo tanto, ha de proceder la estimación del motivo, y el hecho probado segundo queda redactado según se propone por la recurrente.

CUARTO.-Para el examen del derecho aplicado se formulan otros dos. En el tercero del recurso se aborda el tema de la prescripción del derecho, con invocación del artículo 59.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y la exigencia del plazo de un año, a contar, o bien desde el contrato o su última promoción, o bien del convenio colectivo. La fecha de presentación de la solicitud de conciliación administrativa no consta, ni siquiera en el acta, que es del 23 de febrero de 2022, siendo la demanda presentada el 29 de abril del mismo año. La recurrente señala dos sentencias del Tribunal Supremo, las de 7 de diciembre de 2004 y de 27 de septiembre de 2022. En aquélla se declara "Que la acción para reclamar el encuadramiento en el grupo profesional correspondiente, al amparo del Convenio Colectivo Único al que nos venimos refiriendo, es prescriptible ya lo declaró la sentencia de esta Sala", y en la otra, con cita de la de 12 de abril de 2005, que "la reclamación de la parte actora, dirigida a un pretendido correcto encuadramiento de su actividad laboral dentro de los grupos profesionales definidos en el art. 17 del Convenio Único, se refiere al cumplimiento de una obligación de tracto único (y no de tracto sucesivo, como afirma la sentencia impugnada), en cuanto el encuadramiento se produce de una vez y en un momento concreto, sin perjuicio de que, una vez efectuado, la actividad laboral se inserte en una relación de tracto sucesivo". Sin embargo, esta doctrina se ha rectificado en la sentencia 291/2023 de 20 abril, en la que se dice que "la calificación de las funciones que, desde el inicio de la relación laboral, o como consecuencia de nuevas normas colectivas o acuerdos sobre el sistema de clasificación profesional, están siendo desempeñadas por el trabajador, no se agota al año del comienzo de la relación laboral o desde el cambio normativo o convencional, sino que, afectando a la prestación en que consiste la obligación, su ejecución es continuada, durante el tiempo en que las mismas se están atendiendo, sin perjuicio que, respecto de los efectos económicos que resulten de ser clasificado en otra categoría distinta a la que ostentada, deba aplicarse el plazo especial de prescripción que marca el art. 59.2 del ET"; y que "no es posible entender que la determinación de la categoría profesional que debe corresponder a las funciones que está desempeñando el trabajador se califiquen como obligación/derecho de tracto único porque no constituye una prestación de cumplimiento en un acto en el que se debe entender cumplida la misma, sino que se está desarrollando de forma sucesiva mientras se está prestando el servicio y se percibe la retribución, que debe ser acorde con las funciones desempeñadas". Esta nueva doctrina se reitera en la sentencia 373/2023 de 24 mayo. Por lo tanto, la magistrada decidió con acierto desestimar la prescripción excepcionada, anticipando con su razonamiento esta actual jurisprudencia, y el motivo ha de decaer.

QUINTO.-El tema de fondo constituye el objeto del cuarto y último de los motivos del recurso, en el que se alega la infracción del artículo 15 del convenio colectivo, y se sostiene por la recurrente que las funciones desempeñadas por estos colectivos de trabajadores no se corresponden con los grupos y niveles que se reclaman en la demanda y se reconocen en la sentencia. Este artículo 15 se dedica a los grupos profesionales, como se ha dicho ya. El grupo E se define en estos términos: "Pertenecen a este grupo profesional las personas que ejecutan tareas técnicas y administrativas de baja complejidad sujetas a instrucciones de trabajo, por formación, conocimiento y experiencia profesional. /Desarrollan sus funciones sin autonomía y bajo supervisión". En nivel 2, así: "Personas con el perfil profesional adecuado que realizan tareas administrativas, operativas o de gestión sencillas, bajo supervisión y sin autonomía". En cuanto al grupo C, se dice: "Pertenecen a este grupo profesional las personas que, realizan actividades de tipo técnico dentro de un área determinada de conocimiento, y se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades realizadas por colaboradores internos o externos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Organizan y programan las actividades bajo su responsabilidad, pudiendo llegar a supervisar de forma cercana la actividad desarrollada por las personas que componen sus equipos. /Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media". El nivel 1: "Cuenta con los recursos y/o los conocimientos necesarios y con amplia experiencia profesional en las tareas del grupo. Puede impartir formación de procesos y técnica. Actúa con iniciativa en las tareas asignadas. Desarrolla su actividad con autonomía en los procesos asignados. Puede supervisar tareas de personas a su cargo". El grupo B: "Pertenecen a este grupo profesional las personas que, tienen atribuidas funciones relacionadas con el análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas, actividades propias del sector, línea, área a las que pertenece, velando por la consecución de los objetivos perseguidos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Planifican y gestionan, por proyecto, los recursos humanos y técnicos disponibles. /Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media-alta". El nivel 1: "Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas. Demuestra iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo".

SEXTO.-Se empezará por los trabajadores encuadrados en el grupo E nivel 2, que son los que figuran como gestores. En cuanto a sus funciones, se ha de estar al hecho probado segundo, tal y como ha quedado con la estimación de la revisión fáctica. Además, en el hecho probado sexto se declara que "La empresa aportó a la Inspección el profesiograma de la empresa y el perfil de competencias para el puesto de trabajo de supervisor y de los diferentes gestores, que constan en los folios 8 a 12 del acta de la Inspección de Trabajo y seguridad Social obrante en las actuaciones". Esto consta en el hecho constatado quinto del informe, folios 15 dorso, 17 y otro más que está sin foliar. Son once puestos de trabajo distintos, y se dice así en los nueve primeros:

"Gestor de aplicaciones:" "- Servicio telefónico: atender llamadas de clientes que desean abonar un recibo impagado a través de la tarjeta. / - Gestiones administrativas: aplicar en los contratos correspondientes las cantidades ingresadas, en cuenta genérica, para cancelar/ amortizar financiaciones indicando importes en el sistema, emisión de certificados de deuda a través de la información recopilada en las bases de datos, generar a través del sistema nueva emisión de recibos impagados, gestión de buzón genérico con solicitud de saldos pendientes para cancelar".

"Gestor de refinanciaciones:" "- Servicio telefónico: emisión de llamadas para solicitar documentación o fijar día de firma con clientes. / - Gestiones administrativas: alta de solicitudes de refinanciación con la cumplimentación de los datos que pide el sistema, revisión y archivo de la documentación actual del interviniente de la refinanciación y cancelación de la financiación antigua".

"Gestor de administración comercial:" "- Gestiones administrativas: tramitar correos del buzón genérico con la tramitación de altas, bajas y/o modificaciones de la información disponible de los comercios en las bases de datos, digitalización de los acuerdos recibidos".

"Gestor de atención al cliente": "- Servicio telefónico: atender llamadas de clientes que desean información sobre sus préstamos y/o modificar alguno de los datos informados en las bases de datos, se gestionan ampliaciones de límite de tarjetas indicando en el sistema los importes que solicita el cliente y dando respuesta en base al resultado que muestra el sistema. / - Gestiones administrativas: gestión buzón genérico con solicitudes de cambios de vencimiento, cambios de cuenta, duplicados de contratos".

"Gestor de incidencias comercial:" "- Gestión de incidencias comerciales, reclamaciones y requerimientos, facilitar respuestas según las pautas prestablecidas para cada caso".

"Gestor de archivo:" "- Gestión administrativa: remesar documentación y contratos de las solicitudes ya formalizadas, realizar envíos de correo certificado y ordinario".

"Gestor de credit stock:" "- Servicio telefónico: gestión comercial con concesionarios y red comercial. / - Gestiones administrativas: gestionar las pólizas de crédito que tienen los concesionarios para financiar su stock de vehículos y realizar disposiciones de la póliza y las posteriores cancelaciones a media que se venden los vehículos financiados".

"Gestor de auto y gestor de consumo:" "- Servicio telefónico: tramitar altas de solicitudes de financiación cumplimentando los datos que índice el sistema con la información que dan por teléfono, facilitar información sobre el estado y/o documentación pendiente de estas financiaciones. / - Gestiones administrativas: gestión buzón genérico, tramitar altas de solicitudes de financiación pasando al sistema los datos que le facilitan, revisión de la documentación (DNI/NIE, justificante bancario y de ingresos) que adjuntan para el trámite de solicitudes y formalización de las mismas, validación de documentación y contrato de solicitudes una vez abonadas".

En estos nueve puestos de trabajo la categoría es, dice, "2E2", la formación ESO/EGB, y como experiencia se indica que "no es necesaria pero recomendable", salvo en el de credit stock, que la experiencia laboral es "mínima un año". Además, hay otros dos puestos de trabajo para gestores, el de "formación y calidad" y el de "analista de riesgos"; pero éstos tienen la categoría de, respectivamente, "2D1" y "2D2", y, por lo tanto, no están afectados por este conflicto colectivo, el cual se refiere al pase de los grupos E2 y C1 a otros superiores.

Pues bien, con estos datos, no es incorrecto el encuadramiento en el grupo E nivel 2, según las definiciones del artículo 15; si bien se suscitan dudas sobre el grado de autonomía, ya que "está condicionada a lo establecido en" los "manuales"; pero, desde luego, con esto y con las descripciones de los puestos de trabajo, no se acredita una autonomía mínima. A su vez, se está "bajo supervisión" y "no tiene personas a su cargo". Por otro lado, en modo alguno se justifica la inclusión en el grupo C nivel 1, porque no se responsabilizan de la programación y supervisión de actividades realizadas por colaboradores internos o externos, no se precisa de formación por encima de la común de la ESO ni de experiencia salvo, en esto, sólo en un departamento y de sólo un año, no supervisan la actividad de las personas del equipo, no cuentan con una autonomía valorable, no imparten formación, y no consta que actúen con iniciativa en sus tareas. Por lo tanto, es claro que por las funciones desempeñadas no han de estar encuadrados en el grupo C nivel 1.

SÉPTIMO.-A ello no ha de obstar la declaración del hecho probado tercero, según el cual: "Ciertos trabajadores, contratados entre el 2008 y 2018, cuando se aprueba el convenio colectivo aplicable, son encuadrados en el área 2, grupo C, nivel 1. Realizan las mismas funciones que el resto de los gestores y cobran distinto salario, siendo la única diferencia la antigüedad en la empresa. La empresa reconoce esa clasificación profesional aplicando la equivalencia regulada en el convenio colectivo aprobado en 2018 y la adaptación a los grupos profesionales, con independencia de las funciones que efectivamente realicen, porque así lo regula específicamente el convenio". Aquí se ha de tener en cuenta que no se alega la infracción del principio de igualdad de trato ni de discriminación, como tampoco se señala el artículo 14 de la Constitución Española. Además, este encuadramiento de estos "ciertos trabajadores" deriva de la aplicación de la disposición transitoria segunda del convenio colectivo, sobre la "Tabla de Equivalencias antiguas categorías profesionales nuevos niveles profesionales con salarios hasta el 30 de septiembre de 2017", donde para la "Equivalencia con las categorías del anterior convenio sólo a efectos de trasposición", en el área 2, figuran las de "Auxiliar, Auxiliar de caja y Telefonista (Grupo II. Administrativos)", con la clasificación profesional de grupo E nivel 2, y la de "Oficial de primera (Grupo II. Administrativos)", con la del grupo C nivel 1. Esto es, la empresa pasó a aquellos trabajadores a la clasificación profesional que les correspondía por su categoría, o sea, se limitó a la trasposición ordenada en el convenio colectivo, sin tener en cuenta las funciones efectivas. Tampoco obsta la declaración del hecho probado cuarto, según el cual "En fecha 24/10/1996 la empresa y el comité de empresa suscribieron un acuerdo en los siguientes términos: "A partir del 1 de enero de 1.997 los oficiales de segunda administrativos con cinco años de antigüedad en la categoría, ascenderán a oficiales de primera administrativos automáticamente"". Pues, no hay constancia de que los trabajadores del grupo E nivel 2 tuvieran la categoría reconocida de oficial de 2ª administrativo; y, desde luego, en este proceso de conflicto colectivo no cabría tampoco entrar en circunstancias individualizadas.

OCTAVO.-En cuanto a las personas coordinadoras encuadradas dentro del grupo C nivel 1. En el informe de la Inspección de Trabajo se refieren a éstos como los supervisores, y, dentro del hecho constatado quinto, el de los profesiogramas, se expone que la categoría es la de "2C1", la descripción del puesto "- Supervisar y coordinar los diferentes miembros del departamento para conseguir los objetivos fijados para el mismo y cubrir el servicio en base a los posibles SLA pactados con el cliente. / - Responsable de analizar la situación del departamento, elaborar informes mensuales de rendimiento y con capacidad para tener comunicación directa con el cliente"; la formación es la de ESO/EGB; y la experiencia "no es necesaria pero recomendable". Pues bien, este puesto de trabajo se ajusta a la definición del grupo C nivel 1 del artículo 15 del convenio colectivo; y, al contrario, sólo muy forzadamente encaja en las exigencias superiores del grupo B nivel 1, que precisa de una "necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional", sin que nada conste en relación con las indicaciones de que "Planifican y gestionan, por proyecto, los recursos humanos y técnicos disponibles", de la "Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas", de la "iniciativa en las tareas asignadas", ni de la de que "asigna tareas a personas a su cargo". En consecuencia, tampoco en estos casos queda justificado el pase en la clasificación profesional reclamado; y, al no haberlo entendido así la magistrada, tanto en éstos como en aquéllos, ha interpretado indebidamente el artículo 15 del convenio colectivo, y procederá la estimación del motivo.

NOVENO.-De conformidad con los artículos 201.1 y 202.3 de la Ley de esta jurisdicción, se estimará el recurso, revocándose la sentencia recurrida, y, en su lugar, resolviendo el debate planteado en la instancia, por las razones expuestas, ha de proceder la desestimación de la demanda, por cuanto que el personal afectado por este conflicto colectivo no desempeña funciones de los grupos y niveles reclamados, con la disposición prevista en su artículo 203.1.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.