Sentencia Social 4821/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 930/2025 de 26 de septiembre del 2025

PRIMERO-Recurre en suplicación la Generalitat de Catalunya contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 31 de Barcelona, autos nº 681/2023, de fecha 21-3-2024, que estimó la demanda interpuesta por D. Ovidio contra la DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA, reconociéndole el derecho a que, en el proceso de estabilización convocado por la demanda mediante Resolución PRE/1821/2022, se incluyan, en los anexos correspondientes, como afectados por el proceso de estabilización los puestos de trabajo del demandante, en concreto: Escola de Cabanes: 9,375 horas; Escola Maria Pages i Trayter: 9,75 horas; Escola de Pau 9,375 horas; Escola Joaquim Gifre 9,375 horas. El recurso ha sido impugnado de contrario.

Interesa ahora indicar, en primer lugar, que el actor, según el hecho probado 1º de la sentencia, es profesor de religión católica y, desde 1-12-2010, ha realizado docencia como personal laboral (grupo B) con contratos temporales (un total de 15, según el HP nº 3), siendo el último suscrito de fecha 1-9-2020. A continuación, diremos, en segundo lugar, que en el fundamento jurídico segundo de la sentencia se precisa el objeto de la litis: "Solicita la parte actora, sin impugnar las bases de la convocatoria ni el contenido de la misma en relación a las disposiciones generales de la resolución por la que se convoca el proceso de estabilización, la inclusión de las plazas que ocupa el demandante, en el anexo correspondiente sobre las plazas que deben ser incluidas en el proceso de estabilización impugnado. Solicitud que niega, en trámite de contestación, la entidad demandada en base a las resoluciones administrativas objeto de impugnación".

El actor solicitó la inclusión de su puesto de trabajo en el proceso de estabilización Resolución PRE/1821/2022, de 9 de junio, de convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos, en

relación con las categorías profesionales de personal laboral de la administración de la Generalitat de Catalunya competencia de la Dirección General de Función Pública (número de registro de convocatoria 400), publicada en el DOGC núm. 8687, el 13 de

junio de 2022 (hecho probado 4º, no controvertido).

Por lo demás, deberá decirse que ninguna de las partes ha cuestionado la competencia de este orden social, visto además que el orden contencioso se declaró, previamente, incompetente ( Auto Sala Contenciosa del TSJ de Cataluña de 31-3-2023, folios nº 13 a 15 de las actuaciones de instancia) y que la jurisdicción social se declaró competente ( Auto del Juzgado Social núm. 2 de Girona de 6-7-2023, folios nº 18 y 19 de las actuaciones), sin que las partes lo hayan rebatido. El dato fundamental de dichas resoluciones judiciales firmes previas es el siguiente: encaja en el art. 2.n) LRJS, en tanto que se trata de la impugnación judicial de la desestimación de un recurso de reposición contra la resolución de la Direcció General de la Funció Pública de convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos, de personal laboral de la Generalitat de Catalunya, tratándose de un acto plúrimo (tiene como destinatarios a una pluralidad de personas), no de una disposición administrativa general.

Lo cierto es que la jurisdicción social viene conociendo de cuestiones varias relacionadas, por ejemplo, con la inclusión de plazas en un proceso selectivo (previo a la Ley 12/2021) en marcha, cuando la parte actora (empleada interina) reclama que, en lugar de dicho proceso selectivo de libre acceso, se lleve a cabo como concurso de méritos conforme a la Ley 12/2021 ( SSTSJ Madrid 21-06-2023, rec. 293/2023, 15-11-2023, rec. 603/2023, 29-2-2024, rec. 871/2023 y 19-9-2024, rec. 407/2024); o cuando se pide la no inclusión de una plaza en un proceso de estabilización ( STSJ Galicia 16-6-2025, rec. 537/2025) con la admisión de la competencia de la jurisdicción social para el análisis de la inclusión, o no, de una concreta plaza desempeñada por interino-a en un proceso de estabilización conforme a la Ley 12/2021 (STSJ Canarias 5-6-2025, rec. 650/2024); aunque en otras ocasiones se ha entendido que no es competente para ello la jurisdicción social, sino la contenciosa, "dado que lo que se impugna es la formación del acto administrativo por el que la Administración Pública determina la inclusión o no, de determinadas plazas en una oferta pública de empleo futura en caso de considerar precisa su realización",lo que no es equivalente a la impugnación de convocatorias ya realizadas o de actos previos o preparatorios de dichas convocatorias, como los relativos a las irregularidades del proceso selectivo seguido, o de los criterios establecidos para su realización, que sí serían competencia del orden social ( STSJ Andalucía-Granada, 10-10-2024, rec. 1567/2023, SSTSJ Asturias 7-2-2023, rec. 2588/2022, 11-7-2023, rec. 751/2023 y 25-7-2023, rec. 752/2023).

Ahora bien, en la Sala entendemos que, como el art. 3.f) LRJS (que venía a excluir del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social "los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo") fue declarado nulo por inconstitucional ( STCo 145/2022, de 15-11-2022 ), debe ser el orden social el competente para dirimir la presente litis.

En este sentido, la STSJ Andalucía-Sevilla, Sala Contenciosa, de 18-12-2024 (rec. 60/2024 ) ha indicado, con apoyo en el Auto de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo núm. 4/2023, de 21 de febrero , que "(...) la a actuación de la Administración pública como futuro empleador de personal laboral ha de ajustarse a los criterios contemplados en el EBEP para el acceso al empleo público -con sometimiento, así, a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad-, puesto que se está ante la actuación de una Administración pública en el ejercicio de sus potestades y funciones administrativas. Pero si dicha actividad administrativa versa sobre materia laboral -como consecuencia de la vertiente empleadora en la que, a través de sus actos, se muestra la Administración-, el conocimiento de todas las fases de la contratación del personal laboral ha de bascular en favor del orden social, comprendiendo también la fase preparatoria, que viene a conformar y condicionar el propio vínculo de trabajo entre las partes, y que ha de estar sujeta a la especial tutela que el legislador encomienda sobre la relación de trabajo a la jurisdicción social. Criterio éste que, sostenido con anterioridad a la reforma introducida a través de la DF 20ª de la Leu 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que dio nueva redacción al art. 3.f) LRJS , ha sido retomado tras la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en STCo 145/2022 de aquella reforma"(el mismo criterio, en STSJ Andalucía-Sevilla, Sala Contenciosa, de 5-3-2025, rec. 466/2024 ).

En esta misma dirección, en fin, en sentencia de esta misma Sala de lo Social de 20-3-2025 (rec. 3530/2024 ) hemos dicho que "(...) La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, en su Auto nº 3/2020, de 12-2-2020 , resolvió que la entrada en vigor de la LRJS supuso la atribución al orden social de asuntos en que, como el que nos ocupa, lo que se impugna es una base correspondiente a un procedimiento para acceder a una plaza del sector público en régimen de laboralidad. Con posterioridad, la STCo 145/2022, de 15 de noviembre , declaró la inconstitucionalidad de la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre , como norma atributiva de competencia al orden contencioso respecto a los procesos selectivos de personal laboral por las administraciones públicas. Es cierto que el auto nº 1/2024, de la Sala Especial de conflictos de competencia, de fecha 21 de febrero de 2024, atribuye la competencia al orden contencioso administrativo en un supuesto de impugnación de bases, pero lo hace en relación con un supuesto en que esas bases afectaban tanto a la convocatoria para personal laboral como a personal funcionario, lo que no consta suceda en el caso de autos. Por lo que consta en las actuaciones, en la convocatoria litigiosa la administración demandada actúa como mera empleadora, en fase preparatoria, lo que decanta la competencia hacia el orden social".Mantendremos, por lo tanto, la competencia del orden jurisdiccional social, no cuestionada por las partes en litigio, en aras a la tutela judicial efectiva de ambas partes.

SEGUNDO-Articula la entidad pública recurrente su recurso a través de un triple motivo (nulidad de actuaciones, revisión fáctica -del hecho probado 6º- y censura jurídica), habiendo sido el mismo impugnado de contrario por la parte actora.

Como primer motivo, formulado conforme al art. 193.a LRJS, entiende que se ha vulnerado el litisconsorcio pasivo necesario (Departament d'Educació, no llamado al proceso); que no se ha emplazado al Ministerio Fiscal, pese a que la sentencia aplica legislación antidiscriminatoria; que la sentencia no ha analizado la vulneración de derechos fundamentales con carácter prioritario; y que la sentencia no ha motivado la reclamación de la condición laboral indefinida no fija del actor con la Generalitat de Catalunya.

Resolviendo este primer motivo, diremos, en cuanto a la alegación de litisconsorcio pasivo necesario, que no consta que en el acto de la vista oral se dijera nada al respecto, razón por la que la sentencia en ningún momento analiza la cuestión. Se trata de cuestión nueva, planteada por primera vez en el recurso, si bien al tratarse de cuestión de orden público procesal, no vemos problema alguno para analizarla en esta sede. Diremos al respecto que no existe óbice alguno para que el procedimiento se desarrollara, habiendo comparecido el Letrado de la Generalitat en representación de la Direcció General de la Funció Pública, de modo que si no adujo entonces nada oponiéndose a la citación (defecto al respecto de la identidad del demandado) y asistió en juicio a la demandada, mal puede hablarse de la existencia de indefensión alguna. Decae, por lo tanto, este motivo de recurso, no siendo el objeto del pleito desarrollado el análisis de la condición de indefinido no fijo del actor (no existiendo, por consiguiente, efecto alguno de cosa juzgada, ni positiva ni negativa, pues no es tal ni el petitum de la demanda inicial, ni el objeto litigioso, ni el sentido y contenido del fallo judicial cuestionado), sino, diversamente, la existencia, o no, de un derecho del trabajador demandante para que, en el proceso de estabilización convocado por la entidad demandada mediante Resolución PRE/1821/2022, se incluya en los anexos correspondientes y como afectados por el proceso de estabilización, los puestos de trabajo del demandante (Escola de Cabanes: 9,375 horas, Escola Maria Pages i Trayter, 9,75 horas, Escola de Pau 9,375 horas, Escola Joaquim Gifre 9,375 horas).

Respecto a la falta de citación del Ministerio Fiscal, se alega la quiebra o infracción del art. 177 de la L.R.J.S. , deberemos mencionar la doctrina unificada sobre el particular para descartar que, en supuestos asimilables al presente, sea estimable tal alegación. Así, ha dicho el Tribunal Supremo que "...la falta de citación del Ministerio Fiscal en los procesos en que la tutela reclamada se concreta en un interés de parte no debe determinar la nulidad de actuaciones, salvo que...como consecuencia de la ausencia del Ministerio Fiscal, haya podido producirse una real indefensión para la parte que alega la infracción....(y que) salvo en aquellos supuestos en que la intervención del Ministerio Fiscal está vinculada a la defensa de un interés público directo en el proceso, la falta de citación del Ministerio Fiscal en los procesos en que la tutela reclamada se concreta en un interés de parte no debe determinar la nulidad de actuaciones...."( STS 12-12-2019, rec. 2189/2017). En el presente caso, ausente cualquier referencia de la recurrente a la circunstancia de "indefensión"mencionada y asociada a la ausencia del Ministerio Fiscal en el proceso porque la sentencia "desarrolla legislación antidiscriminatoria",la respuesta que deberemos dar a la petición que formula la recurrente, no puede ser otra que la de descartar la procedencia de la declaración de nulidad de actuaciones solicitada.

Con relación a las alegaciones de que la sentencia no ha analizado la vulneración de derechos fundamentales con carácter prioritario y que no ha motivado la reclamación de la condición laboral indefinida no fija del actor con la Generalitat de Catalunya, ya se dijo, en cuanto a esto segundo, que la de indefinido no fijo no es cuestión que haya sido objeto de la litis,más allá de que la sentencia, en la motivación jurídica, afirme que la "Ley Orgánica general de Educación como el Real decreto de desarrollo partiendo de la singularidad del nombramiento inicial de los profesores de religión les establece un cuadro normativo idéntico, ab initio, al personal interino o indefinido no fijo de características, regulación y obligaciones similares al restante de profesionales",pero ello lo hace como argumento adicional,no como elemento de fondo que afecte a la calificación jurídica de la situación del actor, debiéndose recordar que la pretensión sostenida no era la de declaración del demandante como indefinido no fijo. Y, en cuanto a lo primero, es claro que la demanda ya hablaba de una posible discriminación del actor (hecho quinto de la demanda, penúltimo párrafo) por el hecho de que todas las plazas que son de profesor de religión sí se han incluido en el proceso de estabilización. Ahora bien, la sentencia es muy clara cuando indica (fundamento jurídico quinto infine": "(...) advirtiéndose incluso una posible causa de discriminación indirecta que no se desarrolla en la presente resolución valorada la causa de pedir y petición propios del escrito de demanda". Por lo tanto, decae también esta petición de nulidad de actuaciones, pues no existe incongruencia omisiva ni necesidad de analizar "con carácter prioritario" (como pide la recurrente) la vulneración (discriminación) aducida.

TERCERO- Como revisión fáctica, propone en primer lugar la revisión del hecho 6º, con un texto alternativo completo, basado en los folios nº 30 a 35 de autos (claúsula 7ª de cada contrato de trabajo suscrito), con el siguiente redactado: "SEXTO.- Durante el contrato de Trabajo, el actor forma parte del claustro de profesores del centro o centros donde preste los Servicios; se compromete a impartir las clases correspondientes conforme el plan de estudios que sea aplicable; a participar en las reuniones, exámenes y evaluaciones que le correspondan; y en general a prestar el Servicio citado de acuerdo con las directrices del centro, y quedará sujeto al régimen de organización aplicable al personal docente de los centros públicos dependientes del Departament d'Ensenyament".La revisión propuesta no puede prosperar, pues claramente indica el juez a quo, al valorar la prueba, que el contenido actual del hecho 6º no ha sido controvertido entre las partes, atendidas sus manifestaciones en la vista oral, sin que sea ahora el momento, en sede de recurso, reproducir meramente lo que dicen los contratos de trabajo, cuando la demanda indicaba claramente otra cosa y en la vista oral es donde debieron rebatirse tales cuestiones.

CUARTO- Como censura jurídica ( art. 193.c LRJS ), formula la entidad pública recurrente dos submotivos de recurso:

- infracción por inaplicación de la doctrina jurisprudencial que cita sobre la relación laboral de los profesores de religión, del art. 7 EBEP y de la base 1.1 y de la base 1.4 del Anexo 1 de la Resolución ENS 1446 / 2014, de 19 de juny que aprova les bases per a la contractació temporal de professors de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament, en relació amb l'art. 131 Estatut d'Autonomia de Catalunya;

- infracción por aplicación indebida del art. 2.1 y de la Disposición Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre , así como del art. 61.6 del EBEP .

En síntesis, el recurso (al que se opone, lógicamente, el escrito de impugnación) viene a señalar lo siguiente:

i) El marco normativo aplicable a los profesores de religión es el RD 696/2007, de 1 de junio, que remite al Estatuto de los Trabajadores, así como, sin que ello conculque el principio de jerarquía normativa ( SSTS 19-7-2011, rec. 116/2010 y 20-12-2011, rec. 4408/2009 ), a la DA tercera de la LO 2/2006 , de 3 mayo , de educación, así como el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de enero de 1979, los Acuerdos de Cooperación con otras confesiones que tengan arraigo evidente y notorio en la sociedad española. De este modo, la duración del contrato de los profesores de religión es por tiempo indefinido, salvo en los casos de sustitución del titular de la relación laboral, que se realizará conforme al art. 15.1.c ET (cita la STS, Sala Social, de3-11-2022, rec. 2896/2021 ),sin perjuicio de las causas de extinción de la relación laboral. A ello añade la recurrente que, conforme a la Resolució ENS 1446/2014, de 19 de junio, que aprueba las bases para la contratación temporal de profesores de religión en centros docentes públicos dependientes del Departament d'Ensenyament, así como al art. 131 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y a los anexos I y II de aquella resolución, son exigibles una serie de requisitos que, entiende, la sentencia recurrida ha omitido.

ii) Que los contratos de interinidad por vacante, no supone que el actor tenga contrato indefinido, porque lo eran por sustitución/ausencia, como contrato temporal plenamente "legal", lo que supone que la plaza de profesor de religión no puede ser incluida en un proceso de estabilización ( art. 2.1 de la Ley 20/2021 ) porque queda fuera, subjetivamente, de un concurso excepcional de méritos, en tanto que lo dispuesto en la ResoluciónENS / 1446 / 2014 es un concurso de méritos "ordinario". Entiende, por ello, que el actor no puede ser indefinido no fijo, porque es profesor de religión y se le aplica la vía de acceso del RD 696/2007 y de la DA 3ª de la Ley Orgánica 2/2006. Con claridad indica la recurrente: "(...) Serà doncs l'actor, per la via processal adequada si així ho estima adequat, denunciar a l'Administració Pública per a la indefinitut del seu contracte laboral quan així ho entengui a la vista dels contractes temporals signats. Però no podrà participar en cap procés d'estabilització, tota vegada que la fixesa no es pot publicar pels llocs de treball per a professor de religió, regits per especial normativa laboral de comú acord amb el Concordat amb l'Església Catòlica i per la RES / ENS / 1446 / 2014 que disposa dels propis concursos de mèrits cada juny ex Base 4 del seu Annex 1".

QUINTO- Resolviendo el motivo de censura jurídica referido en el fundamento anterior, diremos:

A.- Que la Disposiciónadicional sexta de la Ley 20/21, de 28 de diciembre , de medidas urgentes para Ia reducción de Ia temporalidad en el empleo público, establece, en su disposición adicional sexta, una convocatoria excepcional de estabilización del empleo temporal de larga duración en los siguientes términos "Las Administraciones Publicas convocaran, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP , por el sistema de concurso, aquellas plazas que. reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016".Por su parte, el art. 2.1 de la Ley 20/2021 indica que "(...) se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020(...)".

A partir de lo señalado, tanto la Ley Orgánica general de Educación como el Real Decreto 696/2007, de desarrollo de la DA 3ª de dicha Ley, partiendo de la singularidad del nombramiento inicial de los profesores de religión, les establece un cuadro normativo idéntico, ab initioy como bien indica el juzgador de primer grado, al personal interino o indefinido no fijo de características, regulación y obligaciones similares al restante de profesionales que dentro del ámbito educativo han sido incluidos en los procesos de estabilización. Ello es así en tanto que el nombramiento inicial indefinido como profesor de religión ( artículo 4 del Real Decreto 696/2007, con remisión el artículo 15 del ET) , no requiere de necesaria renovación anual, siendo posible su revocación por las causas que recoge el art. 7 del RD 696/2007 (entre ellas, expediente disciplinario o pérdida de acreditación o de la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la Confesión religiosa que la otorgó, ajustada a derecho), mientras laresolución EN 1446/2014, de 19 de junio, que aprueba las bases para la contratación temporal de profesores de religión en centros docentes públicos dependientes del Departament D'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya establece, en su artículo 1, en relación a la contratación del profesorado de religión, que "(...) La contractació temporal del professorat de religió s'efectua per substitució d'aquell que tingui reconeguda la reserva de lloc de treball, o per cobrir llocs de treball vacants mentre no siguin proveïts reglamentàriament amb les persones que n'hagin obtingut la titularitat mitjançant el procediment establert a l'efecte".

B.- Conforme al principio iura novit curia, el Anexo nº 5 de la Resolució TRI/1596/2006, de 7 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 7900692), incluye a los profesores de religión en centros docentes de titularidad del Departamento de Educación en su ámbito funcional y personal, con aplicación plena del convenio en cuestión siempre que no se oponga al "régimen regulador especial de la Disposición Adicional segunda de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre , de calidad de la educación y demás disposiciones aplicables".Dicha norma habla de la relación laboral de los profesores de religión con carácter temporal, ligada al curso escolar, pero debe tenerse en cuenta lo previsto (lex specialis)en el art. 4.1 delReal Decreto 696/2007 ("La contratación de los profesores de religión será por tiempo indefinido, salvo en los casos de sustitución del titular de la relación laboralque se realizará de conformidad con el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio de lo dispuesto en las causas de extinción del contrato que figuran en el presente real decreto").

Por lo tanto, entendemos que la relación de los profesores de religión, conforme al RD 696/2007 y a la Disposición adicional 3ª de la LO 2/2006, de Educación, debe ser indefinida, con la única y exclusiva excepción de poder acudirse a la sustitución del titular de la relación laboral, por lo que en la contratación de estos profesores no se puede suscribir cualquier modalidad temporal de contrato ( STS, Sala Social, de 17-1-2023, rec. 1672/2021), razón que avala, entendemos, que no haya óbice a la inclusión de la plaza del actor en el proceso de estabilización para su conversión en personal laboral fijo o indefinido.

C.- Si tomamos como referencia el no cuestionado hecho probado 2º de la sentencia, apreciaremos queel actor ha firmado diversos contratos de trabajo temporales con carácter sucesivo, en el periodo comprendido entre los años 2015 a 2020 y que en el primero de estos contratos, correspondiente al año 2015, se justifica la temporalidad en la sustitución de una profesora que se encontraba en situación de IT, pero en los sucesivos contratos temporales, años 2016 a 2020, no se menciona motivo de la causa de temporalidad en la cláusula tercera de los mismos. El total de contratos temporales ha sido de 16 (hecho probado 3º, no controvertido), siendo que el último de ellos, de fecha 1-9-2020, indica claramente (hecho probado 3º, de nuevo) que (cláusula primera) "(...) el contrato es de duración temporal hasta que se cubra el puesto de trabajo mediante el correspondiente concurso".

D.- La sentencia, sin que ello haya sido debidamente refutado por la parte recurrente, indica (fundamento de derecho 5º) que "(...) es evidente que el demandante acredita cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la resolución administrativa combatida PRE/1821/2022 tanto en lo referente a las bases comunes como a los requisitos de participación. Reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1. de la Ley de Estabilización 20/21 siendo reconocido en trámite de contestación a la demanda el carácter estructural de la plaza o plazas que ocupa el trabajador demandante. Y valorándose que la única causa de exclusión de la resolución combatida, artículo 2.8, que es la condición de personal fijo en la plantilla de la demandada el actor no la ostenta por lo acreditado y expuesto. Se acredita además que los contratos que han vinculado al actor con la Generalitat han sido siempre temporales, y además irregulares en todos aquellos casos en los que la temporalidad no se debía a una sustitución, criterio de irregularidad jurisprudencialmente consolidado. Por otra parte, del contenido del expediente administrativo y las alegaciones y medios probatorios desplegados por la entidad demandada no se acredita que el actor no reúna los requisitos de participación relativo a la nacionalidad, edad, titulación, capacidad funcional o separación por expediente disciplinario y reúne, como ya se ha expuesto los requisitos del artículo 2 de la Ley 20/21 ".

La Sala comparte los argumentos de la sentencia de primer grado, sin que vea conculcación alguna, en ellos, de los preceptos normativos que indica la parte recurrente, de modo que el recurso deberá ser íntegramente desestimado y la sentencia de instancia, confirmada.

SEXTO-En cuanto a costas, ex art. 235.1 LRJS, condenamos a la entidad recurrente, al no estar exenta, al abono de la cantidad de 500 €, que incluye honorarios de la Letrada del demandante que ha impugnado el recurso.

Por lo hasta aquí expuesto,