Sentencia Social 357/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1797/2024 de 27 de febrero del 2025

PRIMERO.- En las actuaciones de las que trae causa el presente recurso la parte actora interesaba la declaración de la nulidad de los servicios mínimos impuestos a la demandante desde el 5 de diciembre hasta el 21 de junio de 2023, ambos inclusive. Y una indemnización de 7.501 euros por daños morales causados, condenando solidariamente a las codemandadas a su abono.

El trabajador prestaba servicios en el Centro Sociosanitario El Pino siendo su empleadora UTE ICOT-INSURE, S.L.. El 25 de noviembre de 2022 el sindicato USO presentó ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias preaviso de huelga total e indefinida en el referido centro de trabajo.

El 2 de diciembre de 2022 la Presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (en adelante IAS) dictó resolución por la que se fijan los servicios mínimos de la huelga

En virtud de sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 5 de este partido, autos 416/22, de fecha 7 de junio de 2023 y sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, sede Las Palmas de 25 de enero de 2024 la anterior resolución fue anulada por ausencia de motivación y por falta de competencia de la presidenta del IAS para su dictado.

El demandante comunicó a la empresa el 5 de marzo de 2023 que ejercería el Derecho Fundamental a la huelga y la empresa le seleccionó para el cumplimiento de los servicios mínimos, por lo que no ejercitó su derecho a la huelga.

La sentencia de instancia, tras estimar la excepción de falta de legitimación pasiva del IASS por considerar que ninguna responsabilidad puede tener sobre la declaración de nulidad de los servicios mínimos impuestos por la empleadora, reproduce la argumentación de la Sentencia dictada por esta Sala el 11 de abril de 2024 en el Recurso de Suplicación N.º 1388/2023 para desestimar las pretensiones de la parte actora.

Frente a la anterior sentencia se alza la parte actora en suplicación articulando un motivo de nulidad conforme a la letra a) del art. 193 de la LRJS alegando incongruencia omisiva y, subsidiariamente, tres motivos de revisión fáctica por la vía de la letra b) del referido precepto y dos más de censura jurídica a través del apartado de la letra c) con el contenido a que seguidamente aludiremos, solicitando que se revoque la sentencia de instancia y se desestime la demanda.

Las codemandadas impugnaron el recurso en los términos que obran en las actuaciones.

SEGUNDO.- En el primer motivo se solicita que por la Sala se proceda a declarar la nulidad de la sentencia de instancia por incurrir en incongruencia omisiva al no haber dado respuesta a la responsabilidad del IAS por sus actuaciones en la vulneración del derecho fundamental a la huelga declaradas nulas por la jurisdicción contencioso administrativa.

En primer lugar, la nulidad de actuaciones sólo puede articularse por la vía del art.193 a) LRJS, que exige como requisitos para que pueda prosperar el motivo aducido:

1) Hay que identificar el precepto procesal que se entienda infringido . o doctrina emanada del TS, TC o los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España, o la del TJUE (vid art.219.2 LRJS y art.1.6 CC)

2) La infracción debe haber provocado un perjuicio real sobre los derechos de defensa del interesado, irrogándole indefensión ( STC 168/2002). El concepto de indefensión relevante a efectos constitucionales no coincide con cualquier indefensión de índole meramente procesal. Parta que la indefensión tenga el alcance constitucional que le asigna el art.24.2 CE se requiere que el órgano judicial haya impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones. (vid SSTC 70/84, 48/86, 98/87, etc).

3) El defecto procesal no puede alegarse por la parte que lo provocó.

4) Es preciso que la parte perjudicada haya formulado protesta en tiempo y forma

Aplicando los criterios anteriores al caso que nos ocupa se desestima este primer motivo por las siguientes razones .

Cierto es que la Sentencia de Instancia estimó la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada respecto de la pretensión de declaración de nulidad de los servicios mínimos sobre la cual, no se había dirigido demanda frente a ella.

Sin embargo no lo es menos que la resolución recurrida, reproduciendo los argumentos de la Sentencia de esta Sala 11 de abril de 2024, rec 1388/23, se pronuncia sobre el fondo del asunto declarando la no responsabilidad de las codemandadas por considerar que la asignación de servicios mínimos se realizó en cumplimiento de una decisión de la Autoridad administrativa competente vigente jurídicamente en aquel momento aunque posteriormente anulada.

Como hemos advertido anteriormente, la viabilidad de la nulidad de actuaciones, como remedio excepcional, exige que la indefensión producida sea de relevancia constitucional y haya provocado un perjuicio real sobre el derecho a la defensa de la parte interesada irrogándole una sustancial indefensión ( STC 168/2002).

Y el concepto de indefensión relevante a efectos constitucionales no coincide con cualquier indefensión de índole meramente procesal. Parta que la indefensión tenga el alcance constitucional que le asigna el art.24.2 CE se requiere que el órgano judicial haya impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones. (vid SSTC 70/84, 48/86, 98/87, etc).

En el caso que nos ocupa no se advierte la indefensión del recurrente.

TERCERO.- Por el cauce previsto en el artículo 193 b) de la LRJS la recurrente pretende la modificación de hechos probados de la sentencia.

En desarrollo e interpretación de lo dispuesto en el artículo 207d). de la LRJS en el ámbito del recurso de casación, la Sala IV del Tribunal Supremo ha venido exigiendo una serie de requisitos que condicionan el éxito de los motivos de revisión fáctica; requisitos acogidos por los distintos Tribunales Superior de Justicia a los efectos del artículo 193 b del mismo texto procesal. Así, se ha venido exigiendo:

Que se identifique con precisión y claridad el hecho cuestionado. Aquello que ha de ser adicionado, rectificado o suprimido.

En la delimitación conceptual de la revisión fáctica no deben incluirse normas de Derecho o su exégesis. No han de incluirse calificaciones jurídicas entre la narrativa fáctica. Las valoraciones jurídicas tienen como exclusiva ubicación los fundamentos de derecho.

No basta con mostrar una discrepancia genérica frente a la sentencia o respecto a la narrativa fáctica, debiendo precisarse concretamente en qué se discrepa y por qué se discrepa.

El error o la equivocación del juzgador ha de evidenciarse de forma patente, clara e inequívoca, sin necesidad de conjeturas, argumentaciones o razonamientos más o menos elaborados, derivándose tal conclusión de documentos obrantes en autos, lo que se denomina literosuficiencia.

Los documentos han de identificarse con precisión, no bastando la referencia genérica a la prueba documental obrante en autos o a cualquier otra prueba que no sea la documental o pericial, sin que se admisible la denominada prueba negativa, pretendiendo la supresión de determinado hecho probado ante la inexistencia de prueba que lo sustente.

Ha de ofrecerse el texto alternativo consecuencia de la revisión pretendida, bien adicionando cierto contenido, modificando el texto original o bien suprimiendo parte del mismo o la totalidad de un hecho probado. En todo caso, la revisión pretendida ha de ser trascendente a los efectos de mutar el sentido del fallo, admitiéndose igualmente aquellas revisiones que vienen a reforzar argumentalmente el fallo. Además, no solo han de admitirse aquellas pretensiones revisoras a efectos de suplicación, sino que no tratándose del último grado de la jurisdicción, se han de acoger las modificaciones o revisiones fácticas que completen la narración histórica ante la eventual interposición de un recurso de casación para unificación de doctrina.

Y por último, el documento en el que se base la revisión no ha de haber sido valorado en determinado sentido por el Juzgador de instancia o resultar contradicho por prueba de distinta naturaleza de cuya valoración se extraiga el hecho probado, no pudiendo la parte recurrente pretender sustituir la imparcial, objetiva y desinteresada valoración efectuada judicialmente por la subjetiva, parcial e interesa de la parte. De igual forma, no es factible una valoración global de la prueba practicada como si de una segunda instancia se tratara, debiendo primar la valoración efectuada en primera instancia, por la inmediación en la práctica de la misma, salvo supuestos excepcionales de arbitrariedad, irrazonabilidad o desproporción en tal función valorativa. STS 22 de marzo de 2018, rec. 41/2017 (RJ 2018, 1636), entre otras.

.- El recurrente solicita la modificación del hecho probado segundo proponiendo la siguiente redacción:

"PRIMERO.- Que el ámbito de la huelga es el centro de trabajo Centro Sociosanitario El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria, siendo la mercantil empleadora la UTE ICOT-INSURE S.L (compuesta por las empresas ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. e INSTITUTO INSULAR DE REHABILITACION S.L.). El domicilio del centro de trabajo y de la entidad empleadora se halla sito en c/ Ángel Guimerá, 91, CP 35004, Las Palmas de Gran Canaria. SEGUNDO.- Que el Sindicato convocante posee implantación suficiente en el centro de trabajo afectado por la huelga, al tener 5 representantes ante el Comité de Empresa, constituida sección sindical desde el 20 de enero de 2022 y un total de 97 afiliados. TERCERO.- La duración de la huelga se estima indefinida, iniciándose el 5 de diciembre de 2022 a partir de las 00:00 horas y su práctica consistirá en la total cesación de la prestación de servicios durante cada jornada de trabajo. CUARTO.- El objeto de la huelga es alcanzar los siguientes acuerdos con la empleadora, extremos todos puestos en conocimiento de ella en reuniones sucesivas antecedentes y que no han sido estimadas: 1.- Compromiso de no externalización de ninguna de las áreas de trabajo que actualmente prestan servicios en el centro. 2.- Abono, con carácter inmediato y en un solo pago, de las diferencias salariales derivadas de la actualización salarial convencional correspondiente a las anualidades de 2021 y 2022. 9 3.- Actualización inmediata de las retribuciones de los trabajadores del centro, conforme a las tablas y criterios convencionales. 4.- Cesación de la imposición de turnos de trabajo que incumplen el descanso mínimo obligatorio diario y semanal. 5.- Modernización de instalaciones y herramientas de trabajo que, dada su obsolescencia y mal estado actual, incrementan el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades profesionales por los trabajadores. QUINTO.- Se constituye Comité de Huelga, compuesto por los siguientes trabajadores: Hortensia, provista de DNI NUM000, Jorge, provisto de DNI NUM001, Adolfo, provisto de DNI NUM002, Juliana, provista de DNI NUM003, Vidal, provisto de DNI NUM004, Elisabeth, provista de DNI NUM005, Ascension, provista de DNI NUM006, Adelaida, provista de DNI NUM007, Francisca, provista de DNI NUM008, Íñigo, provisto de DNI NUM009, Cecilio, provisto de DNI NUM010, Nicanor, provisto de DNI NUM013. SEXTO.- El domicilio a efectos de notificaciones del Comité de Huelga es Calle Trasera de la Calzada Lateral del Norte 32, 35014 Las Palmas de Gran Canaria, correo electrónico DIRECCION000 y número de teléfono NUM012. SÉPTIMO.- La huelga que se convoca podrá ser secundada por otras organizaciones sindicales con implantación suficiente en el centro, 10 procediéndose en tal caso a modificar el número o la composición inicial del Comité de Huelga. OCTAVO.- De forma simultánea a la presente comunicación, se trasladará idéntica información a la empleadora del centro afectado por la huelga".

El recurrente funda la revisión en los folios Nº 17 bis a 18 de las actuaciones.

El motivo revisorio se acepta pues a pesar de que la modificación propuesta se limita la correcta identificación de uno de los miembros del Comité de Huelga, Don Nicanor, y que ninguna trascendencia tiene a los efectos de mutar el sentido del fallo si que se advierte el error por lo que procede su subsanación.

2.- Como segundo motivo revisorio se propone la adición de un nuevo hecho probado con la siguiente redacción:

"De un total de 272,5 presencias contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para personal de administración, coordinación y dirección y personal de atención directa y personal técnico, los servicios mínimos han afectado a 225,5 de ellas".

La adición propuesta se funda según el recurrente en lo dispuesto en los folios 45 a 46 y 52 bis a 53 de los autos y se justifica por la necesidad de constatar que la Resolución dictada por el IASS estableció unos servicios mínimos que afectaban a más del 82% de presencias en el centro de trabajo, lo cual a su entender reviste trascendencia a los efectos de acreditar el daño moral que atribuye a la citada resolución.

Sin embargo el motivo debe desestimarse pues la adición que se pretende introducir no resulta de manera literal de la documental citada, sino que sería necesario analizar tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio público de atención sociosanitaria a personas dependientes en el Centro Sociosanitario El Pino, como la Resolución de 2 de diciembre de 2022 por la que se acuerdan los servicios mínimos de la huelga convocada en dicho centro para obtener las cifras de presencia de personal que se pretenden añadir, labor interpretativa improcedente en el recurso extraordinario de la Suplicación, distinto de la Apelación donde no se puede pretender que se realice una nueva lectura, por parte de la Sala, de todo el material probatorio obrante en los autos, al no ser esa su función, que le viene normativamente atribuida al órgano judicial de instancia.

3.- Como último motivo de revisión factica propone la adición de un nuevo hecho probado con la siguiente redacción:

"El 6 de diciembre de 2022 y con ocasión de la huelga convocada, tuvo lugar manifestación en la que participaron, según estimaciones de los convocantes, 200 personas entre trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino y usuarios del mismo".

La adición se funda en los folios 107 a 109 bis de los autos.

La adición propuesta se extrae de un recorte de periódico que a juicio del recurrente acredita una importante adhesión de los trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino a la huelga convocada.

Como sucede con la anterior propuesta en esta el motivo revisorio debe desestimarse pues la adición pretendida no resulta de manera clara y evidente de la documental que se cita sino que es necesario realizar una labor interpretativa de los mismos para introducir juicios valorativos cuya sede se encuentra en la motivación o fundamentación jurídica del recurso.

CUARTO.- Al amparo del artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563), interesa la recurrente el examen del derecho aplicado en la sentencia, imputando a ésta infracción por incorrecta aplicación de los arts 28.2 de la Constitución Española, en relación con los artículos 5, 8.2 y 10 del Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo. Y en un segundo bloque denuncia también los arts 1.101 del Código Civil, en relación con los artículos 8.10 y 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Insiste la recurrente en que se declare la nulidad de la decisión empresarial de asignar a la servicios mínimos desde el 5 de diciembre al 21 de junio de 2023 al impedirle el libre ejercicio de su derecho de huelga. Y a tal pretensión anuda la solicitud de condena solidaria al abono de una indemnización por daño moral que cuantifica en 7.501 euros equivalente a la menor cuantía del grado mínimo de la sanción prevista para las faltas muy graves de conformidad con los arts 8.10 y 40 de la LISOS.

Debemos partir de lo dispuesto en el art. 10 de del RDL 17/1977, sobre relaciones de trabajo, que dispone en su segundo párrafo: "Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas "

Por tanto, de tratarse como es el caso de autos, de empresas prestatarias de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad cuando, además, concurran circunstancias de especial gravedad ( STC 26/81 ), habrá de designarse a los trabajadores adscritos a los servicios mínimos esenciales a los que se refiere el art. 28.2 CE in fine CE y se concreta en el art. 10 RDL 17/77.

Consta la decisión del IAS del Cabildo de Gran Canaria que, como autoridad gubernativa, consideró servicio esencial la atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia en el CS El Pino y la fijación de unos servicios mínimos.

Se procedió por la empleadora a la designación de trabajadores que habrían de prestar los servicios mínimos esenciales, previamente fijados por la autoridad competente, en los términos del art. 10.2 del RDL 17/77 sin que por otra parte concurran elementos de hecho que permitan dudar de que la actuación empresarial no se ajustó a los parámetros establecidos por la decisión gubernativa.

De lo expuesto se desprende que nos encontramos ante un supuesto donde el carácter esencial del servicio a prestar actúa como límite al ejercicio del derecho de huelga.

Posteriormente la Resolución de 2 de diciembre de 2022 de la Presidenta del IAS por la que se fijaron los servicios mínimos de la huelga fue anulada por falta de motivación y de competencia en virtud de sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 5 de este partido, autos 416/22, de fecha 7 de junio de 2023 y sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, sede Las Palmas de 25 de enero de 2024.

No cabe duda de que la parte empresarial procedió a efectuar la designación de determinado número de trabajadores en cumplimiento de una decisión procedente de un órgano competente, gozaba de presunción de legitimidad y era, por consiguiente, ejecutiva.

Sin embargo las consecuencias de la nulidad de la resolución gubernativa son la desaparición de la cobertura de legalidad de la decisión empresarial reestrictiva del derecho de huelga de los trabajadores adscritos a los servicios mínimos, y la necesidad de reparar la lesión sufrida en el derecho fundamental de huelga.

Y sobre este extremo el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 abril 2012 dictada en el recurso de casación Nº 153/2011 se ha pronunciado en los siguientes términos:

"Resta, no obstante, por examinar la petición afectante a los trabajadores requeridos para trabajar. Es sobre éstos sobre los que se despliega el efecto de la nulidad de la resolución gubernativa y sobre los que se suscita la reparación de la lesión del derecho de huelga que aquélla comporta y ello incluso con independencia de que la empresa actuara en su momento amparada en el marco de legalidad que la citada decisión del poder ejecutivo le ofrecía.

Ante la producción del daño, cabe plantearse quién debe asumir el riesgo derivado del cumplimiento de una decisión gubernativa que, si bien ejecutiva, comporta la eliminación de un derecho fundamental y que, a la postre, se revela ilícita. Ciertamente, no resulta atribuible a la empresa una responsabilidad por culpa, al limitarse con su actuación al cumplimiento de la orden gubernativa de fijación de servicios esenciales.

Tampoco parece admisible apreciar una responsabilidad por riesgos que permitiera accionar el mecanismo de repetición ulterior frente al agente responsable por culpa, porque para ello hubiera sido preciso que, ante una situación de incertidumbre, la empresa hubiera actuado movida por una decisión propia y no, como sucede, en ejecución del mandato que, en suma, implica la decisión gubernativa.

Se ponen en evidencia aquí las lagunas del propio proceso de impugnación de aquel acto gubernativo que hubiera debido concluir, no solo con la nulidad del mismo, sino con el resarcimiento de los perjuicios por la fijación antijurídica de servicios mínimos, aunque es cierto que en el proceso contencioso-administrativo el sindicato accionante no ostenta la legitimación para reclamar la indemnización a los trabajadores afectados (como así ha entendido la jurisprudencia, STS/3ª de 29 de enero de 1996 -rec. 7315/1992 -) y que tal acción de resarcimiento corresponde a éstos. Pero, precisamente, son estos quienes podían dirigirse frente a la autoridad gubernativa generadora del daño".

Todo ello ha de conducir a desestimar el recurso, en tanto que, como se acaba de exponer, la doctrina jurisprudencial citada remite a los trabajadores a la jurisdicción contenciosa dado que la posible vulneración del derecho de huelga no se debe a la empleadora sino a la Administración

QUINTO.- Conforme a lo establecido en el art. 235.1 LRJS no procede hacer pronunciamiento sobre costas.

SEXTO.- A tenor del Art. 218 LRJS frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

Vistos los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación,