Sentencia Social 525/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1185/2023 de 28 de marzo del 2025

que emite la Magistrada D.ª GLÒRIA POYATOS MATAS.

Haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 260.2 de la LOPJ , formulo voto particular a la sentencia dictada en los presentes autos, por discrepar, con lamayor consideración y profundo respeto, de la opinión de la mayoría de la Sala, considerando que debió estimarse, en la cuantía indemnizatoria que correspondiese según la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, el recurso de suplicación planteado, condenándose al Consistorio demandado y, en su caso, a la entidad aseguradora ALLIANZ SEGUROS SA hasta el límite de su responsabilidad.

La Sentencia de la Sala desestima el recurso al entender que nos hallamos ante un "conflicto entre el actor y su jefe accidental ", por lo que se desestima el recurso en base al siguiente fundamento jurídico:

" El razonamiento con el que la juzgadora motivó su decisión -reproducido en el fundamento de derecho primero de esta resolución- valora correctamente las circunstancias concurrentes en este caso. En los desacuerdos del demandante con la organización de trabajo del Jefe de la Policía Local se encuentra el origen del proceso psíquico que aqueja. No hubo hostigamiento. No hubo ilicitud en las decisiones del superior.(...)

El incumplimiento preventivo imputable al Ayuntamiento de Telde no se enlaza causalmente con el daño producido, lo que excluye cualquier obligación reparadora."

El razonamiento al que refiere la Sala, contenido en la sentencia recurrida es este :

" Respecto al nexo causal entre el daño sufrido por el empleado municipal demandante y el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales por el Ayuntamiento empleador, debemos señalar que en vista a lo expuesto, nos encontramos ante una situación de conflicto laboral entre el trabajador y el Jefe accidental de la Policía local, respecto a cuestiones relacionadas con la distribución de los servicios, así como posteriormente con la decisión de retirarle el arma y del servicio de tráfico (motos) para destinarle a tareas de tipo administrativo, pero esa situación de conflicto y los daños que en el presente caso se concretaron en la baja médica y la declaración de incapacidad permanente absoluta, no permiten afirmar que sean provocados por el incumplimiento por parte de la Administración demandada de las normas de prevención de riesgos laborales ante la falta de evaluación de los riesgos psicosociales que es la única omisión que en materia de prevención ha cometido la parte demandada, además no consta que realmente se le estuviera dando mas jornadas en unidades distintas a la que estaba adscrito, ni conducta concreta de hostilidad u hostigamiento por parte del Jefe accidental de la Policía D. Carmelo hacia el actor que pudiera constituir un riesgo psicosocial a evitar a través de una evaluación".

Mi opinión disidente descansa en tres argumentos.

PRIMERO- No se ha aplicado correctamente el instituto de la inversióndela carga probatoria, preceptuado en el art. 96.2º de la LRJS , lo que redunda en derecho preservado en el art. 24 CE.

El actor viene prestando servicios para el Ayuntamiento demandado desde el año 2000. Por sentencia del Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de fecha 10/3/2017 se declaró que la baja iniciada por el actor en fecha 28/4/2015hastael28/6/2015 por "ansiedad" es consecuencia de accidente de trabajo. Dicha sentencia fue confirmada por esta Sala, y nos volvimos a pronunciar sobre las mismas dolencias, tiempo después, en nuestra sentencia de 11 de marzo de 2021 (Rec 13/2021), en la que decíamos que el actor padecía un "Trastorno adaptativo. Trastorno de personalidad" y que era tributario de una incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo con efectos de 16 de enero de 2018

Estamos, por tanto, ante un daño grave derivado de accidente de trabajo, por lo que la carga de la prueba de la ausencia de conexión entre el daño del actor y los incumplimientos en materia de prevención de riesgos del Consistorio, corresponde a la empleadora, al ser la deudora de seguridad, recuérdese que el art. 96.2º LRJS dispone:

" (...)corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira"

En el caso que nos ocupa, lo que ha resultado probado es que la empleadora carecía de evaluación de riesgos psicosociales y de protocolo de acoso , a fecha 27/4/2015, en la que el actor presentó denuncia por acoso ante la Alcaldesa del Ayuntamiento de Telde y el Servicio de prevención.

Por tanto, no ha existido evaluación-planificación- ni políticas de gestión eficaz, lo que se traduce en una triada de incumplimientos secuenciales graves.

Desde mi punto de vista, no se ha practicado prueba eficaz por parte del Consistorio demandado, para contrarrestar el nexo causal entre los graves incumplimientos acometidos y el grave daño del actor, y del inalterado relato fáctico, no puede concluirse lo contrario, pues los únicos datos relevantes, a estos efectos, se reducen a dos:

1)-La solicitud en fecha 26/6/2015 de un informe por parte del Ayuntamiento al jefe actual de la policía local (Don Carmelo) "negando cualquier tipo de acoso laboral"

2)- Y en fecha 21/06/2016, consta en el informe de la Jefatura de la Policía Local de 22/06/2021, a raíz de las instrucciones recibidas por el Servicio de Prevención en escrito de fecha 16/06/2016, se procedió a la retirada a D. Ramón del arma reglamentaria para su servicio y del arma de posesión particular.

No hay ni rastro de actuación más, llevada a cabo por parte del Ayuntamiento de Telde,a efectos de investigar, mínimamente, los hechos de acoso denunciados por el actor. Ninguna actuación tendente a la averiguación de los riesgos que pudiera padecer el actor, informes médicos, testimonios, etc. Por tanto, ninguna medida fue tomada al respecto para paliar o minimizar los daños psicológicos del actor, que estaban por llegar . La gravedad de los incumplimientos y la absoluta omisión de la empleadora tienen, además, impacto constitucional, a través de la denominada "tutela preventiva" ( SSTC 160 y 62/2007).

Tampoco consta a lo largo del relato fáctico, ningún precedente médico del actor de tipo psicológico, ninguna baja previa derivada de depresión, ansiedad o trastorno psíquico de tipo alguno hasta después de denunciar la situación de acoso padecida (año 2015).

Tal y como nos recuerda la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 2025 ( Amparo nº 3672) frente al Ayuntamiento de Torrevieja:

" La incidencia del acoso laboral en los derechos fundamentales: La STC 56/2019 , atendiendo a la aproximación conceptual al acoso laboral y el abordaje normativo desarrollado respecto de este fenómeno, también destacaba que, desde la óptica constitucional que corresponde proyectar en la jurisdicción de amparo, "cabe apreciar que las situaciones de acoso laboral, en la medida en que tienen por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del empleado, conciernen al reconocimiento constitucional de la dignidad de la persona, su derecho fundamental a la integridad física y moral y la prohibición de los tratos degradantes ( arts. 10.1 y 15 CE ). Ahora bien, las situaciones de acoso laboral son tan multiformes que pueden involucrar también otros derechos fundamentales" (FJ 4); citando al efecto, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen ( artículo 18) y, aunque sin carácter de derecho fundamental invocable en amparo, el mandato a los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo ( art. 40.2 CE ). En los términos expuestos, el acoso laboral implica una conducta lesiva del derecho a la integridad física y moral( art. 15CE ), íntimamente conectado con el derecho a la dignidad personal ( art.10.1CE ),según jurisprudencia constitucional reiterada (así, SSTC 148/2023, de 6 de noviembre, FJ 4; o 92/2024, de 18 de junio , FJ 2); dignidad que constituye un derecho inviolable de todo ser humano, tal y como proclama, entre otros, el art. 1 de la Carta de losDerechos fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2000 y, por consiguiente, también es predicable en el entorno laboral, al tener el trabajador como derecho elde "trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad"( art.31.1 CDFUE ). (...) También es preciso recordar, en relación con el control judicial a desarrollar bajo la invocación de haber sufrido acoso laboral, con la lesión que ello implica del art. 15 CE , que en tales casos, si bien puede quedar comprometido el derecho a la tutelajudicial efectiva ( art. 24.1CE ), en el sentido de que es preciso una motivación reforzada,dadala trascendencia de los valores y derechos fundamentales en liza en la que se exterioriceel nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamentoylos fines perseguidos con la regulación del acoso laboral, esa eventual infracción del art. 24.1 CE quedaría subsumida en la del derecho sustantivo ( STC 56/2019, FJ 3)."

SEGUNDO- Respecto a la referencia hecha al "conflicto" como algo inherentea a las relaciones humanas ínsitas en las relaciones de trabajo, de imposible eliminación

En efecto, ni se puede ni se debe, cuando se trata de conflictos puramente laborales. Pero cuando tienen una dimensión de "conflicto psicosocial",con raíz laboral, claro, pero escalada psicosocial, entonces, la empresa debe adoptar y apurar todas las medidas para su corrección, al margen de que las decisiones de superiores sean legales o no. Si son ilegales no es un conflicto psicosocial, es un incumplimiento laboral. Si es psicosocial, esto es, con relevancia de salud -y lo es porque se repite y genera daños, o se abre a ser susceptible de generarlos por su persistencia, art. 1 Convenio 190 OIT-, entonces, se tienen que apurar todos los medios.

No debe olvidarse , que conforme a la jurisprudencia social española (ej. STS 544/2018,17 de mayo, entre otras posteriores), así como a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( STJCE 15 de noviembre de 2001, Asunto C-49/00. y STJUE, Gran Sala, de 9 de marzo de 2021, C-344/19), los factores y riesgos laborales incluidos en la normativa de seguridad y salud en los entornos de trabajo abarcan también a los denominados "riesgos psicosociales". Nuestra doctrina viene siendo clara igualmente, como no podía ser de otro modo, en este sentido inclusivo, desde hace, además, largo tiempo (ej. Sentencia de 10 de junio de 2016, Rec. 350/2016).El acoso moral en el trabajo está considerado como uno de los riesgos psicosociales relacionado con las condiciones y entornos de trabajo.

Por tanto , ninguna duda existe, hoy, de la prevalencia de la tutela preventiva de los riesgos psicosociales, entre los que se encuentra la violencia y el acoso en los entornos de trabajo. Esta línea ha sido ya seguida por esta misma Sala en nuestras sentencias de 16 de octubre de 2020 ( Rec. 673/2020), de 17 de mayo de 2019 ( Rec. 1647/2018), de 17 de febrero de 2017 ( Recurso 1128/2016) y sentencia de 10 de junio de 2016 ( recurso 350/2016). También por otras Salas sociales como la del País Vasco, en sus sentencias de 22 de marzo de 2016 (Recurso 392/2016) (Rec. 392/20016) o la Sentencia del TSJ de Catalunya de 20 de noviembre de 2017( Resolución nº 7055/2017).

Recuérdese que decíamos en nuestra sentencia de 17 de mayo de 2019 (Rec. 1647/2018 ) en aquel caso en demanda planteada frente a otro Consistorio, el Ayuntamiento de Las Palmas, en relación a la importancia de la prevención de riesgos y más específicamente a la utilidad y eficacia de herramientas como el protocolo de acoso, cuando se plantean denuncias de este tipo ante una Administración Pública, como sucedió en nuestro caso:

" El Protocolo se erige de este modo en instrumento de actuación frente a situaciones de violencia laboral integrada en el sistema general de gestión de la empresa.

El Protocolo no es más que un procedimiento, una forma de analizar una denunciade posible existencia de conducta de acoso. La pasividad de la empresa frente a la denuncia comporta su incumplimiento, constitutivo de infracción grave ( artículo 12.16LISOS ).

La activación del Protocolo permite la investigación de los hechos y sedirigeaofreceruna respuesta apropiada, pero no garantiza que lo sea. Si el procedimiento sigue rectamentesu cauce la decisión que en el mismo recaiga nunca podrá tacharse de infractoradela normativa de prevención, al margen de su acierto.

La infracción podría haberse cometido antes -la activación del Protocolo evidencia la posibilidad de una actuación preventiva fracasada- o después por falta de implementación de las medidas que a su término en su caso se dispongan.

Pues bien, siendo el Protocolo frente al acoso laboral cauce que permite a la empresa averiguar la realidad de unos hechos denunciados a fin de arbitrar las medidas de reacción oportunas dando cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, responde a la lógica que en cualquier momento a lo largo del procedimiento, atendidas las evidencias obtenidas, pueda decidirse tenerlo por concluido"

TERCERO- Respecto a la referencia a que: la mera alegación de la ausencia de evaluación de riesgos no permite establecer el nexo causal determinante de la pretensión indemnizatoria, puesto que, la evaluación de riesgos no puede considerarse como una medida preventiva por sí misma.

En mi opinión, ello entra en conflicto con la literalidad contenida en el art. 16 LPRL que considera, directamente , la evaluación de riesgos como una medida preventiva básica, elemental. Estamos ante una condición necesaria pues no se puede hacer prevención primaria sin evaluar, por eso es un incumplimiento calificado de grave que si genera riesgos graves e inminentes se convierte en muy grave, abriendo, incluso, la vía penal ( art. 317 CP) .

Pero, entonces si no hay evaluación, si no hay protocolos de gestión de la violencia en clave psicosocial, como se exige en el art. 9 Convenio 190 OIT, si no hay previsión de riesgos, ni medidas planificadas que dependen de la evaluación, ¿ Cómo puede decirse que su existencia no hubiera cambiado nada? Si no se evalúa ni se pone en marcha protocolo alguno de actuación ¿Cómo se puede saber que de existir no hubiera servido para nada?

A mi entender, se infravalora el papel de la evaluación de riesgos psicosociales, la actividad preventiva, así como la aplicación de procedimiento de gestión de este tipo de problemas que podría servir como factor si no excluyente sí minorador de su responsabilidad.

Y aunque, efectivamente, la gestión preventiva nunca es una condición suficiente para evitar el problema, sí es necesaria, pues sin ella, no hay opción de gestión eficaz. Peroes que, además, como se sabe, y dice la Doctrina constitucional (por todas, la STC 56/2019, 6 de mayo), el protocolo de gestión de conflictos psicosociales asociados a violencia y/o acoso, como dice también el Convenio 190 OIT, son un instrumento útil. Y, aunque es posible que no resuelvan el problema lo que sí es claro es que, sin ellos, el problema se agrava. Y se pierde una oportunidad o expectativa razonable de solución.

Y, por último, también considero incumplidos los mandatos jurisprudenciales contenidos, entre otras , en la STS de 4 de mayo de 2015 (Rec. 1281/2014 ) en la que el Alto Tribunal nos recuerda:

" En orden a como debe probarse o acreditarse haberse agotado "toda" ladiligencia exigible y a quien incumbe la carga de la prueba, se establece que <, del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv , tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia queparael empresariodemostrarlaconcurrenciadeésta]

(...) el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente >>,(...)

La expuesta doctrina jurisprudencial, -- como recuerdan, entre otras, las SSTS/IV 24-enero2012 (rcud 813/2011) (RJ 2012, 3355 ) y 9-junio- 2014 (rcud 871/2012 ) (RJ 2014,3203)--, se ha reflejado fielmente en la posterior y ahora vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( Ley 36/2011 de 10-octubre (RCL 2011, 1845) - LRJS ), en su art. 96.2 (...)

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto ahora enjuiciado evidencia queel empresario, como deudor de seguridad, no ha cumplido con su obligación de proporcionar a la trabajadora una protección eficaz en materia de seguridad e higiene al no acreditar ha adoptado " las medidas de protección necesarias , cualesquiera que ellas fueren " para impedir el accidente, puesto que aunque el deudor de seguridad concierte con entidades especializadas en prevención complementaria , no protegió a la trabajadora " frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias ", no acreditando haber agotado " toda"la diligencia exigible, evidenciándose el " fracaso de la acción preventiva a que elempresario está obligado [porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable ] ".

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, con testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para Unificación de doctrina, que se preparará por las partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011 de 11 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del recurso, el depósito de 600 € previsto en el artículo 229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º, así como así como el importe de la condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230, presentando los correspondientes resguardos acreditativos de haberse ingresado en el BANCO DE SANTANDER c/c Las Palmas nº 3537/0000/66/1185/23 el nº de expediente compuesto por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos del año al que corresponde el expediente pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:

IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la Transferencia los 16 dígitos que corresponden al procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.