Sentencia Social 733/2026 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2389/2025 de 28 de abril del 2026

PRIMERO.-El demandante recurre en suplicación la sentencia de instancia que, estimando parcialmente la demanda, declaró la improcedencia de su despido disciplinario, efectuado el 8 de mayo 2025. Insiste en la pretensión de nulidad de la decisión empresarial, con la condena de la empresa a las consecuencias legales y al pago de una indemnización adicional de 32.501€.

El Ministerio Fiscal y la empresa demandada, Digi Spain TelecomSLU (en adelante DIGI), impugnan el recurso para defender el acierto de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social.

La declaración judicial de improcedencia se fundó en que la empresa concedió al demandante trámite de audiencia previa por solo 24 horas cuando el convenio colectivo del sector establece un plazo de 3 días, y los hechos imputados tienen en el convenio colectivo una calificación menos grave que la atribuida por la demandada o responden a causa no disciplinaria.

SEGUNDO.-1.- En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la supresión del hecho probado cuarto.

Para fundar la petición expone:

i.- La sentencia declara probado un hecho a partir de un documento declarado ilegible por el propio órgano judicial en la providencia de 14 de octubre de 2025 (acontecimiento 110 del expediente judicial electrónico) y en la diligencia de ordenación de 20 de octubre de 2025 (acontecimiento 120), a las que las respuestas dadas por DIGI, incluida la transcripción presentada por ésta (acontecimientos 116 y 126), no pueden servir para acreditar el texto, pues "no siendo legible se da por probado el contenido de un documento confeccionado por la parte demandada, o por su propio letrado a posteriori". Ningún medio de prueba presentó la demandada para respaldar el documento.

ii.- Hay incongruencias entre el relato fáctico de la sentencia y las manifestaciones realizadas en el juicio por el Supervisor de la empresa, que declaró en el juicio en calidad de parte, no de testigo como recoge la sentencia. Aquel aludió a una segunda queja de la clienta por correo electrónico de la que no se tiene conocimiento y no consta que asignara la instalación a otro trabajador sino que el mismo la realizara (acontecimientos 37 y 38).

iii.- El hecho cuestionado "nada aporta para la fundamentación utilizada por el Juzgador", que declara la improcedencia por defectos en el cumplimiento del trámite de audiencia previa y por atribuir menos gravedad a las faltas imputadas.

2.- Al intento revisor del demandante se oponen el Ministerio Fiscal y la empresa DIGI. Aquél considera que la sentencia procede a una valoración correcta de la prueba practicada. La demandada manifiesta que puso los medios para facilitar al órgano judicial la adecuada comprensión de la queja presentada por la clienta, cuyo contenido es posible conocer y se refuerza por otros medios de prueba practicados: la declaración del supervisor y de la encargada de recursos humano, los demás documentos presentados, entre ellos los partes de instalación.

3.- Para dar respuesta a esta y a la siguiente petición revisora resulta preciso tener presente que en el proceso laboral es el Juzgador de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso - art. 97.2 LJS -. La doctrina, formada sobre todo en el examen de recursos de casación ordinaria pero aplicable al recurso de suplicación, por ser también un medio de impugnación extraordinario, ha fijado una serie de requisitos comunes (la diferencia entre el recurso de casación ordinaria y el de suplicación es que en aquél los hechos probados solo pueden modificarse con la prueba documental practicada y en la suplicación también se admite la prueba pericial practicada). En las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021 (rec. 195/2021), 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014), entre muchas otras, se precisan esas características y requisitos:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

b) Expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario (...) sino el ordinario de apelación.

c) La revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.

d) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente.

e) Que sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva.

4.- La supresión solicitada debe desestimarse pues descansa en una valoración alternativa de los acontecimientos y medios de convicción aportados:

i.- La asunción en el hecho probado cuarto de la queja presentada por la clienta, reflejando su contenido literal, es el resultado de una valoración efectuada por el Juzgador de instancia después de los requerimientos realizados a la empresa para conseguir una mejor legibilidad de esa reclamación. Dispuso de la queja en varios formatos, de la transcripción aportada por la demandada y, asimismo, contó con otros medios probatorios relacionados con el suceso, entre ellos, el parte de instalación, y la declaración del supervisor de la demandada, que inicialmente iba a declarar como testigo pero por su conocimiento directo de los hechos fue presentado para responder a las preguntas del demandante en el interrogatorio de parte propuesto por ésta. El órgano judicial tuvo a su disposición medios de convencimiento suficientes para formar una convicción fundada sobre la queja y sus términos. El resultado de su examen se ajusta a las amplias facultades que tiene legalmente atribuidas en esta materia (art. 97.2 LJS) .

ii.- El recurso incorpora en el intento revisor una valoración alternativa de las pruebas, en la que incluye la declaración prestada por el supervisor de la demandada. Ni cabe este tipo de valoraciones, ni el interrogatorio de parte o la prueba testifical son medios con aptitud para reformar el relato fáctico.

iii.- La sentencia en el relato de hechos probados debe consignar todos los que sean relevantes para fundar la decisión del Juzgado y también para que los Tribunales que en fase de recurso conozcan del asunto puedan dar respuesta a las cuestiones que se les planteen. El contenido de la queja es sin duda un hecho de interés que debe figurar.

TERCERO.-1.- En el segundo motivo de recurso, por idéntico cauce procesal que el anterior, el demandante solicita ampliar el hecho sexto para que su redacción sea la siguiente (en cursiva el texto añadido):

''SEXTO.-Como consecuencia de todo ello, la empresa informó al demandante de la concesión de un trámite de audiencia en los siguientes términos en relación con los hechos que se relacionaban y que podrían ser constitutivos de infracciones disciplinarias: "la Empresa le otorga un plazo improrrogable de 24 horas de audiencia previa, para que realice las alegaciones y/o comentarios que estime convenientes, DIRECCION000. Le recordamos que durante ese período, se encontrarán suspendidos todos los plazo de prescripción". Requiriéndole, en ese mismo momento, la entrega inmediata de los materiales y dispositivos que le fueron proporcionados al inicio de la relación laboral, así como el consiguiente corte de acceso a los programas de la empresa utilizados por el trabajador.

El demandante no presentó ningún escrito de alegaciones. ''

Basa la petición en la declaración testifical de la encargada de recursos humanos de la demandada. Alega también que solicitó y el órgano judicial admitió la aportación por la demandada de documentos sobre órdenes de servicios recibidos, correos enviados por el demandante, llamadas realizadas por éste, registro de GPS del vehículo que utilizó y registro de conexiones a la aplicación de Digi por parte del trabajador (acontecimientos 42 y 64). Son documentos fundamentales para justificar la indefensión generada al trabajador desde el momento de la concesión del trámite de audiencia y la empresa no los presentó por lo que se le tiene por confesa.

2.- La empresa rechaza la indefensión alegada de contrario y pone el acento en la falta de solicitud por el demandante durante el trámite de audiencia de documentación alguna. "No existe un nexo causal entre la retirada de los dispositivos y materiales corporativos y una efectiva limitación del derecho de defensa del trabajador, ya que este disponía de medios alternativos razonables para preparar sus alegaciones, formular oposición y solicitar la práctica de pruebas (...)".

3.- La solicitud del trabajador no cumple las condiciones antes referidas para prosperar. La adición propuesta se sustenta en el testimonio prestado por la encargada de recursos humanos de la demandada, medio de prueba que no es apto para alterar el relato judicial. No obstante, la empresa no niega "la retirada de los dispositivos y materiales corporativos" y por el contrario en el escrito de impugnación la viene a admitir, por lo que debe aceptarse que la empresa le retiró "los materiales y dispositivos que le habían sido proporcionados para el desempeño de sus funciones".

Las alegaciones del demandante sobre el incumplimiento por la demandada del requerimiento realizado por el órgano judicial para la aportación de medios de prueba solicitados por el demandante constituyen una cuestión distinta. No son objeto del cauce previsto en el art. 193 b ) LJS, habilitado solo para la revisión de los hechos probados mediante la prueba documental o pericial practicada. Carecen por ello de eficacia y, además, omiten consideraciones importantes, pues a raíz del mandato judicial la empresa para cumplirlo aportó diversa documentación (acontecimientos 78 a 82, 91 y 92), que el demandante tachó de incompleta e insuficiente (acontecimiento 108), por lo que el Juzgado dispuso de elementos suficientes para formarse un criterio cabal sobre el grado de cumplimiento por la empresa del requerimiento realizado en el proceso.

CUARTO.-1. En el tercer motivo de recurso, por la vía procesal habilitada en el art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción de los arts. 18 y 24 CE, en relación con los arts. 54 Y 55 del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia sobre el trámite de audiencia previa al despido disciplinario; en concreto, cita la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, en conexión con el art. 7 del Convenio núm. 158 de la OIT así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 94/2014, de 1 de abril de 2014. Para fundar la nulidad del despido alega que fue privado por la demandada de los medios necesarios para defenderse y, asimismo que se vulneró su derecho al honor al consignar la carga de despido hechos falsos.

2. El Ministerio Fiscal, por el contrario, considera que la sentencia se ajusta a la normativa y jurisprudencia de aplicación. Igualmente, la empresa DIGI niega la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador y descarta la existencia de indefensión en el trabajador.

3. La sentencia de instancia tras analizar con detalle la actuación de ambas partes, llega a la conclusión de la inexistencia de indicios de vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, quien alegaba represalia empresarial por la previa presentación de una queja contra el supervisor y una solicitud de traslado así como la violación de su derecho de defensa. El órgano judicial señala además, que "si existen motivos reales y acreditados que explican la decisión de la empresa de proceder al despido del demandante, aun cuando los mismos por razones diversas puedan no justificar la procedencia del despido".

El recurso no desautoriza el análisis efectuado en la sentencia. El defectuoso cumplimiento por la demandada del trámite de audiencia previa al despido, al conceder un plazo de 24 horas frente al de 3 días laborables establecido en el art. 54 del Convenio Colectivo de sector Industria del Metal del Principado de Asturias, determina la improcedencia del despido conforme a lo dispuesto en el art. 55.1 y 4 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta solución no contraría la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024 de 18 de noviembre, única de las dos citadas en el recurso que tiene aptitud para fundar una denuncia de infracción de jurisprudencia ya que las dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia no pueden formar jurisprudencia ( art. 1.6 del Código Civil). Declara que la audiencia previa al despido, exigida por el art. 7 del Convenio 158 de la OIT, constituye un requisito directamente aplicable y exigible, pero no sienta que su incumplimiento ocasione la nulidad del despido.

En el supuesto ahora objeto de examen, el convenio colectivo del sector impone ese requisito y la empresa procedió a un cumplimiento defectuoso, circunstancias que encajan el supuesto en el art. 55.1 y 4 del Estatuto de los Trabajadores que considera improcedente el despido realizado con defectos de forma en la carta de despido o inobservancia de otros requisitos formales establecidos en el convenio colectivo de aplicación.

Las alegaciones de indefensión del recurrente deben matizarse pues tuvo oportunidad de activar los medios de prueba convenientes para oponerse al despido. La sentencia de instancia pone de manifiesto el ejercicio del derecho de defensa por el trabajador en condiciones suficientes para desechar la violación del derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE.

No cabe, por otra parte, considerar afectado su derecho al honor. Los hechos imputados en la carta de despido consisten en la queja presentada por una clienta sobre irrespetuoso comportamiento por parte del demandante y en el incumplimiento del horario de trabajo. La sentencia declara probada la realidad de esa queja, reveladora de falta de respeto a la clienta; sobre el horario constata que si bien el trabajador puso término a su jornada antes de la hora de finalización de la jornada laboral, obedeció a una circunstancia -la terminación de las instalaciones encomendadas para ese día- que justificaba la actuación del trabajador. Aunque la sentencia, a partir del catálogo de faltas del Convenio Colectivo, declara que el demandante no cometió una falta sancionable con el despido, su examen del caso descarta que la iniciativa empresarial atente contra el honor del demandante vulnerando el art. 18.1 CE.

Por lo expuesto.

PRIMERO.-El demandante recurre en suplicación la sentencia de instancia que, estimando parcialmente la demanda, declaró la improcedencia de su despido disciplinario, efectuado el 8 de mayo 2025. Insiste en la pretensión de nulidad de la decisión empresarial, con la condena de la empresa a las consecuencias legales y al pago de una indemnización adicional de 32.501€.

El Ministerio Fiscal y la empresa demandada, Digi Spain TelecomSLU (en adelante DIGI), impugnan el recurso para defender el acierto de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social.

La declaración judicial de improcedencia se fundó en que la empresa concedió al demandante trámite de audiencia previa por solo 24 horas cuando el convenio colectivo del sector establece un plazo de 3 días, y los hechos imputados tienen en el convenio colectivo una calificación menos grave que la atribuida por la demandada o responden a causa no disciplinaria.

SEGUNDO.-1.- En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la supresión del hecho probado cuarto.

Para fundar la petición expone:

i.- La sentencia declara probado un hecho a partir de un documento declarado ilegible por el propio órgano judicial en la providencia de 14 de octubre de 2025 (acontecimiento 110 del expediente judicial electrónico) y en la diligencia de ordenación de 20 de octubre de 2025 (acontecimiento 120), a las que las respuestas dadas por DIGI, incluida la transcripción presentada por ésta (acontecimientos 116 y 126), no pueden servir para acreditar el texto, pues "no siendo legible se da por probado el contenido de un documento confeccionado por la parte demandada, o por su propio letrado a posteriori". Ningún medio de prueba presentó la demandada para respaldar el documento.

ii.- Hay incongruencias entre el relato fáctico de la sentencia y las manifestaciones realizadas en el juicio por el Supervisor de la empresa, que declaró en el juicio en calidad de parte, no de testigo como recoge la sentencia. Aquel aludió a una segunda queja de la clienta por correo electrónico de la que no se tiene conocimiento y no consta que asignara la instalación a otro trabajador sino que el mismo la realizara (acontecimientos 37 y 38).

iii.- El hecho cuestionado "nada aporta para la fundamentación utilizada por el Juzgador", que declara la improcedencia por defectos en el cumplimiento del trámite de audiencia previa y por atribuir menos gravedad a las faltas imputadas.

2.- Al intento revisor del demandante se oponen el Ministerio Fiscal y la empresa DIGI. Aquél considera que la sentencia procede a una valoración correcta de la prueba practicada. La demandada manifiesta que puso los medios para facilitar al órgano judicial la adecuada comprensión de la queja presentada por la clienta, cuyo contenido es posible conocer y se refuerza por otros medios de prueba practicados: la declaración del supervisor y de la encargada de recursos humano, los demás documentos presentados, entre ellos los partes de instalación.

3.- Para dar respuesta a esta y a la siguiente petición revisora resulta preciso tener presente que en el proceso laboral es el Juzgador de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso - art. 97.2 LJS -. La doctrina, formada sobre todo en el examen de recursos de casación ordinaria pero aplicable al recurso de suplicación, por ser también un medio de impugnación extraordinario, ha fijado una serie de requisitos comunes (la diferencia entre el recurso de casación ordinaria y el de suplicación es que en aquél los hechos probados solo pueden modificarse con la prueba documental practicada y en la suplicación también se admite la prueba pericial practicada). En las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021 (rec. 195/2021), 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014), entre muchas otras, se precisan esas características y requisitos:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

b) Expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario (...) sino el ordinario de apelación.

c) La revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.

d) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente.

e) Que sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva.

4.- La supresión solicitada debe desestimarse pues descansa en una valoración alternativa de los acontecimientos y medios de convicción aportados:

i.- La asunción en el hecho probado cuarto de la queja presentada por la clienta, reflejando su contenido literal, es el resultado de una valoración efectuada por el Juzgador de instancia después de los requerimientos realizados a la empresa para conseguir una mejor legibilidad de esa reclamación. Dispuso de la queja en varios formatos, de la transcripción aportada por la demandada y, asimismo, contó con otros medios probatorios relacionados con el suceso, entre ellos, el parte de instalación, y la declaración del supervisor de la demandada, que inicialmente iba a declarar como testigo pero por su conocimiento directo de los hechos fue presentado para responder a las preguntas del demandante en el interrogatorio de parte propuesto por ésta. El órgano judicial tuvo a su disposición medios de convencimiento suficientes para formar una convicción fundada sobre la queja y sus términos. El resultado de su examen se ajusta a las amplias facultades que tiene legalmente atribuidas en esta materia (art. 97.2 LJS) .

ii.- El recurso incorpora en el intento revisor una valoración alternativa de las pruebas, en la que incluye la declaración prestada por el supervisor de la demandada. Ni cabe este tipo de valoraciones, ni el interrogatorio de parte o la prueba testifical son medios con aptitud para reformar el relato fáctico.

iii.- La sentencia en el relato de hechos probados debe consignar todos los que sean relevantes para fundar la decisión del Juzgado y también para que los Tribunales que en fase de recurso conozcan del asunto puedan dar respuesta a las cuestiones que se les planteen. El contenido de la queja es sin duda un hecho de interés que debe figurar.

TERCERO.-1.- En el segundo motivo de recurso, por idéntico cauce procesal que el anterior, el demandante solicita ampliar el hecho sexto para que su redacción sea la siguiente (en cursiva el texto añadido):

''SEXTO.-Como consecuencia de todo ello, la empresa informó al demandante de la concesión de un trámite de audiencia en los siguientes términos en relación con los hechos que se relacionaban y que podrían ser constitutivos de infracciones disciplinarias: "la Empresa le otorga un plazo improrrogable de 24 horas de audiencia previa, para que realice las alegaciones y/o comentarios que estime convenientes, DIRECCION000. Le recordamos que durante ese período, se encontrarán suspendidos todos los plazo de prescripción". Requiriéndole, en ese mismo momento, la entrega inmediata de los materiales y dispositivos que le fueron proporcionados al inicio de la relación laboral, así como el consiguiente corte de acceso a los programas de la empresa utilizados por el trabajador.

El demandante no presentó ningún escrito de alegaciones. ''

Basa la petición en la declaración testifical de la encargada de recursos humanos de la demandada. Alega también que solicitó y el órgano judicial admitió la aportación por la demandada de documentos sobre órdenes de servicios recibidos, correos enviados por el demandante, llamadas realizadas por éste, registro de GPS del vehículo que utilizó y registro de conexiones a la aplicación de Digi por parte del trabajador (acontecimientos 42 y 64). Son documentos fundamentales para justificar la indefensión generada al trabajador desde el momento de la concesión del trámite de audiencia y la empresa no los presentó por lo que se le tiene por confesa.

2.- La empresa rechaza la indefensión alegada de contrario y pone el acento en la falta de solicitud por el demandante durante el trámite de audiencia de documentación alguna. "No existe un nexo causal entre la retirada de los dispositivos y materiales corporativos y una efectiva limitación del derecho de defensa del trabajador, ya que este disponía de medios alternativos razonables para preparar sus alegaciones, formular oposición y solicitar la práctica de pruebas (...)".

3.- La solicitud del trabajador no cumple las condiciones antes referidas para prosperar. La adición propuesta se sustenta en el testimonio prestado por la encargada de recursos humanos de la demandada, medio de prueba que no es apto para alterar el relato judicial. No obstante, la empresa no niega "la retirada de los dispositivos y materiales corporativos" y por el contrario en el escrito de impugnación la viene a admitir, por lo que debe aceptarse que la empresa le retiró "los materiales y dispositivos que le habían sido proporcionados para el desempeño de sus funciones".

Las alegaciones del demandante sobre el incumplimiento por la demandada del requerimiento realizado por el órgano judicial para la aportación de medios de prueba solicitados por el demandante constituyen una cuestión distinta. No son objeto del cauce previsto en el art. 193 b ) LJS, habilitado solo para la revisión de los hechos probados mediante la prueba documental o pericial practicada. Carecen por ello de eficacia y, además, omiten consideraciones importantes, pues a raíz del mandato judicial la empresa para cumplirlo aportó diversa documentación (acontecimientos 78 a 82, 91 y 92), que el demandante tachó de incompleta e insuficiente (acontecimiento 108), por lo que el Juzgado dispuso de elementos suficientes para formarse un criterio cabal sobre el grado de cumplimiento por la empresa del requerimiento realizado en el proceso.

CUARTO.-1. En el tercer motivo de recurso, por la vía procesal habilitada en el art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción de los arts. 18 y 24 CE, en relación con los arts. 54 Y 55 del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia sobre el trámite de audiencia previa al despido disciplinario; en concreto, cita la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, en conexión con el art. 7 del Convenio núm. 158 de la OIT así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 94/2014, de 1 de abril de 2014. Para fundar la nulidad del despido alega que fue privado por la demandada de los medios necesarios para defenderse y, asimismo que se vulneró su derecho al honor al consignar la carga de despido hechos falsos.

2. El Ministerio Fiscal, por el contrario, considera que la sentencia se ajusta a la normativa y jurisprudencia de aplicación. Igualmente, la empresa DIGI niega la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador y descarta la existencia de indefensión en el trabajador.

3. La sentencia de instancia tras analizar con detalle la actuación de ambas partes, llega a la conclusión de la inexistencia de indicios de vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, quien alegaba represalia empresarial por la previa presentación de una queja contra el supervisor y una solicitud de traslado así como la violación de su derecho de defensa. El órgano judicial señala además, que "si existen motivos reales y acreditados que explican la decisión de la empresa de proceder al despido del demandante, aun cuando los mismos por razones diversas puedan no justificar la procedencia del despido".

El recurso no desautoriza el análisis efectuado en la sentencia. El defectuoso cumplimiento por la demandada del trámite de audiencia previa al despido, al conceder un plazo de 24 horas frente al de 3 días laborables establecido en el art. 54 del Convenio Colectivo de sector Industria del Metal del Principado de Asturias, determina la improcedencia del despido conforme a lo dispuesto en el art. 55.1 y 4 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta solución no contraría la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024 de 18 de noviembre, única de las dos citadas en el recurso que tiene aptitud para fundar una denuncia de infracción de jurisprudencia ya que las dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia no pueden formar jurisprudencia ( art. 1.6 del Código Civil). Declara que la audiencia previa al despido, exigida por el art. 7 del Convenio 158 de la OIT, constituye un requisito directamente aplicable y exigible, pero no sienta que su incumplimiento ocasione la nulidad del despido.

En el supuesto ahora objeto de examen, el convenio colectivo del sector impone ese requisito y la empresa procedió a un cumplimiento defectuoso, circunstancias que encajan el supuesto en el art. 55.1 y 4 del Estatuto de los Trabajadores que considera improcedente el despido realizado con defectos de forma en la carta de despido o inobservancia de otros requisitos formales establecidos en el convenio colectivo de aplicación.

Las alegaciones de indefensión del recurrente deben matizarse pues tuvo oportunidad de activar los medios de prueba convenientes para oponerse al despido. La sentencia de instancia pone de manifiesto el ejercicio del derecho de defensa por el trabajador en condiciones suficientes para desechar la violación del derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE.

No cabe, por otra parte, considerar afectado su derecho al honor. Los hechos imputados en la carta de despido consisten en la queja presentada por una clienta sobre irrespetuoso comportamiento por parte del demandante y en el incumplimiento del horario de trabajo. La sentencia declara probada la realidad de esa queja, reveladora de falta de respeto a la clienta; sobre el horario constata que si bien el trabajador puso término a su jornada antes de la hora de finalización de la jornada laboral, obedeció a una circunstancia -la terminación de las instalaciones encomendadas para ese día- que justificaba la actuación del trabajador. Aunque la sentencia, a partir del catálogo de faltas del Convenio Colectivo, declara que el demandante no cometió una falta sancionable con el despido, su examen del caso descarta que la iniciativa empresarial atente contra el honor del demandante vulnerando el art. 18.1 CE.

Por lo expuesto.

PRIMERO.-El demandante recurre en suplicación la sentencia de instancia que, estimando parcialmente la demanda, declaró la improcedencia de su despido disciplinario, efectuado el 8 de mayo 2025. Insiste en la pretensión de nulidad de la decisión empresarial, con la condena de la empresa a las consecuencias legales y al pago de una indemnización adicional de 32.501€.

El Ministerio Fiscal y la empresa demandada, Digi Spain TelecomSLU (en adelante DIGI), impugnan el recurso para defender el acierto de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social.

La declaración judicial de improcedencia se fundó en que la empresa concedió al demandante trámite de audiencia previa por solo 24 horas cuando el convenio colectivo del sector establece un plazo de 3 días, y los hechos imputados tienen en el convenio colectivo una calificación menos grave que la atribuida por la demandada o responden a causa no disciplinaria.

SEGUNDO.-1.- En el primer motivo de recurso, bajo la cobertura formal del art. 193 b ) LJS, solicita la supresión del hecho probado cuarto.

Para fundar la petición expone:

i.- La sentencia declara probado un hecho a partir de un documento declarado ilegible por el propio órgano judicial en la providencia de 14 de octubre de 2025 (acontecimiento 110 del expediente judicial electrónico) y en la diligencia de ordenación de 20 de octubre de 2025 (acontecimiento 120), a las que las respuestas dadas por DIGI, incluida la transcripción presentada por ésta (acontecimientos 116 y 126), no pueden servir para acreditar el texto, pues "no siendo legible se da por probado el contenido de un documento confeccionado por la parte demandada, o por su propio letrado a posteriori". Ningún medio de prueba presentó la demandada para respaldar el documento.

ii.- Hay incongruencias entre el relato fáctico de la sentencia y las manifestaciones realizadas en el juicio por el Supervisor de la empresa, que declaró en el juicio en calidad de parte, no de testigo como recoge la sentencia. Aquel aludió a una segunda queja de la clienta por correo electrónico de la que no se tiene conocimiento y no consta que asignara la instalación a otro trabajador sino que el mismo la realizara (acontecimientos 37 y 38).

iii.- El hecho cuestionado "nada aporta para la fundamentación utilizada por el Juzgador", que declara la improcedencia por defectos en el cumplimiento del trámite de audiencia previa y por atribuir menos gravedad a las faltas imputadas.

2.- Al intento revisor del demandante se oponen el Ministerio Fiscal y la empresa DIGI. Aquél considera que la sentencia procede a una valoración correcta de la prueba practicada. La demandada manifiesta que puso los medios para facilitar al órgano judicial la adecuada comprensión de la queja presentada por la clienta, cuyo contenido es posible conocer y se refuerza por otros medios de prueba practicados: la declaración del supervisor y de la encargada de recursos humano, los demás documentos presentados, entre ellos los partes de instalación.

3.- Para dar respuesta a esta y a la siguiente petición revisora resulta preciso tener presente que en el proceso laboral es el Juzgador de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso - art. 97.2 LJS -. La doctrina, formada sobre todo en el examen de recursos de casación ordinaria pero aplicable al recurso de suplicación, por ser también un medio de impugnación extraordinario, ha fijado una serie de requisitos comunes (la diferencia entre el recurso de casación ordinaria y el de suplicación es que en aquél los hechos probados solo pueden modificarse con la prueba documental practicada y en la suplicación también se admite la prueba pericial practicada). En las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2021 (rec. 195/2021), 22 de marzo de 2018 (rec. 41/2017) y 24 de septiembre de 2015 (rec. 309/2014), entre muchas otras, se precisan esas características y requisitos:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica.

b) Expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario (...) sino el ordinario de apelación.

c) La revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.

d) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente.

e) Que sea trascendente a los efectos del fallo, en tanto que no resulte inocua al objeto de determinar un posible cambio de sentido en la parte dispositiva.

4.- La supresión solicitada debe desestimarse pues descansa en una valoración alternativa de los acontecimientos y medios de convicción aportados:

i.- La asunción en el hecho probado cuarto de la queja presentada por la clienta, reflejando su contenido literal, es el resultado de una valoración efectuada por el Juzgador de instancia después de los requerimientos realizados a la empresa para conseguir una mejor legibilidad de esa reclamación. Dispuso de la queja en varios formatos, de la transcripción aportada por la demandada y, asimismo, contó con otros medios probatorios relacionados con el suceso, entre ellos, el parte de instalación, y la declaración del supervisor de la demandada, que inicialmente iba a declarar como testigo pero por su conocimiento directo de los hechos fue presentado para responder a las preguntas del demandante en el interrogatorio de parte propuesto por ésta. El órgano judicial tuvo a su disposición medios de convencimiento suficientes para formar una convicción fundada sobre la queja y sus términos. El resultado de su examen se ajusta a las amplias facultades que tiene legalmente atribuidas en esta materia (art. 97.2 LJS) .

ii.- El recurso incorpora en el intento revisor una valoración alternativa de las pruebas, en la que incluye la declaración prestada por el supervisor de la demandada. Ni cabe este tipo de valoraciones, ni el interrogatorio de parte o la prueba testifical son medios con aptitud para reformar el relato fáctico.

iii.- La sentencia en el relato de hechos probados debe consignar todos los que sean relevantes para fundar la decisión del Juzgado y también para que los Tribunales que en fase de recurso conozcan del asunto puedan dar respuesta a las cuestiones que se les planteen. El contenido de la queja es sin duda un hecho de interés que debe figurar.

TERCERO.-1.- En el segundo motivo de recurso, por idéntico cauce procesal que el anterior, el demandante solicita ampliar el hecho sexto para que su redacción sea la siguiente (en cursiva el texto añadido):

''SEXTO.-Como consecuencia de todo ello, la empresa informó al demandante de la concesión de un trámite de audiencia en los siguientes términos en relación con los hechos que se relacionaban y que podrían ser constitutivos de infracciones disciplinarias: "la Empresa le otorga un plazo improrrogable de 24 horas de audiencia previa, para que realice las alegaciones y/o comentarios que estime convenientes, DIRECCION000. Le recordamos que durante ese período, se encontrarán suspendidos todos los plazo de prescripción". Requiriéndole, en ese mismo momento, la entrega inmediata de los materiales y dispositivos que le fueron proporcionados al inicio de la relación laboral, así como el consiguiente corte de acceso a los programas de la empresa utilizados por el trabajador.

El demandante no presentó ningún escrito de alegaciones. ''

Basa la petición en la declaración testifical de la encargada de recursos humanos de la demandada. Alega también que solicitó y el órgano judicial admitió la aportación por la demandada de documentos sobre órdenes de servicios recibidos, correos enviados por el demandante, llamadas realizadas por éste, registro de GPS del vehículo que utilizó y registro de conexiones a la aplicación de Digi por parte del trabajador (acontecimientos 42 y 64). Son documentos fundamentales para justificar la indefensión generada al trabajador desde el momento de la concesión del trámite de audiencia y la empresa no los presentó por lo que se le tiene por confesa.

2.- La empresa rechaza la indefensión alegada de contrario y pone el acento en la falta de solicitud por el demandante durante el trámite de audiencia de documentación alguna. "No existe un nexo causal entre la retirada de los dispositivos y materiales corporativos y una efectiva limitación del derecho de defensa del trabajador, ya que este disponía de medios alternativos razonables para preparar sus alegaciones, formular oposición y solicitar la práctica de pruebas (...)".

3.- La solicitud del trabajador no cumple las condiciones antes referidas para prosperar. La adición propuesta se sustenta en el testimonio prestado por la encargada de recursos humanos de la demandada, medio de prueba que no es apto para alterar el relato judicial. No obstante, la empresa no niega "la retirada de los dispositivos y materiales corporativos" y por el contrario en el escrito de impugnación la viene a admitir, por lo que debe aceptarse que la empresa le retiró "los materiales y dispositivos que le habían sido proporcionados para el desempeño de sus funciones".

Las alegaciones del demandante sobre el incumplimiento por la demandada del requerimiento realizado por el órgano judicial para la aportación de medios de prueba solicitados por el demandante constituyen una cuestión distinta. No son objeto del cauce previsto en el art. 193 b ) LJS, habilitado solo para la revisión de los hechos probados mediante la prueba documental o pericial practicada. Carecen por ello de eficacia y, además, omiten consideraciones importantes, pues a raíz del mandato judicial la empresa para cumplirlo aportó diversa documentación (acontecimientos 78 a 82, 91 y 92), que el demandante tachó de incompleta e insuficiente (acontecimiento 108), por lo que el Juzgado dispuso de elementos suficientes para formarse un criterio cabal sobre el grado de cumplimiento por la empresa del requerimiento realizado en el proceso.

CUARTO.-1. En el tercer motivo de recurso, por la vía procesal habilitada en el art. 193 c ) LJS, denuncia la infracción de los arts. 18 y 24 CE, en relación con los arts. 54 Y 55 del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia sobre el trámite de audiencia previa al despido disciplinario; en concreto, cita la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024, de 18 de noviembre, en conexión con el art. 7 del Convenio núm. 158 de la OIT así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 94/2014, de 1 de abril de 2014. Para fundar la nulidad del despido alega que fue privado por la demandada de los medios necesarios para defenderse y, asimismo que se vulneró su derecho al honor al consignar la carga de despido hechos falsos.

2. El Ministerio Fiscal, por el contrario, considera que la sentencia se ajusta a la normativa y jurisprudencia de aplicación. Igualmente, la empresa DIGI niega la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador y descarta la existencia de indefensión en el trabajador.

3. La sentencia de instancia tras analizar con detalle la actuación de ambas partes, llega a la conclusión de la inexistencia de indicios de vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, quien alegaba represalia empresarial por la previa presentación de una queja contra el supervisor y una solicitud de traslado así como la violación de su derecho de defensa. El órgano judicial señala además, que "si existen motivos reales y acreditados que explican la decisión de la empresa de proceder al despido del demandante, aun cuando los mismos por razones diversas puedan no justificar la procedencia del despido".

El recurso no desautoriza el análisis efectuado en la sentencia. El defectuoso cumplimiento por la demandada del trámite de audiencia previa al despido, al conceder un plazo de 24 horas frente al de 3 días laborables establecido en el art. 54 del Convenio Colectivo de sector Industria del Metal del Principado de Asturias, determina la improcedencia del despido conforme a lo dispuesto en el art. 55.1 y 4 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta solución no contraría la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 1250/2024 de 18 de noviembre, única de las dos citadas en el recurso que tiene aptitud para fundar una denuncia de infracción de jurisprudencia ya que las dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia no pueden formar jurisprudencia ( art. 1.6 del Código Civil). Declara que la audiencia previa al despido, exigida por el art. 7 del Convenio 158 de la OIT, constituye un requisito directamente aplicable y exigible, pero no sienta que su incumplimiento ocasione la nulidad del despido.

En el supuesto ahora objeto de examen, el convenio colectivo del sector impone ese requisito y la empresa procedió a un cumplimiento defectuoso, circunstancias que encajan el supuesto en el art. 55.1 y 4 del Estatuto de los Trabajadores que considera improcedente el despido realizado con defectos de forma en la carta de despido o inobservancia de otros requisitos formales establecidos en el convenio colectivo de aplicación.

Las alegaciones de indefensión del recurrente deben matizarse pues tuvo oportunidad de activar los medios de prueba convenientes para oponerse al despido. La sentencia de instancia pone de manifiesto el ejercicio del derecho de defensa por el trabajador en condiciones suficientes para desechar la violación del derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE.

No cabe, por otra parte, considerar afectado su derecho al honor. Los hechos imputados en la carta de despido consisten en la queja presentada por una clienta sobre irrespetuoso comportamiento por parte del demandante y en el incumplimiento del horario de trabajo. La sentencia declara probada la realidad de esa queja, reveladora de falta de respeto a la clienta; sobre el horario constata que si bien el trabajador puso término a su jornada antes de la hora de finalización de la jornada laboral, obedeció a una circunstancia -la terminación de las instalaciones encomendadas para ese día- que justificaba la actuación del trabajador. Aunque la sentencia, a partir del catálogo de faltas del Convenio Colectivo, declara que el demandante no cometió una falta sancionable con el despido, su examen del caso descarta que la iniciativa empresarial atente contra el honor del demandante vulnerando el art. 18.1 CE.

Por lo expuesto.