Sentencia Social 4421/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6856/2024 de 28 de julio del 2025

PRIMERO.-Por la parte actora se formaliza recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 32 de Barcelona de 30 de agosto de 2024 desestimatoria de la pretensión actora, declarando la procedencia del despido disciplinario con efectos 26 de julio de 2023 notificado por la empresa demandada.

La parte recurrente insta en su recurso un motivo de revisión fáctica al amparo del art 193 b) de la LRJS y un motivo de censura jurídica al amparo del art 193 c) de la LRJS.

El recurso ha sido impugnado.

SEGUNDO.-Como motivo de revisión fáctica al amparo del art 193 b) de la LRJS la recurrente instó la eliminación del segundo párrafo del hecho probado-HEDP en adelante segundo de la sentencia, que contiene el siguiente tenor literal: "La empresa demandada recibió quejas de clientes respecto el trabajo realizado por la actora, especialmente por faltas de respecto de la actora hacia el cliente que realiza la llamada telefónica y por su falta de interés en resolver los problemas y ayudar a los clientes que atiende. Concretamente, esto tiene lugar en llamadas atendidas los días 20/06/23, 21/06/2023, 25/04/23, 03/05/23 y 09/05/23".

La recurrente alegó como fundamento de su pretensión los doc 13 a 15 de la empresa demandada.

Reiterada doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo exige como requisitos que deben concurrir para la revisión fáctica, resumidamente, los siguientes:

1) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido afirmado, negado u omitido en el relato fáctico, y se considere erróneo, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis, y sin que baste la disconformidad con el conjunto de ellos.

2) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa, de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas;

3) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos;

4) que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2.007 , 12 de marzo de 2.002 , 6 de julio de 2.004 , 20 de febrero de 2.007 , 8 de julio de 2.008 , 18 de enero , 25 de enero , 26 de enero , 8 de febrero , 31 de marzo , 15 y 19 de abril , y 30 de septiembre de 2.010).

A efectos revisores, los documentos aludidos sólo pueden ser aquellos aportados como medio de prueba, a través del cauce previsto al efecto, y que no hayan sido tenidos en cuenta por el juzgador. Tal como ha subrayado la doctrina constitucional, no se incluye el supuesto en que el órgano judicial, habiendo ponderado todos los elementos probatorios aportados al proceso, incluida la prueba documental, haya fijado los hechos que considere probados, los cuales no tienen por qué coincidir con los que la parte ha tratado de probar mediante prueba documental, sometida igual que las demás a la apreciación del juzgador "pues en tal supuesto el recurrente no trata de demostrar error en la apreciación de la prueba, sino de discrepar de la valoración que a los mismos ha dado el órgano judicial" ( STC 73/1990)".

La aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta conduce a la revisión instada parcial. La sentencia de instancia, incumpliendo lo preceptuado en el art 97.2 de la LRJS, no explicita el elemento probatorio concreto en el que fundamente la declaración como probado del relato a párrafo segundo del HEDP segundo. De la documental indicada por la propia recurrente, recogiendo el relato de hecho únicamente la existencia de quejas de clientes respecto del trabajo de la recurrente y sin perjuicio de su valoración en censura jurídica, las mismas constan únicamente de la documental aportada a doc 13-15 respecto de los días 25 de abril, 20 y 21 de junio de 2023, sin que exista a diferencia de lo que acontece con las tres fechas indicadas (así certificado a doc 14 de la empresa) elemento probatorio alguno que acredite la existencia de quejas de clientes los días 3 y 9 de mayo de 2023, no indicando la recurrida en su impugnación elemento probatorio en el que la sentencia de instancia, ante su parquedad, pudo fundamentar la existencia de dichas quejas.

En consecuencia, procede estimar parcialmente la revisión fáctica interesada, no acreditándose quejas de clientes respecto del trabajo de la recurrente los días 3 y 9 de mayo de 2023.

TERCERO.-Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social como motivo de censura jurídica alega el recurrente infracción de los arts 54 del ET en relación con los arts 73.4 y 74.10 del convenio colectivo aplicable (si bien de nuevo no consta declarado probado resulta ser el estatal de contact center). Y ello alegando no haber la empresa facilitado protocolo sobre el modo de atender llamadas de no ser de urgencia, existiendo en su caso 3 puntuales quejas de clientes que no justificarían la desobediencia ni el maltrato de palabra u obra imputado en la carta de despido, debiendo aplicarse en cualquier caso la teoría gradualista al no existir antecedente de sanción alguna ni gravedad en los hechos imputados.

La empresa recurrida en su escrito de impugnación, partiendo de los HEDP por la sentencia de instancia solicitó la confirmación de la misma ante la gravedad y reiteración de los incumplimientos de la parte recurrente en el ejercicio de sus funciones.

El examen de la censura jurídica formulada en el segundo motivo del recurso obliga a partir del relato de hechos probados no controvertido, así como de las infracciones reprochadas por la empresa a la parte actora en la carta de despido de 20 de julio de 2023, a la que se remite el HEDP cuarto de la sentencia con efectos 26 de julio de 2023:

-La parte demandante, con antigüedad de 25 de febrero de 2019, prestaba servicios para la empresa demandada realizando tareas de gestora telefónica, en concreto asistencia telefónica de emergencia en idioma francés.

-En términos estimados en la revisión fáctica, del relato contenido en la carta de despido disciplinario (siendo la alegación de prescripción de la infracción cuestión nueva alegada en recurso de suplicación), las únicas quejas tenidas como probadas en sentencia de instancia son las referidas a los días 25 de abril, 20 y 21 de junio de 2023.

La sentencia, tras una transcripción de doctrina judicial y citas legales, entiende que la parte actora no ha negado los hechos imputados en la carta de despido, lo que se contradice con la primera frase del hecho tercero de la demanda.

En cualquier caso, ni en el relato fáctico ni en fundamentación jurídica con valor fáctico y remitiéndose a prueba concreta de la practicada se valora la gravedad que se pretende en las quejas de los clientes.

Ello obliga a fijar la justificación del reproche disciplinario realizado por la empresa en su carta de despido. El mismo hace referencia al art 54.2 b) y e) del ET (b) "La indisciplina o desobediencia en el trabajo"y e) "La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado").

No existiendo relato fáctico alguno respecto de una disminución de rendimiento respecto del trabajo normal o pactado, respecto de la indisciplina la empresa alega infracción del art 73.4 del convenio colectivo aplicable (sin citarlo se entiende el estatal de contact center) que entiende como falta grave: "4. La desobediencia grave a los superiores en materia de trabajo y la réplica descortés a compañeros, compañeras, mandos o público. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, compañeros y compañeras de trabajo o público, se reputará muy grave.

Como segunda infracción se reprocha la muy grave del art 74.10 del convenio colectivo: "10. Los malos tratos de palabra o de obra, falta grave de respeto y consideración a las personas de sus superiores, compañeros, compañeras, personal a su cargo o familiares del mismo, así como a los clientes y a las personas en cuyos locales o instalaciones realizara su actividad y al personal de estas si lo hubiere".

-Partiendo del contenido de la carta de despido y de los HEDP revisados en suplicación, se ignora el motivo por el que la sentencia hace referencia al art 52 d) del ET, precepto que se incluía en sede de extinción objetiva del contrato de trabajo, por ello ajeno al despico disciplinario y derogado a fecha 26 de julio de 2023 del presente despido.

En cuanto a la pretendida desobediencia de la actora, la misma la sentencia la circunscribe únicamente al hecho de que siendo su sistema de trabajo híbrido de 3 semanas de teletrabajo y una presencial, no habría acudido a su centro de trabajo del 12 al 16 de junio de 2023 siendo requerida para justificar la ausencia sin hacerlo la recurrente.

Siendo ello así y frente a lo que se deduce de la sentencia de instancia al hacer mención al derogado art 52 d), la empresa no imputa a la actora una falta de asistencia injustificada al trabajo que supondría la infracción del art 74.3 del convenio aplicable sino una desobediencia por, prestando servicios laborales, haberlo hecho en formato teletrabajo y no presencial en la empresa. Dicha circunstancia, sin mayor sustento fáctico y con claro error jurídico en la sentencia de instancia no puede justificar la falta de desobediencia como muy grave del art 73.4 del convenio que exige: "...quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, compañeros y compañeras de trabajo o público, se reputará muy grave".

Respecto de la pretendida falta muy grave por malos tratos de palabra o de obra y falta grave de respeto y consideración respecto de clientes, la mera lectura de los hechos probados los días 25 de abril, 20 y 21 de junio de 2023 impide tener por acreditada la misma. No existiendo de nuevo mínima justificación en la fundamentación jurídica de la sentencia, de la transcripción escrita de las conversaciones mantenidas por la actora con los clientes (no consta reproducción de audio practicada en el acto de juicio, por lo que no pueden entenderse probadas las interrupciones o elevaciones de tono que recoge el doc 14), únicamente consta una atención por la actora a clientes que por error habrían llamado a su servicio de asistencia telefónica de emergencia al que estaba destinada, HEDP segundo, sin que conste expresión inadecuada, insulto u otra que justifique malos tratos de palabra o falta de respeto grave.

Junto con lo anterior no puede desconocerse que la actora, con antigüedad de 25 de febrero de 2019, no había sido objeto de previa sanción disciplinaria. Igualmente, no constando mal trato de palabra u ofensa a clientes en los tres puntuales días citados anteriormente (sin que conste el total número de llamadas atendidas diariamente por la actora) únicamente resultaría en autos en su caso acreditada una desobediencia derivada la prestación laboral de la actora (no imputándose ausencia injustificada al trabajo) durante la semana de trabajo presencial mensual del 12 al 16 de junio de 2023, constando el requerimiento empresarial recogido a HEDP tercero realizado el 4 de julio de 2023, no constando reacción alguna inmediata de la empresa evidenciando la ausencia del quebranto manifiesto de la disciplina o perjuicio notorio para la empresa a los efectos de que la falta de desobediencia grave del art 73.4 del convenio aplicable, que no justificaría la sanción por despido disciplinario, pudiera tener la consideración de muy grave.

Todo ello por lo antedicho en un contexto fáctico probado que, ni desde la imputación de las infracciones realizadas en carta de despido ni respecto de lo probado en sentencia justificaría la sanción de despido disciplinario; como entre muchas indica nuestra sentencia de 26 de mayo de 2014, recurso 1892/2014: "...La infracción de la teoría gradualista, como ya ha dicho esta Sala, en seguimiento de la teoría gradualista el despido disciplinario que contempla el art. 54 Estatuto de los Trabajadores únicamente procede cuando el trabajador haya incurrido en conductas de especial gravedad y trascendencia, pues no toda falta laboral o incumplimiento del mismo puede generar la sanción más grave que prevé el ordenamiento laboral que debe quedar reservada a aquellos comportamientos que evidencien una especial dosis de gravedad, en aplicación de la denominada teoría gradualista que obliga a guardar una adecuada proporcionalidad entre la sanción y la conducta sancionada, debiendo atenerse para su imposición a la entidad de la falta, así como a las circunstancias personales y profesionales de su autor, por el claro matiz subjetivista que la caracteriza ( Sentencia del Tribunal Supremo 16 de febrero de 1983 [RJ 1983\660] , SSTS de 13 [ RJ 1986, 6336] y 24-11-1986 [ RJ 1986 , 6500] , 17-11- 1988 [ RJ 1988, 8598 ] y 28-2-1990 [ RJ 1990, 1248] ).

En este sentido, la STS de 2-4-1992 ( RJ 1992, 2590) ), afirma que como obligan los más elementales principios de justicia, que exigen una perfecta proporcionalidad entre el hecho y su sanción, para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace ( Sentencia del Tribunal Supremo 12 septiembre 1986 [RJ 1986\4961]); lo que recuerda la más reciente sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2000 ( RJ 2000\9688 ), que se remite a la de 29 de enero de 1997 (RJ 1997\641), para poner de manifiesto que « las infracciones que tipifica el art. 54-2 del ET para erigirse en causa que justifique la sanción de despido han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficientes , lo que excluye su aplicación bajo nuevos criterios objetivos, exigiéndose análisis individualizados de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como los de su autor, ya que sólo desde esta perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción»; y en el mismo sentido la de 10 de noviembre de 1998 (RJ 1998\9550). ( STSJ 25 de Julio del 2011 ( ROJ: STSJ CAT 8919/2011 ) Recurso: 2391/2011 3813/2014".

Corolario de lo anterior y frente a lo concluido en sentencia de instancia, procede con estimación de la censura jurídica formalizada en sede de recurso la revocación de la sentencia y la declaración de improcedencia del despido disciplinario comunicado a la parte recurrente con efectos 26 de julio de 2023.

CUARTO.-Señala el art. 56 del ET que "1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera".

Respecto de las circunstancias laborales de la parte actora ha de estarse a las declaradas probadas a hecho primero: antigüedad de 25 de febrero de 2019, categoría profesional de gestora telefónica y salario anual bruto con prorrata de pagas extras de 16.488Ž73 euros (45Ž17 euros diarios).

Pues bien, teniendo en cuenta tales circunstancias laborales respecto de la parte demandante debe aplicarse la DTransitoria 5º de la Ley 3/12 que señala que "1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.

2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso".

En consecuencia, procede reconocer a la parte demandante la indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con prorrateo por meses de los periodos inferiores al año desde la antigüedad 25 de febrero de 2019 hasta la de efectos del despido el 26 de julio de 2023, por 4 años y 6 meses y 6.707Ž74 euros.

Respecto de los salarios de tramitación y en aplicación del art. 56.2 del ET procederán únicamente en el supuesto de que la empresa demandada opte por la readmisión expresa o tácita de la parte actora, por importe de 45Ž17 euros diarios.

QUINTO.-Interesada en el petitum del recurso la íntegra estimación de la demanda, en el petitum de la misma fue solicitada la "imposición de las costas del proceso a la parte demandada por no haber comparecido sin causa justificada a la conciliación".

El art 66.3 LRJS vigente a fecha de despido de la parte recurrente disponía: "3. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación".

Consta en autos como la empresa demandada, citada personalmente al acto de conciliación celebrado ante el CMAC en fecha 1 de agosto de 2023 no compareció al mismo sin que conste causa justificada para dicha incomparecencia, doc referencia 1.2 del expediente digital acompañado a la demanda.

Estimada la pretensión declarativa de improcedencia del despido instada en demanda, procede la imposición de las costas por incomparecencia ante el CMAC de la empresa, incluyendo los honorarios del letrado de la parte actora por importe de 500 euros.

SEXTO.-No procede imposición de costas a la recurrente al estimarse su recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación