Sentencia Social 290/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 15/2025 de 29 de enero del 2025

PRIMERO.- I.-Recurre la representación técnica del codemandado D. Fausto la sentencia que estima parcialmente la demanda interpuesta por Dn~a. Remedios contra el expresado, la Ciudad AutoŽnoma de Ceuta, D. Gerardo y Dn~a. Apolonia, declarando que la conducta del Sr. Fausto es constitutiva de una situacioŽn de acoso sexual; ordenando el cese de dicha conducta y condenando a D. Fausto a abonar a la actora la cantidad de 100.000 euros en concepto de indemnizacioŽn por los dan~os y perjuicios ocasionados.

II.-En lo que aquí interesa, respecto de la excepción de prescripción planteada por la representación del Sr. Fausto, en la resolución de primer grado se argumenta que a la acción ejercitada le es de aplicación el plazo prescriptivo de un año, cuyo cómputo se habría iniciado en la fecha en la que está datado el último de los hechos constitutivos de acoso, el 3 de noviembre de 2021, si bien el plazo en cuestión se habría visto interrumpido por la interposición por la trabajadora de denuncia ante la Ciudad Autónoma, el 22 de noviembre de 2021, por cuanto que supone una reclamación extrajudicial ante quienes entendía los responsables de la situación, el Sr. Fausto y la Ciudad Autónoma, considerándose, asimismo, interrumpido el meritado plazo por la tramitación del expediente contradictorio que en este caso venía impuesto por el Protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Ceuta y no habiéndose reanudado el cómputo hasta la fecha de finalización del expediente, el 13 de marzo de 2023, desde la cual no había transcurrido un año cuando la demanda se interpuso, el 29 de septiembre de 2023.

III.-El suplicante articula su recurso en un único motivo de censura jurídica.

SEGUNDO.-Al amparo del art. 193 c) de la LRJS se denuncia infracción del art. 59.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadoresy del art. 179.2 de la LRJS.

I.-En primer lugar, se centra el recurrente en la determinación del dies a quo para el cómputo de la prescripción y razona que el mismo ha de situarse en la fecha del último de los hechos indicativos del acoso sexual al que se hace referencia en la demanda y que ha quedado plasmado en la sentencia, que es el acontecido el 3 de noviembre de 2021, siendo efectivamente ésta la data que se tiene en cuenta por la Juzgadora de instancia a estos efectos, no estando sin embargo de más indicar que, en lo referente a la acción resarcitoria de los daños y perjuicios derivados de la vulneración de un derecho fundamental, la acción no puede entenderse nacida hasta que aquellos estén perfectamente definidos y determinados, de igual manera que en los supuestos en los que se pretende una indemnización por daños y perjuicios derivados de una discriminación retributiva se ha dicho que "la acción resarcitoria no puede entenderse nacida hasta que queda sin efecto la situación a la que se vincula la existencia de los daños" -entre otras STS11/12/24, rec. 5349/22-, todo ello en coherencia con la doctrina constitucional que preconiza que "la Constitución protege los derechos fundamentales no en sentido teórico e ideal, sino como derechos reales y efectivos ( STC 176/1988) y de que los arts. 9.1 y 53.2 CE impiden que la protección jurisdiccional de los derechos y libertades se convierta en un acto meramente ritual o simbólico" y que "si se limitase la protección del derecho fundamental a que su vulneración únicamente justificase el reconocimiento de la violación del derecho, remitiendo su efectiva compensación a un proceso diferente de reclamación de salarios, -o en este caso de daños- como si de cualquier otro incumplimiento contractual se tratase y sin otro resarcimiento que no fuese el genéricamente previsto para tales supuestos, ello equivaldría a rebajar la cualificada posición del derecho lesionado -reduciéndolo a la categoría de un derecho ordinario- y a desconocer la singular protección de que goza en la legislación constitucional ( artículo 14 CE) y en la laboral ( artículo 17 ET) ". Por tanto, en el presente supuesto, en el que consta que la perjudicada estuvo en situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo del 22 de noviembre de 2021 hasta el 23 de septiembre de 2022, por estado de ansiedad, parece que relacionado con la situación de acoso sufrida, debería haberse pospuesto a la fecha del alta la fijación del dies a quo, si bien ello carece, en todo caso, de relevancia en consideración al día en que se interpuso la demanda, en cuanto a que se habría sobrepasado también el plazo de una anualidad.

II.-A continuación se refiere el recurrente al plazo de prescripción de la acción, al respecto de lo cual cabe indicar que la STC de 14 de febrero de 1983, 7/1983 ya establecía que: "Los derechos fundamentales, que establecen una relación jurídica entre cada ciudadano y el Estado desde el reconocimiento de aquéllos en la Constitución, son permanentes e imprescriptibles, y por ende también lo es el derecho a no ser discriminadas por razón del sexo que tienen las aquí recurrentes. Ello es compatible, sin embargo, con que para reaccionar frente a cada lesión concreta que cada ciudadano entienda haber recibido contra ese o cualquier otro derecho fundamental, el ordenamiento limite temporalmente la vida de la correspondiente acción (cuya prescripción en modo alguno puede extinguir el derecho fundamental de que se trate, que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura), sino que significará tan sólo que ha transcurrido el plazo dentro del cual el ordenamiento le permite reclamar jurisdiccionalmente ante una presunta y determinada violación."

Debiéndose exponer, seguidamente la doctrina que se contiene en STS de 10 de julio de 2018 (rec. 3269/2016) que en su Fundamento Segundo establece:

"La cuestión planteada, plazo de prescripción aplicable al ejercicio de acciones resarcitorias de los daños y perjuicios causados por violación de derechos fundamentales, ya fue resuelta por el Pleno de esta Sala en su sentencia de 26 de enero de 2005 (R. 35/2003 ) en el sentido que lo hace la sentencia objeto del presente recurso, esto es el de la aplicación del plazo de prescripción de un año del artículo 59-1 del ET para el ejercicio de las acciones que nazcan con ocasión del contrato de trabajo. En esta sentencia, tras señalarse que «desde la STC 7/1983 de 14 de febrero . De acuerdo con esta premisa, los derechos fundamentales son "permanentes e imprescriptibles"; lo que es compatible, no obstante, con que "el ordenamiento limite temporalmente la vida" de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos. Así, pues, dichas acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental, "que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura". La propia STC 7/1983 declara que corresponde al legislador, a la hora de regular los distintos derechos fundamentales, la determinación del período de tiempo dentro del cual se podrá reaccionar frente a supuestas o reales vulneraciones de los mismos. Ello nos lleva, en casos como el presente, a las normas legales existentes sobre los plazos de la prescripción extintiva.»...

Se afirma que el «plazo de prescripción de un año del art. 59.2 ET se puede decir, como del plazo de prescripción de la misma duración del art. 59.1 ET , que está establecido en principio para el ejercicio de las acciones derivadas del contrato de trabajo, es decir, para las reclamaciones del trabajador frente a su empresario, y no para las reclamaciones fundadas en relaciones colectivas de trabajo. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el contrato de trabajo y las relaciones colectivas de trabajo en la empresa pertenecen al mismo ámbito de la vida en sociedad, por lo que las exigencias de seguridad del tráfico jurídico son similares para los empresarios afectados, con independencia de que se trate de obligaciones contractuales u obligaciones convencionales o de derecho colectivo. Cabe apreciar, por tanto, a efectos del plazo de prescripción extintiva, identidad de razón entre las acciones "para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato " y las acciones para exigir o para anular percepciones económicas que buscan apoyo en obligaciones surgidas en las relaciones colectivas de trabajo en la empresa. Y es evidente, por lo demás, que dicho plazo de un año proporciona una mayor certeza y agilidad en el desenvolvimiento de dichas relaciones que los plazos civiles supletorios de los artículos 1966 y 1967 CC .».

Esta doctrina, aunque dictada en un supuesto de reclamación de daños derivados de la violación de la libertad sindical debe extenderse a todo supuesto de reclamación de daños por violación de derechos fundamentales, sin que existan razones que justifiquen un cambio de la misma. En efecto, el artículo 9-5 de la Ley 1/1982 conserva la misma redacción que tenía cuando se dictó nuestra sentencia, mientras que si ha variado la redacción del artículo 179-2 de la LJS actual que se corresponde con el 177-2 de la antigua Ley de Procedimiento Laboral ,consistiendo, sustancialmente, ese cambio en que el producto regulado en el Capítulo XI de la Ley es el adecuado ahora para tutela de todos los derechos fundamentales, con la particularidad de que se ha convertido en el proceso especial de tutela al que remite el art. 53-2 de la Constitución y de que ahora el citado art. 179-2 habla de plazo de prescripción o caducidad, lo que es indicativo de la posibilidad de que el derecho prescriba por aplicación de los plazos generales. Además, la aplicación del art. 59 del ET la impone su tenor literal que evidencia la intención del legislador de establecer ese plazo prescriptivo para todas las acciones que nazcan del contrato de trabajo, salvo disposición especial que en el presente caso no existe..."

No cabe, en consecuencia, duda de que el plazo de prescripción aplicable es el que se propugna y que ha sido tenido en cuenta en la resolución de instancia de una anualidad.

III.-Mayor complicación entraña dilucidar si corresponde o no atribuir efectos interruptivos a la denuncia interpuesta por la trabajadora y a la tramitación del expediente contradictorio abierto a raíz de la misma.

En primer lugar, se ha de señalar que al indicado plazo de prescripción de la acción le son de aplicación, como es lógico, las causas de interrupción previstas en el art. 1973 CC, que son el "ejercicio (de las mismas) ante los tribunales", la "reclamación extrajudicial del acreedor" y el "reconocimiento de la deuda por el deudor". Lo que está exigiendo la norma civil por parte del acreedor es una conducta activa de reclamación judicial o extrajudicial respecto del objeto del litigio.

Comienza el recurrente aludiendo, en sustento de su tesis, a la ineficacia interruptiva de la denuncia ante la Inspección de Trabajo que se determina en una Sentencia del TSJ de Galicia de 1999 que es obvio no constituye jurisprudencia, habiéndose, en todo caso, desautorizado tal criterio en STS de 1 de diciembre de 2016, rec. 2110/15 en la que se analiza la doctrina jurisprudencial sobre la prescripción y su interrupción, estableciéndose:

"Abandonando anteriores criterios más rígidos y dogmáticos anteriores la Sala 1ª de este Tribunal, como resume su sentencia de 20 de octubre de 2016 (R. 1880/2014 ), viene manteniendo: «La doctrina de la Sala (STS 2 de noviembre de 2005, Rc. 605/1999 ) viene manteniendo la idea básica, para la exegesis de los artículos 1969 y 1973 CC , que siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva ( sentencias de 8 de octubre de 1981 , 31 de enero 1983 , 2 de febrero y 16 de julio 1984 , 9 de mayo y 19 de septiembre de 1986 y 3 de febrero de 1987 ). Esta construcción finalista de la prescripción tiene su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las propias facultades como en consideración de necesidad y utilidad social. De ahí que mantenga la Sala reiteradamente, al interpretar la prescripción, que cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias.

Al llevar a cabo los tribunales esta labor interpretativa han de tener presente, por cuanto quedaría imprejuzgada la pretensión de fondo planteada, el derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 CE ) en su vertiente de acceso a la jurisdicción, ya que la estimación de la prescripción adquiriría relevancia constitucional cuando sea el resultado de una interpretación y aplicación legal que por su rigorismo, formalismo excesivo o desproporción entre los fines que preservan la consecuencia de cierre del proceso, se conviertan en un obstáculo injustificado para resolver sobre la pretensión deducida (por todas STC 148/2007, de 18 junio ).».

De estos criterios ya se hizo eco esta Sala en su sentencia del Pleno de 26 de junio de 2013 (RC 1161/2012 ) en la que, tras afirmar en su Fundamento Segundo que «cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse ... habría de resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del derecho y más restrictivo de la prescripción», añade en su Fundamento Tercero «el instituto de la prescripción, al no estar constituido sobre los principios de la justicia intrínseca, ha de ser tratado con un criterio restrictivo, de tal modo que, en lo referente a la prescripción extintiva, en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el «animus conservandi» por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el «tempus praescriptionis» ( sentencia de 12 de julio de 1991 que cita las sentencias de 17 de diciembre de 1979 , 16 de marzo de 1981 , 8 de octubre de 1982 , 9 de marzo de 1983 , 4 de octubre de 1985 , 18 de septiembre de 1987 , 14 de marzo de 1989 ). En la misma línea la sentencia de 12 de julio de 2005 insiste en que "la construcción finalista de la prescripción (...) tiene su razón de ser (...) en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho", por lo que "cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias". Destaca también esta sentencia que "nuestro Código Civil ( ...) no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción por lo que cualquiera de ellos puede servir para tal fin». Esta doctrina ha sido reiterada por esta Sala en posteriores sentencias como la de 17 de febrero de 2014 (RC 444/2013 ) entre otras.

2. Aplicación de la anterior doctrina.

La aplicación de la anterior doctrina al caso de autos conlleva la desestimación del recurso por ser más correcta la doctrina que sigue la sentencia recurrida que la que mantiene la de contraste con base en la antigua interpretación más restrictiva de la interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial, pues la más reciente jurisprudencia se funda en que lo relevante es que el deudor conozca antes de la prescripción de su obligación de pago que el acreedor no ha abandonado su derecho y piensa reclamarle lo debido. El medio formal que se utilice para esa reclamación judicial no es lo importante, pues lo relevante es el conocimiento de la reclamación, lo que ha motivado que la Sala 1ª de valor interruptivo a la notificación al procurador del deudor de la futura reclamación en otro pleito ( S.TS. (1ª) 24 de febrero de 2015 (R. 607/2013 )), así como a la reclamación que se haga ante otra jurisdicción o ante órgano objetivamente incompetente ( S.TS. 1ª) de 20 de octubre de 2016 (R. 1880/2014 ), pues lo relevante es que el deudor tiene noticia de que el acreedor no ha abandonado su derecho, sino que piensa ejercitarlo.

En efecto, como en el caso que nos ocupa el trabajador cesó en la empresa el día 27 de abril de 2012 y denunció el día 24 de mayo siguiente el impago de horas extras ante la Inspección de Trabajo quien el 30 de octubre del mismo año, oídas las alegaciones y pruebas propuestas por la empresa aperturó expediente sancionador al que se opuso la empresa, debe concluirse, conforme a la doctrina antes referenciada que el hecho de que la empleadora conociese, aunque fuese por órgano incompetente para resolver sobre reclamaciones salariales, pero si para controlar el cumplimiento de la normativa laboral y proponer a la autoridad laboral la imposición de sanciones levantando la oportuna acta, interrumpió el curso de la prescripción que empezó a correr de nuevo cuando la empresa conoció la denuncia, acto asimilable al de la reclamación extrajudicial por cuanto en ella estaba implícita la voluntad del deudor de reclamar contra el impago de horas extras. Consecuentemente, como el demandante reclamó el pago de ese concepto salarial presentando la oportuna papeleta de conciliación el 23 de octubre de 2013, esto es antes de que transcurriera el año que para la prescripción de la acción establece el artículo 59-1 del Estatuto de los Trabajadores , computado desde el día en que el curso de la prescripción se interrumpió, debe desestimarse el recurso. Conviene precisar que la prescripción no la interrumpió la presentación de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, ni la tramitación del expediente administrativo a que dió lugar, sino el conocimiento que tuvo el deudor de la reclamación por horas extras formulada ante la autoridad laboral por el acreedor, momento en el que tuvo conocimiento de la "reclamación extrajudicial" del derecho y en el que se produjo el acto interruptivo del derecho aún no prescrito, lo que dió lugar a que el plazo prescriptivo empezara a correr de nuevo. Debe tenerse presente que la buena fe en la interpretación y aplicación del instituto de la prescripción, cual ha señalado la Sala I de este Tribunal en sus sentencias de 11 de diciembre de 2012 (R. 1028/2010 ), 02 de diciembre de 2013 (R. 1335/2012 ) y 14 de enero de 2014 (R. 391/2011 ) entre otras, principio de buena fe que, también, debe tenerse presente en su ejecución ( art. 1258 del Código Civil ), lo que comporta que la buena fe obligara a la recurrente a entender que la denuncia ante la inspección significaba que el trabajador no había hecho dejación de su derecho a reclamar las horas extras y que iniciaba su ejercicio con la denuncia ante la autoridad laboral, autoridad incompetente para resolver el fondo, pero competente para sancionar los hechos de los que trae causa el presente procedimiento, razón por la que esa denuncia tiene valor de "reclamación extrajudicial" a los efectos que nos ocupan."

En el presente supuesto, de acuerdo con la doctrina expuesta, la interposición por la trabajadora de la denuncia ante la Ciudad Autónoma, en noviembre de 2021, en la que se exponían los hechos que constituyen el fundamento de la acción ejercitada en el procedimiento de origen, con el objeto de que se activara el protocolo de acoso y de que cesara el Sr. Fausto en su conducta, en cuanto que supuso una inmediata intervención del Comité Técnico de Igualdad que llevó a la apertura de un expediente disciplinario y a la adopción incluso de la medida cautelar de traslado del denunciado, habiéndose tomado al mismo declaración en presencia de su abogado e incluso remitido el pliego de cargos al Ministerio Fiscal por si los hechos fueran constitutivos de delito, todo lo cual ha de entenderse que sin duda provocó el conocimiento por el condenado en la instancia de la intención de reclamar de la actora e implicó por ello la interrupción del plazo de prescripción, el cual habría de entenderse reanudado a la fecha en que se procedió por el Ministerio Fiscal al archivo del procedimiento de investigación ante la falta de denuncia de la perjudicada, lo que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2022, desde la cual no había transcurrido un año cuando se interpuso la demanda de la que trae causa el presente recurso.

No es la tramitación del expediente contradictorio abierto con fines disciplinarios lo que interrumpe la prescripción, en cuanto que el mismo, a diferencia de lo que supone dicho trámite para la empresa, no representa para la trabajadora un medio necesario para la investigación de unos hechos de los que ella es perfectamente conocedora, sino la constatación de que a través de la denuncia previa de la Sra. Remedios tiene el Sr. Fausto de que aquella no ha hecho dejación de sus derechos -lo que resulta equiparable a una reclamación extrajudicial-, lo que motiva la interrupción del plazo para el ejercicio de la acción en toda su extensión, incluida también la vertiente resarcitoria, hasta que se produce el cese en la reclamación activa que en el asunto analizado se identifica con la falta de denuncia en el procedimiento de investigación ante el Fiscal del que deriva a su vez el posterior archivo del expediente disciplinario.

En consecuencia, el hecho de que la activación por la afectada del Protocolo de Acoso no represente un presupuesto del acceso a la acción judicial y de que tampoco la tramitación del expediente disciplinario respecto del presunto acosador se considere un trámite ineludible e imprescindible para la perjudicada y que por ello haya de agotarse con carácter previo a la vía judicial, carecen de relevancia en el pesente supuesto en el que la interrupción de la prescripción obedece a la constancia que el Sr. Fausto tuvo, a través de la denuncia y posteriores actuaciones a que la misma dio lugar, de que la trabajadora mantenía una conducta activa de reclamación respecto del objeto de litigio.

A tenor de lo expuesto, no procede considerar que se haya incurrido en la resolución combatida en las infracciones denunciadas, por lo que ha de ser desestimado el recurso.

TERCERO.-Atendiendo a lo prevenido en el art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción y dada la condición de trabajador del recurrente que le hace acreedor del beneficio legal de justicia gratuita, no ha lugar a imponerle las costas causadas en esta fase.

Vistos los precedentes preceptos legales y los de general aplicación.