Sentencia Social 248/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 3491/2023 de 29 de enero del 2026

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en procedimiento de reclamación de cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo que aprecia de oficio la FALTA DE JURISDICCIÓN de este orden social para conocer de la demanda objeto de autos por corresponder su enjuiciamiento a orden civil, sin entrar a conocer el fondo del asunto, y con reserva expresa al actor de las oportunas acciones. Se alza en suplicación la parte actora que articula su recurso en base a un motivo de nulidad por infracción de normas o garantías que provocan indefensión y otro de censura jurídica, al amparo respectivamente de los apartados a) y c) del art 193 LRJS. El recurso ha sido impugnado por las codemandadas CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA), HDI GLOBAL SUCURSAL EN ESPAÑA, ALERYS & RYMO, S.L., GENERALI SEGUROS y RYALE OPERADOR LOGISTICO, S.L.

SEGUNDO.- Alega en primer lugar la actora recurrente como motivo de suplicación la infracción de normas o garantías que provocan indefensión.

Sostiene que ninguna de las partes intervinientes en el proceso ha alegado falta

de jurisdicción.

La demanda fue admitida a trámite, se ha celebrado el juicio, se ha aportado extensa rama documental y se han practicado el resto de pruebas, se han evacuado los escritos de conclusiones por las partes, se han presentado posteriormente escrito de alegaciones a la apreciación de oficio de falta de legitimación una vez planteada las conclusiones donde es unánime la postura por todas las partes alegando que SI es competente la presente jurisdicción con independencia de la diferencia de criterios en cuanto al fondo del asunto, debiendo por lo tanto dictarse sentencia ya que podría vulnerarse el derecho a la tutela judicial efectiva.

La apreciación de la incompetencia de este orden jurisdiccional, al tratarse de materia de orden público procesal, indisponible para las partes, y siendo improrrogable la jurisdicción, puede hacerse de oficio, o a instancia de parte , pudiendo apreciarse esta incompetencia de jurisdicción en cualquier fase o instancia del proceso, como determina el art. 5 de la LOPJ , absteniéndose de entrar a conocer del fondo del asunto, siendo además nulos de pleno derecho los actos procesales producidos por o ante un tribunal que carezca de jurisdicción o competencia objetivo o funcional, como determina el art. 238,1º de la LOPJ .

En consecuencia no se ha producido ninguna infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan causado indefensión por este motivo.

TERCERO.- En este segundo motivo se interesa por la recurrente la revisión de la jurisprudencia y normas sustantivas-procesales en cuanto a la apreciación de oficio de falta de jurisdicción y se mezcla la revisión de hechos probados.

En cuanto a la revisión de hechos probados el art. 193, letra b) LRJS, señala que "El recurso de suplicación tendrá por objeto: Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas", para lo que el art. 196.3 impone que la redacción del escrito de interposición del recurso que solicite la revisión de los hechos probados debe hacerse "indicando la formulación alternativa que se pretende".

El proceso laboral es un procedimiento judicial de única instancia en el que la valoración de la prueba corresponde al órgano judicial ante el que se celebra el acto de juicio oral, por lo que los recursos que caben contra la sentencia de instancia, de suplicación o casación, son de carácter extraordinario. Solo pueden interponerse por motivos tasados, y con alcance muy limitado en lo que se refiere a la posible revisión del contenido de los hechos probados, que únicamente podrá modificarse con base a los específicos medios probatorios en cada caso admitidos, bajo el cumplimiento de los excepcionales e insoslayables requisitos que a tal efecto vienen impuestos en la normativa procesal.

Con defectuosa técnica procesal la recurrente muestra su disconformidad con varios hechos probados de la sentencia recurrida y cita documentos para su justificación pero no señala con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse) ni la redacción alternativa ni en qué sentido dicha modificación puede tener incidencia alguna en el sentido del fallo, razón por la que se inadmite el motivo de recurso por carecer de rigor procesal. En este sentido se invoca la STS 90/2022 de 1 de febrero ,Rec 2429/2019.

CUARTO.- La recurrente alega en síntesis para sostener la competencia de este Orden Social de la Jurisdicción que la base de la pretensión indemnizatoria es el incumplimiento de lo dispuesto en la normativa relativa a la Prevención de Riesgos Laborales y la Coordinación empresarial a tales efectos.

Que si bien la sentencia argumenta "que este trabajador autónomo, como se extrae de la propia demanda, dada su condición de conductor de camiones profesional, fue contratado por la empresa RYALE OPERADOR LOGISTICO, S.L. para remolcar un camión cisterna (matricula NUM001) hasta las instalaciones de la empresa CALCASA, proceder al llenado de cal, y llevarla al destino indicado por RYALE.",s ostiene el recurso que esto no es exactamente así ya que ha quedado acreditado que quien fue contratada fue la empresa TRANSHOR siendo Mariano quien iba a realizar el trabajo de conductor de cabeza tractora.(folios 738-739-). Hecho distinto es que contactaran directamente con Mariano habida cuenta las relaciones laborales previas y relación de confianza pero la relación contractual fue CALCASA-ALERYS Y RYMO-(RYALE)-TRANSHOR, y este hecho se obvia por la Juzgadora cuando es evidente y determinante en la cuestión de jurisdicción competente.

Sostiene la recurrente que en el presente supuesto consta acreditado que el actor tiene la condición especial de AUTÓNOMO-SOCIO de COOPERATIVA DE TRABAJADORES TRANSHOR S. COOP. SOC.AND, y como tal es un trabajador que obtenía una retribución mensual en nómina como se ha acreditado. La facturación y contratación de los trabajos siempre eran por cuenta de TRANSHOR, realizando Mariano el trabajo encomendado.

Ha de destacarse la especial CONDICIÓN DE UN SOCIO COOPERATIVISTA. Es requisito estar dado de alta en el régimen de autónomos pero su condición es la de TRABAJADOR por lo que percibe nómina y no emite factura de forma independiente, sino que es la Cooperativa con PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA quien contrata, factura y paga a los socios trabajadores.

Que consta acreditado en el procedimiento dicha cuestión ya que se han aportado las declaraciones de la renta del actor en la que se reflejan los ingresos como RENDIMIENTOS DEL TRABAJO por percibir nóminas y no como ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Constan aportados tanto en el procedimiento como en el expediente de Inspección de Trabajo los cursos de formación de PRL recibidos en los que literalmente se detalla: " Mariano, y puesto de trabajo de Conductor perteneciente a la empresa TRANSHOR, S.C.A. ha recibido curso con aprovechamiento de la formación e información teórica y práctica, el día 07/04/2017, suficiente y adecuada en materia preventiva para los riesgos específicos y generales, así como de las medidas preventivas para el puesto de Conductor, de conformidad con el artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales . Esta formación deberá completarse en los casos que así sea necesario con la formación de Convenio Colectivo, Acuerdo Sectorial, formación

específica de maquinaria o actividad.

Es más en el hecho probado 13 de la sentencia se establece: "El trabajador demandante había recibido la información sobre los riesgos específicos y generales, así como de las medidas preventivas para el puesto de Conductor, por parte de la empresa TRANSHOR, S.A.C. a través del servicio de prevención VALORA PREVENCIÓN (Documento nº 8 del ramo de prueba del actor".

Consta acreditada LA FACTURACIÓN entre las empresas demandadas y la cooperativa. La facturación ha sido siempre A NOMBRE DE TRANSHOR.

También consta aportado el certificado de la Agencia Tributaria de CAL DE CASTILLA S.A como empresa que contrata o subcontrata a TRANSHOR (folio 740).

Consta acreditado como TRANSHOR es la dueña de la cabeza tractora que conducía Mariano. Hecho probado nº 8 de la Sentencia.

Por lo tanto Mariano, aunque tenga condición de autónomo ya que es requisito indispensable para ser socio cooperativista, en la relación contractual con las empresas demandadas interviene en calidad de TRABAJADOR como conductor de la cabeza tractora DE TRANSHOR que es quien es contratada y quien emite las facturas por el trabajo realizado en el supuesto que nos ocupa.

Inalterado el relato fáctico y con las afirmaciones que con tal valor de hechos probados resultan de la fundamentación jurídica de la sentencia nos encontramos con los siguientes hechos relevantes para resolver la cuestión del competencia del Orden Social cuestionada en este recurso:

El actor recurrente, trabajador autónomo, como se extrae de la propia demanda, dada su condición de conductor de camiones profesional, fue contratado por la empresa RYALE OPERADOR LOGISTICO, S.L. para remolcar un camión cisterna (matricula NUM001) hasta las instalaciones de la empresa CALCASA, proceder al llenado de cal, y llevarla al destino indicado por RYALE.

A su vez, la empresa ANDALUZA DE CALES, S.A., grupo al que a su vez pertenece la empresa CALCASA, había suscrito con la empresa ALERYS & RYMO, S.L. el 01.12.2017 un contrato de arrendamiento de servicios en virtud del cual ALERYS & RYMO, S.L. se comprometía a prestar los servicios de transporte con diferentes destinos y con orígenes tanto de Andaluza de Cales, S.A. como de otras fabricas de CALCINOR, grupo al que pertenece Andaluza de Cales, S.A. (Doc. n.º 7 del ramo de prueba de CALCASA)

La cisterna ( matricula NUM001) empleada para transportar la cal en la fecha del accidente pertenecía al operador logístico ALERYS & RYMO, S.L., perteneciente al grupo RYALE.

La cabeza tractora con matricula NUM000, que conducía el actor en el momento en el que se produjo el accidente, había sido adquirido el 31.07.2017 por la empresa TRANSHOR, S.C.A. de la cual el trabajador demandante era socio.

El día 25.09.2018 el actor sufrió un accidente de trabajo cuando procedía a la carga de cal en la cisterna del camión, en las instalaciones de la empresa CALCASA, al producirse una explosión, saliendo despedido y cayendo al suelo desde lo alto de la cisterna a unos cinco metros de altura.

Como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, el actor demandante reclama a las empresas RYALE, ALERYS, CALCASA y a las compañías de Seguros GENERALI y HDI, el pago de la cantidad de 372.297,37, por los daños y perjuicios derivados del mencionado accidente de trabajo.

La sentencia recurrida en el FD3º in fine argumenta que "En este escenario, y sobre la base de la sentencia del TSJ Andalucía de 13/06/2019 antes citada, no podemos considerar que este orden jurisdiccional social sea competente, para el conocimiento del proceso, dada la naturaleza de la acción ejercitada, entendiendo que es competente el orden civil para conocer del asunto, ya que el asunto no se encuentra comprendido dentro del ámbito de la jurisdicción social, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ,pues no nos encontramos en presencia de un accidente de trabajo sufrido como consecuencia de la prestación de servicios como trabajador por cuenta ajena, en los términos establecidos en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores , ni se trata de exigencia de responsabilidad de un Trabajador Autónomo Dependiente frente a su cliente único o principal, o de un socio cooperativista frente a la sociedad cooperativa, por el desempeño personal de sus servicios.

Tampoco se trata de reclamación de una prestación de seguridad social, frente a las entidades gestoras.

Dejamos sentado que la sentencia en base a la cual declara la instancia la incompetencia del Orden Social fue declarada firme por STS de fecha de 14.09.2022 Rec 3414/2019 que desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina.

La sentencia de instancia reproduce la de la Sala del TSJ Andalucía sede Granada citada, cuyo supuesto fáctico es coincidente en lo esencial con el que ahora nos ocupa , y que llevó a la Sala de suplicación y posteriormente al TS a concluir que "no podemos mantener la competencia de este orden jurisdiccional social, para el conocimiento del proceso, dada la naturaleza de la acción ejercitada, que no es sino la de exigencia de indemnización derivada de responsabilidad por daños y perjuicios dimanantes de aquel fallecimiento, siendo competente el orden civil para conocer del asunto, como se deduce de un estudio detallado del at 2 LRJS .No es un accidente desempeñando servicios a virtud de un contrato de trabajo típico, en los términos del art. 1 del ET , ni se trata de exigencia de responsabilidad de un TRADE frente a su cliente o de un socio cooperativista frente a la sociedad cooperativa por el desempeño personal de sus servicios, condición que no ostentaba en ningún caso el difunto, y que permitiría aceptar la competencia de este orden. Tampoco se trata de reclamación de una prestación de seguridad social en sí frente a las entidades gestoras, ni se trata de un seguro de responsabilidad personal suscrito por el difunto para cubrir las contingencias de fallecimiento accidental contra su aseguradora.

Pero es que tampoco al supuesto de autos puede brindar cabida ni la letra b) del art. 2, que habla de pleitos y reclamaciones de trabajadores contra sus empresarios, a consecuencia de accidente de trabajo o la letra e), por incumplimiento de normativa preventiva, pues siempre se exige previo vínculo laboral o bien funcionarial o estatutario frente a la Administración".

Pues bien la recurrente parte de un relato fáctico que no ha tenido acceso a la sentencia ni se ha intentado vía revisión fáctica, se pretende la consideración del actor como AUTÓNOMO-SOCIO de COOPERATIVA DE TRABAJADORES TRANSHOR S. COOP. SOC.AND, y como tal es un trabajador que obtenía una retribución mensual en nómina, que la facturación y contratación de los trabajos siempre eran por cuenta de TRANSHOR, realizando Mariano el trabajo encomendado.

Y en tan especial CONDICIÓN DE UN SOCIO COOPERATIVISTA, es requisito estar dado de alta en el régimen de autónomos pero su condición es la de TRABAJADOR por lo que percibe nómina y no emite factura de forma independiente, sino que es la Cooperativa con PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA quien contrata, factura y paga a los socios trabajadores.

Que quien fue contratada fue la empresa TRANSHOR siendo Mariano quien iba a realizar el trabajo de conductor de cabeza tractora.

Sin embargo lo que consta partiendo de las afirmaciones de hecho de su demanda y así se declara probado es que el actor a la fecha del accidente era socio de la cooperativa TRANSHOR y que dada su condición de autónomo conductor de camiones profesional, fue contratado directamente por la empresa RYALE OPERADOR LOGISTICO, S.L. para remolcar un camión cisterna (matricula NUM001) hasta las instalaciones de la empresa CALCASA, proceder al llenado de cal, y llevarla al destino indicado por RYALE.

La cisterna empleada para transportar la cal en la fecha del accidente pertenecía al operador logístico ALERYS & RYMO, S.L., perteneciente al grupo RYALE, y la cabeza tractora a TRANSHOR, S.C.A.

El accidente tuvo lugar en las instalaciones de la empresa CALCASA,

La reclamación ejercitada por el demandante es una reclamación de indemnización por los daños y perjuicios causados a consecuencia de un accidente. La determinación de si la contingencia actualizadora de la situación de invalidez que ha sido reconocida al demandante, es o no el accidente de trabajo, es una cuestión para la que sí es preciso acudir a los órganos judiciales del orden social de jurisdicción, sin embargo, no es esto lo que se reclama. Se reclama, como decimos, una indemnización por daños y perjuicios con base en lo dispuesto en los arts 1092 y 1903 del CC, y para que tal pretensión pueda residenciarse en el orden jurisdiccional social es precisa una vinculación inter partes que, en este caso, no se aprecia.

Lo expuesto nos lleva a concluir que el supuesto contemplado en la presente litis, dada la naturaleza de la acción ejercitada , de indemnización derivada de responsabilidad por daños y perjuicios dimanantes del accidente del actor, es competente el orden civil para conocer del asunto, como se deduce del art. 2 de la LRJS . No es un accidente desempeñando servicios a virtud de un contrato de trabajo típico, en los términos del art. 1 del ET , ni se trata de exigencia de responsabilidad de un TRADE frente a su cliente o de un socio cooperativista frente a la sociedad cooperativa por el desempeño personal de sus servicios, y que permitiría aceptar la competencia de este orden, pues aunque el actor era socio de la cooperativa TRANSHOR, no se ha acreditado que fuera a la cooperativa a quien se contrató el servicio, por el contrario el actor contrata directamente en su condición de conductor de camiones profesional con la empresa RYALE OPERADOR LOGISTICO, S.L. el encargo para remolcar un camión cisterna (matricula NUM001) hasta las instalaciones de la empresa CALCASA, proceder al llenado de cal, y llevarla al destino indicado por RYALE, tanto es así que llama la atención que la Cooperativa no esta siquiera demandada en el procedimiento y asimismo el supuesto contemplado en la presente litis, no tiene cabida o encaje ni en la letra b) del artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , que señala que serán competencia de los órganos de este orden jurisdiccional las cuestiones litigiosas que se promuevan en relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente, pues exige la existencia de vínculo laboral, es decir, que se trate de una relación laboral ,pues el demandante es un trabajador autónomo, de alta en el RETA y no hay constancia de relación de dependencia alguna con las empresas codemandadas.; no lo tiene en la letra d), en la remisión que realiza a la letra b), pues para ello sería preciso que se tratara de un trabajador autónomo económicamente dependiente; el precepto hace referencia expresa a este tipo de trabajadores autónomos para determinar la competencia de la jurisdicción social en el enjuiciamiento de las cuestiones que pueden plantear. Ni en la demanda, ni durante el juicio, ni en la prueba aportada a las actuaciones existe referencia alguna a que el actor sea un trabajador autónomo económicamente dependiente, ni tampoco dentro de la letra e) del mismo precepto, por incumplimiento de normativa preventiva, pues siempre se exige previo vínculo laboral o bien funcionarial o estatutario frente a la Administración" .

Tal es la interpretación que se deduce de la propia exposición de motivos de la LRJS, cuando dice:

"Igualmente, la necesidad de consolidar el ámbito material del orden social también se ha hecho patente en la práctica jurisdiccional, donde han sido frecuentes los conflictos dimanados de la heterogeneidad en las resoluciones de órganos judiciales inscritos en órdenes distintos. Hasta ahora, los tribunales que integran el orden social, a pesar de su razonable funcionamiento, no estaban siempre en condiciones de asegurar la tutela judicial efectiva en un tiempo razonable y con respeto al principio de seguridad jurídica. Esto se ha debido fundamentalmente a la disgregación del conocimiento de determinadas y esenciales materias sociales entre diversas jurisdicciones distintas de la social, como la contencioso-administrativa o la civil. He aquí las dificultades que han generado el denominado "peregrinaje de jurisdicciones", que provocaba hasta ahora graves disfunciones y una merma en la efectiva protección de los derechos de las personas.

Ha llegado pues el momento de racionalizar la distribución competencial entre los órdenes jurisdiccionales en el ámbito de las relaciones laborales. Con la nueva LRJS se afronta una modernización de la norma a partir de la concentración de la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social en el orden social y de una mayor agilidad en la tramitación procesal. De esta manera, se pretenden superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, dilación en la resolución de los asuntos y, en consecuencia, fragmentación en la protección jurídica dispensada. Estos problemas son incompatibles con los principios constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, así como con el funcionamiento eficiente del sistema socioeconómico.

Con esta consolidación competencial se cierra el proceso de maduración del proceso social iniciado por la Ley de 1908 y continuado por el Texto Refundido de 1995, como jurisdicción con competencia unificada para conocer todos los litigios sobre materias sociales.

La ordenación de las materias objeto de conocimiento por el orden social se lleva a cabo en los tres primeros artículos de la Ley, donde cabe destacar algunas novedades significativas.

Por un lado, se produce una unificación de la materia laboral que permite dar una cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos de la materia laboral. Es el caso de la concentración en el orden urisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

Con esta fórmula se pretende que la jurisdicción social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado. En este punto la Ley sigue al pacto social concretado en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), así como a un amplio consenso de la doctrina científica.

Asimismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos. De este modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales. Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral. Se incluyen además competencias sobre medidas cautelares. Por último, se asigna al orden social la competencia sobre las cuestiones relativas a los órganos de representación de personal en materia relacionada con la prevención de riesgos en el trabajo, a través, en su caso, de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud, con independencia del tipo de personal que intervenga en su designación o composición".

En definitiva la finalidad de evitación del aludido y previo peregrinaje de jurisdicciones, para concentrar el conocimiento de esta materia en el orden social exige siempre y en todo caso, como presupuesto previo, un vínculo laboral o los otros supuestos excepcionales de trabajo por cuenta propia (autónomo económicamente dependiente) o relación funcionarial o estatutaria con la titular de la empresa (o sujetos vinculados a la misma por otro vínculo) en que la ley expresamente atribuya competencia a este orden, pero no comprende reclamaciones como la presente, en que un trabajador autónomo sufre un daño provocado en la realizacion de un encargo profesional para persona o empresa con la que no guarda vinculación laboral alguna, respecto de la cual no mantiene ningún vínculo de dependencia. La reclamación planteada por el demandante no se basa en la atribución de responsabilidad alguna en la causación de un daño a una entidad para la que presta sus servicios o mantiene un grado de vinculación tan relevante como para ser considerado un autónomo económicamente dependiente de la misma.

En atención a lo expuesto en los fundamentos que anteceden procede la desestimación de este motivo del recurso y con ello la confirmación de la sentencia recurrida que no ha incurrido en las infracciones denunciadas.

El recurrente disfruta del beneficio de justicia gratuita, lo que impide imponerle el pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto al efecto en el art. 235.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,