En la ciudad de Burgos, a tres de Octubre de dos mil veinticuatro.
PRIMERO.-En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 2/02/2024 cuya parte dispositiva dice: Que, DESESTIMANDOla demanda promovida por D. Jose Manuel contra la empresa UTE SEGOVIA 2; REYNOBER, S.A. y COIVSA CONSERVACION INTEGRAL VARIA, S.A., ABSUELVO a la parte demandada de todos los pedimentos de la demanda.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.-D. Jose Manuel presta sus servicios para la empresa UTE SEGOVIA 2, (integrada por las empresas REYNOBER SA, y COIVSA Conservación Integral Viaria SA), dedicada a la actividad de mantenimiento y conservación de carreteras, con antigüedad de 23-10- 2006, en virtud de subrogación empresarial, con la categoría profesional de oficial 1ª, a jornada parcial 35 horas a la semana, y percibe un salario mensual de conformidad con el Convenio colectivo de aplicación.
SEGUNDO.-La empresa UTE SEGOVIA 2 es la adjudicataria del servicio de conservación de mantenimiento de las carreteras y tramos de titularidad autonómica de la provincia de Segovia, Carretera N 110 desde la SG 20 hasta el límite con la provincia de Soria, desde el 28 de junio de 2021.
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LAS CARRETERAS, obrante en autos, se da por reproducido.
TERCERO.-El actor presta servicios de forma exclusiva en la plataforma de la carretera, en los ramales y en sus márgenes debiendo realizar trabajos en la calzada que consisten:
- Colocación de barrera de seguridad. Reposición por daños o accidente con corte de carril paso alternativo tráfico pasando por el otro carril separación por fila de conos.
- Colocación de balizamiento. Reponer hitos de suelo o de barrera Operario deja vehículo en arcén y procede a su colocación vehículos pasando por su lado
- Colocación de señalización y carcelería. Colocación de señales de tráfico en cunetas bien sea nuevas o por daños de accidentes. Cartelería de información suelen ser de lamas y el trabajados con cesta telescópica o escaleras lo monta.
- Reparación de asfalto del firme (baches y blandones) Se tapan los baches con un asfalto en frío normalmente con el tráfico pasando al ser baches de poca importancia si fueran blandones suelen ser más grandes y se cortaría el carril para su reparación.
- Reparación de juntas de dilatación (viaductos y puentes). Todos los puentes y viaductos llevan juntas de dilatación en el asfalto que por el tráficose deterioran y se procede a su sustitución normalmente se reparan con corte de carril.
- Limpieza de cunetas (manual o con maquina). Se limpia la suciedad de las cunetas que hay en los lados de las carreteras para dar salida al agua uno de los periodos que se limpian suelen ser en verano para dejarlas limpias para invierno.
- Segado de márgenes, medianas y isletas. Con ayuda de desbrozadoras y tractor de siega, se siega toda la carretera para facilitar visibilidad y que no se produzcan incendios. La siega con la desbrozadoras resulta especialmente penosa porque hay que ir muy tapado para que no dañarse con las briznas y piedras salta por la siega.
- Limpieza de mediana y márgenes. Andando por los márgenes de la carretera con bolsas y un pincho se recoge la basura.
- Limpieza de calzada y arcenes con cepillos o sopladora se barren los arcenes o calzadas que se van llenando de tierra o por caída de cargas.
- Repintado y borrado de marcas viales. Con máquina de pintar pequeña se repintan cebreados y pasos de peatones.
- Repintado de barandillas de viaductos. Todos los puentes y viaductos tiene barandillas que con el paso del tiempo se deterioran y se procede a su lijado y repintado.
- Despeje de vegetación. El despeje consiste en talar los árboles ramas o zarzas que quiten visibilidad en los márgenes de la carretera o trazados curvos
- Limpieza y atención de paramentos. Los paramentos son las estructuras de hormigón que sujetan las tierras de los puentes. Se quitan hierbas que crecen en las grietas y desconchones que se producen en el hormigón.
- Vigilancia de atención de accidentes y señalización de todas las incidencias. Cuando hay un accidente o cualquier incidencia en la carretera se acude para subsanarla (accidente retirada de restos de coche o Limpieza de aceites o líquidos).
- Realiza labores de conducción de todo tipo de maquinaria que transite por la carretera y por el arcén.
- Conducción de máquinas quitanieves. Una sola persona por camión en condiciones adversas climatológicas
CUARTO.-La evaluación de riesgos del centro de trabajo "AUTOVIA AP61 KM 88 VIA DE SERVICIO 40195 HONTORIA SEGOVIA", revisada el 30-08-2023, realizada por Cualtis, se da por reproducida.
QUINTO.-El art. 58 del Convenio colectivo general del sector de la construcción (BOE 26-09-2017) regula los "Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos", y dice:
"1. A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas, deberá abonárseles un incremento del 20 por 100 sobre su salario base. Si estas funciones se efectuaran durante la mitad de la jornada o en menos tiempo, el plus será del 10 por 100.
2. Las cantidades iguales o superiores al plus fijado en este artículo que estén establecidas o se establezcan por las empresas, serán respetadas siempre que hayan sido concedidas por los conceptos de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, en cuyo caso no será exigible el abono de los incrementos fijados en este artículo. Tampoco vendrán obligadas a satisfacer los citados aumentos aquellas empresas que los tengan incluidos, en igual o superior cuantía, en el salario de calificación del puesto de trabajo.
3. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los indicados incrementos no teniendo, por tanto, carácter consolidable.
4. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado trabajo, labor o actividad debe calificarse como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, corresponde a la jurisdicción competente resolver lo procedente.
5. Aquellos convenios colectivos provinciales que a la entrada en vigor del presente Convenio General tengan reconocido un plus penoso, tóxico o peligroso superior, lo mantendrán como condición más beneficiosa.
6. Las partes firmantes reconocen la importancia que tiene para el conjunto del sector la progresiva desaparición de este tipo de trabajos o, cuando menos, la reducción al mínimo posible de las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad que repercuten negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores teniendo estos trabajos, en cualquier caso, carácter transitorio y coyuntural.
La Disposición Final 8ª del Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Segovia establece un plus de conservación en contratos de mantenimiento de carreteras que se configura de la siguiente forma:
a) Concepto y cuantía: Se trata de un complemento salarial de puesto de trabajo, que retribuye las especiales características que concurren en la prestación de servicio del personal de conservación y mantenimiento de carreteras, encuadrados en los grupos profesionales del 1 al 5 previstos en el VI Convenio General del Sector de Construcción que desempeñen el trabajo de forma habitual en autopistas, autovías y carreteras, de forma que dicho plus retribuye todas las peculiaridades y circunstancias propias e inherentes que concurran o puedan concurrir en la realización de trabajos en autopistas, autovías y carreteras (trabajos a la intemperie, con tráfico rodado, climatología adversa, con cortes parciales o totales del tráfico etc...), así como todas aquéllas exigencias funcionales o que se deriven de la forma, organización, condiciones o sistema de trabajo que daba implementarse para la adecuada conservación y mantenimiento de este tipo de infraestructuras.
En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, se abonará un plus anual por día efectivo de trabajo de 4 euros o la parte proporcional que corresponda si la jornada ordinaria efectivamente trabajada fuera inferior a la de un trabajador equivalente a jornada completa.
Dicho importe permanecerá invariable durante toda la vigencia de esta Convenio y, en todo caso, durante la vigencia de la contrata que corresponda.
b) Compensación y absorción.- Cualquier empresa que a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, de forma voluntaria, mediante práctica habitual, acuerdo individual o colectivo, pacto de centro, o por sentencia, resolución o acuerdo judicial, ya viniese abonando o tuviera que abonar, mediante cualquier concepto o fórmula retributiva, una compensación económica por las circunstancias descritas con anterioridad, dichas compensaciones económicas quedarán compensadas y absorbidas con el abono del citado plus de conservación, total o parcialmente según corresponda.
En el Anexo XI del Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Construcción, bajo el epígrafe "Encuadramiento de las categorías, Grupos Profesionales y Niveles Retributivos", se recogen todas las categorías profesionales existentes en la empresa y el grupo profesional en el que se encuentran, encuadrándose el trabajador dentro del grupos profesional 4.
SEXTO.-El actor percibe, además del salario base, el plus actividad, plus extrasalarial, plus incentivos, plus disponibilidad y desde el mes de octubre de 2021 percibe el complemento "plus conservación" en cuantía variable mensual.
En el recibo de salario del mes de octubre de 2021 el actor percibió la cantidad de 221,00 € en concepto de regularización nómina, derivada del complemento de conservación devengado de 28-06- 2021 a 30-09-2021. Recibos de salario obrantes en autos, por reproducidos).
SEPTIMO.-En el año 2021 no se registró ningún accidente en jornada de trabajo con baja, ningún accidente in intinere con baja, ningún accidente grave ni mortal.
En el año 2022 se registró 1 accidente en jornada de trabajo con baja, ningún accidente in intinere con baja, ningún accidente grave ni mortal.
OCTAVO.-En el periodo de 28-06-2021 a 31-05-2022, el importe del plus de penosos, peligrosos y tóxicos, aplicando un 20 %, asciende a la cantidad de 2.013,15 €.
NOVENO.-Es de aplicación el Convenio Colectivo del sector de la Construcción para la provincia de Segovia (BOP 01-12-2017).
DÉCIMO.-En fecha 22 de junio de 2022 el actor interpuso preceptiva papeleta de conciliación. Tuvo lugar el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación en fecha 11 de julio de 2022, con el resultado de intentado sin avenencia.
TERCERO.-Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación D. Jose Manuel, siendo impugnado por UTE SEGOVIA 2, REYNOBER SA, COIVSA CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, SA.,. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.
CUARTO.-En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales vigentes.
Fundamentos
PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda en reclamación de cantidad inferior a 3000 euros y de plus de peligrosidad , declarando que es notoria la afectación general, al objeto de dar pie de recurso de suplicación .
Recurre la parte actora, alegando el impugnante con carácter previo la inadmisión del mismo . Centrado el tema objeto de debate, esta Sala debe plantearse con carácter previo, por ser una cuestión de orden público, si procede el recurso formalizado por la parte actora toda vez que, según los datos consignados anteriormente lo reclamado no supera los 3000 euros.
En lo que se refiere a la concurrencia de afectación general como vía de acceso a la suplicación, recordamos en STS 6/4/2022, rcud. 1289/2021, que "La notoriedad que abre el acceso al recurso de suplicación no puede ser la "notoriedad absoluta y general" de que habla el art. 281.4 LEC . Para su apreciación bastará con que, por la propia naturaleza de la cuestión debatida, por las circunstancias que en ella concurren, e incluso por la existencia de otros procesos con iguales pretensiones, la cuestión sea notoria para el Tribunal ( SSTS de 25 enero 2011, rec. 1418/2010 ; 21 febrero 2017, rec. 1253/2015 ; 24 octubre 2017, rec. 734/2016 ).
Asimismo, hemos señalado que "la vía de la afectación general, como medio de acceso al recurso de suplicación, "no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes, pues se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la sentencia de Tribunal Constitucional 79/1985, de 3 de julio , precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es "evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior"; y de la sentencia del mismo Tribunal 108/1992, de 14 de septiembre , se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el art. 189.1.b) de la LPL , responde a "un interés abstracto: la defensa del 'ius constitutionis' y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley" ( STS 16 de diciembre de 2009, rec. 4376/2008 ; 25 de mayo de 2010, rec. 2404/2009 ).
Sin que la afectación general puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que "esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate", de forma que "no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general" ( SSTS 2 junio 2016, rec. 3820/2014 ; 7 junio 2017, rec. 3039/2014 ; 24 octubre 2017, rec. 1160/2016 )". Y, como decimos en aquella STS de 2/2/2021 , "corresponde en primer lugar al Juez de lo Social de instancia verificar su existencia, pero que similar facultad tienen las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, al resolver el recurso de suplicación, y la Sala Cuarta al examinar el recurso de casación para la unificación de doctrina, pues, a pesar del carácter extraordinario de ambos recursos y de la naturaleza excepcional del segundo, se trata de una materia de competencia funcional que puede ser examinada de oficio por la Sala "ad quem" sin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias de aquellos ( SSTS 28 enero de 2009, rec. 1219/2008 ; 15 de julio de 2010, rec. 2711/2009 ; 3 de mayo de 2011, rec. 2639/2010 ; 6 de julio de 2015, rec. 1622/2014 ).
Y sin que esta Sala esté vinculada por la apreciación que en instanciase haya podido efectuar acerca de la afectación general, debiendo proceder de oficio a examinar su propia competencia( SSTS 22 de diciembre de 2010, rec. 52/2010; 25 de enero de 2011, rec. 1750/2010, 11 marzo de 2011, rec. 3242/2010)".
La doctrina, ya muy reiterada, del Tribunal Supremo en relación con el requisito de afectación general aparece por ejemplo resumida en sentencia de 7 de abril de 2021 :
"Sobre este cauce, venimos manteniendo la siguiente doctrina, reiterada en multitud de ocasiones como en las SSTS de 31 de enero de 2017, Rcud. 2147/2015 ; de 7 de junio de 2017, Rcud. 3039/2015 ; de 26 de mayo de 2015 , Rcud. 2915/2014 de 1 de julio de 2015 , Rcud. 2547/2014, de 3 de diciembre de 2019 , Rcud. 2644/17 y 20 de octubre de 2020, Rcud. 2554/17 , que relaciona la más reciente de fecha 9.02.2021, rcud 3713/2018 :
a).- La noción de afectación general o múltiple implica, en primer lugar, una relación cuantitativa, en la que el término final de comparación tiene que ser el número de trabajadores o beneficiarios potencialmente comprendidos en el ámbito de un posible conflicto, por estar también incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, y en la que el término real de referencia es el número de aquéllos que efectivamente se encuentran en una situación litigiosa susceptible de merecer una solución unitaria. Esto determina que, en principio, la afectación de este tipo se produzca en los pleitos en los que el litigio afecta a la interpretación de la norma - supuesto de hecho y consecuencia jurídica, como primera premisa del razonamiento jurídico- y no en los litigios que se limitan a un debate sobre hechos individualizados del caso en el plano de la subsunción.
b). - La doctrina de la Sala ha precisado también que no puede confundirse la afectación general con el campo de aplicación de la norma aplicada. En este sentido se ha señalado que en principio, toda cuestión que versa sobre la interpretación de la ley es susceptible de afectación general, no siendo ello más que una consecuencia de la que toda norma jurídica tiene una multiplicidad indefinida de supuestos de hecho, pero el que esté abierta a la afectación general y, por ello, pueda decirse que lo es potencialmente, no implica que lo sea de hecho, para esto se requiere que realmente todos o un gran número de trabajadores o beneficiarios estén de hecho afectados por la cuestión debatida en el litigio. Se exige, por tanto, la existencia de una situación real de litigio sobre la cuestión debatida por parte de todos o un gran número de los trabajadores o beneficiarios comprendidos en el campo de aplicación de la norma, es decir, que es necesario que la interpretación se perciba como controvertida por un grupo significativo de personas y de ahí que la afectación general no puede confundirse con la circunstancia de que la norma sea susceptible de una aplicación en masa, pues en ese caso todos los conflictos de Seguridad Social o, en general, los relativos a prestaciones públicas, como lo es la que aquí se debate, tendrían, sin más, abierto el recurso extraordinario siempre que se cuestionara la interpretación de una norma.
c). - Se trata, por tanto, de un hecho -el nivel de litigiosidad real existente sobre la cuestión discutida en el proceso- que como tal debe estar acreditado.
d). - La prueba de la afectación general puede realizarse a través de cualquiera de los medios admitidos en Derecho. La mayor dificultad proviene de la afectación como hecho notorio. Con respecto a este punto la STC 59/1986 advierte sobre los inconvenientes que se derivan de que el juez pueda aportar ex oficio o tener en cuenta un hecho de conocimiento notorio en cuanto ello puede afectar a los principios de imparcialidad y de contradicción procesal sustituyendo la actividad de parte y constituyéndose indebidamente en su asesor jurídico. Por ello, en la medida en que la notoriedad de la afectación general es relevante en orden a la recurribilidad de la sentencia de instancia, debe ser alegada por la parte como garantía de la seriedad de las posiciones de las partes en orden al recurso ( STC 164/1992 ), evitando de esta forma las conductas estratégicas que en ocasiones se producen variando la posición sobre la recurribilidad en función del resultado de las correspondientes decisiones judiciales. Por otra parte, no puede confundirse la notoriedad, que es siempre conocimiento general por la experiencia común, con el conocimiento privado u oficial que el órgano judicial pueda tener de la tramitación de litigios sobre una determinada cuestión. Este sería además un dato fundado en un conocimiento extraprocesal no sometido a contradicción y, desde luego, no bastaría para apreciar la afectación general la constancia de la existencia de varios procesos sobre la misma materia, sino que sería necesario que se tratase de un número significativo en orden al ámbito de referencia, aparte de que tampoco cabría aquí aplicar lo que la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/1986 denomina prueba retroactiva, pues la notoriedad ha de darse en el marco del conocimiento general existente en el momento en que se dictó la sentencia de instancia, cuya recurribilidad se discute, y no en un momento posterior.
e). - En resumen, el recurso de suplicación es un recurso debe ser considerado como excepcional y en este caso similar al recurso de casación para la unificación de doctrina, pues como éste se sirve del interés de las partes para lograr un objetivo que trasciende dicho interés. Y así los litigantes tienen la carga de acreditar que el litigio entraña la necesidad del recurso; necesidad que se constituye en presupuesto de recurribilidad que la ley concreta en que la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social. Esta afectación general es efectiva y real no meramente posible o hipotética, es decir, es un hecho y como tal corresponde a la parte alegarlo, y, en principio, como hecho para que tenga fuerza jurídica ha de ser probado, ser notorio o estar las partes conformes en él. Pero como el recurso es materia de orden público, no basta que las partes estén conformes, sino que es necesario que en el propio litigio y por lo que consta en los autos la afectación general sea evidente por sí misma, lo que debe controlar el órgano judicial competente. La alegación y prueba del presupuesto de recurribilidad, es decir de la afectación general, ha de realizarse en la instancia y sólo cabe volver sobre ella por los Tribunales Superiores en los términos y con las competencias que sobre los hechos con transcendencia jurídica tienen la casación y suplicación".
Por consiguiente, estamos en el supuesto en el que se está aplicando el concepto de afectación general en función del campo de aplicación de la norma, lo que no es correcto, porque lo que ha de atenderse es a la existencia de litigiosidad real, efectiva, sobre la cual no consta absolutamente ningún dato. Como dice la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo citada los litigantes tenían la carga de acreditar la indicada circunstancia y sobre tal extremo nada consta, habiéndose limitado a acreditar el ámbito potencial de aplicación del criterio resultante en lugar de acreditar la existencia y extensión del conflicto laboral.
El TS en sentencia de 30 de mayo de 2024 ( ROJ: STS 3008/2024 Sentencia: 796/2024 Recurso: 2214/2022 Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIAresuelve la Inadmisión del recurso por cuantía inferior a 3.000 € e inexistencia de afectación general.
Declara la sentencia que: "La afectación general no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general. Para apreciar la existencia de tal afectación no es necesario que se hayan incoado muchos procesos judiciales a consecuencia de la cuestión que la produce, sino que basta con la existencia de la situación de conflicto generalizado
Así, la Sala viene advirtiendo que la afectación general no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general. A lo que hay que añadir que el hecho de que la LRJS otorgue al Ministerio Fiscal legitimación para interponer este recurso -de oficio o a instancia de entidades diversas- en los casos del art. 219.3 de dicha ley,obliga a realizar una interpretación más estricta de la afectación general (por todas, SSTS de 12 de mayo de 2021, rcud. 3244/201 ; de 25 de mayo de 2021, rcud. 4329/2018 y de 08 de junio de 2021, rcud. 1796/2020 ).".
Precisamente atendiendo a que el FOGASA es el único afectado, afirmamos que para poder calificar la afectación general que nos ocupa "no bastaría con centrar la conflictividad en los concretos asuntos que en un determinado espacio geográfico pudieran haberse planteado cuando no se particulariza nada que determine que existe una singularidad respecto del resto del territorio nacional. Tampoco el número de asuntos que pudieran haberse tramitado en la comunidad sirven como elemento que pueda configurar la afectación en este caso porque, como ya ha venido señalando la Sala, para apreciar la existencia de tal afectación no es necesario que se hayan incoado muchos procesos judiciales a consecuencia de la cuestión que la produce, sino que basta con la existencia de la situación de conflicto generalizado, lo que en este caso no se puede apreciar al carecer de elementos que la puedan sostener. Y ello a pesar de que esta Sala pueda obtener de determinada base de datos que existen unas cuarenta sentencias dictadas por aquella Sala de suplicación y que ante esta Sala solo están en tramitación siete recursos de unificación de doctrina de allí procedentes.
De todo ello se desprende, igualmente, que no podamos apreciar la notoriedad del conflicto.
Es cierto y creemos necesario referirnos a ello, que esta Sala apreció la afectación general en asuntos en los que las partes implicadas, empresa y trabajador, cuestionaban la naturaleza de aquellas retribuciones, con base en la notoriedad del conflicto que esta Sala advirtió por los numerosos recursos que pendían ante la misma (v.g. ATS de 3 de mayo de 2012, rcud 3935/2011 y las sentencias que en él se citan), por cierto, debate que fue resuelto por esta Sala calificando al plus de transporte y de vestuario como extrasalariales ( STS de 5 de julio de 2016, rcud 2294/2014 y las que en ella se citan). Ahora bien, esa situación de conflictividad no es la que ahora tenemos.".
También incidiendo en el concepto de afectación general -en recurso referido a la misma materia objeto del presente litigio-, esta Sala en STS IV de 13 de julio de 2022 (rcud 2214/2022 ),con cita de la STS de 11 de mayo de 2018, Pleno, rcud 1800/2016 ,recordábamos que el examen de la concurrencia de la afectación general corresponde en primer lugar al juez de lo social, pero también a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia al resolver el recurso de suplicación, "y a esta Sala al examinar el recurso de casación para la unificación de doctrina. A pesar del carácter extraordinario de ambos recursos y de la naturaleza excepcional del segundo, la afectación general condiciona la competencia funcional y puede ser examinada de oficio por la Sala "ad quem" sin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias de aquellos.", y que la afectación general "no puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que "esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate", de forma que "no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general" ( SSTS 2 junio 2016, rec. 3820/2014 ; 7 junio 2017, rec. 3039/2014 ; 24 octubre 2017, rec. 1160/2016 )".
Resulta en consecuencia aplicable la regla preceptuada en el art. 191.2.g) LRJS cuando dispone que no procederá recurso de suplicación cuando se trate de: "g) Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros", en relación con su apartado 3.b) que excepciona dicha limitación en reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, y el art. 192.3 LRJS , que al regular la determinación de la cuantía del proceso, establece que cuando la reclamación verse sobre prestaciones económicas periódicas de cualquier naturaleza o diferencias sobre ellas, la cuantía litigiosa a efectos de recurso vendrá determinada por el importe de la prestación básica o de las diferencias reclamadas, ambas en cómputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran serle aplicables, ni los intereses o recargos por mora. La misma regla se aplicará a las reclamaciones de reconocimiento de derechos, siempre que tengan traducción económica".
La aplicación de esta doctrina en el presente caso no permite apreciar la afectación general, pues se trata de unas reclamaciones individuales ligadas a las circunstancias personales de las demandantes y por tanto una cuestión que afecta exclusivamente a cada uno de ellos, en un determinado momento, realizando determinadas funciones conforme a los Hechos probados, que en su caso esta Sala no entra a valorar ni confirmar ni compartir o revocar. En definitiva, no consideramos -a la vista de lo debatido- que esa afectación general tenga carácter notorio, se haya probado o su contenido lo sea claramente, sin que la existencia de una «afectación masiva» desde la óptica subjetiva abra las puertas de la suplicación ( SSTS 10/12/93 Ar. 9775, 21/01/94 Ar. 360; 24/02/94 Ar. 1514; y 07/03/94 Ar. 2209).
Así, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 191.2.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social : "No procederá recurso de Suplicación contra las sentencias dictadas en procesos de reclamación de cantidad que no superen los 3.000 €".Y no existiendo afectación general ,la Sala entiende que debemos declarar y declaramos la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de la sentencia de instancia a las partes, con declaración de su firmeza.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Fallo
Que desestimando en parte el recurso recurso de Suplicación número 489/2024 interpuesto por D. Jose Manuel, frente a la sentencia con fecha 2 de Febrero de 2024 dictada por el Juzgado de lo Social de SEGOVIA en autos número 523/2023 seguidos a instancia del recurrente, contra UTE SEGOVIA 2, REYNOBER, S.A. y COIVSA CONSERVACIÓN INTEEGRAL VARIA, S.A. en reclamación de Cantidad, por inadmisión del oficio del recurso, debemos declarar y declaramos de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de la sentencia de instancia a las partes, con declaración de su firmeza. SIN COSTAS.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S. y 248.4 de la L.O.P.J. y sus concordantes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante el Tribunal Supremo, significándoles que dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación, mediante escrito ajustado a los requisitos legales contenidos en los artículos 220 y 221 de la L.R.J.S. , con firma de Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en legal forma conforme al art. 231 de la citada Ley.
Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 € conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b de la L.R.J.S. , asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los supuestos previstos en el art. 230 de la mencionada Ley, salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del beneficio de justicia gratuita.
Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación de Depósitos y Consignaciones, abierta en la Entidad Bancaria Santander, cuenta nº ES55 0049 3569 9200 0500 1274, en cualquiera de sus sucursales, incluyendo en el concepto los dígitos 1062.0000.65.0489 24
Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y Entidades enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
