Sentencia Social 1511/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 1314/2025 de 03 de noviembre del 2025

PRIMERO:El Juzgado de lo Social nº1/BIS de Ciudad Real, dictó sentencia en fecha 14 de febrero de 2025, desestimando la demanda entablada por la trabajadora, sobre despido frente a la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA oficina de Ciudad Real.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la defensa letrada de la trabajadora demandante, interesando la revisión fáctica y jurídica de la decisión de instancia. El recurso ha sido impugnado por la entidad demandada.

En el asunto que nos ocupa, se interpone por la actora, ahora recurrente, demanda por despido contra la Cruz Roja Española, Oficina Provincial de Ciudad Real, solicitando la declaración de improcedencia del despido, la readmisión de la trabajadora y el abono de salarios dejados de percibir o, en su defecto, una indemnización de 11.358,07 euros, de los cuales solo se habían abonado 6.744,05 euros. La demandante había estado contratada desde 2016 en un proyecto específico, pero la entidad Cruz Roja comunicó la extinción de la relación laboral por causas objetivas, debido a la pérdida de financiación del proyecto "Criando en Positivo". Los hechos probados indican que la demandante había trabajado en varios contratos temporales y finalmente en un contrato indefinido, percibiendo un salario mensual de 1.350,83 euros. La empresa comunicó el despido el 17 de mayo de 2024, con efectos a partir del 31 de mayo de 2024, argumentando la falta de financiación para el proyecto que gestionaba. La sentencia recoge que durante el acto de conciliación, la empresa ofreció la reincorporación de la demandante tras la obtención de una nueva subvención para otro proyecto, lo que fue rechazado por la trabajadora. El juzgador resuelve considerando que la extinción del contrato se ajusta a las causas objetivas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, ya que la falta de financiación es una causa válida para el despido. Por lo tanto, se concluye que el despido es procedente y se desestima la demanda en su totalidad.

SEGUNDO:En el primer motivo del recurso se interesa la revisión de los hechos probados de la sentencia, lo que se articula en distintos apartados.

Como señala la doctrina jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 29 de octubre de 2002, 7 de marzo de 2003, 6 de julio de 2004, 20 de junio de 2006, 10 de diciembre de 2009, 26 de enero, 18 de febrero de 2010, 18 de enero de 2011, 20 de marzo y 21 de mayo de 2012, 14 de mayo y 16 y 19 de diciembre de 2013, 10 y 18 de febrero, 16 de septiembre de 2014 y 25 de mayo y 10 de junio de 2015 y las que en ellas se citan) para que pueda apreciarse error de hecho en la valoración de la prueba han de concurrir los requisitos siguientes: "1) que se señale con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entiende equivocado, contrario a los acreditados o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya completándolos; 3) se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del Juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; y 5) que la revisión pretendida sea trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico".

También debemos recordar que la más reciente doctrina jurisprudencial tiene establecido que: "no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( TS sentencia núm. 563/2021 de 20 mayo, rec. 145/2020).

1.- Interesa que el HP 1º último párrafo se modifique en el siguiente sentido:

"Con fecha 1-6-2019, se formaliza entre las partes contrato de trabajo indefinido donde se consta que la demandante prestará sus servicios como responsable de Proyecto incluido en el Grupo profesional de TECNICO/A 2 en el mismo centro de trabajo que el anterior, con jornada a tiempo parcial de 25 horas semanales, hasta fin de obra o servicio".

Sostiene el recurrente que el subrayado en negrita no se corresponde con la realidad, no se especifica en el contrato, por lo que propone sustituirlo por la mención de "lunes a domingo". Doc.4 adjunto a la demanda.

Si bien es cierto que se trata de un contrato de trabajo indefinido, por conversión del temporal a tiempo parcial, y no figura en su duración fecha de finalización, la mención a la finalización de obra o servicio ha de tenerse por no puesta. Sin embargo, no puede adicionarse que la jornada será de lunes a domingo, como se pretende, pues en el contrato figura que la jornada es parcial de 25 horas semanales será de lunes a viernes.

.- En segundo lugar propone que al HP3º, aunque entendemos por error refiere el segundo, cuyo contenido es el siguiente:

"TERCERO.- Consta que el Proyecto "Criando en Positivo", para la oficina de Ciudad Real, se le asignan 17.650 euros y como gastos de personal: 16.514,70 euros. (doc 2 de la demandante y doc 15 de la demandada)".

Se adicione que Cruz Roja a nivel provincial, recibió, para el proyecto "Criando en Positivo" una financiación directa por la JCCM y CaixaBank de 38.293 euros; y que el proyecto también recibió vía subvención, doble financiación provincial, otorgada por la JCCM y Globalcaja. Cita como documento que ampara su adición el documento aportado junto a su demanda, y un enlace a la web de cruz roja, que interesa sea examinado por el Tribunal.

Los datos que recoge el juzgador son correctos y se deducen de los documentos que designa en su HP3.

Aunque en el documento adjunto a la demanda se observa como en efecto consta una subvención a nivel provincialpor parte de Globalcaja, al proyecto Criando en Positivo, ello no implica que se trate de una subvención que soporte el proyecto de Puertollano, la sentencia refiere que existe otro en Tomelloso, por tanto debemos rechazar su incorporación, pues se basa en una hipótesis de la parte, que intenta con ello soslayar la decisión del juzgador. Y en cuanto a los datos que indica se desprenden de la web de la entidad, que solicita sean examinados ex novo por el Tribunal, se trata de elementos de prueba que no fueron aportados en el acto del juicio, y por tanto no pueden ser examinados por la Sala.

.- En el apartado III se interesa la modificación del HP7º, para que se complete añadiendo:

"que, si bien existe una resolución desfavorable de la JCCM sobre una solicitud de subvención concreta, la JCCM continuó subvencionando el proyecto en 2024:

-En la Oficina Provincial de Ciudad Real, con 17.650 euros

-En la Asamblea Local de Puertollano, con 5.610 euros

-Autonómicamente, con 100.000 euros.

Y, que, consta acreditado documentalmente el compromiso de la JCCM y la representante legal de la demandada, con el proyecto "Criando en Positivo" en Ciudad Real".

Tal propuesta se ha de rechazar toda vez que no se deduce de un documento concreto, ni de forma literosuficiente, resulta palmario que la parte no propone la consideración de un documento del tipo exigido por la jurisprudencia en la materia, esto, del que se derive la existencia del error de manera directa, material, patente, y no precisada de integración. Por el contrario, se intenta la valoración conjunta de varios documentos referidos a la financiación de Cruz Roja a nivel autonómico y provincial, junto con la prueba testifical practicada, inadmisible para la revisión fáctica. Lo que intenta es modificar la valoración del juzgador en cuanto a la financiación del proyecto en el que prestaba servicio la actora, basada en hipótesis y conjeturas de las que se quiere hacer derivar una tesis más favorable a la parte.

.- En el apartado IV se interesa la modificación del HP8º en relación con el 11º, para "referenciar que la concesión de dicho nuevo proyecto, no es de fecha 21 de junio de 2024, la subvención es aceptada el día 16 de mayo de 2024, y debe referenciarse dicha fecha, por que es 16 días antes del despido".

El juzgador no incurre en error alguno al redactar el referido HP8º pues recoge el contenido del email referido dirigido por presidencia de la JCCLM a las delegaciones provinciales de Cruz Roja, en relación al proyecto "conecta y aprende", subvencionado por la entidad autonómica.

La redacción que se intenta introducir no puede ser admitida, por cuanto nuevamente se recurre no a un documento del que se deduzca literalmente lo que se pretende, sino que se sustenta la redacción a introducir en una elaboración favorable a su pretensión, ya que en el documento referido, lo que figura es la aceptación por parte de la representante legal de la entidad/agrupación CRUZ ROJA ESPAÑOLA, de la propuesta de concesión de fecha 16/05/2024 remitida por el órgano instructor y se compromete a la realización de la actividad reseñada objeto de concesión de la subvención citada, de tal forma que del documento no se infiere cual fue la firma de la aceptación, por tanto no podemos inferir si fue antes o después de la extinción laboral por despido objetivo comunicada.

TERCERO:En el segundo motivo amparado en el apartado c) del art.193 LRJS, denuncia la recurrente que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 24 de la CE en relación con el artículo 3.1, 15 y 56 del Estatuto de los trabajadores, y 110 de la Ley de la Jurisdicción social.

Sostiene que ha quedado plenamente acreditada la improcedencia del despido, y que debe proceder a declararse la extinción de la relación laboral con abono de la indemnización calculada hasta la fecha de la sentencia, y los salarios de tramitación devengados.

Parte en su razonamiento del entendimiento de que si hubo un reconocimiento empresarial de improcedencia del despido y oferta de readmisión, debe tenerse por reconocida tal improcedencia de la comunicación extintiva, como acto propio, sin dar lugar a valorar sobre la procedencia del despido objetivo comunicado como efectúa el juzgador.

Argumento que debemos rechazar, pues tal y como se deriva de la sentencia y de lo actuado, estamos ante una oferta de la empresa en fase de conciliación administrativa y previa al juicio, que al no ser aceptada por la trabajadora, defiende la procedencia del despido objetivo comunicado, al perder la subvención económica que viabilizaba la continuidad del proyecto en el que prestaba servicios la demandante.

Al respecto el TS ha manifestado en STS 18 diciembre 2009 que " El efecto normal de la falta de aceptación del trabajador será que no hay acuerdo transaccional y que, por tanto, no se ha evitado el pleito ni se ha puesto término al que pudiera considerarse iniciado ( artículo 1809 del Código Civil ). De los tratos preliminares que se han producido para llegar a la transacción no surgirán obligaciones para las partes que han participado en ellos, salvo, en su caso, los propios de la denominada responsabilidad precontractual por los gastos ocasionados por esos tratos "

De esta forma, en el caso de autos, el ofrecimiento de improcedencia y readmisión planteado por la empresa en conciliación, que no es aceptada por la trabajadora, no vincula a la empleadora, que puede luego discutir válidamente la procedencia del despido. Por otro lado, en efecto, el trabajador no está obligado a aceptar dicha oferta, pero tampoco puede valerse de la misma como medio de prueba incontrovertible que le releve de la carga de la prueba propia de la pretensión de improcedencia.

Como ha dicho el TS, en la sentencia ya citada, no es una declaración de esta clase -constitutiva, en sí misma-, sino una oferta en el marco de una negociación orientada a evitar un pleito; ..., y este tipo de declaraciones responde en cuanto a su eficacia a las reglas generales de la contratación (artículos 1258 y 1262 del), por lo que su carácter vinculante depende de que la oferta sea aceptada y de que esta aceptación llegue a conocimiento del oferente. Si no es así, la oferta no se convierte en acuerdo vinculante en orden a la calificación del despido

En cuanto a la doctrina de los actos propios, que también invoca la recurrente, como se decía en la sentencia del Tribunal Supremo de 24/02/05 (RJ 2005, 2914) , dicho principio se caracteriza por remitir a una expresa y concluyente manifestación de voluntad encaminada a crear, modificar o extinguir algún derecho o a esclarecer, sin ninguna duda, una determinada situación jurídica de manera que debe poder detectarse una clara incompatibilidad, como señala la Sala 1ª de lo Civil [STS 15/06/89 (RJ 1989 , 4688) , 22/01/97 ( RJ 1997, 17) y 16/02/98 (RJ 1998, 868) entre otras] entre la conducta anterior y la pretensión actual o una contradicción, según el sentido, que de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior. Lo que, dirá el Alto Tribunal, tiene su razón de ser en razones de seguridad jurídica, y la obtención de la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 de la CE . En este punto no podemos sino indicar, que de las manifestaciones vertidas por la empresa en fase de conciliación previa, acto y de su comparación con la actuación en el procedimiento, no podemos deducir la violación del referido principio general de derecho, sino una oferta transaccional no aceptada y una defensa legítima de la postura procesal de cada parte. Criterio ya expuesto por el TSJ Cataluña, en su sentencia 8016/2012 de 26 de noviembre, que compartimos.

Con ello desestimamos el primer apartado del motivo.

En el II apartado, sostiene que la entidad no contrató a la actora para una obra o proyecto determinado, ello resulta evidente cuando se produce la transformación del contrato en indefinido, razón por la que se comunica no un fin de contrato, sino un despido objetivo, en el que la entidad empleadora pone de manifiesto la pérdida del proyecto en el que trabajaba la actora, y la imposibilidad de ofrecerle otro de los disponibles en ese momento.

En el apartado III sostiene que el proyecto "criando en positivo" no finalizó, y en el IV que no existe imposibilidad de adscribirla a otros proyectos, para ello se ampara en el relato que quiere introducir como dato fáctico, ya rechazado, y que no consta en los hechos probados de la sentencia, por el contrario si se constata acreditada la resolución desfavorable por parte de la Consejería de Bienestar Social de la JCCLM, de la solicitud presentada por la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA para la financiación del proyecto CRIANDO EN POSITIVO para el ejercicio 2024; sin que se aporten elementos probatorios alternativos que adveren el mantenimiento del proyecto que desarrollaba la actora en Puertollano, como tampoco que se mantenga en otras localidades, con puestos de trabajo disponibles para la actora, en cualquier caso el indicado de Tomelloso ya contará con su propio personal de gestión, nada en contra se advera, por ello la entidad le comunica la imposibilidad de su asignación para la gestión de otros proyectos.

Hay que partir en consecuencia del inmodificado relato fáctico contenido en la sentencia, lo que no se hace en el recurso que se apoya en puntos de partida no acordes con los hechos probados de la citada resolución judicial, situación a la que expresamente se refiere el Tribunal Supremo,Sala 4ª, en sentencia de 14 de mayo de 2020 en la que se indica:

"El recurso se limita a insistir en un punto de partida que no es acorde con los hechos que declara probado la sentencia...Presupuestos de partida erróneos que pasan por desconocer y no respetar el contenido de los hechos que la sentencia declara probados, para ofrecer un planteamiento que parte de datos fácticos inexistente, que no solo no están recogidos en el relato histórico, sino que han sido expresamente desmentidos por el órgano judicial de instancia. El recurso sustenta por lo tanto sus razonamientos en unos datos de hecho que no vienen avalados en la sentencia, para incurrir de esta forma en el rechazable vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida ( SSTS 8-11-2017, rec. 40/2017 ; 3-5-2017, rec. 123/2016 ; 11- 2- 2016, rec, 98/2015 ; 3-2-2016; rec, 31/2015 , entre otras muchas).".

Debemos por tanto rechazar estos apartados pues se basan en premisas fácticas inexistentes.

Por último, se interesa que se reconozca a favor de la actora la opción ante la improcedencia del despido, como consecuencia de haber accedido a plazas de funcionaria interina en la Consejería de Educación, que harían imposible su reincorporación, en caso de optar la empresa por la readmisión.

Aspecto sobre el que no resolvemos al no haber estimado la improcedencia del despido, sino por el contrario confirmado el criterio de instancia, al considerar procedente la comunicación de despido objetivo y constatarse la realidad de las causas técnicas y organizativas alegadas por la empresa.

Por todo lo expuesto con desestimación del recurso formalizado, confirmamos en su integridad la sentencia de instancia.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO:El Juzgado de lo Social nº1/BIS de Ciudad Real, dictó sentencia en fecha 14 de febrero de 2025, desestimando la demanda entablada por la trabajadora, sobre despido frente a la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA oficina de Ciudad Real.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la defensa letrada de la trabajadora demandante, interesando la revisión fáctica y jurídica de la decisión de instancia. El recurso ha sido impugnado por la entidad demandada.

En el asunto que nos ocupa, se interpone por la actora, ahora recurrente, demanda por despido contra la Cruz Roja Española, Oficina Provincial de Ciudad Real, solicitando la declaración de improcedencia del despido, la readmisión de la trabajadora y el abono de salarios dejados de percibir o, en su defecto, una indemnización de 11.358,07 euros, de los cuales solo se habían abonado 6.744,05 euros. La demandante había estado contratada desde 2016 en un proyecto específico, pero la entidad Cruz Roja comunicó la extinción de la relación laboral por causas objetivas, debido a la pérdida de financiación del proyecto "Criando en Positivo". Los hechos probados indican que la demandante había trabajado en varios contratos temporales y finalmente en un contrato indefinido, percibiendo un salario mensual de 1.350,83 euros. La empresa comunicó el despido el 17 de mayo de 2024, con efectos a partir del 31 de mayo de 2024, argumentando la falta de financiación para el proyecto que gestionaba. La sentencia recoge que durante el acto de conciliación, la empresa ofreció la reincorporación de la demandante tras la obtención de una nueva subvención para otro proyecto, lo que fue rechazado por la trabajadora. El juzgador resuelve considerando que la extinción del contrato se ajusta a las causas objetivas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, ya que la falta de financiación es una causa válida para el despido. Por lo tanto, se concluye que el despido es procedente y se desestima la demanda en su totalidad.

SEGUNDO:En el primer motivo del recurso se interesa la revisión de los hechos probados de la sentencia, lo que se articula en distintos apartados.

Como señala la doctrina jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 29 de octubre de 2002, 7 de marzo de 2003, 6 de julio de 2004, 20 de junio de 2006, 10 de diciembre de 2009, 26 de enero, 18 de febrero de 2010, 18 de enero de 2011, 20 de marzo y 21 de mayo de 2012, 14 de mayo y 16 y 19 de diciembre de 2013, 10 y 18 de febrero, 16 de septiembre de 2014 y 25 de mayo y 10 de junio de 2015 y las que en ellas se citan) para que pueda apreciarse error de hecho en la valoración de la prueba han de concurrir los requisitos siguientes: "1) que se señale con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entiende equivocado, contrario a los acreditados o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya completándolos; 3) se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del Juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; y 5) que la revisión pretendida sea trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico".

También debemos recordar que la más reciente doctrina jurisprudencial tiene establecido que: "no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( TS sentencia núm. 563/2021 de 20 mayo, rec. 145/2020).

1.- Interesa que el HP 1º último párrafo se modifique en el siguiente sentido:

"Con fecha 1-6-2019, se formaliza entre las partes contrato de trabajo indefinido donde se consta que la demandante prestará sus servicios como responsable de Proyecto incluido en el Grupo profesional de TECNICO/A 2 en el mismo centro de trabajo que el anterior, con jornada a tiempo parcial de 25 horas semanales, hasta fin de obra o servicio".

Sostiene el recurrente que el subrayado en negrita no se corresponde con la realidad, no se especifica en el contrato, por lo que propone sustituirlo por la mención de "lunes a domingo". Doc.4 adjunto a la demanda.

Si bien es cierto que se trata de un contrato de trabajo indefinido, por conversión del temporal a tiempo parcial, y no figura en su duración fecha de finalización, la mención a la finalización de obra o servicio ha de tenerse por no puesta. Sin embargo, no puede adicionarse que la jornada será de lunes a domingo, como se pretende, pues en el contrato figura que la jornada es parcial de 25 horas semanales será de lunes a viernes.

.- En segundo lugar propone que al HP3º, aunque entendemos por error refiere el segundo, cuyo contenido es el siguiente:

"TERCERO.- Consta que el Proyecto "Criando en Positivo", para la oficina de Ciudad Real, se le asignan 17.650 euros y como gastos de personal: 16.514,70 euros. (doc 2 de la demandante y doc 15 de la demandada)".

Se adicione que Cruz Roja a nivel provincial, recibió, para el proyecto "Criando en Positivo" una financiación directa por la JCCM y CaixaBank de 38.293 euros; y que el proyecto también recibió vía subvención, doble financiación provincial, otorgada por la JCCM y Globalcaja. Cita como documento que ampara su adición el documento aportado junto a su demanda, y un enlace a la web de cruz roja, que interesa sea examinado por el Tribunal.

Los datos que recoge el juzgador son correctos y se deducen de los documentos que designa en su HP3.

Aunque en el documento adjunto a la demanda se observa como en efecto consta una subvención a nivel provincialpor parte de Globalcaja, al proyecto Criando en Positivo, ello no implica que se trate de una subvención que soporte el proyecto de Puertollano, la sentencia refiere que existe otro en Tomelloso, por tanto debemos rechazar su incorporación, pues se basa en una hipótesis de la parte, que intenta con ello soslayar la decisión del juzgador. Y en cuanto a los datos que indica se desprenden de la web de la entidad, que solicita sean examinados ex novo por el Tribunal, se trata de elementos de prueba que no fueron aportados en el acto del juicio, y por tanto no pueden ser examinados por la Sala.

.- En el apartado III se interesa la modificación del HP7º, para que se complete añadiendo:

"que, si bien existe una resolución desfavorable de la JCCM sobre una solicitud de subvención concreta, la JCCM continuó subvencionando el proyecto en 2024:

-En la Oficina Provincial de Ciudad Real, con 17.650 euros

-En la Asamblea Local de Puertollano, con 5.610 euros

-Autonómicamente, con 100.000 euros.

Y, que, consta acreditado documentalmente el compromiso de la JCCM y la representante legal de la demandada, con el proyecto "Criando en Positivo" en Ciudad Real".

Tal propuesta se ha de rechazar toda vez que no se deduce de un documento concreto, ni de forma literosuficiente, resulta palmario que la parte no propone la consideración de un documento del tipo exigido por la jurisprudencia en la materia, esto, del que se derive la existencia del error de manera directa, material, patente, y no precisada de integración. Por el contrario, se intenta la valoración conjunta de varios documentos referidos a la financiación de Cruz Roja a nivel autonómico y provincial, junto con la prueba testifical practicada, inadmisible para la revisión fáctica. Lo que intenta es modificar la valoración del juzgador en cuanto a la financiación del proyecto en el que prestaba servicio la actora, basada en hipótesis y conjeturas de las que se quiere hacer derivar una tesis más favorable a la parte.

.- En el apartado IV se interesa la modificación del HP8º en relación con el 11º, para "referenciar que la concesión de dicho nuevo proyecto, no es de fecha 21 de junio de 2024, la subvención es aceptada el día 16 de mayo de 2024, y debe referenciarse dicha fecha, por que es 16 días antes del despido".

El juzgador no incurre en error alguno al redactar el referido HP8º pues recoge el contenido del email referido dirigido por presidencia de la JCCLM a las delegaciones provinciales de Cruz Roja, en relación al proyecto "conecta y aprende", subvencionado por la entidad autonómica.

La redacción que se intenta introducir no puede ser admitida, por cuanto nuevamente se recurre no a un documento del que se deduzca literalmente lo que se pretende, sino que se sustenta la redacción a introducir en una elaboración favorable a su pretensión, ya que en el documento referido, lo que figura es la aceptación por parte de la representante legal de la entidad/agrupación CRUZ ROJA ESPAÑOLA, de la propuesta de concesión de fecha 16/05/2024 remitida por el órgano instructor y se compromete a la realización de la actividad reseñada objeto de concesión de la subvención citada, de tal forma que del documento no se infiere cual fue la firma de la aceptación, por tanto no podemos inferir si fue antes o después de la extinción laboral por despido objetivo comunicada.

TERCERO:En el segundo motivo amparado en el apartado c) del art.193 LRJS, denuncia la recurrente que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 24 de la CE en relación con el artículo 3.1, 15 y 56 del Estatuto de los trabajadores, y 110 de la Ley de la Jurisdicción social.

Sostiene que ha quedado plenamente acreditada la improcedencia del despido, y que debe proceder a declararse la extinción de la relación laboral con abono de la indemnización calculada hasta la fecha de la sentencia, y los salarios de tramitación devengados.

Parte en su razonamiento del entendimiento de que si hubo un reconocimiento empresarial de improcedencia del despido y oferta de readmisión, debe tenerse por reconocida tal improcedencia de la comunicación extintiva, como acto propio, sin dar lugar a valorar sobre la procedencia del despido objetivo comunicado como efectúa el juzgador.

Argumento que debemos rechazar, pues tal y como se deriva de la sentencia y de lo actuado, estamos ante una oferta de la empresa en fase de conciliación administrativa y previa al juicio, que al no ser aceptada por la trabajadora, defiende la procedencia del despido objetivo comunicado, al perder la subvención económica que viabilizaba la continuidad del proyecto en el que prestaba servicios la demandante.

Al respecto el TS ha manifestado en STS 18 diciembre 2009 que " El efecto normal de la falta de aceptación del trabajador será que no hay acuerdo transaccional y que, por tanto, no se ha evitado el pleito ni se ha puesto término al que pudiera considerarse iniciado ( artículo 1809 del Código Civil ). De los tratos preliminares que se han producido para llegar a la transacción no surgirán obligaciones para las partes que han participado en ellos, salvo, en su caso, los propios de la denominada responsabilidad precontractual por los gastos ocasionados por esos tratos "

De esta forma, en el caso de autos, el ofrecimiento de improcedencia y readmisión planteado por la empresa en conciliación, que no es aceptada por la trabajadora, no vincula a la empleadora, que puede luego discutir válidamente la procedencia del despido. Por otro lado, en efecto, el trabajador no está obligado a aceptar dicha oferta, pero tampoco puede valerse de la misma como medio de prueba incontrovertible que le releve de la carga de la prueba propia de la pretensión de improcedencia.

Como ha dicho el TS, en la sentencia ya citada, no es una declaración de esta clase -constitutiva, en sí misma-, sino una oferta en el marco de una negociación orientada a evitar un pleito; ..., y este tipo de declaraciones responde en cuanto a su eficacia a las reglas generales de la contratación (artículos 1258 y 1262 del), por lo que su carácter vinculante depende de que la oferta sea aceptada y de que esta aceptación llegue a conocimiento del oferente. Si no es así, la oferta no se convierte en acuerdo vinculante en orden a la calificación del despido

En cuanto a la doctrina de los actos propios, que también invoca la recurrente, como se decía en la sentencia del Tribunal Supremo de 24/02/05 (RJ 2005, 2914) , dicho principio se caracteriza por remitir a una expresa y concluyente manifestación de voluntad encaminada a crear, modificar o extinguir algún derecho o a esclarecer, sin ninguna duda, una determinada situación jurídica de manera que debe poder detectarse una clara incompatibilidad, como señala la Sala 1ª de lo Civil [STS 15/06/89 (RJ 1989 , 4688) , 22/01/97 ( RJ 1997, 17) y 16/02/98 (RJ 1998, 868) entre otras] entre la conducta anterior y la pretensión actual o una contradicción, según el sentido, que de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior. Lo que, dirá el Alto Tribunal, tiene su razón de ser en razones de seguridad jurídica, y la obtención de la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 de la CE . En este punto no podemos sino indicar, que de las manifestaciones vertidas por la empresa en fase de conciliación previa, acto y de su comparación con la actuación en el procedimiento, no podemos deducir la violación del referido principio general de derecho, sino una oferta transaccional no aceptada y una defensa legítima de la postura procesal de cada parte. Criterio ya expuesto por el TSJ Cataluña, en su sentencia 8016/2012 de 26 de noviembre, que compartimos.

Con ello desestimamos el primer apartado del motivo.

En el II apartado, sostiene que la entidad no contrató a la actora para una obra o proyecto determinado, ello resulta evidente cuando se produce la transformación del contrato en indefinido, razón por la que se comunica no un fin de contrato, sino un despido objetivo, en el que la entidad empleadora pone de manifiesto la pérdida del proyecto en el que trabajaba la actora, y la imposibilidad de ofrecerle otro de los disponibles en ese momento.

En el apartado III sostiene que el proyecto "criando en positivo" no finalizó, y en el IV que no existe imposibilidad de adscribirla a otros proyectos, para ello se ampara en el relato que quiere introducir como dato fáctico, ya rechazado, y que no consta en los hechos probados de la sentencia, por el contrario si se constata acreditada la resolución desfavorable por parte de la Consejería de Bienestar Social de la JCCLM, de la solicitud presentada por la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA para la financiación del proyecto CRIANDO EN POSITIVO para el ejercicio 2024; sin que se aporten elementos probatorios alternativos que adveren el mantenimiento del proyecto que desarrollaba la actora en Puertollano, como tampoco que se mantenga en otras localidades, con puestos de trabajo disponibles para la actora, en cualquier caso el indicado de Tomelloso ya contará con su propio personal de gestión, nada en contra se advera, por ello la entidad le comunica la imposibilidad de su asignación para la gestión de otros proyectos.

Hay que partir en consecuencia del inmodificado relato fáctico contenido en la sentencia, lo que no se hace en el recurso que se apoya en puntos de partida no acordes con los hechos probados de la citada resolución judicial, situación a la que expresamente se refiere el Tribunal Supremo,Sala 4ª, en sentencia de 14 de mayo de 2020 en la que se indica:

"El recurso se limita a insistir en un punto de partida que no es acorde con los hechos que declara probado la sentencia...Presupuestos de partida erróneos que pasan por desconocer y no respetar el contenido de los hechos que la sentencia declara probados, para ofrecer un planteamiento que parte de datos fácticos inexistente, que no solo no están recogidos en el relato histórico, sino que han sido expresamente desmentidos por el órgano judicial de instancia. El recurso sustenta por lo tanto sus razonamientos en unos datos de hecho que no vienen avalados en la sentencia, para incurrir de esta forma en el rechazable vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida ( SSTS 8-11-2017, rec. 40/2017 ; 3-5-2017, rec. 123/2016 ; 11- 2- 2016, rec, 98/2015 ; 3-2-2016; rec, 31/2015 , entre otras muchas).".

Debemos por tanto rechazar estos apartados pues se basan en premisas fácticas inexistentes.

Por último, se interesa que se reconozca a favor de la actora la opción ante la improcedencia del despido, como consecuencia de haber accedido a plazas de funcionaria interina en la Consejería de Educación, que harían imposible su reincorporación, en caso de optar la empresa por la readmisión.

Aspecto sobre el que no resolvemos al no haber estimado la improcedencia del despido, sino por el contrario confirmado el criterio de instancia, al considerar procedente la comunicación de despido objetivo y constatarse la realidad de las causas técnicas y organizativas alegadas por la empresa.

Por todo lo expuesto con desestimación del recurso formalizado, confirmamos en su integridad la sentencia de instancia.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO:El Juzgado de lo Social nº1/BIS de Ciudad Real, dictó sentencia en fecha 14 de febrero de 2025, desestimando la demanda entablada por la trabajadora, sobre despido frente a la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA oficina de Ciudad Real.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la defensa letrada de la trabajadora demandante, interesando la revisión fáctica y jurídica de la decisión de instancia. El recurso ha sido impugnado por la entidad demandada.

En el asunto que nos ocupa, se interpone por la actora, ahora recurrente, demanda por despido contra la Cruz Roja Española, Oficina Provincial de Ciudad Real, solicitando la declaración de improcedencia del despido, la readmisión de la trabajadora y el abono de salarios dejados de percibir o, en su defecto, una indemnización de 11.358,07 euros, de los cuales solo se habían abonado 6.744,05 euros. La demandante había estado contratada desde 2016 en un proyecto específico, pero la entidad Cruz Roja comunicó la extinción de la relación laboral por causas objetivas, debido a la pérdida de financiación del proyecto "Criando en Positivo". Los hechos probados indican que la demandante había trabajado en varios contratos temporales y finalmente en un contrato indefinido, percibiendo un salario mensual de 1.350,83 euros. La empresa comunicó el despido el 17 de mayo de 2024, con efectos a partir del 31 de mayo de 2024, argumentando la falta de financiación para el proyecto que gestionaba. La sentencia recoge que durante el acto de conciliación, la empresa ofreció la reincorporación de la demandante tras la obtención de una nueva subvención para otro proyecto, lo que fue rechazado por la trabajadora. El juzgador resuelve considerando que la extinción del contrato se ajusta a las causas objetivas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, ya que la falta de financiación es una causa válida para el despido. Por lo tanto, se concluye que el despido es procedente y se desestima la demanda en su totalidad.

SEGUNDO:En el primer motivo del recurso se interesa la revisión de los hechos probados de la sentencia, lo que se articula en distintos apartados.

Como señala la doctrina jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 29 de octubre de 2002, 7 de marzo de 2003, 6 de julio de 2004, 20 de junio de 2006, 10 de diciembre de 2009, 26 de enero, 18 de febrero de 2010, 18 de enero de 2011, 20 de marzo y 21 de mayo de 2012, 14 de mayo y 16 y 19 de diciembre de 2013, 10 y 18 de febrero, 16 de septiembre de 2014 y 25 de mayo y 10 de junio de 2015 y las que en ellas se citan) para que pueda apreciarse error de hecho en la valoración de la prueba han de concurrir los requisitos siguientes: "1) que se señale con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entiende equivocado, contrario a los acreditados o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya completándolos; 3) se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del Juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; y 5) que la revisión pretendida sea trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico".

También debemos recordar que la más reciente doctrina jurisprudencial tiene establecido que: "no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( TS sentencia núm. 563/2021 de 20 mayo, rec. 145/2020).

1.- Interesa que el HP 1º último párrafo se modifique en el siguiente sentido:

"Con fecha 1-6-2019, se formaliza entre las partes contrato de trabajo indefinido donde se consta que la demandante prestará sus servicios como responsable de Proyecto incluido en el Grupo profesional de TECNICO/A 2 en el mismo centro de trabajo que el anterior, con jornada a tiempo parcial de 25 horas semanales, hasta fin de obra o servicio".

Sostiene el recurrente que el subrayado en negrita no se corresponde con la realidad, no se especifica en el contrato, por lo que propone sustituirlo por la mención de "lunes a domingo". Doc.4 adjunto a la demanda.

Si bien es cierto que se trata de un contrato de trabajo indefinido, por conversión del temporal a tiempo parcial, y no figura en su duración fecha de finalización, la mención a la finalización de obra o servicio ha de tenerse por no puesta. Sin embargo, no puede adicionarse que la jornada será de lunes a domingo, como se pretende, pues en el contrato figura que la jornada es parcial de 25 horas semanales será de lunes a viernes.

.- En segundo lugar propone que al HP3º, aunque entendemos por error refiere el segundo, cuyo contenido es el siguiente:

"TERCERO.- Consta que el Proyecto "Criando en Positivo", para la oficina de Ciudad Real, se le asignan 17.650 euros y como gastos de personal: 16.514,70 euros. (doc 2 de la demandante y doc 15 de la demandada)".

Se adicione que Cruz Roja a nivel provincial, recibió, para el proyecto "Criando en Positivo" una financiación directa por la JCCM y CaixaBank de 38.293 euros; y que el proyecto también recibió vía subvención, doble financiación provincial, otorgada por la JCCM y Globalcaja. Cita como documento que ampara su adición el documento aportado junto a su demanda, y un enlace a la web de cruz roja, que interesa sea examinado por el Tribunal.

Los datos que recoge el juzgador son correctos y se deducen de los documentos que designa en su HP3.

Aunque en el documento adjunto a la demanda se observa como en efecto consta una subvención a nivel provincialpor parte de Globalcaja, al proyecto Criando en Positivo, ello no implica que se trate de una subvención que soporte el proyecto de Puertollano, la sentencia refiere que existe otro en Tomelloso, por tanto debemos rechazar su incorporación, pues se basa en una hipótesis de la parte, que intenta con ello soslayar la decisión del juzgador. Y en cuanto a los datos que indica se desprenden de la web de la entidad, que solicita sean examinados ex novo por el Tribunal, se trata de elementos de prueba que no fueron aportados en el acto del juicio, y por tanto no pueden ser examinados por la Sala.

.- En el apartado III se interesa la modificación del HP7º, para que se complete añadiendo:

"que, si bien existe una resolución desfavorable de la JCCM sobre una solicitud de subvención concreta, la JCCM continuó subvencionando el proyecto en 2024:

-En la Oficina Provincial de Ciudad Real, con 17.650 euros

-En la Asamblea Local de Puertollano, con 5.610 euros

-Autonómicamente, con 100.000 euros.

Y, que, consta acreditado documentalmente el compromiso de la JCCM y la representante legal de la demandada, con el proyecto "Criando en Positivo" en Ciudad Real".

Tal propuesta se ha de rechazar toda vez que no se deduce de un documento concreto, ni de forma literosuficiente, resulta palmario que la parte no propone la consideración de un documento del tipo exigido por la jurisprudencia en la materia, esto, del que se derive la existencia del error de manera directa, material, patente, y no precisada de integración. Por el contrario, se intenta la valoración conjunta de varios documentos referidos a la financiación de Cruz Roja a nivel autonómico y provincial, junto con la prueba testifical practicada, inadmisible para la revisión fáctica. Lo que intenta es modificar la valoración del juzgador en cuanto a la financiación del proyecto en el que prestaba servicio la actora, basada en hipótesis y conjeturas de las que se quiere hacer derivar una tesis más favorable a la parte.

.- En el apartado IV se interesa la modificación del HP8º en relación con el 11º, para "referenciar que la concesión de dicho nuevo proyecto, no es de fecha 21 de junio de 2024, la subvención es aceptada el día 16 de mayo de 2024, y debe referenciarse dicha fecha, por que es 16 días antes del despido".

El juzgador no incurre en error alguno al redactar el referido HP8º pues recoge el contenido del email referido dirigido por presidencia de la JCCLM a las delegaciones provinciales de Cruz Roja, en relación al proyecto "conecta y aprende", subvencionado por la entidad autonómica.

La redacción que se intenta introducir no puede ser admitida, por cuanto nuevamente se recurre no a un documento del que se deduzca literalmente lo que se pretende, sino que se sustenta la redacción a introducir en una elaboración favorable a su pretensión, ya que en el documento referido, lo que figura es la aceptación por parte de la representante legal de la entidad/agrupación CRUZ ROJA ESPAÑOLA, de la propuesta de concesión de fecha 16/05/2024 remitida por el órgano instructor y se compromete a la realización de la actividad reseñada objeto de concesión de la subvención citada, de tal forma que del documento no se infiere cual fue la firma de la aceptación, por tanto no podemos inferir si fue antes o después de la extinción laboral por despido objetivo comunicada.

TERCERO:En el segundo motivo amparado en el apartado c) del art.193 LRJS, denuncia la recurrente que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 24 de la CE en relación con el artículo 3.1, 15 y 56 del Estatuto de los trabajadores, y 110 de la Ley de la Jurisdicción social.

Sostiene que ha quedado plenamente acreditada la improcedencia del despido, y que debe proceder a declararse la extinción de la relación laboral con abono de la indemnización calculada hasta la fecha de la sentencia, y los salarios de tramitación devengados.

Parte en su razonamiento del entendimiento de que si hubo un reconocimiento empresarial de improcedencia del despido y oferta de readmisión, debe tenerse por reconocida tal improcedencia de la comunicación extintiva, como acto propio, sin dar lugar a valorar sobre la procedencia del despido objetivo comunicado como efectúa el juzgador.

Argumento que debemos rechazar, pues tal y como se deriva de la sentencia y de lo actuado, estamos ante una oferta de la empresa en fase de conciliación administrativa y previa al juicio, que al no ser aceptada por la trabajadora, defiende la procedencia del despido objetivo comunicado, al perder la subvención económica que viabilizaba la continuidad del proyecto en el que prestaba servicios la demandante.

Al respecto el TS ha manifestado en STS 18 diciembre 2009 que " El efecto normal de la falta de aceptación del trabajador será que no hay acuerdo transaccional y que, por tanto, no se ha evitado el pleito ni se ha puesto término al que pudiera considerarse iniciado ( artículo 1809 del Código Civil ). De los tratos preliminares que se han producido para llegar a la transacción no surgirán obligaciones para las partes que han participado en ellos, salvo, en su caso, los propios de la denominada responsabilidad precontractual por los gastos ocasionados por esos tratos "

De esta forma, en el caso de autos, el ofrecimiento de improcedencia y readmisión planteado por la empresa en conciliación, que no es aceptada por la trabajadora, no vincula a la empleadora, que puede luego discutir válidamente la procedencia del despido. Por otro lado, en efecto, el trabajador no está obligado a aceptar dicha oferta, pero tampoco puede valerse de la misma como medio de prueba incontrovertible que le releve de la carga de la prueba propia de la pretensión de improcedencia.

Como ha dicho el TS, en la sentencia ya citada, no es una declaración de esta clase -constitutiva, en sí misma-, sino una oferta en el marco de una negociación orientada a evitar un pleito; ..., y este tipo de declaraciones responde en cuanto a su eficacia a las reglas generales de la contratación (artículos 1258 y 1262 del), por lo que su carácter vinculante depende de que la oferta sea aceptada y de que esta aceptación llegue a conocimiento del oferente. Si no es así, la oferta no se convierte en acuerdo vinculante en orden a la calificación del despido

En cuanto a la doctrina de los actos propios, que también invoca la recurrente, como se decía en la sentencia del Tribunal Supremo de 24/02/05 (RJ 2005, 2914) , dicho principio se caracteriza por remitir a una expresa y concluyente manifestación de voluntad encaminada a crear, modificar o extinguir algún derecho o a esclarecer, sin ninguna duda, una determinada situación jurídica de manera que debe poder detectarse una clara incompatibilidad, como señala la Sala 1ª de lo Civil [STS 15/06/89 (RJ 1989 , 4688) , 22/01/97 ( RJ 1997, 17) y 16/02/98 (RJ 1998, 868) entre otras] entre la conducta anterior y la pretensión actual o una contradicción, según el sentido, que de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior. Lo que, dirá el Alto Tribunal, tiene su razón de ser en razones de seguridad jurídica, y la obtención de la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 de la CE . En este punto no podemos sino indicar, que de las manifestaciones vertidas por la empresa en fase de conciliación previa, acto y de su comparación con la actuación en el procedimiento, no podemos deducir la violación del referido principio general de derecho, sino una oferta transaccional no aceptada y una defensa legítima de la postura procesal de cada parte. Criterio ya expuesto por el TSJ Cataluña, en su sentencia 8016/2012 de 26 de noviembre, que compartimos.

Con ello desestimamos el primer apartado del motivo.

En el II apartado, sostiene que la entidad no contrató a la actora para una obra o proyecto determinado, ello resulta evidente cuando se produce la transformación del contrato en indefinido, razón por la que se comunica no un fin de contrato, sino un despido objetivo, en el que la entidad empleadora pone de manifiesto la pérdida del proyecto en el que trabajaba la actora, y la imposibilidad de ofrecerle otro de los disponibles en ese momento.

En el apartado III sostiene que el proyecto "criando en positivo" no finalizó, y en el IV que no existe imposibilidad de adscribirla a otros proyectos, para ello se ampara en el relato que quiere introducir como dato fáctico, ya rechazado, y que no consta en los hechos probados de la sentencia, por el contrario si se constata acreditada la resolución desfavorable por parte de la Consejería de Bienestar Social de la JCCLM, de la solicitud presentada por la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA para la financiación del proyecto CRIANDO EN POSITIVO para el ejercicio 2024; sin que se aporten elementos probatorios alternativos que adveren el mantenimiento del proyecto que desarrollaba la actora en Puertollano, como tampoco que se mantenga en otras localidades, con puestos de trabajo disponibles para la actora, en cualquier caso el indicado de Tomelloso ya contará con su propio personal de gestión, nada en contra se advera, por ello la entidad le comunica la imposibilidad de su asignación para la gestión de otros proyectos.

Hay que partir en consecuencia del inmodificado relato fáctico contenido en la sentencia, lo que no se hace en el recurso que se apoya en puntos de partida no acordes con los hechos probados de la citada resolución judicial, situación a la que expresamente se refiere el Tribunal Supremo,Sala 4ª, en sentencia de 14 de mayo de 2020 en la que se indica:

"El recurso se limita a insistir en un punto de partida que no es acorde con los hechos que declara probado la sentencia...Presupuestos de partida erróneos que pasan por desconocer y no respetar el contenido de los hechos que la sentencia declara probados, para ofrecer un planteamiento que parte de datos fácticos inexistente, que no solo no están recogidos en el relato histórico, sino que han sido expresamente desmentidos por el órgano judicial de instancia. El recurso sustenta por lo tanto sus razonamientos en unos datos de hecho que no vienen avalados en la sentencia, para incurrir de esta forma en el rechazable vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida ( SSTS 8-11-2017, rec. 40/2017 ; 3-5-2017, rec. 123/2016 ; 11- 2- 2016, rec, 98/2015 ; 3-2-2016; rec, 31/2015 , entre otras muchas).".

Debemos por tanto rechazar estos apartados pues se basan en premisas fácticas inexistentes.

Por último, se interesa que se reconozca a favor de la actora la opción ante la improcedencia del despido, como consecuencia de haber accedido a plazas de funcionaria interina en la Consejería de Educación, que harían imposible su reincorporación, en caso de optar la empresa por la readmisión.

Aspecto sobre el que no resolvemos al no haber estimado la improcedencia del despido, sino por el contrario confirmado el criterio de instancia, al considerar procedente la comunicación de despido objetivo y constatarse la realidad de las causas técnicas y organizativas alegadas por la empresa.

Por todo lo expuesto con desestimación del recurso formalizado, confirmamos en su integridad la sentencia de instancia.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,