Sentencia Social 3943/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 5703/2025 de 03 de julio del 2026

PRIMERO.-Contra la sentencia de instancia, que declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la acción por despido formulada por el demandante, se interpone el presente recurso de suplicación.

El demandante presenta demanda mediante la que impugnaba la decisión de la parte demandada comunicada por carta de 9 de mayo de 2023, mediante la que se procede a su despido, por causas objetivas, de carácter económico y productivo, solicitando se declarara su improcedencia y se condenara a la empresa a las consecuencias legales inherentes a dicha calificación.

La sentencia de instancia considera que el vínculo entre las partes no puede calificarse como laboral y frente a esta resolución, se interpone el presente recurso de suplicación, con amparo procesal en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Solicita la parte recurrente la estimación del recurso y que se revoque la resolución recurrida estimando que el orden jurisdiccional social es competente para conocer de la pretensión formulada.

Se ha presentado escrito de impugnación del recurso por la parte recurrida solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Lo que se cuestiona es si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no, y, al haberse acordado por el órgano de instancia la incompetencia de este orden jurisdiccional para el conocimiento del asunto, es preciso entrar resolver en primer lugar sobre ello. La fijación de la competencia constituye una cuestión de orden público procesal que debe ser resuelta por el órgano judicial con libertad plena, sin sujeción a los presupuestos y motivos concretos del recurso y sin someterse a los límites de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, pudiendo, en consecuencia, examinar toda la prueba practicada a fin de decidir, fundadamente y con sujeción a derecho, sobre una cuestión cuya especial naturaleza la sustrae del poder dispositivo de las partes ( STS. 23 de octubre de 1.989 y 10 de julio de 1.990, entre otras). Como ha declarado el Tribunal Supremo, la fijación de la competencia "Libera a la Sala del examen de los motivos planteados y le impone, por contra, examinar en su integridad las actuaciones de instancia, toda la prueba incluida, para así disponer de cuantos elementos de juicio son indispensables en orden a un correcto pronunciamiento sobre esta cuestión de competencia. Por consiguiente, la Sala no está vinculada por las declaraciones fácticas de la sentencia de instancia, sino que, por el contrario, ha de formar su propia convicción sobre los hechos acaecidos y sobre las situaciones existentes, analizando directamente las pruebas y los datos obrantes en autos"(entre otras, sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1.987 y 24 de enero de 1.990).

TERCERO.-No obstante lo anterior, y sin perjuicio de ello, hemos de tener en cuenta que, en el primer motivo del recurso, la parte recurrente solicita la revisión de los hechos probados, que, a su juicio, deben tenerse en cuenta para valorar si la relación existente entre las partes es o no de carácter laboral.

Debe indicarse, con carácter previo, que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo de recurso es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

La petición se concreta en la revisión del hecho probado noveno, proponiendo la siguiente redacción alternativa: "NOVENO.-El consejo de administración de Ventilación Industrial Ind. S.L., en reunión de 03/09/19, distribuyó los cargos del consejo de Administración de la siguiente forma: Presidente: Luis Antonio; Vicepresidente: Norberto; Vicepresidente: Efrain; Vocal: Maximo y Secretario: Claudio

Asimismo, nombró Consejero Delegado de la Sociedad a D. Luis Antonio y Consejeros Delegados Mancomunados a D. Efrain y a D. Claudio".

Se remite la parte recurrente a los documentos que obran a los folios 255 y 256 de su ramo de prueba y a los folios 973 a 982 del ramo de prueba de la parte demandada. En la sentencia de instancia ya se refleja que en la indicada fecha se designó al demandante como Consejero Delegado mancomunado, junto a D. Efrain, y Secretario del Consejo y en los documentos a los que se remite la parte recurrente, en el expediente digital ramo de prueba de la demandada nº 2 y en el ramo de prueba de la demandante nº 4, la designación de los demás miembros del Consejo de Administración, constan los extremos que la parte recurrente pretende introducir, que considera relevantes a los efectos de resolver el recurso, por lo que puede aceptarse la revisión fáctica que se propone. Es cierto que la parte recurrida se opone a la aceptación de dicho motivo del recurso, pero sus alegaciones se centran, esencialmente, en la valoración que dichos extremos fácticos pueden tener para resolver la controversia planteada, más que en la constatación de un extremo fáctico, que consta en el ramo de prueba de ambas partes, y ninguna de ellas cuestiona ni que no se adoptaran tales acuerdos, ni la designación de los miembros del Consejo de Administración en los términos que propone la parte recurrente.

CUARTO.-La parte recurrente denuncia la infracción de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, en el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica, si bien la cuestión que se plantea consiste en determinar si el orden jurisdiccional social es o no competente para el conocimiento de la pretensión formulada por el demandante, pues lo que se discute es si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no.

1. Con carácter general puede afirmarse que la existencia de una relación laboral exige que concurran las notas de ajeneidad y dependencia, sin que la mera realización de una determinada actividad a favor o por cuenta de otra persona que la retribuye implique, sin más, la existencia de un contrato de trabajo; es cierto que el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece, en tales casos, la presunción de laboralidad, pero, para que la misma opere, se requiere que la prestación de servicios se realice concurriendo las notas que identifican la relación laboral: a) voluntariedad y prestación de servicios intuitu personae;b) ajenidad, por cuanto los frutos del trabajo se transfieren ab initioal empresario, que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios; c) los trabajos se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona; d) la retribución por los Servicios prestados. Una de las notas que caracteriza esencialmente al contrato de trabajo es la de dependencia, que se da por el hecho de encontrarse el trabajador dentro de la esfera organizativa, rectora y disciplinaria de aquél por cuya cuenta realiza su actividad ( STS de 16 de febrero de 1.990). Es cierto que la dependencia no aparece configurada en la actualidad como sinónimo de una subordinación rigurosa e intensa, sino en un sentido más flexible, bastando con que el interesado se encuentre, según la definición legal, "dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona", pero es una nota que debe exigirse a los efectos de calificar una determinada relación como laboral, pues de no ser así se vaciaría de contenido otras posibles formas de colaboración de prestación de servicios por cuenta o en interés de tercero, admitidas en nuestro ordenamiento jurídico como ajenas al ámbito laboral. Entre esta nota y la de ajeneidad debe existir una fuerte conexión. Ésta, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1.990, se exterioriza en determinados datos: la inserción dentro del esquema jerárquico de la empresa, debiendo acatar sus órdenes, mandatos y directrices; la subordinación a la persona o personas que en aquélla tengan facultades de dirección o mando; el sometimiento de las normas disciplinarias correspondientes; la realización del trabajo normalmente en centros o dependencias de la empresa; la sujeción a una jornada y horarios determinados, entre otros. Del mismo modo, además de esas notas apuntadas, existen otras que constituyen manifestaciones de la dependencia cuales son la concurrencia de exclusividad ( S.T.S. 7-7-88), el tratarse de un contrato intuitu personae( S.T.S. 17-3-86) y la no aportación de medios materiales para la prestación de servicios ( S.T.S. 11-5-79). Por su parte, los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados [ STS 31/03/97 -rcud 3555/96-]; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender [ SSTS 11/04/90; 29/12/99 -rcud 1093/99-]; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo [ STS 20/09/95 -rcud 1463/94-]; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones [ STS 23/10/89]. En el presente caso, a partir de los hechos probados, puede afirmarse que existen algunos indicios que permitirían calificar la relación existente entre las partes como laboral, pero la ponderación de otros aspectos nos lleva a calificar la relación existente entre las partes como ajena al ámbito laboral.

2. La parte recurrente sostiene que la relación que vincula a las partes es de carácter laboral, al quedar acreditado que fue contratado como Director de Departamento C, y fue dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, y que el contrato de trabajo es ordinario y por tiempo indefinido; que la parte demandada acordó su despido por causas disciplinarias, en la que se hace referencia al "coste" para amortizar su puesto de trabajo, y que le indemniza, alegando la doctrina de los actos propios para garantizar la coherencia en el comportamiento de las partes. No obstante, para determinar si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no, debe de estarse principalmente al contenido del vínculo contractual y de las recíprocas contraprestaciones de las partes, y no de lo que las partes dicen que son al darles determinada denominación ( STS de 21 de junio de 1990). Por ello debe tenerse en cuenta la auténtica naturaleza de la realidad del contenido manifestada por los actos realizados en su ejecución, que debe prevalecer sobre el nomen iurisempleado por los contratantes ( STS de 23 de octubre de 1.989), toda vez que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes no es algo que quede a la libre disposición de éstas, sino que se trata de una calificación que surge del contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual. No es posible, por tanto, establecer normas o principios generales, sino que habrá de estarse en cada caso a la concreta situación analizada, para determinar si en la misma concurren o no las notas que definen el contrato de trabajo, es decir, prestación personal de servicios, ajeneidad, retribución y dependencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1,1 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, ni la suscripción del contrato de trabajo, ni tampoco el hecho de que la parte demandada haya acordado su despido por causas objetivas, pueden considerarse como elementos determinantes para declarar el carácter laboral de la relación, sino que debe estarse a la situación individualizada, en la que debe valorarse si la prestación de servicios por él realizada se pueden identificar las notas características de una relación laboral.

3. Los hechos probados de la sentencia de instancia y el análisis de las circunstancias en la que el demandante prestaba servicios para la parte demandada, permite llegar a la misma conclusión que la de la resolución recurrida, al apreciar que no concurren las notas de dependencia y ajeneidad propias del contrato de trabajo. La cuestión se plantea desde la suscripción del contrato de trabajo entre las partes, y, aunque es cierto que su nombramiento como Consejo Delegado y Secretario del Consejo de Administración se produjo en el mes de septiembre de 2018, con anterioridad ejerció funciones ejecutivas, pues en diversas auditorías anteriores se le menciona como Vicepresidente ejecutivo de la compañía, no siendo su cargo en tal órgano meramente testimonial, sino que desde el año 2007, a través de la sociedad Alpatich S.L, de la que era Administrador, realizaba funciones de "asesoramiento estratégico", hasta el punto que los acuerdos preliminares de compra de acciones y la carta de garantía de la operación con el grupo adquirente Vortice Elettrosociale fueron firmados, en nombre de la compañía, por el demandante. Ello supone que, aunque su actividad fuera remunerada mediante la emisión de facturas a través de sociedades de las que el demandante era Administrador, venía realizando funciones de dirección estratégica de la compañía, en el ámbito de las funciones ejecutivas del órgano de gobierno de la sociedad.

Es significativo, también, el hecho de que la suscripción del contrato de trabajo entre las partes, se gestara a partir de las actuaciones practicadas por la Agencia Tributaria en los años anteriores, que motivaron la apertura de actas de liquidación derivadas de que el demandante había utilizado dos sociedades para la facturación de sus percepciones, lo que motivó la imposición de una sanción. En este contexto, se acordó con los nuevos adquirentes de la Sociedad modificar el sistema anterior, de factura a nómina, lo que se efectuó de forma progresiva disminuyendo los importes de la facturas en la misma proporción, en que se iban incrementado los importes netos de las nóminas. Sin embargo, como se indica en la resolución de instancia, esta formalización no estuvo motivada por un cambio real en la relación que el demandante mantenía con la Compañía, puesto que las funciones antes y después de la suscripción del contrato de trabajo fueron las mismas: el actor continuó sin estar sujeto a un horario; no consta la petición/concesión de vacaciones; no se acredita la integración del actor en el proceso productivo de la empresa; no se prueba qué departamento dirigía el actor en sus formales funciones de "director de departamento C" o a quién daba órdenes. En tal sentido, consta en el relato fáctico que el demandante, ordinal duodécimo, que el demandante no estaba integrado en el proceso productivo, que no fichaba ni dirigía ningún departamento, que para los directores de departamento era un miembro del Consejo de Administración, que estaba al mismo nivel que el CEO, y sus funciones fueron siempre las mismas, y que, en el organigrama de la empresa, febrero de 2023, constaba como Vicepresidente ejecutivo, ordinal decimoquinto.

Es cierto que, en el hecho probado undécimo se indica que el demandante reportaba una vez al mes, al igual que el CEO de la Compañía, a los titulares de las participaciones sociales de la Compañía sobre determinados temas y principalmente sobre el proyecto de la nueva fábrica en la localidad de Ripoll, dado que la nave pertenecía a la familia Jose Ramón, que eran los anteriores titulares de la empresa y propietarios de la empresa, con quienes el demandante tenía una vinculación estrecha, acudiendo uno o dos días a la semana a la nave de para monitorizar y dirigir el proyecto de la nueva fábrica. Pero se trata de unas funciones que se encuadran dentro de las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad, como actividades ejecutivas típicas y específicas de los órganos de administración de las compañías mercantiles, que, como declara la STS de 22 de diciembre de 1994, rec. 2889/2013, tienen "precisamente como función o misión esencial y característica la realización de esas actividades, las cuales están residenciadas fundamentalmente en tales órganos, constituyendo su competencia particular y propia. Por ello es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan "la realización de cometidos inherentes" a la condición de administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad", de ahí que se incardinen en el mencionado artículo 1.3,c) del Estatuto de los Trabajadores ".En este sentido, como alega la parte recurrida, el demandante ostentaba un rol estratégico y directivo propio de los órganos de administración, ejercía facultades amplias de representación y gestión, y participaba en la toma de decisiones de máxima relevancia para la compañía, lo que sitúa su actividad dentro del ámbito propio de la administración social y, por tanto, excluye cualquier relación laboral de carácter ordinario.

4. En cualquier caso, aunque se admitiera a efectos hipotéticos la posibilidad de apreciar que las funciones del demandante no fueran las propias de decisiones ejecutivas derivadas de su cargo como miembro del Consejo de Administración, y que llevaba a cabo otros cometidos a partir de la suscripción del contrato de trabajo, la relación existente no podría calificarse como una relación común, como pretende la parte recurrente, sino que, atendiendo a los posibles cometidos realizados, la misma debería calificarse como de alta dirección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2. del Estatuto de los Trabajadores, como se indica en la resolución de instancia. pues estas funciones, al margen de que puedan o no formar parte de las decisiones ejecutivas del órgano de administración de la sociedad, revelarían un elevado grado de autonomía en la toma de decisiones de marcada carácter empresarial, aspecto que no encaja en el ámbito de una relación común, pues se trata de cometidos que quedan al margen de una relación de esta naturaleza.

En tal caso, el hecho de que el demandante sea miembro del Consejo de Administración y al mismo tiempo realice funciones relativa a los objetivos generales de la Compañía, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad, del que el mismo formaba parte, implica la aplicación de la doctrina del doble vínculo. Al respecto, la STS de 24 de febrero de 2014, rcud 1684/2013, declara: "Partiendo de la anterior premisa, esta Sala ha resuelto la cuestión que se plantea cuando se compatibilizan funciones de Consejero Delegado y alto cargo, en el sentido asumido por la sentencia referencial. Las sentencias de 21 de enero , 13 mayo y 3 junio y 18 junio 1991 , 27-1-92 (rec. 1368/1991 ) y 11 de marzo de 1.994 (rec. 1318/1993 ) han establecido que en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones sino la naturaleza de vínculo, por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva a que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral".

En relación a la aplicación de la doctrina del doble vinculo, la parte recurrente se remite a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022, asunto C-101/21, en la que el Tribunal comunitario, si bien en referencia sólo y exclusivamente a los efectos del disfrute de los derechos garantizados a los trabajadores por la Directiva 2008/94 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, indica, ha declarado que es contraria al derecho comunitario una jurisprudencia nacional que cercena los derechos del trabajador asalariado al no reconocerle su vínculo laboral por el hecho de ejercer de forma cumulativa las funciones de director y de miembro del órgano de administración, a pesar de tener un contrato de trabajo válido con arreglo al derecho nacional. Pero dicha sentencia, al margen de que se dicta en interpretación del artículo 2, apartado 2, párrafo primero de la Directiva 2008/94/CE, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, aunque indica que no cabe presumir o excluir, en dicho supuesto, la existencia de relación laboral o la calificación de esa persona como trabajador asalariado, se refiere a un supuesto distinto al que ahora se analiza, al admitir que pueda existir una relación laboral asalariada siendo director de una sociedad mercantil y, a la vez, ser miembro de su órgano de administración, pero, en el presente caso, el demandante, junto a la condición de esta situación, que por si sola y conforme a lo expuesto, ya determina la exclusión del conocimiento del asunto por parte de este orden jurisdiccional social, no consta estuviera integrado en el proceso productivo de la empresa.

QUINTO.-Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, sin que proceda la condena en costas a la parte recurrente al no concurrir los requisitos del artículo 235 de la LRJS. .

PRIMERO.-Contra la sentencia de instancia, que declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la acción por despido formulada por el demandante, se interpone el presente recurso de suplicación.

El demandante presenta demanda mediante la que impugnaba la decisión de la parte demandada comunicada por carta de 9 de mayo de 2023, mediante la que se procede a su despido, por causas objetivas, de carácter económico y productivo, solicitando se declarara su improcedencia y se condenara a la empresa a las consecuencias legales inherentes a dicha calificación.

La sentencia de instancia considera que el vínculo entre las partes no puede calificarse como laboral y frente a esta resolución, se interpone el presente recurso de suplicación, con amparo procesal en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Solicita la parte recurrente la estimación del recurso y que se revoque la resolución recurrida estimando que el orden jurisdiccional social es competente para conocer de la pretensión formulada.

Se ha presentado escrito de impugnación del recurso por la parte recurrida solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Lo que se cuestiona es si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no, y, al haberse acordado por el órgano de instancia la incompetencia de este orden jurisdiccional para el conocimiento del asunto, es preciso entrar resolver en primer lugar sobre ello. La fijación de la competencia constituye una cuestión de orden público procesal que debe ser resuelta por el órgano judicial con libertad plena, sin sujeción a los presupuestos y motivos concretos del recurso y sin someterse a los límites de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, pudiendo, en consecuencia, examinar toda la prueba practicada a fin de decidir, fundadamente y con sujeción a derecho, sobre una cuestión cuya especial naturaleza la sustrae del poder dispositivo de las partes ( STS. 23 de octubre de 1.989 y 10 de julio de 1.990, entre otras). Como ha declarado el Tribunal Supremo, la fijación de la competencia "Libera a la Sala del examen de los motivos planteados y le impone, por contra, examinar en su integridad las actuaciones de instancia, toda la prueba incluida, para así disponer de cuantos elementos de juicio son indispensables en orden a un correcto pronunciamiento sobre esta cuestión de competencia. Por consiguiente, la Sala no está vinculada por las declaraciones fácticas de la sentencia de instancia, sino que, por el contrario, ha de formar su propia convicción sobre los hechos acaecidos y sobre las situaciones existentes, analizando directamente las pruebas y los datos obrantes en autos"(entre otras, sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1.987 y 24 de enero de 1.990).

TERCERO.-No obstante lo anterior, y sin perjuicio de ello, hemos de tener en cuenta que, en el primer motivo del recurso, la parte recurrente solicita la revisión de los hechos probados, que, a su juicio, deben tenerse en cuenta para valorar si la relación existente entre las partes es o no de carácter laboral.

Debe indicarse, con carácter previo, que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo de recurso es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

La petición se concreta en la revisión del hecho probado noveno, proponiendo la siguiente redacción alternativa: "NOVENO.-El consejo de administración de Ventilación Industrial Ind. S.L., en reunión de 03/09/19, distribuyó los cargos del consejo de Administración de la siguiente forma: Presidente: Luis Antonio; Vicepresidente: Norberto; Vicepresidente: Efrain; Vocal: Maximo y Secretario: Claudio

Asimismo, nombró Consejero Delegado de la Sociedad a D. Luis Antonio y Consejeros Delegados Mancomunados a D. Efrain y a D. Claudio".

Se remite la parte recurrente a los documentos que obran a los folios 255 y 256 de su ramo de prueba y a los folios 973 a 982 del ramo de prueba de la parte demandada. En la sentencia de instancia ya se refleja que en la indicada fecha se designó al demandante como Consejero Delegado mancomunado, junto a D. Efrain, y Secretario del Consejo y en los documentos a los que se remite la parte recurrente, en el expediente digital ramo de prueba de la demandada nº 2 y en el ramo de prueba de la demandante nº 4, la designación de los demás miembros del Consejo de Administración, constan los extremos que la parte recurrente pretende introducir, que considera relevantes a los efectos de resolver el recurso, por lo que puede aceptarse la revisión fáctica que se propone. Es cierto que la parte recurrida se opone a la aceptación de dicho motivo del recurso, pero sus alegaciones se centran, esencialmente, en la valoración que dichos extremos fácticos pueden tener para resolver la controversia planteada, más que en la constatación de un extremo fáctico, que consta en el ramo de prueba de ambas partes, y ninguna de ellas cuestiona ni que no se adoptaran tales acuerdos, ni la designación de los miembros del Consejo de Administración en los términos que propone la parte recurrente.

CUARTO.-La parte recurrente denuncia la infracción de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, en el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica, si bien la cuestión que se plantea consiste en determinar si el orden jurisdiccional social es o no competente para el conocimiento de la pretensión formulada por el demandante, pues lo que se discute es si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no.

1. Con carácter general puede afirmarse que la existencia de una relación laboral exige que concurran las notas de ajeneidad y dependencia, sin que la mera realización de una determinada actividad a favor o por cuenta de otra persona que la retribuye implique, sin más, la existencia de un contrato de trabajo; es cierto que el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece, en tales casos, la presunción de laboralidad, pero, para que la misma opere, se requiere que la prestación de servicios se realice concurriendo las notas que identifican la relación laboral: a) voluntariedad y prestación de servicios intuitu personae;b) ajenidad, por cuanto los frutos del trabajo se transfieren ab initioal empresario, que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios; c) los trabajos se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona; d) la retribución por los Servicios prestados. Una de las notas que caracteriza esencialmente al contrato de trabajo es la de dependencia, que se da por el hecho de encontrarse el trabajador dentro de la esfera organizativa, rectora y disciplinaria de aquél por cuya cuenta realiza su actividad ( STS de 16 de febrero de 1.990). Es cierto que la dependencia no aparece configurada en la actualidad como sinónimo de una subordinación rigurosa e intensa, sino en un sentido más flexible, bastando con que el interesado se encuentre, según la definición legal, "dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona", pero es una nota que debe exigirse a los efectos de calificar una determinada relación como laboral, pues de no ser así se vaciaría de contenido otras posibles formas de colaboración de prestación de servicios por cuenta o en interés de tercero, admitidas en nuestro ordenamiento jurídico como ajenas al ámbito laboral. Entre esta nota y la de ajeneidad debe existir una fuerte conexión. Ésta, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1.990, se exterioriza en determinados datos: la inserción dentro del esquema jerárquico de la empresa, debiendo acatar sus órdenes, mandatos y directrices; la subordinación a la persona o personas que en aquélla tengan facultades de dirección o mando; el sometimiento de las normas disciplinarias correspondientes; la realización del trabajo normalmente en centros o dependencias de la empresa; la sujeción a una jornada y horarios determinados, entre otros. Del mismo modo, además de esas notas apuntadas, existen otras que constituyen manifestaciones de la dependencia cuales son la concurrencia de exclusividad ( S.T.S. 7-7-88), el tratarse de un contrato intuitu personae( S.T.S. 17-3-86) y la no aportación de medios materiales para la prestación de servicios ( S.T.S. 11-5-79). Por su parte, los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados [ STS 31/03/97 -rcud 3555/96-]; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender [ SSTS 11/04/90; 29/12/99 -rcud 1093/99-]; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo [ STS 20/09/95 -rcud 1463/94-]; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones [ STS 23/10/89]. En el presente caso, a partir de los hechos probados, puede afirmarse que existen algunos indicios que permitirían calificar la relación existente entre las partes como laboral, pero la ponderación de otros aspectos nos lleva a calificar la relación existente entre las partes como ajena al ámbito laboral.

2. La parte recurrente sostiene que la relación que vincula a las partes es de carácter laboral, al quedar acreditado que fue contratado como Director de Departamento C, y fue dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, y que el contrato de trabajo es ordinario y por tiempo indefinido; que la parte demandada acordó su despido por causas disciplinarias, en la que se hace referencia al "coste" para amortizar su puesto de trabajo, y que le indemniza, alegando la doctrina de los actos propios para garantizar la coherencia en el comportamiento de las partes. No obstante, para determinar si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no, debe de estarse principalmente al contenido del vínculo contractual y de las recíprocas contraprestaciones de las partes, y no de lo que las partes dicen que son al darles determinada denominación ( STS de 21 de junio de 1990). Por ello debe tenerse en cuenta la auténtica naturaleza de la realidad del contenido manifestada por los actos realizados en su ejecución, que debe prevalecer sobre el nomen iurisempleado por los contratantes ( STS de 23 de octubre de 1.989), toda vez que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes no es algo que quede a la libre disposición de éstas, sino que se trata de una calificación que surge del contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual. No es posible, por tanto, establecer normas o principios generales, sino que habrá de estarse en cada caso a la concreta situación analizada, para determinar si en la misma concurren o no las notas que definen el contrato de trabajo, es decir, prestación personal de servicios, ajeneidad, retribución y dependencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1,1 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, ni la suscripción del contrato de trabajo, ni tampoco el hecho de que la parte demandada haya acordado su despido por causas objetivas, pueden considerarse como elementos determinantes para declarar el carácter laboral de la relación, sino que debe estarse a la situación individualizada, en la que debe valorarse si la prestación de servicios por él realizada se pueden identificar las notas características de una relación laboral.

3. Los hechos probados de la sentencia de instancia y el análisis de las circunstancias en la que el demandante prestaba servicios para la parte demandada, permite llegar a la misma conclusión que la de la resolución recurrida, al apreciar que no concurren las notas de dependencia y ajeneidad propias del contrato de trabajo. La cuestión se plantea desde la suscripción del contrato de trabajo entre las partes, y, aunque es cierto que su nombramiento como Consejo Delegado y Secretario del Consejo de Administración se produjo en el mes de septiembre de 2018, con anterioridad ejerció funciones ejecutivas, pues en diversas auditorías anteriores se le menciona como Vicepresidente ejecutivo de la compañía, no siendo su cargo en tal órgano meramente testimonial, sino que desde el año 2007, a través de la sociedad Alpatich S.L, de la que era Administrador, realizaba funciones de "asesoramiento estratégico", hasta el punto que los acuerdos preliminares de compra de acciones y la carta de garantía de la operación con el grupo adquirente Vortice Elettrosociale fueron firmados, en nombre de la compañía, por el demandante. Ello supone que, aunque su actividad fuera remunerada mediante la emisión de facturas a través de sociedades de las que el demandante era Administrador, venía realizando funciones de dirección estratégica de la compañía, en el ámbito de las funciones ejecutivas del órgano de gobierno de la sociedad.

Es significativo, también, el hecho de que la suscripción del contrato de trabajo entre las partes, se gestara a partir de las actuaciones practicadas por la Agencia Tributaria en los años anteriores, que motivaron la apertura de actas de liquidación derivadas de que el demandante había utilizado dos sociedades para la facturación de sus percepciones, lo que motivó la imposición de una sanción. En este contexto, se acordó con los nuevos adquirentes de la Sociedad modificar el sistema anterior, de factura a nómina, lo que se efectuó de forma progresiva disminuyendo los importes de la facturas en la misma proporción, en que se iban incrementado los importes netos de las nóminas. Sin embargo, como se indica en la resolución de instancia, esta formalización no estuvo motivada por un cambio real en la relación que el demandante mantenía con la Compañía, puesto que las funciones antes y después de la suscripción del contrato de trabajo fueron las mismas: el actor continuó sin estar sujeto a un horario; no consta la petición/concesión de vacaciones; no se acredita la integración del actor en el proceso productivo de la empresa; no se prueba qué departamento dirigía el actor en sus formales funciones de "director de departamento C" o a quién daba órdenes. En tal sentido, consta en el relato fáctico que el demandante, ordinal duodécimo, que el demandante no estaba integrado en el proceso productivo, que no fichaba ni dirigía ningún departamento, que para los directores de departamento era un miembro del Consejo de Administración, que estaba al mismo nivel que el CEO, y sus funciones fueron siempre las mismas, y que, en el organigrama de la empresa, febrero de 2023, constaba como Vicepresidente ejecutivo, ordinal decimoquinto.

Es cierto que, en el hecho probado undécimo se indica que el demandante reportaba una vez al mes, al igual que el CEO de la Compañía, a los titulares de las participaciones sociales de la Compañía sobre determinados temas y principalmente sobre el proyecto de la nueva fábrica en la localidad de Ripoll, dado que la nave pertenecía a la familia Jose Ramón, que eran los anteriores titulares de la empresa y propietarios de la empresa, con quienes el demandante tenía una vinculación estrecha, acudiendo uno o dos días a la semana a la nave de para monitorizar y dirigir el proyecto de la nueva fábrica. Pero se trata de unas funciones que se encuadran dentro de las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad, como actividades ejecutivas típicas y específicas de los órganos de administración de las compañías mercantiles, que, como declara la STS de 22 de diciembre de 1994, rec. 2889/2013, tienen "precisamente como función o misión esencial y característica la realización de esas actividades, las cuales están residenciadas fundamentalmente en tales órganos, constituyendo su competencia particular y propia. Por ello es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan "la realización de cometidos inherentes" a la condición de administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad", de ahí que se incardinen en el mencionado artículo 1.3,c) del Estatuto de los Trabajadores ".En este sentido, como alega la parte recurrida, el demandante ostentaba un rol estratégico y directivo propio de los órganos de administración, ejercía facultades amplias de representación y gestión, y participaba en la toma de decisiones de máxima relevancia para la compañía, lo que sitúa su actividad dentro del ámbito propio de la administración social y, por tanto, excluye cualquier relación laboral de carácter ordinario.

4. En cualquier caso, aunque se admitiera a efectos hipotéticos la posibilidad de apreciar que las funciones del demandante no fueran las propias de decisiones ejecutivas derivadas de su cargo como miembro del Consejo de Administración, y que llevaba a cabo otros cometidos a partir de la suscripción del contrato de trabajo, la relación existente no podría calificarse como una relación común, como pretende la parte recurrente, sino que, atendiendo a los posibles cometidos realizados, la misma debería calificarse como de alta dirección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2. del Estatuto de los Trabajadores, como se indica en la resolución de instancia. pues estas funciones, al margen de que puedan o no formar parte de las decisiones ejecutivas del órgano de administración de la sociedad, revelarían un elevado grado de autonomía en la toma de decisiones de marcada carácter empresarial, aspecto que no encaja en el ámbito de una relación común, pues se trata de cometidos que quedan al margen de una relación de esta naturaleza.

En tal caso, el hecho de que el demandante sea miembro del Consejo de Administración y al mismo tiempo realice funciones relativa a los objetivos generales de la Compañía, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad, del que el mismo formaba parte, implica la aplicación de la doctrina del doble vínculo. Al respecto, la STS de 24 de febrero de 2014, rcud 1684/2013, declara: "Partiendo de la anterior premisa, esta Sala ha resuelto la cuestión que se plantea cuando se compatibilizan funciones de Consejero Delegado y alto cargo, en el sentido asumido por la sentencia referencial. Las sentencias de 21 de enero , 13 mayo y 3 junio y 18 junio 1991 , 27-1-92 (rec. 1368/1991 ) y 11 de marzo de 1.994 (rec. 1318/1993 ) han establecido que en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones sino la naturaleza de vínculo, por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva a que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral".

En relación a la aplicación de la doctrina del doble vinculo, la parte recurrente se remite a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022, asunto C-101/21, en la que el Tribunal comunitario, si bien en referencia sólo y exclusivamente a los efectos del disfrute de los derechos garantizados a los trabajadores por la Directiva 2008/94 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, indica, ha declarado que es contraria al derecho comunitario una jurisprudencia nacional que cercena los derechos del trabajador asalariado al no reconocerle su vínculo laboral por el hecho de ejercer de forma cumulativa las funciones de director y de miembro del órgano de administración, a pesar de tener un contrato de trabajo válido con arreglo al derecho nacional. Pero dicha sentencia, al margen de que se dicta en interpretación del artículo 2, apartado 2, párrafo primero de la Directiva 2008/94/CE, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, aunque indica que no cabe presumir o excluir, en dicho supuesto, la existencia de relación laboral o la calificación de esa persona como trabajador asalariado, se refiere a un supuesto distinto al que ahora se analiza, al admitir que pueda existir una relación laboral asalariada siendo director de una sociedad mercantil y, a la vez, ser miembro de su órgano de administración, pero, en el presente caso, el demandante, junto a la condición de esta situación, que por si sola y conforme a lo expuesto, ya determina la exclusión del conocimiento del asunto por parte de este orden jurisdiccional social, no consta estuviera integrado en el proceso productivo de la empresa.

QUINTO.-Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, sin que proceda la condena en costas a la parte recurrente al no concurrir los requisitos del artículo 235 de la LRJS. .

PRIMERO.-Contra la sentencia de instancia, que declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la acción por despido formulada por el demandante, se interpone el presente recurso de suplicación.

El demandante presenta demanda mediante la que impugnaba la decisión de la parte demandada comunicada por carta de 9 de mayo de 2023, mediante la que se procede a su despido, por causas objetivas, de carácter económico y productivo, solicitando se declarara su improcedencia y se condenara a la empresa a las consecuencias legales inherentes a dicha calificación.

La sentencia de instancia considera que el vínculo entre las partes no puede calificarse como laboral y frente a esta resolución, se interpone el presente recurso de suplicación, con amparo procesal en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Solicita la parte recurrente la estimación del recurso y que se revoque la resolución recurrida estimando que el orden jurisdiccional social es competente para conocer de la pretensión formulada.

Se ha presentado escrito de impugnación del recurso por la parte recurrida solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Lo que se cuestiona es si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no, y, al haberse acordado por el órgano de instancia la incompetencia de este orden jurisdiccional para el conocimiento del asunto, es preciso entrar resolver en primer lugar sobre ello. La fijación de la competencia constituye una cuestión de orden público procesal que debe ser resuelta por el órgano judicial con libertad plena, sin sujeción a los presupuestos y motivos concretos del recurso y sin someterse a los límites de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, pudiendo, en consecuencia, examinar toda la prueba practicada a fin de decidir, fundadamente y con sujeción a derecho, sobre una cuestión cuya especial naturaleza la sustrae del poder dispositivo de las partes ( STS. 23 de octubre de 1.989 y 10 de julio de 1.990, entre otras). Como ha declarado el Tribunal Supremo, la fijación de la competencia "Libera a la Sala del examen de los motivos planteados y le impone, por contra, examinar en su integridad las actuaciones de instancia, toda la prueba incluida, para así disponer de cuantos elementos de juicio son indispensables en orden a un correcto pronunciamiento sobre esta cuestión de competencia. Por consiguiente, la Sala no está vinculada por las declaraciones fácticas de la sentencia de instancia, sino que, por el contrario, ha de formar su propia convicción sobre los hechos acaecidos y sobre las situaciones existentes, analizando directamente las pruebas y los datos obrantes en autos"(entre otras, sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1.987 y 24 de enero de 1.990).

TERCERO.-No obstante lo anterior, y sin perjuicio de ello, hemos de tener en cuenta que, en el primer motivo del recurso, la parte recurrente solicita la revisión de los hechos probados, que, a su juicio, deben tenerse en cuenta para valorar si la relación existente entre las partes es o no de carácter laboral.

Debe indicarse, con carácter previo, que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo de recurso es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

La petición se concreta en la revisión del hecho probado noveno, proponiendo la siguiente redacción alternativa: "NOVENO.-El consejo de administración de Ventilación Industrial Ind. S.L., en reunión de 03/09/19, distribuyó los cargos del consejo de Administración de la siguiente forma: Presidente: Luis Antonio; Vicepresidente: Norberto; Vicepresidente: Efrain; Vocal: Maximo y Secretario: Claudio

Asimismo, nombró Consejero Delegado de la Sociedad a D. Luis Antonio y Consejeros Delegados Mancomunados a D. Efrain y a D. Claudio".

Se remite la parte recurrente a los documentos que obran a los folios 255 y 256 de su ramo de prueba y a los folios 973 a 982 del ramo de prueba de la parte demandada. En la sentencia de instancia ya se refleja que en la indicada fecha se designó al demandante como Consejero Delegado mancomunado, junto a D. Efrain, y Secretario del Consejo y en los documentos a los que se remite la parte recurrente, en el expediente digital ramo de prueba de la demandada nº 2 y en el ramo de prueba de la demandante nº 4, la designación de los demás miembros del Consejo de Administración, constan los extremos que la parte recurrente pretende introducir, que considera relevantes a los efectos de resolver el recurso, por lo que puede aceptarse la revisión fáctica que se propone. Es cierto que la parte recurrida se opone a la aceptación de dicho motivo del recurso, pero sus alegaciones se centran, esencialmente, en la valoración que dichos extremos fácticos pueden tener para resolver la controversia planteada, más que en la constatación de un extremo fáctico, que consta en el ramo de prueba de ambas partes, y ninguna de ellas cuestiona ni que no se adoptaran tales acuerdos, ni la designación de los miembros del Consejo de Administración en los términos que propone la parte recurrente.

CUARTO.-La parte recurrente denuncia la infracción de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, en el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica, si bien la cuestión que se plantea consiste en determinar si el orden jurisdiccional social es o no competente para el conocimiento de la pretensión formulada por el demandante, pues lo que se discute es si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no.

1. Con carácter general puede afirmarse que la existencia de una relación laboral exige que concurran las notas de ajeneidad y dependencia, sin que la mera realización de una determinada actividad a favor o por cuenta de otra persona que la retribuye implique, sin más, la existencia de un contrato de trabajo; es cierto que el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece, en tales casos, la presunción de laboralidad, pero, para que la misma opere, se requiere que la prestación de servicios se realice concurriendo las notas que identifican la relación laboral: a) voluntariedad y prestación de servicios intuitu personae;b) ajenidad, por cuanto los frutos del trabajo se transfieren ab initioal empresario, que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios; c) los trabajos se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona; d) la retribución por los Servicios prestados. Una de las notas que caracteriza esencialmente al contrato de trabajo es la de dependencia, que se da por el hecho de encontrarse el trabajador dentro de la esfera organizativa, rectora y disciplinaria de aquél por cuya cuenta realiza su actividad ( STS de 16 de febrero de 1.990). Es cierto que la dependencia no aparece configurada en la actualidad como sinónimo de una subordinación rigurosa e intensa, sino en un sentido más flexible, bastando con que el interesado se encuentre, según la definición legal, "dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona", pero es una nota que debe exigirse a los efectos de calificar una determinada relación como laboral, pues de no ser así se vaciaría de contenido otras posibles formas de colaboración de prestación de servicios por cuenta o en interés de tercero, admitidas en nuestro ordenamiento jurídico como ajenas al ámbito laboral. Entre esta nota y la de ajeneidad debe existir una fuerte conexión. Ésta, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1.990, se exterioriza en determinados datos: la inserción dentro del esquema jerárquico de la empresa, debiendo acatar sus órdenes, mandatos y directrices; la subordinación a la persona o personas que en aquélla tengan facultades de dirección o mando; el sometimiento de las normas disciplinarias correspondientes; la realización del trabajo normalmente en centros o dependencias de la empresa; la sujeción a una jornada y horarios determinados, entre otros. Del mismo modo, además de esas notas apuntadas, existen otras que constituyen manifestaciones de la dependencia cuales son la concurrencia de exclusividad ( S.T.S. 7-7-88), el tratarse de un contrato intuitu personae( S.T.S. 17-3-86) y la no aportación de medios materiales para la prestación de servicios ( S.T.S. 11-5-79). Por su parte, los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados [ STS 31/03/97 -rcud 3555/96-]; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender [ SSTS 11/04/90; 29/12/99 -rcud 1093/99-]; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo [ STS 20/09/95 -rcud 1463/94-]; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones [ STS 23/10/89]. En el presente caso, a partir de los hechos probados, puede afirmarse que existen algunos indicios que permitirían calificar la relación existente entre las partes como laboral, pero la ponderación de otros aspectos nos lleva a calificar la relación existente entre las partes como ajena al ámbito laboral.

2. La parte recurrente sostiene que la relación que vincula a las partes es de carácter laboral, al quedar acreditado que fue contratado como Director de Departamento C, y fue dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, y que el contrato de trabajo es ordinario y por tiempo indefinido; que la parte demandada acordó su despido por causas disciplinarias, en la que se hace referencia al "coste" para amortizar su puesto de trabajo, y que le indemniza, alegando la doctrina de los actos propios para garantizar la coherencia en el comportamiento de las partes. No obstante, para determinar si la relación existente entre las partes ha de calificarse como laboral, o no, debe de estarse principalmente al contenido del vínculo contractual y de las recíprocas contraprestaciones de las partes, y no de lo que las partes dicen que son al darles determinada denominación ( STS de 21 de junio de 1990). Por ello debe tenerse en cuenta la auténtica naturaleza de la realidad del contenido manifestada por los actos realizados en su ejecución, que debe prevalecer sobre el nomen iurisempleado por los contratantes ( STS de 23 de octubre de 1.989), toda vez que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes no es algo que quede a la libre disposición de éstas, sino que se trata de una calificación que surge del contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual. No es posible, por tanto, establecer normas o principios generales, sino que habrá de estarse en cada caso a la concreta situación analizada, para determinar si en la misma concurren o no las notas que definen el contrato de trabajo, es decir, prestación personal de servicios, ajeneidad, retribución y dependencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1,1 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, ni la suscripción del contrato de trabajo, ni tampoco el hecho de que la parte demandada haya acordado su despido por causas objetivas, pueden considerarse como elementos determinantes para declarar el carácter laboral de la relación, sino que debe estarse a la situación individualizada, en la que debe valorarse si la prestación de servicios por él realizada se pueden identificar las notas características de una relación laboral.

3. Los hechos probados de la sentencia de instancia y el análisis de las circunstancias en la que el demandante prestaba servicios para la parte demandada, permite llegar a la misma conclusión que la de la resolución recurrida, al apreciar que no concurren las notas de dependencia y ajeneidad propias del contrato de trabajo. La cuestión se plantea desde la suscripción del contrato de trabajo entre las partes, y, aunque es cierto que su nombramiento como Consejo Delegado y Secretario del Consejo de Administración se produjo en el mes de septiembre de 2018, con anterioridad ejerció funciones ejecutivas, pues en diversas auditorías anteriores se le menciona como Vicepresidente ejecutivo de la compañía, no siendo su cargo en tal órgano meramente testimonial, sino que desde el año 2007, a través de la sociedad Alpatich S.L, de la que era Administrador, realizaba funciones de "asesoramiento estratégico", hasta el punto que los acuerdos preliminares de compra de acciones y la carta de garantía de la operación con el grupo adquirente Vortice Elettrosociale fueron firmados, en nombre de la compañía, por el demandante. Ello supone que, aunque su actividad fuera remunerada mediante la emisión de facturas a través de sociedades de las que el demandante era Administrador, venía realizando funciones de dirección estratégica de la compañía, en el ámbito de las funciones ejecutivas del órgano de gobierno de la sociedad.

Es significativo, también, el hecho de que la suscripción del contrato de trabajo entre las partes, se gestara a partir de las actuaciones practicadas por la Agencia Tributaria en los años anteriores, que motivaron la apertura de actas de liquidación derivadas de que el demandante había utilizado dos sociedades para la facturación de sus percepciones, lo que motivó la imposición de una sanción. En este contexto, se acordó con los nuevos adquirentes de la Sociedad modificar el sistema anterior, de factura a nómina, lo que se efectuó de forma progresiva disminuyendo los importes de la facturas en la misma proporción, en que se iban incrementado los importes netos de las nóminas. Sin embargo, como se indica en la resolución de instancia, esta formalización no estuvo motivada por un cambio real en la relación que el demandante mantenía con la Compañía, puesto que las funciones antes y después de la suscripción del contrato de trabajo fueron las mismas: el actor continuó sin estar sujeto a un horario; no consta la petición/concesión de vacaciones; no se acredita la integración del actor en el proceso productivo de la empresa; no se prueba qué departamento dirigía el actor en sus formales funciones de "director de departamento C" o a quién daba órdenes. En tal sentido, consta en el relato fáctico que el demandante, ordinal duodécimo, que el demandante no estaba integrado en el proceso productivo, que no fichaba ni dirigía ningún departamento, que para los directores de departamento era un miembro del Consejo de Administración, que estaba al mismo nivel que el CEO, y sus funciones fueron siempre las mismas, y que, en el organigrama de la empresa, febrero de 2023, constaba como Vicepresidente ejecutivo, ordinal decimoquinto.

Es cierto que, en el hecho probado undécimo se indica que el demandante reportaba una vez al mes, al igual que el CEO de la Compañía, a los titulares de las participaciones sociales de la Compañía sobre determinados temas y principalmente sobre el proyecto de la nueva fábrica en la localidad de Ripoll, dado que la nave pertenecía a la familia Jose Ramón, que eran los anteriores titulares de la empresa y propietarios de la empresa, con quienes el demandante tenía una vinculación estrecha, acudiendo uno o dos días a la semana a la nave de para monitorizar y dirigir el proyecto de la nueva fábrica. Pero se trata de unas funciones que se encuadran dentro de las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad, como actividades ejecutivas típicas y específicas de los órganos de administración de las compañías mercantiles, que, como declara la STS de 22 de diciembre de 1994, rec. 2889/2013, tienen "precisamente como función o misión esencial y característica la realización de esas actividades, las cuales están residenciadas fundamentalmente en tales órganos, constituyendo su competencia particular y propia. Por ello es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan "la realización de cometidos inherentes" a la condición de administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad", de ahí que se incardinen en el mencionado artículo 1.3,c) del Estatuto de los Trabajadores ".En este sentido, como alega la parte recurrida, el demandante ostentaba un rol estratégico y directivo propio de los órganos de administración, ejercía facultades amplias de representación y gestión, y participaba en la toma de decisiones de máxima relevancia para la compañía, lo que sitúa su actividad dentro del ámbito propio de la administración social y, por tanto, excluye cualquier relación laboral de carácter ordinario.

4. En cualquier caso, aunque se admitiera a efectos hipotéticos la posibilidad de apreciar que las funciones del demandante no fueran las propias de decisiones ejecutivas derivadas de su cargo como miembro del Consejo de Administración, y que llevaba a cabo otros cometidos a partir de la suscripción del contrato de trabajo, la relación existente no podría calificarse como una relación común, como pretende la parte recurrente, sino que, atendiendo a los posibles cometidos realizados, la misma debería calificarse como de alta dirección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2. del Estatuto de los Trabajadores, como se indica en la resolución de instancia. pues estas funciones, al margen de que puedan o no formar parte de las decisiones ejecutivas del órgano de administración de la sociedad, revelarían un elevado grado de autonomía en la toma de decisiones de marcada carácter empresarial, aspecto que no encaja en el ámbito de una relación común, pues se trata de cometidos que quedan al margen de una relación de esta naturaleza.

En tal caso, el hecho de que el demandante sea miembro del Consejo de Administración y al mismo tiempo realice funciones relativa a los objetivos generales de la Compañía, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad, del que el mismo formaba parte, implica la aplicación de la doctrina del doble vínculo. Al respecto, la STS de 24 de febrero de 2014, rcud 1684/2013, declara: "Partiendo de la anterior premisa, esta Sala ha resuelto la cuestión que se plantea cuando se compatibilizan funciones de Consejero Delegado y alto cargo, en el sentido asumido por la sentencia referencial. Las sentencias de 21 de enero , 13 mayo y 3 junio y 18 junio 1991 , 27-1-92 (rec. 1368/1991 ) y 11 de marzo de 1.994 (rec. 1318/1993 ) han establecido que en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones sino la naturaleza de vínculo, por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva a que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral".

En relación a la aplicación de la doctrina del doble vinculo, la parte recurrente se remite a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022, asunto C-101/21, en la que el Tribunal comunitario, si bien en referencia sólo y exclusivamente a los efectos del disfrute de los derechos garantizados a los trabajadores por la Directiva 2008/94 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, indica, ha declarado que es contraria al derecho comunitario una jurisprudencia nacional que cercena los derechos del trabajador asalariado al no reconocerle su vínculo laboral por el hecho de ejercer de forma cumulativa las funciones de director y de miembro del órgano de administración, a pesar de tener un contrato de trabajo válido con arreglo al derecho nacional. Pero dicha sentencia, al margen de que se dicta en interpretación del artículo 2, apartado 2, párrafo primero de la Directiva 2008/94/CE, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, aunque indica que no cabe presumir o excluir, en dicho supuesto, la existencia de relación laboral o la calificación de esa persona como trabajador asalariado, se refiere a un supuesto distinto al que ahora se analiza, al admitir que pueda existir una relación laboral asalariada siendo director de una sociedad mercantil y, a la vez, ser miembro de su órgano de administración, pero, en el presente caso, el demandante, junto a la condición de esta situación, que por si sola y conforme a lo expuesto, ya determina la exclusión del conocimiento del asunto por parte de este orden jurisdiccional social, no consta estuviera integrado en el proceso productivo de la empresa.

QUINTO.-Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, sin que proceda la condena en costas a la parte recurrente al no concurrir los requisitos del artículo 235 de la LRJS. .