Sentencia Social 4877/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 3878/2025 de 30 de octubre del 2025

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestima la demanda interpuesta por los actores sobre tutela de la libertad sindical, recurren en suplicación la representación del Comité de empresa de PREZERO SAU y Dª Reyes Delegada Sindical, así como la representación del Sindicato de los Trabajadores de la Limpieza, solicitando estos últimos en primer término, con amparo procesal en el art 193,a) de la LRJS reposición de los autos al momento de cometerse la infracción de las normas o garantías del procedimiento que le han ocasionado indefensión, denunciando infracción de la tutela judicial efectiva del art 24 CE, al considerar la desviación del juzgador de instancia en la valoración de la prueba, para contrariar la declaración testifical. Y considera infracción de la tutela judicial efectiva por inadmisión de las preguntas al testigo Sr Vicente, frente a lo que realizó la oportuna protesta, tras haber denegado la magistra de instancia la formulación de algunas preguntas concretas respecto de las cuales dejó constancia en acta.

La resolución de la petición propuesta obliga a recordar que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. El Tribunal Constitucional viene declarando, al respecto que no existe indefensión cuando «no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa» y tampoco cuando «ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos», por lo que «no puede equipararse con cualquier infracción o vulneración de normas procesales, sino únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, vea cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial o cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado».

Por otra parte, conviene precisar que el derecho a que a la actora le sean admitidas las pruebas que sean pertinentes y relevantes forma parte del contenido esencial del derecho de defensa integrado dentro del de tutela judicial efectiva que aquel precepto constitucional reclama, siendo constante y reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que así lo reconoce. En tal sentido es importante la doctrina de dicho Tribunal queda reflejada en su sentencia 205/1991, de 30 de octubre (RTC 1991, 205) cuando, resumiendo sentencias anteriores en el mismo sentido, decía lo siguiente: "Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la propia defensa, constitucionalizado por el art. 24.2 C.E., ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo de la defensa, consiste en que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal, sin desconocerlo u obstaculizarlo, e incluso prefiriéndose el exceso en la admisión a la postura restrictiva". Ahora bien, como en la misma sentencia se indicaba "ello no supone desapoderar a los órganos jurisdiccionales de la competencia que le es propia para apreciar la pertinencia, por relación al thema decidendi, de las pruebas propuestas, ni liberar a las partes de la carga de argumentar la trascendencia de las que propongan, de tal manera que la denegación de pruebas que el juzgador estime inútiles no implica necesariamente indefensión, pues tal facultad denegatoria viene impuesta por evidentes razones prácticas como son evitar dilaciones injustificadas del proceso", doctrina que puede apreciarse reiterada en sentencias posteriores del mismo TCº como la 136/1996, de 23 de julio ( RTC 1996, 136) , 25/1997, de 11 de febrero ( RTC 1997, 25) , 170/198, de 21 de julio ( RTC 1998, 170) u 88/2004, de 10 de mayo ( RTC 2004, 88) , entre otras -. A lo que procede añadir que como también ha dicho el TC en STCº 299/2005, de 21 de noviembre ( RTC 2005, 299) , sólo se puede sostener la existencia de inadmisión cuando la prueba inadmitida sea "decisiva en términos de defensa.

En el presente caso la magistrada de instancia no inadmitió la prueba testifical propuesta por la recurrente, sino determinadas preguntas en base a que consideró que excedían del debate litigioso llevándose a cabo la declaración del testigo al que se le permitió contestar a un gran número de preguntas, existiendo en el presente caso motivos suficientes, para rechazar la declaración en los términos que propugna el recurrente, y que en modo alguno le han ocasionado indefensión. Y a la vista de la doctrina constitucional y de los argumentos utilizados por el jugador de instancia para la denegación de la prueba propuesta esta Sala entiende, de conformidad con lo apreciado por la sentencia recurrida, que la prueba propuesta no era imprescindible para la defensa de la parte y por ello ni afectaba a la tutela de sus intereses si se tiene en cuenta que la la magistrada admitió la práctica de dicha prueba siendo el debate suficientemente esclarecedor y la impertinencia declarada por la juez debidamente motivada.

Finalmente sostiene la recurrente que se infringe la tutela judicial efectiva por la admisión de las grabaciones (doc 60 y 61) de la prueba aportada por la empresa Prezero de cámaras de seguridad cuya impugnación se formuló en cuanto a la autenticidad al no aportarse con las debidas garantías y sirvió además para apoyar la motivación de la sentencia. No se admite por cuanto que cuanto que se trata de unas grabaciones realizadas en el exterior de las instalaciones de la empresa, sin que se invocase o acreditase indicio alguno de la vulneración de derechos fundamentales en su obtención y que si bien se hace referencia a ellas la magistrada de instancia en el hecho probado noveno, no lo es exclusivamente a dicha grabación sino teniendo en cuenta la prueba testifical practicada en el acto del juicio, y cuya valoración conjunta de la prueba que es lo que conforma la redacción de dicho hecho probado.

SEGUNDO.-Con amparo procesal en el art 193,b) de la LRJS solicita el recurrente revisión de hechos probados, en concreto la adicion de dos hechos nuevos en los que se haga constar el tenor literal que propone en el escrito de recurso.

La revisión no se admite, pues el recurso de suplicación es un recurso extraordinario, y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor probatoria llevada a cabo por el magistrado de instancia, y que a tales efectos sólo son invocables documentos y pericias en tanto que tales pruebas, documentos y pericias evidencien por si mismo el error sufrido en la instancia de manera que, por ello, a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente, hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un medio hábil revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así S TSJ Galicia, 9-3-15, 14-5-15, 09/04/18 R. 663/18 , 20/03/18 R. 4626/17 , 08/02/18 R. 4425/17 , 26/01/18 R. 4648/17 , 21/02/18 R. 5195/17 , 18/01/18 R. 4612/17 , 20/02/18 R. 2870/17 entre otras).

Y en el caso de autos se ampara el sindicato recurrente en el pliego de condiciones administrativas y en el pliego de condiciones técnicas unidas a la causa, resolución de servicios minimos. decretada por el Ayuntamiento, en el que formula una valoración propia y personal de la prueba practicada para llegar a unas conclusiones valorativas que no tienen alcance en el relato factico y que no demuestran error valorativo por parte de la juzgadora de instancia, sin que se acredite una relación entre la normativa que cita la vulneración denunciada a través de un hecho concreto. Y lo mismo en cuanto a la revisión de un hecho nuevo relativo a los turnos, distribución y números de jornadas proponiendo como redacción alternativa un cuadro de servicios para invocar la existencia o no del esquirolaje interno e incumplimientos de los que pudiera llevar a cabo la empresa que dieran lugar a una limitación de los derechos fundamentales de la huelga; argumentación valorativa que ha de tener su alcance a través de la denuncia relativa a la infracción jurídica.

Solicita el recurrente además de la adición de los hechos expuestos, la revisión del hecho probado sexto, a fin de que se modifique a través de una nueva redacción para hacer constar los ratios de absentismo en el año anterior en base a las manifestaciones por Prezero al ayuntamiento meses antes de convocarse la huelga, para lo que se ampara en el documento que cita doc 5, de la actuación 95 del expediente digital de la documental del ayuntamiento. Cuando dicha adición en nada contradice ni afecta a dicho hecho probado que relata las ausencia referidas al período o al que se contrae el conflicto.

A igual conclusión desestimatoria se llega en relación a la revisión del hecho probado séptimo, vuelve el recurrente proponer una extensa redacción alternativa a la redacción a dicho ordinal, para lo que se ampara en los documentos comprendidos en el expediente digital 329 a 342, art 299 en relación con el doc 47 de Prezero que recoge las ausencias imprevistas de cada día. Y dichos documentos ya han sido tenidos en cuenta por la magistrada de instancia, en relación con la prueba testifical practicada y de los que no acreditan error en la redacción de dicho ordinal.

Solicita el sindicato recurrente la supresión del primer párrafo del hecho probado noveno, en base a que contraviene los documentos que se reseñan como docs 60 y 61 aportados por la empresa Prezero consistentes en las grabaciones cuya autenticidad ha sido impugnada en el acto del juicio, reiterando al respecto, lo señalado en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, en cuanto a la nulidad. Y en relación a la revisión solicitada resulta inacogible, ya que si la revisión fáctica solo es posible si se sustenta en pericial o testifical obrante en autos no contradicha por otros elementos probatorios y demostrativa sin necesidad de conjeturas de un error del juzgador en la valoración de la prueba, la revisión fáctica negativa no es posible salvo que se acredite el carácter ficticio de hecho declarado probado, lo que no es el caso al existir base probatoria no solo en los documentos que cita 60 y 61, sino porque han sido valorado su contenido y ratificado a través de la prueba testifical practicada en el ato del juicio y en relación con ello valorado dicha documental por la magistrada de instancia.

A igual conclusión desestimatoria se llega en relación a la modificación del hecho probado úndecimo, por cuanto que la frase que pretende añadir es irrelevante, por cuanto que no afecta a los hechos enjuiciados y en concreto al contenido de dicho ordinal.

Y lo mismo en relación al hecho probado décimoquinto por cuanto que la redacción que propone no se acredita de la literalidad de los documentos que cita y en relación a los cuales lleva a cabo una serie de manifestaciones de alcance valorativo en aras a considerar la razonabilidad o no la medida a los representantes de los trabajadores a través de criterios eminentemente valorativos que han de tener su análisis a través de la denuncia relativa a la infracción jurídic.; conclusión que ha de predicarse asimismo, de la nueva adición que solicita al relato fáctico, al tratarse de una cuestión relativa a la publicación de los medios de comunicación , publicación de periódicos y ajenas al proceso que además de no desvirtuar el contenido de dicho ordinal, a parte de los documentos analizados en el mismo carecen del valor de documento hábil a los efectos revisorios.

TERCERO.-Continuando con la revisión fáctica al amparo de lo dispuesto en el art 193,b) de la LRJS , solicita la recurrente, representación del Comité de empresa de Prezero y Delegada Sindical Dª Reyes, revisión de hechos probados, en concreto del hecho probado sexto, a fin de que se sustituya por otro del tenor literal que propone en el recurso y para lo que se ampara en el documento unido a la causa al F 47, del ramo de prueba de PREZERO, el cual es precisamente el que ha sido tenido en cuenta por la magistrada de instancia para la redacción de dicho ordinal, en relación con la prueba testifical practicada en el acto del juicio y obedece la redacción que propone a una manifestación de parte, como ya señalamos en la revisión de dicho hecho probado solicitada por el sindicato demandante. A igual, que el hecho probado séptimo, el cual se trata de un revisión en la que la redacción que propone es totalmente valorativa.

Solicitan los ahora recurrentes la revisión del primer párrafo, del hecho probado noveno, a fin de ajustar dicha redacción a la prueba practicada en el acto del juicio y para lo que se ampara en los videos obtenidos de las cámaras de seguridad, de las instalaciones los días 28 y 29, haciendo una interpretación distinta y valorativa de la llevada a cabo por la juez de instancia para concluir que la revisión de los vehículos por parte de miembros de seguridad no pudieron demorar el inicio de la actividad en 2.30 minutos, revisión que no procede, al haber sido puntualmente tal cuestión analizada en la resolución impugnada, analizando precisamente la documental en la que se ampara en relación con la testifical practicada en el acto del juicio.

A igual conclusión desestimatoria se llega en relación a la revisión del hecho probado, undécimo a fin de que se suprima de la redacción de dicho ordinal la expresión " con normalidad" y la afirmación "la decisión se tomó por no existir tanto riesgo de salubridad y priorizar la recogida de residuos orgánicos e inorgánicos", contenidos en el primer párrafo al considerar que es valorativo y no se trata de un hecho objetivo y si bien es cierto que dichas expresiones tendría su lugar apropiado en la fundamentación jurídica, y como así se llevó a cabo en el análisis jurídico se trata de una conclusión de los datos que se contiene en dicho ordinal.

Y en cuanto a la adición que propone al último párrafo, se ampara en el doc 9 que se refiere a los medios de recogida diarios que le han sido remitidos por la empresa Prezero y la nota de prensa de 19 de agosto de 2024, extrae conclusiones valorativas para demostrar la participación del ayuntamiento en la estrategia de favorecer la existencia de residuos voluminosos.

Finalmente, solicita el recurrente revisión del hecho probado decimo tercero a fin de que se elimine de dicho relato fáctico la afirmación del juzgador que considera errónea en cuanto señala que los trabajadores desplazados por Prezero desde el centro de trabajo de Pontevedra no suscribió contrato alguno para lo que se ampara en el doc 36 aportado por dicha parte y que no se admite por cuanto se trata de una valoración de parte que no acredita el error en la redacción del mismo, para lo que tuvo en cuenta la juzgadora de instancia y testifical practicada en el acto del juicio.

Y lo mismo en cuanto a la supresión del párrafo del hecho probado décimo cuarto, a través de conclusiones valorativas respecto de las cuales no cita documento alguno en apoyo de su pretensión, así como en relación al hecho probado décimo séptimo, en relación al cual que pretende introducir en dicho ordinal el contenido del anuncio publicado en el periódico La voz de Galicia en su totalidad y la Opinión de La Coruña, el cual resulta intranscendente para la solución de la cuestión debatida.

CUARTO.-En sede jurídica, y con amparo procesal en el art 193,c) de la LRJS denuncia el sindicato recurrente infracción de los arts 28,1 y 2 de la CE así como de la jurisprudencia de las STC que cita en el recurso. Sostiene el recurrente que la empresa carece de facultades para imponer unilateralmente una adición o ampliación de los servicios mínimos. Y que a partir del 8-7-24 la empresa incrementa y modifica unilateralmente la plantilla y modifica la convocatoria, haciendo un llamamiento bajo la misma rúbrica "Personal de servicios mínimos RSU" de toda la plantilla activa que podía trabajar en cada turno recogiendo la totalidad de la plantilla que tuviera capacidad de trabajar y forzando su desplazamiento al centro de trabajo en su turno de trabajo respectivo, para ver si a la hora de salida estaban todos los servicio mínimos cubiertos o si, por el contrario no estaba y entonces tendrían que suplir la vacante.

La empresa materializa en dicha fecha a partir del 8-7-24 hasta la finalización de la huelga una designación de servicios mínimos en la que bajo esa rubrica añade el resto del personal hasta alcanzar el 100% de la plantilla activa, a modo de que acudan al centro de trabajo para comprobar si tienen que suplir por ausencia a los titulares y de no ser así puedan acogerse si lo desean a su derecho a huelga, pero forzando el desplazamiento en el horario de cada turno de trabajo. Denuncia como indicio de vulneración del derecho de huelga la indebida cobertura de las vacantes a pesar del mandato del pliego y la dificultad esgrimida respecto de la contratación de personal externo para la suplencia de vacantes de ausencias e incidencias ajenas a la huelga.

Y a continuación, en base a las mismas razones denuncia infracción de los arts 96,2 y 181,2 de la LRJS, en relación con la jurisprudencia que cita en el recurso sobre la inversión probatoria una vez constatada la existencia de indicios de que se ha producido una violación de derechos fundamentales corresponde al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas.

Se examinará, a continuación, si se ha producido o no la vulneración del derecho de huelga. Consiguientemente, hemos de determinar, con carácter previo, si el sindicato actor ha acreditado la existencia de indicios de la vulneración de este derecho y, a continuación, analizar, en su caso, si la actuación de la demandadas tuvo una justificación objetiva y razonable.

En relación con la acreditación de los indicios, como declararon, entre otras, las SSTS 356/2025, de 9 de abril (rec 92/2023 ), 545/2023, de 12 de septiembre (rec 100/2021 ), 954/2022, de 13 de diciembre (rec 40/2021 ), 1078/2020, de 2 de diciembre (rec 97/2019 ) y 1023/2020, de 24 de noviembre (rec 51/2019 ), debe tenerse en cuenta, de un lado, que las meras sospechas o conjeturas no son suficientes para invertir la carga de la prueba, por lo que la parte actora ha de aportar un principio de prueba, que aunque sea indiciaria, genere una razonable presunción de la existencia de la vulneración de un derecho fundamental. Y, de otro lado, que la falta de aportación de indicios determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el precepto transcrito, por lo que no será exigible al demandado la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida.

Para determinar si se han justificado estos indicios, hemos de acudir a la resultancia fáctica declarada probada. Y ponerlo en relación con el esquirolaje, que como vulneración del derecho a la huelga no solo se denuncia por el sindicato recurrente sino también por la representación del comité de empresa y delegada sindical a través del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de instancia, y que ha de ser analizada conjuntamente por cuanto que obedece a la misma denuncia de infracción jurídica, esto es, del art 6,5 del Decreto Ley 1771997 en relación con el art 28 de la CE; centrando la cuestión a debatir en el listado de suplentes y esquirolaje, en este caso tanto interno, como externo mediante el traslado a la planta de A Coruña de tres conductores desplazados desde el centro de trabajo de la empresa de Pontevedra y que han realizado labores que corresponden a la plantilla de A Coruña durante los días 30 de junio y 1 de julio, considerando que han venido a desarrollar el trabajo de la plantilla en huelga con el objeto de minimizar sus efectos .

Así las cosas, El artículo 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo establece lo siguiente «En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número 7 de este artículo».

El párrafo séptimo de esta norma atribuye al comité de huelga la facultad de garantizar, durante la misma, la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, el mantenimiento de los locales, la maquinaria, las instalaciones, las materias primas y, la realización de cualquier otra atención que fuera necesaria para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa, una vez finalizada la huelga.

Respecto del esquirolaje interno la doctrina constitucional parte de la consideración de que la sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto colectivo constituye un abuso empresarial, en tanto que el poder de organización y dirección de la empresa no puede alcanzar la sustitución del trabajo que deberían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones, ya que en tal caso quedaría aminorada o anulada la presión ejercida legítimamente por los trabajadores huelguistas a través de la paralización del trabajo, por ello ni el empresario puede imponer a los trabajadores, no huelguistas la realización de tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esta regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios esenciales para la comunidad y de mantenimiento de la empresa ( art 6, 7 de RD ley 17/1997 (por todas STC 3372011 y 3-1-20).

De esa doctrina se desprende que ha de estarse a las circunstancias concretas del caso para analizar si la empresa ejercita de manera regular sus facultades organizativas o vulnera el derecho de huelga debido a que imponga o permita por parte de otros trabajadores que no realizan de ordinario sus funciones con las salvedades indicadas.

En el caso de autos resulta, en lo que ahora interesa que 1º) "Durante la huelga y los días inmediatamente anteriores, se incrementó el absentismo laboral motivado por situaciones de enfermedad, hospitalizaciones de familiar, accidentes no laborales, accidentes sin baja y paternidades, dándose por reproducido el listado de las ausencias imprevistas que aporta la empresa Prezero como doc. 47. Así, por ejemplo, el 22 de junio de 2024 (2 días antes de la huelga) se registraron 6 ausencias; el 23 de junio de 2024, 10 ausencias (7 por enfermedad); el 24.6.2024 surgieron 9 ausencias (5 por enfermedad, 1 por accidente no laboral, una por accidente sin baja); o el 25.6.024, 14 ausencias (10 por enfermedad, 2 por accidente laboral, 1 por accidente no laboral y 1 por accidente sin baja). Además de dichas ausencias -muchas de las cuales duraban varios días y se acumulaban a las nuevas-, se producían otras al inicio de la jornada motivadas por indisposiciones del personal, ausentándose dicho día para recibir asistencia médica y sin causar baja. De esta forma el lunes 22 de julio de 2024 había 6 operarios ausentes, el día 23 había hasta 22 trabajadores ausentes y el miércoles 24,33 ausencias" 2º) "Ante dicha situación y desde el 8 de julio de 2024, la empresa incluía en la lista de servicios mínimos de los días de huelga, una lista de suplentes para cubrir posibles ausencias de los conductores y peones a los que les tocaba hacer servicios mínimos. No fue una decisión consensuada con el comité de empresa. Los designados como suplentes eran trabajadores a los que les tocaría ir a trabajar en ese turno en el caso de no hacer huelga. Las listas de suplentes siguieron un orden alfabético desde la letra "m".

Todo los incluidos en la lista (tanto los designados como servicios mínimos como los suplentes) debían presentarse para trabajar en el turno correspondiente. La lista se colocaba dos días antes del día de huelga, y podía verse modificada por nuevas incidencias como enfermedades o ausencias de los incluidos inicialmente. En este caso, a los nuevos suplentes se les comunicaba de la forma más inmediata posible, incluido mensajes a través de Whatsapp. Las citadas modificaciones se enviaban al comité de empresa y a la delegada sindical si eran conocidas con anterioridad al día de la huelga .La jefa del servicio, Doña Belinda, el día 8 de julio de 2024 explicó a los trabajadores que los incluidos en la lista de suplentes podían ejercer el derecho de huelga .El día 23 de julio se introduce en la lista un explicativo que indica que "el listado de peones se incluye a los exclusivos efectos de poner en conocimiento aquellas personas trabajadoras que serían llamadas en el único y exclusivo supuesto de que alguno de los peones designados para la realización de los servicios mínimos no prestaran el servicio mínimo decretado por cualquier causa justificada".Con el transcurso de los días y con motivo de las ausencias e incidencias registradas, se incrementó el número de suplentes en las listas, llegando a convocar como suplentes a todos los trabajadores del turno que no estaban de servicios mínimos y se encontraban en disposición de trabajar. 3º) " Durante la huelga y desde el 28 de junio, miembros del comité de empresa, en su condición de miembros del comité de seguridad y salud, aparecieron por la base a las 12 de la noche (al inicio del servicio) para examinar los camiones que salían a realizar el servicio de recogida, inspeccionándolos de uno a uno, cuando antes no lo hacían. Realizaban dicha inspección en la zona más estrecha de la campa de forma que se impedía la salida del resto de camiones. De esta forma, los camiones tardaban más de dos horas y media en salir de la base cuando lo normal es que salgan en 20 o 30 minutos.

Respecto a seis camiones con la opción "Remonte", miembros del comité les dijeron a los capataces y a los conductores que dichos camiones no cumplían la normativa de prevención de riesgos, alegando que cuando el peón estaba subido en el estribo de atrás, se podía activar manualmente por botonera el elevador del contenedor. Ello motivó que el capataz ordenara dar la vuelta a dichos camiones que no salieron los días siguientes (28,29 de junio y 4 y 5 de julio de 2024). El servicio de prevención y la empresa analizaron la supuesta infracción y recabaron certificado del fabricante de los camiones, en el que se indica que es correcta la paletización que tiene ese camión.

Respecto a los camiones con luz girostrópica, los miembros del comité también detuvieron los camiones, alegando que no podían salir por el que el girofaro no estaba donde debía estar. Posteriormente la empresa comprobó que se cumplía con la normativa. Y 4º) Durante la huelga, algunos camiones, tras iniciar la ruta, volvían ala base por incidencias tales como, que había un tela de araña en las cámaras o que se había agotado el agua del limpiaparabrisas llegando un camión a volver dos veces por dicho motivo, incrementándose las averías durante el tiempo o que duró el conflicto en los términos que se detallan en el hecho probado decimo".

Y de dicho relato en lo que ahora interesa desvirtúan los indicios que denuncian los recurrentes de la vulneración del derecho de huelga Y existe además una serie de hechos que contrarrestan lo que los recurrentes consideran tales indicios así, así la lista de suplentes era para suplir ausencias de conductores y peones a los que le tocaba hacer servicios mínimos , sin que en ningún momento se les impusiera a los trabajadores no huelguistas la realización de trabajos encomendados a los huelguistas. En las listas solo se incluían a los trabajadores que les correspondía trabajar en dicho turno, en el caso de no hacer huelga y ello a raíz de las múltiples incidencias que se reflejan en el relato fáctico.

En definitiva, la lista de suplentes es una medida organizativa para garantizar los servicios mínimos cuando los trabajadores designados en dicho servicios mínimos no acudían a trabajar o se encontraban indispuestos al inicio de la prestación del servicio; considerando la sala que el establecer un listado de suplentes a los que se les permite y así se les informó expresamente de que podían ejercitar el derecho de huelga, no limita el derecho de huelga, pues les comunicaba a los incluidos en la lista que ejercer tal derecho, cuando se le notificaba su inclusión en la lista no significa modificar tal derecho, máxime cuando se trata de un servicio esencial de la comunidad no siendo la discrepancia de los servicios mínimos competencia de esta jurisdicción.

En consecuencia, no puede considerase indicio alguno de vulneración del derecho de huelga.

Y lo mismo en cuanto al personal desplazado de otros centros de trabajo, en los términos que se detallan en el hecho probado decimo tercero del que del 26 al 30 de junio de 2024 ningún trabajador hizo huelga lo que desvincula tal actuación empresarial de la vulneración del derecho de huelga. Si pues si bien hicieron su trabajo, también lo hicieron durante días diferentes a los de la huelga

QUINTO.-Continuando con el motivo acerca de un análisis de la cuestión suscitada en los recursos interpuestos, la representación del Comité de Empresa denuncia infracción del art 28 de la CE en relación con el art 10 del RDley 17/1977. Manipulación y alteración de los efectos de la huelga , al considerar que por la empresas se han llevado a cabo una serie de actuaciones tendentes a acelerar la declaración del estado de emergencia, para lo cual fue fundamental el cese voluntario y premeditado de la actividad pues dichos servicios cancelados son los que se encargan de retirar de la vía pública los objetos de mayor volumen y aparatosidad, que ocupan un espacio público y da una mayor visibilidad a la huelga consistente en la recogida de los residuos voluminosos, muebles cartón y vidrio, resultó probado que la empresa demandada debió prestar servicios a los que venían obligados por el pliego durante los días de " no huelga" con el ánimo de sobredimensionar los efectos perniciosos de la de la huelga, lo que derivó en una declaración de emergencia sanitaria " Y ello no tiene como finalidad como acepto la juez de instancia la prioridad de los servicios de recogida orgánica e inorgánica por razones de riesgo y salubridad, pues la acumulación de residuos voluminosos magnifica el efecto visual de la huelga. Lo que asimismo denuncia el sindicato recurrente, como limitador del derecho de huelga.

Dicha pretensión no se admite, los recurrentes a través de una valoración distinta de la prueba practicada apoyan sus intereses en la denuncia de este motivo cuando no desvirtúa la conclusión a la que llegó la magistrada de instancia tras una valoración de la prueba practicada de conformidad con lo dispuesto en el art 97,2 LRJS, medida que se enmarca dentro del ius variandi de la empresa y en cuyo poder de organización se encuentra la supresión y modificación de determinados servicios de recogida, cuando la situación está justificada y se hace necesario la prioridad en la recogida de residuos orgánicos y e inorgánicos en riesgo de descomposición que influyen en la situación sanitaria derivada de la situación sostenida y que se detalla correctamente en la resolución impugnada.

SEXTO.-Denuncia la representación del Comité de Empresa y Delegada Sindical, infracción de los arts 28 CE en relación con el art 7 y 13 y 14 LOLS; manipulación mediática de la huelga y criminalización ante la opinión pública del sindicato y de la huelga e infracción de lo dispuesto en el art 20 CE y arts 13 y 14 LOLS, manipulación mediática de la huelga y represión de los afiliados, consiguiendo trasladar por parte de los demandados una imagen de una ciudad inundada de basura, con apenas dos días de huelga y declararse la emergencia sanitaria con cinco días de paro y una vez criminalizados la empresa procede a las represiones, exigiendo el ayuntamiento la imposición de sanciones, produciendo una sucesión de despidos y sanciones y que la empresa Prezero traslada a la prensa en los términos que detalla en el escrito de recurso y concluye que los medios de comunicación han sido utilizados como instrumento para privar de efectividad a la huelga.

La denuncia no se admite, pues una cosa son las notas de prensa, las cuales obran unidas a la causa y que se limitan a trasladar las incidencias de la huelga a los medios de comunicación y otra cosa distinta es lo que la prensa considere como impacto de la percepción de la huelga, pero que nada se ha probado que obedezca a una actitud de las demandadas, por cuanto que no son la notas remitidas por la empresa el único cauce por el que llegan las noticias a la prensa. Y una cosa es la noticia a través de la nota de prensa y otra distinta, la interpretación que de las mismas se hagan por los medios de comunicación de acorde con el interés periodístico del medio que lo publica.

SÉPTIMO.-Finalmente, la representación del comité de empresa y delegada sindical considera que se ha infringido el art 28 CE en relación con el art 9 de la LOLS en cuanto a la vulneración del derecho a la huelga y a la libertad sindical de la que ha sido objeto el sindicato demandante y ahora recurrente y el comité de empresa en relación a limitación de acceso a las instalaciones de la empresa de los representantes legales de los trabajadores, por cuanto que la empresa pasó a requerir para acceder a las instalaciones comunicación escrita a los mandos superiores, cuando antes tenían acceso sin necesidad de preavisar de su entrada en las instalaciones para ejercer su derecho a la libertad sindical y ello constituye no solo una vulneración de la libertad sindical sino también una limitación indirecta del derechos de huelga, al ser este el verdadero motivo de la imposición de tal restricción, y que se produce casualmente tras denunciar públicamente la utilización de esquiroles provinientes de la provincia de Pontevedra. Denunciando el sindicato recurrente en cuanto a la actividad sindical con cita del art 24,7, 33,2 del CC y art 64,5 del ET; Denuncia que no se corresponde en absoluto con el contenido del hecho probado decimoquinto, que en lo que ahora interesa señala que " Con motivo de la huelga el 3-7-2024, la empresa remite al presidente del comité de empresa comunicación en la que por motivos de seguridad, los miembros del comité deberán comunicar la intención de acceder a las instalaciones, el objeto de visita y la zona a visitar y que si se hace fuera de turno , deberán registrarse con el vigilante de seguridad. EL aviso deberá realizarse previamente en horario de 8 a 15 horas.

En ningún momento consta que se prohíba la entrada a las instalaciones a los representantes de los trabajadores, bastaba un aviso previo para poder acceder sino que lo que se hace es un control de gestión interna de acceso al centro como consecuencia de los antecedentes reflejados en el hecho probado noveno, como señala la juez de instancia tal medida de control totalmente justificada obedecía a una necesidad de coordinar las inspecciones que realizaba el comité de seguridad y salud con la adecuada prestación del servicio

En consecuencia, no hay base en los hechos probados que permita vislumbrar que se haya producido la vulneración del derecho a la huelga ni a la libertad sindical que a través de los recursos interpuestos se denuncian. Y permaneciendo inalterados los hechos probados no prosperan las infracciones normativas denunciadas y los recursos han de ser desestimados, con la consiguiente confirmación de la resolución recurrida.

Por todo lo expuesto: