Sentencia Social 1447/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1252/2024 de 30 de octubre del 2025

PRIMERO. El trabajador prestó servicios para la entidad BINTER CANARIAS SA desde el 7 de marzo de 2019, conforme a contrato de trabajo temporal en prácticas a tiempo completo con la compañía, para la prestación de servicios como Copiloto (Grupo III) nivel 6 en el modelo de avión ATR-72 y con base en Las Palmas de Gran Canaria, el cual fue prorrogado con efectos de 7 de marzo de 2020 por una duración de un año. El 6-3-21 las partes suscriben contrato de trabajo indefinido que rige actualmente la relación laboral.

Son tres las cuestiones que se planteaban en la demanda, tras la excedencia voluntaria solicitada y admitida por la empresa: la nulidad del "Precontrato Laboral y de Préstamo" suscrito en fecha 15 de enero de 2019, solicitando el abono de las cantidades pagadas por el trabajador hasta la fecha de su excedencia voluntaria; en segundo lugar que se declare la inaplicación del artículo 27 del III convenio colectivo de Binter respecto al preaviso de tres meses, abonando lo que considera descontado de más y el abono del finiquito de la nómina del mes de Enero de 2023.

La sentencia de instancia declara la nulidad del "precontrato laboral y de préstamo", entiende que el plazo de preaviso es de dos meses y no de tres, como pretendía la empresa y, por último, condena al abono del finiquito no abonado como consecuencia del descuento realizado por la mercantil. La cantidad a la que resultó condenada la empresa asciende a 14.073,77 euros, más los intereses de mora del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Disconforme BINTER SA se alza en suplicación articulando un único motivo de censura jurídica, que fue impugnado de contrario.

SEGUNDO. En el único motivo de censura jurídica articulado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 193 de la LRJS, denuncia el recurrente la infracción de los siguientes artículos:

1-. Artículo 1091 del Código Civil, y de los artículos 3 apartado 1º c), por haber resultado inaplicados; así como del artículo 21 apartado 4º del Estatuto de los Trabajadores por haber resultado indebidamente aplicado

2-. Artículo 90 apartado 2º del Estatuto de los Trabajadores, y del artículo 27 del III Convenio Colectivo de la Empresa "Binter Canarias, SA" y de la doctrina judicial que se indicará.

Tras analizar y valorar determinados hechos de la demanda, lo que entendemos como antecedente a la censura articulada, no pretendiendo revisión fáctica alguna en la sentencia impugnada, sostiene la validez del contrato de préstamo remitiéndose a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 19 de abril de 2022. Tras su transcripción interesa que se declare ajustado a derecho el contrato de préstamo vinculado al precontrato suscrito por el trabajador.

La impugnante se opuso a su estimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia que aplica doctrina reiterada de esta Sala, no siendo la resolución de la Sala IV que se dice infringida trasladable al supuesto analizado.

Son reiteradas las ocasiones en las que este Sala ha enfrentado la validez del "contrato de préstamo y el precontrato laboral", alcanzándose idéntico resultado. Los términos de los documentos suscritos son los siguientes:

"PRIMERO.- CONTRATO LABORAL. Una vez superado por EL TRIPULANTE TÉCNICO el curso de conversor del operador, BINTER CANARIAS lo contratará en el plazo de 1 mes de acuerdo al vigente Convenio Colectivo en el nivel entrada, Categoría y Grupo profesional Piloto, especialidad Copiloto.

SEGUNDO.- PRÉSTAMO. Una vez firmado el contrato laboral mencionado en el punto anterior, y con el fin de saldar la deuda pendiente con BINTER CANARIAS concederá a EL TRIPULANTE TÉCNICO un préstamo con las siguientes condiciones:

- IMPORTE: Será de 22.000 euros equivalente al 100% del precio de la Habilitación del ATR 72 facturada a EL TRIPULANTE TÉCNICO por la ATO E-ATO-241.

- INTERÉS: Dicho préstamo devengará el interés legal del dinero que se abonará mensualmente, a través de cargo en la cuenta bancaria o bien a través de retención del salario por parte de la empresa.

- AMORTIZACIÓN: El tripulante técnico realizará la amortización de la totalidad de préstamo mediante el abono de única cuota transcurrido el cuarto año-desde la firma de su contrato laboral. En el caso de que no se produzca el abono, el TRIPULANTE TÉCNICO autoriza expresamente a que la empresa pueda ingresar las cantidades pendientes de abono de principal e intereses a través de la retención de salarios y liquidación/ finiquito, como del importe de una eventual indemnización por la extinción de su contrato de trabajo que corresponda al trabajador.

- VENCIMIENTO ANTICIPADO: En el caso de que EL TRIPULANTE TÉCNICO causara baja voluntaria en la empresa o fuera objeto de despido disciplinario procedente, antes del vencimiento del préstamo, este vencerá anticipadamente en el momento de la comunicación de la baja o la comunicación del despido procedente, debiendo abonar el importe de principal de préstamo e intereses en un plazo de 3 días. En caso de impago la empresa podrá retener las cantidades pendiente de abono en concepto de salarios y liquidación/finiquito, como del importe de una eventual indemnización por la extinción de su contrato de trabajo que corresponda al trabajador

TERCERO.- COMPLEMENTO DE NÓMINA POR INTERESES DEL PRÉSTAMO. Mientras EL TRIPULANTE TÉCNICO tenga contrato laboral vigente en BINTER CANARIAS, y hasta un máximo de cuatro años, este recibirá como complemento a las remuneraciones pactadas en el contrato laboral, el importe equivalente a los intereses devengados por el préstamo recogido en el presente acuerdo.

CUARTO.- PRIMA EN NÓMINA POR PERMANENCIA. Dadas las especiales circunstancias que concurren en el presente contrato, cuando se cumplan cuatro años de antigüedad en la empresa, EL TRIPULANTE TÉCNICO tendrá derecho a un único pago en concepto de PRIMA POR PERMANENCIA equivalente a la totalidad del importe del préstamo concedido. El abono de la PRIMA se realizará a través de la amortización de la cuota de préstamo a la que viene obligado al pago el TRIPULANTE""

Dicho contrato de préstamo se acompañaba de un cuadro de amortización tanto del principal como de los intereses, con una duración de cuatro años y estableciéndose los cargos mensuales. Según este documento, la cantidad asciende a un total de 23.993,74 Euros.

Esta Sala se pronunció sobre un asunto similar en sentencia de 30 de septiembre de 2020, rec. 528/2020 en los siguientes términos:

".Esta Sala, con ocasión de los recursos 1986/2002 y 1553/2005, tuvo ocasión de pronunciarse sobre el pacto de permanencia vinculado a la impartición de la instrucción básica del curso de habilitación tipo ATR-72, por la compañía Binter Canarias, a tripulantes técnicos que, seguidamente, fueron contratados por tiempo indefinido, y lo hizo otorgando validez al pacto, siempre respetando el marco del artículo 21.4 ET. Para Binter Canarias S.A. los cursos dirigidos a obtener habilitación para volar las aeronaves de su flota, ATR-72, respondían a "una especialización profesional con cargo al empresario" en los términos del artículo 21.4 ET y justificaban el recurso al pacto de permanencia.

El Convenio Colectivo de Binter Canarias y su personal 2017, aplicable al caso, abunda en ello al regular en su artículo 12 del "Pacto de permanencia" del siguiente modo:

"En el supuesto de que el trabajador reciba una especialización profesional con cargo a la Empresa deberá permanecer como mínimo durante el periodo de dos años en la misma antes de poder causar baja voluntaria, o dos años para causar baja por excedencia. En caso contrario deberá indemnizar a la Empresa con una cantidad equivalente a la proporción mensual del importe total de los gastos sufragados por la empresa por la realización del curso o especialización mencionado, en función de los meses que faltasen para cumplir la integridad de la permanencia"...

De esta previsión convencional resulta:

- Que Binter es la que realiza el gasto para proporcionar a sus empleados la especialización exigida para el pilotaje de sus aeronaves; no se limita a anticipar el precio del curso.

- Que la recepción de la especialización se conecta a la asunción por el tripulante técnico de un compromiso de permanencia en la empresa (se establece en el Convenio con carácter imperativo: "deberá permanecer como mínimo"...).

- Que los negociadores parten de una contratación indefinida del tripulante técnico -se establece un periodo "mínimo" de permanencia de dos años.

Ahora contemplamos que la "especialización" -habilitación- aparece inicialmente extramuros de la relación de trabajo. Es el piloto el que, interesado en ella, contrata el curso. Y, seguidamente, se laboraliza a través de la concertación de un " Precontrato laboral y contrato de préstamo", con la promesa de Binter Canarias S.A. de contratar al piloto con la condición de que obtenga en un plazo pactado la habilitación para volar ATR-72, y la financiación del coste del curso de habilitación a través de un préstamo a cuatro años. La contratación que sigue ya no es indefinida sino "en prácticas" por seis meses.

Si formalmente esto es así, la realidad es bien distinta

Del examen de las cláusulas del "contrato de préstamo" resulta que el préstamo no es tal sino la articulación del modo de pago de una "deuda" que el piloto habría contraído con la empresa.

El artículo 1740 del Código Civil define el contrato de préstamo como aquel en que "una de las partes entrega a la otra... dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad...", y en este caso Binter nada entrega al piloto que este haya de retornar. Binter impartió al piloto un curso de habilitación específico (en el listado de ortganizaciones de formación aprobadas ATOS publicada por AESA, la nº E ATA.241 corresponde a Binter Canarias S.A.) y es el coste del curso -supuestamente- el que el piloto habría de abonar por haberlo concertado.

Y profundizando más en esas cláusulas lo que tras la fórmula de pago se advierte es un pacto de permanencia al margen de la previsión convencional ( artículo 12 del Convenio) y legal ( artículo 21.4 ET. que limita el pacto a 2 años). Se prevé la amortización del capital 50 % en cuotas mensuales de igual importe durante 4 años y 50 % a pagar en una sola cuota, al final del 4º año, con un interés, el legal del dinero, de devengo y abono mensual. Pero si el piloto cumple 4 años de antigüedad en la empresa, tiene derecho a un único pago en concepto de "prima por permanencia" equivalente al 50 % del importe del "préstamo" que se aplicaría a la amortización del préstamo pendiente. O, lo que es igual, a los 4 años el capital se reduce a la mitad (cláusula cuarta). Esa condonación del 50 % del capital se extiende a los supuestos de no contratación o resolución unilateral de Binter Canarias del contrato laboral, salvo por despido procedente (cláusula quinta), y a los de no obtención de la habilitación (cláusula sexta). Los intereses se condonan mensualmente a través de un complemento en nómina (cláusula tercera).

Y si nos acercamos más al contenido de esta cláusula sexta en relación con la cláusula segunda -en el apartado "vencimiento anticipado"- y con la cláusula séptima -"no reincorporqación del tripulante"- llama poderosamente la atención que quien no supera el curso y no es contratado tenga que devolver lo que se supone es el 50 % de su coste y no lo que, se supone, es el total.

En suma, tales estipulaciones persiguen la sujeción a la empresa por cuatro años. Si el piloto deja la empresa antes de los cuatro años ha de devolver el doble de lo que a todas luces se vislumbra como coste real del curso.

Decimos que a través de la concertación del Precontrato laboral y Contrato de Préstamo se perseguía documentar una vinculación previa al contrato insertándola en un marco laboral, que el contrato de préstamo no es tal sino la documentación de la fórmula de pago de una supuesta deuda que realmente esconde un pacto de permanencia. Y, si atendemos ahora a la modalidad de contrato suscrito por las partes -contrato en prácticas- alcanzamos a comprender la razón por la que Binter Canarias S.A. ha cambiado el modo de proceder que en aquellos recursos -1986/2002 y 1553/2005, a los que nos referíamos con anterioridad- tuvimos ocasión de examinar.

No entramos en el examen del modelo de contratación escogido -contrato "en prácticas" a un piloto comercial con un curso de habilitación específico- al no ser cuestión sometida a debate en la instancia, pero sí hemos de ocuparnos de la viabilidad de establecer un pacto de permanencia en un contrato en prácticas.

Esta cuestión se analiza en STS de 26 de junio de 2001 (rec. 3825/2000), que advierte de que buena parte de la doctrina científica niega la posibilidad de que en el mismo quepa el pacto de permanencia, atendida la peculiaridad del contrato en prácticas, consistente en tratar de proporcionar una práctica profesional a quienes están en posesión de amplios conocimientos teóricos para el puesto a desempeñar, junto con la limitación temporal -máximo de dos años - de este tipo de contrato.

Posicionamiento que viene abonado por lo que la experiencia demuestra, que el pacto de permanencia suele darse con mayor frecuencia en supuestos de contratos laborales de duración indefinida en los que la empresa se ha visto obligada en la mayoría de las ocasiones a realizar gastos de cierta entidad para proporcionar a los empleados la especialización a que se refiere el artículo 21.4 ET, como acontece en los casos enjuiciados en SSTS de 18 de mayo de 1990, 23 de julio de 1990, 14 de noviembre de 1990, 14 de febrero de 1991 y 27 de marzo de 1991, que contemplan pactos de permanencia motivados por haber suministrado las compañías aéreas -empresas- costosos cursos de instrucción en el manejo de concretos y determinados modelos de aeronaves a sus trabajadores, que eran pilotos contratados por tiempo indefinido.

No obstante, dice el Alto Tribunal, la cuestión no es pacífica, y hay que analizar las circunstancias de cada caso para determinar si la cláusula de permanencia está fundada en causa suficiente y reúne, además, para que pueda apreciarse su licitud o carácter no abusivo, determinados requisitos mínimos de proporcionalidad o equilibrio de intereses y cita STS de 21 de diciembre de 2000 (rec. 443/2000).

En el caso que nos ocupa, la inclusión del pacto de permanencia previsto en el artículo 3 del Convenio en el contrato en prácticas suscrito por el Sr. Lorenzo no habría respetado el necesario equilibrio entre derechos y deberes que en los contratos sinalagmáticos debe asumir cada contratante, con el fin de que no quede al arbitrio de uno solo de ellos la validez y el cumplimiento ( artículo 1256 del Código Civil) , pues mientras Binter Canarias, S.A. habría contraído únicamente el compromiso de que la relación laboral durara 6 meses (esta era la duración inicial formalmente convenida), el Sr. Lorenzo se habría vinculado a la empresa durante un periodo mínimo de dos años establecido en Convenio (y conforme con el artículo 21.4 ET) .

Como expresa la aludida STS de 26 de junio de 2001, la aceptación del pacto habría supuesto una renuncia anticipada de derechos del trabajador -con sacrificio de la libertad profesional y de trabajo- proscrita por el artículo 3.5 ET, y abusiva por parte de la empresa ( artículo 7.2 del Código Civil) , lo que habría determinado su nulidad.

Aflora de este modo la verdadera intención del Precontrato Laboral y Contrato de Préstamo: burlar la previsión convencional ( artículo 12 del Convenio), legal ( artículo 21.4 ET) y el alcance de la doctrina jurisprudencial expuesta, y concertar de facto un periodo de permanencia que dobla lo establecido en ellos.

Corolario de cuanto antecede ha de ser la nulidad del "Préstamo" y de cuantas actuaciones traen causa de él.". En idénticos términos nuestras sentencias de 3 de mayo de 2021, rec. 154/2021; de 30 de septiembre de 2021, rc. 535/2021; de 9 de junio de 2022, rec. 1582/2021 y 27 de octubre de 2022, rec. 1834/2021.

Como ya sostuvimos en su día, y reiteramos, a cláusula tercera del "contrato de préstamo y precontrato laboral" carece de causa toda vez que no existe desplazamiento patrimonial bidireccional en los términos del art. 1274 del CC. Se trata de un pago diferido, mediante el cual la empresa establece cuotas durante un periodo de CUATRO (4) años obligando así que el trabajador permanezca en la compañía durante ese periodo. Se enmascara,por tanto, un pacto de permanencia teniendo en cuenta el compromiso que asume el trabajador de mantenerse en la compañía durante ese periodo. La duración del pacto de permanencia supera los DOS (2) años permitidos de conformidad con lo establecido en el art. 21.4 ET, por lo tanto debe considerarse ilícito y con ello ineficaz. En conclusión, se establece un reconocimiento de deuda inexistente que compele al trabajador a permanecer al menos CUATRO (4) años en la compañía para no tener que abonar las cantidades referidas.

Precisar que la sentencia de la Sala IV invocada nada aporta al presente supuesto. Como hemos indicado, entendemos que se enmascara, a través de la fórmula de un contrato de préstamo, un pacto de permanencia ilícito, que pretende alcanzar los cuatro años. En el supuesto que contempla la Sala IV se trataba de trabajadores contratados por la misma empresa a quienes se exige con carácter previo a la contratación que el piloto disponga de un curso de habilitación específico para pilotar aviones, siendo el coste del curso de 19.000 euros. La empresa adelanta el importe del curso y el trabajador se compromete a devolver dicha cantidad en pagos mensuales que le eran detraídos de la nómina hasta la devolución total del importe anticipado. Se pacta que, en el supuesto de que el contrato de trabajo del empleado se extinguiera por determinadas causas dentro del plazo de dos años después de haber finalizado el curso de habilitación, el trabajador estaría obligado a abonar a la empresa una cantidad equivalente al coste del curso que estuviera pendiente de devolución. En nuestro caso, no existe desplazamiento o desprendimiento patrimonial por la mercantil, sino el reconocimiento de una deuda tendente al mantenimiento del trabajador en su ámbito en un periodo superior al permitido legalmente. Sin perjuicio de considerar el desequilibrio que supuso la inicial contratación en prácticas del trabajador en los términos expuestos. En definitiva, debemos confirmar la solución alcanzada por el magistrado de instancia y desestimar este concreto motivo.

TERCERO. La segunda censura versa sobre el descuento por falta de preaviso y sobre la validez del III Convenio Colectivo de Empresa. En cuanto al preaviso, sostiene que es correcto descuento del preaviso, tal como indica el art. 27 del Convenio Colectivo de Empresa, según acuerdo de revisión del III Convenio, suscrito por la Comisión Negociadora el día 26 de agosto de 2022, que prevé la exigencia de un mínimo 3 meses a la fecha de baja por pasar a situación de excedencia voluntaria; y como el recurrido preavisó el 16/11/2023 - fin 04/01/2023-, significa 41 días a descontar, y la omisión del preaviso por lo tanto un descuento de 3.958,55€, salvo error u omisión.

Con cita de la sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de octubre de 1998, alega que la "...publicación oficial, es un mero requisito "ad probationem", suficiente por sí sola en los de ámbito estatal o autonómico, pero insuficiente en los de ámbito inferior. Siendo así, no puede considerarse requisito de validez y eficacia la publicación de los acuerdos analizados, reuniendo tales cualidades desde su firma ...". Por lo tanto, concluye, la revisión según acuerdo de 26 de agosto de 2022 del III Convenio Colectivo era perfectamente válida, aunque a esa fecha solo estuviese firmada y depositada ante la Autoridad Laboral, y no todavía publicada en el BOCCAA. Y en segundo lugar, además no sería un Convenio Colectivo extra estutatario por la falta de publicación a esa fecha.

La argumentación ofrecida por el magistrado de instancia es la siguiente:

"...Por su parte la empresa alega que es de aplicación un plazo de tres meses haciendo referencia a la suscripción de un supuesto nuevo convenio colectivo, no alcanzando a entenderse tal alegación ni todas las disquisiciones que realizan ambas partes sobre el carácter extraestatutario de ese ignoto nuevo convenio, al desconocerse totalmente a qué nuevo convenio se refiere, ya que tanto el II como el III convenio colectivos aportados por la empresa, en la redacción que consta en el Boletín oficial de Canarias (documentos 7 y 8 de la demandada) establecen en su artículo 27 el plazo de dos meses, por lo que no queda sino estimar la petición de cantidad con intereses de mora el 29.3 ET. "

Vamos a compartir esta conclusión. A la fecha de celebración del acto de juicio oral, y entre las normas convencionales que se consideran de aplicación, se aportó exclusivamente el texto del II y del III Convenio Colectivo de empresa, sin que rastro alguno de la redacción que interesa la recurrente. Es cierto que el Boletín Oficial de Canarias publicó en fecha 4 de diciembre de 2024 Resolución de 21 de noviembre de 2024, por la que se acuerda la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de prórroga del III Convenio Colectivo de la empresa Binter Canarias, S.A. La redacción, en cuanto nos interesa, es la siguiente:

""visto el texto del Acuerdo de 26 de agosto de 2022, de prórroga del III Convenio Colectivo de la empresa Binter Canarias, S.A., y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 255, de 24.10.2015), en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, así como en el artículo 12.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Empleo, aprobado por Decreto 37/2024, de 4 de marzo (BOC n.º 52, de 12.3.2024), esta Dirección General de Trabajo

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Dirección General de Trabajo.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de 2024.-"

La sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de fecha 14 de diciembre de 2016, rec. 17/2026 se pronunció en lo siguientes términos:

"Al respecto, conviene recordar que la previsión contenida en el artículo 90.2 ET según la que «Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los solos efectos de registro, dentro del plazo de quince días a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano público competente para su depósito» se encuentra desarrollada en el RD 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. En su artículo 2.1. a ) dispone que «Serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades laborales competentes los siguientes actos inscribibles: a) Los convenios colectivos de trabajo elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como las revisiones salariales que se realicen anualmente en los convenios plurianuales y las motivadas por aplicación de las cláusulas de «garantía salarial», las modificaciones y las prórrogas de los convenios». Dado de que no cabe ninguna duda de que los acuerdos concertados al amparo del artículo 86.3, párrafo segundo, ET son acuerdos que modifican el convenio o los convenios que se pretenden renovar o sustituir durante la negociación del nuevo convenio y que, consecuentemente, son acuerdos de modificación de convenios, la consecuencia lógica es que, de conformidad con la norma reglamentaria que no contradice ningún precepto legal, tales acuerdos deben ser objeto de inscripción en los registros de las autoridades laborales. Pesa sobre las partes firmantes la obligación de presentación de tales acuerdos ante la autoridad laboral a los efectos de su depósito y registro; sin que la fuerza de los anteriores argumentos pueda ser contradicha por los razonamientos que efectúa la recurrente en torno a que el acuerdo era suficientemente conocido en la empresa.

2.- La jurisprudencia de la Sala es constante en exigir para que el convenio pueda ser declarado estatutario que se cumplan las exigencias de depósito ante la Autoridad laboral exigidas por el artículo 90 ET y desarrolladas en el mencionado RD 713/2010, de 28 de mayo. Con independencia de razones ligadas a la literalidad de las normas reseñadas, la naturaleza normativa exige la publicidad oficial del instrumento convencional llamado a regular con efectos erga omnes algunos aspectos de las relaciones laborales incluidas en su ámbito de aplicación.

Como pone de relieve la sentencia recurrida, la falta de publicación no significa la pérdida absoluta de eficacia del convenio, ya que no es requisito esencial para su validez, pues el artículo 90 ET sólo sanciona con la nulidad los convenios que no se hayan efectuado por escrito. Por ello, existiendo forma escrita, la ausencia de publicación debida a la inactividad de las partes que no presentan el acuerdo suscrito a la Autoridad Laboral -incumpliendo así la obligación impuesta legal y reglamentariamente- lo único que conlleva es privar al convenio o acuerdo pactado de su fuerza normativa general, es decir, de su carácter estatutario; pero no le priva de aquella fuerza que le es propia y que surge de la voluntad negocial de las partes interesadas, pues aun considerado como extraestatutario tiene eficacia entre las partes.

Nos encontramos, por tanto, ante un Acuerdo que no merece el calificativo de convenio estatutario, sino extraestatutario porque no fue registrado por la autoridad laboral, ni publicado en periódico oficial, relevante cuando se trata de acuerdos colectivos vencidos y denunciados, según la doctrina de esta Sala, sentada, entre otras, en nuestras sentencias de 6 de octubre de 2009 ( Rcud. 3012/2008), de 19 de enero de 2011 , ( Rec. 85/2010), de 9 de marzo de 2011 ( Rec. 118/2010), de 23 de octubre de 2012 ( Rcud. 594/2012 ) y de STS de 22 de julio de 2013 (Rec. 106/2012 ).

3.- La consecuencia del carácter extraestatutario del acuerdo logrado que deriva, exclusivamente, de su falta de depósito y registro, -falta que, por otro lado, sólo a las partes firmantes es imputable-, implica que tal acuerdo no pueda disponer válidamente de las previsiones de los convenios colectivos estatutarios que, denunciados y en fase de ultraactividad, seguían aplicables en los centros de trabajo de la empresa. Por ello, con acierto, la sentencia combatida únicamente anuló el párrafo del acuerdo que dejaba sin efecto las previsiones de los convenios estatutarios que se pretendían sustituir relativas a las materias que el propio acuerdo regula; manteniendo la validez de todo lo demás, en el bien entendido de que tal validez tendrá la eficacia propia de los convenios extraestatutarios. Por ello, el acuerdo podrá ser aplicado en aquellos centros de trabajo que se rijan por convenios que hayan perdido su vigencia o que no tengan incorporada regulación sobre distribución irregular de la jornada o disponibilidad horaria en aplicación del apartado 2 del artículo 34 ET que establece que en defecto de convenio, por acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, podrá establecerse la distribución irregular de la jornada.".

En definitiva, y como sostiene la impugnante, el Acuerdo de Prórroga carecía a fecha de la expresión de voluntad del trabajador (excedencia voluntaria) de eficacia erga omnes, sin que podamos afirmar, sin riesgo a errar, que fuera conocido y aplicable al trabajador. En cualquier caso, y como mantuvo el magistrado de instancia, se precisaba la prueba de su existencia, lo que no se alcanzó en el plenario. En definitiva, y siendo de aplicación el plazo de dos meses de preaviso, el motivo debe ser igualmente desestimado.

El recurso se desestima en su integridad.

CUARTO. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto a las costas del presente recurso.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 204 y 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto del depósito efectuado para recurrir y de las costas causadas en el presente recurso.

vistos los artículos legales y demás de pertinente y general aplicación