Sentencia Social 3128/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 3632/2022 de 31 de octubre del 2024

PRIMERO.-D. Luis Alberto ha formulado recurso de suplicación frente a la sentencia que desestimó su petición de que se declarara que el 14/9/20 fue objeto de un despido improcedente y se condenara a la demandada a las consecuencias derivadas de tal declaración y a abonarle la suma de 183,33 € por 4 días de vacaciones no disfrutadas. El recurso fue impugnado por la demandada.

SEGUNDO.-Por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS pretende el recurrente revisión de hechos probados.

El TS, en sentencia de 15/1/19, dictada en el recurso 212/2017, con cita de sentencias anteriores declaró que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( artículo 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia ... por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".Y recogió los requisitos para que la revisión fáctica pueda prosperar, señalando los siguientes: "1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse). 2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica. 3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa. 4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. 5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas 6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. 7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo. 8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento. 9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental."

Ninguna revisión de hechos probados solicita el recurrente, no obstante la invocación del cauce adecuado para ello. Lo que alega en este motivo de recurso es su discrepancia con la valoración del informe de detective efectuada por la juzgadora, ya que considera que carecen de fundamento, imparcialidad y objetividad las conclusiones alcanzadas por el detective, que no dejan de ser una mera apreciación subjetiva; y que la prueba vulneró su derecho a la dignidad, con referencia a la doctrina de los Tribunales sobre la necesidad de notificar al trabajador la existencia de medidas de vigilancia o medios de grabación y de las garantías que se han de establecer.

Por lo que se refiere a la discrepancia de la parte con la valoración de la prueba se ha de indicar que dicha valoración corresponde al juzgador de instancia; que sólo aquella valoración que se manifieste como irracional, arbitraria o contraria a las reglas de la carga de la prueba podría ser revisada por la Sala, dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación; y que las discrepancias con la valoración de la prueba se han de hacer valer por la vía de revisión de hechos probados, en la forma establecida para ello. En el caso, ni se muestra una concreta discrepancia con alguno de los hechos probados, ni se propone redacción alternativa para el mismo, ni se cita el documento del que resulte el error de la juzgadora. Se ha de estar, pues, al relato de hechos probados de la sentencia recurrida.

Por otra parte, no puede efectuarse por vía de recurso una impugnación de la prueba de detectives, pues es claro que fue admitida por la juzgadora cuando fue propuesta y no consta protesta o impugnación de la misma por el recurrente. En cualquier caso, a los efectos de garantizar el derecho de defensa del trabajador, procede reproducir lo declarado por el TSJ de Cataluña en sentencia de 29/4/24, dictada en el recurso 6417/23, la cual estableció lo siguiente: "... Entendemos que el medio de prueba impugnado, y aportado por la empresa, para la averiguación de los hechos mediante la investigación del trabajador por un detective, ha de ser considerado como una prueba válidamente obtenida. La actuación de la empresa utilizando un detective privado para comprobar si la demandante incumplía sus obligaciones laborales se encuentra dentro de las facultades de control empresarial. En este sentido, el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores dispone que el empresario "podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales"; y aunque ese control debe respetar "la consideración debida" a la "dignidad" del trabajador.", ello no supone que el derecho a la intimidad del trabajador pueda permitir la ocultación de sus infracciones laborales. Es cierto que se prohíbe, con carácter absoluto, aquellas pruebas que se obtienen con violación de derechos o libertades fundamentales, identificándose la prueba ilícita con aquella en la que en su obtención o en su práctica se hayan lesionado derechos fundamentales. A tales efectos, hemos considerado aplicables los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias de 17 de octubre de 2019 (asunto López Ribalda, sentencia de Gran Sala ), y de 5 de septiembre de 2017 (asunto Barbulescu II , sentencia de Gran Sala), para dirimir sobre la proporcionalidad, necesidad, e idoneidad de la medida, pues, aunque las citadas resoluciones tienen por objeto otras pruebas (grabación con cámaras de videovigilancia, en el primer caso, y correos electrónicos de carácter privado, en el segundo), establecen los factores determinantes de la licitud de las pruebas que pudieran afectar al ámbito de la vida personal e íntima de la persona trabajadora. En el presente caso la cuestión se aborda desde la consideración de que, una vez incorporada, la prueba ha sido objeto de evaluación en la sentencia, habiéndose alcanzado la convicción de su licitud por la juzgadora atendiendo que los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, tienen por objeto, según la normativa reguladora, la realización de las averiguaciones necesarias para obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de pruebas sobre conductas o hechos privados relativos, entre otros, al ámbito laboral. Teniendo en cuenta la conducta que se le imputa en la carta de despido al recurrente no cabe deslegitimar la actuación empresarial, debiendo valorarse si el medio probatorio utilizado puede considerarse o no idóneo, proporcional y necesario y si se ha respetado, o no, los derechos fundamentales del demandante ..."

En el caso de autos la investigación se llevó a cabo como consecuencia de las sospechas que surgieron tras llamada recibida por el encargado de la empresa en la que se le comunicó que el actor estaba trabajando en otra finca a pesar de su situación de IT; el objeto de la prueba estaba acotado o limitado a comprobar la veracidad de la realización de otro trabajo; la prueba era necesaria ya que la supuesta acción susceptible de sanción se estaba realizando fuera del centro de trabajo y, por tanto, del control del empresario; era idónea, porque era adecuada para poder constatar la realización de trabajo durante el periodo de IT; y era proporcional, porque el seguimiento no se realizó en ámbitos privados, sino en el lugar de supuesta prestación de servicios y por el tiempo necesario para investigar los hechos.

Se estima, pues, que la prueba fue lícita y que no vulneró ningún derecho fundamental del trabajador.

TERCERO.-Se plantea un segundo motivo de recurso al amparo de los artículos 52, 53 y 54 ET en el que no se hace ninguna alegación. El incorrecto planteamiento del recurso determinaría, sin necesidad de mayores razonamientos, su desestimación. No se menciona el artículo 193.c) LRJS, que es el que viabiliza el examen del derecho aplicado, y nada se explica acerca de las razones por las que los artículos citados se consideran infringidos, siendo así que los artículos 52 y 53 se refieren a la extinción del contrato por causas objetivas y a la forma y efectos de la extinción por causas objetivas, por lo que ninguna relación tienen con el despido sufrido por el actor y aunque el 54 se refiere a las causas de despido disciplinario, que fue el llevado a cabo por la empresa, no se hace la menor alegación, como antes se dijo.

No obstante ello y, a efectos meramente dialécticos, se ha de indicar que del relato de hechos probados de la sentencia recurrida resulta la procedencia del despido llevado a cabo.

Ya se sabe que el TS tiene declarado con reiteración que no toda actividad desarrollada durante la situación de IT es sancionable con el despido, sino sólo aquélla que, a la vista de las circunstancias concurrentes, en especial la índole de la enfermedad y las características de la ocupación, sea susceptible de perturbar la curación del trabajador o evidencie la aptitud laboral de éste, con la consiguiente simulación en perjuicio de la empresa. Y es lo cierto que, en el caso, puede razonablemente concluirse que si el actor se dedicaba en su trabajo a realizar funciones de tractorista con tareas de mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola y se constató mediante informe de detective que los días del seguimiento estuvo durante horas realizando trabajos en maquinaria agrícola o arreglando tractores, o estaba capacitado para el desarrollo de su trabajo o con el realizado perjudicó y alargó su curación, lo que, efectivamente se produjo, ya que de una previsión inicial corta de la IT, se pasó a un incremento muy notorio del tiempo de duración, que se prolongó durante casi 10 meses por problemas en la parte inferior de la espalda.

Se produjo, pues, transgresión de la buena fe contractual por lo que procede la desestimación del recurso con confirmación de la sentencia recurrida.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,