Sentencia Social 835/2024 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 818/2024 de 04 de noviembre del 2024

PRIMERO.- El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurre en suplicación la sentencia dictada el día 27 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Social Único de Huesca que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dª Teodora reconoce el derecho a la reducción de jornada por itinerancia, condenando al Ministerio de Educación y Formación Profesional a pasar por esta declaración; no se realiza pronunciamiento de condena frente a DGA.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La trabajadora demandante impugna el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

Hemos dictado en esta Sala la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2023 (recurso 507/2023) resolviendo igual cuestión, cuyos pronunciamientos seguimos en esta resolución.

SEGUNDO.- Recurre el Ministerio de Educación, en primer lugar, con base en el motivo previsto en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en la sentencia de instancia.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

Solicita el Ministerio de Educación se incorpore un nuevo hecho probado con la siguiente redacción: "Se dictó Informe de la Inspección Educativa del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de fecha 22 de septiembre de 2022, emitido a solicitud del Juzgado de lo social requerido en providencia de 23 de noviembre de 2021 en el que se indica lo siguiente:

"En la citada Providencia, en concreto en el número 4 se solicita un INFORME en el que se haga constar los siguientes extremos:

a) Diga si es cierto, que la actora durante toda la relación laboral ha tenido en su jornada las "horas por reducción de itinerancia" que ascienden a 4 horas.

No es cierto, dado que no figura en sus horarios personales que forman parte de los Documentos de Organización de los centros en los que ha desempeñado sus funciones en sus diferentes años de servicio, ninguna "llora por reducción de itinerancia".

(...)

c) Diga si es cierto, que, a las horas de docencia directa, hay que añadir las horas de vigilancia del recreo y reducción por itinerancia, para conformar el total de horas lectivas; e incrementar las horas no lectivas.

(...)

No obstante, este inspector desconoce si las condiciones de contratación como personal laboral de la docente de religión católica afectada han sido equiparadas o son equiparables en el ámbito referido a las de los funcionarios docentes del cuerpo de maestros, por no ser competencia de la inspección de educación.

De lo que se INFORMA a los efectos oportunos."

Desestimamos dicha pretensión revisora que pretende adicionar lo que no es más que una testifical documentada, y consta probado que la actora es profesora de religión católica en el Colegio Rural Agrupado (C.R.A. Violada-Monegros) realizando desplazamientos desde los centros de trabajo asignados, siendo éstos los centros educativos de Tardienta, Gurrea de Gállego y El Temple.

TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso enuncia la normativa y jurisprudencia que considera infringida de conformidad con el artículo 193 c) LRJS.

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.- El Ministerio recurrente denuncia la infracción del artículo 72 de la LRJS y del artículo 24.1 de la Constitución.

Se opone el recurrente a que la sentencia no entre a examinar un argumento jurídico por él expuesto en el acto de la vista, al entender que se trataba de una cuestión no señalada por el Ministerio en vía administrativa.

En particular, en trámite de oposición a la demanda, como motivo subsidiario, se alegó infracción del apartado Cuarto del Acuerdo de 29 de junio de 2006 de la mesa sectorial de educación de la C. A. de Aragón por el que se establecen determinadas medidas en relación con el profesorado singular itinerante y el profesorado que comparte centro, en el ámbito del personal docente no universitario de la C.A. de Aragón.

Alega que no ha habido ninguna pretensión ejercitada en vía administrativa, ya que no existe reclamación previa a la judicial.

Ni la demandante indica haber presentado una solicitud en vía administrativa, ni tampoco los hechos probados de la sentencia lo indican.

Debemos señalar que, con independencia de que efectivamente no se ha interpuesto reclamación administrativa previa, en la sentencia recurrida se ha valorado la existencia del Acuerdo de 29 de junio de 2006 de la mesa sectorial de educación de la C. A. de Aragón por el que se establecen determinadas medidas en relación con el profesorado singular itinerante y el profesorado que comparte centro, en el ámbito del personal docente no universitario de la C.A. de Aragón y por lo tanto no se ha producido a la parte ninguna indefensión.

QUINTO.- En el siguiente motivo del recurso se denuncia la infracción del Acuerdo de 29 de junio de 2006, de la Mesa Sectorial de Educación por el que se establecen determinadas medidas en relación con el profesorado singular itinerante y el profesorado que comparte centro, en el ámbito del personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Aragón por indebida aplicación del mismo, así como infracción de los artículos 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.

Argumenta el recurrente que el Acuerdo no resulta aplicable a la parte actora, pues no se discute que es personal docente no universitario del Ministerio de Educación y Formación Profesional, no de la Comunidad Autónoma.

La relación con la actora se rige por el Estatuto de los Trabajadores, por la DA 3ª de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 suscrito entre el Estado español y la Santa Sede y restantes acuerdos de cooperación con otras confesiones religiosas.

Señala además que no se ha acreditado por la parte actora que su puesto de trabajo tenga esa característica "singular itinerante", conforme al Segundo Acuerdo, pues no consta la publicación del puesto de trabajo de la actora, con su ámbito de itinerancia.

Dicho Acuerdo, que consta en autos, fue adoptado por la Mesa Sectorial de Educación entre el Gobierno de Aragón y el personal docente autonómico. Es decir, ni la Administración del Estado ni el colectivo de profesores de religión en los que se subsumen las partes demandantes en este proceso participan de la Mesa.

Subsidiariamente si le es de aplicación el Acuerdo de 29 de junio de 2006, habría de ser aplicado teniendo en cuenta sus disposiciones, no se puede establecer las horas de reducción por itinerancia a la actora si no se conoce cuántos kilómetros semanales habría realizado la actora en desplazamientos entre distintas localidades, ya que en caso contrario no se puede establecer qué reducción se aplicaría en su caso. No se le podría aplicar reducción de horas por itinerancia conforme el Acuerdo de 2006 de la Mesa Sectorial de Educación de la DGA porque éste establece que las reducciones horarias se aplicarán sobre las 25 horas del horario lectivo y a la actora se le ha aplicado una reducción de jornada para el curso 2019/2020.

SEXTO.- Hemos dicho en la sentencia de esta Sala de 18 de septiembre de 2023 (recurso 507/2023):

"La cuestión objeto de recurso es la de si procede reconocer a la demandante las horas de itinerancia establecidas en el Acuerdo de 29 de junio de 2006, de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que rechaza la parte recurrente Ministerio de Educación y Formación Profesional por entender que no está comprendido dentro del ámbito de dicho acuerdo.

La cuestión planteada ha sido resuelta por sentencia de esta Sala de 22-5-2019 nº 310/2019 R.251/2019 en la que se afirma que:

"Corregido así el enfoque que ha de darse al objeto planteado, es preciso tener en cuenta, como hemos afirmado antes, que la relación laboral de los profesores de religión se regula por el Estatuto de los Trabajadores, por la DA 3ª de la LOE (L.O 2/2006), por el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3-1-1979, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, así como por los acuerdos de cooperación con otras confesiones que tienen arraigo evidente y notorio en la sociedad española, y por el R.D. 696/07, de 1 de junio, y sus horarios se regulan en el art. 76 y ss de Orden 26-6-2014 de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, donde no se establece ese concepto de reducción de horas por itinerancia, sino solo horas lectivas y complementarias. Éste es un concepto que se abona a profesores de la administración autonómica, en virtud de un Acuerdo de 29 de junio de 2006, de la mesa sectorial de educación de la C.A. de Aragón por el que se establecen determinadas medidas en relación con el profesorado singular itinerante en el ámbito del personal docente no universitario.

La DA Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación , dispone en su apartado 2 que "los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de las religiones en los centros públicos lo harán en régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones competentes (...). Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos."

Expresamente, por lo tanto, se produce una asimilación retributiva de este personal laboral en virtud de la LOE al personal funcionario docente interino.

Como ha afirmado la sentencia de 20-3-2019 TSJ Andalucía (Sevilla) en un supuesto de reclamación de sexenios por parte de los profesores de religión, "en esta tesitura conviene recordar que el Tribunal Constitucional desde su sentencia 161/1991, de 18 de junio , ha reiterado que si bien la aplicación del principio de igualdad de trato en el desarrollo de las relaciones laborales se encuentra sometida a importantes matizaciones como consecuencia de la eficacia en ese ámbito del principio de la autonomía de la voluntad, este principio no rige cuando la empleadora es una Administración Pública, que como poder público que es debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y con interdicción expresa de la arbitrariedad ( arts. 9.3 y 103 de la Constitución ),y en concreto con sujeción al principio de igualdad ante la Ley que concede a las personas el derecho subjetivo a alcanzar de los poderes públicos un trato igual para supuestos iguales."

Este mismo razonamiento ha sido utilizado por la sentencia del TSJ deCantabria 14-12-2018 : "Por su parte la STS de 20 diciembre 2016 (rec. 2290/2015 )declara: "...la equiparación retributiva de los profesores de religión católica a los profesores funcionarios interinos también ha sido abordada por esta Sala en otras ocasiones, asumiéndose ahora, conforme con dicha doctrina, los razonamientos que se contienen en las Ss TS 21-abril-2016 (rcud. 3533/14 y 3531/14 ),en las que se afirma: "El tema fue abordado por la STS, Pleno, de 7 de junio de 2012 (r. 138/11 )que partía de la particular situación de la Comunidad de Madrid, para aceptar la equiparación entre unos y otros. Esa sentencia fue seguida por las STS de 10 julio 2012 (rcud. 1306/11 (RJ 2012, 9300), 9 octubre 2012 (rcud. 650/11, 2720/11 y 2954/11), 18 y 19 diciembre 2012 (rcud. 37/12 y 4191/11), 16 abril 2013 (rcud. 2144/11), 24 junio 2013 (r. 79/12) -respecto del complemento de tutoría-, y 11 diciembre 2013 (RJ 2013, 8491) (rcud. 636/13); todos ellos en relación a la situación de esos profesores de religión en la Comunidad de Madrid.

Ahora bien, nuestra STS de 9 febrero 2016 (RJ 2016, 932) (r. 152/15 )da respuesta a un conflicto colectivo de ámbito nacional, afectante a los profesores de religión dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, pese a ello, se remite a la misma doctrina. A saber, que a falta de regulación específica en las normas convencionales, rige la regla de asimilación legislativa residual respecto del personal interino. Esa solución es aplicable al caso del Principado de Asturias, puesto que, como se indica en la sentencia recurrida, en dicho territorio los profesores de religión se hallan excluidos del Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias".

Esta misma doctrina es mantenida por el Tribunal Supremo en reciente sentencia de 31-1-2019 que aborda la cuestión sobre si concurre alguna circunstancia singular que impida aplicar esa misma doctrina (sobre el reconocimiento de sexenios) en favor de los profesores de religión católica que prestan servicios en los centros docentes públicos dependientes de la Generalitat Valenciana.

En nuestro caso lo debatido es otro derecho, el reconocimiento de una jornada a la actora de 4 horas semanales por el concepto expresado en razón de su condición de profesora itinerante. De la doctrina anterior se deduce que los profesores que imparten la materia de religión católica con la condición de itinerantes, en la C.A. de Aragón ha de recibir igual retribución que los profesores que tengan la condición de funcionarios interinos, y del Acuerdo de 29 de junio de 2016 no resulta que haya ninguna exclusión del profesorado interino en relación a este cómputo de horario cuando exista la condición de profesorado itinerante, como ocurre con la actora. Como afirma la STS de 1 de diciembre de 2016 "...lo que significa que los Profesores de Religión "disfrutarán de los derechos fundamentales y legales que como trabajadores tienen reconocidos en nuestro Ordenamiento de manera irrenunciable, desde un criterio de máxima equiparación, bien que con las modulaciones que resultan de la singularidad de la enseñanza religiosa" ( SSTC 38/07, de 15/Febrero, FJ 13 ;y 51/2011, de 14/Abril ).

La equiparación expuesta, impone que no puedan existir diferencias en las condiciones retributivas de los profesores de religión que comparten centro con otros profesores, también itinerantes, a los que se aplica en su jornada de trabajo este concepto de "reducción de jornada por itinerancia", máxime cuando los profesores de religión están excluidos expresamente del VII Convenio del personal laboral de la administración de la C.A. de Aragón en su artículo 1 y no les resulta de aplicación su régimen. Lo expuesto conlleva que la actora ostenta el derecho a que su jornada laboral incluya el concepto de reducción de jornada por itinerancia y en consecuencia su jornada para el curso escolar 2018/2019 deba mantenerse en los términos y condiciones del curso anterior, y por consiguiente, por la fundamentación expuesta en esta sentencia, debe ser desestimado el recurso interpuesto por la Administración demandada, y confirmada la sentencia de instancia."

En consecuencia deben de tenerse en cuenta las horas de itinerancia en su jornada laboral, a la hora de establecer la reducción de jornada producida que afecta a las horas lectivas , en aplicación del Acuerdo de 29 de junio de 2006, de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón que establece la equivalencia de horas con los correspondientes kilómetros de desplazamiento entre las diferentes localidades en las que imparte enseñanza , y que puede determinares en ejecución de sentencia , sin que por ello la sentencia dictada que reconoce el derecho, pueda estimarse que incurrió en incongruencia omisiva".

Siguiendo tales razonamientos por evidentes razones de seguridad jurídica debemos desestimar el recurso interpuesto.

SÉPTIMO.- Las costas del recurso son a cargo de la parte recurrente ( artículo 235.1 LRJS ),pudiendo la Sala, conforme a la norma citada, fijar discrecionalmente en esta resolución los honorarios del o los letrados o graduados sociales impugnantes del recurso. En tal sentido, los autos del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18.5.2007 (r. súplica 3265/2004 )y 2.7.2009 (r. súplica 3395/2007), entre otros.