Sentencia Social 1890/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1079/2025 de 04 de noviembre del 2025

PRIMERO:La sentencia de instancia estimó la demanda y declaró la improcedencia del despido por causas organizativas acordado por la empresa demandada con efectos al 24 de octubre de 2024.

La empresa optó en tiempo y forma por la extinción indemnizada de la relación laboral.

Recurre en suplicación la demandada al amparo de los artículos 193.b y c) de la LJS, que es impugnado por el actor.

Conforme con el artículo 193.b) de la LJS la recurrente interesa la modificación de los hechos probados 1º y 3º con la adición de algunos párrafos.

Para el hecho probado 1º interesa dos modificaciones:

-añadir al párrafo segundo el siguiente texto:" En la escritura pública de compraventa se recoge que dicha operación tenía su origen en un acuerdo de intenciones firmado el día 22 de diciembre de 2023".

Lo sostiene en la escritura de compraventa (doc. 4 de su ramo), folios 31 y 34 en los que consta la referencia al acuerdo previo y entiende que es trascendente porque la sentencia de instancia cuestiona la necesidad de firmar un contrato de prestación de servicios el mismo día de la compraventa por entender que en esa fecha no sería posible conocer las necesidades en cuanto a los servicios que prestaría la sociedad adquirente.

La adición solicitada lo que acredita es que la negociación para la compra de las participaciones había comenzado, cuando menos, seis meses antes, por lo que ambas partes, en el momento de la firma contrato, conocían la situación de las empresas y sus necesidades.

Lo impugna el actor porque el conocimiento de las necesidades de las empresas no se desprende del texto sino que requiere una valoración, ajena a los principios del recurso de suplicación.

-para el párrafo cuarto del mismo hecho probado 1º propone la siguiente redacción destacando los cambios: "La categoría profesional del actor es la de Titulado Superior y venía prestando servicios como director de recursos humanos de todas las empresas que conformaban el Grupo Tartiere. La empresa tenía un contrato con una asesoría jurídica laboral que se encargaba de todas las materias de gestión de personal y del

certificado RED.Tras la compra accionarial a la que se hizo referencia limita su actividad a las cuatro sociedades del Grupo Tartiere adquiridas iniciándose un proceso de implantación de procedimientos y adaptación a la estructura de la sociedad adquirente DIRECCION000, pasando el actor a depender del director de recursos humanos de esta sociedad".

Lo sostiene en los folios 207 a 234 de su ramo de prueba que consisten en un contrato de prestación de servicios que data del 1 de marzo de 2017 y facturas desde enero de 2023 a octubre de 2024. Entiende que de ellos resulta la existencia de un contrato para el asesoramiento laboral por el que se emitieron las facturas a las que se refiere, las primeras con "Espacio Económico Lozano y Otros, SL" posteriormente llamado "Espacio Económico Lozano y Tartiere, SL", y luego con Labyfis (ff. 224 a 234), que tramitaban nóminas, finiquitos, atrasos, cartas de despido, etc y continúa con alegaciones sobre la persona de contacto en la segunda asesoría.

En relación con el segundo párrafo que pretende añadir, lo sostiene en los documentos nº 20(correo electrónico de 7-6-2024), 19, 24 (instrucciones de RRHH), 21(cambio del autorizado red de Labyfis a DIRECCION000), 3 (adaptación estructura retributiva del actor), 15 (comunicación de RRHH a varios trabajadores) y 22 (correo electrónico del departamento de informática), y los folios 308 (correo electrónico de RRHH al actor sobre la coordinación), 309 (Comunicación desde Labyfis al actor como responsable de Recursos Humanos ) y 301 (Correo electrónico de RRHH a otra trabajadora de DIRECCION000). Entiende que acreditan que desde la fecha de la firma de la compraventa(3 de junio de 2024) se inicia el proceso de aplicación de los procedimientos de DIRECCION000, enviando correos que informan al actor sobre la progresiva integración y centralización de las materias laborales en la matriz de Tartiere Auto, SL, esto es, DIRECCION000 y que las funciones que realizaba pasaban a ser asumidas por el director de RRHH que también asumiría las contratadas con la asesoría laboral externa, acreditando con ello la duplicidad de funciones. El actor conoció desde el principio el proceso de integración, por lo que la no indicación en la carta de despido de la fecha del contrato de prestación de servicios no le causa indefensión. Continúa alegando que si desde la semana de la compra se están realizando por parte del personal de DIRECCION000, gestiones de integración, lo correcto, conforme a las buenas prácticas mercantiles y laborales, es tener firmado un contrato, con el fin de evitar la existencia de un grupo patológico a efectos laborales y que ambas partes en el momento de firmar el contrato ya conocían perfectamente la situación de mi representada por cuanto, el proceso de negociación se había iniciado más de seis meses antes de la firma de la escritura pública el 3 de junio de 2024.

Lo impugna el actor. En relación con el contrato de prestación de servicios laborales porque es intrascendente para el Fallo porque acredita que siempre existieron materias laborales externalizadas, y porque el contrato fue suscrito por una empresa, "Espacio Económico Lozano y otros, S.L. " mientras que en la fundamentación jurídica se refiere a contratos suscritos con "Sage" e "Inés Tartiere". En relación con la implantación de procedimientos de integración porque se pretende una nueva valoración de la prueba ajena a los principios generales del recurso de suplicación.

-para el hecho probado 3º propone añadir el siguiente texto: "El importe del contrato de prestación de servicios asciende a la cantidad de 22.000 euros mensuales, más el IVA. correspondiente".

Lo sostiene en el documento nº 8 y las facturas que obran a los folios 57 a 59, porque la sentencia pone en duda la fecha del contrato y el pago de facturas.

Lo impugna el actor porque la recurrente confunde cuestiones fácticas con los razonamientos jurídicos que no son contradichos por el importe del contrato de prestación de servicios.

SEGUNDO:Las reglas básicas que ha venido compendiando la doctrina del Tribunal Supremo sobre la forma en que se ha de efectuar la revisión fáctica son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental alegada que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, 6 de mayo de 1985 y 5 de junio de 1995).

3º) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( SSTC 44/1989 , de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero, con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980, 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994 ).

4º) La revisión fáctica no puede sustentarse en medios de prueba que no sean la prueba documental pública o privada en el sentido ya expuesto, y la pericial (artículo 193.b) de la LJS) .

5º) Que la modificación propuesta incida sobre la solución del litigio, esto es, que sea capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

A ello hay que añadir que es doctrina reiterada la que concede al juzgador de instancia libertad para apreciar las pericias y los documentos probatorios, llegando a una conclusión que debe prevalecer sobre la opinión interesada del recurrente mientras no aparezca desvirtuada por otra irrefutable, no siendo posible admitir la revisión fáctica con base a las mismas pruebas que sirvieron de fundamento a la sentencia impugnada, en cuanto que no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador de instancia, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada, y que en el supuesto de documento o documentos contradictorios, y en la medida de que de ellos pueda extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el Juzgador de instancia en el ejercicio de la función que en exclusiva a él corresponde de apreciación de la prueba.

También se hace preciso señalar que en principio, el recurso no se da contra las argumentaciones, sino contra el fallo o parte dispositiva de la resolución recurrida. El artículo 193.b) LRJS no alude a la revisión de los razonamientos o fundamentos de la sentencia como objeto de la suplicación.

En el hecho probado 1º pretende añadir la referencia a lo que denomina "acuerdo de intenciones" sin recoger el contenido del mismo que podía tener relevancia o no en el Fallo que es lo determinante para la estimación del motivo. En la estipulación cuarta de la escritura de compraventa (doc. 4 del ramo de prueba de la demandada) consta la referencia a este acuerdo en relación con la subrogación de los trabajadores y en la estipulación 9 del mismo una referencia a contrato con terceros, pero sin que ello acredite el conocimiento de las necesidades o de la situación de las empresas con los efectos que pretende, lo que lleva a su desestimación.

En el hecho probado 1º, párrafo cuarto, pretende dos modificaciones.

En cuanto al contrato de asesoría jurídica laboral, lo sustenta en un contrato que data del año 2017, con facturas mensuales hasta febrero de 2024 respecto de "Espacio Económico Lozano y otros SL" cuyo NIF coincide con "Espacio Económico Lozano y Tartiere SL" que es quien emite las facturas desde marzo de 2023, pero no se aporta el contrato con LABYFIS para determinar su contenido, teniendo en cuenta que el texto propuesto hace referencia genérica a una "asesoría jurídica laboral" y las tareas del trabajador se extienden a otros cometidos. La sentencia se refiere en la fundamentación jurídica a los contratos de prestación de servicios externalizados, contenidos en el correo electrónico que figura como documento nº 20 del ramo de la demandada, identificados como "SAGE" e "Inés Tartiere" que no figuran en el texto propuesto ni en la documentación en que se sustenta la modificación, siendo irrelevantes a estos efectos, las alegaciones finales de la recurrente sobre la persona que dice ejercía de contacto, lo que impide su admisión al carecer de relevancia en el Fallo.

En cuanto a la implantación de los nuevos procedimientos, la recurrente pretende una nueva valoración de gran parte de la prueba que no se permite en el recurso de suplicación tal como ya se dijo. A ello se une que los documentos en los que se sostiene son de contenido variado como el contrato de aplicaciones informáticas, carta de 26 de agosto de 2024 remitida por la recurrente al actor informándole de que se mantienen sus condiciones laborales, correos sobre la exportación de fichajes, u otro correo remitido por Miguel Ángel ( DIRECCION000) el 1 de octubre entre otros al actor, en que informa de que deben enviar las comunicaciones sobre Recursos Humanos al responsable directo y al actor como hasta la fecha. En definitiva no resulta el texto propuesto con la referencia a la dependencia del trabajador ni la relación con la causa del despido, sin que se evidencie el error en el magistrado de instancia.

La modificación del hecho probado 3º haciendo referencia al importe del contrato tampoco puede estimarse porque el mismo hecho da por reproducido el contrato en el que figura dicho importe y en la fundamentación jurídica vuelve se refiere al mismo y valore que se trate de un precio cierto y único en relación a la variedad de tareas que son su objeto, lo que hace reiterativo el añadido sin trascendencia en el Fallo.

TERCERO:La empresa recurrente articula un motivo al amparo del artículo 193.c) de la LJS por infracción el artículo 52 c), en relación con el artículo 51. 1 del Estatuto de Trabajadores según la redacción dada por la Ley 3/2012 de 6 de julio y la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de la que cita la sentencia de 18/02/14 (rec. 96/14), con criterio mantenido en otras posteriores, SS 20/04/16 (rec. 105/15), 26/01/16 (rec. 144/15), 20/10/15 (rec. 172/14), 24/03/15 (rec. 217/14), 25/02/15 (rec. 74/14), referidas a los despidos por causas objetivas, y la sentencia de 19 de diciembre de 2023, sin otra referencia. Hace un relato de hechos que no coinciden con los que se declaran probados y concluye que la causa organizativa ha quedado acreditada con ocasión de la reordenación de las tareas y el establecimiento de un back-office, ejercido directamente por el nuevo propietario, DIRECCION000, que dispone de un equipo de personal experto en las tareas de gestión de las actividades a las que se dedica la recurrente (Expositivo II del contrato firmado, doc. nº 8, que se da por enteramente reproducido en la sentencia); no se trata como indica el Juzgador de una externalización productiva a través de un tercero ajeno a la empresa, sino del establecimiento de un sistema de back office implantado por el nuevo propietario. El hecho de que haya un contrato y un precio por esos servicios, lo que acredita es que no hay un grupo de empresas patológico a efectos laborales, sino un grupo económico desde el punto de vista mercantil, en el que el nuevo propietario reorganiza los recursos humanos de la empresa.

La fecha de la firma del contrato de prestación de servicios el 3 de junio no obedece a otra causa, que a una buena práctica empresarial a fin de dar soporte a todas las actividades que a partir de esa misma fecha se iniciarían por personal de DIRECCION000 en las empresas adquiridas, incluida mi representada y evitar precisamente la aparición de un grupo patológico a efectos laborales. En consecuencia, si las únicas funciones que realizaba el actor eran las de ser el coordinador con la asesoría laboral externa y tras la compra de la empresa, este contrato se resuelve pasando a desarrollarse esas actividades directamente por el nuevo propietario, bajo la dirección del director de recursos humanos de DIRECCION000, el trabajo que hasta ese momento venía desarrollando el actor deviene innecesario, ya que el mismo estaría duplicado. Tras la compra por parte de DIRECCION000, las funciones de asesoría laboral antes externalizadas junto con las que realizaba el actor, las pasó a realizar directamente la propiedad, y por tanto la decisión extintiva basada en la asunción de las funciones de recursos humanos por parte de la nueva propiedad o empresa matriz, se enmarca en las causas organizativas conforme al artículo 52.1 del ET, pues supone la implementación de nuevos criterios de racionalización y optimización del trabajo, evitando la duplicidad de puestos y funciones innecesarios.

Suplica que se dicte sentencia que, con estimación de los motivos del Recurso, revoque la recurrida y desestime íntegramente la demanda.

Lo impugna el actor alegando que se trata de un despido objetivo por la externalización del servicio que ha sido llevada a cabo por mera conveniencia empresarial. No existe, ni se ha puesto de manifiesto, es más, ni siquiera está alegada, la existencia de una patología para cuya sanación hubiese sido necesario acudir a tal descentralización productiva. Tiene que haber o existir una causa previa, una necesidad de cambio que se corrija con la externalización. En el caso de autos, esa previa necesidad no existe, por lo que suplica la desestimación del recurso.

En relación con la censura realizada se hace preciso recordar que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados de suerte que, en relación con los basados en el apartado c) del Art. 193 de la LRJS , que se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, el recurrente tiene la carga de: a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática; b) y además razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( Art. 196.2 de la LRJS ), lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate. Incluso declara la jurisprudencia que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Así mismo es de destacar que la respuesta a la crítica jurídica exige partir del relato fáctico de la sentencia combatida, lo que supone que no pueden ser tenidos en cuenta hechos o datos fácticos que alegados por la parte recurrente en el motivo, no se encuentran sin embargo incluidos entre los que se declaran probados por el Juzgador de instancia en dicho relato fáctico, y que por lo tanto no pueden tener trascendencia alguna a los fines del recurso.

Esos hechos son:

-el actor prestó servicios para el Grupo Tartiere, siendo contratado por Tartiere Auto SL, desde el 19 de junio de 1998, con la categoría profesional de Titulado Superior y prestando servicios como director de Recursos Humanos de todas las empresas que conformaban el Grupo Tartiere.

-el 3 de junio de 2024, la mercantil DIRECCION000. adquirió las participaciones y/o acciones de cuatro de las ocho sociedades que conformaban el Grupo Tartiere y, en concreto, las empresas Tartiere Auto, S.L., Asturias Motor, SAU, Asturleonesa Rent a Car, SAL y Caudal Nalón Car, SAU y el 12 de julio de 2024, la sociedad Tartiere Auto, S.L. cambió su denominación social por la de DIRECCION000.

-el 3 de junio de 2024 se suscribió contrato de prestación de servicios entre Tartiere Auto, S.L. y DIRECCION000, como proveedor de servicios, en el que se establecía en su denominado artículo 1 que "El proveedor prestará en la forma y cuando lo solicite o requiera el cliente, los siguiente servicios", para relacionarse área de recursos humanos, funciones informáticas, dirección financiera, dirección de negocio, dirección de asesoría jurídica, dirección de marketing, publicidad y gestión de calidad del cliente". El importe del servicio se fijó en 22.000€ más IVA mensuales.

-el 24 de octubre de 2024 la empresa demandada notificó al actor el despido por causas organizativas, con efectos al mismo día, abonando la indemnización prevista y el importe correspondiente a la falta de preaviso.

El artículo 52.c) del Estatuto de los trabajadores remite al artículo 51.1 del mismo para definir el despido objetivo, que establece que se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

El análisis de esos requisitos ha de hacerse, según el Tribunal Supremo, en forma diferenciada, según se invoque causa económica o alguna de las otras tres, pues mientras que en el primero de esos casos el ámbito a examinar es la empresa en su conjunto y no alguno de sus centros o unidades ( sentencia de 14 de mayo de 1998) en el de las causas técnicas, organizativas o de producción se contrae al de la concreta unidad en la que ha surgido el problema, por lo que la amortización procede sin necesidad de examinar si existen posibilidades de recolocación del trabajador fuera de ella ( sentencias de 13 de febrero de 2002, 19 de marzo de 2002 y 21 de julio de 2003). La decisión extintiva fundada "en causas técnicas, organizativas o de producción" tiene por objeto "superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos"».

La valoración de las circunstancias concretas de la vida de la empresa corresponde en principio al empresario, desbordando normalmente el ámbito del control judicial en el despido objetivo, ya que éste es un control de legalidad de los concretos despidos enjuiciados, limitado a juzgar sobre la razonabilidad del mismo aplicando el estándar de conducta del buen empresario ( STS 14-6-1996), y no puede convertirse en una valoración global o conjunta de la política de personal de la empresa. Esta sala resolvió en la sentencia dictada el 2 de abril de 2024(rec. 372/2024) que "el tenor literal del precepto se ciñe en la actualidad a delimitar tales causas prescindiendo de cualesquiera otros elementos valorativos que, no obstante y como tiene reiterado la jurisprudencia, no impiden el control judicial de la medida, lo que exigirá tanto el control de la concurrencia de la causa invocada como un juicio de "razonable adecuación entre la causa alegada y la medida acordada"( Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2.014, rco. 158/2.013).

La exigencia de actualización y acreditación de dificultades, problemas de gestión o pérdidas de eficiencia se mantiene, como ha declarado el Tribunal Supremo ( STS 30-9-1998 [RJ 1998, 7586], rec. 7586 (sic) y STS 21-7-2003 [RJ 2003, 7165], rec. 4454/2002), en los supuestos de amortización de puestos de trabajo por subcontratación o exteriorización de actividades productivas o comerciales.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 96/2014, de 4 de febrero de 2015, invocada en el recurso, examina un asunto distinto y nada razona sobre el despido objetivo.

La dictada en el recurso 105/2015, de 20 de abril de 2016 examina un despido colectivo y la proporcionalidad en el número de trabajadores afectados.

La dictada en el recurso 144/2015, de 26 de enero de 2016, examina también un despido colectivo y la buena fe en la negociación, además de establecer por remisión de la jurisprudencia, el alcance del control judicial en los despidos colectivos, además de entender indebidamente formulado el recurso de casación.

La invocada de 19 de diciembre de 2023 lo está incorrectamente al no indicar número de recurso.

Esta sala dictó sentencia el 15 de octubre de 2024(rec. 1384/2024) sobre un despido por causas organizativas basadas en la externalización de la confección de las nóminas, y razonó: "Por lo que se refiere a la causa organizativa, cierto es que la descentralización productiva puede configurarse como una causa para la extinción objetiva del contrato de trabajo de la demandante, si bien hemos de estar al relato fáctico de la recurrida para concluir que no se ha llevado a cabo tal externalización ya que únicamente lo que se ha contratado con una empresa externa es la confección de nóminas. La demandante tiene la categoría profesional de responsable de recursos humanos, indicándose en la comunicación de extinción que entre los servicios que se externalizan se encuentra el de recursos humanos (gestión de personal, elaboración de nóminas...). Se declara probado que la demandada externalizó la confección de nóminas, extremo no discutido por la recurrente que en el motivo de revisión de hechos únicamente interesó incorporar el precio pagado por dicho servicio de nóminas durante el año 2023. Es evidente que el puesto de responsable de recursos humanos tiene un contenido más amplio que la confección de nóminas, comprendiendo también, como se informa en la carta de despido, la gestión de personal, ámbito de trabajo en el que se integran múltiples funciones que no fueron objeto de descentralización productiva y por ello no se justifica adecuadamente la extinción del contrato de la demandante en tanto en cuanto una parte relevante de los cometidos de su puesto de trabajo quedaban en el ámbito interno de la empresa."

En la carta de despido se dice que sus funciones son las de coordinador entre las empresas del Grupo Tartiere cuyas acciones/participaciones fueron adquiridas por DIRECCION000. y la asesoría jurídico laboral que dice estaba externalizada, junto con labores de selección y formación y algunas cuestiones administrativas.

El hecho probado 1º de la sentencia, incluso si se hubieran estimado los motivos del recurso, declara que el actor era el responsable de Recursos Humanos de las empresas del Grupo Tartiere, sin otro añadido.

Continúa la carta diciendo que tras la adquisición de las acciones de alguna de las empresas del Grupo Tartiere, por DIRECCION000., se firmó un contrato de prestación de servicios por parte de DIRECCION000 con dicha mercantil, en el que se incluyen los servicios de Recursos Humanos., Funciones Informáticas, Dirección Financiera, Dirección de Negocio, Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Marketing, Publicidad y Gestión de Calidad del Cliente y por tanto esas materias, incluidas las desempeñadas por el actor, fueron asumidas por el Departamento de RR.HH. de DIRECCION000. como primer motivo del despido por causas organizativas.

El segundo motivo con la misma calificación es, según la comunicación de la empresa, que desde la fecha de adquisición de las participaciones (3 de junio de 2024) hubo un proceso progresivo de implantación de procedimientos y de adaptación de la estructura de la empresa a los criterios de la nueva dirección.

La empresa entiende que no es precisa la coordinación con una asesoría externa cuyo contrato fue rescindido, ni con DIRECCION000 porque se instauró un procedimiento de gestión unitario de forma que la totalidad de labores que realizaba, fueron asumidas por el Departamento de RR.HH. de DIRECCION000. por lo que resulta un puesto a amortizar para evitar la duplicidad.

La carta de despido, aunque no figura como hecho probado, se refiere a un contrato de servicios con un tercero para la asesoría laboral. El 3 de junio de 2024 se suscribió un contrato de prestación de servicios referido, entre otras materias, a la asesoría laboral, con DIRECCION000 (hecho probado 3º), sin que la carta indique qué hecho nuevo, posterior al 3 de junio, y qué circunstancias son novedosas en relación a la anterior externalización que justifiquen la extinción de la relación laboral que tiene efectos de octubre de 2024. Incluso en alguno de los correos remitidos desde DIRECCION000 a los trabajadores de la demandada, en octubre de 2024, referidos en el recurso como sustento de las modificaciones, se indica que deben reportar al actor como hasta la fecha, además de al responsable directo, para pasar a despedirle por causas organizativas ese mismo mes.

La referencia a la implantación de un nuevo sistema de gestión no se declara acreditada y ni siquiera la estimación del motivo en el que pretendía añadir que el actor pasaba a depender del director de RRHH de DIRECCION000, lleva a la conclusión de la duplicidad de puestos para las mismas tareas ni a la innecesaria coordinación entre la citada y la demandada.

La empresa no cumple con la carga de la prueba sobre las causas del despido por razones objetivas, concretamente organizativas, reflejada en la comunicación, lo que lleva a la confirmación de la sentencia de instancia, siendo aplicable el artículo 235 de la LJS.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,