Sentencia Social 1529/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1641/2023 de 04 de julio del 2024

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que desestima la demanda interpuesta por la parte actora absolviendo al Patronato demandado de las pretensiones contenidas en la demanda, se interpone recurso de suplicación por la parte actora alegando revisión de los hechos declarados probados por el apartado B, e infracción jurídica por el apartado C de dicho artículo 193 de la LRJS. El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.-En el segundo motivo del recurso y con adecuado encaje procesal en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS se interesa que el hecho probado SEGUNDO quede redactado: "Es el objeto de la "Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social (ERACIS): Intervención en los pueblos y ciudades donde se registran situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo de que se produzcan, así como actuar sobre el contexto general del municipio a fin de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la eliminación de la temporalidad como un factor de exclusión". Los recursos financieros específicos de esta Estrategia proceden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020, del proyecto denominado "Diseño y ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las personas en situación o riesgo de Exclusión Social", que responde a la finalidad del Objetivo Específico 9.1.1 de dicho Programa Operativo: "Mejorar la Inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción". El objetivo de este Programa es establecer los mecanismos que permitan acceder a las personas residentes en zonas desfavorecidas a los distintos Sistemas de Protección Social, especialmente a los de salud, vivienda, educación y empleo, así como a otros servicios públicos. Las previsiones de la ERACIS alcanzan hasta el 2020, el mismo periodo del programa operativo, si bien se podrán ejecutar actuaciones hasta el 2022 inclusive Que por Orden de 3 de mayo de 2018, modificada por la Orden de 7 de junio de 2018, se aprueban las bases para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas más desfavorecidas en Andalucía en el ámbito delas competencias de la Consejería de Igualdad y políticas Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía estableciéndose en su Anexo I, como zonas desfavorecidas dentro del marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, las siguientes zonas de Jaén: Barrios de DIRECCION000, DIRECCION001 y DIRECCION002 y el DIRECCION003 (ampliado posteriormente al DIRECCION004). Por Orden de 8 de mayo de 2018 (BOJ numo 90, de 11 de mayo), se convocó, para el ejercicio 2018, la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades Locales para el diseño, implantación, ejecución) desarrollo de los Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Por Orden de fecha 3 de julio de 2018 (BOJA número 132 de 10/07/2018), se convocó la concesión de subvenciones de la Línea 2, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a Entidades Locales para la implantación, ejecución y desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de as competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Por Acuerdo de 28 de agosto de 2018 (BOJA número 172 de 05/09/2018), del Consejo de Gobierno de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, por el que se aprobaba la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» (ERACIS). En este contexto se aprobó, en el marco del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020, se aprobó el Proyecto «Diseño y ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las Personas en Situación de Exclusión Social», correspondiéndose con la actuación C del objetivo específico 9.1.1, del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020: Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción. El punto de partida es que para que el empleo se constituya como la principal medida de inserción social y como vía de salida de la exclusión, las actuaciones dirigidas a tal fin han de ser complementadas por un conjunto de medidas adicionales que garanticen a las personas residentes en estas zonas el entorno adecuado y las condiciones necesarias de carácter social, formativo e informativo o de cualquier otra naturaleza que las sitúen en una posición que les permitan entrar a formar parte del mercado laboral. (...) ACUERDO. Primero. Objeto. 1. El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la «Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» (ERACIS), a fin de que de forma transversal se intervenga coordinadamente en estos territorios aunando esfuerzos de los distintos sistemas de protección social: educación, salud, vivienda, empleo y servicios sociales, para mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción. La Estrategia Regional Andaluza Para La Cohesión e Inclusión Social. Intervención En Zonas Desfavorecidas (ERACIS)" tiene el objetivo de mejorar la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción, con un enfoque integral y comunitario que facilite a las personas residentes en zonas desfavorecidas el acceso a los sistemas de protección social. El Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en sesión plenaria de fecha 5 noviembre de 2018 (reformado en marzo de 2019) aprobó el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Jaén, abarcando las zonas desfavorecidas establecidas en el Anexo I de la Orden de 3 de mayo de 2018. Que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales mediante Resolución de fecha 21/12/2018, recibida el 14/01/2019, concede al Patronato Municipal de Asuntos Sociales la cantidad de 2.415.221,26 € para la Línea 2 de Subvención: Implantación, Ejecución y Desarrollo del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, con desglose presupuestario en los ejercicios correspondientes.".

Para que se adicione un nuevo HECHO PROBADO SEGUNDO BIS, del siguiente tenor literal: "La Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales establece en su artículo 22 Obligación de elaboración del Registro de participantes de la Línea 2. 1. Las Entidades Locales están obligadas a elaborar el Registro de Participación por cada participante, es decir, cada persona en riesgo de exclusión social que se beneficia de la actuación del personal subvencionado a través de la presente convocatoria. 2. La recogida de información de las personas participantes hace referencia a 3 momentos del tiempo: a) Información a la entrada de la persona beneficiaria de cualquiera de las actuaciones. b) Información inmediatamente tras abandonar, salir o terminar la intervención o actuación con cada una de las personas beneficiarias, hasta cómo máximo en las 4 semanas siguientes a la fecha de finalización de la participación. c) Información a los 6 meses después de abandonar, salir o acabar la intervención, justamente en el día que se cumplan los seis meses de su salida(...) (...) 4. En el registro de participación debe constar la información según Anexo II, III y IV. 5. Los originales de los Anexos II, III, y IV realizados a cada persona participante y debidamente firmados por cada una de ellas, deberán remitirse a cada Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales en el plazo de 15 días hábiles desde la firma de cada uno de ellos. (...)".

Para que se revise el HECHO PROBADO CUARTO con el único y exclusivo fin de que se elimine que se declara probado que: "La herramienta Mytao, es el Sistema de expediente electrónico existente actualmente en el Ayuntamiento en el Ayuntamiento de Jaén y sus OO.AA., por el que se efectúan todas comunicaciones tanto internas como externas. El Servicio de Informática ha enviado la totalidad de las intervenciones realizadas por la demandante durante la duración del contrato al no poder discriminar los datos específicos solicitados en la explotación de MYTAO."

Para que se adicione un nuevo HECHO PROBADO CUARTO BIS I, del siguiente tenor literal: " Erica, Directora Gerente del Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Jaén,. Mediante email de fecha 16 de diciembre de 2020 notifico a las Directoras de los cinco centros de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Jaén que para el Programa de Tarjetas Monedero de Jaén "la persona que coordinara y hará de referente con Cruz Roja el Programa de Tarjetas Monedero en adelante será Socorro, trabajadora social de DIRECCION002. La idea es derivar a partir del 11 de enero a cruz roja aunque si la tenéis antes podéis ir viéndolo con Socorro e incluso si hubiera algún caso muy urgente podemos ver el adelantar alguna puntualmente. La actividad fue desarrollada por la actora desde esa fecha hasta su finalización de contrato en fecha 31 de mayo de 2022".

Pretende que en los Hechos Probados de la Sentencia recurrida, se adicione un nuevo HECHO PROBADO CUARTO BIS II, del siguiente tenor literal: "La actora en su intervención social a nivel individual/familiar lo ha hecho también con personas sin estar enmarcadas por la existencia de un itinerario sociolaboral, con reflejo en el registro de participantes de ERACIS".

Pretende que en los Hechos Probados de la Sentencia recurrida, se adicione un nuevo HECHO PROBADO SEPTIMO BIS, del siguiente tenor literal: "En fecha 2 de febrero de 2023 la parte actora amplia demanda en los siguientes términos: Que mediante el presente escrito, viene a ampliar la demanda en los siguientes términos: PRIMERO.- Que esta parte acciona entendiendo que el despido es improcedente por los motivos que se recogen en el escrito de demanda, así mismo entiende que se produce dicha calificación puesto que el objeto del contrato no se identifica con claridad y precisión, remitiéndose a una línea de subvenciones. De otro lado se trata de la actividad normal a desarrollar puesto que es una intervención en zonas desfavorecidas que se viene haciendo de modo habitual. Y finalmente tampoco se ha acreditado el que haya finalizado el objeto para el que fue contratada. Por dichos motivos el despido debe calificarse igualmente de improcedente. Por lo expuesto, SUPLICO AL JUZGADO que se tenga por presentado este escrito, por hechas las anteriores alegaciones y por ampliada la demanda en los términos expuestos. Que fue unida mediante Diligencia de Ordenación de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés a los efectos legales oportunos.".

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión es necesario precisar que a través de la misma según reiterada doctrina jurisprudencial:

a) Se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del juzgador; por una parte, porque de los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada -siempre que tenga carácter indubitado- o pública, y a la prueba pericial; por otra parte, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos o que se hayan aportado conforme al art. 233 LRJS.

b) No basta con que la revisión se base en documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión.

c) El error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de razonamientos, por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoracios o juicios críticos sobre la prueba practicada.

Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador "a quo".

En base por lo tanto a la anterior doctrina respecto del hecho probado segundo son transcripción del Acuerdo de 28 de agosto de 2018 Gobierno de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA número 172, de 5 de septiembre de 2018 es expresamente recogido en el l Hecho Probado además las modificaciones y adiciones que se proponen resultan completamente irrelevantes no acreditar error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte de la Juzgadora de instancia.

Respecto a la adición de un HECHO PROBADO SEGUNDO BIS. Nos remitimos a lo expuesto en el apartado anterior en tanto que resultan plenamente aplicables a la adición solicitada pues la redacción que se propone resulta una mera transcripción literal del artículo 22 de la Orden de 3 de mayo de 2018 de la Consejería de Igualdad y Políticas de la Junta de Andalucía, que además se recoge expresamente en el párrafo cuarto del Hecho Probado Segundo cuya modificación se pretende.

Respecto del hecho probado CUARTO. No puede pretender la actora la supresión de un hecho que ha sido constatado por el Juez cuando además no aporta ni se remite a prueba documental.

Respecto a la adición de un HECHO PROBADO CUARTO BIS I tampoco puede prosperar la adición que se interesa pues de la prueba documental que cita no se deduce. De hecho, se sustenta en declaraciones juradas de trabajadoras de Servicios Sociales que tiene naturaleza testifical y que, por tanto, no pueden sustentar una adición de hechos probados.

Pretende la actora la adición de un nuevo HECHO PROBADO CUARTO BIS II, no procede la adición pretendida puesto que no aporta nada nuevo a la Sentencia ni contribuye a cambiar el fallo de la misma, puesto que tales hechos ya han sido tenidos en que dedica una amplia valoración de los mismos en el Fundamento jurídico de la sentencia .

Respecto del hecho probado séptimo bis tampoco procede el mismo porque no se trata de la adición de hechos constatados en documentos obrantes en los Autos, sino que se trata de adicionar lo que es parte de la demanda de la actora, y no hechos objetivos que se deduzcan de forma inequívoca y contundente de documentos aportadas o periciales aportadas.

En consecuencia de todo lo cual no procede ninguna de las modificaciones interesadas por el recurrente, al no acreditarse el error del juzgador de instancia en la valoración de la prueba.

CUARTO.-Por lo que se refiere a la infracción jurídica en que se fundamenta el recurso, al amparo del art. 193.c) de la LRJS, por infracción A) Consideramos que la sentencia recurrida incide en infracción del Acuerdo de 28 de agosto de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la "Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS)", en concreto en ACUERDO. Primero. Objeto. 1.; en relación con los artículo 22, 24 y 36 de la Orden de 3 de mayo de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía. B.- Consideramos que la sentencia recurrida incide en infracción del: el artículo 15.1.a) (de aplicación), y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y la Doctrina y Jurisprudencia que lo desarrolla. El artículo 15. 3 del Estatuto de los Trabajadores establece que Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley. estime la Demanda y declare dicho despido como improcedente, con todas las consecuencias legalmente previstas, correspondiendo la opción entre readmisión o indemnización a la demandante, según lo estipulado en el artículo 47 del Convenio de aplicación; con abono de los salarios de tramitación, y con toda clase de pronunciamientos legales inherentes a ello; condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración.

En principio tenemos que decir que dicha cuestión de ejercicio de la acción de despido ya se ha resuelto por esta misma Sala en el Rec. Suplicación 312/2023 para una compañera de la hoy actora, por lo tanto a efectos jurídicos la solución no puede ser otra dada la coincidencia de hechos declarados probados que la que allí se resolvía.

Dejando inalterado el relato de hechos probados de la sentencia y teniendo en cuenta la jurisprudencia recaída por el Tribunal Supremo. En efecto, la jurisprudencia ya unificada desde antiguo respecto a los contratos temporales para obra o servicio determinado, al hilo de la interpretación que haya de darse al art. 15.1-a) del ET , tal como nos recuerda y compendia la STS4ª de 21-4-2010 (R. 2526/09), tiene dicho:

"La interpretación de este precepto ha sido unánime en la doctrina de esta Sala. Así la sentencia de 15 de septiembre de 2009 señalaba que, "la cuestión ha sido ya unificada por la Sala en la citada STS/IV21-enero-2009 (recurso 1627/2008), con doctrina seguida por la STS/IV14-julio-2009 (recurso 2811/2008), recordando que los requisitos para la validez del contrato para obra o servicio determinados han sido examinados por esta Sala, entre otras, en la STS/IV 10- octubre-2005 (recurso 2775/2004), en la que con cita de la STS/IV11-mayo-2005 (recurso 4162/2003), se razona señalando que es aplicable tanto para las empresas privadas como para las públicas e incluso para las propias Administraciones Públicas, lo siguiente: "son requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado, que aparece disciplinado en los arts. 15.1.a) ET y 2 Real Decreto 2720/1998 de 18- diciembreque lo desarrolla (BOE 8-1-1999) --vigente desde el 9 de enero siguiente de acuerdo con lo previsto por su Disposición Final Segunda y, por ende, en la fecha en que el actor fue contratado--, los siguientes: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y c) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.- Esta Sala se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de que concurran conjuntamente todos requisitos enumerados, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho ... Corroboran lo dicho, las de 21-9-93 (rec. 129/1993),26-3-96 (rec. 2634/1995),20-2-97 (rec. 2580/96),21-2-97 (rec. 1400/96), 4-3-97 (rec. 1571/1996),17-3-98 (rec. 2484/1997),30-3-99 (rec. 2594/1998), 16-4-99 (rec. 2779/1998),29-9-99 (rec. 4936/1998),15-2-00 (rec. 2554/1999),31-3-00 (rec. 2908/1999),15-11-00 (rec. 663/2000),18-9-01 (rec. 4007/2000) y las que en ellas se citan que, aun dictadas en su mayor parte bajo la vigencia de las anteriores normas reglamentarias, contienen doctrina que mantiene su actualidad dada la identidad de regulación, en este punto, de los Reales Decretos 2104/1984, 2546/1994y 2720/1998.- Todas ellas ponen de manifiesto ...que esta Sala ha considerado siempre decisivo que quedara acreditada la causa de la temporalidad"....

2. Así mismo, la doctrina de esta Sala, al delimitar de alguna manera los servicios concertados que pueden justificar esta modalidad contractual, ha establecido la necesidad de que los mismos reúnan consistencia, individualidad y sustantividad propias ( SSTS4ª 5-4-2003, R. 1906/01, pese a tratarse de una resolución eminentemente procesal al no apreciar la contradicción, o 21-2-2008, FJ 3º, R. 178/07), considerándose adecuada la utilización del contrato para obra o servicio determinado, precisamente, cuando tuvo por objeto un programa específico de ayuda para el fomento del empleo pactado por un Ayuntamiento que había obtenido una subvención de una Administración autonómica STS4ª 9-12-2009 R. 346/09), sin que, por el contrario, y tratándose también de una Administración pública, resulte idónea la contratación si su objeto es el desarrollo de una actividad normal o permanente de esa administración, aunque los trabajadores afectados no puedan considerarse fijos de plantilla (por todas, SSTS4ª10-12-1996, R. 1989/95,30-12-1996, R. 637/96, 22-4-2002, R. 1431/01,20-10-2010, R. 3007/09, o 20-1- 2011, R. 1869/10 , y cuantas en ellas se citan), siendo siempre necesario que el objeto del propio contrato, además de intrinsicamente temporal ( STS4ª 18-10- 1993, R. 358/93 ), se encuentre suficientemente identificado y que, en su ejecución, exista concordancia con lo pactado ( SSTS4ª5-12-1996, R. 2045/96, 21-4- 2010, R. 2526/09 , entre otras).

3. A toda esta doctrina unificada se ajusta la sentencia recurrida porque, como en ella misma se razona, la obra o servicio que justifica la contratación temporal del demandante, esto es, la ejecución de un programa de promoción de empleo por parte del Ayuntamiento de Sevilla, obviamente, solo obedece a una cooperación coyuntural y ocasional con la Administración Autonómica (Junta de Andalucía), porque, en principio, sólo a ésta, no al Ayuntamiento, competen las políticas ejecutivas de empleo conforme se desprende del art. 63.1 de la Ley Orgánica 7/2007, del Estatuto de Autonomía de Andalucía , y de los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y, sobre todo, porque, en definitiva, en este asunto en particular, el Programa denominado "Andalucía Orienta", justifica sobradamente el contrato de trabajo para esa obra o servicio en cuestión, dotándolo de autonomía y sustantividad propia; tiene duración incierta, aunque limitada en el tiempo, y así se refleja, con claridad y precisión suficientes, en todos los contratos suscritos por el trabajador, que conocía y aceptaba esa razonable y justificada temporalidad, y, en fin, no existe el más mínimo indicio de que el actor haya desempeñado de tareas distintas a las que constituían su objeto.

4. Como igualmente pone de relieve la antedicha solución no contraviene la doctrina de esta Sala, representada, entre otras muchas, por las sentencias que él mismo menciona ( SSTS4ª23-4-2015, R. 141/15, 21-4-2014, R. 1231/14 , y 12-5-2015, R. 2794/13), dictadas todas en una larga cadena de recursos de casación unificadora que afectaron al Servicio Andaluz de Empleo y a una serie de Promotores/Asesores nombrados en virtud de un Plan Extraordinario de empleo que se prorrogó en el tiempo, porque, aunque guarden una cierta similitud, a diferencia de lo que en ellos sucedía, en el presente caso, no consta en absoluto que el demandante desempeñara cometidos comunes y propios del Servicio Público de Empleo ni que, como allí acontecía, tales tareas constituyeran "la actividad normal de la empleadora", máxime si aquí, como vimos, también a diferencia de lo que sucedía en todos aquellos litigios, cabe entender identificado con suficiente precisión y claridad el objeto del contrato..."

Debemos tener en cuenta que todas las funciones realizadas por la actora, durante el desempeño de su labor profesional, estaban incluidas dentro de las medidas y actuaciones previstas en el Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas. Su intervención profesional estuvo circunscrita a directrices concretas, al Plan Local y a actuaciones específicas, siempre dentro del objeto para el que fue contratada: la ejecución del Plan local. Los profesionales contratados para el entre los que se encuentra la actora, solo intervinieron en la zonas geográficas delimitadas como desfavorecidas y no en el resto de barrios que atiende cada Centro Social, que son atendidos por el resto de profesionales de estructura excepción de las actuaciones de carácter comunitario. Por otra parte, para el ejercicio de sus funciones, y junto con los programas de archivos y expedientes electrónicos de uso común en la Administración, hizo uso de una programas informáticos de registro de usuarios e itinerarios de inserción socio laboral recogida de datos específicos de la ERACIS. Programas que el resto de profesionales comunitarios no ha utilizado. Para el uso de dichos programas específicos la Junta de Andalucía les facilitó los correspondientes accesos y claves, quedando obligados, durante el periodo de su contrato, a cumplimentar y custodiar los expedientes trasladados a registro de participantes e itinerarios de ERACIS. De igual forma, la actora tuvo formación, coordinación etc.,propio, diferenciado y especifico. Asimismo la demandante, intervino de modo preferente con población en edad laboral, a diferencia del resto de personal que trabaja en los centros, que interviene habitualmente con población de todas las edades. Su labor profesional se desarrolló en todo caso bajo directrices específicas de la Junta de Andalucía, como desde el Patronato Municipal de Asuntos Sociales.

Por otro lado, la modalidad contractual utilizada, -contrato por obra o servicio determinado por cuanto que el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores tiene autonomía y sustantividad propia, hizo uso de una programas informáticos de registro de usuarios e itinerarios de inserción socio-laboral, específicos de estos Planes, y tendentes a la recogida de datos específicos de la ERACIS. Programas que el resto de profesionales comunitarios no han utilizado profesional. Para el uso de dichos programas específicos la Junta de Andalucía les facilitó los correspondientes accesos y claves, quedando obligados, durante el periodo de su contrato, a cumplimentar y custodiar los expedientes trasladados a registro de participantes e itinerarios de ERACIS. De igual forma, tuvo, a diferencia del resto de personal fijo o de estructura de los Centros Municipales de Servicios Sociales comunitarios, un proceso de acogida, formación, coordinación etc., propio, diferenciado. Asimismo la actora, al igual que el resto de profesionales contratados para el mismo objeto, intervino de modo preferente en población en edad laboral, a diferencia del resto de personal de estructura que trabaja en los centros, que interviene habitualmente con población de todas las edades.

Dicho lo anterior y aplicado al presente supuesto pone de manifiesto que efectivamente nos encontramos ante una actividad con autonomía y sustantividad propia que se lleva así acabó para la ejecución de un plan, el cual se encuentra subvencionado, y en ejecución del mismo se lleva así acabo la contratación por obra o servicio con una fecha de inicio y una fecha final puesto que la parte actora fue contratado como educador social el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2022, siendo así que el hecho probado segundo determina cuál es el plan de actuación centrado en los barrios de DIRECCION000, DIRECCION001 y DIRECCION002 así como el DIRECCION003 en jaén señalando cuáles son las bases de concesión de la subvención por la orden de 3 de mayo de 2018 siendo así que el 5 de noviembre de 2018 el ayuntamiento de jaén aprueba el Plan local de intervención en zonas desfavorecidas en ejecución de dichas órdenes teniendo además dicho plan una duración de al menos cuatro años. Consta además como probado el informe del jefe de sección de el PMAS se dice cuál es el objeto del contrato los programas de registro y usuarios e itinerarios de inserción sociolaboral exclusivos de ERACIS, ajenos al personal de el PMAS, disponiendo de propias claves de acceso, con registro propio, interviniendo en usuarios en edad laboral, con un programa de formación propio y especificar directrices determinándose de manera pormenorizada las funciones del actor dentro del mismo y se especifica a mayor abundamiento, que la actora realizado las funciones propias de un trabajador social dentro del programa ERACIS. En consecuencia, cuando se llega al final del contrato con la fecha término establecida la misma, se produce la válida extinción del contrato temporal, así lo resolvió la sentencia de instancia. Es por ello que no se han producido las infracciones jurídicas citadas por el recurrente y en consecuencia se confirma la sentencia en todos sus argumentos al no haberse producido el despido que se alega en la demanda, sino la válida extinción del contrato de trabajo de conformidad con el artículo 49 del ET.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación.