Sentencia Social 523/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 480/2025 de 04 de julio del 2025

PRIMERO.- D. Florencio interpone recurso de suplicación frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Zaragoza que desestimando su demanda frente a MERCADONA SA declara la procedencia del despido de fecha 30 de abril de 2024, con intervención del Ministerio Fiscal.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La empresa demandada ha impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- En primer lugar recurre el trabajador con base en el motivo previsto en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en la sentencia de instancia.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

El recurrente solicita la revisión del hecho probado noveno para añadir al mismo el siguiente texto: "la grabación, la cual fundamenta una de las causas imputadas en la carta de despido, fue puesta en conocimiento por parte de la trabajadora y ex pareja del actor Dª Laura, la cual fue sustraída por su parte de un procedimiento de diligencias previas, no respetando las garantías procesales de privacidad, secreto y confidencialidad".

Desestimamos dicha revisión, en primer lugar por irrelevante pues lo que se sanciona con el despido es el hecho de que el actor grabara la reunión, siendo indiferente a estos efectos que Laura lo pusiera en conocimiento de la empresa, siendo que además contiene valoraciones subjetivas como que lo hizo "no respetando las garantías procesales de privacidad, secreto y confidencialidad".

TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso el trabajador invoca el artículo 193.c) de la LRJS para denunciar la infracción de la normativa y jurisprudencia de aplicación.

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

CUARTO.- El Sr. Florencio denuncia la infracción del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, sin concretar en qué apartado de dicho artículo fundamenta su denuncia, así como los artículos 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 24 de la Constitución, artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 450 del Código Penal y artículo 11 de la Ley Orgánica del poder Judicial.

Alega el recurrente que siendo la causa del despido la grabación por el recurrente de una reunión con los responsables de Mercadona, sin conocimiento y consentimiento de los mismos, la empresa tuvo conocimiento de dicha grabación a través de Laura, ex pareja del actor y denunciada en el procedimiento Penal en el que se aportó la mencionada grabación. Por lo tanto, entiende el recurrente que se habría cometido un ilícito puesto que se ha dado validez a la aportación de una grabación en un procedimiento de diligencias previas que tiene la condición de secreto y no público y por lo tanto la prueba no es válida.

Debemos desestimar tales alegaciones. No se está juzgando en este procedimiento la conducta de Laura poniendo en conocimiento de la empresa la existencia de la grabación, siendo que además no es parte del procedimiento, ni se ha conculcado de forma alguna el derecho de defensa del actor en dicho procedimiento penal. Lo que es objeto de este proceso es el despido del Sr. Florencio por proceder a convocar una reunión con Jefes de Mercadona, grabarla sin conocimiento de los mismos, para ser utilizada en el procedimiento penal que tenía pendiente con su ex pareja, trabajadora de Mercadona.

Por otra parte llama la atención que el recurrente alegue la ilicitud de dicha prueba de grabación y sea él mismo quien solicite en el juicio oral dar por reproducido el audio de la reunión de 21 de diciembre de 2023 y aporte copia íntegra de las Diligencias Previas 3162/23 seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza.

En relación a las grabaciones, la STC nº 114/1984, de 29 de noviembre (RTC 1984, 114), distingue la protección del derecho a la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones reconocidos en el artículo 18 de la CE cuando la grabación se realiza por terceras personas ajenas a la conversación o cuando se efectúa por uno de los interlocutores, concluyendo que el derecho al "secreto de las comunicaciones ... salvo resolución judicial" no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, "a contrario", no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación. En este sentido, podría existir vulneración de la intimidad si se hubiera producido el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas o bien la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción, pero nada de ello ocurre en el caso de autos. (vid. art.7 LO1/82), y ninguna de esas circunstancias consta que se haya producido en este caso. La conclusión es que la grabación de una conversación por uno de los que en la misma participan -sin otros añadidos- no vulnera el derecho al honor, a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. Entre los partícipes de la comunicación no existe vulneración de secretos, y por tanto la aprehensión o grabación de la conversación no conculca el derecho que se invoca, ya que la conversación es libre y no existe ninguna manipulación entre los interlocutores, la comunicación es libre, así como la interceptación por uno de sus interlocutores porque entre ellos no existe secreto, y no se acredita que para su obtención y así para la grabación de la conversación se haya vulnerado algún derecho fundamental. Lo que supondría la ilicitud es la interceptación por un tercero ajeno sin su consentimiento. El registro de la conversación es lícito y no atenta al secreto de la comunicación.

Por lo expuesto el medio de prueba es válido.

QUINTO.- En el mismo motivo del recurso, el trabajador mezcla alegaciones referidas a la teoría gradualista en el ámbito del despido disciplinario.

Jurisprudencialmente se ha venido declarando reiteradamente que el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria proporción entre la infracción y sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto; igualmente es bien conocida la interpretación jurisprudencial sobre la graduación de las faltas y sanciones laborales, explícita en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, exigente de incumplimientos graves para producir el despido disciplinario, de acuerdo con el artículo 54.1 de la misma ley, con bien razonable criterio de proporcionalidad; habiendo expresado la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991, entre otras muchas, tal obvio principio en su aplicación al de la buena fe, en cuanto modelo de comportamiento común impuesto a las relaciones laborales por los artículos 5. A) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores, erigido en criterio de valoración de conductas, del que resulta sólo justificado el despido para las que supongan una violación trascendente de la buena fe contractual, de modo que no cualquier transgresión de ella, sino solamente de la de carácter grave y culpable, es la que tiene calidad bastante para que resulte lícita aquella sanción; siendo, por tanto, necesario que se den las notas de culpabilidad y gravedad del incumplimiento imputado, no siendo tal culpabilidad la comprensiva de las especies dolosa o intencional y culposa o constitutiva de una conducta negligente, sino tan sólo la primera de ambas, singularizada por la consecuencia de un elemento intelectual y un elemento volitivo, representado por el propósito de atentar contra dicho interés.

En el caso que nos ocupa entendemos que la sanción impuesta resulta desproporcionada a la vista de las circunstancias concurrentes: el actor tenía un cargo de responsabilidad como Coordinador (gerente C) de Mercadona, y solicitó a Recursos Humanos la celebración de una reunión con los coordinadores de tienda de su actual pareja Elsa y su expareja Laura y él mismo, para tratar el tema del comportamiento que estaba teniendo Laura respecto a Elsa. Se da la circunstancia de que las dos eran empleadas de Mercadona. No se discute que Florencio grabó dicha reunión, sin comunicación previa ni autorización de la empresa ni de ninguno de los intervinientes y aportó dicha grabación como prueba al procedimiento penal que seguía contra su expareja.

Debemos en este caso valorar la gravedad de la conducta de Florencio, y sin dejar de compartir con la sentencia recurrida que la actuación de Florencio constituye un acto de deslealtad hacia la empresa y sus compañeros, creemos que no merece la máxima sanción que constituye el despido. Estamos ante un trabajador con una antigüedad en la empresa del 2012, sin sanción disciplinaria previa, y que movido por la actuación que está teniendo su ex pareja Laura, que acude al centro de trabajo de Elsa para molestarla, organiza una reunión con responsables de ambos centros de trabajo. Y aunque es cierto que grabó dicha conversación y después la utilizó en el procedimiento penal que tenía contra Laura, hemos indicado que la grabación de dicha conversación es lícita y así se ha valorado como medio de prueba. Se da por probado que en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza se seguían diligencias previas contra Laura por los delitos de amenazas y coacciones, dictándose auto de apertura del juicio oral identificándose en el auto como víctima al denunciante Florencio y el Ministerio Fiscal había formulado acusación. Por lo tanto había ya un procedimiento penal abierto contra Laura que si bien no permite justificar la conducta de Florencio, sí puede hacerla comprensible dada su directa implicación personal con el asunto. Por otra parte, los hechos ocurridos y el enfrentamiento entre Elsa y Laura, ambas empleadas de Mercadona, no era ajeno al ámbito de Mercadona, que debía tener un lógico interés en conocer lo que estaba ocurriendo en uno de sus establecimientos y en la medida de lo posible tratar de solucionar esta situación.

En definitiva, si bien la conducta de Florencio promoviendo la celebración de la reunión y grabando la misma no fue correcta, creemos que no merece el máximo reproche del despido disciplinario por todo lo expuesto y en atención a la teoría gradualista.

Para la procedencia de un despido, es necesario que quede evidenciado que se trata de un incumplimiento grave y culpable, pues el despido, por ser la sanción más grave en el Derecho laboral, obliga a una interpretación restrictiva, pudiendo, pues, y en su caso, imponerse otras sanciones distintas de la del despido, si del examen de las circunstancias concurrentes resulta que los hechos imputados, si bien pudieran ser merecedores de sanción, no lo son de la más grave, como es el despido - sentencias del Tribunal Supremo de 21 de enero y 22 de mayo de 1986, y 26 de enero de 1987 -. Resulta necesario valorar las circunstancias personales y de índole profesional de su autor, por el claro matiz subjetivista que la caracteriza ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1979 y 30 de enero de 1981)].

Por todo lo expuesto procede la estimación del recurso de suplicación.

QUINTO.- No procede efectuar imposición de costas ( artículo 235.1 LRJS) .