Sentencia Social 3853/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 424/2025 de 04 de julio del 2025

PRIMERO.-Por la parte actora se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, desestimando la demanda en materia de tutela de derechos fundamentales, absolvió a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra. El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la pretensión deducida en la demanda, atinente a la declaración de que el artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de controladores aéreos y Navegación Aérea conculca los artículos 14 y 17 en relación al contenido del articulo 28 del ET, respecto a la igualdad salarial de la parte actora, instando el reconocimiento del derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, declarándose discriminatorio dicho precepto y ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, condenándola a abonar al actor el importe de ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho céntimos (105.154,18 euros) más las cantidades que se devenguen como diferencias no abonadas en concepto del citado complemento hasta la fecha de la sentencia de esta Sala, en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte actora recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado segundo.

Se postula en el recurso que su redactado sea sustituido por el siguiente tenor literal:

"Resulta discutido si el actor ha de percibir el 60 % o el 100 % del complemento de puesto de trabajo el articulo 132, 4 del II Convenio Colectivo de ENAIRE. Las partes consideran pacifico que, para el caso eventual estimación total de la demanda , las diferencias salariales generadas desde 20/05/2018 hasta 31/10/2021 ascienden a 105.154,18.-€ siendo dicha cantidad de naturaleza indemnizatoria según previene el articulo 183 de la LRJS.

El actor mantuvo categoría y funciones de controlador desde 20/05/2018 hasta 1 de Septiembre de 2019, fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTOR (Documento 24 del demandante ) ello con duración el cargo hasta el 31 de Mayo de 2020, percibiendo el Complemento de Puesto de trabajo al 100 % según disposición Cuarta del nombramiento (doc 24 del actor no impugnado ni controvertido).

En fecha 30 de Junio de 2020 el actor fue cesado de su cargo de Supervisor (doc 25 del actor no impugnado ni controvertido),para ser nuevamente nombrado de manera forzosa en fecha 9 de Julio de 2020 SUPERVISOR ( documentos 26 del actor no impugnado ni controvertido), ello con una vigencia de ocho meses reduciéndosele el el Complemento de puesto de trabajo al al 60 % (documento 26 del actor clausula 4a del demandante).

Que el actor en fecha 21 de Diciembre de 2020 fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTUR SUPERVISOR, con una vigencia hasta 20 de Junio de 2021, percibiendo el 60 % del CPT

Que en los días 11 y 11 de Julio de 2020 se le nombró Supervisor Jefe para esos día , (documento 28 y 29 del demandante no impugnados ni controvertidos).

Durante el tiempo que el actor ha estado ocupando los referidos puestos de trabajo de mayor responsabilidad que un controlador aéreo ha venido percibiendo el 100 % del CPT durante el espacio de tiempo que va desde 1 de Septiembre de 2019 hasta el 9 de Julio de 2020, minorándole el CPT al 60 % desde esa fecha de 9 de julio de 2020, por expresa indicación y orden del Ministerio de Hacienda (reconocido en contestación a la demanda por la demandada), perdurando esa minoración del CPT hasta la fecha que mantiene el cargo de supervisor Jefe.

(Documentos 1 al 23 del demandante (hojas de salario) y documentos 24 al 30 de la demandante "Nombramientos de cargos forzosos")

(Hecho incontrovertido)".

La revisión del primer párrafo del ordinal fáctico segundo, que en su original redactado contiene no un factum propiamente dicho sino una referencia a los antecedentes procesales, contiene una expresión predeterminante del fallo (naturaleza de la indemnización postulada), lo que determina su fracaso conforme a reiterada doctrina jurisprudencial en la materia (por todas, STS/4ª de 27 de febrero de 2018 -recurso 2108/2015, entre otras).

Por lo que respecta al resto de párrafos cuya adición es postulada, invocándose el carácter no controvertido del citado redactado, así como los documentos 24 a 30 aportados por la recurrente, y desprendiéndose de éstos así como del ordinal fáctico tercero que expresamente alude a las designaciones forzosas en los períodos que constan en la demanda, ha lugar a la revisión interesada si bien corrigiendo el error material del penúltimo párrafo, al ser los días en que fue nombrado supervisor jefe los de 11 y 13 de julio de 2020 conforme resulta de los documentos invocados; y sin que haya lugar a la adición del último párrafo al obrar el contenido referido en el resto de redactado adicionado.

Quedará, con ello, el nuevo redactado del hecho probado segundo con el siguiente tenor literal:

" (...) 105.154,18 €.

El actor mantuvo categoría y funciones de controlador desde 20/05/2018 hasta 1 de Septiembre de 2019, fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTOR (Documento 24 del demandante ) ello con duración el cargo hasta el 31 de Mayo de 2020, percibiendo el Complemento de Puesto de trabajo al 100 % según disposición Cuarta del nombramiento (doc 24 del actor no impugnado ni controvertido).

En fecha 30 de Junio de 2020 el actor fue cesado de su cargo de Supervisor (doc 25 del actor no impugnado ni controvertido),para ser nuevamente nombrado de manera forzosa en fecha 9 de Julio de 2020 SUPERVISOR ( documentos 26 del actor no impugnado ni controvertido), ello con una vigencia de ocho meses reduciéndosele el el Complemento de puesto de trabajo al al 60 % (documento 26 del actor clausula 4a del demandante).

Que el actor en fecha 21 de Diciembre de 2020 fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTUR SUPERVISOR, con una vigencia hasta 20 de Junio de 2021, percibiendo el 60 % del CPT

Que en los días 11 y 13 de Julio de 2020 se le nombró Supervisor Jefe para esos día , (documento 28 y 29 del demandante no impugnados ni controvertidos).

(Documentos 1 al 23 del demandante (hojas de salario) y documentos 24 al 30 de la demandante "Nombramientos de cargos forzosos")

(Hecho incontrovertido)".

B) Revisión del hecho probado cuarto.

En el recurso se propone la siguiente redacción alternativa:

"Todo el personal de Enaire sin distinción de antigüedad desarrolla sus funciones en el cargo que se les asigna de forma indistinta, con plena eficacia y seguridad, sin distinción del numero de años que lleve integrada en la plantilla y sin precisar ayuda de otros compañeros para la toma de decisiones cotidianas, integrándose el 100 % del turno que integra un turno por controladores o trabajadores de menos de 6 años de antigüedad como el actor".

Invocándose el carácter incontrovertido del tenor literal propuesto, procede estar a la ponderación del acervo probatorio efectuado por la sentencia de instancia, en aplicación del artículo 97.2 de la norma rituaria laboral, por cuanto el original redactado se ha basado en la prueba testifical practicada, sin que haya sido aducido error en su valoración.

C) Adición de nuevo ordinal, numerado quinto.

Como nuevo ordinal, numerado quinto, se postula la adición del siguiente texto (transcrito literalmente):

"En todos los turnos el actor con el resto de controladores realizan de forma indistinta todas las funciones y labores de las que efectúan en la torre de control del aeropuerto de Barcelona, rotando todos ellos de manera aleatoria, independientemente de la antigüedad de cada controlador y incidentica responsabilidad asumiendo cada controlador las incidencias o carga de trabajo individual que corresponda al momento; entrando por turno un solo supervisor y supervisor jefe que ostenta el máximo grado de autoridad en la torre".

(doc 34 al 93 de los del actor de la demandante) (Hecho incontrovertido).

La documental invocada no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida, debiendo estarse a las aseveraciones contenidas en el fundamento jurídico primero de la sentencia de instancia con valor fáctico, al no haber sido desvirtuadas; procede desestimar la adición instada.

D) Adición de nuevo ordinal, numerado sexto.

Como nuevo ordinal, numerado sexto, se insta la adición del siguiente texto (transcrito literalmente):

"Que en muchos de los días que por turnero se establecen entre los controladores y cargos superiores todos los integrantes de dichos turnos son trabajadores que poseen menos de 6 años de antigüedad como el actor" (Doc del 34 al 93 de los del actor de la demandante) (hecho incontrovertido por al demandada)".

Nuevamente la documental invocada no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida sin necesidad de adicionales argumentaciones, lo que evidencia la improsperabilidad del motivo formulado en relación a este particular.

E) Revisión del hecho probado séptimo.

Como nuevo ordinal, numerado séptimo, se solicita la adición del tenor literal que sigue:

" Que el actor obtuvo su licencia de habilitación como controlador y desde 10 de diciembre de 2012 e ingreso en Enaire de fecha 20 de mayo de 2018 como controlador a través de contrato indefinido".

(Documentos 31 a 33 de los del actor).

Hecho incontrovertido y no impugnado (antecedente 1º de la demanda)".

Pretendiéndose la adición de un hecho incontrovertido, que de forma parcial consta en el ordinal fáctico primero de la sentencia, no ha lugar a la adición postulada.

Así resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa de la doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2025 (recurso 66/2023), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"1. La parte no puede limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que debe delimitar con exactitud en qué discrepa y para ello ha de señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado, indicando el texto que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

2. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas, puesto que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo deben situarse en la fundamentación jurídica.

3. El error en la valoración de la prueba que se imputa a la instancia se debe acreditar de forma clara, directa y patente a partir de prueba documental practicada en la instancia y obrante en autos, debiendo indicarse con precisión cuál o cuáles de los documentos que forman parte del ramo de prueba de las diferentes partes evidencian el error, no siendo suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada.

4. No se puede basar la pretensión de modificación fáctica en prueba testifical ni pericial ni de cualquier otra tipología diferente a la documental.

5. El error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados. No puede admitirse la revisión de hechos probados cuando la prueba documental invocada admita diversas valoraciones y la parte únicamente manifieste discrepancia con la decisión valorativa del órgano judicial de instancia si dicha decisión no vulnera los parámetros de lógica y razonabilidad exigibles. Tampoco puede admitirse la revisión cuando la prueba documental invocada haya sido valorada por el órgano judicial de instancia en conjunción con pruebas de otra naturaleza, de manera que la fijación de hechos probados dependa de diversos medios probatorios y no solamente de la documental que fundamenta el recurso.

6. Los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo.

7. Que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo".

Por lo expuesto, se estima parcialmente el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte actora recurrente denuncia la infracción del artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 14 de la Constitución Española y artículo 17 del mismo cuerpo legal, así como del artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de Controladores de Transito Aéreo de la entidad Publica ENAIRE, y doctrina jurisprudencial sobre el principio de la igualdad retributiva. Se argumenta que la sentencia recurrida no contiene de manera detallada y fundamentada un contenido que case perfectamente con lo que se instaba en el fondo del proceso, no aplicándose de forma estricta la doctrina que sobre vulneración de derechos fundamentales y discriminación e igualdad en materia salarial establece el TC y el propio TS, y obvia y deja de aplicar las fuentes probatorias sobre la que se debería haber sustentado la resolución, debiendo destacar que todos y cada uno de los hechos probados y que resultan de la prueba documental no han sido combatidos o negados por la recurrente, asumiéndose la existencia de licencia de habilitación del actor como CTA, así como al idéntica naturaleza de sus funciones en relación al resto de CTA, la existencia de nombramientos forzosos, así como el pago durante un largo tiempo ( un año ) del CPT al 100 % por voluntad propia que solo se abonaron nuevamente los CPT minorados por razones de fiscalidad de la AEAT, y por último que todos o casi todos los nombramientos recaen sobre CTA de menos de 6 años, sin que la experiencia que se alega, tenga nada que ver con el número de años que los CTA llevan en Enaire. Es por ello que se postula el reconocimiento de la vulneración del principio de igualdad, en su vertiente de igualdad retributiva, por la conducta empresarial consistente en abonar al demandante el sesenta por ciento (60%) del Complemento del Puesto de Trabajo (en adelante, CPT) - regulado en el art. 132 del Convenio Colectivo - durante el periodo al que se contrae la reclamación, a diferencia del resto de personas trabajadoras que ingresaron con anterioridad al convenio de 2011 les ha sido abonado el 100% del CPT del mismo aun cuando el valor del trabajo del demandante es equivalente o al menos de igual valor. En suma, se esgrime que no concurren los elementos que integran la justificación de la doble escala salarial de tal forma que el único factor diferenciador concurrente entre el demandante y los otros siete trabajadores es el de su fecha de contratación en la empresa, lo que provoca que la menor retribución abonada constituya una desigualdad no permitida por la Ley y contraria al principio de igualdad. Se postula, en consecuencia, la estimación de la demanda en el sentido de que la Sala, pronunciándose sobre el fondo del asunto, declare vulnerado el principio de igualdad y ello, como consecuencia de haber abonado la empresa al trabajador recurrente desde el 1 de Febrero de 2018 al 3 de noviembre de 2021 el Complemento de Puesto de Trabajo minorado en un 40% los 3 primeros años y un 20 % el resto hasta alcanzar los 6 años en relación a otros trabajadores que, en idéntica situación, han percibido el 100% del mismo sin que concurra justificación objetiva y razonable que ampare tal diferencia retributiva.

Opone la parte demandada, al impugnar el recurso, que el apartado cuarto del artículo 132 del Convenio Colectivo establece una escala salarial en la medida en que coexisten en ENAIRE trabajadores que desde su entrada en la entidad han venido percibiendo el 100% del CPT (los que ingresaron en AENA/ENAIRE antes de la entrada en vigor del convenio) con aquellos otros trabajadores que perciben el 60% u 80% de dicho complemento salarial de naturaleza personal en función de si llevan menos de tres años o entre cuatro y seis años respectivamente (trabajadores que ingresaron en AENA/ENAIRE tras la publicación en el BOE del convenio). Y añade que la doble escala salarial en el Convenio Colectivo atiende a razones proporcionadas, objetivas y razonables, vinculadas directamente a la adquisición de la experiencia y madurez necesarias en el desempeño de la profesión de controlador de tránsito aéreo y por esta razón no puede considerarse que vulnere los derechos fundamentales del recurrente. En consecuencia, este complemento retributivo en su apartado cuarto prevé una doble escala salarial con fundamento en la adquisición de pericia o experiencia que se adquiere con el transcurso del tiempo que supone una mayor eficacia y perfección en el ejercicio de sus funciones. Por ello, estima que este precepto se aplica por igual a todos los controladores aéreos que entraron con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio Colectivo en el año 2011, sin que exista discriminación alguna entre trabajadores de la misma fecha de incorporación, que recordemos declaró la jurisprudencia del TJUE como término "objetivo y neutro"; cuestión en todo caso no negada por la parte recurrente, citando la STJUE de 22 de diciembre de 2008 (caso Isabel Clara Centeno Mediavilla y otros). Se insta, en consecuencia, la desestimación de la infracción denunciada por no poder pretender la parte recurrente que se equipare su situación con la de otros trabajadores de la empresa que entraron a formar parte de la misma con anterioridad a la vigencia del actual Convenio Colectivo.

Centrándonos en la cuestión suscitada, la misma tiene por objeto la discriminación retributiva en que habría incurrido la empresa, como consecuencia de la aplicación del artículo 132.4 del II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en Aena, publicado en el BOE de 9 de marzo de 2011 (en adelante, el convenio colectivo), al establecer una doble escala salarial en razón de la fecha de la incorporación a la empresa que se aduce como incompatible con el artículo 14 de la Constitución.

Se trata de cuestión que ha sido objeto de pronunciamiento por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en STS/4ª de 30 de octubre de 2024 (recurso 151/2022), desestimatorio del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 2022 (conflicto colectivo 350/2021), confirmando el pronunciamiento en que se declaró:

- que el cobro minorado del Complemento del Puesto de Trabajo regulado en el artículo 132 del Convenio Colectivo de aplicación y reconozca a los CTAS afectados por el mismo el derecho a percibir el Complemento de Puesto de Trabajo sin reducción, tal y como se recoge en el artículo 132.2 del IICCP, es decir percibiendo el 60% del complemento durante el contrato en prácticas y el 100% durante la duración del contrato ordinario por tiempo indefinido, y con ello se cese la vulneración de los derechos que en tal sentido vienen sufriendo por haber sido contratados con posterioridad al 9 de marzo de 2011;

- que la aplicación de tal artículo, minorando el cobro del CPT, únicamente a los trabajadores incorporados en la empresa tras la publicación del mencionado Convenio Colectivo, genera la existencia de una, no ajustada a derecho, doble escala salarial, en la empresa, por la única circunstancia de la fecha de ingreso, siendo contrario al Derecho Fundamental de Igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española,

- reconociendo a los actores el derecho a percibir los salarios dejados de percibir por esta discriminación.

De este modo, comienza la STS/4ª de 30 de octubre de 2024 (recurso 151/2022) anteriormente aludida, cuya doctrina determinará la estimación del presente recurso, por reproducir el contenido del precepto cuestionado, artículo 132 del Convenio Colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (BOE de 9 de marzo de 2011), al disponer:

"1. Retribuye el desempeño de un puesto de trabajo concreto y se percibirá en doce mensualidades ordinarias. Es de índole funcional y se tendrá derecho a su percepción, en tanto se ocupe el puesto de trabajo correspondiente, sin perjuicio de aquellas excepciones recogidas en este Convenio.

2. Las cuantías del Complemento de Puesto de Trabajo serán las que figuran en el Anexo I del presente Convenio Colectivo.

3. Los CTA que desempeñen puestos operativos y que pierdan la operatividad, por falta de capacidad psicofísica y AENA les asigne una función no operativa determinada, percibirán el 50% del Complemento de Puesto de Trabajo, cuando desempeñen puestos de Técnicos ATC.

4. Dada la especial cualificación, alto nivel de especialización de la profesión de Controlador de Tránsito Aéreo y la importancia de la experiencia de incentivar la mayor eficacia, perfección y madurez en el desempeño pleno de sus funciones y de acuerdo con las previsiones establecidas por la normativa nacional, comunitaria e internacional vigente en cada momento, resulta preciso establecer una adecuada progresión retributiva en el tiempo, sobre este complemento.

A tal fin, se establece que los CTA, que se incorporen con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, percibirán este complemento en las condiciones siguientes:

4.1 Durante el período de contratación en prácticas, como alumno controlador, se percibirá por este concepto el 60% del importe que correspondería, una vez obtenida la primera anotación de unidad.

4.2 De producirse la incorporación a AENA con contrato indefinido, como controlador, una vez obtenida la primera habilitación, en el transcurso de los tres Primeros años, se percibirá por este concepto el 60% del importe establecido para la dependencia de destino

4.3 Durante los tres años siguientes, se percibirá por este concepto el 80% del importe establecido para la dependencia de destino

4.4 Finalizado el período anterior, a partir del séptimo año y siguientes, se percibirá el 100% del importe establecido para este concepto."

Tal como continúa concluyendo la cita sentencia, "así como los controladores contratados con anterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo perciben el 100 por cien del complemento de puesto de trabajo del artículo 132 del convenio colectivo, por el contrario, los controladores incorporados con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo solo perciben el 100 por cien de dicho complemento a partir del séptimo año, percibiendo hasta entonces entre un 60 y un 80 por ciento",siendo esta diferencia de trato la que la sentencia consideraba incompatible con el artículo 14 CE.

A tal efecto, se razona en aquélla que no resulta aplicable al supuesto que nos ocupa, entre otras, la STS/4ª de 13 de octubre de 2004 (rec. 132/2003), contrariamente a lo sostenido en el escrito de impugnación del presente recurso. De este modo se concluye que "en los casos de las SSTS 13 de octubre de 2004 (rec. 132/2003 ) y 16 de enero de 2012 (rec. 39/2011 ) no existían dos regulaciones diferentes del salario de ocupación en función de la fecha de incorporación del trabajador, sino que existía una única regulación que se aplicaba por igual a todos los trabajadores de la empresa con independencia de la fecha en que se hubieran incorporado a ella. Por el contrario, en el actual supuesto, la regulación y la cuantía del complemento de puesto es diferente según los trabajadores se hayan incorporado a la empresa con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo. Aquí sí hay una doble escala salarial en función de la fecha de incorporación del trabajador a la empresa. Solo los trabajadores contratados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del convenio colectivo no perciben el cien por cien del complemento de puesto".A ello añade que "en el actual supuesto no se establece una regulación única -no diferenciada en razón de la fecha de contratación y por tanto aplicable indiferenciadamente a toda la plantilla- del complemento de puesto y paralelamente un complemento personal transitorio para los que pueden quedar perjudicados por aquella única regulación, sino que se establece que la nueva y menos favorable regulación se aplica únicamente a los incorporados a la empresa con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo".Por ello, se confirma el pronunciamiento anteriormente aludido, que declaró la incompatibilidad del régimen descrito con el artículo 14 de la Constitución.

Tratándose la resolución confirmada por el Alto Tribunal de sentencia en materia de conflicto colectivo, procede estar a sus efectos vinculantes en la litis de que el presente recurso trae causa, en aplicación del artículo 160.5 de la norma rituaria laboral, conforme al cual "la sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria".Si bien el proceso fue suspendido en la instancia, lo fue con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida, debiendo el efecto positivo de la cosa juzgada conducir a la estimación de la infracción jurídica denunciada, declarando que, resultando contrario el artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de controladores aéreos y Navegación Aérea al artículo 14 de la Constitución, ha lugar al reconocimiento del derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, con estimación de la infracción denunciada.

CUARTO.-Con idéntico amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte actora recurrente denuncia la infracción del artículo 183.1 de aquella norma y doctrina jurisprudencial sobre la obligación de indemnizar como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales, instando la condena de la demandada a abonar al actor el importe de ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho euros (105.154,18 euros) más las cantidades que se devenguen como diferencias no abonadas en concepto del citado complemento hasta la fecha de la sentencia de esta Sala.

La parte demandada, en su escrito de impugnación, adujo la ausencia de discriminación alegada de contrario.

La solicitud de indemnización por vulneración del artículo 14 de la Constitución se encuentra en relación de conexidad con lo resuelto en el procedimiento de conflicto colectivo, tal como exige el artículo 160, apartados 5 y 6, de la norma rituaria laboral ( STS/4ª de 7 de mayo de 2025, rec. 1766/2023). Ahora bien, el objeto de reclamación no se circunscribe a las diferencias salariales como reclamación ordinaria sino a la indemnización de daños y perjuicios por la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, siendo así que la doctrina jurisprudencial ha admitido que las partes acudan como criterio objetivo, dotado de claridad y precisión, para concretar el lucro cesante a las diferencias reales acaecidas y conexas con el trato discriminatorio ( STS/4ª de 30 de mayo de 2025, rec. 5215/2022). De este modo, cabe acumular al reclamación de indemnización por lucro cesante de las diferencias salariales conectadas con la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, como criterio para concreción de su cuantía ( STS/4ª de 20 de noviembre de 2024, rec. 2562/2023).

Sentado lo anterior, en orden a fijar el lucro cesante de la vulneración estimada en esta sede, procede cuantificarlo en las diferencias salariales para fijar la indemnización que resarce los daños y perjuicios causados, existiendo conformidad entre las partes en que los importes devengados en el citado concepto desde 20 de mayo de 2018 a 31 de octubre de 2021 ascienden a ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho euros (105.154,18 euros). Es por ello que procede estimar la infracción denunciada, y fijar el referido quantum de la indemnización por daños y perjuicios el importe de las diferencias salariales dejadas de percibir por la discriminación reconocida, sin perjuicio de las que en su caso hayan podido devengarse posteriormente hasta la fecha de esta sentencia.

Por todo lo expuesto, procede estimar la última de las infracciones jurídicas denunciadas y el recurso interpuesto, revocando la resolución recurrida y acordando en su lugar, con estimación de la demanda, reconocer el derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, así como el de la indemnización anteriormente fijada, condenando a la demandada a su abono.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas devengadas en el recurso.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Por la parte actora se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, desestimando la demanda en materia de tutela de derechos fundamentales, absolvió a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra. El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la pretensión deducida en la demanda, atinente a la declaración de que el artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de controladores aéreos y Navegación Aérea conculca los artículos 14 y 17 en relación al contenido del articulo 28 del ET, respecto a la igualdad salarial de la parte actora, instando el reconocimiento del derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, declarándose discriminatorio dicho precepto y ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, condenándola a abonar al actor el importe de ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho céntimos (105.154,18 euros) más las cantidades que se devenguen como diferencias no abonadas en concepto del citado complemento hasta la fecha de la sentencia de esta Sala, en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte actora recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado segundo.

Se postula en el recurso que su redactado sea sustituido por el siguiente tenor literal:

"Resulta discutido si el actor ha de percibir el 60 % o el 100 % del complemento de puesto de trabajo el articulo 132, 4 del II Convenio Colectivo de ENAIRE. Las partes consideran pacifico que, para el caso eventual estimación total de la demanda , las diferencias salariales generadas desde 20/05/2018 hasta 31/10/2021 ascienden a 105.154,18.-€ siendo dicha cantidad de naturaleza indemnizatoria según previene el articulo 183 de la LRJS.

El actor mantuvo categoría y funciones de controlador desde 20/05/2018 hasta 1 de Septiembre de 2019, fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTOR (Documento 24 del demandante ) ello con duración el cargo hasta el 31 de Mayo de 2020, percibiendo el Complemento de Puesto de trabajo al 100 % según disposición Cuarta del nombramiento (doc 24 del actor no impugnado ni controvertido).

En fecha 30 de Junio de 2020 el actor fue cesado de su cargo de Supervisor (doc 25 del actor no impugnado ni controvertido),para ser nuevamente nombrado de manera forzosa en fecha 9 de Julio de 2020 SUPERVISOR ( documentos 26 del actor no impugnado ni controvertido), ello con una vigencia de ocho meses reduciéndosele el el Complemento de puesto de trabajo al al 60 % (documento 26 del actor clausula 4a del demandante).

Que el actor en fecha 21 de Diciembre de 2020 fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTUR SUPERVISOR, con una vigencia hasta 20 de Junio de 2021, percibiendo el 60 % del CPT

Que en los días 11 y 11 de Julio de 2020 se le nombró Supervisor Jefe para esos día , (documento 28 y 29 del demandante no impugnados ni controvertidos).

Durante el tiempo que el actor ha estado ocupando los referidos puestos de trabajo de mayor responsabilidad que un controlador aéreo ha venido percibiendo el 100 % del CPT durante el espacio de tiempo que va desde 1 de Septiembre de 2019 hasta el 9 de Julio de 2020, minorándole el CPT al 60 % desde esa fecha de 9 de julio de 2020, por expresa indicación y orden del Ministerio de Hacienda (reconocido en contestación a la demanda por la demandada), perdurando esa minoración del CPT hasta la fecha que mantiene el cargo de supervisor Jefe.

(Documentos 1 al 23 del demandante (hojas de salario) y documentos 24 al 30 de la demandante "Nombramientos de cargos forzosos")

(Hecho incontrovertido)".

La revisión del primer párrafo del ordinal fáctico segundo, que en su original redactado contiene no un factum propiamente dicho sino una referencia a los antecedentes procesales, contiene una expresión predeterminante del fallo (naturaleza de la indemnización postulada), lo que determina su fracaso conforme a reiterada doctrina jurisprudencial en la materia (por todas, STS/4ª de 27 de febrero de 2018 -recurso 2108/2015, entre otras).

Por lo que respecta al resto de párrafos cuya adición es postulada, invocándose el carácter no controvertido del citado redactado, así como los documentos 24 a 30 aportados por la recurrente, y desprendiéndose de éstos así como del ordinal fáctico tercero que expresamente alude a las designaciones forzosas en los períodos que constan en la demanda, ha lugar a la revisión interesada si bien corrigiendo el error material del penúltimo párrafo, al ser los días en que fue nombrado supervisor jefe los de 11 y 13 de julio de 2020 conforme resulta de los documentos invocados; y sin que haya lugar a la adición del último párrafo al obrar el contenido referido en el resto de redactado adicionado.

Quedará, con ello, el nuevo redactado del hecho probado segundo con el siguiente tenor literal:

" (...) 105.154,18 €.

El actor mantuvo categoría y funciones de controlador desde 20/05/2018 hasta 1 de Septiembre de 2019, fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTOR (Documento 24 del demandante ) ello con duración el cargo hasta el 31 de Mayo de 2020, percibiendo el Complemento de Puesto de trabajo al 100 % según disposición Cuarta del nombramiento (doc 24 del actor no impugnado ni controvertido).

En fecha 30 de Junio de 2020 el actor fue cesado de su cargo de Supervisor (doc 25 del actor no impugnado ni controvertido),para ser nuevamente nombrado de manera forzosa en fecha 9 de Julio de 2020 SUPERVISOR ( documentos 26 del actor no impugnado ni controvertido), ello con una vigencia de ocho meses reduciéndosele el el Complemento de puesto de trabajo al al 60 % (documento 26 del actor clausula 4a del demandante).

Que el actor en fecha 21 de Diciembre de 2020 fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTUR SUPERVISOR, con una vigencia hasta 20 de Junio de 2021, percibiendo el 60 % del CPT

Que en los días 11 y 13 de Julio de 2020 se le nombró Supervisor Jefe para esos día , (documento 28 y 29 del demandante no impugnados ni controvertidos).

(Documentos 1 al 23 del demandante (hojas de salario) y documentos 24 al 30 de la demandante "Nombramientos de cargos forzosos")

(Hecho incontrovertido)".

B) Revisión del hecho probado cuarto.

En el recurso se propone la siguiente redacción alternativa:

"Todo el personal de Enaire sin distinción de antigüedad desarrolla sus funciones en el cargo que se les asigna de forma indistinta, con plena eficacia y seguridad, sin distinción del numero de años que lleve integrada en la plantilla y sin precisar ayuda de otros compañeros para la toma de decisiones cotidianas, integrándose el 100 % del turno que integra un turno por controladores o trabajadores de menos de 6 años de antigüedad como el actor".

Invocándose el carácter incontrovertido del tenor literal propuesto, procede estar a la ponderación del acervo probatorio efectuado por la sentencia de instancia, en aplicación del artículo 97.2 de la norma rituaria laboral, por cuanto el original redactado se ha basado en la prueba testifical practicada, sin que haya sido aducido error en su valoración.

C) Adición de nuevo ordinal, numerado quinto.

Como nuevo ordinal, numerado quinto, se postula la adición del siguiente texto (transcrito literalmente):

"En todos los turnos el actor con el resto de controladores realizan de forma indistinta todas las funciones y labores de las que efectúan en la torre de control del aeropuerto de Barcelona, rotando todos ellos de manera aleatoria, independientemente de la antigüedad de cada controlador y incidentica responsabilidad asumiendo cada controlador las incidencias o carga de trabajo individual que corresponda al momento; entrando por turno un solo supervisor y supervisor jefe que ostenta el máximo grado de autoridad en la torre".

(doc 34 al 93 de los del actor de la demandante) (Hecho incontrovertido).

La documental invocada no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida, debiendo estarse a las aseveraciones contenidas en el fundamento jurídico primero de la sentencia de instancia con valor fáctico, al no haber sido desvirtuadas; procede desestimar la adición instada.

D) Adición de nuevo ordinal, numerado sexto.

Como nuevo ordinal, numerado sexto, se insta la adición del siguiente texto (transcrito literalmente):

"Que en muchos de los días que por turnero se establecen entre los controladores y cargos superiores todos los integrantes de dichos turnos son trabajadores que poseen menos de 6 años de antigüedad como el actor" (Doc del 34 al 93 de los del actor de la demandante) (hecho incontrovertido por al demandada)".

Nuevamente la documental invocada no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida sin necesidad de adicionales argumentaciones, lo que evidencia la improsperabilidad del motivo formulado en relación a este particular.

E) Revisión del hecho probado séptimo.

Como nuevo ordinal, numerado séptimo, se solicita la adición del tenor literal que sigue:

" Que el actor obtuvo su licencia de habilitación como controlador y desde 10 de diciembre de 2012 e ingreso en Enaire de fecha 20 de mayo de 2018 como controlador a través de contrato indefinido".

(Documentos 31 a 33 de los del actor).

Hecho incontrovertido y no impugnado (antecedente 1º de la demanda)".

Pretendiéndose la adición de un hecho incontrovertido, que de forma parcial consta en el ordinal fáctico primero de la sentencia, no ha lugar a la adición postulada.

Así resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa de la doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2025 (recurso 66/2023), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"1. La parte no puede limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que debe delimitar con exactitud en qué discrepa y para ello ha de señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado, indicando el texto que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

2. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas, puesto que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo deben situarse en la fundamentación jurídica.

3. El error en la valoración de la prueba que se imputa a la instancia se debe acreditar de forma clara, directa y patente a partir de prueba documental practicada en la instancia y obrante en autos, debiendo indicarse con precisión cuál o cuáles de los documentos que forman parte del ramo de prueba de las diferentes partes evidencian el error, no siendo suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada.

4. No se puede basar la pretensión de modificación fáctica en prueba testifical ni pericial ni de cualquier otra tipología diferente a la documental.

5. El error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados. No puede admitirse la revisión de hechos probados cuando la prueba documental invocada admita diversas valoraciones y la parte únicamente manifieste discrepancia con la decisión valorativa del órgano judicial de instancia si dicha decisión no vulnera los parámetros de lógica y razonabilidad exigibles. Tampoco puede admitirse la revisión cuando la prueba documental invocada haya sido valorada por el órgano judicial de instancia en conjunción con pruebas de otra naturaleza, de manera que la fijación de hechos probados dependa de diversos medios probatorios y no solamente de la documental que fundamenta el recurso.

6. Los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo.

7. Que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo".

Por lo expuesto, se estima parcialmente el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte actora recurrente denuncia la infracción del artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 14 de la Constitución Española y artículo 17 del mismo cuerpo legal, así como del artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de Controladores de Transito Aéreo de la entidad Publica ENAIRE, y doctrina jurisprudencial sobre el principio de la igualdad retributiva. Se argumenta que la sentencia recurrida no contiene de manera detallada y fundamentada un contenido que case perfectamente con lo que se instaba en el fondo del proceso, no aplicándose de forma estricta la doctrina que sobre vulneración de derechos fundamentales y discriminación e igualdad en materia salarial establece el TC y el propio TS, y obvia y deja de aplicar las fuentes probatorias sobre la que se debería haber sustentado la resolución, debiendo destacar que todos y cada uno de los hechos probados y que resultan de la prueba documental no han sido combatidos o negados por la recurrente, asumiéndose la existencia de licencia de habilitación del actor como CTA, así como al idéntica naturaleza de sus funciones en relación al resto de CTA, la existencia de nombramientos forzosos, así como el pago durante un largo tiempo ( un año ) del CPT al 100 % por voluntad propia que solo se abonaron nuevamente los CPT minorados por razones de fiscalidad de la AEAT, y por último que todos o casi todos los nombramientos recaen sobre CTA de menos de 6 años, sin que la experiencia que se alega, tenga nada que ver con el número de años que los CTA llevan en Enaire. Es por ello que se postula el reconocimiento de la vulneración del principio de igualdad, en su vertiente de igualdad retributiva, por la conducta empresarial consistente en abonar al demandante el sesenta por ciento (60%) del Complemento del Puesto de Trabajo (en adelante, CPT) - regulado en el art. 132 del Convenio Colectivo - durante el periodo al que se contrae la reclamación, a diferencia del resto de personas trabajadoras que ingresaron con anterioridad al convenio de 2011 les ha sido abonado el 100% del CPT del mismo aun cuando el valor del trabajo del demandante es equivalente o al menos de igual valor. En suma, se esgrime que no concurren los elementos que integran la justificación de la doble escala salarial de tal forma que el único factor diferenciador concurrente entre el demandante y los otros siete trabajadores es el de su fecha de contratación en la empresa, lo que provoca que la menor retribución abonada constituya una desigualdad no permitida por la Ley y contraria al principio de igualdad. Se postula, en consecuencia, la estimación de la demanda en el sentido de que la Sala, pronunciándose sobre el fondo del asunto, declare vulnerado el principio de igualdad y ello, como consecuencia de haber abonado la empresa al trabajador recurrente desde el 1 de Febrero de 2018 al 3 de noviembre de 2021 el Complemento de Puesto de Trabajo minorado en un 40% los 3 primeros años y un 20 % el resto hasta alcanzar los 6 años en relación a otros trabajadores que, en idéntica situación, han percibido el 100% del mismo sin que concurra justificación objetiva y razonable que ampare tal diferencia retributiva.

Opone la parte demandada, al impugnar el recurso, que el apartado cuarto del artículo 132 del Convenio Colectivo establece una escala salarial en la medida en que coexisten en ENAIRE trabajadores que desde su entrada en la entidad han venido percibiendo el 100% del CPT (los que ingresaron en AENA/ENAIRE antes de la entrada en vigor del convenio) con aquellos otros trabajadores que perciben el 60% u 80% de dicho complemento salarial de naturaleza personal en función de si llevan menos de tres años o entre cuatro y seis años respectivamente (trabajadores que ingresaron en AENA/ENAIRE tras la publicación en el BOE del convenio). Y añade que la doble escala salarial en el Convenio Colectivo atiende a razones proporcionadas, objetivas y razonables, vinculadas directamente a la adquisición de la experiencia y madurez necesarias en el desempeño de la profesión de controlador de tránsito aéreo y por esta razón no puede considerarse que vulnere los derechos fundamentales del recurrente. En consecuencia, este complemento retributivo en su apartado cuarto prevé una doble escala salarial con fundamento en la adquisición de pericia o experiencia que se adquiere con el transcurso del tiempo que supone una mayor eficacia y perfección en el ejercicio de sus funciones. Por ello, estima que este precepto se aplica por igual a todos los controladores aéreos que entraron con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio Colectivo en el año 2011, sin que exista discriminación alguna entre trabajadores de la misma fecha de incorporación, que recordemos declaró la jurisprudencia del TJUE como término "objetivo y neutro"; cuestión en todo caso no negada por la parte recurrente, citando la STJUE de 22 de diciembre de 2008 (caso Isabel Clara Centeno Mediavilla y otros). Se insta, en consecuencia, la desestimación de la infracción denunciada por no poder pretender la parte recurrente que se equipare su situación con la de otros trabajadores de la empresa que entraron a formar parte de la misma con anterioridad a la vigencia del actual Convenio Colectivo.

Centrándonos en la cuestión suscitada, la misma tiene por objeto la discriminación retributiva en que habría incurrido la empresa, como consecuencia de la aplicación del artículo 132.4 del II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en Aena, publicado en el BOE de 9 de marzo de 2011 (en adelante, el convenio colectivo), al establecer una doble escala salarial en razón de la fecha de la incorporación a la empresa que se aduce como incompatible con el artículo 14 de la Constitución.

Se trata de cuestión que ha sido objeto de pronunciamiento por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en STS/4ª de 30 de octubre de 2024 (recurso 151/2022), desestimatorio del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 2022 (conflicto colectivo 350/2021), confirmando el pronunciamiento en que se declaró:

- que el cobro minorado del Complemento del Puesto de Trabajo regulado en el artículo 132 del Convenio Colectivo de aplicación y reconozca a los CTAS afectados por el mismo el derecho a percibir el Complemento de Puesto de Trabajo sin reducción, tal y como se recoge en el artículo 132.2 del IICCP, es decir percibiendo el 60% del complemento durante el contrato en prácticas y el 100% durante la duración del contrato ordinario por tiempo indefinido, y con ello se cese la vulneración de los derechos que en tal sentido vienen sufriendo por haber sido contratados con posterioridad al 9 de marzo de 2011;

- que la aplicación de tal artículo, minorando el cobro del CPT, únicamente a los trabajadores incorporados en la empresa tras la publicación del mencionado Convenio Colectivo, genera la existencia de una, no ajustada a derecho, doble escala salarial, en la empresa, por la única circunstancia de la fecha de ingreso, siendo contrario al Derecho Fundamental de Igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española,

- reconociendo a los actores el derecho a percibir los salarios dejados de percibir por esta discriminación.

De este modo, comienza la STS/4ª de 30 de octubre de 2024 (recurso 151/2022) anteriormente aludida, cuya doctrina determinará la estimación del presente recurso, por reproducir el contenido del precepto cuestionado, artículo 132 del Convenio Colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (BOE de 9 de marzo de 2011), al disponer:

"1. Retribuye el desempeño de un puesto de trabajo concreto y se percibirá en doce mensualidades ordinarias. Es de índole funcional y se tendrá derecho a su percepción, en tanto se ocupe el puesto de trabajo correspondiente, sin perjuicio de aquellas excepciones recogidas en este Convenio.

2. Las cuantías del Complemento de Puesto de Trabajo serán las que figuran en el Anexo I del presente Convenio Colectivo.

3. Los CTA que desempeñen puestos operativos y que pierdan la operatividad, por falta de capacidad psicofísica y AENA les asigne una función no operativa determinada, percibirán el 50% del Complemento de Puesto de Trabajo, cuando desempeñen puestos de Técnicos ATC.

4. Dada la especial cualificación, alto nivel de especialización de la profesión de Controlador de Tránsito Aéreo y la importancia de la experiencia de incentivar la mayor eficacia, perfección y madurez en el desempeño pleno de sus funciones y de acuerdo con las previsiones establecidas por la normativa nacional, comunitaria e internacional vigente en cada momento, resulta preciso establecer una adecuada progresión retributiva en el tiempo, sobre este complemento.

A tal fin, se establece que los CTA, que se incorporen con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, percibirán este complemento en las condiciones siguientes:

4.1 Durante el período de contratación en prácticas, como alumno controlador, se percibirá por este concepto el 60% del importe que correspondería, una vez obtenida la primera anotación de unidad.

4.2 De producirse la incorporación a AENA con contrato indefinido, como controlador, una vez obtenida la primera habilitación, en el transcurso de los tres Primeros años, se percibirá por este concepto el 60% del importe establecido para la dependencia de destino

4.3 Durante los tres años siguientes, se percibirá por este concepto el 80% del importe establecido para la dependencia de destino

4.4 Finalizado el período anterior, a partir del séptimo año y siguientes, se percibirá el 100% del importe establecido para este concepto."

Tal como continúa concluyendo la cita sentencia, "así como los controladores contratados con anterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo perciben el 100 por cien del complemento de puesto de trabajo del artículo 132 del convenio colectivo, por el contrario, los controladores incorporados con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo solo perciben el 100 por cien de dicho complemento a partir del séptimo año, percibiendo hasta entonces entre un 60 y un 80 por ciento",siendo esta diferencia de trato la que la sentencia consideraba incompatible con el artículo 14 CE.

A tal efecto, se razona en aquélla que no resulta aplicable al supuesto que nos ocupa, entre otras, la STS/4ª de 13 de octubre de 2004 (rec. 132/2003), contrariamente a lo sostenido en el escrito de impugnación del presente recurso. De este modo se concluye que "en los casos de las SSTS 13 de octubre de 2004 (rec. 132/2003 ) y 16 de enero de 2012 (rec. 39/2011 ) no existían dos regulaciones diferentes del salario de ocupación en función de la fecha de incorporación del trabajador, sino que existía una única regulación que se aplicaba por igual a todos los trabajadores de la empresa con independencia de la fecha en que se hubieran incorporado a ella. Por el contrario, en el actual supuesto, la regulación y la cuantía del complemento de puesto es diferente según los trabajadores se hayan incorporado a la empresa con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo. Aquí sí hay una doble escala salarial en función de la fecha de incorporación del trabajador a la empresa. Solo los trabajadores contratados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del convenio colectivo no perciben el cien por cien del complemento de puesto".A ello añade que "en el actual supuesto no se establece una regulación única -no diferenciada en razón de la fecha de contratación y por tanto aplicable indiferenciadamente a toda la plantilla- del complemento de puesto y paralelamente un complemento personal transitorio para los que pueden quedar perjudicados por aquella única regulación, sino que se establece que la nueva y menos favorable regulación se aplica únicamente a los incorporados a la empresa con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo".Por ello, se confirma el pronunciamiento anteriormente aludido, que declaró la incompatibilidad del régimen descrito con el artículo 14 de la Constitución.

Tratándose la resolución confirmada por el Alto Tribunal de sentencia en materia de conflicto colectivo, procede estar a sus efectos vinculantes en la litis de que el presente recurso trae causa, en aplicación del artículo 160.5 de la norma rituaria laboral, conforme al cual "la sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria".Si bien el proceso fue suspendido en la instancia, lo fue con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida, debiendo el efecto positivo de la cosa juzgada conducir a la estimación de la infracción jurídica denunciada, declarando que, resultando contrario el artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de controladores aéreos y Navegación Aérea al artículo 14 de la Constitución, ha lugar al reconocimiento del derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, con estimación de la infracción denunciada.

CUARTO.-Con idéntico amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte actora recurrente denuncia la infracción del artículo 183.1 de aquella norma y doctrina jurisprudencial sobre la obligación de indemnizar como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales, instando la condena de la demandada a abonar al actor el importe de ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho euros (105.154,18 euros) más las cantidades que se devenguen como diferencias no abonadas en concepto del citado complemento hasta la fecha de la sentencia de esta Sala.

La parte demandada, en su escrito de impugnación, adujo la ausencia de discriminación alegada de contrario.

La solicitud de indemnización por vulneración del artículo 14 de la Constitución se encuentra en relación de conexidad con lo resuelto en el procedimiento de conflicto colectivo, tal como exige el artículo 160, apartados 5 y 6, de la norma rituaria laboral ( STS/4ª de 7 de mayo de 2025, rec. 1766/2023). Ahora bien, el objeto de reclamación no se circunscribe a las diferencias salariales como reclamación ordinaria sino a la indemnización de daños y perjuicios por la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, siendo así que la doctrina jurisprudencial ha admitido que las partes acudan como criterio objetivo, dotado de claridad y precisión, para concretar el lucro cesante a las diferencias reales acaecidas y conexas con el trato discriminatorio ( STS/4ª de 30 de mayo de 2025, rec. 5215/2022). De este modo, cabe acumular al reclamación de indemnización por lucro cesante de las diferencias salariales conectadas con la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, como criterio para concreción de su cuantía ( STS/4ª de 20 de noviembre de 2024, rec. 2562/2023).

Sentado lo anterior, en orden a fijar el lucro cesante de la vulneración estimada en esta sede, procede cuantificarlo en las diferencias salariales para fijar la indemnización que resarce los daños y perjuicios causados, existiendo conformidad entre las partes en que los importes devengados en el citado concepto desde 20 de mayo de 2018 a 31 de octubre de 2021 ascienden a ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho euros (105.154,18 euros). Es por ello que procede estimar la infracción denunciada, y fijar el referido quantum de la indemnización por daños y perjuicios el importe de las diferencias salariales dejadas de percibir por la discriminación reconocida, sin perjuicio de las que en su caso hayan podido devengarse posteriormente hasta la fecha de esta sentencia.

Por todo lo expuesto, procede estimar la última de las infracciones jurídicas denunciadas y el recurso interpuesto, revocando la resolución recurrida y acordando en su lugar, con estimación de la demanda, reconocer el derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, así como el de la indemnización anteriormente fijada, condenando a la demandada a su abono.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas devengadas en el recurso.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Por la parte actora se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, desestimando la demanda en materia de tutela de derechos fundamentales, absolvió a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra. El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso interpuesto la pretensión deducida en la demanda, atinente a la declaración de que el artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de controladores aéreos y Navegación Aérea conculca los artículos 14 y 17 en relación al contenido del articulo 28 del ET, respecto a la igualdad salarial de la parte actora, instando el reconocimiento del derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, declarándose discriminatorio dicho precepto y ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, condenándola a abonar al actor el importe de ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho céntimos (105.154,18 euros) más las cantidades que se devenguen como diferencias no abonadas en concepto del citado complemento hasta la fecha de la sentencia de esta Sala, en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte actora recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) Revisión del hecho probado segundo.

Se postula en el recurso que su redactado sea sustituido por el siguiente tenor literal:

"Resulta discutido si el actor ha de percibir el 60 % o el 100 % del complemento de puesto de trabajo el articulo 132, 4 del II Convenio Colectivo de ENAIRE. Las partes consideran pacifico que, para el caso eventual estimación total de la demanda , las diferencias salariales generadas desde 20/05/2018 hasta 31/10/2021 ascienden a 105.154,18.-€ siendo dicha cantidad de naturaleza indemnizatoria según previene el articulo 183 de la LRJS.

El actor mantuvo categoría y funciones de controlador desde 20/05/2018 hasta 1 de Septiembre de 2019, fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTOR (Documento 24 del demandante ) ello con duración el cargo hasta el 31 de Mayo de 2020, percibiendo el Complemento de Puesto de trabajo al 100 % según disposición Cuarta del nombramiento (doc 24 del actor no impugnado ni controvertido).

En fecha 30 de Junio de 2020 el actor fue cesado de su cargo de Supervisor (doc 25 del actor no impugnado ni controvertido),para ser nuevamente nombrado de manera forzosa en fecha 9 de Julio de 2020 SUPERVISOR ( documentos 26 del actor no impugnado ni controvertido), ello con una vigencia de ocho meses reduciéndosele el el Complemento de puesto de trabajo al al 60 % (documento 26 del actor clausula 4a del demandante).

Que el actor en fecha 21 de Diciembre de 2020 fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTUR SUPERVISOR, con una vigencia hasta 20 de Junio de 2021, percibiendo el 60 % del CPT

Que en los días 11 y 11 de Julio de 2020 se le nombró Supervisor Jefe para esos día , (documento 28 y 29 del demandante no impugnados ni controvertidos).

Durante el tiempo que el actor ha estado ocupando los referidos puestos de trabajo de mayor responsabilidad que un controlador aéreo ha venido percibiendo el 100 % del CPT durante el espacio de tiempo que va desde 1 de Septiembre de 2019 hasta el 9 de Julio de 2020, minorándole el CPT al 60 % desde esa fecha de 9 de julio de 2020, por expresa indicación y orden del Ministerio de Hacienda (reconocido en contestación a la demanda por la demandada), perdurando esa minoración del CPT hasta la fecha que mantiene el cargo de supervisor Jefe.

(Documentos 1 al 23 del demandante (hojas de salario) y documentos 24 al 30 de la demandante "Nombramientos de cargos forzosos")

(Hecho incontrovertido)".

La revisión del primer párrafo del ordinal fáctico segundo, que en su original redactado contiene no un factum propiamente dicho sino una referencia a los antecedentes procesales, contiene una expresión predeterminante del fallo (naturaleza de la indemnización postulada), lo que determina su fracaso conforme a reiterada doctrina jurisprudencial en la materia (por todas, STS/4ª de 27 de febrero de 2018 -recurso 2108/2015, entre otras).

Por lo que respecta al resto de párrafos cuya adición es postulada, invocándose el carácter no controvertido del citado redactado, así como los documentos 24 a 30 aportados por la recurrente, y desprendiéndose de éstos así como del ordinal fáctico tercero que expresamente alude a las designaciones forzosas en los períodos que constan en la demanda, ha lugar a la revisión interesada si bien corrigiendo el error material del penúltimo párrafo, al ser los días en que fue nombrado supervisor jefe los de 11 y 13 de julio de 2020 conforme resulta de los documentos invocados; y sin que haya lugar a la adición del último párrafo al obrar el contenido referido en el resto de redactado adicionado.

Quedará, con ello, el nuevo redactado del hecho probado segundo con el siguiente tenor literal:

" (...) 105.154,18 €.

El actor mantuvo categoría y funciones de controlador desde 20/05/2018 hasta 1 de Septiembre de 2019, fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTOR (Documento 24 del demandante ) ello con duración el cargo hasta el 31 de Mayo de 2020, percibiendo el Complemento de Puesto de trabajo al 100 % según disposición Cuarta del nombramiento (doc 24 del actor no impugnado ni controvertido).

En fecha 30 de Junio de 2020 el actor fue cesado de su cargo de Supervisor (doc 25 del actor no impugnado ni controvertido),para ser nuevamente nombrado de manera forzosa en fecha 9 de Julio de 2020 SUPERVISOR ( documentos 26 del actor no impugnado ni controvertido), ello con una vigencia de ocho meses reduciéndosele el el Complemento de puesto de trabajo al al 60 % (documento 26 del actor clausula 4a del demandante).

Que el actor en fecha 21 de Diciembre de 2020 fue nombrado de manera forzosa INSTRUCTUR SUPERVISOR, con una vigencia hasta 20 de Junio de 2021, percibiendo el 60 % del CPT

Que en los días 11 y 13 de Julio de 2020 se le nombró Supervisor Jefe para esos día , (documento 28 y 29 del demandante no impugnados ni controvertidos).

(Documentos 1 al 23 del demandante (hojas de salario) y documentos 24 al 30 de la demandante "Nombramientos de cargos forzosos")

(Hecho incontrovertido)".

B) Revisión del hecho probado cuarto.

En el recurso se propone la siguiente redacción alternativa:

"Todo el personal de Enaire sin distinción de antigüedad desarrolla sus funciones en el cargo que se les asigna de forma indistinta, con plena eficacia y seguridad, sin distinción del numero de años que lleve integrada en la plantilla y sin precisar ayuda de otros compañeros para la toma de decisiones cotidianas, integrándose el 100 % del turno que integra un turno por controladores o trabajadores de menos de 6 años de antigüedad como el actor".

Invocándose el carácter incontrovertido del tenor literal propuesto, procede estar a la ponderación del acervo probatorio efectuado por la sentencia de instancia, en aplicación del artículo 97.2 de la norma rituaria laboral, por cuanto el original redactado se ha basado en la prueba testifical practicada, sin que haya sido aducido error en su valoración.

C) Adición de nuevo ordinal, numerado quinto.

Como nuevo ordinal, numerado quinto, se postula la adición del siguiente texto (transcrito literalmente):

"En todos los turnos el actor con el resto de controladores realizan de forma indistinta todas las funciones y labores de las que efectúan en la torre de control del aeropuerto de Barcelona, rotando todos ellos de manera aleatoria, independientemente de la antigüedad de cada controlador y incidentica responsabilidad asumiendo cada controlador las incidencias o carga de trabajo individual que corresponda al momento; entrando por turno un solo supervisor y supervisor jefe que ostenta el máximo grado de autoridad en la torre".

(doc 34 al 93 de los del actor de la demandante) (Hecho incontrovertido).

La documental invocada no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida, debiendo estarse a las aseveraciones contenidas en el fundamento jurídico primero de la sentencia de instancia con valor fáctico, al no haber sido desvirtuadas; procede desestimar la adición instada.

D) Adición de nuevo ordinal, numerado sexto.

Como nuevo ordinal, numerado sexto, se insta la adición del siguiente texto (transcrito literalmente):

"Que en muchos de los días que por turnero se establecen entre los controladores y cargos superiores todos los integrantes de dichos turnos son trabajadores que poseen menos de 6 años de antigüedad como el actor" (Doc del 34 al 93 de los del actor de la demandante) (hecho incontrovertido por al demandada)".

Nuevamente la documental invocada no ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida sin necesidad de adicionales argumentaciones, lo que evidencia la improsperabilidad del motivo formulado en relación a este particular.

E) Revisión del hecho probado séptimo.

Como nuevo ordinal, numerado séptimo, se solicita la adición del tenor literal que sigue:

" Que el actor obtuvo su licencia de habilitación como controlador y desde 10 de diciembre de 2012 e ingreso en Enaire de fecha 20 de mayo de 2018 como controlador a través de contrato indefinido".

(Documentos 31 a 33 de los del actor).

Hecho incontrovertido y no impugnado (antecedente 1º de la demanda)".

Pretendiéndose la adición de un hecho incontrovertido, que de forma parcial consta en el ordinal fáctico primero de la sentencia, no ha lugar a la adición postulada.

Así resulta de la aplicación al supuesto que nos ocupa de la doctrina jurisprudencial en materia de revisión de hechos probados, contenida, entre otras, en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2025 (recurso 66/2023), considerando como requisitos al efecto los siguientes:

"1. La parte no puede limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que debe delimitar con exactitud en qué discrepa y para ello ha de señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado, indicando el texto que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

2. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas, puesto que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo deben situarse en la fundamentación jurídica.

3. El error en la valoración de la prueba que se imputa a la instancia se debe acreditar de forma clara, directa y patente a partir de prueba documental practicada en la instancia y obrante en autos, debiendo indicarse con precisión cuál o cuáles de los documentos que forman parte del ramo de prueba de las diferentes partes evidencian el error, no siendo suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada.

4. No se puede basar la pretensión de modificación fáctica en prueba testifical ni pericial ni de cualquier otra tipología diferente a la documental.

5. El error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados. No puede admitirse la revisión de hechos probados cuando la prueba documental invocada admita diversas valoraciones y la parte únicamente manifieste discrepancia con la decisión valorativa del órgano judicial de instancia si dicha decisión no vulnera los parámetros de lógica y razonabilidad exigibles. Tampoco puede admitirse la revisión cuando la prueba documental invocada haya sido valorada por el órgano judicial de instancia en conjunción con pruebas de otra naturaleza, de manera que la fijación de hechos probados dependa de diversos medios probatorios y no solamente de la documental que fundamenta el recurso.

6. Los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo.

7. Que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo".

Por lo expuesto, se estima parcialmente el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.-Como segundo motivo, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte actora recurrente denuncia la infracción del artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 14 de la Constitución Española y artículo 17 del mismo cuerpo legal, así como del artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de Controladores de Transito Aéreo de la entidad Publica ENAIRE, y doctrina jurisprudencial sobre el principio de la igualdad retributiva. Se argumenta que la sentencia recurrida no contiene de manera detallada y fundamentada un contenido que case perfectamente con lo que se instaba en el fondo del proceso, no aplicándose de forma estricta la doctrina que sobre vulneración de derechos fundamentales y discriminación e igualdad en materia salarial establece el TC y el propio TS, y obvia y deja de aplicar las fuentes probatorias sobre la que se debería haber sustentado la resolución, debiendo destacar que todos y cada uno de los hechos probados y que resultan de la prueba documental no han sido combatidos o negados por la recurrente, asumiéndose la existencia de licencia de habilitación del actor como CTA, así como al idéntica naturaleza de sus funciones en relación al resto de CTA, la existencia de nombramientos forzosos, así como el pago durante un largo tiempo ( un año ) del CPT al 100 % por voluntad propia que solo se abonaron nuevamente los CPT minorados por razones de fiscalidad de la AEAT, y por último que todos o casi todos los nombramientos recaen sobre CTA de menos de 6 años, sin que la experiencia que se alega, tenga nada que ver con el número de años que los CTA llevan en Enaire. Es por ello que se postula el reconocimiento de la vulneración del principio de igualdad, en su vertiente de igualdad retributiva, por la conducta empresarial consistente en abonar al demandante el sesenta por ciento (60%) del Complemento del Puesto de Trabajo (en adelante, CPT) - regulado en el art. 132 del Convenio Colectivo - durante el periodo al que se contrae la reclamación, a diferencia del resto de personas trabajadoras que ingresaron con anterioridad al convenio de 2011 les ha sido abonado el 100% del CPT del mismo aun cuando el valor del trabajo del demandante es equivalente o al menos de igual valor. En suma, se esgrime que no concurren los elementos que integran la justificación de la doble escala salarial de tal forma que el único factor diferenciador concurrente entre el demandante y los otros siete trabajadores es el de su fecha de contratación en la empresa, lo que provoca que la menor retribución abonada constituya una desigualdad no permitida por la Ley y contraria al principio de igualdad. Se postula, en consecuencia, la estimación de la demanda en el sentido de que la Sala, pronunciándose sobre el fondo del asunto, declare vulnerado el principio de igualdad y ello, como consecuencia de haber abonado la empresa al trabajador recurrente desde el 1 de Febrero de 2018 al 3 de noviembre de 2021 el Complemento de Puesto de Trabajo minorado en un 40% los 3 primeros años y un 20 % el resto hasta alcanzar los 6 años en relación a otros trabajadores que, en idéntica situación, han percibido el 100% del mismo sin que concurra justificación objetiva y razonable que ampare tal diferencia retributiva.

Opone la parte demandada, al impugnar el recurso, que el apartado cuarto del artículo 132 del Convenio Colectivo establece una escala salarial en la medida en que coexisten en ENAIRE trabajadores que desde su entrada en la entidad han venido percibiendo el 100% del CPT (los que ingresaron en AENA/ENAIRE antes de la entrada en vigor del convenio) con aquellos otros trabajadores que perciben el 60% u 80% de dicho complemento salarial de naturaleza personal en función de si llevan menos de tres años o entre cuatro y seis años respectivamente (trabajadores que ingresaron en AENA/ENAIRE tras la publicación en el BOE del convenio). Y añade que la doble escala salarial en el Convenio Colectivo atiende a razones proporcionadas, objetivas y razonables, vinculadas directamente a la adquisición de la experiencia y madurez necesarias en el desempeño de la profesión de controlador de tránsito aéreo y por esta razón no puede considerarse que vulnere los derechos fundamentales del recurrente. En consecuencia, este complemento retributivo en su apartado cuarto prevé una doble escala salarial con fundamento en la adquisición de pericia o experiencia que se adquiere con el transcurso del tiempo que supone una mayor eficacia y perfección en el ejercicio de sus funciones. Por ello, estima que este precepto se aplica por igual a todos los controladores aéreos que entraron con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio Colectivo en el año 2011, sin que exista discriminación alguna entre trabajadores de la misma fecha de incorporación, que recordemos declaró la jurisprudencia del TJUE como término "objetivo y neutro"; cuestión en todo caso no negada por la parte recurrente, citando la STJUE de 22 de diciembre de 2008 (caso Isabel Clara Centeno Mediavilla y otros). Se insta, en consecuencia, la desestimación de la infracción denunciada por no poder pretender la parte recurrente que se equipare su situación con la de otros trabajadores de la empresa que entraron a formar parte de la misma con anterioridad a la vigencia del actual Convenio Colectivo.

Centrándonos en la cuestión suscitada, la misma tiene por objeto la discriminación retributiva en que habría incurrido la empresa, como consecuencia de la aplicación del artículo 132.4 del II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en Aena, publicado en el BOE de 9 de marzo de 2011 (en adelante, el convenio colectivo), al establecer una doble escala salarial en razón de la fecha de la incorporación a la empresa que se aduce como incompatible con el artículo 14 de la Constitución.

Se trata de cuestión que ha sido objeto de pronunciamiento por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en STS/4ª de 30 de octubre de 2024 (recurso 151/2022), desestimatorio del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 2022 (conflicto colectivo 350/2021), confirmando el pronunciamiento en que se declaró:

- que el cobro minorado del Complemento del Puesto de Trabajo regulado en el artículo 132 del Convenio Colectivo de aplicación y reconozca a los CTAS afectados por el mismo el derecho a percibir el Complemento de Puesto de Trabajo sin reducción, tal y como se recoge en el artículo 132.2 del IICCP, es decir percibiendo el 60% del complemento durante el contrato en prácticas y el 100% durante la duración del contrato ordinario por tiempo indefinido, y con ello se cese la vulneración de los derechos que en tal sentido vienen sufriendo por haber sido contratados con posterioridad al 9 de marzo de 2011;

- que la aplicación de tal artículo, minorando el cobro del CPT, únicamente a los trabajadores incorporados en la empresa tras la publicación del mencionado Convenio Colectivo, genera la existencia de una, no ajustada a derecho, doble escala salarial, en la empresa, por la única circunstancia de la fecha de ingreso, siendo contrario al Derecho Fundamental de Igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española,

- reconociendo a los actores el derecho a percibir los salarios dejados de percibir por esta discriminación.

De este modo, comienza la STS/4ª de 30 de octubre de 2024 (recurso 151/2022) anteriormente aludida, cuya doctrina determinará la estimación del presente recurso, por reproducir el contenido del precepto cuestionado, artículo 132 del Convenio Colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (BOE de 9 de marzo de 2011), al disponer:

"1. Retribuye el desempeño de un puesto de trabajo concreto y se percibirá en doce mensualidades ordinarias. Es de índole funcional y se tendrá derecho a su percepción, en tanto se ocupe el puesto de trabajo correspondiente, sin perjuicio de aquellas excepciones recogidas en este Convenio.

2. Las cuantías del Complemento de Puesto de Trabajo serán las que figuran en el Anexo I del presente Convenio Colectivo.

3. Los CTA que desempeñen puestos operativos y que pierdan la operatividad, por falta de capacidad psicofísica y AENA les asigne una función no operativa determinada, percibirán el 50% del Complemento de Puesto de Trabajo, cuando desempeñen puestos de Técnicos ATC.

4. Dada la especial cualificación, alto nivel de especialización de la profesión de Controlador de Tránsito Aéreo y la importancia de la experiencia de incentivar la mayor eficacia, perfección y madurez en el desempeño pleno de sus funciones y de acuerdo con las previsiones establecidas por la normativa nacional, comunitaria e internacional vigente en cada momento, resulta preciso establecer una adecuada progresión retributiva en el tiempo, sobre este complemento.

A tal fin, se establece que los CTA, que se incorporen con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, percibirán este complemento en las condiciones siguientes:

4.1 Durante el período de contratación en prácticas, como alumno controlador, se percibirá por este concepto el 60% del importe que correspondería, una vez obtenida la primera anotación de unidad.

4.2 De producirse la incorporación a AENA con contrato indefinido, como controlador, una vez obtenida la primera habilitación, en el transcurso de los tres Primeros años, se percibirá por este concepto el 60% del importe establecido para la dependencia de destino

4.3 Durante los tres años siguientes, se percibirá por este concepto el 80% del importe establecido para la dependencia de destino

4.4 Finalizado el período anterior, a partir del séptimo año y siguientes, se percibirá el 100% del importe establecido para este concepto."

Tal como continúa concluyendo la cita sentencia, "así como los controladores contratados con anterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo perciben el 100 por cien del complemento de puesto de trabajo del artículo 132 del convenio colectivo, por el contrario, los controladores incorporados con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo solo perciben el 100 por cien de dicho complemento a partir del séptimo año, percibiendo hasta entonces entre un 60 y un 80 por ciento",siendo esta diferencia de trato la que la sentencia consideraba incompatible con el artículo 14 CE.

A tal efecto, se razona en aquélla que no resulta aplicable al supuesto que nos ocupa, entre otras, la STS/4ª de 13 de octubre de 2004 (rec. 132/2003), contrariamente a lo sostenido en el escrito de impugnación del presente recurso. De este modo se concluye que "en los casos de las SSTS 13 de octubre de 2004 (rec. 132/2003 ) y 16 de enero de 2012 (rec. 39/2011 ) no existían dos regulaciones diferentes del salario de ocupación en función de la fecha de incorporación del trabajador, sino que existía una única regulación que se aplicaba por igual a todos los trabajadores de la empresa con independencia de la fecha en que se hubieran incorporado a ella. Por el contrario, en el actual supuesto, la regulación y la cuantía del complemento de puesto es diferente según los trabajadores se hayan incorporado a la empresa con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo. Aquí sí hay una doble escala salarial en función de la fecha de incorporación del trabajador a la empresa. Solo los trabajadores contratados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del convenio colectivo no perciben el cien por cien del complemento de puesto".A ello añade que "en el actual supuesto no se establece una regulación única -no diferenciada en razón de la fecha de contratación y por tanto aplicable indiferenciadamente a toda la plantilla- del complemento de puesto y paralelamente un complemento personal transitorio para los que pueden quedar perjudicados por aquella única regulación, sino que se establece que la nueva y menos favorable regulación se aplica únicamente a los incorporados a la empresa con posterioridad a la entrada en vigor del convenio colectivo".Por ello, se confirma el pronunciamiento anteriormente aludido, que declaró la incompatibilidad del régimen descrito con el artículo 14 de la Constitución.

Tratándose la resolución confirmada por el Alto Tribunal de sentencia en materia de conflicto colectivo, procede estar a sus efectos vinculantes en la litis de que el presente recurso trae causa, en aplicación del artículo 160.5 de la norma rituaria laboral, conforme al cual "la sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria".Si bien el proceso fue suspendido en la instancia, lo fue con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida, debiendo el efecto positivo de la cosa juzgada conducir a la estimación de la infracción jurídica denunciada, declarando que, resultando contrario el artículo 132 del II Convenio Colectivo profesional de controladores aéreos y Navegación Aérea al artículo 14 de la Constitución, ha lugar al reconocimiento del derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, con estimación de la infracción denunciada.

CUARTO.-Con idéntico amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte actora recurrente denuncia la infracción del artículo 183.1 de aquella norma y doctrina jurisprudencial sobre la obligación de indemnizar como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales, instando la condena de la demandada a abonar al actor el importe de ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho euros (105.154,18 euros) más las cantidades que se devenguen como diferencias no abonadas en concepto del citado complemento hasta la fecha de la sentencia de esta Sala.

La parte demandada, en su escrito de impugnación, adujo la ausencia de discriminación alegada de contrario.

La solicitud de indemnización por vulneración del artículo 14 de la Constitución se encuentra en relación de conexidad con lo resuelto en el procedimiento de conflicto colectivo, tal como exige el artículo 160, apartados 5 y 6, de la norma rituaria laboral ( STS/4ª de 7 de mayo de 2025, rec. 1766/2023). Ahora bien, el objeto de reclamación no se circunscribe a las diferencias salariales como reclamación ordinaria sino a la indemnización de daños y perjuicios por la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, siendo así que la doctrina jurisprudencial ha admitido que las partes acudan como criterio objetivo, dotado de claridad y precisión, para concretar el lucro cesante a las diferencias reales acaecidas y conexas con el trato discriminatorio ( STS/4ª de 30 de mayo de 2025, rec. 5215/2022). De este modo, cabe acumular al reclamación de indemnización por lucro cesante de las diferencias salariales conectadas con la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, como criterio para concreción de su cuantía ( STS/4ª de 20 de noviembre de 2024, rec. 2562/2023).

Sentado lo anterior, en orden a fijar el lucro cesante de la vulneración estimada en esta sede, procede cuantificarlo en las diferencias salariales para fijar la indemnización que resarce los daños y perjuicios causados, existiendo conformidad entre las partes en que los importes devengados en el citado concepto desde 20 de mayo de 2018 a 31 de octubre de 2021 ascienden a ciento cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros con dieciocho euros (105.154,18 euros). Es por ello que procede estimar la infracción denunciada, y fijar el referido quantum de la indemnización por daños y perjuicios el importe de las diferencias salariales dejadas de percibir por la discriminación reconocida, sin perjuicio de las que en su caso hayan podido devengarse posteriormente hasta la fecha de esta sentencia.

Por todo lo expuesto, procede estimar la última de las infracciones jurídicas denunciadas y el recurso interpuesto, revocando la resolución recurrida y acordando en su lugar, con estimación de la demanda, reconocer el derecho de la parte actora a percibir el cien por cien (100 %) del complemento de puesto de trabajo según las tablas salariales vigentes en cada momento, ordenando el cese de la demandada en dicha vulneración, así como el de la indemnización anteriormente fijada, condenando a la demandada a su abono.

QUINTO.-En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas devengadas en el recurso.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,