Sentencia Social 2337/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 3009/2021 de 04 de septiembre del 2024

PRIMERO: Según los incombatidos hechos probados de la sentencia de instancia, la actora venía prestando sus servicios para el Ayuntamiento demandado como coordinadora programa, a tiempo parcial. En septiembre de 2019 el demandado decide, por necesidades del servicio, asignarle la ocupación de coordinadora Ribete, a jornada completa y equiparación salarial a la ocupación ADJ, percibiendo desde octubre de 2016 un salario de 1.467,67 €. Desde febrero de 2020 en su nómina se refleja la categoría de agente dinamización, a tiempo completo, con una suma de 1.012,12 €. Ante tales hechos, la sentencia resuelve la pretensión ejercitada en la demanda de ser reconocida a la actora la categoría profesional de coordinadora y el abono de las diferencias económicas correspondientes al período de febrero a agosto de 2020, por importe de 650,05 € mensuales. Considera el magistrado de instancia que no concurre la falta de reclamación previa, al no ser ya preceptiva, ni la prescripción-caducidad de la acción, que no es de modificación sustancial de las condiciones de trabajo sino que ha sido ejercitada como de clasificación profesional (reconocimiento de la categoría profesional que la actora entiende le corresponde) y cantidad. Respecto al fondo, desestima la pretensión de clasificación profesional porque la actora ha realizado las funciones correspondientes a la categoría que tiene asignada y, en cuanto a las diferencias salariales, estima la pretensión porque el demandado redujo sin justificación la retribución correspondiente a las funciones de la categoría de coordinadora programa asignadas a la actora con jornada completa.

Contra dicha sentencia se alza el demandado en suplicación, con el objeto de que se estime la caducidad de la acción ejercitada o subsidiariamente se desestime por no aportación de la resolución que agota la vía administrativa.

SEGUNDO: Sin la adecuada cita del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ni de sus apartados, en los cuales se amparen los motivos (que el recurrente denomina incorrectamente "alegaciones") del recurso, formula el recurrente dos motivos de oposición a la sentencia recurrida, en los que respectivamente alega caducidad de la acción y defecto procesal en la demanda por incumplimiento del artículo 69.2 de la ley antes citada. En la medida en que este segundo motivo, de ser estimado, impediría el dictado de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, con la correspondiente declaración de nulidad de actuaciones, debe ser examinado con carácter preferente.

Sostiene el recurrente que lo que en realidad alegó en el acto del juicio no fue la falta de presentación de reclamación previa sino la de defecto procesal en la demanda por el no acompañamiento a la misma de la resolución que agota la vía administrativa, el decreto de Alcaldía de 23 de agosto de 2019, como exige el citado artículo 69, documento que la actora tenía en su poder y cuya no aportación con la demanda supone la inadmisibilidad de la acción ejercitada.

De modo que el requisito infringido según el recurrente es el expresado en el citado artículo 69.2, en cuanto el mismo determina que "A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada".

No apreciamos el incumplimiento que se alega pues, en primer lugar, no consta que en la demanda se recurra el decreto de Alcaldía de 23 de agosto de 2019, en el que según el recurrente se amplía la jornada de la actora con ocupación de coordinadora Ribete a jornada completa por necesidades del servicio, decreto del que no se da noticia en la sentencia (ni en la demanda).

Según los incombatidos hechos probados de la sentencia el contenido de esta resolución corresponde al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de septiembre de 2019. No obstante, aun si entendiésemos que el decreto al que se refiere el recurrente, no acompañado a la demanda, fuese éste Acuerdo de 2 de septiembre de 2019, el resultado sería el mismo, pues el acto administrativo impugnado no es el contenido de dicho Acuerdo, al que tampoco se refiere la demanda, sino la reducción salarial que según la actora practicó unilateralmente el demandado en la nómina de febrero de 2020, documento que sí se acompaña a la demanda.

En cualquier caso, el incumplimiento del acompañamiento a la demanda de la resolución que agote la vía administrativa no puede en este caso determinar la inadmisión de la demanda pues no todo supuesto de haberse prescindido de normas, en su caso, esenciales del procedimiento, es susceptible de generar una declaración de nulidad de actuaciones sino que para ello es preciso que se haya causado una efectiva indefensión a la parte, como pone de manifiesto el artículo 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como expresa la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1990 (RJ 1990, 3452): "...es constante doctrina de la Sala la que afirma que la nulidad de las resoluciones judiciales es una medida excepcional que, por sus negativas consecuencias sobre el proceso, ha de limitarse a los supuestos legalmente tipificados en el art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los vicios formales especialmente cualificados que menciona el núm. 1 del art. 240 de dicha Ley respecto de los que no pueda operar la subsanación prevista en el núm. 2 de este último artículo, sin que en ningún caso irregularidades formales carentes de auténtica proyección invalidante, al no impedir que el acto alcance su fin ni generar indefensión puedan justificar la adopción de tal medida con infracción del principio de economía procesal". De igual modo, el Tribunal Constitucional ha sentado que "para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de la nulidad de actuaciones es preciso que, como señala el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible" ( Auto del Tribunal Constitucional de 15 enero 1996, 3/1996); y por lo tanto "que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa" ( STC 105/1995, entre otras). No basta con alegar la existencia de indefensión, apreciando en abstracto la posibilidad de la misma, sino que ha de fundamentarse en el recurso su efectiva apreciación en el caso concreto.

Indefensión que no se aprecia en este caso pues el demandado recurrente es pleno conocedor de la resolución que considera ha agotado la vía administrativa, en la medida que fue dictada por él mismo, luego no puede sostener que la desconocía y que por tanto era necesaria su aportación con la demanda, adquiriendo tal requisito en este caso la dimensión de una mera formalidad, cuyo incumplimiento no puede generar por sí mismo una nulidad de actuaciones.

Y así mismo tampoco pudo ser determinante de la inadmisión de la demanda en la instancia pues el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente en aplicación del principio «pro actione» que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del proceso no debe rechazar «a limine» el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales ( sentencia del Tribunal Constitucional núm. 118/1993), pues desde la perspectiva constitucional lo relevante no es la forma o técnica sino el contenido, y que cuando el escrito sea suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión y de la argumentación que la sustenta, la demanda no puede ser desestimada, pues se vulneraría el mandato del artículo 24.1 de la Constitución Española ( sentencias del Tribunal Constitucional núm. 55/1993 y 37/1995), lo que ocurre así en el presente caso.

TERCERO: Alega el recurrente que recurre parcialmente la sentencia en lo relativo a la desestimación de la caducidad planteada por dicha parte, al haberse infringido los artículos del Código Civil que regulan la interpretación de los contratos, en particular el artículo 1281 segundo párrafo que dispone que si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquella. Así, sostiene que la modificación de la retribución impugnada dimana de una modificación sustancial de las condiciones de la contratación que resulta al producirse la novación empresarial con modificación del horario en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de septiembre de 2019 referida en el hecho probado primero. Entiende que lo acontecido es una movilidad funcional porque el referido Decreto de Alcaldía es un acuerdo que engloba el cambio de jornada, conceptos retributivos y adaptación del puesto de trabajo y categoría. Y concluye que, desestimada la acción de clasificación profesional, no procede al reconocimiento de diferencias salariales por la vía del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, como hace la sentencia, porque se ha incumplido el plazo de impugnación de 20 días hábiles. Se refiere asimismo a lo acordado en Junta de Gobierno Local de 23 de agosto de 2019, que al no constar en los hechos probados no puede ser tenido en cuenta en recurso extraordinario como el presente. Afirma que la sentencia ha considerado correcta la disminución de categoría salarial, habiéndose notificado a la actora el cambio de categoría y de sus retribuciones, lo que constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que la actora no impugnó hasta noviembre de 2020 (fecha de la demanda). Termina pidiendo que como hecho probado se declare que el 4 (sic) de septiembre de 2019 fue notificado a la actora Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de ampliación de jornada laboral de la actora con ocupación Coordinadora Ribete a jornada completa por necesidades del servicio, lo que sin embargo ya consta en el hecho probado segundo, si bien con la fecha de 2 de septiembre.

I.-La argumentación del motivo de recurso resulta farragosa e incongruente. La norma sustantiva que se alega como infringida no guarda relación alguna con dicha argumentación, lo que ya basta para la desestimación del motivo de recurso. En efecto, no cabe referir las normas de interpretación de los contratos a lo que no es sino una decisión empresarial unilateral, ya se trate de un Decreto de Alcaldía o de un Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en el que no se plasma ningún acuerdo entre las partes, trabajadora y empleadora, sino un acto empresarial, que emana de la potestad empresarial de organizar y dirigir el trabajo.

Además, no explica adecuadamente la recurrente el contenido del referido Decreto de Alcaldía o Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que unas veces sitúa en el 23 de agosto y otras en el 2 (o en el 4) de septiembre, haciendo referencia a una movilidad funcional, que califica de modificación sustancial de condiciones de trabajo, porque lleva a cabo una modificación de horario, jornada y adaptación del puesto y categoría, cuyo contenido no explica. Y más adelante concreta que ha tenido lugar una modificación de la categoría avalada por la sentencia. Nada de esto podemos apreciar en el caso de autos pues la sentencia desde luego no declara que haya tenido lugar modificación de la categoría alguna sino todo lo contrario, pues desestima la pretensión de clasificación profesional porque la actora en todo momento ha realizado acciones correspondientes a su categoría reconocida de coordinadora programa, realizando las correspondientes a un programa determinado, llamado Ribete, desde que así se decidió por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de septiembre de 2019, negando por tanto la existencia de movilidad funcional, pronunciamiento que no recurre el demandado.

De modo que en rigor, conforme a lo resuelto en la sentencia y no discutido en el recurso, la única modificación significativa, sustancial, que resulta del referido Acuerdo es la modificación de la jornada, que pasa de ser parcial a completa, a lo que no se opone desde luego la actora ni ha sido posteriormente alterada en la nómina de febrero de 2020, por lo que es esta una materia que queda fuera del objeto del litigio.

Pero precisamente porque el demandado ha modificado la jornada de la actora, considerándola completa, manteniendo su categoría de coordinadora programa, resulta una actuación de la demandada contraria al principio retributivo que rige en Derecho Laboral y conforme al cual a cada trabajador corresponde la retribución asignada a la categoría que desempeñe y a la jornada que realice. Así, si la retribución que se le fijó a partir de octubre de 2019, en virtud de la asignación de funciones propias de dicha categoría de coordinadora programa y jornada completa en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de septiembre de 2019, es reducida en febrero de 2020, sin explicación alguna, es obvio que la solución jurídicamente correcta es retornar a la actora a la retribución establecida desde octubre de 2019. Este es el fundamento del fallo decisorio de la sentencia recurrida, que no es adecuadamente combatido en el recurso, que se centra exclusivamente en la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, sin precisar adecuadamente el alcance y significación de la misma, salvo que supuso la disminución del salario, lo que entiende el recurrente conduce a la extemporaneidad de la demanda. No obstante, fue esta una de las cuestiones planteadas en el acto del juicio por la demandada y desestimada por la sentencia, por lo que debemos referirnos a ella.

Cierto es que en el citado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de septiembre de 2019 se establece la ocupación de Coordinadora Ribete, a jornada completa, "con equiparación salarial a la ocupación ADJ", pero ni la sentencia ni el recurso se refieren a esta expresión, cuya significación y efectos jurídicos no se precisan por la sentencia ni por el recurrente. Desde luego no se hace depender de ello la reducción salarial operada en febrero de 2020, por lo que no podemos tomarlo en consideración en el presente recurso, cuyo carácter extraordinario impide que pueda ser construido de oficio por esta Sala, pues como ya expresó el Tribunal Constitucional, por todas las sentencias 294/93 y 93/97, "el recurso de suplicación es un recurso de naturaleza extraordinaria en el que el Tribunal no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes".

II.-En definitiva, el acto empresarial impugnado no es una pretendida modificación sustancial de las condiciones de trabajo adoptada el 2 de septiembre de 2019 sino la reducción salarial operada en la nómina de febrero de 2020. Este acto unilateral de reducción salarial podría ser calificado como de modificación sustancial de condiciones de trabajo en la medida que supone una modificación que afecta al sistema de remuneración y cuantía salarial, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 d) del Estatuto de los Trabajadores, sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que para adoptar la medida no se haya seguido el procedimiento establecido en dicho artículo 41, según previene el artículo 138.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y establece este último precepto que en tal caso la demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los 20 días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación.

Esta última exigencia ha sido interpretada en el sentido de que el día inicial para el cómputo del plazo se corresponde con el día siguiente a la fecha de la notificación por escrito de la decisión empresarial a los trabajadores o a sus representantes, y no con el de la efectividad de la medida o fecha de efectos. De este modo, aunque la actora pudiese conocer la intención empresarial de reducirle el salario, puesta de relieve al recibir la nómina de febrero de 2020, lo cierto es que no hubo un acto expreso de notificación de la decisión empresarial, lo que impide la puesta en marcha del plazo para interponer la demanda y excluye la caducidad de la acción.

En efecto, a esta cuestión se refiere la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, recurso 26/2016, expresando que el mismo artículo 59.4 ET establece un único día inicial para el cómputo del plazo de caducidad (la fecha de notificación de la decisión empresarial). Surge la duda de qué sucede cuando no concurre ese presupuesto, pudiendo pensarse que o bien no se inicia el cómputo, o bien comienza en el momento en que se sabe con certeza el alcance de la MSCT. El artículo 138.1 LRJS reitera la regla sobre caducidad del plazo para impugnar la MSCT, se haya seguido o no el procedimiento del art. 41 ET y precisa que el mismo no comenzará a computarse hasta que tenga lugar la notificación empresarial.

Expresa dicha sentencia que no puede entenderse caducada la acción sin constar la existencia de una notificación fehaciente, recalcando la importancia de esa notificación como garantía de seguridad jurídica para aplicar el plazo de caducidad de 20 días previsto en la norma, al no darse el presupuesto para el inicio del cómputo. Y concluye que el artículo 138.1 de la norma rituaria laboral exige una notificación formal para el inicio del cómputo del plazo de caducidad.

De lo anterior se colige que no resultaría aplicable el plazo de caducidad de veinte días, al no haberse producido la notificación en forma de la medida empresarial.

Ello tiene su razón de ser en las exigencias de seguridad jurídica, pues para que pueda aplicarse un plazo perentorio para la reacción del trabajador frente a la medida empresarial impugnada, es necesario que dicho trabajador tenga un cabal conocimiento de dicha medida, que le permita comprender todo el alcance y significación de la misma, lo que cobra una especial importancia en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, pues las alteraciones de dichas condiciones no siempre podrán ser calificadas de sustanciales, pudiendo tener un carácter accidental, propio del llamado ius variandi de la empresa, para cuya determinación es necesario que el trabajador conozca que es intención de la empresa proceder a la modificación de una de sus condiciones laborales sustanciales, con ánimo de permanencia, para lo que no puede ser suficiente el percibo de una nómina, en la que no se constatan las razones que hayan conducido a la empresa a aplicar la reducción salarial impugnada.

Por consiguiente, ante la falta de notificación por el demandado de la reducción salarial aplicada a partir de la nómina de febrero de 2020, no podemos apreciar la caducidad de la acción ejercitada por la actora en impugnación de dicha reducción, lo que conduce a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia.

III.-Por último, no podemos dejar de mencionar otra razón para la desestimación del recurso y es que si lo que pretende el recurrente es que nos encontramos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual, sería este por tanto el procedimiento adecuado, sin perjuicio de que tanto la demanda como la sentencia hayan aplicado el procedimiento especial de clasificación profesional, por cuanto conforme al artículo 102.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, "advertida la inadecuación del procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculación necesaria a la modalidad elegida por las partes". Pues bien, la nueva doctrina jurisprudencial expresada en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2023, recurso 2589/2020, indica que no cabe recurso de suplicación en modificación sustancial de condiciones de trabajo individual aunque incorpore reclamación de cuantía superior a 3.000 € derivada de aplicar la decisión empresarial impugnada, como sucede en el presente caso.

Por consiguiente, sin perjuicio de las anteriores consideraciones que conducen a la desestimación del recurso, dado que el mismo no debió ser admitido, lo que en esta fase procesal supone otra causa de desestimación del recurso, lo procedente es declarar la firmeza de la sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación