Sentencia Social 353/2026 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 220/2026 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO.- Los recursos de las empresas codemandadas impugnan la sentencia dictada, mediante la formulación de Motivos de revisión fáctica y de infracción jurídica procesal y sustantiva, para que se declare la nulidad de la sentencia recurrida y la retroacción de actuaciones al momento procesal oportuno, o subsidiariamente se revoque la sentencia recurrida y se estimen los recursos presentados, declarando la procedencia del despido, y declarándose la inexistencia de responsabilidad solidaria respecto de las codemandadas BOSAL EMISSION CONTROL SYSTEM, N.V. y BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT, N.V.

SEGUNDO.- Con amparo en el ap. a) art. 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , interesan las recurrentes BOSAL INDUSTRIAL ZARAGOZA, S.A.U. (en adelante BIZ), BOSAL EMISSION CONTROL SYSTEM, N.V. (en adelante BEC) y BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT, N.V. (en adelante BIM), que se declare la nulidad de la sentencia recurrida, mandando reponer los autos al momento anterior al que fue dictada, con denuncia de infracción del precepto constitucional que refieren, en cumplimiento de las garantías, derechos e intereses de las partes.

A la Sala incumbe valorar su cumplimiento a través del proceso, hallándose facultada para el examen de las actuaciones sin sujeción alguna a los hechos probados, ni a los motivos de suplicación esgrimidos, determinando si por la Juzgadora se han cumplido las exigencias establecidas por el art. 24 de la Constitución sobre el principio de contradicción y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entendiendo que la sentencia recurrida incurre en vicio procesal determinante de indefensión al resolver de oficio una excepción de incompetencia de jurisdicción que no fue alegada por ninguna de las partes ni suscitada en el acto de la vista oral, sin haber concedido trámite alguno de audiencia a las partes para formular alegaciones sobre dicha cuestión.

Dice la STC 124/2024, de 21 de octubre ,reiterando conocida jurisprudencia: "El art. 24.1 CE comprende el derecho a no sufrir indefensión, que en nuestra jurisprudencia se entiende como un derecho a la defensa contradictoria y se vincula con las garantías del proceso debido, reconocidas en el art. 24.2 CE , que requiere indefensión material ( STC 94/2024, de 2 de julio , FJ 7.3.1, con ulteriores referencias). La proscripción de la indefensión puesta en relación con el reconocimiento del derecho de defensa, en el apartado segundo del mismo precepto constitucional, "significa que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes" ( STC 29/2023, de 17 de abril , FJ 2, también con numerosas referencias). Se garantiza así "a los litigantes, en todo proceso y en todas sus instancias y recursos, un adecuado ejercicio del derecho de defensa que respete los principios de audiencia, contradicción e igualdad de armas procesales, asegurándoles la oportunidad de ser oídos y de hacer valer sus respectivos derechos e intereses legítimos" ( STC 23/2003, de 10 de febrero , FJ 2). El derecho a la defensa con contradicción "impone a los órganos judiciales el deber de excluir la indefensión, por lo que, cuando su actuación haya impedido a una parte, en el curso del proceso, el ejercicio de las facultades de alegación y, en su caso, de justificación de sus derechos e intereses legítimos, bien para la defensa de sus propias posiciones o bien para rebatir las posiciones contrarias, se vulnera el principio de contradicción y, por ende, el derecho a la tutela judicial ( STC 1/1992, de 13 de enero ), al no ser admisible un pronunciamiento de los jueces o de los tribunales sobre materias respecto de las que no ha existido la necesaria contradicción" ( STC 23/2003 , FJ 2). Tan reiterada como la anterior jurisprudencia es la que limita la relevancia constitucional de la indefensión a la indefensión material:"la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una negación de [la] garantía [de la tutela judicial] y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 CE , ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo.Por ello hemos hablado siempre de una indefensión 'material' y no formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías 'en relación con algún interés' de quien lo invoca( STC 90/1988 )" ( STC 181/1994, de 20 de junio , FJ 2, por todas)".

El Motivo, por lo expuesto, se desestima en ambos recursos, porque, planteada de oficio en la sentencia cuestión sobre la incompetencia de la jurisdicción social, se resuelve aceptando la propia competencia, por lo que el denunciado defecto procesal de falta de audiencia previa a las partes, no ha producido indefensión alguna a las partes litigantes, coincidiendo la decisión adoptada en la sentencia en este punto con la de las partes, en cuanto que no habían puesto en duda en la fase de alegaciones la competencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento del asunto.

TERCERO.- Por igual cauce procesal, el recurso de BEC y BIM interesa la nulidad de la sentencia por vulneración del principio de congruencia y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, al haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia extra petita, "al introducir y resolver una cuestión no suscitada por la parte actora, cual es la incardinación del grupo BOSAL en figuras jurídicas ajenas al objeto procesal delimitado por el suplico, mediante un razonamiento que desborda la doctrina del empresario plural para adentrarse en consideraciones propias del grupo de empresas a efectos laborales".

Tanto en la fundamentación como en el suplico del escrito de demanda hace referencia el demandante a la declaración de empresario plural de las empresas codemandadas, que alega forman parte de un grupo mercantil internacional de empresas, constituyendo en relación con el demandante -dice-, más que un grupo de empresas patológico o fraudulento, un empresario plural, es decir, un único empresario formado por varias sociedades mercantiles, las codemandadas, cuya responsabilidad solidaria sostiene.

La STS de 24-2-2026, rcud. 3244/24, recuerda la definición de incongruencia extra petita: "la prohibición de incongruencia extra petita impide al Juez o Tribunal alterar o modificar los términos del debate judicial, debiéndose ajustar al objeto del proceso, sin omitir la decisión sobre el tema propuesto por la parte, ni, por ello, pronunciarse sobre cuestión no alegada ni discutida, porque ello supone violar el principio de contradicción procesal en cuanto no se da a la parte la oportunidad de oponerse o discutir sobre el punto o puntos que sólo, y no antes, se deciden inaudita parte en la Sentencia. Como dijera la STC 29/1999, de 8 de marzo , la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión" ( STC 169/2013, de 7 octubre )".

Procede en consecuencia la desestimación del Motivo, por haber respondido la sentencia, en su razonamiento y decisión acerca del empresario plural y del grupo de empresas, a la expresa petición del demandante sobre esa cuestión.

CUARTO.- Por el cauce procesal previsto en el ap. b) del art. 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , pretenden los dos recursos interpuestos la revisión del HP Tercero de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 13, 15 y 18 del ramo de prueba de las codemandadas BEC y BIM, y Docs. 22 a 57, del ramo de prueba del demandante), para suprimir la expresión "de grupo", en el primer párrafo.

Sobre la revisión fáctica en los recursos extraordinarios de suplicación y casación, declara la STS de 23-4-2025 (r. 66/23): "El proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala casacional del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso es reiterada la jurisprudencia, de la que a título de ejemplo podemos citar las sentencias de esta Sala de 28 mayo 2013 (r. 5/2012 ), 3 julio 2013 (r. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (r. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (r. 153/2015 ) o, mucho más recientemente, 5 de febrero de 2025 (r. 58/2023 ), que exige como requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica en casación los siguientes:

1. La parte no puede limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que debe delimitar con exactitud en qué discrepa y para ello ha de señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado, indicando el texto que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

2. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas, puesto que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo deben situarse en la fundamentación jurídica.

3. El error en la valoración de la prueba que se imputa a la instancia se debe acreditar de forma clara, directa y patente a partir de prueba documental practicada en la instancia y obrante en autos, debiendo indicarse con precisión cuál o cuáles de los documentos que forman parte del ramo de prueba de las diferentes partes evidencian el error, no siendo suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada.

4. No se puede basar la pretensión de modificación fáctica en prueba testifical ni pericial ni de cualquier otra tipología diferente a la documental (en casación, en suplicación sí cabe la pericial).

5. El error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados. No puede admitirse la revisión de hechos probados cuando la prueba documental invocada admita diversas valoraciones y la parte únicamente manifieste discrepancia con la decisión valorativa del órgano judicial de instancia si dicha decisión no vulnera los parámetros de lógica y razonabilidad exigibles. Tampoco puede admitirse la revisión cuando la prueba documental invocada haya sido valorada por el órgano judicial de instancia en conjunción con pruebas de otra naturaleza, de manera que la fijación de hechos probados dependa de diversos medios probatorios y no solamente de la documental que fundamenta el recurso.

6. Los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo.

7. Que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo".

En igual sentido, la jurisprudencia, entre otras muchas, SsTS de 15-1-2019 (rc. 212/17); 9.9.2020, (rc. 13/18); 2-6-2022 (r. 230/21) y de 23-4-2025 (r. 66/23), tiene declarado que los Hechos sólo pueden adicionarse, suprimirse o rectificarse si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que haya sido negado u omitido en la resultancia fáctica recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas; c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, es decir, que la modificación haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación; y e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Ambos Motivos se desestiman: la supresión interesada no resalta, de forma clara, patente y directa de la prueba documental invocada, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que, concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas.

QUINTO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Cuarto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 15 de las codemandadas BEC y BIM, Doc. 61 del ramo de prueba del demandante y el n. 55 de la codemandada BIZ), para sustituir el texto por el que proponen.

La revisión se desestima porque los documentos invocados no son litero-suficientes para evidenciar error en la apreciación probatoria de la juzgadora, puesto que aparecen en ellos dos evaluadores del rendimiento del actor, uno como superior jerárquico y otro como superior funcional.

SEXTO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Quinto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Doc. 22 y 38 del ramo de prueba del demandante), para sustituir el texto por el que proponen.

Invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas ( STS de 16-11-1998, r. 1653/98). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor ( STS de 3-11-2021, rc. 13/20).

SÉPTIMO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Sexto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Doc. 22 a 57 del ramo de prueba del demandante), para sustituir el texto por el que proponen.

El Motivo, prácticamente idéntico en ambos recursos, se desestima: de nuevo hay que decir que la revisión fáctica en suplicación se limita a corregir errores u omisiones del relato de la sentencia que resalten, de forma clara, patente y directa de la prueba documental invocada, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, que pretenden sustituir la apreciación del conjunto de la prueba por el juzgador. Como dice la STS de 20-3-2012 (rco. 40/11) "una cosa es el error en la apreciación de la prueba que de haberse producido mostraría un relato histórico hecho en términos equivocados y otra muy distinta que la valoración jurídica de las pruebas practicadas conduzca a resultados que el recurso considere erróneos, aun cuando el conjunto fáctico se halle acreditado en forma impecable";rechazándose las pretensiones que instan una nueva valoración de las prueba "porque con esta forma de articular la pretensión revisora la parte actúa «como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del Texto procesal al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica"( STS de 12-5-2017, rco. 210/15).

OCTAVO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Octavo de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 1 a 7 del ramo de prueba de las empresas codemandadas), para sustituir el texto por el que proponen, en el que se pide añadir el Fallo de la sentencia del JS n. 13 de Valencia referida en el HP Octavo -contrario al recurrido en cuanto a la declaración de responsabilidad solidaria de las empresas codemandadas en dicho litigio- cuyos HPs 20º a 28ª reproduce la recurrida, así como el dato de su confirmación por la Sala del TSJ de dicha Comunidad y la firmeza de ésta última.

Carece de relevancia para la decisión de este recurso la adición pretendida pues, aunque puede tratarse de un supuesto similar al aquí enjuiciado, la sentencia firme que pudiera haber recaído en el mismo no constituye jurisprudencia, por no ser criterio sentado por el Tribunal Supremo ( art. 1 .6 del Código Civil), único caso en el que podría valorarse como tal en este proceso, aunque no fuera necesariamente decisivo para la decisión del recurso en función de las demás circunstancias fácticas existentes en uno y otro proceso.

NOVENO.- Al amparo del art. 193 c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , denuncian ambos recursos, para el caso de que se desestimen los Motivos de nulidad expuestos, infracción de lo dispuesto en los arts. 1 .1, 1 .2 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, y doctrina jurisprudencial de aplicación.

El art. 1, en los números señalados, establece: "1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas".

Y el art. 8 del ET, en su n. 1, dispone: "El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel".

DÉCIMO.- Así pues, conforme a la definición legal expuesta, son empresarios las personas que reciben de los trabajadores una prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro de su ámbito de organización y dirección, presumiéndose existente el contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución.

UNDÉCIMO.- En el relato fáctico de la recurrida, mantenido en suplicación, se declara probado:

- HP 1º. El demandante comenzó a prestar servicios retribuidos como ingeniero para las empresas codemandadas, con una antigüedad de 1.03.2005, figurando en su contrato y hojas salariales la empresa BIZ.

- HP 3º. En 2018, el trabajador fue nombrado Program Manager de grupo, pasando a depender orgánicamente de Alonso. y funcionalmente de Isaac., jefe del equipo de Program Managers del Grupo Bosal.

- HP 5º. La prestación de servicios no fue en exclusiva para BIZ sino para el grupo BEC Y BIM.

- HP 6º. Reportaba el trabajador con los directivos, principalmente, de BEC, cumpliendo con sus instrucciones de trabajo en los proyectos que le encomendaban para las diversas plantas productivas de que disponía el grupo por todo el mundo. En ocasiones, dirigía grupos de trabajo compuestos por trabajadores del resto de empresas del grupo. Celebraba reuniones semanales (presenciales o telemáticas) en la central del Grupo en Bélgica, disponiendo incluso de un pase personal e intransferible para acceder a las instalaciones. Disfrutaba de vehículo de empresa, reservado para los trabajadores del Grupo. Todas las decisiones al respecto de sus condiciones laborales se adoptaban en Lummen Bélgica), domicilio en el que radican diversas empresas del grupo y los servicios centrales.

DUODÉCIMO.- Son relevantes igualmente las afirmaciones de naturaleza fáctica que incluye la sentencia entre las conclusiones que expone al final de su motivación jurídica (FJ 3º, pgs.16-17): 1....la empresa BIZ no es en realidad una empresa autónoma sino en realidad un mero centro de trabajo y pertenece, como se ha señalado, al "Grupo Bosal"...siendo el socio único actual la mercantil BOSAL NEDERLAND NV, matriz del "Grupo BOSAL". 2. El administrador único social es la sociedad BEC, de nacionalidad holandesa, del grupo BOSAL. 3. El "Grupo BOSAL" actúa de manera que cada planta tiene asumida una función o tarea que se enlaza con las funciones o tareas de las otras plantas. En el organigrama del grupo, las tres plantas españolas se incluyen dentro de las denominadas "manufacturing plants depots", esto es, plantas de fabricación y depósito. 4- El grupo Bosal tiene funcionamiento unitario del conjunto de empresas que forman el grupo de empresas Bosal, integrado por hasta 46 sociedades distintas. 5. Otros aspectos declarados probados aluden a aspectos relativos al funcionamiento del grupo Bosal como una entidad global, nombramiento por la matriz de los directivos de cada una de las empresas del grupo, interacciones organizativas y funcionales..., movimientos de personas trabajadoras entre empresas del grupo, o interacciones económicas.... Hay una dirección unitaria y jerárquica entre las empresas; el socio único de la mayoría de las empresas era Bosal Nederland, cuyo administrador único era Bosal International Management. Existe dirección supranacional de las empresas del Grupo y los nombramientos de directivos en cada empresa se decidían en la matriz; las oficinas centrales son comunes y se concentran en Bosal International Management NV sita en Lumen (Bélgica) donde radican distintas sociedades del Grupo.

DECIMOTERCERO.- La conclusión de la sentencia recurrida es que "nos encontramos ante un supuesto de empresario real plural. Por ello se debe reconocer la responsabilidad solidaria de las empresas codemandadas en relación con la improcedencia del cese del trabajador al considerar la existencia de una única relación laboral cuyo titular es el conjunto de empresas, por lo que los datos económicos expuestos profusamente en la comunicación de despido deberían venir referidos a la totalidad de las empresas codemandadas. La ausencia de estos datos determina la improcedencia de la decisión extintiva..."

Pese a que lo largo de la recurrida existen menciones al llamado "grupo de empresas laboral" o "grupo de empresas mercantil, patológico o fraudulento a efectos laborales", y a sus conocidos requisitos jurisprudenciales, la expuesta conclusión de la sentencia indica que la responsabilidad solidaria que decide respecto a las tres empresas codemandadas, pertenecientes a un grupo mercantil de empresas (obviamente de lícita constitución y funcionamiento), no se funda en la constatación de grupo laboral ("patológico"), sino en la existencia, en este caso concreto y respecto al trabajador demandante, de un empresario (que denomina real plural) constituido por las tres empresas codemandadas, puesto que ellas eran las receptoras de su prestación de servicios: "una única relación laboral cuyo titular es el conjunto de empresas", (las tres codemandadas).

Conclusión que determina el Fallo impugnado y que esta Sala considera plenamente ajustado, no contrario u opuesto, a los preceptos legales invocados en los recursos.

No puede ser de otro modo porque de la declaración de hechos Probados se evidencia que el demandante prestó sus servicios laborales no solo para la empresa que le contrató formalmente y a cuyo nombre se le abonaba su retribución sino también para las otras dos empresas del grupo codemandadas. De manera que su "verdadero empresario" eran, conjunta o unitariamente, las citadas empresas, por lo que puede denominarse al empresario del demandante un empresario real "plural".

Nada tiene que ver esta conclusión con la doctrina sobre el "grupo de empresas patológico" o grupo con efectos laborales, cuyas características exponen ampliamente los recursos formulados.

Se trata de precisar el real o verdadero empresario de este concreto trabajador, que, en el caso, no es el que constaba formalmente (contrato escrito y nóminas), sino el determinado por aplicación de los criterios legales al efecto contenidos en los arts. 1 y 8 del ET ,según los cuales, como hemos dicho antes, es empresario la persona, física o jurídica o comunidad de bienes, que recibe del trabajador una prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro de su ámbito de organización y dirección, presumiéndose existente el contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución. Precisamente esto es lo que ocurría en la prestación de servicios retribuidos existente entre el demandante y las tres empresas codemandadas, conforme a los Hechos que han sido declarados probados.

DECIMOCUARTO.- Así, dice la STS de 15-10-2025, r. 2969/23 : "Como hemos afirmado en materia de grupo de empresas, no cabe admitir el «fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del «levantamiento del velo», en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de «pantalla» para aquélla»[ STS de 10 de noviembre de 2017 (r. 3049/15 ); y 31 de octubre de 2017 (r. 115/17 ), entre otras muchas]. En el mismo sentido, la STS nº 527/2017, de 20 de junio (r. 15/17 ) en un supuesto de utilización fraudulenta del fenómeno societario mediante la constitución de una sociedad civil particular; o la STS de 29 de enero de 2014 (r.121/13 ), al analizar la responsabilidad de los socios en un caso de grupo de empresa en la que se aplica igualmente la doctrina del levantamiento del velo «que nos permite ver la realidad laboral de la empresa más allá de las apariencias,para encontrar que esa realidad ha producido la creación de entidades distintas con la finalidad claramente dirigida a obtener unos beneficios que no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores»".

DECIMOQUINTO.- Y, en otro supuesto análogo, declaraba la STS de 29-1-2014, r. 121/13 : "... se ha de aplicar la doctrina conocida del "levantamiento del velo", que nos permite ver la realidad laboral de la empresa más allá de las apariencias,para encontrar que esa realidad ha producido la creación de entidades distintas con la finalidad claramente dirigida a obtener unos beneficios que no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores. Tal modo de actuar conduce a la consideración de las personas físicas como verdaderos empresarios ya que las mercantiles por ellos constituidas actúan de mera pantalla o instrumento interpuesto para eludir sus responsabilidades. De todo ello resulta que lo que se aprecia en el caso presente es la existencia de una única entidad empresarial, constituida por los recurrentes y por el resto de los responsables solidarios fijadospor la sentencia recurrida, .... En suma, pues, la sentencia de la Sala de instancia acierta al establecer dicha responsabilidad dada la situación de unidad empresarial acreditada suficientemente.Lo dicho comporta, además, que...la competencia para conocer de las acciones que la parte trabajadora ejercite frente a quienes resultan ser los auténticos empleadores corresponda a la jurisdicción social. Se trata del ejercicio de derechos que nacen de esa vinculación contractual laboral, que es la naturaleza que poseen los verdaderos ligámenes entre las partes, aun cuando se hayan exteriorizado bajo la apariencia de la actuación con una personalidad jurídica distinta".

DECIMOSEXTO.- En suma, procede la desestimación de los recursos y la consiguiente confirmación de la sentencia de instancia, con imposición de las costas a las partes recurrentes, las cuales ha de ser condenada, asimismo, a la pérdida del depósito dado para recurrir, debiendo darse el destino legal a la consignación que, en su caso, se hubiere efectuado ( arts. 203, 204 y 235 de la LRJS) .

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente

PRIMERO.- Los recursos de las empresas codemandadas impugnan la sentencia dictada, mediante la formulación de Motivos de revisión fáctica y de infracción jurídica procesal y sustantiva, para que se declare la nulidad de la sentencia recurrida y la retroacción de actuaciones al momento procesal oportuno, o subsidiariamente se revoque la sentencia recurrida y se estimen los recursos presentados, declarando la procedencia del despido, y declarándose la inexistencia de responsabilidad solidaria respecto de las codemandadas BOSAL EMISSION CONTROL SYSTEM, N.V. y BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT, N.V.

SEGUNDO.- Con amparo en el ap. a) art. 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , interesan las recurrentes BOSAL INDUSTRIAL ZARAGOZA, S.A.U. (en adelante BIZ), BOSAL EMISSION CONTROL SYSTEM, N.V. (en adelante BEC) y BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT, N.V. (en adelante BIM), que se declare la nulidad de la sentencia recurrida, mandando reponer los autos al momento anterior al que fue dictada, con denuncia de infracción del precepto constitucional que refieren, en cumplimiento de las garantías, derechos e intereses de las partes.

A la Sala incumbe valorar su cumplimiento a través del proceso, hallándose facultada para el examen de las actuaciones sin sujeción alguna a los hechos probados, ni a los motivos de suplicación esgrimidos, determinando si por la Juzgadora se han cumplido las exigencias establecidas por el art. 24 de la Constitución sobre el principio de contradicción y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entendiendo que la sentencia recurrida incurre en vicio procesal determinante de indefensión al resolver de oficio una excepción de incompetencia de jurisdicción que no fue alegada por ninguna de las partes ni suscitada en el acto de la vista oral, sin haber concedido trámite alguno de audiencia a las partes para formular alegaciones sobre dicha cuestión.

Dice la STC 124/2024, de 21 de octubre ,reiterando conocida jurisprudencia: "El art. 24.1 CE comprende el derecho a no sufrir indefensión, que en nuestra jurisprudencia se entiende como un derecho a la defensa contradictoria y se vincula con las garantías del proceso debido, reconocidas en el art. 24.2 CE , que requiere indefensión material ( STC 94/2024, de 2 de julio , FJ 7.3.1, con ulteriores referencias). La proscripción de la indefensión puesta en relación con el reconocimiento del derecho de defensa, en el apartado segundo del mismo precepto constitucional, "significa que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes" ( STC 29/2023, de 17 de abril , FJ 2, también con numerosas referencias). Se garantiza así "a los litigantes, en todo proceso y en todas sus instancias y recursos, un adecuado ejercicio del derecho de defensa que respete los principios de audiencia, contradicción e igualdad de armas procesales, asegurándoles la oportunidad de ser oídos y de hacer valer sus respectivos derechos e intereses legítimos" ( STC 23/2003, de 10 de febrero , FJ 2). El derecho a la defensa con contradicción "impone a los órganos judiciales el deber de excluir la indefensión, por lo que, cuando su actuación haya impedido a una parte, en el curso del proceso, el ejercicio de las facultades de alegación y, en su caso, de justificación de sus derechos e intereses legítimos, bien para la defensa de sus propias posiciones o bien para rebatir las posiciones contrarias, se vulnera el principio de contradicción y, por ende, el derecho a la tutela judicial ( STC 1/1992, de 13 de enero ), al no ser admisible un pronunciamiento de los jueces o de los tribunales sobre materias respecto de las que no ha existido la necesaria contradicción" ( STC 23/2003 , FJ 2). Tan reiterada como la anterior jurisprudencia es la que limita la relevancia constitucional de la indefensión a la indefensión material:"la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una negación de [la] garantía [de la tutela judicial] y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 CE , ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo.Por ello hemos hablado siempre de una indefensión 'material' y no formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías 'en relación con algún interés' de quien lo invoca( STC 90/1988 )" ( STC 181/1994, de 20 de junio , FJ 2, por todas)".

El Motivo, por lo expuesto, se desestima en ambos recursos, porque, planteada de oficio en la sentencia cuestión sobre la incompetencia de la jurisdicción social, se resuelve aceptando la propia competencia, por lo que el denunciado defecto procesal de falta de audiencia previa a las partes, no ha producido indefensión alguna a las partes litigantes, coincidiendo la decisión adoptada en la sentencia en este punto con la de las partes, en cuanto que no habían puesto en duda en la fase de alegaciones la competencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento del asunto.

TERCERO.- Por igual cauce procesal, el recurso de BEC y BIM interesa la nulidad de la sentencia por vulneración del principio de congruencia y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, al haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia extra petita, "al introducir y resolver una cuestión no suscitada por la parte actora, cual es la incardinación del grupo BOSAL en figuras jurídicas ajenas al objeto procesal delimitado por el suplico, mediante un razonamiento que desborda la doctrina del empresario plural para adentrarse en consideraciones propias del grupo de empresas a efectos laborales".

Tanto en la fundamentación como en el suplico del escrito de demanda hace referencia el demandante a la declaración de empresario plural de las empresas codemandadas, que alega forman parte de un grupo mercantil internacional de empresas, constituyendo en relación con el demandante -dice-, más que un grupo de empresas patológico o fraudulento, un empresario plural, es decir, un único empresario formado por varias sociedades mercantiles, las codemandadas, cuya responsabilidad solidaria sostiene.

La STS de 24-2-2026, rcud. 3244/24, recuerda la definición de incongruencia extra petita: "la prohibición de incongruencia extra petita impide al Juez o Tribunal alterar o modificar los términos del debate judicial, debiéndose ajustar al objeto del proceso, sin omitir la decisión sobre el tema propuesto por la parte, ni, por ello, pronunciarse sobre cuestión no alegada ni discutida, porque ello supone violar el principio de contradicción procesal en cuanto no se da a la parte la oportunidad de oponerse o discutir sobre el punto o puntos que sólo, y no antes, se deciden inaudita parte en la Sentencia. Como dijera la STC 29/1999, de 8 de marzo , la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión" ( STC 169/2013, de 7 octubre )".

Procede en consecuencia la desestimación del Motivo, por haber respondido la sentencia, en su razonamiento y decisión acerca del empresario plural y del grupo de empresas, a la expresa petición del demandante sobre esa cuestión.

CUARTO.- Por el cauce procesal previsto en el ap. b) del art. 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , pretenden los dos recursos interpuestos la revisión del HP Tercero de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 13, 15 y 18 del ramo de prueba de las codemandadas BEC y BIM, y Docs. 22 a 57, del ramo de prueba del demandante), para suprimir la expresión "de grupo", en el primer párrafo.

Sobre la revisión fáctica en los recursos extraordinarios de suplicación y casación, declara la STS de 23-4-2025 (r. 66/23): "El proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala casacional del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso es reiterada la jurisprudencia, de la que a título de ejemplo podemos citar las sentencias de esta Sala de 28 mayo 2013 (r. 5/2012 ), 3 julio 2013 (r. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (r. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (r. 153/2015 ) o, mucho más recientemente, 5 de febrero de 2025 (r. 58/2023 ), que exige como requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica en casación los siguientes:

1. La parte no puede limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que debe delimitar con exactitud en qué discrepa y para ello ha de señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado, indicando el texto que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

2. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas, puesto que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo deben situarse en la fundamentación jurídica.

3. El error en la valoración de la prueba que se imputa a la instancia se debe acreditar de forma clara, directa y patente a partir de prueba documental practicada en la instancia y obrante en autos, debiendo indicarse con precisión cuál o cuáles de los documentos que forman parte del ramo de prueba de las diferentes partes evidencian el error, no siendo suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada.

4. No se puede basar la pretensión de modificación fáctica en prueba testifical ni pericial ni de cualquier otra tipología diferente a la documental (en casación, en suplicación sí cabe la pericial).

5. El error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados. No puede admitirse la revisión de hechos probados cuando la prueba documental invocada admita diversas valoraciones y la parte únicamente manifieste discrepancia con la decisión valorativa del órgano judicial de instancia si dicha decisión no vulnera los parámetros de lógica y razonabilidad exigibles. Tampoco puede admitirse la revisión cuando la prueba documental invocada haya sido valorada por el órgano judicial de instancia en conjunción con pruebas de otra naturaleza, de manera que la fijación de hechos probados dependa de diversos medios probatorios y no solamente de la documental que fundamenta el recurso.

6. Los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo.

7. Que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo".

En igual sentido, la jurisprudencia, entre otras muchas, SsTS de 15-1-2019 (rc. 212/17); 9.9.2020, (rc. 13/18); 2-6-2022 (r. 230/21) y de 23-4-2025 (r. 66/23), tiene declarado que los Hechos sólo pueden adicionarse, suprimirse o rectificarse si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que haya sido negado u omitido en la resultancia fáctica recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas; c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, es decir, que la modificación haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación; y e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Ambos Motivos se desestiman: la supresión interesada no resalta, de forma clara, patente y directa de la prueba documental invocada, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que, concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas.

QUINTO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Cuarto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 15 de las codemandadas BEC y BIM, Doc. 61 del ramo de prueba del demandante y el n. 55 de la codemandada BIZ), para sustituir el texto por el que proponen.

La revisión se desestima porque los documentos invocados no son litero-suficientes para evidenciar error en la apreciación probatoria de la juzgadora, puesto que aparecen en ellos dos evaluadores del rendimiento del actor, uno como superior jerárquico y otro como superior funcional.

SEXTO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Quinto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Doc. 22 y 38 del ramo de prueba del demandante), para sustituir el texto por el que proponen.

Invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas ( STS de 16-11-1998, r. 1653/98). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor ( STS de 3-11-2021, rc. 13/20).

SÉPTIMO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Sexto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Doc. 22 a 57 del ramo de prueba del demandante), para sustituir el texto por el que proponen.

El Motivo, prácticamente idéntico en ambos recursos, se desestima: de nuevo hay que decir que la revisión fáctica en suplicación se limita a corregir errores u omisiones del relato de la sentencia que resalten, de forma clara, patente y directa de la prueba documental invocada, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, que pretenden sustituir la apreciación del conjunto de la prueba por el juzgador. Como dice la STS de 20-3-2012 (rco. 40/11) "una cosa es el error en la apreciación de la prueba que de haberse producido mostraría un relato histórico hecho en términos equivocados y otra muy distinta que la valoración jurídica de las pruebas practicadas conduzca a resultados que el recurso considere erróneos, aun cuando el conjunto fáctico se halle acreditado en forma impecable";rechazándose las pretensiones que instan una nueva valoración de las prueba "porque con esta forma de articular la pretensión revisora la parte actúa «como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del Texto procesal al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica"( STS de 12-5-2017, rco. 210/15).

OCTAVO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Octavo de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 1 a 7 del ramo de prueba de las empresas codemandadas), para sustituir el texto por el que proponen, en el que se pide añadir el Fallo de la sentencia del JS n. 13 de Valencia referida en el HP Octavo -contrario al recurrido en cuanto a la declaración de responsabilidad solidaria de las empresas codemandadas en dicho litigio- cuyos HPs 20º a 28ª reproduce la recurrida, así como el dato de su confirmación por la Sala del TSJ de dicha Comunidad y la firmeza de ésta última.

Carece de relevancia para la decisión de este recurso la adición pretendida pues, aunque puede tratarse de un supuesto similar al aquí enjuiciado, la sentencia firme que pudiera haber recaído en el mismo no constituye jurisprudencia, por no ser criterio sentado por el Tribunal Supremo ( art. 1 .6 del Código Civil), único caso en el que podría valorarse como tal en este proceso, aunque no fuera necesariamente decisivo para la decisión del recurso en función de las demás circunstancias fácticas existentes en uno y otro proceso.

NOVENO.- Al amparo del art. 193 c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , denuncian ambos recursos, para el caso de que se desestimen los Motivos de nulidad expuestos, infracción de lo dispuesto en los arts. 1 .1, 1 .2 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, y doctrina jurisprudencial de aplicación.

El art. 1, en los números señalados, establece: "1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas".

Y el art. 8 del ET, en su n. 1, dispone: "El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel".

DÉCIMO.- Así pues, conforme a la definición legal expuesta, son empresarios las personas que reciben de los trabajadores una prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro de su ámbito de organización y dirección, presumiéndose existente el contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución.

UNDÉCIMO.- En el relato fáctico de la recurrida, mantenido en suplicación, se declara probado:

- HP 1º. El demandante comenzó a prestar servicios retribuidos como ingeniero para las empresas codemandadas, con una antigüedad de 1.03.2005, figurando en su contrato y hojas salariales la empresa BIZ.

- HP 3º. En 2018, el trabajador fue nombrado Program Manager de grupo, pasando a depender orgánicamente de Alonso. y funcionalmente de Isaac., jefe del equipo de Program Managers del Grupo Bosal.

- HP 5º. La prestación de servicios no fue en exclusiva para BIZ sino para el grupo BEC Y BIM.

- HP 6º. Reportaba el trabajador con los directivos, principalmente, de BEC, cumpliendo con sus instrucciones de trabajo en los proyectos que le encomendaban para las diversas plantas productivas de que disponía el grupo por todo el mundo. En ocasiones, dirigía grupos de trabajo compuestos por trabajadores del resto de empresas del grupo. Celebraba reuniones semanales (presenciales o telemáticas) en la central del Grupo en Bélgica, disponiendo incluso de un pase personal e intransferible para acceder a las instalaciones. Disfrutaba de vehículo de empresa, reservado para los trabajadores del Grupo. Todas las decisiones al respecto de sus condiciones laborales se adoptaban en Lummen Bélgica), domicilio en el que radican diversas empresas del grupo y los servicios centrales.

DUODÉCIMO.- Son relevantes igualmente las afirmaciones de naturaleza fáctica que incluye la sentencia entre las conclusiones que expone al final de su motivación jurídica (FJ 3º, pgs.16-17): 1....la empresa BIZ no es en realidad una empresa autónoma sino en realidad un mero centro de trabajo y pertenece, como se ha señalado, al "Grupo Bosal"...siendo el socio único actual la mercantil BOSAL NEDERLAND NV, matriz del "Grupo BOSAL". 2. El administrador único social es la sociedad BEC, de nacionalidad holandesa, del grupo BOSAL. 3. El "Grupo BOSAL" actúa de manera que cada planta tiene asumida una función o tarea que se enlaza con las funciones o tareas de las otras plantas. En el organigrama del grupo, las tres plantas españolas se incluyen dentro de las denominadas "manufacturing plants depots", esto es, plantas de fabricación y depósito. 4- El grupo Bosal tiene funcionamiento unitario del conjunto de empresas que forman el grupo de empresas Bosal, integrado por hasta 46 sociedades distintas. 5. Otros aspectos declarados probados aluden a aspectos relativos al funcionamiento del grupo Bosal como una entidad global, nombramiento por la matriz de los directivos de cada una de las empresas del grupo, interacciones organizativas y funcionales..., movimientos de personas trabajadoras entre empresas del grupo, o interacciones económicas.... Hay una dirección unitaria y jerárquica entre las empresas; el socio único de la mayoría de las empresas era Bosal Nederland, cuyo administrador único era Bosal International Management. Existe dirección supranacional de las empresas del Grupo y los nombramientos de directivos en cada empresa se decidían en la matriz; las oficinas centrales son comunes y se concentran en Bosal International Management NV sita en Lumen (Bélgica) donde radican distintas sociedades del Grupo.

DECIMOTERCERO.- La conclusión de la sentencia recurrida es que "nos encontramos ante un supuesto de empresario real plural. Por ello se debe reconocer la responsabilidad solidaria de las empresas codemandadas en relación con la improcedencia del cese del trabajador al considerar la existencia de una única relación laboral cuyo titular es el conjunto de empresas, por lo que los datos económicos expuestos profusamente en la comunicación de despido deberían venir referidos a la totalidad de las empresas codemandadas. La ausencia de estos datos determina la improcedencia de la decisión extintiva..."

Pese a que lo largo de la recurrida existen menciones al llamado "grupo de empresas laboral" o "grupo de empresas mercantil, patológico o fraudulento a efectos laborales", y a sus conocidos requisitos jurisprudenciales, la expuesta conclusión de la sentencia indica que la responsabilidad solidaria que decide respecto a las tres empresas codemandadas, pertenecientes a un grupo mercantil de empresas (obviamente de lícita constitución y funcionamiento), no se funda en la constatación de grupo laboral ("patológico"), sino en la existencia, en este caso concreto y respecto al trabajador demandante, de un empresario (que denomina real plural) constituido por las tres empresas codemandadas, puesto que ellas eran las receptoras de su prestación de servicios: "una única relación laboral cuyo titular es el conjunto de empresas", (las tres codemandadas).

Conclusión que determina el Fallo impugnado y que esta Sala considera plenamente ajustado, no contrario u opuesto, a los preceptos legales invocados en los recursos.

No puede ser de otro modo porque de la declaración de hechos Probados se evidencia que el demandante prestó sus servicios laborales no solo para la empresa que le contrató formalmente y a cuyo nombre se le abonaba su retribución sino también para las otras dos empresas del grupo codemandadas. De manera que su "verdadero empresario" eran, conjunta o unitariamente, las citadas empresas, por lo que puede denominarse al empresario del demandante un empresario real "plural".

Nada tiene que ver esta conclusión con la doctrina sobre el "grupo de empresas patológico" o grupo con efectos laborales, cuyas características exponen ampliamente los recursos formulados.

Se trata de precisar el real o verdadero empresario de este concreto trabajador, que, en el caso, no es el que constaba formalmente (contrato escrito y nóminas), sino el determinado por aplicación de los criterios legales al efecto contenidos en los arts. 1 y 8 del ET ,según los cuales, como hemos dicho antes, es empresario la persona, física o jurídica o comunidad de bienes, que recibe del trabajador una prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro de su ámbito de organización y dirección, presumiéndose existente el contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución. Precisamente esto es lo que ocurría en la prestación de servicios retribuidos existente entre el demandante y las tres empresas codemandadas, conforme a los Hechos que han sido declarados probados.

DECIMOCUARTO.- Así, dice la STS de 15-10-2025, r. 2969/23 : "Como hemos afirmado en materia de grupo de empresas, no cabe admitir el «fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del «levantamiento del velo», en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de «pantalla» para aquélla»[ STS de 10 de noviembre de 2017 (r. 3049/15 ); y 31 de octubre de 2017 (r. 115/17 ), entre otras muchas]. En el mismo sentido, la STS nº 527/2017, de 20 de junio (r. 15/17 ) en un supuesto de utilización fraudulenta del fenómeno societario mediante la constitución de una sociedad civil particular; o la STS de 29 de enero de 2014 (r.121/13 ), al analizar la responsabilidad de los socios en un caso de grupo de empresa en la que se aplica igualmente la doctrina del levantamiento del velo «que nos permite ver la realidad laboral de la empresa más allá de las apariencias,para encontrar que esa realidad ha producido la creación de entidades distintas con la finalidad claramente dirigida a obtener unos beneficios que no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores»".

DECIMOQUINTO.- Y, en otro supuesto análogo, declaraba la STS de 29-1-2014, r. 121/13 : "... se ha de aplicar la doctrina conocida del "levantamiento del velo", que nos permite ver la realidad laboral de la empresa más allá de las apariencias,para encontrar que esa realidad ha producido la creación de entidades distintas con la finalidad claramente dirigida a obtener unos beneficios que no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores. Tal modo de actuar conduce a la consideración de las personas físicas como verdaderos empresarios ya que las mercantiles por ellos constituidas actúan de mera pantalla o instrumento interpuesto para eludir sus responsabilidades. De todo ello resulta que lo que se aprecia en el caso presente es la existencia de una única entidad empresarial, constituida por los recurrentes y por el resto de los responsables solidarios fijadospor la sentencia recurrida, .... En suma, pues, la sentencia de la Sala de instancia acierta al establecer dicha responsabilidad dada la situación de unidad empresarial acreditada suficientemente.Lo dicho comporta, además, que...la competencia para conocer de las acciones que la parte trabajadora ejercite frente a quienes resultan ser los auténticos empleadores corresponda a la jurisdicción social. Se trata del ejercicio de derechos que nacen de esa vinculación contractual laboral, que es la naturaleza que poseen los verdaderos ligámenes entre las partes, aun cuando se hayan exteriorizado bajo la apariencia de la actuación con una personalidad jurídica distinta".

DECIMOSEXTO.- En suma, procede la desestimación de los recursos y la consiguiente confirmación de la sentencia de instancia, con imposición de las costas a las partes recurrentes, las cuales ha de ser condenada, asimismo, a la pérdida del depósito dado para recurrir, debiendo darse el destino legal a la consignación que, en su caso, se hubiere efectuado ( arts. 203, 204 y 235 de la LRJS) .

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente

PRIMERO.- Los recursos de las empresas codemandadas impugnan la sentencia dictada, mediante la formulación de Motivos de revisión fáctica y de infracción jurídica procesal y sustantiva, para que se declare la nulidad de la sentencia recurrida y la retroacción de actuaciones al momento procesal oportuno, o subsidiariamente se revoque la sentencia recurrida y se estimen los recursos presentados, declarando la procedencia del despido, y declarándose la inexistencia de responsabilidad solidaria respecto de las codemandadas BOSAL EMISSION CONTROL SYSTEM, N.V. y BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT, N.V.

SEGUNDO.- Con amparo en el ap. a) art. 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , interesan las recurrentes BOSAL INDUSTRIAL ZARAGOZA, S.A.U. (en adelante BIZ), BOSAL EMISSION CONTROL SYSTEM, N.V. (en adelante BEC) y BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT, N.V. (en adelante BIM), que se declare la nulidad de la sentencia recurrida, mandando reponer los autos al momento anterior al que fue dictada, con denuncia de infracción del precepto constitucional que refieren, en cumplimiento de las garantías, derechos e intereses de las partes.

A la Sala incumbe valorar su cumplimiento a través del proceso, hallándose facultada para el examen de las actuaciones sin sujeción alguna a los hechos probados, ni a los motivos de suplicación esgrimidos, determinando si por la Juzgadora se han cumplido las exigencias establecidas por el art. 24 de la Constitución sobre el principio de contradicción y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entendiendo que la sentencia recurrida incurre en vicio procesal determinante de indefensión al resolver de oficio una excepción de incompetencia de jurisdicción que no fue alegada por ninguna de las partes ni suscitada en el acto de la vista oral, sin haber concedido trámite alguno de audiencia a las partes para formular alegaciones sobre dicha cuestión.

Dice la STC 124/2024, de 21 de octubre ,reiterando conocida jurisprudencia: "El art. 24.1 CE comprende el derecho a no sufrir indefensión, que en nuestra jurisprudencia se entiende como un derecho a la defensa contradictoria y se vincula con las garantías del proceso debido, reconocidas en el art. 24.2 CE , que requiere indefensión material ( STC 94/2024, de 2 de julio , FJ 7.3.1, con ulteriores referencias). La proscripción de la indefensión puesta en relación con el reconocimiento del derecho de defensa, en el apartado segundo del mismo precepto constitucional, "significa que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes" ( STC 29/2023, de 17 de abril , FJ 2, también con numerosas referencias). Se garantiza así "a los litigantes, en todo proceso y en todas sus instancias y recursos, un adecuado ejercicio del derecho de defensa que respete los principios de audiencia, contradicción e igualdad de armas procesales, asegurándoles la oportunidad de ser oídos y de hacer valer sus respectivos derechos e intereses legítimos" ( STC 23/2003, de 10 de febrero , FJ 2). El derecho a la defensa con contradicción "impone a los órganos judiciales el deber de excluir la indefensión, por lo que, cuando su actuación haya impedido a una parte, en el curso del proceso, el ejercicio de las facultades de alegación y, en su caso, de justificación de sus derechos e intereses legítimos, bien para la defensa de sus propias posiciones o bien para rebatir las posiciones contrarias, se vulnera el principio de contradicción y, por ende, el derecho a la tutela judicial ( STC 1/1992, de 13 de enero ), al no ser admisible un pronunciamiento de los jueces o de los tribunales sobre materias respecto de las que no ha existido la necesaria contradicción" ( STC 23/2003 , FJ 2). Tan reiterada como la anterior jurisprudencia es la que limita la relevancia constitucional de la indefensión a la indefensión material:"la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una negación de [la] garantía [de la tutela judicial] y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 CE , ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo.Por ello hemos hablado siempre de una indefensión 'material' y no formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías 'en relación con algún interés' de quien lo invoca( STC 90/1988 )" ( STC 181/1994, de 20 de junio , FJ 2, por todas)".

El Motivo, por lo expuesto, se desestima en ambos recursos, porque, planteada de oficio en la sentencia cuestión sobre la incompetencia de la jurisdicción social, se resuelve aceptando la propia competencia, por lo que el denunciado defecto procesal de falta de audiencia previa a las partes, no ha producido indefensión alguna a las partes litigantes, coincidiendo la decisión adoptada en la sentencia en este punto con la de las partes, en cuanto que no habían puesto en duda en la fase de alegaciones la competencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento del asunto.

TERCERO.- Por igual cauce procesal, el recurso de BEC y BIM interesa la nulidad de la sentencia por vulneración del principio de congruencia y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, al haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia extra petita, "al introducir y resolver una cuestión no suscitada por la parte actora, cual es la incardinación del grupo BOSAL en figuras jurídicas ajenas al objeto procesal delimitado por el suplico, mediante un razonamiento que desborda la doctrina del empresario plural para adentrarse en consideraciones propias del grupo de empresas a efectos laborales".

Tanto en la fundamentación como en el suplico del escrito de demanda hace referencia el demandante a la declaración de empresario plural de las empresas codemandadas, que alega forman parte de un grupo mercantil internacional de empresas, constituyendo en relación con el demandante -dice-, más que un grupo de empresas patológico o fraudulento, un empresario plural, es decir, un único empresario formado por varias sociedades mercantiles, las codemandadas, cuya responsabilidad solidaria sostiene.

La STS de 24-2-2026, rcud. 3244/24, recuerda la definición de incongruencia extra petita: "la prohibición de incongruencia extra petita impide al Juez o Tribunal alterar o modificar los términos del debate judicial, debiéndose ajustar al objeto del proceso, sin omitir la decisión sobre el tema propuesto por la parte, ni, por ello, pronunciarse sobre cuestión no alegada ni discutida, porque ello supone violar el principio de contradicción procesal en cuanto no se da a la parte la oportunidad de oponerse o discutir sobre el punto o puntos que sólo, y no antes, se deciden inaudita parte en la Sentencia. Como dijera la STC 29/1999, de 8 de marzo , la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión" ( STC 169/2013, de 7 octubre )".

Procede en consecuencia la desestimación del Motivo, por haber respondido la sentencia, en su razonamiento y decisión acerca del empresario plural y del grupo de empresas, a la expresa petición del demandante sobre esa cuestión.

CUARTO.- Por el cauce procesal previsto en el ap. b) del art. 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , pretenden los dos recursos interpuestos la revisión del HP Tercero de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 13, 15 y 18 del ramo de prueba de las codemandadas BEC y BIM, y Docs. 22 a 57, del ramo de prueba del demandante), para suprimir la expresión "de grupo", en el primer párrafo.

Sobre la revisión fáctica en los recursos extraordinarios de suplicación y casación, declara la STS de 23-4-2025 (r. 66/23): "El proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala casacional del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso es reiterada la jurisprudencia, de la que a título de ejemplo podemos citar las sentencias de esta Sala de 28 mayo 2013 (r. 5/2012 ), 3 julio 2013 (r. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (r. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (r. 153/2015 ) o, mucho más recientemente, 5 de febrero de 2025 (r. 58/2023 ), que exige como requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica en casación los siguientes:

1. La parte no puede limitarse a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que debe delimitar con exactitud en qué discrepa y para ello ha de señalar con claridad y precisión el hecho cuestionado, indicando el texto que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse.

2. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas, puesto que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo deben situarse en la fundamentación jurídica.

3. El error en la valoración de la prueba que se imputa a la instancia se debe acreditar de forma clara, directa y patente a partir de prueba documental practicada en la instancia y obrante en autos, debiendo indicarse con precisión cuál o cuáles de los documentos que forman parte del ramo de prueba de las diferentes partes evidencian el error, no siendo suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada.

4. No se puede basar la pretensión de modificación fáctica en prueba testifical ni pericial ni de cualquier otra tipología diferente a la documental (en casación, en suplicación sí cabe la pericial).

5. El error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados. No puede admitirse la revisión de hechos probados cuando la prueba documental invocada admita diversas valoraciones y la parte únicamente manifieste discrepancia con la decisión valorativa del órgano judicial de instancia si dicha decisión no vulnera los parámetros de lógica y razonabilidad exigibles. Tampoco puede admitirse la revisión cuando la prueba documental invocada haya sido valorada por el órgano judicial de instancia en conjunción con pruebas de otra naturaleza, de manera que la fijación de hechos probados dependa de diversos medios probatorios y no solamente de la documental que fundamenta el recurso.

6. Los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo.

7. Que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo".

En igual sentido, la jurisprudencia, entre otras muchas, SsTS de 15-1-2019 (rc. 212/17); 9.9.2020, (rc. 13/18); 2-6-2022 (r. 230/21) y de 23-4-2025 (r. 66/23), tiene declarado que los Hechos sólo pueden adicionarse, suprimirse o rectificarse si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que haya sido negado u omitido en la resultancia fáctica recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas; c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, es decir, que la modificación haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación; y e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Ambos Motivos se desestiman: la supresión interesada no resalta, de forma clara, patente y directa de la prueba documental invocada, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que, concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas.

QUINTO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Cuarto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 15 de las codemandadas BEC y BIM, Doc. 61 del ramo de prueba del demandante y el n. 55 de la codemandada BIZ), para sustituir el texto por el que proponen.

La revisión se desestima porque los documentos invocados no son litero-suficientes para evidenciar error en la apreciación probatoria de la juzgadora, puesto que aparecen en ellos dos evaluadores del rendimiento del actor, uno como superior jerárquico y otro como superior funcional.

SEXTO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Quinto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Doc. 22 y 38 del ramo de prueba del demandante), para sustituir el texto por el que proponen.

Invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas ( STS de 16-11-1998, r. 1653/98). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor ( STS de 3-11-2021, rc. 13/20).

SÉPTIMO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Sexto de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Doc. 22 a 57 del ramo de prueba del demandante), para sustituir el texto por el que proponen.

El Motivo, prácticamente idéntico en ambos recursos, se desestima: de nuevo hay que decir que la revisión fáctica en suplicación se limita a corregir errores u omisiones del relato de la sentencia que resalten, de forma clara, patente y directa de la prueba documental invocada, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, que pretenden sustituir la apreciación del conjunto de la prueba por el juzgador. Como dice la STS de 20-3-2012 (rco. 40/11) "una cosa es el error en la apreciación de la prueba que de haberse producido mostraría un relato histórico hecho en términos equivocados y otra muy distinta que la valoración jurídica de las pruebas practicadas conduzca a resultados que el recurso considere erróneos, aun cuando el conjunto fáctico se halle acreditado en forma impecable";rechazándose las pretensiones que instan una nueva valoración de las prueba "porque con esta forma de articular la pretensión revisora la parte actúa «como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del Texto procesal al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica"( STS de 12-5-2017, rco. 210/15).

OCTAVO.- Por igual cauce procesal se solicita en los dos recursos la revisión del HP Octavo de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señalan (Docs. 1 a 7 del ramo de prueba de las empresas codemandadas), para sustituir el texto por el que proponen, en el que se pide añadir el Fallo de la sentencia del JS n. 13 de Valencia referida en el HP Octavo -contrario al recurrido en cuanto a la declaración de responsabilidad solidaria de las empresas codemandadas en dicho litigio- cuyos HPs 20º a 28ª reproduce la recurrida, así como el dato de su confirmación por la Sala del TSJ de dicha Comunidad y la firmeza de ésta última.

Carece de relevancia para la decisión de este recurso la adición pretendida pues, aunque puede tratarse de un supuesto similar al aquí enjuiciado, la sentencia firme que pudiera haber recaído en el mismo no constituye jurisprudencia, por no ser criterio sentado por el Tribunal Supremo ( art. 1 .6 del Código Civil), único caso en el que podría valorarse como tal en este proceso, aunque no fuera necesariamente decisivo para la decisión del recurso en función de las demás circunstancias fácticas existentes en uno y otro proceso.

NOVENO.- Al amparo del art. 193 c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) , denuncian ambos recursos, para el caso de que se desestimen los Motivos de nulidad expuestos, infracción de lo dispuesto en los arts. 1 .1, 1 .2 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, y doctrina jurisprudencial de aplicación.

El art. 1, en los números señalados, establece: "1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas".

Y el art. 8 del ET, en su n. 1, dispone: "El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel".

DÉCIMO.- Así pues, conforme a la definición legal expuesta, son empresarios las personas que reciben de los trabajadores una prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro de su ámbito de organización y dirección, presumiéndose existente el contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución.

UNDÉCIMO.- En el relato fáctico de la recurrida, mantenido en suplicación, se declara probado:

- HP 1º. El demandante comenzó a prestar servicios retribuidos como ingeniero para las empresas codemandadas, con una antigüedad de 1.03.2005, figurando en su contrato y hojas salariales la empresa BIZ.

- HP 3º. En 2018, el trabajador fue nombrado Program Manager de grupo, pasando a depender orgánicamente de Alonso. y funcionalmente de Isaac., jefe del equipo de Program Managers del Grupo Bosal.

- HP 5º. La prestación de servicios no fue en exclusiva para BIZ sino para el grupo BEC Y BIM.

- HP 6º. Reportaba el trabajador con los directivos, principalmente, de BEC, cumpliendo con sus instrucciones de trabajo en los proyectos que le encomendaban para las diversas plantas productivas de que disponía el grupo por todo el mundo. En ocasiones, dirigía grupos de trabajo compuestos por trabajadores del resto de empresas del grupo. Celebraba reuniones semanales (presenciales o telemáticas) en la central del Grupo en Bélgica, disponiendo incluso de un pase personal e intransferible para acceder a las instalaciones. Disfrutaba de vehículo de empresa, reservado para los trabajadores del Grupo. Todas las decisiones al respecto de sus condiciones laborales se adoptaban en Lummen Bélgica), domicilio en el que radican diversas empresas del grupo y los servicios centrales.

DUODÉCIMO.- Son relevantes igualmente las afirmaciones de naturaleza fáctica que incluye la sentencia entre las conclusiones que expone al final de su motivación jurídica (FJ 3º, pgs.16-17): 1....la empresa BIZ no es en realidad una empresa autónoma sino en realidad un mero centro de trabajo y pertenece, como se ha señalado, al "Grupo Bosal"...siendo el socio único actual la mercantil BOSAL NEDERLAND NV, matriz del "Grupo BOSAL". 2. El administrador único social es la sociedad BEC, de nacionalidad holandesa, del grupo BOSAL. 3. El "Grupo BOSAL" actúa de manera que cada planta tiene asumida una función o tarea que se enlaza con las funciones o tareas de las otras plantas. En el organigrama del grupo, las tres plantas españolas se incluyen dentro de las denominadas "manufacturing plants depots", esto es, plantas de fabricación y depósito. 4- El grupo Bosal tiene funcionamiento unitario del conjunto de empresas que forman el grupo de empresas Bosal, integrado por hasta 46 sociedades distintas. 5. Otros aspectos declarados probados aluden a aspectos relativos al funcionamiento del grupo Bosal como una entidad global, nombramiento por la matriz de los directivos de cada una de las empresas del grupo, interacciones organizativas y funcionales..., movimientos de personas trabajadoras entre empresas del grupo, o interacciones económicas.... Hay una dirección unitaria y jerárquica entre las empresas; el socio único de la mayoría de las empresas era Bosal Nederland, cuyo administrador único era Bosal International Management. Existe dirección supranacional de las empresas del Grupo y los nombramientos de directivos en cada empresa se decidían en la matriz; las oficinas centrales son comunes y se concentran en Bosal International Management NV sita en Lumen (Bélgica) donde radican distintas sociedades del Grupo.

DECIMOTERCERO.- La conclusión de la sentencia recurrida es que "nos encontramos ante un supuesto de empresario real plural. Por ello se debe reconocer la responsabilidad solidaria de las empresas codemandadas en relación con la improcedencia del cese del trabajador al considerar la existencia de una única relación laboral cuyo titular es el conjunto de empresas, por lo que los datos económicos expuestos profusamente en la comunicación de despido deberían venir referidos a la totalidad de las empresas codemandadas. La ausencia de estos datos determina la improcedencia de la decisión extintiva..."

Pese a que lo largo de la recurrida existen menciones al llamado "grupo de empresas laboral" o "grupo de empresas mercantil, patológico o fraudulento a efectos laborales", y a sus conocidos requisitos jurisprudenciales, la expuesta conclusión de la sentencia indica que la responsabilidad solidaria que decide respecto a las tres empresas codemandadas, pertenecientes a un grupo mercantil de empresas (obviamente de lícita constitución y funcionamiento), no se funda en la constatación de grupo laboral ("patológico"), sino en la existencia, en este caso concreto y respecto al trabajador demandante, de un empresario (que denomina real plural) constituido por las tres empresas codemandadas, puesto que ellas eran las receptoras de su prestación de servicios: "una única relación laboral cuyo titular es el conjunto de empresas", (las tres codemandadas).

Conclusión que determina el Fallo impugnado y que esta Sala considera plenamente ajustado, no contrario u opuesto, a los preceptos legales invocados en los recursos.

No puede ser de otro modo porque de la declaración de hechos Probados se evidencia que el demandante prestó sus servicios laborales no solo para la empresa que le contrató formalmente y a cuyo nombre se le abonaba su retribución sino también para las otras dos empresas del grupo codemandadas. De manera que su "verdadero empresario" eran, conjunta o unitariamente, las citadas empresas, por lo que puede denominarse al empresario del demandante un empresario real "plural".

Nada tiene que ver esta conclusión con la doctrina sobre el "grupo de empresas patológico" o grupo con efectos laborales, cuyas características exponen ampliamente los recursos formulados.

Se trata de precisar el real o verdadero empresario de este concreto trabajador, que, en el caso, no es el que constaba formalmente (contrato escrito y nóminas), sino el determinado por aplicación de los criterios legales al efecto contenidos en los arts. 1 y 8 del ET ,según los cuales, como hemos dicho antes, es empresario la persona, física o jurídica o comunidad de bienes, que recibe del trabajador una prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro de su ámbito de organización y dirección, presumiéndose existente el contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución. Precisamente esto es lo que ocurría en la prestación de servicios retribuidos existente entre el demandante y las tres empresas codemandadas, conforme a los Hechos que han sido declarados probados.

DECIMOCUARTO.- Así, dice la STS de 15-10-2025, r. 2969/23 : "Como hemos afirmado en materia de grupo de empresas, no cabe admitir el «fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del «levantamiento del velo», en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de «pantalla» para aquélla»[ STS de 10 de noviembre de 2017 (r. 3049/15 ); y 31 de octubre de 2017 (r. 115/17 ), entre otras muchas]. En el mismo sentido, la STS nº 527/2017, de 20 de junio (r. 15/17 ) en un supuesto de utilización fraudulenta del fenómeno societario mediante la constitución de una sociedad civil particular; o la STS de 29 de enero de 2014 (r.121/13 ), al analizar la responsabilidad de los socios en un caso de grupo de empresa en la que se aplica igualmente la doctrina del levantamiento del velo «que nos permite ver la realidad laboral de la empresa más allá de las apariencias,para encontrar que esa realidad ha producido la creación de entidades distintas con la finalidad claramente dirigida a obtener unos beneficios que no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores»".

DECIMOQUINTO.- Y, en otro supuesto análogo, declaraba la STS de 29-1-2014, r. 121/13 : "... se ha de aplicar la doctrina conocida del "levantamiento del velo", que nos permite ver la realidad laboral de la empresa más allá de las apariencias,para encontrar que esa realidad ha producido la creación de entidades distintas con la finalidad claramente dirigida a obtener unos beneficios que no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores. Tal modo de actuar conduce a la consideración de las personas físicas como verdaderos empresarios ya que las mercantiles por ellos constituidas actúan de mera pantalla o instrumento interpuesto para eludir sus responsabilidades. De todo ello resulta que lo que se aprecia en el caso presente es la existencia de una única entidad empresarial, constituida por los recurrentes y por el resto de los responsables solidarios fijadospor la sentencia recurrida, .... En suma, pues, la sentencia de la Sala de instancia acierta al establecer dicha responsabilidad dada la situación de unidad empresarial acreditada suficientemente.Lo dicho comporta, además, que...la competencia para conocer de las acciones que la parte trabajadora ejercite frente a quienes resultan ser los auténticos empleadores corresponda a la jurisdicción social. Se trata del ejercicio de derechos que nacen de esa vinculación contractual laboral, que es la naturaleza que poseen los verdaderos ligámenes entre las partes, aun cuando se hayan exteriorizado bajo la apariencia de la actuación con una personalidad jurídica distinta".

DECIMOSEXTO.- En suma, procede la desestimación de los recursos y la consiguiente confirmación de la sentencia de instancia, con imposición de las costas a las partes recurrentes, las cuales ha de ser condenada, asimismo, a la pérdida del depósito dado para recurrir, debiendo darse el destino legal a la consignación que, en su caso, se hubiere efectuado ( arts. 203, 204 y 235 de la LRJS) .

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente