Sentencia Social 604/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 261/2026 de 06 de abril del 2026

PRIMERO: En la demanda se suplicaba la declaración de nulidad del despido del demandante con las consecuencias legales inherentes a esa declaración y la condena de los demandados al abono de una indemnización, en concepto de vulneración de la garantía de indemnidad, de 18.751 euros y, subsidiariamente, la declaración de improcedencia de su despido con las consecuencias legales inherentes a esa declaración. La sentencia del Juzgado de lo Social ha estimado la demanda declarando la nulidad del despido del demandante, con las consecuencias legales inherentes a esa declaración y la condena del Ministerio al abono, en concepto de vulneración de la garantía de indemnidad, de 1.800 euros. En el recurso de suplicación, Ministerio de Defensa solicita la revocación de la sentencia recurrida y, en su lugar, la desestimación de la demanda.

SEGUNDO: Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ministerio de Defensa solicita:

-La siguiente nueva redacción del hecho probado primero: "D. Jesús Carlos, actual demandante, ha venido prestando servicios para el Ministerio de Defensa, en base al régimen de contratación administrativa de servicios previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) , utilizando el procedimiento especial consagrado en el artículo 310 del citado texto legal, que le exime de tramitar las fases de preparación y adjudicación ordinaria, bastando su formalización mediante la mera designación. En concreto, ha sido contratado para los cursos 2021 a 2024, mediante varios contratos administrativos de servicios, produciéndose o efectuando varias designaciones aportadas como prueba documental número 3 de la demandada (folios 67-85)". Basa su pretensión en el contenido de los folios 67 a 85 de las actuaciones.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado sexto: "Como se desprende del documento número 3, aportado por la demandada, por el Ministerio de Defensa se efectuaron varias designaciones al actor, para la prestación de servicios en régimen administrativo, utilizando la vía contractual del artículo 310 LCSP, para los cursos 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024: 1º Curso 2021/2022: a) Designación el 24 de septiembre de 2021, para el período octubre a diciembre de 2021 (doc. 3.1); b) Designación el 29 de diciembre de 2021, para el período de enero a marzo 2022 (doc. 3.2); c) Designación el 18 de abril 2022, para el período de abril a junio 2022 (doc. 3.3); 2º Curso 2022/2023: a) Designación de 3 de octubre de 2022, para el período de octubre a diciembre 2022 (doc. 3.4); Designación de 2 de marzo 2023, para el período de enero a marzo 2023 (doc. 3.5); c) Designación de 18 de abril de 2023, para el período de abril a junio 2023 (doc. 3.6).; 3ª Curso 2023/2024: se efectúan varias designaciones: a) Designación de 10 de enero de 2024, para el período de enero a junio 2024 (doc. 3.7). Como se desprende de la citada documental, la última designación se efectúa el 10 de enero de 2024, para el desarrollo del segundo itinerario del curso 2023-2024, que abracaría desde el 8 de enero 2024 a 28 de junio 2024, según el apartado 13 de la "convocatoria del curso preparatorio para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General del ET ( CPAES) 2023/2024 a desarrollar en las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes "Virgen del Puerto" (Santoña) y "Virgen de la Paz" (Ronda)", aportada como documento 1 de la demandada. Con carácter previo a la última designación de enero de 2024, con el fin de adecuar la contratación a la especialidad procedimental del artículo 310 LCSP, se acordó por el Ministerio una reducción de horas de contratación del profesorado. En efecto, como se comunicó por la DIAPER a la Inspección de Trabajo, los profesores no podían tener ingresos superiores a los 15.000 euros anuales, por lo que, dado que el importe de la hora de trabajo en el actual convenio es de 39,66 euros, el número máximo de horas que podía impartir un docente era de 378 horas. Así se deja constancia en el recurso especial de contratación interpuesto por los docentes, y que obra en el documento 11 de la parte actora, y en la demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo aportada como documento 14 de la parte actora. De manera que en el curso 2024 (de enero a junio 2024), el actor ha impartido cursos durante 15 horas semanales". Basa su pretensión en los documentos 1 y 3.1 a 3.7 de su ramo de prueba, y en los documentos 11 y 14 del ramo de prueba del demandante.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado décimo primero: "El actor, al igual que el resto del profesorado, emitía mensualmente las facturas (documento 10 parte demandada)". Basa su pretensión en el documento 10 de su ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado décimo segundo: "El actor prestaba sus servicios sujeto a las convocatorias de los cursos preparatorios para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra. La última convocatoria se efectuó para el curso 2023/2024, y se aportó como documento 1 por la parte demandada (folios 24 a 55). El actor, al igual que el resto del profesorado, informaba al Jefe de Estudios, o profesor titular, al inicio de cada itinerario del curso de formación, las horas en las que prefería dar clases (documento 14 parte demandada), elaborando el Jefe de Estudios el horario atendiendo a dichas instrucciones (documento 15 parte demandada); elaboraba los apuntes y exámenes que facilitaba a los alumnos; no tenía un email propio del Ministerio, sino uno particular privado (documento 15 parte demandada), disponía de una tarjeta de acceso como personal externo del Ministerio (documento 16 parte demandada); y, a diferencia del personal de la residencia, no tenía plaza de parking asignada (documento 17 parte demandada)". Basa su pretensión en el contenido de los documentos 1 y 14 a 17 de su propio ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo: "El 23 de agosto de 2024 se notifica resolución de 9 de agosto de 2024 por la Dirección Provincia de Málaga, de la Tesorería General de la Seguridad Social, reconociendo el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social de los docentes de la RMASE "Virgen de la Paz", conforme al artículo 33 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores de la Seguridad Social. Dichas resoluciones fueron recurridas en alzada por la Delegación de Defensa de Málaga el 17 de septiembre de 2024. Tales recursos de alzada fueron desestimados por la Dirección Provincial de Málaga de la TGSS (documento número 7 parte demandada, folios 186 a 188). Dichas resoluciones desestimatorias de los citados recursos de alzada han sido impugnadas ante el TSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la Abogacía del Estado en Málaga, en el procedimiento ordinario 1080/2024, estando pendiente de votación y fallo (documento número 8, folio 189)". Basa su pretensión en el contenido de los documentos 7 y 8 de su propio ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado vigésimo tercero: "Por el actor y otros se presenta recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con solicitud de medidas cautelares el 3-7-24. Se resuelve la concesión de medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación, sin que ésta afecte al plazo de presentación de ofertas, de conformidad con los establecido en los artículos 49 y 56 de la LCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada. Con fecha 26 de septiembre de 2024 tiene entrada en el TACRC escrito del órgano de contratación desistiendo del procedimiento, al no poder satisfacer las necesidades de la Administración que habían promovido la tramitación del expediente. El 3-10-24 se dicta resolución por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se inadmite el recurso presentado por el actor y otros, se levanta la suspensión cautelar operada, habida cuenta del desistimiento presentado (documento 9 parte demandada, folios 190 a 200)". Basa su pretensión en el contenido del documento 9 de su propio ramo de prueba.

Don Jesús Carlos impugna los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ya que la redacción alternativa propuesta del hecho probado primero no tiene incidencia alguna en la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta del hecho probado sexto debe ser desestimada ya que incluye valoraciones jurídicas y, además, es intranscendente para la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta de los hechos probados undécimo y duodécimo es irrelevante de cara a la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo no respeta los requisitos formales exigidos por la jurisprudencia y es intranscendente para la modificación del fallo; y que la redacción alternativa propuesta del hecho probado vigésimo tercero debe ser desestimada por intranscendente.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado primero se desprende de la designación de profesorado llevado a cabo por el General Director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra el 24 de septiembre de 2021 (folios 68 y 69), el 29 de diciembre de 2021 (folio 71), el 18 de abril de 2022 (folios 72 a 80), el 3 de octubre de 2022 (folio 81), el 2 de marzo de 2023 (folio 82), el 18 de abril de 2023 (folio 83) y el 10 de enero de 2024 (folios 84 y 85). No obstante, se desestima la misma por suponer una reiteración del contenido del hecho probado sexto y, además, pretender la supresión de la conclusión alcanzada por la Magistrada como resultado de la valoración de la totalidad de la prueba practicada.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado sexto se desprende de la designación de profesorado llevado a cabo por el General Director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra el 24 de septiembre de 2021 (folios 68 y 69), el 29 de diciembre de 2021 (folio 71), el 18 de abril de 2022 (folios 72 a 80), el 3 de octubre de 2022 (folio 81), el 2 de marzo de 2023 (folio 82), el 18 de abril de 2023 (folio 83) y el 10 de enero de 2024 (folios 84 y 85), de la demanda dirigida por varios trabajadores, entre ellos el demandante, al Tribunal Económico Administrativo Central de Recursos Contractuales el 2 de julio de 2024 (folios 368 vuelto a 372 vuelto) y en la demanda del demandante de impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo (folios 376 a 378). No obstante, se desestima la misma ya que la sentencia recurrida, en el párrafo final de su segundo fundamento de derecho, llega a la conclusión de que no ha quedado probado que la jornada del demandante no fuese completa y en el segundo párrafo de su tercer fundamento de derecho llega a la conclusión de que la reducción del número de horas de contratación es la consecuencia de la visita de la Inspección de Trabajo en el mes de diciembre de 2023.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado décimo primero debe ser desestimada ya que las facturas emitidas por el demandante desde enero a junio de 2024 (folios 202 a 219) aparecen reseñadas en el hecho probado que se pretende revisar, con lo que ese hecho probado se ha redactado en base a las mismas.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado décimo segundo se basa en la Convocatoria del curso preparatorio para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General de Ejército de Tierra (CPAES) 2023/2024 a desarrollar en las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes "Virgen del Puerto" (Santoña) y "Virgen de la Paz" (Ronda) (folios 24 a 55), en los horarios de clase de los distintos profesores (folios 232 a 253), en el correo electrónico que remitía los horarios del primer trimestre de 2024 (folio 254), en los diferentes distintivos del personal externo, del personal civil del Ministerio de Defensa y del personal militar (folio 255) y el plano de las zonas de aparcamiento (folio 257). No obstante, se desestima la misma porque a través de ella se pretende suprimir las conclusiones a que ha llegado la Magistrada acerca de las condiciones en que se llevaba a cabo la prestación de servicios del demandante.

La redacción alternativa propuesta de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo se basa en la resolución de la Dirección Provincial de Málaga de la Tesorería General de la Seguridad Social de 9 de agosto de 2024 (folios 186 a 188) y de la Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el procedimiento ordinario 1080/2024 (folio 189). No obstante, se desestima la misma por considerarla intranscendente para la resolución de la acción ejercitada en la demanda.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado vigésimo tercero se basa en la resolución del Tribunal Administrativo Central de recursos Contractuales de 3 de octubre de 20224 (folios 190 a 200). No obstante, se desestima la misma por considerar que supone una reiteración del contenido de ese hecho probado y porque es intranscendente para la resolución de la acción ejercitada en la demanda.

TERCERO: Al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el recurso denuncia ausencia de motivación en la sentencia recurrida en orden a la concurrencia en el demandante de la nota de laboralidad del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, poniendo de manifiesto que no opuso a la demanda la excepción de caducidad y que, pese a lo que se dice en el tercer fundamento de derecho, el Ministerio Fiscal no ha emitido informe alguno en el procedimiento, todo lo cual coloca en situación de indefensión al Ministerio de Defensa, al desconocer los datos que llevan a la Magistrada a declarar la nulidad del despido del demandante, por tratarse de una represalia o castigo del Ministerio de Defensa. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que en la prestación de servicios del demandante no concurren las notas de dependencia o subordinación, ajenidad y remuneración, poniendo el acento en la naturaleza jurídica del acta de inspección y en el contenido de dicho acta. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción de los artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores y 64 del IV Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado, ya que la relación del demandante no era indefinida, ya que en 2024 su jornada fue de 360 horas, con lo que no puede entenderse que su jornada fuese completa. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción de los artículos 24 de la Constitución y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que el cese de la relación del demandante no estuvo motivado por su previa denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, antes al contrario estuvo motivado por la finalización del servicio para el que fue contratado, poniendo el acento en que el demandante fue nuevamente contratado después de la denuncia ante la Inspección

Don Jesús Carlos impugna los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando que el primero de los motivos no se formula al amparo del apartado a) y que la consecuencia natural de su estimación sería la nulidad de la sentencia recurrida, petición que no figura en el suplico del recurso, sin perjuicio de constatar que la sentencia de esta Sala de 7 de julio de 2025 hace referencia a un compañero del demandante, cuya situación era idéntica a la suya; que en la prestación de servicios del demandante concurren las notas exigibles para afirmar la existencia de relación laboral; que el salario del demandante es el fijado para la categoría profesional M3, y que la jornada lectiva es distinta de la jornada laboral; y que ha quedado probado que el despido del demandante vulnera su garantía de indemnidad.

El primer motivo de suplicación, en el que se denuncia infracción de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución y de la jurisprudencia acerca de la motivación de las sentencias judiciales, debería haber sido formulado al amparo del artículo 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y la consecuencia procesal de su estimación debería haber sido la declaración de nulidad de la sentencia, decisión que no puede ser adoptada de oficio por la Sala, de conformidad con el artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello debe llevar consigo su desestimación. En todo caso, es verdad que, en el presente procedimiento, Ministerio de Defensa no opuso a la demanda la excepción de caducidad, pese a lo cual, en el fundamento de derecho segundo, se analiza esa excepción para desestimarla. También es verdad que en el presente procedimiento no consta informe alguno del Ministerio Fiscal. Pero ello no puede configurarse sino como un error de la sentencia recurrida, al haber transcrito párrafos enteros de otras sentencias, error que no tiene incidencia alguna en la resolución adoptada. En cuanto a los indicios de vulneración de la garantía de indemnidad del demandante, a los que se refiere el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, es incuestionable que se produjo un cambio en la forma de contratación del profesorado y, en concreto, del demandante, tras la visita de la Inspección de Trabajo en diciembre de 2023.

CUARTO: La Sala reitera el razonamiento desplegado en su sentencia de 7 de julio de 2025 [ROJ: STSJ AND 12197/2025], dictada en relación con un compañero del demandante en la Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes "Virgen de la Paz", para desestimar el segundo de los motivos de suplicación formulado al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: "La doctrina jurisprudencial ha expresado que, aunque el artículo 1.1 del ET no contiene una definición del contrato de trabajo, sí establece las notas generales características que ha de reunir para poder ser acreedor de tal denominación y distanciarse de otras instituciones o figuras jurídicas próximas, y que la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contratos, siendo la proyección acumulada de indicios de una y otra sobre la relación concreta que se analiza la que permite la calificación, porque tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra, que son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales. La dependencia ha de ser entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa, y que la ajenidad consiste en la cesión anticipada de los frutos o de la utilidad patrimonial del trabajo del trabajador al empleador, que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios. Y que los indicios comunes de dependencia más habituales son la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador". Y que son indicios comunes de la nota de ajenidad, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones. La línea divisoria entre una y otra opción está en lo que la jurisprudencia llamó integración en el círculo rector y disciplinario del empresario, concepto que en la legislación vigente se formula como servicios (...) dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, y que la doctrina científica denomina nota o criterio de " dependencia" (por todas, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 26 de noviembre de 2012, [ ROJ: STS 8640/2012]). Así mismo, dicha doctrina jurisprudencial ha señalado que los actos o negocios jurídicos tienen la naturaleza que se deriva del conjunto de derechos y obligaciones que encierran, es decir, de la verdadera realidad, cualquiera que sea la terminología empleada y con independencia del nomen iuris o de la calificación jurídica que le asignen las partes ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 12 de septiembre de 2014 [ROJ: STS 4260/2014]). En similares términos, la de 6 de julio de 2020 [ROJ: STS 2758/2020] y 20 de enero de 2021 [ ROJ: STS 47/2021]. Más concretamente, dicha Sala de lo Social del Tribunal Supremo, respecto del Ministerio de Defensa, y en aplicación de la legislación a la LCSP, había considerado que se estaba en presencia de una relación laboral, no administrativa, en los casos de servicios prestados realizando funciones docentes en una base militar, bajo sucesivos contratos administrativos, y con la condición de trabajador autónomo, consistiendo las tareas en la impartición de forma continuada de clases de Lengua y Literatura en el curso de apoyo a militares profesionales, como fue el caso de la sentencia de 25 de mayo de 2006 [REC 577/2005, ROJ: STS 3767/2006]: o de una profesora de inglés en similares condiciones, en la sentencia de 6 de febrero de 2006 [REC: 646/2025, ROJ: STS 853/2006]".

Como en la sentencia recurrida, en su inalterado hecho probado décimo segundo, se afirma que el demandante realizaba su actividad sujeta al calendario escolar de octubre a junio, en horario de lunes a jueves, horario confeccionado por el Jefe de Estudios, y empleando los materiales, equipos de trabajo e instalaciones para el desempeño de la docencia que le proporciona la Residencia Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y como esa prestación personal no era susceptible de sustitución, es incontestable que la decisión de considerar que la relación que unía al demandante con dicha Residencia era de naturaleza labora es ajustada a derecho. Además su retribución era por horas de clase mediante facturas realizadas por la propia Residencia Militar que firmaba el demandante. En definitiva, se trata de trabajador que se limita a la prestación de servicios como docente, a cambio de una retribución, sujeto a un horario, ingresando la utilidad patrimonial en el Ministerio de Defensa, en concreto la Residencia Militar, cuya finalidad es la formación y preparación para promoción interna de los militares de tropa para su ingreso en la academia de suboficiales y para lo cual, es imprescindible la actividad de los profesores. Por ello, concluimos que la relación entre las partes es de naturaleza laboral, debiéndose calificar como indefinida no fija. La antigüedad es la que figura en el hecho primero, no discutida, y el salario en que figura en ese hecho probado primero, conforme a convenio colectivo único del personal laboral de la administración general del Estado.

QUINTO: La sentencia concluye, al final de su primer fundamento de derecho, que la relación laboral del demandante a jornada completa y no se pronuncia sobre el carácter indefinido o temporal de dicha relación laboral. La Sala reitera el criterio alcanzado en la antes citada sentencia de la Sala de 7 de julio de 2025 en el sentido de que la relación laboral del demandante era indefinida no fija. Y no la califica de discontinua porque la misma alcanzaba la totalidad del curso escolar, por más que se dividiese en distintas contrataciones lo largo del año, tal y como se desprende del hecho probado sexto. En cualquier caso, el hecho de que la jornada lectiva no coincida con la jornada de trabajo para un contrato a tiempo completo no es sino la consecuencia de que el demandante prestaba servicios en el ámbito de la educación, en la que la jornada trabajada no se reduce exclusivamente a las horas lectivas. Por ello, se desestima el tercero de los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEXTO: El artículo 24.1 de la Constitución reconoce el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El artículo 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores establece que en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. El artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Y la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, relativa a la protección de la garantía de indemnidad de las personas trabajadoras, establece en su apartado 1 que las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales.

Respecto de la llamada garantía de indemnidad, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha puesto de relieve en la sentencia de 20 de diciembre de 2024 [REC: 523/2024, ROJ: STS 6277/2024], entre otras muchas, que, conforme a la doctrina constitucional, y en el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Con el artículo 181.2 de la LRJS - sigue diciendo dicha Sala en la sentencia citada-. el legislador ha dispuesto un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba, que si bien no provoca, en puridad, una traslación de la carga de la prueba, sí que produce determinados efectos en la posición procesal de las partes respecto de la actividad probatoria que conviene reseñar. Pero es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental, quiere esto decir que incumbe al trabajador la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba, pues para imponer al empresario la carga probatoria descrita, no es suficiente la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión.

Ha quedado probado que el demandante, junto con otros compañeros, formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo en octubre de 2023, teniendo lugar visita de la Inspección de Trabajo a la Residencia en diciembre de 2023, que dio lugar a la notificación de una diligencia de requerimiento para que se proceda al alta en el Régimen General de la Seguridad Social del actor, el 22 de abril de 2024 -hechos probados séptimo, octavo y décimo cuarto-. Por los demandados se modifica el sistema de contratación del profesorado, elaborando un pliego de prescripciones técnicas para el curso 2024 2025 fechado el 11-3-24, tras la visita de la inspección de trabajo -hecho probado vigésimo primero-. No se cumple con la diligencia de requerimiento. El 1-7-24 ante el requerimiento del actor de ocupar su puesto de trabajo y que es informado que actualmente no figura en la relación de puestos de trabajo y dicha actuación se mantiene el 2-9-24, tras el alta de oficio en seguridad social -hecho probado vigésimo-..

Esos indicios de vulneración de la garantía de indemnidad del demandante no desvirtuados, con la calificación de que su cese como despido nulo no constituye infracción alguna de los artículos 24 de la Constitución y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, la Sala desestima el cuarto de los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SÉPTIMO: La desestimación del recurso de suplicación lleva consigo, de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la condena de los recurrentes al pago de las costas procesales del recurso de suplicación.

PRIMERO: En la demanda se suplicaba la declaración de nulidad del despido del demandante con las consecuencias legales inherentes a esa declaración y la condena de los demandados al abono de una indemnización, en concepto de vulneración de la garantía de indemnidad, de 18.751 euros y, subsidiariamente, la declaración de improcedencia de su despido con las consecuencias legales inherentes a esa declaración. La sentencia del Juzgado de lo Social ha estimado la demanda declarando la nulidad del despido del demandante, con las consecuencias legales inherentes a esa declaración y la condena del Ministerio al abono, en concepto de vulneración de la garantía de indemnidad, de 1.800 euros. En el recurso de suplicación, Ministerio de Defensa solicita la revocación de la sentencia recurrida y, en su lugar, la desestimación de la demanda.

SEGUNDO: Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ministerio de Defensa solicita:

-La siguiente nueva redacción del hecho probado primero: "D. Jesús Carlos, actual demandante, ha venido prestando servicios para el Ministerio de Defensa, en base al régimen de contratación administrativa de servicios previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) , utilizando el procedimiento especial consagrado en el artículo 310 del citado texto legal, que le exime de tramitar las fases de preparación y adjudicación ordinaria, bastando su formalización mediante la mera designación. En concreto, ha sido contratado para los cursos 2021 a 2024, mediante varios contratos administrativos de servicios, produciéndose o efectuando varias designaciones aportadas como prueba documental número 3 de la demandada (folios 67-85)". Basa su pretensión en el contenido de los folios 67 a 85 de las actuaciones.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado sexto: "Como se desprende del documento número 3, aportado por la demandada, por el Ministerio de Defensa se efectuaron varias designaciones al actor, para la prestación de servicios en régimen administrativo, utilizando la vía contractual del artículo 310 LCSP, para los cursos 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024: 1º Curso 2021/2022: a) Designación el 24 de septiembre de 2021, para el período octubre a diciembre de 2021 (doc. 3.1); b) Designación el 29 de diciembre de 2021, para el período de enero a marzo 2022 (doc. 3.2); c) Designación el 18 de abril 2022, para el período de abril a junio 2022 (doc. 3.3); 2º Curso 2022/2023: a) Designación de 3 de octubre de 2022, para el período de octubre a diciembre 2022 (doc. 3.4); Designación de 2 de marzo 2023, para el período de enero a marzo 2023 (doc. 3.5); c) Designación de 18 de abril de 2023, para el período de abril a junio 2023 (doc. 3.6).; 3ª Curso 2023/2024: se efectúan varias designaciones: a) Designación de 10 de enero de 2024, para el período de enero a junio 2024 (doc. 3.7). Como se desprende de la citada documental, la última designación se efectúa el 10 de enero de 2024, para el desarrollo del segundo itinerario del curso 2023-2024, que abracaría desde el 8 de enero 2024 a 28 de junio 2024, según el apartado 13 de la "convocatoria del curso preparatorio para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General del ET ( CPAES) 2023/2024 a desarrollar en las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes "Virgen del Puerto" (Santoña) y "Virgen de la Paz" (Ronda)", aportada como documento 1 de la demandada. Con carácter previo a la última designación de enero de 2024, con el fin de adecuar la contratación a la especialidad procedimental del artículo 310 LCSP, se acordó por el Ministerio una reducción de horas de contratación del profesorado. En efecto, como se comunicó por la DIAPER a la Inspección de Trabajo, los profesores no podían tener ingresos superiores a los 15.000 euros anuales, por lo que, dado que el importe de la hora de trabajo en el actual convenio es de 39,66 euros, el número máximo de horas que podía impartir un docente era de 378 horas. Así se deja constancia en el recurso especial de contratación interpuesto por los docentes, y que obra en el documento 11 de la parte actora, y en la demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo aportada como documento 14 de la parte actora. De manera que en el curso 2024 (de enero a junio 2024), el actor ha impartido cursos durante 15 horas semanales". Basa su pretensión en los documentos 1 y 3.1 a 3.7 de su ramo de prueba, y en los documentos 11 y 14 del ramo de prueba del demandante.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado décimo primero: "El actor, al igual que el resto del profesorado, emitía mensualmente las facturas (documento 10 parte demandada)". Basa su pretensión en el documento 10 de su ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado décimo segundo: "El actor prestaba sus servicios sujeto a las convocatorias de los cursos preparatorios para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra. La última convocatoria se efectuó para el curso 2023/2024, y se aportó como documento 1 por la parte demandada (folios 24 a 55). El actor, al igual que el resto del profesorado, informaba al Jefe de Estudios, o profesor titular, al inicio de cada itinerario del curso de formación, las horas en las que prefería dar clases (documento 14 parte demandada), elaborando el Jefe de Estudios el horario atendiendo a dichas instrucciones (documento 15 parte demandada); elaboraba los apuntes y exámenes que facilitaba a los alumnos; no tenía un email propio del Ministerio, sino uno particular privado (documento 15 parte demandada), disponía de una tarjeta de acceso como personal externo del Ministerio (documento 16 parte demandada); y, a diferencia del personal de la residencia, no tenía plaza de parking asignada (documento 17 parte demandada)". Basa su pretensión en el contenido de los documentos 1 y 14 a 17 de su propio ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo: "El 23 de agosto de 2024 se notifica resolución de 9 de agosto de 2024 por la Dirección Provincia de Málaga, de la Tesorería General de la Seguridad Social, reconociendo el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social de los docentes de la RMASE "Virgen de la Paz", conforme al artículo 33 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores de la Seguridad Social. Dichas resoluciones fueron recurridas en alzada por la Delegación de Defensa de Málaga el 17 de septiembre de 2024. Tales recursos de alzada fueron desestimados por la Dirección Provincial de Málaga de la TGSS (documento número 7 parte demandada, folios 186 a 188). Dichas resoluciones desestimatorias de los citados recursos de alzada han sido impugnadas ante el TSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la Abogacía del Estado en Málaga, en el procedimiento ordinario 1080/2024, estando pendiente de votación y fallo (documento número 8, folio 189)". Basa su pretensión en el contenido de los documentos 7 y 8 de su propio ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado vigésimo tercero: "Por el actor y otros se presenta recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con solicitud de medidas cautelares el 3-7-24. Se resuelve la concesión de medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación, sin que ésta afecte al plazo de presentación de ofertas, de conformidad con los establecido en los artículos 49 y 56 de la LCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada. Con fecha 26 de septiembre de 2024 tiene entrada en el TACRC escrito del órgano de contratación desistiendo del procedimiento, al no poder satisfacer las necesidades de la Administración que habían promovido la tramitación del expediente. El 3-10-24 se dicta resolución por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se inadmite el recurso presentado por el actor y otros, se levanta la suspensión cautelar operada, habida cuenta del desistimiento presentado (documento 9 parte demandada, folios 190 a 200)". Basa su pretensión en el contenido del documento 9 de su propio ramo de prueba.

Don Jesús Carlos impugna los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ya que la redacción alternativa propuesta del hecho probado primero no tiene incidencia alguna en la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta del hecho probado sexto debe ser desestimada ya que incluye valoraciones jurídicas y, además, es intranscendente para la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta de los hechos probados undécimo y duodécimo es irrelevante de cara a la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo no respeta los requisitos formales exigidos por la jurisprudencia y es intranscendente para la modificación del fallo; y que la redacción alternativa propuesta del hecho probado vigésimo tercero debe ser desestimada por intranscendente.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado primero se desprende de la designación de profesorado llevado a cabo por el General Director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra el 24 de septiembre de 2021 (folios 68 y 69), el 29 de diciembre de 2021 (folio 71), el 18 de abril de 2022 (folios 72 a 80), el 3 de octubre de 2022 (folio 81), el 2 de marzo de 2023 (folio 82), el 18 de abril de 2023 (folio 83) y el 10 de enero de 2024 (folios 84 y 85). No obstante, se desestima la misma por suponer una reiteración del contenido del hecho probado sexto y, además, pretender la supresión de la conclusión alcanzada por la Magistrada como resultado de la valoración de la totalidad de la prueba practicada.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado sexto se desprende de la designación de profesorado llevado a cabo por el General Director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra el 24 de septiembre de 2021 (folios 68 y 69), el 29 de diciembre de 2021 (folio 71), el 18 de abril de 2022 (folios 72 a 80), el 3 de octubre de 2022 (folio 81), el 2 de marzo de 2023 (folio 82), el 18 de abril de 2023 (folio 83) y el 10 de enero de 2024 (folios 84 y 85), de la demanda dirigida por varios trabajadores, entre ellos el demandante, al Tribunal Económico Administrativo Central de Recursos Contractuales el 2 de julio de 2024 (folios 368 vuelto a 372 vuelto) y en la demanda del demandante de impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo (folios 376 a 378). No obstante, se desestima la misma ya que la sentencia recurrida, en el párrafo final de su segundo fundamento de derecho, llega a la conclusión de que no ha quedado probado que la jornada del demandante no fuese completa y en el segundo párrafo de su tercer fundamento de derecho llega a la conclusión de que la reducción del número de horas de contratación es la consecuencia de la visita de la Inspección de Trabajo en el mes de diciembre de 2023.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado décimo primero debe ser desestimada ya que las facturas emitidas por el demandante desde enero a junio de 2024 (folios 202 a 219) aparecen reseñadas en el hecho probado que se pretende revisar, con lo que ese hecho probado se ha redactado en base a las mismas.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado décimo segundo se basa en la Convocatoria del curso preparatorio para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General de Ejército de Tierra (CPAES) 2023/2024 a desarrollar en las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes "Virgen del Puerto" (Santoña) y "Virgen de la Paz" (Ronda) (folios 24 a 55), en los horarios de clase de los distintos profesores (folios 232 a 253), en el correo electrónico que remitía los horarios del primer trimestre de 2024 (folio 254), en los diferentes distintivos del personal externo, del personal civil del Ministerio de Defensa y del personal militar (folio 255) y el plano de las zonas de aparcamiento (folio 257). No obstante, se desestima la misma porque a través de ella se pretende suprimir las conclusiones a que ha llegado la Magistrada acerca de las condiciones en que se llevaba a cabo la prestación de servicios del demandante.

La redacción alternativa propuesta de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo se basa en la resolución de la Dirección Provincial de Málaga de la Tesorería General de la Seguridad Social de 9 de agosto de 2024 (folios 186 a 188) y de la Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el procedimiento ordinario 1080/2024 (folio 189). No obstante, se desestima la misma por considerarla intranscendente para la resolución de la acción ejercitada en la demanda.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado vigésimo tercero se basa en la resolución del Tribunal Administrativo Central de recursos Contractuales de 3 de octubre de 20224 (folios 190 a 200). No obstante, se desestima la misma por considerar que supone una reiteración del contenido de ese hecho probado y porque es intranscendente para la resolución de la acción ejercitada en la demanda.

TERCERO: Al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el recurso denuncia ausencia de motivación en la sentencia recurrida en orden a la concurrencia en el demandante de la nota de laboralidad del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, poniendo de manifiesto que no opuso a la demanda la excepción de caducidad y que, pese a lo que se dice en el tercer fundamento de derecho, el Ministerio Fiscal no ha emitido informe alguno en el procedimiento, todo lo cual coloca en situación de indefensión al Ministerio de Defensa, al desconocer los datos que llevan a la Magistrada a declarar la nulidad del despido del demandante, por tratarse de una represalia o castigo del Ministerio de Defensa. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que en la prestación de servicios del demandante no concurren las notas de dependencia o subordinación, ajenidad y remuneración, poniendo el acento en la naturaleza jurídica del acta de inspección y en el contenido de dicho acta. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción de los artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores y 64 del IV Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado, ya que la relación del demandante no era indefinida, ya que en 2024 su jornada fue de 360 horas, con lo que no puede entenderse que su jornada fuese completa. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción de los artículos 24 de la Constitución y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que el cese de la relación del demandante no estuvo motivado por su previa denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, antes al contrario estuvo motivado por la finalización del servicio para el que fue contratado, poniendo el acento en que el demandante fue nuevamente contratado después de la denuncia ante la Inspección

Don Jesús Carlos impugna los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando que el primero de los motivos no se formula al amparo del apartado a) y que la consecuencia natural de su estimación sería la nulidad de la sentencia recurrida, petición que no figura en el suplico del recurso, sin perjuicio de constatar que la sentencia de esta Sala de 7 de julio de 2025 hace referencia a un compañero del demandante, cuya situación era idéntica a la suya; que en la prestación de servicios del demandante concurren las notas exigibles para afirmar la existencia de relación laboral; que el salario del demandante es el fijado para la categoría profesional M3, y que la jornada lectiva es distinta de la jornada laboral; y que ha quedado probado que el despido del demandante vulnera su garantía de indemnidad.

El primer motivo de suplicación, en el que se denuncia infracción de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución y de la jurisprudencia acerca de la motivación de las sentencias judiciales, debería haber sido formulado al amparo del artículo 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y la consecuencia procesal de su estimación debería haber sido la declaración de nulidad de la sentencia, decisión que no puede ser adoptada de oficio por la Sala, de conformidad con el artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello debe llevar consigo su desestimación. En todo caso, es verdad que, en el presente procedimiento, Ministerio de Defensa no opuso a la demanda la excepción de caducidad, pese a lo cual, en el fundamento de derecho segundo, se analiza esa excepción para desestimarla. También es verdad que en el presente procedimiento no consta informe alguno del Ministerio Fiscal. Pero ello no puede configurarse sino como un error de la sentencia recurrida, al haber transcrito párrafos enteros de otras sentencias, error que no tiene incidencia alguna en la resolución adoptada. En cuanto a los indicios de vulneración de la garantía de indemnidad del demandante, a los que se refiere el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, es incuestionable que se produjo un cambio en la forma de contratación del profesorado y, en concreto, del demandante, tras la visita de la Inspección de Trabajo en diciembre de 2023.

CUARTO: La Sala reitera el razonamiento desplegado en su sentencia de 7 de julio de 2025 [ROJ: STSJ AND 12197/2025], dictada en relación con un compañero del demandante en la Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes "Virgen de la Paz", para desestimar el segundo de los motivos de suplicación formulado al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: "La doctrina jurisprudencial ha expresado que, aunque el artículo 1.1 del ET no contiene una definición del contrato de trabajo, sí establece las notas generales características que ha de reunir para poder ser acreedor de tal denominación y distanciarse de otras instituciones o figuras jurídicas próximas, y que la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contratos, siendo la proyección acumulada de indicios de una y otra sobre la relación concreta que se analiza la que permite la calificación, porque tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra, que son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales. La dependencia ha de ser entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa, y que la ajenidad consiste en la cesión anticipada de los frutos o de la utilidad patrimonial del trabajo del trabajador al empleador, que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios. Y que los indicios comunes de dependencia más habituales son la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador". Y que son indicios comunes de la nota de ajenidad, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones. La línea divisoria entre una y otra opción está en lo que la jurisprudencia llamó integración en el círculo rector y disciplinario del empresario, concepto que en la legislación vigente se formula como servicios (...) dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, y que la doctrina científica denomina nota o criterio de " dependencia" (por todas, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 26 de noviembre de 2012, [ ROJ: STS 8640/2012]). Así mismo, dicha doctrina jurisprudencial ha señalado que los actos o negocios jurídicos tienen la naturaleza que se deriva del conjunto de derechos y obligaciones que encierran, es decir, de la verdadera realidad, cualquiera que sea la terminología empleada y con independencia del nomen iuris o de la calificación jurídica que le asignen las partes ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 12 de septiembre de 2014 [ROJ: STS 4260/2014]). En similares términos, la de 6 de julio de 2020 [ROJ: STS 2758/2020] y 20 de enero de 2021 [ ROJ: STS 47/2021]. Más concretamente, dicha Sala de lo Social del Tribunal Supremo, respecto del Ministerio de Defensa, y en aplicación de la legislación a la LCSP, había considerado que se estaba en presencia de una relación laboral, no administrativa, en los casos de servicios prestados realizando funciones docentes en una base militar, bajo sucesivos contratos administrativos, y con la condición de trabajador autónomo, consistiendo las tareas en la impartición de forma continuada de clases de Lengua y Literatura en el curso de apoyo a militares profesionales, como fue el caso de la sentencia de 25 de mayo de 2006 [REC 577/2005, ROJ: STS 3767/2006]: o de una profesora de inglés en similares condiciones, en la sentencia de 6 de febrero de 2006 [REC: 646/2025, ROJ: STS 853/2006]".

Como en la sentencia recurrida, en su inalterado hecho probado décimo segundo, se afirma que el demandante realizaba su actividad sujeta al calendario escolar de octubre a junio, en horario de lunes a jueves, horario confeccionado por el Jefe de Estudios, y empleando los materiales, equipos de trabajo e instalaciones para el desempeño de la docencia que le proporciona la Residencia Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y como esa prestación personal no era susceptible de sustitución, es incontestable que la decisión de considerar que la relación que unía al demandante con dicha Residencia era de naturaleza labora es ajustada a derecho. Además su retribución era por horas de clase mediante facturas realizadas por la propia Residencia Militar que firmaba el demandante. En definitiva, se trata de trabajador que se limita a la prestación de servicios como docente, a cambio de una retribución, sujeto a un horario, ingresando la utilidad patrimonial en el Ministerio de Defensa, en concreto la Residencia Militar, cuya finalidad es la formación y preparación para promoción interna de los militares de tropa para su ingreso en la academia de suboficiales y para lo cual, es imprescindible la actividad de los profesores. Por ello, concluimos que la relación entre las partes es de naturaleza laboral, debiéndose calificar como indefinida no fija. La antigüedad es la que figura en el hecho primero, no discutida, y el salario en que figura en ese hecho probado primero, conforme a convenio colectivo único del personal laboral de la administración general del Estado.

QUINTO: La sentencia concluye, al final de su primer fundamento de derecho, que la relación laboral del demandante a jornada completa y no se pronuncia sobre el carácter indefinido o temporal de dicha relación laboral. La Sala reitera el criterio alcanzado en la antes citada sentencia de la Sala de 7 de julio de 2025 en el sentido de que la relación laboral del demandante era indefinida no fija. Y no la califica de discontinua porque la misma alcanzaba la totalidad del curso escolar, por más que se dividiese en distintas contrataciones lo largo del año, tal y como se desprende del hecho probado sexto. En cualquier caso, el hecho de que la jornada lectiva no coincida con la jornada de trabajo para un contrato a tiempo completo no es sino la consecuencia de que el demandante prestaba servicios en el ámbito de la educación, en la que la jornada trabajada no se reduce exclusivamente a las horas lectivas. Por ello, se desestima el tercero de los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEXTO: El artículo 24.1 de la Constitución reconoce el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El artículo 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores establece que en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. El artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Y la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, relativa a la protección de la garantía de indemnidad de las personas trabajadoras, establece en su apartado 1 que las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales.

Respecto de la llamada garantía de indemnidad, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha puesto de relieve en la sentencia de 20 de diciembre de 2024 [REC: 523/2024, ROJ: STS 6277/2024], entre otras muchas, que, conforme a la doctrina constitucional, y en el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Con el artículo 181.2 de la LRJS - sigue diciendo dicha Sala en la sentencia citada-. el legislador ha dispuesto un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba, que si bien no provoca, en puridad, una traslación de la carga de la prueba, sí que produce determinados efectos en la posición procesal de las partes respecto de la actividad probatoria que conviene reseñar. Pero es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental, quiere esto decir que incumbe al trabajador la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba, pues para imponer al empresario la carga probatoria descrita, no es suficiente la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión.

Ha quedado probado que el demandante, junto con otros compañeros, formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo en octubre de 2023, teniendo lugar visita de la Inspección de Trabajo a la Residencia en diciembre de 2023, que dio lugar a la notificación de una diligencia de requerimiento para que se proceda al alta en el Régimen General de la Seguridad Social del actor, el 22 de abril de 2024 -hechos probados séptimo, octavo y décimo cuarto-. Por los demandados se modifica el sistema de contratación del profesorado, elaborando un pliego de prescripciones técnicas para el curso 2024 2025 fechado el 11-3-24, tras la visita de la inspección de trabajo -hecho probado vigésimo primero-. No se cumple con la diligencia de requerimiento. El 1-7-24 ante el requerimiento del actor de ocupar su puesto de trabajo y que es informado que actualmente no figura en la relación de puestos de trabajo y dicha actuación se mantiene el 2-9-24, tras el alta de oficio en seguridad social -hecho probado vigésimo-..

Esos indicios de vulneración de la garantía de indemnidad del demandante no desvirtuados, con la calificación de que su cese como despido nulo no constituye infracción alguna de los artículos 24 de la Constitución y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, la Sala desestima el cuarto de los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SÉPTIMO: La desestimación del recurso de suplicación lleva consigo, de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la condena de los recurrentes al pago de las costas procesales del recurso de suplicación.

PRIMERO: En la demanda se suplicaba la declaración de nulidad del despido del demandante con las consecuencias legales inherentes a esa declaración y la condena de los demandados al abono de una indemnización, en concepto de vulneración de la garantía de indemnidad, de 18.751 euros y, subsidiariamente, la declaración de improcedencia de su despido con las consecuencias legales inherentes a esa declaración. La sentencia del Juzgado de lo Social ha estimado la demanda declarando la nulidad del despido del demandante, con las consecuencias legales inherentes a esa declaración y la condena del Ministerio al abono, en concepto de vulneración de la garantía de indemnidad, de 1.800 euros. En el recurso de suplicación, Ministerio de Defensa solicita la revocación de la sentencia recurrida y, en su lugar, la desestimación de la demanda.

SEGUNDO: Al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ministerio de Defensa solicita:

-La siguiente nueva redacción del hecho probado primero: "D. Jesús Carlos, actual demandante, ha venido prestando servicios para el Ministerio de Defensa, en base al régimen de contratación administrativa de servicios previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante , LCSP), utilizando el procedimiento especial consagrado en el artículo 310 del citado texto legal, que le exime de tramitar las fases de preparación y adjudicación ordinaria, bastando su formalización mediante la mera designación. En concreto, ha sido contratado para los cursos 2021 a 2024, mediante varios contratos administrativos de servicios, produciéndose o efectuando varias designaciones aportadas como prueba documental número 3 de la demandada (folios 67-85)". Basa su pretensión en el contenido de los folios 67 a 85 de las actuaciones.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado sexto: "Como se desprende del documento número 3, aportado por la demandada, por el Ministerio de Defensa se efectuaron varias designaciones al actor, para la prestación de servicios en régimen administrativo, utilizando la vía contractual del artículo 310 LCSP, para los cursos 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024: 1º Curso 2021/2022: a) Designación el 24 de septiembre de 2021, para el período octubre a diciembre de 2021 (doc. 3.1); b) Designación el 29 de diciembre de 2021, para el período de enero a marzo 2022 (doc. 3.2); c) Designación el 18 de abril 2022, para el período de abril a junio 2022 (doc. 3.3); 2º Curso 2022/2023: a) Designación de 3 de octubre de 2022, para el período de octubre a diciembre 2022 (doc. 3.4); Designación de 2 de marzo 2023, para el período de enero a marzo 2023 (doc. 3.5); c) Designación de 18 de abril de 2023, para el período de abril a junio 2023 (doc. 3.6).; 3ª Curso 2023/2024: se efectúan varias designaciones: a) Designación de 10 de enero de 2024, para el período de enero a junio 2024 (doc. 3.7). Como se desprende de la citada documental, la última designación se efectúa el 10 de enero de 2024, para el desarrollo del segundo itinerario del curso 2023-2024, que abracaría desde el 8 de enero 2024 a 28 de junio 2024, según el apartado 13 de la "convocatoria del curso preparatorio para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General del ET ( CPAES) 2023/2024 a desarrollar en las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes "Virgen del Puerto" (Santoña) y "Virgen de la Paz" (Ronda)", aportada como documento 1 de la demandada. Con carácter previo a la última designación de enero de 2024, con el fin de adecuar la contratación a la especialidad procedimental del artículo 310 LCSP, se acordó por el Ministerio una reducción de horas de contratación del profesorado. En efecto, como se comunicó por la DIAPER a la Inspección de Trabajo, los profesores no podían tener ingresos superiores a los 15.000 euros anuales, por lo que, dado que el importe de la hora de trabajo en el actual convenio es de 39,66 euros, el número máximo de horas que podía impartir un docente era de 378 horas. Así se deja constancia en el recurso especial de contratación interpuesto por los docentes, y que obra en el documento 11 de la parte actora, y en la demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo aportada como documento 14 de la parte actora. De manera que en el curso 2024 (de enero a junio 2024), el actor ha impartido cursos durante 15 horas semanales". Basa su pretensión en los documentos 1 y 3.1 a 3.7 de su ramo de prueba, y en los documentos 11 y 14 del ramo de prueba del demandante.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado décimo primero: "El actor, al igual que el resto del profesorado, emitía mensualmente las facturas (documento 10 parte demandada)". Basa su pretensión en el documento 10 de su ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado décimo segundo: "El actor prestaba sus servicios sujeto a las convocatorias de los cursos preparatorios para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra. La última convocatoria se efectuó para el curso 2023/2024, y se aportó como documento 1 por la parte demandada (folios 24 a 55). El actor, al igual que el resto del profesorado, informaba al Jefe de Estudios, o profesor titular, al inicio de cada itinerario del curso de formación, las horas en las que prefería dar clases (documento 14 parte demandada), elaborando el Jefe de Estudios el horario atendiendo a dichas instrucciones (documento 15 parte demandada); elaboraba los apuntes y exámenes que facilitaba a los alumnos; no tenía un email propio del Ministerio, sino uno particular privado (documento 15 parte demandada), disponía de una tarjeta de acceso como personal externo del Ministerio (documento 16 parte demandada); y, a diferencia del personal de la residencia, no tenía plaza de parking asignada (documento 17 parte demandada)". Basa su pretensión en el contenido de los documentos 1 y 14 a 17 de su propio ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo: "El 23 de agosto de 2024 se notifica resolución de 9 de agosto de 2024 por la Dirección Provincia de Málaga, de la Tesorería General de la Seguridad Social, reconociendo el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social de los docentes de la RMASE "Virgen de la Paz", conforme al artículo 33 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores de la Seguridad Social. Dichas resoluciones fueron recurridas en alzada por la Delegación de Defensa de Málaga el 17 de septiembre de 2024. Tales recursos de alzada fueron desestimados por la Dirección Provincial de Málaga de la TGSS (documento número 7 parte demandada, folios 186 a 188). Dichas resoluciones desestimatorias de los citados recursos de alzada han sido impugnadas ante el TSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la Abogacía del Estado en Málaga, en el procedimiento ordinario 1080/2024, estando pendiente de votación y fallo (documento número 8, folio 189)". Basa su pretensión en el contenido de los documentos 7 y 8 de su propio ramo de prueba.

-La siguiente nueva redacción del hecho probado vigésimo tercero: "Por el actor y otros se presenta recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con solicitud de medidas cautelares el 3-7-24. Se resuelve la concesión de medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación, sin que ésta afecte al plazo de presentación de ofertas, de conformidad con los establecido en los artículos 49 y 56 de la LCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada. Con fecha 26 de septiembre de 2024 tiene entrada en el TACRC escrito del órgano de contratación desistiendo del procedimiento, al no poder satisfacer las necesidades de la Administración que habían promovido la tramitación del expediente. El 3-10-24 se dicta resolución por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se inadmite el recurso presentado por el actor y otros, se levanta la suspensión cautelar operada, habida cuenta del desistimiento presentado (documento 9 parte demandada, folios 190 a 200)". Basa su pretensión en el contenido del documento 9 de su propio ramo de prueba.

Don Jesús Carlos impugna los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ya que la redacción alternativa propuesta del hecho probado primero no tiene incidencia alguna en la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta del hecho probado sexto debe ser desestimada ya que incluye valoraciones jurídicas y, además, es intranscendente para la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta de los hechos probados undécimo y duodécimo es irrelevante de cara a la modificación del fallo; que la redacción alternativa propuesta de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo no respeta los requisitos formales exigidos por la jurisprudencia y es intranscendente para la modificación del fallo; y que la redacción alternativa propuesta del hecho probado vigésimo tercero debe ser desestimada por intranscendente.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado primero se desprende de la designación de profesorado llevado a cabo por el General Director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra el 24 de septiembre de 2021 (folios 68 y 69), el 29 de diciembre de 2021 (folio 71), el 18 de abril de 2022 (folios 72 a 80), el 3 de octubre de 2022 (folio 81), el 2 de marzo de 2023 (folio 82), el 18 de abril de 2023 (folio 83) y el 10 de enero de 2024 (folios 84 y 85). No obstante, se desestima la misma por suponer una reiteración del contenido del hecho probado sexto y, además, pretender la supresión de la conclusión alcanzada por la Magistrada como resultado de la valoración de la totalidad de la prueba practicada.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado sexto se desprende de la designación de profesorado llevado a cabo por el General Director de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra el 24 de septiembre de 2021 (folios 68 y 69), el 29 de diciembre de 2021 (folio 71), el 18 de abril de 2022 (folios 72 a 80), el 3 de octubre de 2022 (folio 81), el 2 de marzo de 2023 (folio 82), el 18 de abril de 2023 (folio 83) y el 10 de enero de 2024 (folios 84 y 85), de la demanda dirigida por varios trabajadores, entre ellos el demandante, al Tribunal Económico Administrativo Central de Recursos Contractuales el 2 de julio de 2024 (folios 368 vuelto a 372 vuelto) y en la demanda del demandante de impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo (folios 376 a 378). No obstante, se desestima la misma ya que la sentencia recurrida, en el párrafo final de su segundo fundamento de derecho, llega a la conclusión de que no ha quedado probado que la jornada del demandante no fuese completa y en el segundo párrafo de su tercer fundamento de derecho llega a la conclusión de que la reducción del número de horas de contratación es la consecuencia de la visita de la Inspección de Trabajo en el mes de diciembre de 2023.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado décimo primero debe ser desestimada ya que las facturas emitidas por el demandante desde enero a junio de 2024 (folios 202 a 219) aparecen reseñadas en el hecho probado que se pretende revisar, con lo que ese hecho probado se ha redactado en base a las mismas.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado décimo segundo se basa en la Convocatoria del curso preparatorio para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General de Ejército de Tierra (CPAES) 2023/2024 a desarrollar en las Residencias Militares de Acción Social de Estudiantes "Virgen del Puerto" (Santoña) y "Virgen de la Paz" (Ronda) (folios 24 a 55), en los horarios de clase de los distintos profesores (folios 232 a 253), en el correo electrónico que remitía los horarios del primer trimestre de 2024 (folio 254), en los diferentes distintivos del personal externo, del personal civil del Ministerio de Defensa y del personal militar (folio 255) y el plano de las zonas de aparcamiento (folio 257). No obstante, se desestima la misma porque a través de ella se pretende suprimir las conclusiones a que ha llegado la Magistrada acerca de las condiciones en que se llevaba a cabo la prestación de servicios del demandante.

La redacción alternativa propuesta de los hechos probados décimo sexto a décimo octavo se basa en la resolución de la Dirección Provincial de Málaga de la Tesorería General de la Seguridad Social de 9 de agosto de 2024 (folios 186 a 188) y de la Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el procedimiento ordinario 1080/2024 (folio 189). No obstante, se desestima la misma por considerarla intranscendente para la resolución de la acción ejercitada en la demanda.

La redacción alternativa propuesta del hecho probado vigésimo tercero se basa en la resolución del Tribunal Administrativo Central de recursos Contractuales de 3 de octubre de 20224 (folios 190 a 200). No obstante, se desestima la misma por considerar que supone una reiteración del contenido de ese hecho probado y porque es intranscendente para la resolución de la acción ejercitada en la demanda.

TERCERO: Al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el recurso denuncia ausencia de motivación en la sentencia recurrida en orden a la concurrencia en el demandante de la nota de laboralidad del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, poniendo de manifiesto que no opuso a la demanda la excepción de caducidad y que, pese a lo que se dice en el tercer fundamento de derecho, el Ministerio Fiscal no ha emitido informe alguno en el procedimiento, todo lo cual coloca en situación de indefensión al Ministerio de Defensa, al desconocer los datos que llevan a la Magistrada a declarar la nulidad del despido del demandante, por tratarse de una represalia o castigo del Ministerio de Defensa. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que en la prestación de servicios del demandante no concurren las notas de dependencia o subordinación, ajenidad y remuneración, poniendo el acento en la naturaleza jurídica del acta de inspección y en el contenido de dicho acta. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción de los artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores y 64 del IV Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado, ya que la relación del demandante no era indefinida, ya que en 2024 su jornada fue de 360 horas, con lo que no puede entenderse que su jornada fuese completa. Con el mismo amparo procesal, denuncia infracción de los artículos 24 de la Constitución y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que el cese de la relación del demandante no estuvo motivado por su previa denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, antes al contrario estuvo motivado por la finalización del servicio para el que fue contratado, poniendo el acento en que el demandante fue nuevamente contratado después de la denuncia ante la Inspección

Don Jesús Carlos impugna los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando que el primero de los motivos no se formula al amparo del apartado a) y que la consecuencia natural de su estimación sería la nulidad de la sentencia recurrida, petición que no figura en el suplico del recurso, sin perjuicio de constatar que la sentencia de esta Sala de 7 de julio de 2025 hace referencia a un compañero del demandante, cuya situación era idéntica a la suya; que en la prestación de servicios del demandante concurren las notas exigibles para afirmar la existencia de relación laboral; que el salario del demandante es el fijado para la categoría profesional M3, y que la jornada lectiva es distinta de la jornada laboral; y que ha quedado probado que el despido del demandante vulnera su garantía de indemnidad.

El primer motivo de suplicación, en el que se denuncia infracción de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución y de la jurisprudencia acerca de la motivación de las sentencias judiciales, debería haber sido formulado al amparo del artículo 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y la consecuencia procesal de su estimación debería haber sido la declaración de nulidad de la sentencia, decisión que no puede ser adoptada de oficio por la Sala, de conformidad con el artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello debe llevar consigo su desestimación. En todo caso, es verdad que, en el presente procedimiento, Ministerio de Defensa no opuso a la demanda la excepción de caducidad, pese a lo cual, en el fundamento de derecho segundo, se analiza esa excepción para desestimarla. También es verdad que en el presente procedimiento no consta informe alguno del Ministerio Fiscal. Pero ello no puede configurarse sino como un error de la sentencia recurrida, al haber transcrito párrafos enteros de otras sentencias, error que no tiene incidencia alguna en la resolución adoptada. En cuanto a los indicios de vulneración de la garantía de indemnidad del demandante, a los que se refiere el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, es incuestionable que se produjo un cambio en la forma de contratación del profesorado y, en concreto, del demandante, tras la visita de la Inspección de Trabajo en diciembre de 2023.

CUARTO: La Sala reitera el razonamiento desplegado en su sentencia de 7 de julio de 2025 [ROJ: STSJ AND 12197/2025], dictada en relación con un compañero del demandante en la Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes "Virgen de la Paz", para desestimar el segundo de los motivos de suplicación formulado al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: "La doctrina jurisprudencial ha expresado que, aunque el artículo 1.1 del ET no contiene una definición del contrato de trabajo, sí establece las notas generales características que ha de reunir para poder ser acreedor de tal denominación y distanciarse de otras instituciones o figuras jurídicas próximas, y que la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contratos, siendo la proyección acumulada de indicios de una y otra sobre la relación concreta que se analiza la que permite la calificación, porque tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra, que son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales. La dependencia ha de ser entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa, y que la ajenidad consiste en la cesión anticipada de los frutos o de la utilidad patrimonial del trabajo del trabajador al empleador, que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios. Y que los indicios comunes de dependencia más habituales son la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador". Y que son indicios comunes de la nota de ajenidad, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones. La línea divisoria entre una y otra opción está en lo que la jurisprudencia llamó integración en el círculo rector y disciplinario del empresario, concepto que en la legislación vigente se formula como servicios (...) dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, y que la doctrina científica denomina nota o criterio de " dependencia" (por todas, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 26 de noviembre de 2012, [ ROJ: STS 8640/2012]). Así mismo, dicha doctrina jurisprudencial ha señalado que los actos o negocios jurídicos tienen la naturaleza que se deriva del conjunto de derechos y obligaciones que encierran, es decir, de la verdadera realidad, cualquiera que sea la terminología empleada y con independencia del nomen iuris o de la calificación jurídica que le asignen las partes ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 12 de septiembre de 2014 [ROJ: STS 4260/2014]). En similares términos, la de 6 de julio de 2020 [ROJ: STS 2758/2020] y 20 de enero de 2021 [ ROJ: STS 47/2021]. Más concretamente, dicha Sala de lo Social del Tribunal Supremo, respecto del Ministerio de Defensa, y en aplicación de la legislación a la LCSP, había considerado que se estaba en presencia de una relación laboral, no administrativa, en los casos de servicios prestados realizando funciones docentes en una base militar, bajo sucesivos contratos administrativos, y con la condición de trabajador autónomo, consistiendo las tareas en la impartición de forma continuada de clases de Lengua y Literatura en el curso de apoyo a militares profesionales, como fue el caso de la sentencia de 25 de mayo de 2006 [REC 577/2005, ROJ: STS 3767/2006]: o de una profesora de inglés en similares condiciones, en la sentencia de 6 de febrero de 2006 [REC: 646/2025, ROJ: STS 853/2006]".

Como en la sentencia recurrida, en su inalterado hecho probado décimo segundo, se afirma que el demandante realizaba su actividad sujeta al calendario escolar de octubre a junio, en horario de lunes a jueves, horario confeccionado por el Jefe de Estudios, y empleando los materiales, equipos de trabajo e instalaciones para el desempeño de la docencia que le proporciona la Residencia Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y como esa prestación personal no era susceptible de sustitución, es incontestable que la decisión de considerar que la relación que unía al demandante con dicha Residencia era de naturaleza labora es ajustada a derecho. Además su retribución era por horas de clase mediante facturas realizadas por la propia Residencia Militar que firmaba el demandante. En definitiva, se trata de trabajador que se limita a la prestación de servicios como docente, a cambio de una retribución, sujeto a un horario, ingresando la utilidad patrimonial en el Ministerio de Defensa, en concreto la Residencia Militar, cuya finalidad es la formación y preparación para promoción interna de los militares de tropa para su ingreso en la academia de suboficiales y para lo cual, es imprescindible la actividad de los profesores. Por ello, concluimos que la relación entre las partes es de naturaleza laboral, debiéndose calificar como indefinida no fija. La antigüedad es la que figura en el hecho primero, no discutida, y el salario en que figura en ese hecho probado primero, conforme a convenio colectivo único del personal laboral de la administración general del Estado.

QUINTO: La sentencia concluye, al final de su primer fundamento de derecho, que la relación laboral del demandante a jornada completa y no se pronuncia sobre el carácter indefinido o temporal de dicha relación laboral. La Sala reitera el criterio alcanzado en la antes citada sentencia de la Sala de 7 de julio de 2025 en el sentido de que la relación laboral del demandante era indefinida no fija. Y no la califica de discontinua porque la misma alcanzaba la totalidad del curso escolar, por más que se dividiese en distintas contrataciones lo largo del año, tal y como se desprende del hecho probado sexto. En cualquier caso, el hecho de que la jornada lectiva no coincida con la jornada de trabajo para un contrato a tiempo completo no es sino la consecuencia de que el demandante prestaba servicios en el ámbito de la educación, en la que la jornada trabajada no se reduce exclusivamente a las horas lectivas. Por ello, se desestima el tercero de los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEXTO: El artículo 24.1 de la Constitución reconoce el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El artículo 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores establece que en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. El artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Y la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, relativa a la protección de la garantía de indemnidad de las personas trabajadoras, establece en su apartado 1 que las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales, sea ésta realizada por ellas mismas o por sus representantes legales.

Respecto de la llamada garantía de indemnidad, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha puesto de relieve en la sentencia de 20 de diciembre de 2024 [REC: 523/2024, ROJ: STS 6277/2024], entre otras muchas, que, conforme a la doctrina constitucional, y en el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Con el artículo 181.2 de la LRJS - sigue diciendo dicha Sala en la sentencia citada-. el legislador ha dispuesto un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba, que si bien no provoca, en puridad, una traslación de la carga de la prueba, sí que produce determinados efectos en la posición procesal de las partes respecto de la actividad probatoria que conviene reseñar. Pero es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental, quiere esto decir que incumbe al trabajador la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba, pues para imponer al empresario la carga probatoria descrita, no es suficiente la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión.

Ha quedado probado que el demandante, junto con otros compañeros, formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo en octubre de 2023, teniendo lugar visita de la Inspección de Trabajo a la Residencia en diciembre de 2023, que dio lugar a la notificación de una diligencia de requerimiento para que se proceda al alta en el Régimen General de la Seguridad Social del actor, el 22 de abril de 2024 -hechos probados séptimo, octavo y décimo cuarto-. Por los demandados se modifica el sistema de contratación del profesorado, elaborando un pliego de prescripciones técnicas para el curso 2024 2025 fechado el 11-3-24, tras la visita de la inspección de trabajo -hecho probado vigésimo primero-. No se cumple con la diligencia de requerimiento. El 1-7-24 ante el requerimiento del actor de ocupar su puesto de trabajo y que es informado que actualmente no figura en la relación de puestos de trabajo y dicha actuación se mantiene el 2-9-24, tras el alta de oficio en seguridad social -hecho probado vigésimo-..

Esos indicios de vulneración de la garantía de indemnidad del demandante no desvirtuados, con la calificación de que su cese como despido nulo no constituye infracción alguna de los artículos 24 de la Constitución y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, la Sala desestima el cuarto de los motivos de suplicación formulados al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SÉPTIMO: La desestimación del recurso de suplicación lleva consigo, de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la condena de los recurrentes al pago de las costas procesales del recurso de suplicación.