Sentencia Social 344/2025 Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares . Sala de lo Social, Rec. 185/2025 de 07 de julio del 2025

PRIMERO.-La sentencia recurrida estima la demanda presentada que reclamaba la improcedencia del despido disciplinario, condenado a las consecuencias legales derivadas y en caso de ser indemnizada con el pago de 2.602, 24 euros.

Delimita las dos las conductas atribuidas a la trabajadora demandante: 1. Haber ocultado la existencia de una relación sentimental entre ella y su superior jerárquico que existía ya desde antes de su contratación y haber remitido el currículum de su hija para optar a un puesto de trabajo en la empresa, vulnerando con ello la política de conflictos de intereses de la compañía. 2. Haber utilizado los medios informáticos de la empresa para fines particulares o ajenos a sus cometidos laborales, sin autorización.

Recurre la defensa de la empresa alegando que dispone de una política de conflictos de intereses, y que mantenía una relación afectiva con su superior jerárquico, el responsable de la delegación de Baleares, al menos desde el año 2021, quien seleccionó y decidió la contratación de la actora en diciembre de 2022, sin haber comunicado a la empresa la existencia de esa relación afectiva. Y, en segundo lugar, que existe una Política de Uso aceptable de Dispositivos personales que debería tener consecuencias en el caso enjuiciado.

La parte recurrente -en función del apartado b) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social- solicita la revisión de los hechos probados.

La primera propuesta consiste en añadir los incisos en cursiva a los hechos:

La demandante mantenía una relación afectiva con su superior jerárquico, el responsable de toda la delegación de Baleares, al menos desde el año 2021. El Sr. Jose Francisco fue quien seleccionó y decidió la contratación de la actora en diciembre de 2022. Ninguno de los dos había comunicado a la empresa la existencia de esa relación sentimental, influyendo así dicha relación afectiva en el ejercicio diario de la prestación de servicios para ambas personas trabajadoras, particularmente respecto a las valoraciones que como superior jerárquico realizaba el Sr. Jose Francisco de la Sra. Santiaga, así como las concesiones respecto a vacaciones y permisos. Todo ello, además, generaba una situación discriminatoria respecto al resto de personas trabajadoras de la Empresa, las cuales debían tolerar las preferencias de la Sra. Santiaga por su relación afectiva".

La segunda propuesta añade como inciso: "La hija de la actora remitió a D. Jose Francisco por correo electrónico su currículum y la supervisora del departamento de administración, tras haber recomendado su candidatura D. Jose Francisco y sin saber que existía de nuevo un conflicto de interés por cuanto se trataba de la hija de Dª. Santiaga, le realizó una entrevista de trabajo para un puesto que se encontraba vacante en ese departamento, si bien no fue contratada".

Para la revisión de hechos probados conforme al apartado b) del artículo 193 LRJS es reiterada la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo que requiere para que los hechos puedan adicionarse, suprimirse o rectificarse concurran las siguientes circunstancias: que sea concretado con precisión y claridad el hecho que haya sido negado u omitido en la resultancia fáctica recurrida; que el hecho resulte de forma patente y directa de la prueba documental o pericial obrante puesto que concurriendo varias divergentes han de prevalecer las conclusiones judiciales elaboradas apoyándose en esas pruebas; y que no ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Respecto a la primera, es cierto y así ha resultado acreditado que la demandante y su superior jerárquico, el responsable de la delegación de Baleares, mantenían una relación de afectividad al menos desde el año 2021, como en su contenido consta, pues la sentencia ya describe la conducta básica y principal relativa a la primera atribución disciplinaria. No obstante, introduce elementos subjetivos que no deben incorporarse al apartado fáctico. Deberían en su caso figurar las valoraciones a favor, las vacaciones y o las concesiones concretas.

Y en cuanto al intento de contratación de la hija de la actora, no viene acreditado una directa participación. Como señala la sentencia aporta un correo electrónico que fue remitido directamente por la hija de la demandante, y la Sra. Matilde declaró que entrevistó a la hija de la demandante sin saber quién era, y que el currículum no sabe cómo le llegó, pero que finalmente no fue seleccionada y no resultó contratada. Por tanto, sin tuviera intervención directa y personal. Añade la sentencia que no ha sido probado que "haya interferido en modo alguno en la demandante en su desempeño profesional ni haya afectado o interferido en la realización de sus funciones".

Y la tercera, referida a una faceta del despido disciplinario diferente, pide añadir a modo de incisos: "La demandante tenía almacenadas en su ordenador de empresa dos cuentas de correo personales: DIRECCION000 y DIRECCION001, a las que accedía de manera regular en horario laboral y sin mediar consentimiento expreso por parte de la Empresa para ejercer el uso de dichas cuentas de correo electrónico personales en un dispositivo propiedad de Consenur.

En el ordenador de empresa de la actora existían rastros de actividad en el sitio web Wetransfer, cuyo propósito principal es facilitar el envío y recepción de archivos voluminosos y constando acreditado mediante el documento número 21 del ramo de prueba de esta parte múltiples rastros, concretamente los días 6/8/2023, 8/3/2023, 20/6/2023.

Asimismo, existía constancia de navegación de índole personal, vinculada con el carnaval de Cádiz.

En el teléfono de empresa de la actora, el cual era propiedad de Consenur,se encontraron conversaciones con los contactos almacenados con el nombre "Aceite Wilson" y "Aceite Worhp Enriq". En las conversaciones mantenidas con estos contactos se observa cómo ambos le remiten potenciales clientes a la actora, en su mayoría talleres de reparación de vehículos, para que ella les realice presupuesto de los servicios de gestión de residuos. Sin embargo, dichos potenciales clientes nunca recibieron un presupuesto por parte de Consenur, dado que la Trabajadora era quien gestionaba esos potenciales clientes con el Sr. Jose Francisco para ejercer la prestación de servicios por su propia cuenta e interés".

Al respecto de las propuestas, indicar que la sentencia describe los hechos esenciales probados, siendo los datos que procura incorporar -en horario laboral y sin mediar consentimiento expreso, en un dispositivo propiedad de Consenur, los rastros, concretamente los días 6/8/2023, 8/3/2023, 20/6/2023, la inexistencia de un presupuesto-complementarios al contenido declarado probado, siendo factible la referencia de los datos objetivos, pero no de las valoraciones de parte.

Mas, con valor fáctico la sentencia respecto al uso inadecuado del material informático de la empresa, tras el estudio del material probatorio aportado y de la extensa prueba documental consistente en el volcado del teléfono profesional de la trabajadora e información obtenida tras el análisis su ordenador de empresa, las conclusiones judiciales alcanzadas son:

- "El uso personal para fines ajenos a sus cometidos laborales (búsquedas en internet relativas al Carnaval de Cádiz) es muy residual y meramente anecdótico, sin que pueda alcanzar relevancia alguna como elemento sancionador".

- "No existe constancia de que las conversaciones que la actora mantenía a través de Whatsapp con los contactos almacenados con el nombre "Aceite Wilson" y "Aceite Worhp Enriq" tengan como finalidad la prestación de servicios para terceros ni el uso de información de la empresa para funciones ajenas a la operativa empresarial tal y como se le imputa en la carta de despido. Antes al contrario, del contenido de las conversaciones se desprende que ambos contactos le remitían a la actora potenciales clientes, casi todos talleres de vehículos y también alguna empresa náutica, para que ésta pudiera ofertarles presupuesto para la gestión de sus residuos industriales. Por tanto, se trata de gestiones que encajan totalmente dentro de su labor comercial".

- "Tenía instaladas en su ordenador profesional dos cuentas de correo personales a las que accedía regularmente, pero no existe constancia de que ello haya ocasionado interferencia alguna en la realización de sus cometidos profesionales, ni de que se haya perturbado con ello la actividad normal de la empresa o que con ello se haya causado un gravamen económico o un perjuicio al uso específicamente productivo del instrumento".

- "La utilización de programas tales como Wetransfer o incluso el uso de memorias USB externas (a estas últimas el informe aportado no hace referencia alguna en sus conclusiones) no están prohibidas por la empresa, sino que se delimita su utilización en la "Política de Uso aceptable de Dispositivos personales para acceder a Aplicaciones corporativas", sin que se haya probado que haya incurrido en incumplimiento de dichas prevenciones".

SEGUNDO.-El recurso presentado por la defensa de la parte viene dirigido a la revisión de la normativa aplicada -en atención al artículo 193 apartado c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social- por interpretación errónea de los artículos citados en la sentencia a efectos de revocar el pronunciamiento judicial que estimó la demanda.

La defensa de la empresa subraya la existencia y el incumplimiento por parte de la demandante de las políticas internas, incluyendo:

- Política de conflictos de intereses: Prohíbe el conflicto de interés (COI), ya sea preexistente o surgido durante la relación laboral, incluyendo la presentación de declaraciones incompletas/engañosas, la falta de información sobre cambios o existencia de un COI, y el incumplimiento de condiciones para abordarlo.

- Política de uso aceptable de dispositivos personales para acceder a aplicaciones corporativas: Prohíbe almacenar, introducir o transmitir información que infrinja leyes o políticas de Stericycle (empresa matriz), compartir información propietaria sin autorización, o introducir datos falsos/maliciosos.

- Código de conducta: Establece la obligación de los empleados de seguir las políticas internas para el uso de información, ordenadores, dispositivos móviles y redes, y de reducir al máximo el uso de dispositivos personales durante la prestación de servicios.

Infracción de los artículos 20 y 54 del Estatuto de los Trabajadores: "En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe." "No ha actuado en ningún momento bajo la debida diligencia, incumpliendo además las órdenes y las instrucciones por escrito" de la empresa.

La empresa utiliza sentencias de TSJ para reforzar su argumento de que el incumplimiento de la normativa interna y la transgresión de la buena fe contractual son causas suficientes para un despido disciplinario, independientemente de la existencia de un perjuicio económico directo.

La "infracción de la normativa interna ya genera, per se, motivo disciplinario suficiente" para el despido, más aún cuando las conductas -relación con superior, uso indebido de herramientas, actividad paralela- "han perdurado en el tiempo".

Que ha habido una infracción del código de conducta y una vulneración de los artículos 54 y 20 del ET por haber llevado a cabo "diversas conductas" contrarias a las normas internas, lo que demuestra una falta de lealtad, honorabilidad, probidad y confianza, justificando el despido.

La defensa de la parte recurrida solicita la confirmación de la sentencia y sustenta su posición en el contenido de la propia sentencia, y que no vincula las instrucciones internas de la empresa para sustentar el despido disciplinario.

Y debe señalarse inicialmente que si bien es cierto como algunos de los hechos podrían conllevar por el incumplimiento de las normas internas de la empresa la procedencia del despido, no menos cierto -en cuanto a la entidad apreciada judicialmente- constan los factores contenidos en la sentencia con valor fáctico antes indicados y que han inclinado la resolución judicial hacia la estimación de la demanda y que por no evidencian un patente error en la valoración judicial razonada de modo que deben comportar la desestimación del recurso.

En efecto, el examen del recurso debe partir de los principales e inalterados hechos probados principales y que judicialmente han sido descritos, no resultando procedente a efectos de estimación del recurso la valoración de referencias con perfil fáctico que no vengan estrechamente relacionadas con la descripción fáctica contenida en la sentencia recurrida.

El artículo 97.2 de la LRJS dispone que judicialmente serán apreciados los elementos de convicción, concepto más amplio que el de prueba, declarando expresamente en la sentencia, los hechos que estime probados. En la instancia judicial existe una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, y que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo a la facultad judicial la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso.

Procede la confirmación de la sentencia en la medida que la resolución judicial examinada no comete las infracciones normativas ni de jurisprudencia alegadas en el recurso.

El recurso decae por permanecer los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia recurrida en función de los hechos declarados probados. No existiendo modificación de los hechos probados, siendo cometido judicial esencial en la instancia judicial examinar las pruebas practicadas, debe mantenerse el pronunciamiento judicial, salvo que concurra en un error puesto de manifiesto de forma evidente, no siendo posible aceptar que haya sido producido.

Y así, a pesar del reconocimiento judicial de la contravención de alguna de las instrucciones de la empresa, no ha sido probado que la relación haya interferido en el desempeño profesional ni haya afectado a la realización de sus funciones. La consecuencia de haberlo comunicado habría sido un cambio en el superior jerárquico inmediato. Respecto del uso indebido de medios informáticos de la empresa, personal, para fines ajenos al trabajo -búsquedas del Carnaval de Cádiz- fue considerado residual. Sobre las conversaciones con "Aceite Wilson" y "Aceite Worhp Enriq", determinó que en relación a una finalidad profesional, cabría que fueran potenciales clientes para que ofertar presupuesto para la gestión de sus residuos industriales, dentro de su labor comercial. Por otra parte, sobre las cuentas personales en el ordenador profesional, pero sin constancia de que haya ocasionado interferencia en la realización de sus cometidos profesionales y con ello la actividad normal de la empresa o causado un gravamen económico o un perjuicio al uso específicamente productivo del instrumento.

La valoración judicial de la prueba practicada en instancia ha sido emitida conforme al principio de inmediación que conlleva una mayor cercanía a la prueba practicada en el juicio oral con oralidad y concentración, en orden a la búsqueda de la realidad a subsumir en la normativa de aplicación.

No es procedente sustituir con estas premisas el criterio judicial fundamentado en el conjunto de las pruebas practicadas por la visión de la parte recurrente. Desde el plano jurídico, una vez decaída la falta de incorporación de hechos probados relevantes, tampoco cabe la estimación del recurso.

En suma, los defectos atribuidos por la parte recurrente en cuanto a la valoración judicial contenida en la sentencia no pueden conllevar la revocación de la sentencia.

Por consiguiente, en nombre del Rey y la autoridad conferida por la Constitución, la Sala ha decidido,