Sentencia Social 1285/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 342/2025 de 08 de julio del 2025

PRIMERO:Recurso de suplicación instancia.

1. El Juzgado de lo Social de Mieres conoció de los autos DSP 83/2024, al que se acumuló el proceso DSP 84/2024, en virtud de demandas promovidas por Plácido. y por Juan Carlos., frente a la empresa TK Airport Soutions, S.A. (TKAS), pretendiendo los siguientes pronunciamientos: 1º Nulidad del despido del demandante, procediendo a readmitirle en su puesto de trabajo, con abono de los salarios de tramitación; 2º.- Se condene a la demandada a indemnizar al actor por daños y perjuicios en la suma de 1.000.000,00 €. Subsidiariamente, que se declare la improcedencia del despido con las consecuencias legales derivadas de dicho pronunciamiento, e indemnización asimismo en la cantidad complementaria de 1.000.000,00 € por daños y perjuicios. Y además en todos los supuestos, se condene a la demandada a abonar al actor Plácido., la suma de 247.329,90 € por salarios pendientes, y al otro demandante Juan Carlos., la cantidad de 278.660,61 euros en igual concepto.

Con fecha 29 de noviembre de 2024 se dictó sentencia apreciando la excepción de incompetencia de jurisdicción, declarándose no haber lugar a la demanda interpuesta por los demandantes contra TK Airport Solutions, S.A., a quien se absuelve en la instancia de los pedimentos formulados en su contra.

2. La defensa de los demandantes recurre en suplicación la citada sentencia, planteando tres motivos en su escrito de formalización, el primero destinado a la modificación de la relación de hechos probados, al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), y los dos últimos destinados al examen del derecho aplicado en la sentencia, en base al cauce procesal que autoriza el artículo 193 c) de la LRJS. Pretende en definitiva que se declare competente al Juzgado de lo Social para la resolución de la demanda interpuesta, declarando el despido del trabajador nulo o en su caso improcedente junto con el resto de pedimentos de la demanda y condenando a la demandada asimismo al resto de pedimentos de la demanda y a estar y pasar por tal declaración.

3. El recurso ha sido impugnado por el Ministerio Fiscal en el traslado conferido al efecto, solicitando que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto y se confirme la sentencia recurrida.

4. La defensa de la mercantil TKAS, también ha impugnado los recursos de suplicación interpuestos por los demandantes, que ha solicitado el dictado de sentencia por la que se desestimen íntegramente dichos recursos, confirmándose la sentencia de instancia.

SEGUNDO:Revisión hechos probados.

1. Previo al análisis de las concretas modificaciones de los hechos probados que pretende la parte recurrente, es procedente recordar que el artículo 193 de la LRJS señala en su letra b) uno de los objetos del recurso de suplicación, de revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. Debe partirse de la base de que es el Juzgador de instancia el que tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados en el proceso por las partes de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Por ello el recurso de suplicación no es un instrumento adecuado a fin de proceder a una nueva valoración de los medios probatorios aportados para traer al proceso los datos fácticos, por el contrario, su naturaleza extraordinaria excluye ese objeto, que queda reservado al juicio de instancia, y únicamente permite corregir los errores del Juzgador, cuando con documentos idóneos o con pericias practicadas se pone de manifiesto el desacierto de la convicción judicial.

Además es constante la doctrina de suplicación que establece que para que pueda apreciarse error de hecho en la valoración de la prueba, han de concurrir los requisitos siguientes: 1) que se señale con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico; 2) se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya complementándolos; 3) se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico; 6) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

2. La revisión que se solicita es la correspondiente al hecho probado primero, para la que se interesa la adición de un nuevo texto de acuerdo con el documento del ramo de prueba de la parte actora que identifica en el escrito de interposición del recurso. Se propone añadir el siguiente texto:

1. Que el Sr. Plácido ingresó en el grupo thyssenkrupp en fecha 18.11.1998, ocupando actualmente el puesto de Chief Operating Officer (COO) de la BU AR de la misma.

2. Que con fecha 01-10-2019 el Sr. Plácido aceptó su nombramiento para el cargo de consejero (Presidente / Vocal) del Consejo de Administración de TKE.

3. Que en el momento de aceptarse por el Sr. Plácido el cargo de consejero de la Empresa, ambas partes convinieron verbalmente que el desempeño de tal cargo en el Consejo de Administración no iba a suponer alteración alguna de la relación laboral del Sr. Plácido que lo es de naturaleza común u ordinaria, ni a afectar a la retribución fija, variable y en especie que percibía en dicho momento.

4. Que con el fin de regular adecuadamente, en beneficio de la seguridad jurídica, las condiciones profesionales derivadas de la relación profesional del Sr. Plácido con TKAS se celebra el presente Acuerdo con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - Mantenimiento de la relación laboral

El desempeño del cargo de consejero (Presidente/Vocal} del Consejo de Administración de TKAS no supondrá alteración alguna de la relación laboral del Sr. Plácido con la Empresa, ni afectara a la retribución que percibe en la actualidad.

No obstante, en el supuesto de que las funciones desempeñadas por el Sr. Plácido como COO de la Compañía, o de cualquier otro cargo, se entendieran subsumidas y absorbidas por las propias de su posición en el Consejo de Administración de la Compañía, cuestionándose la naturaleza de su relación, se entenderá que la relación laboral habría quedado suspendida desde la incorporación del Sr. Plácido al Consejo de Administración y hasta el momento el Sr. Plácido deje de ostentar cargo en el mismo que pudiera subsumir o absorber las funciones del cargo laboral.

En el supuesto de que las Autoridades fiscales o del orden jurisdiccional contencioso administrativo o de cualquier órgano judicial o administrativo con competencias al efecto consideraran de aplicación la teoría del vínculo, y por tanto, entendieran que la indemnización por despido que, en su caso, le pudiera corresponder al Sr. Plácido no puede reconocerse como fiscalmente exenta, o estimasen, en todo caso, que la relación habida entre las partes ha sido de alta dirección, la Empresa se compromete a abonar al Sr. Plácido una cantidad adicional bruta a la indemnización que le hubiera correspondido de haber sido la relación entre aquella y la empresa de naturaleza laboral ordinaria, de tal forma que, tras aplicarse la retención fiscal correspondiente, el líquido a percibir por el Sr. Plácido equivalga al que hubiera percibido en caso de tratarse de una indemnización derivada de la extinción de una relación laboral ordinaria.

Esta compensación exclusivamente se hará efectiva cuando se haya producido un perjuicio para el Sr. Plácido por considerar los organismos - antes referidos que las funciones que desarrolla o desempeñe en un futuro, en su condición de (cargo) de Chief Operating Officer o de cualquier otro cargo, deben entenderse subsumidas y absorbidas por las propias del cargo que desempeñe en el Consejo de Administración, o que la relación de aquél con esta empresa ha sido de alta dirección.

SEGUNDA. - Reconocimiento de antigüedad

En el supuesto descrito en el párrafo segundo de la Estipulación anterior, TKAS reconoce, a efectos de antigüedad del Sr. Plácido en la Empresa, la totalidad del periodo de suspensión de la relación laboral mientras se desempeñen funciones ejecutivas como miembro del Consejo de Administración. El incremento al bruto correspondiente a los efectos de que la indemnización neta a percibir sea la misma que correspondería si la relación hubiese sido laboral ordinaria (en el caso de que se determine por las autoridades administrativas otra naturaleza de la misma, con peor fiscalidad) se aplicara asimismo a esta antigüedad expresamente reconocida. Este reconocimiento de antigüedad se entenderá hecho a todos los efectos, incluidos los indemnizatorios por extinción de la relación.

TERCERA. - Autorización

A los efectos de lo previsto en las Estipulaciones Primera y Segunda, el presente Acuerdo ha sido autorizado por el Consejo de Administración de la Business Access Solutions.

La revisión se rechaza porque se trata de un documento intrascendente a los efectos de la litis, en la medida en que al recurrente Plácido. se le nombra consejero de la empresa, según el hecho probado tercero, en septiembre de 2019, esto es, con anterioridad al contrato de 01.09.2020 que se cita en el hecho primero como regulador de la relación jurídica entre las partes, sin que el anexo que se pretende incorporar al relato fáctico se refiera expresamente al citado contrato de septiembre de 2020, pues se refiere genéricamente a "anexo a los contratos laborales", y además al ser el nombramiento anterior a la suscripción del contrato de septiembre de 2020 no se comprende el sentido del anexo en cuestión máxime si atendemos a la manifestación cuarta previa al clausulado, en la que se dice que con el fin de regular adecuadamente, en beneficio de la seguridad jurídica las condiciones profesionales derivadas de la relación profesional del Sr. Plácido con TKAS se celebra el presente Acuerdo, de tal manera que se presenta como un acuerdo autónomo desconectado del contrato citado que, se reitera, no se cita en el propio anexo. Además está firmado como representante de la empresa por el otro demandante, que sostiene igual pretensión a la del recurrente que interesa la revisión, lo que introduce confusión en cuanto al verdadero alcance obligacional para la empresa pues se asemeja a la auto contratación.

TERCERO:Censura jurídica, análisis de la existencia de relación laboral.

1. En los motivos de recurso destinados a la censura jurídica, se sostiene por la parte recurrente que estamos ante una relación laboral entre las partes, determinante entonces de la competencia de la jurisdicción social para el conocimiento de la demanda, invocando en apoyo de su postura los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores así como distintas sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de Tribunales Superiores de Justicia por una parte, y por otra el Derecho de la Unión Europea, concretado en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio de 2015 (asunto Balkaya, C229/14) y de 11 de noviembre de 2010 (asunto Danosa, C- 232/09), de 5 de mayo de 2022 (asunto HJ, C-101/21).

En síntesis, se alega por la recurrente que no existe relación mercantil entre las partes por los siguientes extremos: los demandantes no tienen participación alguna en el capital social, ni de las filiales ni de la matriz, no fueron contratados como administradores sino como ingenieros, no tenían capacidad para representar la voluntad social más allá de sus atribuciones en la gestión diaria de sus áreas de competencia, se les remuneraba con nóminas y estaban dados de alta como trabajadores por cuenta ajena sin que en ningún caso se les remunerara con reparto de beneficios o retribuciones de consejero, los medios materiales tales como vehículo, ordenador o teléfono pertenecían a la empresa, tanto el pliego de cargos como la carta de despido se refieren al estatuto de los trabajadores y a las faltas muy graves previstas en el convenio del metal que regulaba su relación laboral, el contrato suscrito es claramente laboral y trata de cerrar el paso a cualquier interpretación que los pueda calificar como de relación mercantil, son objeto de despido y se hace coincidir la fecha del consejo de administración con la del despido, el cargo de consejero de una filial con socio único tiene carácter marcadamente formal o instrumental pues no existe una auténtica participación en las decisiones estratégicas del grupo, los trabajadores llevaban las mismas funciones antes y después de su nombramiento para el consejo, no tenían facultades delegadas del consejo, la extinción de la relación se produce tras la tramitación de procedimientos disciplinarios que culminan con la extinción de la relación laboral, el cargo de consejero no era remunerado.

2. El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores dispone que será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.El apartado 3 contiene las relaciones excluidas del ET, entre ellas, letra c), la actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.Y el artículo 8.1 regula una presunción de laboralidad al afirmar que el contrato de trabajo se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.

3. El Tribunal Supremo ha precisado los criterios a seguir a la hora de examinar si la relación jurídica que une a las partes tiene carácter laboral o de otro tipo. Así, la sentencia de 21.01.2018, RCUD 3595/2015, citada por la recurrente, establece lo siguiente:

a) La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris que errónea o interesadamente puedan darle las partes a la relación que regulan, porque «los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo ( SSTS de 20 de marzo de 2007, rcud 747/2006 ; de 7 de noviembre de 2007, rcud 2224/2006 ; de 12 de diciembre de 2007, rcud 2673/2006 y de 22 de julio de 2008, rcud 3334/20 07 entre otras).

b) Asimismo, aparte de la presunción Iuris tantum de laboralidad que el artículo 8 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su artículo 1.1, delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios ( STS de 19 de julio de 2002, rcud. 2869/2001 y de 3 de mayo de 2005, rcud. 2606/2004 ).

c) La línea divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga [particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios], regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social. Y ello es así, porque en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un "precio" o remuneración de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo es una especie del género anterior, consistente en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada. En consecuencia, la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la jurisprudencia ( STS de 3 de noviembre de 2014, rcud. 739/2013 ).

4. Sobre el carácter laboral o mercantil de la relación de quienes se integran en los órganos de administración de las sociedades capitalistas, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 09.03.2022, RCUD 742/2019, contiene la siguiente doctrina: "La cuestión ahora debatida ha sido abordada por la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2007, recurso 1652/2006 , invocada como contradictoria, en la que se concluye que la relación es de carácter mercantil con el siguiente razonamiento:

"La exclusión de la relación de laboralidad de los socios que realizan otras tareas diferentes de las propias de su cualidad de socio puede venir dada por la falta de la nota de ajeneidad cuando dicho socio ostenta la titularidad de una cuota societaria determinante, de manera que la prestación de trabajo que pueda realizar se efectúa a título de aportación a la sociedad, cuota que esta Sala ha señalado a partir del 50% de participación en el capital social. Pero también puede venir excluida, al amparo del art. 1.3 c) ET , por falta de dependencia en el trabajo, cuando se trata de personas que forman parte del órgano máximo de dirección de la empresa, como ocurre con el demandante del presente pleito, en cuanto, además de ser titular de un tercio del capital social, era administrador solidario junto con los otros dos socios, siendo función típica de estas personas que forman parte del órgano de gobierno de la empresa la representación y suprema dirección de la misma, sin que su relación nazca de un contrato de trabajo sino de una designación o nombramiento por parte del máximo órgano de gobierno, de modo que su relación tiene carácter mercantil.

Es cierto que la jurisprudencia admite que esas personas puedan tener al mismo tiempo una relación laboral con su empresa, pero ello sólo sería posible para realizar trabajos que podrían calificarse de comunes u ordinarios; no así cuando se trata de desempeñar al tiempo el cargo de consejero y trabajos de alta dirección (Gerente, Director General, etc.) dado que en tales supuestos el doble vínculo tiene el único objeto de la suprema gestión y administración de la empresa, es decir, que el cargo de administrador o consejero comprende por sí mismo las funciones propias de alta dirección. Y en este sentido existe una doctrina reiterada de la Sala, como por ejemplo en las sentencias de 29 de septiembre de 1988 , de 16 de diciembre de 1991 ( Rº 810/90), de 22 de diciembre de 1994 ( Rº 2889/93 ), doctrina reiterada por otras muchas y que podemos resumir, con la sentencia de 20 de noviembre de 2002 (Rec. 337/02 ), en los siguientes términos:

"La sentencia de 22-12-994 (rec. 2889/1993 ), al interpretar el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores , señala que "Hay que tener en cuenta que las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad son las actividades típicas y específicas de los órganos de administración de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que éstos revistan, bien se trate de Consejo de Administración, bien de Administrador único, bien de cualquier otra forma admitida por la Ley; y así, en el ámbito de la sociedad anónima, los órganos de esta clase, que se comprendían en los artículos 71 a 83 de la Ley 17 julio 1951 y actualmente se recogen en los artículos 123 a 143 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre, tiene precisamente como función o misión esencial y característica la realización de esas actividades, las cuales están residenciadas fundamentalmente en tales órganos, constituyendo su competencia particular y propia. Por ello es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan "la realización de cometidos inherentes" a la condición de administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad", de ahí que se incardinen en el mencionado artículo 1.3,c) del Estatuto de los Trabajadores .

Partiendo de la anterior premisa, esta Sala ha resuelto la cuestión que se plantea cuando se compatibilizan funciones de Consejero Delegado y alto cargo, en el sentido asumido por la sentencia referencial. Las sentencias de 21 de enero , 13 mayo y 3 junio y 18 junio 1991 , 27-1-92 (rec. 1368/1991 ) y 11 de marzo de 1.994 (rec. 1318/1993 ) han establecido que en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones sino la naturaleza de vínculo, por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva a que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral".

5. En la recurrida se declara probado que los demandantes suscribieron sendos contratos con la empresa demandada, denominados "contratos de trabajo", cuyo objeto era, en el caso del demandante Plácido. la realización, por parte del Ejecutivo, de las funciones propias del puesto de trabajo de Director Ejecutivo de la unidad de Operaciones Aeropuertos (Chief Executive Officer OU AIR), y en el caso del otro actor, Juan Carlos. la realización, por parte del ejecutivo, de las funciones propias del puesto de trabajo de Director de Operaciones de la unidad de negocio de soluciones de acceso a unidades (Chief Operating Officer Business Unit Access solutions). Esos contratos reflejaban distintas condiciones contractuales, como remuneración, bonus, seguros, horarios, etc. El demandante Plácido., suscribió el contrato con fecha 01.09.2020, mientras que Juan Carlos. lo hizo el 16.01.2020.

El 16.09.2019 el demandante Plácido., es nombrado consejero de la empresa TKAS, mientras que el otro actor, Juan Carlos., es nombrado igualmente consejero en junta extraordinaria de 30.06.2020. Los citados, junto con otra persona, Desiderio., integraban el consejo de administración de la compañía. Además, el actor Plácido., fue nombrado vicepresidente de la empresa en octubre de 2022.

En septiembre de 2020 el grupo empresarial TKE decide organizar dos unidades de negocio, una de ellas, denominada BU Airport Solutions, dirigida por los demandantes junto con el citado Desiderio. Es una unidad de negocio formada por más de mil personas empleadas en más de 20 localizaciones por todo el mundo.

Durante la vigencia de su nombramiento, los demandantes, junto con la otra persona perteneciente al consejo de administración, adoptaron las siguientes decisiones: cierre del proyecto de la empresa en India, apertura de sucursal en Sri Lanka, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

El demandante Plácido. asumía las siguientes unidades organizativas: calidad, gestión de ciclo de vida del producto, fabricación, gestión de compras y suministros, centro de desarrollo del producto; aplicación SAP de tecnología e innovación y seguridad e infraestructura de tecnología e innovación.

El otro demandante, Juan Carlos. se encargaba de las siguientes unidades: Transformación de Negocio y Estrategia; Proyectos de transformación de Negocio; Recursos Humanos; Salud y Seguridad en el Trabajo, y Comunicación.

6. Así las cosas, acierta la recurrida al considerar que la relación que une a la empresa con los demandantes no es laboral. Los actores son designados integrantes del consejo de administración de la mercantil demandada, con todas las funciones inherentes a tal nombramiento, como lo demuestra el relato fáctico consignado en la recurrida. Determinaban el cierre y apertura de líneas de negocio y centros de trabajo, lo que supone asumir efectivamente la dirección estratégica de la compañía, que revela un elevado grado de autonomía en la toma de decisiones de marcado carácter empresarial, lo que no es propio de las personas trabajadoras unidas por un vínculo laboral, pues esos cometidos quedan al margen de una relación de este tipo. Igualmente destacable resulta el ámbito de actuación de los demandantes, bajo cuya dirección estaban más de mil personas empleadas en más de veinte centros de trabajo localizados por todo el mundo. Además, la aprobación de las cuentas anuales de la empresa es otra facultad de los demandantes propia y exclusiva de los administradores empresariales.

Frente a lo anterior, la parte recurrente hace valer los contratos "de trabajo" suscritos con la demandada, si bien una vez analizados no tienen el alcance pretendido en los recursos. Así, no obstante afirmarse en los contratos que los ejecutivos realizarán las funciones propias de acuerdo con las instrucciones de la compañía, el relato fáctico no ofrece hechos en tal sentido, siendo los probados más propios de quien da instrucciones que de una persona que las recibe. También llama la atención que en materia de horario y vacaciones, ciertamente características de toda relación laboral, queden difuminadas con remisiones a la "legislación vigente" o al régimen establecido en la compañía, lo que revela en realidad una disponibilidad completa y absoluta de los demandantes a la empresa, impropio también de las relaciones laborales. Se omite la cita del convenio colectivo aplicable a la relación, remitiéndose el contrato genéricamente al convenio colectivo "de aplicación", si bien en las "cartas de despido" se cita concretamente el convenio para la industria del metal del Principado de Asturias.

7. Por último, en los recursos se cita jurisprudencia del TJUE en apoyo de la postura de los demandantes, que no es eficaz en el presente caso. La STJUE de 09.07.2015, asunto C-229/2014, no es aplicable ya que se refiere al cómputo de las personas trabajadoras a efectos de un despido colectivo, en concreto si entra en ese cálculo una persona que era administradora de la empresa, habilitada únicamente para representar a la mercantil junto con otro administrador, esto es, no se integraba en el órgano de administración como si ocurre en el presente caso con los demandantes.

Y la STJUE de 05.05.2022, asunto C-101/2021, lo que resuelve es que corresponde a los órganos judiciales nacionales comprobar si ha de considerarse trabajador asalariado a una persona que ejercía de forma cumulativa las funciones de director y de presidente del consejo de administración de la empresa, pues conforme a la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, no cabe presumir o excluir, en ese caso, la existencia de relación laboral o la calificación de esa persona como trabajador asalariado, de tal manera que no establece la automaticidad que pregona la parte recurrente en su recurso pues se trata de un extremo a analizar y resolver en cada caso, como ocurre en el presente.

Todo lo expuesto lleva a la desestimación de los recursos al no apreciarse las infracciones denunciadas.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,