Sentencia Social 952/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2093/2024 de 09 de abril del 2025

PRIMERO.-En la sentencia dictada en la instancia se efectúa el siguiente pronunciamiento: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Jose Francisco frente a las empresas SALINAS CAR SL y STELLANTIS YOU ESPAÑA SAU debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que ha sido objeto el actor y en consecuencia condeno a la empresa SALINAS CAR SL a optar en el plazo de cinco días a partir de la notificación de sentencia, entre readmitir al demandante en su puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar, o extinguir la relación laboral, en cuyo caso deberá pagar al trabajador una indemnización por despido de 12.019,59 €, cantidad a la que habría que descontar la cuantía de lo ya percibido como indemnización por la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas (7.284,72 €), resultando un importe final de 4.734,87 €. Absolviendo de la demanda a la mercantil STELLANTIS YOU ESPAÑA SAU".

En concreto, en la meritada sentencia se señala que la empresa STELLANTIS YOU ESPAÑA SAU no estaba obligada a subrogarse en la posición empleadora respecto del actor, que junto al resto de los compañeros que venían prestando servicios en su mismo centro de trabajo (un total de 7) han sido despedidos por la codemandada, SALINAS CAR SL, puesto que sólo se ha procedido a la subrogación de los trabajadores del otro centro de trabajo de esta segunda mercantil.

Ahora bien, en aquella se declara la improcedencia del despido del actor porque, aunque el magistrado de la instancia da por acreditada la realidad de los datos negativos que se contienen en la comunicación extintiva del contrato de trabajo del demandante, partiendo de que la prueba practicada va dirigida a acreditar que efectivamente esta mercantil venía acumulando resultados económicos negativos de los últimos cinco años, así como que las ventas de vehículos habían venido disminuyendo en el mismo periodo de tiempo, la citada comunicación de despido no hace mención alguna a la situación económica en concreto del centro de trabajo del actor, por lo que se desconoce si su situación era mejor o peor que la del centro de trabajo que continuó funcionando ahora bajo la dirección de la codemandada. Se sigue argumentando en la sentencia de instancia que ello lleva a que se desconozcan las razones por las que se tomó la decisión de cerrar sólo el centro de trabajo de Antas, en el que viene prestando servicios el actor, y no el de Huercal de Almería; cuando lo más lógico, sigue diciendo el juzgador a quo, habría sido, para mantener la viabilidad futura de la empresa, amortizar puestos de trabajo en ambos centros de trabajo, o al menos intentar trasladar trabajadores de un centro de trabajo a otro según las necesidades de la empresa, pero no cerrar un centro y extinguir todos los contratos de trabajo de los trabajadores que conformaban su plantilla.

Contra dicha sentencia se formula recurso de suplicación por la parte demandada, Salinas Car SL, al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el objeto, recíprocamente, de que por esta Sala se proceda a revisar los hechos probados de aquélla y se apruebe la censura jurídica formulada en el meritado recurso contra la misma.

Concluye este recurso con la súplica de que "dicte sentencia por la que, revocando aquélla, proceda a desestimar la demanda interpuesta y declarar la procedencia del despido por causas objetivas con las consecuencias legales inherentes a tal declaración y ello con cuanto más proceda en Derecho y sea consecuencia de la declaración anterior".

El demandante ha impugnado el recurso, interesando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-En cuanto a la modificación del relato de hechos probados con amparo en el apartado b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente solicita en concreto que se adicione un nuevo hecho probado, que sería el ordinal séptimo bis, para el que propone la siguiente redacción: "El 31/12/2022 la empresa Salinas Car SL tenía 56 trabajadores en alta, 60 el 14/04/2023 y 59 el 30/10/2023".

Lo funda en el documento número 22 aportado por esta parte en el ramo de prueba documental, informes de vida laboral de los dos códigos de cuenta cotización de la empresa.

Se estima la revisión fáctica propuesta, haciendo constar en los hechos probados el número de trabajadores que la empresa tenía antes de los despidos de los siete trabajadores que realiza el 9 de noviembre de 2023, con lo que la recurrente pretende acreditar la proporcionalidad de la decisión adoptada por la empresa: extinguir 7 de los 59 trabajadores (no llega al 12% de la plantilla) con los que contaba, cuando 7 meses antes (14 de abril de 2023) eran prácticamente los mismos (60 trabajadores) y un año antes (a final de 2022) eran 56. Dichos hechos se desprenden de la documental invocada, sin necesidad de efectuar interpretaciones o valoraciones subjetivas. Hemos de tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no configura el recurso de suplicación como un remedio para que el Tribunal pueda examinar, con libertad de criterio, el modo en que el Magistrado de instancia, con base en los medios de prueba obrantes en el proceso, ha obtenido su convicción sobre los hechos controvertidos entre los litigantes. Y es que dada la naturaleza extraordinaria de este recurso ha de prevalecer el criterio del Magistrado de lo social, a quien la Ley le reserva, en los términos que se dispone en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la función de valoración conjunta de las pruebas que ante él se practicaron. La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho. La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. Y, en este caso, se cumplen todos estos requisitos.

TERCERO.-Se interpone recurso de suplicación así mismo al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando en concreto que incurre la sentencia impugnada en infracción por aplicación errónea e indebida de los arts. 52.1.c), 51.1, párrafos 2º y 3º, 53.4, 53.5 y 56 del Estatuto de los Trabajadores, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en sentencias de 14 de mayo de 1998 (rec. nº 3539/1997), 23 de marzo de 2022 (rec. nº 3522/2019), 10 de julio de 2018 (rcud. 1332/2017), 26 de marzo de 2014 (casación 158/2013), núm. 28/2021 de 14 enero de 2021 de la Sección 1ª de la Sala de lo Social, del Pleno de 15 de abril de 2014 ( casación 136/2013), de 19 de enero de 1.998, de 15 de octubre de 2.003, de 14 de octubre 2014 ( rec. 3054/2013), de 24 noviembre de 2015, 19 de enero de 1998 (rec. 1460/1997), 7 de junio de 2007, 3 de mayo de 2016, 24 de abril de 1996, 11 de junio de 2008, 26 de junio de 2020 ( recurso 4405/2017), de 12 de junio de 2012 (EDJ 153976), 17 de septiembre de 2012 (EDJ 232753), 11 de junio de 2008 (rcud 730/07), 10 de diciembre de 2013 (RJ 2014\1012) y 17 de julio de 2014 (rec. nº 32/2014) debiendo el despido declararse ajustado a derecho, en cuanto a la forma y en cuanto a las causas alegadas.

El artículo 51.1 ET dispone: "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado."

Respecto de la concurrencia de causas económicas, la STS 14/12/2023, dictada en el recurso nº 125/2023, señala que la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 872/2017, de 14 de noviembre (rec. 17/2017), explica que "La justificación del despido económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1º) Acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2º) Establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquélla provoca la necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y 3º) Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para responder a esa necesidad".

Por su parte, la STS 11/10/2023, recaída en el nº de Recurso: 972/2022, se refiere a las causas productivas que pueden legitimar un despido objetivo en los siguientes términos: "4. Las sentencias del Pleno de la Sala Social del TS 1019/2020, de 18 noviembre (rec. 143/2019 ) y 1276/2021, de 15 de diciembre (rec. 196/2021 ) argumentan que las causas productivas "existen cuando se produce una reducción del volumen de actividad que incide en el buen funcionamiento de la empresa. Así, pues, la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de la producción contratada que provoca dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; y como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende [...] hemos sostenido que este tipo de causas puede actuar tanto en el ámbito de la empresa en su conjunto, como en un solo centro de trabajo o unidad productiva autónoma. Esto último ocurre cuando lo que se produce es una situación de desajuste, entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción o de la posición en el mercado, que afecta y se localiza exclusivamente en puntos concretos de la actividad de la empresa, pero que no alcanza a la entidad globalmente considerada.

Si ello sucede, la medida extintiva sólo estará justificada, en su caso, allí donde se produzca la situación anormal en que consiste ese desfase entre el volumen de la plantilla y las necesidades que deben cubrirse con ella. Es más, hemos declarado que la legalidad vigente no impone al empresario la obligación de recolocar al excedente de mano de obra y reforzar con él otra unidad que se encuentre en situación de equilibrio, salvo que se prefiera desplazar el problema de un centro de trabajo a otro, pero sin solucionarlo".

La doctrina jurisprudencial sostiene que "respecto del ámbito de afectación de las causas técnicas, organizativas o productivas [...] pueden actuar tanto en el ámbito de la empresa en su conjunto como en un solo centro de trabajo o en una unidad productiva autónoma, cuando lo que se produce es una situación de desajuste entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción o de la posición en el mercado, que afectan y se localizan en puntos concretos de la vida empresarial, pero que no alcanzan a la entidad globalmente considerada, sino exclusivamente en el espacio en que la patología se manifiesta, el remedio a esa situación anormal debe aplicarse allí donde se aprecia el desfase de los elementos concurrentes, de manera que si lo que sobra es mano de obra y así se ha constatado como causa para la extinción de los contratos, la amortización de los puestos de trabajo es la consecuencia de tal medida y no impone la legalidad vigente la obligación del empresario de reforzar con el excedente de mano de obra en esa unidad otra unidad que se encuentre en situación de equilibrio, salvo que se prefiera desplazar el problema de un centro de trabajo a otro, pero sin solucionarlo" [por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 366/2019, de 13 mayo (rec. 246/2018 y las citadas en ella)]."

El Tribunal Supremo, en STS 14/12/2023, dictada en el recurso nº 125/2023, así en la de fecha 11/10/2023, recaída en el nº de Recurso: 972/2022, se refiere a cómo lasentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 861/2018, de 25 septiembre ( rec. 43/2018) sostiene que, "además de probar la concurrencia de la causa económica, técnica o productiva, debe acreditarse que la entidad de la misma justifica el número de extinciones contractuales que se ha acordado, esto es que la medida es adecuada y proporcionada al fin perseguido. El que la medida concreta quede al arbitrio del empresario y el que su criterio no pueda ser suplido por los Juzgados y Tribunales que no pueden realizar un juicio de valor sobre ella para determinar si es la mejor, juicio de optimización, no quiere decir que la decisión empresarial, probada la causa, escape a todo control judicial, por cuanto los órganos judiciales pueden realizar, como ya dijo esta Sala en su sentencia de 27-1-2014 (R.O. 100/2013 ), un juicio sobre la racionalidad de la misma, para determinar si son ajustadas a la situación existente o desproporcionadas por excesivas. Ello requerirá ponderar todas las circunstancias concurrentes para hacer un juicio sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la medida tomada que será confirmada si es razonable [...] Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil que, por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido ( art 35.2 CE )".

Y añade que "La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 656/2018, de 20 junio (rec. 168/2017 ), argumentó que "si bien el control judicial de las medidas adoptadas por el empresario tras un PDC comporta un test de "proporcionalidad" -canon de constitucionalidad- a desarrollar en las tres fases de "adecuación" [idoneidad de la medida adoptada para conseguir el fin pretendido], de "necesidad de la medida" [por no existir otra más moderada para conseguir el mismo fin con igual eficacia] y de "ponderación" [de todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes] (SSTS ( SSTS -Pleno- 15/04/14 -rco 136/13-, asunto "Gesplan " ; 25/06/14 -rco 165/13-, asunto "Teltech " ; y 20/10/15 -rco 172/14 -, asunto "Tragsa "), no lo es menos que no corresponde a los Tribunales fijar la precisa "idoneidad" de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial ( STS 27/01/14 -rco 100/13-, asunto "Cortefiel "; y de Pleno, SS 15/04/14 -rco 136/13-, asunto "Gesplan " ; 23/09/14 -rco 231/13-, asunto "Agencia Laín Entralgo " ; y 20/10/15 -rco 172/14 -asunto "Tragsa "), sino que se debe limitar a excluir "en todo caso, como carentes de "razonabilidad" y por ello ilícitas, aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores."

Para la resolución de la censura jurídica planteada en el recurso, hemos de partir del hecho de que el juzgador a quo dé por acreditada la concurrencia de las causas objetivas invocadas en la carta de despido, en los términos previstos en los artículos 51.1 y 52.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, las cuales, tal y como se indica en el recurso, han de referirse, en efecto, a la empresa en su totalidad y no a un centro o sección concreto de la misma. En estos términos se pronuncia la STS 23 de marzo de 2022 (rec. Nº 3522/2019) referida en el recurso, que aunque trata un supuesto de despido objetivo en el seno de un grupo de empresas, se remite a la jurisprudencia sentada por el Alto Tribunal en sentencias como la de 14 de mayo de 1998 (rec. Nº 3539/1997). Se dice que la doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo señala que el ámbito de apreciación de las causas económicas es la empresa en su conjunto o globalidad, no por centros o secciones. La situación económica negativa, suficiente o trascendente, ha de afectar a la empresa en su conjunto o globalidad, lo que no posibilita en este ámbito económico la disgregación de la empresa en secciones o centros separados, pues con la adopción de la medida extintiva se pretende superar una situación negativa de la entidad y conseguir un adecuado funcionamiento económico de la misma.

Dicho lo anterior, se sigue afirmando en el recurso que el juzgador a quo habría traspasado las facultades de control judicial que tiene encomendadas, en los términos previstos en la sentencia adoptada en Pleno del Tribunal Supremo el 15 de abril de 2014 (casación 136/2013), que entiende que el control judicial no puede extenderse a sustituir la medida adoptada por el empresario por otra de menor entidad o que afecte a menor número de trabajadores o a otros trabajadores distintos.

Pues bien, en efecto, dicha sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2014, y en la misma línea la de 26 de marzo de 2014 (casación 158/2013) considera que el principio de razonabilidad y proporcionalidad consiste en considerar si la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas probadas justifica la extinción contractual acordada, esto es, si la medida es adecuada y proporcionada al fin perseguido de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a las referidas causas y si es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, quedando la medida concreta a adoptar a la discrecionalidad del empresario, no pudiendo su criterio ser suplido por los Juzgados y Tribunales, que no pueden realizar un juicio de valor sobre ella para determinar si es la mejor, juicio de optimización y juicio de oportunidad, y sin que quepa entrar en disquisiciones sobre la conveniencia de otra medida o a qué trabajadores debió afectar.

Por su parte, la STS 11/10/2023, recaída en el nº de Recurso: 972/2022, se refiere a las causas productivas que pueden legitimar un despido objetivo en los siguientes términos: "4. Las sentencias del Pleno de la Sala Social del TS 1019/2020, de 18 noviembre (rec. 143/2019 ) y 1276/2021, de 15 de diciembre (rec. 196/2021 ) argumentan que las causas productivas "existen cuando se produce una reducción del volumen de actividad que incide en el buen funcionamiento de la empresa. Así, pues, la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de la producción contratada que provoca dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; y como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende [...] hemos sostenido que este tipo de causas puede actuar tanto en el ámbito de la empresa en su conjunto, como en un solo centro de trabajo o unidad productiva autónoma. Esto último ocurre cuando lo que se produce es una situación de desajuste, entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción o de la posición en el mercado, que afecta y se localiza exclusivamente en puntos concretos de la actividad de la empresa, pero que no alcanza a la entidad globalmente considerada.

Si ello sucede, la medida extintiva sólo estará justificada, en su caso, allí donde se produzca la situación anormal en que consiste ese desfase entre el volumen de la plantilla y las necesidades que deben cubrirse con ella. Es más, hemos declarado que la legalidad vigente no impone al empresario la obligación de recolocar al excedente de mano de obra y reforzar con él otra unidad que se encuentre en situación de equilibrio, salvo que se prefiera desplazar el problema de un centro de trabajo a otro, pero sin solucionarlo".

La doctrina jurisprudencial sostiene que "respecto del ámbito de afectación de las causas técnicas, organizativas o productivas [...] pueden actuar tanto en el ámbito de la empresa en su conjunto como en un solo centro de trabajo o en una unidad productiva autónoma, cuando lo que se produce es una situación de desajuste entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción o de la posición en el mercado, que afectan y se localizan en puntos concretos de la vida empresarial, pero que no alcanzan a la entidad globalmente considerada, sino exclusivamente en el espacio en que la patología se manifiesta, el remedio a esa situación anormal debe aplicarse allí donde se aprecia el desfase de los elementos concurrentes, de manera que si lo que sobra es mano de obra y así se ha constatado como causa para la extinción de los contratos, la amortización de los puestos de trabajo es la consecuencia de tal medida y no impone la legalidad vigente la obligación del empresario de reforzar con el excedente de mano de obra en esa unidad otra unidad que se encuentre en situación de equilibrio, salvo que se prefiera desplazar el problema de un centro de trabajo a otro, pero sin solucionarlo" [por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 366/2019, de 13 mayo (rec. 246/2018 y las citadas en ella)]."

El Tribunal Supremo, en STS 14/12/2023, dictada en el recurso nº 125/2023, así en la de fecha 11/10/2023, recaída en el nº de Recurso: 972/2022, se refiere a cómo lasentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 861/2018, de 25 septiembre ( rec. 43/2018) sostiene que, "además de probar la concurrencia de la causa económica, técnica o productiva, debe acreditarse que la entidad de la misma justifica el número de extinciones contractuales que se ha acordado, esto es que la medida es adecuada y proporcionada al fin perseguido. El que la medida concreta quede al arbitrio del empresario y el que su criterio no pueda ser suplido por los Juzgados y Tribunales que no pueden realizar un juicio de valor sobre ella para determinar si es la mejor, juicio de optimización, no quiere decir que la decisión empresarial, probada la causa, escape a todo control judicial, por cuanto los órganos judiciales pueden realizar, como ya dijo esta Sala en su sentencia de 27-1-2014 (R.O. 100/2013 ), un juicio sobre la racionalidad de la misma, para determinar si son ajustadas a la situación existente o desproporcionadas por excesivas. Ello requerirá ponderar todas las circunstancias concurrentes para hacer un juicio sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la medida tomada que será confirmada si es razonable [...] Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil que, por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido ( art 35.2 CE )".

Y añade que "La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 656/2018, de 20 junio (rec. 168/2017 ), argumentó que "si bien el control judicial de las medidas adoptadas por el empresario tras un PDC comporta un test de "proporcionalidad" -canon de constitucionalidad- a desarrollar en las tres fases de "adecuación" [idoneidad de la medida adoptada para conseguir el fin pretendido], de "necesidad de la medida" [por no existir otra más moderada para conseguir el mismo fin con igual eficacia] y de "ponderación" [de todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes] (SSTS ( SSTS -Pleno- 15/04/14 -rco 136/13-, asunto "Gesplan " ; 25/06/14 -rco 165/13-, asunto "Teltech " ; y 20/10/15 -rco 172/14 -, asunto "Tragsa "), no lo es menos que no corresponde a los Tribunales fijar la precisa "idoneidad" de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial ( STS 27/01/14 -rco 100/13-, asunto "Cortefiel "; y de Pleno, SS 15/04/14 -rco 136/13-, asunto "Gesplan " ; 23/09/14 -rco 231/13-, asunto "Agencia Laín Entralgo " ; y 20/10/15 -rco 172/14 -asunto "Tragsa "), sino que se debe limitar a excluir "en todo caso, como carentes de "razonabilidad" y por ello ilícitas, aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores."

Por otro lado, en cuanto al aspecto concreto de los trabajadores a elegir, nos recuerda la STS de 15 octubre 2003 (RJ 2004, 4093) que "la selección de los trabajadores afectados» por los despidos objetivos del art. 52.c. ET «corresponde en principio al empresario y su decisión sólo será revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude de Ley o abuso de derecho o cuando la selección se realice por móviles discriminatorios». Lo que tiene que acreditar el empresario en el despido económico se limita, por tanto, en principio, a que la «actualización de la causa económica afecta al puesto de trabajo» amortizado. Únicamente si se acusa un panorama discriminatorio, o si se prueba por parte de quien lo alega fraude de Ley o abuso de derecho, cabe extender el control judicial más allá del juicio de razonabilidad del acto o actos de despido sometidos a su conocimiento. Todo ello, sin perjuicio de la preferencia de permanencia en la empresa de los representantes legales de los trabajadores, que en el ordenamiento legal español es la única expresamente establecida>>. Y el supuesto examinado, conforme a lo hasta aquí razonado, el "panorama discriminatorio" concurre, y la demandada no ha ofrecido razón alguna para justificar la amortización de los puestos de trabajo concretos de las actoras. No queda concretado ningún criterio de selección, ni por ser las más antiguas, ni por ser las de menor antigüedad, ni de clase alguna."

Aplicando esta doctrina al caso de autos, consideramos que la censura jurídica planteada en el recurso ha de ser estimada, pues en la sentencia recurrida, como ya hemos señalado, no se pone en tela de juicio la efectiva concurrencia de las causas objetivas invocadas en la carta de despido del actor, que se dan íntegramente por acreditadas, ni su proporcionalidad, sin que el órgano judicial pueda entrar a valorar la idoneidad o no de la concreta medida adoptada por el empresario, ni censurar su oportunidad. En concreto, entendemos que el juzgador no puede entrar a juzgar sobre si la demandada debió amortizar puestos de trabajo en ambos centros de trabajo, en vez de en uno solo, ni sobre si debió trasladar trabajadores de un centro a otro, en vez de optar por cerrar el centro de trabajo menos numeroso.

Por todo ello, se estima el recurso y se revoca la sentencia recurrida, declarando la procedencia del despido del actor.

Todo ello, al amparo del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin costas.

Por otro lado, estimado el recurso de suplicación, procede, conforme al artículo 203 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la devolución total de las consignaciones realizadas y así como del depósito constituido una vez esta sentencia sea firme.