Sentencia Social 1714/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1318/2024 de 09 de julio del 2025

PRIMERO.- Antecedentes y términos del debate.

La cuestión objeto del recurso se centra en determinar si concurre falta de acción, cuando sin existir vinculo laboral vivo, la parte actora interpone demanda por la que solicita se declare el reconocimiento de una antigüedad de dieciocho años, correspondientes al periodo 1 de julio de 2002 a 31 de diciembre de 2016 y de 1 de abril de 17 a 30 de septiembre de 2020.

1. Demanda.

La parte demandante solicita que se dicte una sentencia declarativa de reconocimiento de antigüedad correspondientes al periodo 1 de julio de 2002 a 31 de diciembre de 2016 y de 1 de abril de 17 a 30 de septiembre de 2020.

2. Sentencia de instancia, recurrida.

Mediante su sentencia 89/2024, de 21 de febrero, el Juzgado de lo Social nº 2 de Jaén estima la demanda y "reconoce a la actora una antigüedad de 18 años, correspondientes al periodo 1-7-2002 a 31-12-16 y 1-4-17 a 30-9-20, debiendo la parte demandada estar y pasar por dicha declaración, con todos los efectos inherentes a la misma".

Como razonamiento principal para estimar la demanda, el magistrado de primer grado señala que "No es discutido que la actora prestó servicios como periodista en la empresa SOMUCISA desde 1-7-2002. Tampoco es objeto de discusión que se suscribió Convenio de Subrogación de todos los trabajadores de las empresas municipales de Jaén (entre ellas SOMUCISA) en la plantilla del personal laboral el Ayuntamiento de Jaén, y que la trabajadora fue despedida en fecha 30 de septiembre de 2020.

El Ayuntamiento demandado en apoyo de sus argumentos cita varias sentencias, entre ellas la SAN de fecha 25 de marzo enero de 2.010, que en síntesis viene a señalar: "En virtud de la argumentación expuesta, la Sentencia de 26 de enero de 1.995 declara más acomodada a Derecho y, por tanto, prevalente, la tesis de la Sentencia de la Sala de Madrid de 31 de octubre de 1.989 (que no había considerado como Administración Institucional a las empresas nacionales, a los efectos del artículo 1º de la Ley 70/1.978), fijando así la doctrina aplicable a la cuestión debatida, doctrina que, según tiene declarado este alto Tribunal (Cfr. Sentencias de 16 de junio de 1.989 y 17 de enero y 5 de junio de 1.990), tiene por si misma valor normativo y efectos «erga omnes», por lo que, en cuanto doctrina legal, subsume dentro de ella la que postula en el presente recurso de casación en interés de la Ley la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo la que debe aplicarse en interpretación y aplicación del artículo 1º de la Ley 70/1.978, excluyen de su ámbito los servicios prestados en empresas nacionales o sociedades estatales mercantiles, por no ser encuadrables éstas en la Administración Institucional,lo que comporta la desestimación del aludido recurso de casación en interés de la Ley, al existir ya doctrina legal sobre la cuestión planteada, expresada en la tan repetida Sentencia de esta Sala de 26 de enero de 1.995."

Aún conociendo la doctrina expuesta, no podemos olvidar en el caso presente, el Convenio de Subrogación de fecha 5 de marzo de 2015, donde se fija que el personal que presta sus servicios en las empresas municipales, en aplicación del mecanismo de subrogación establecido en el artículo 44 del ET, pasará a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Jaén, subrogándose en todos los derechos y obligaciones laborales de SOMUCISA. En dicho convenio las partes expresamente acuerdan en su estipulación quinta: "Se considerará como antigüedad a todos los efectos en el Ayuntamiento la reconocida a cada trabajador en su empresa. No obstante, lo anterior en aras de favorecer la subrogación, las partes acuerdan que la antigüedad a efectos de ascensos, promoción, traslados o modificación de las condiciones de trabajo y acuerdos de futuro plan de empleo por una sola vez, la antigüedad será la de la fecha de subrogación, el 1 de marzo de 2015".

Por lo que son las propias partes, las que en materia de antigüedad vienen a reconocer a los trabajadores la que tenían en su empresa, si bien con la salvedad que se recoge en el último párrafo de la citada estipulación, antigüedad que ya ha sido reconocido por el propio Ayuntamiento a la hora del despido y del reconocimiento de trienios, sin que se pueda ahora desconocer lo que las partes de mutuo acuerdo pactaron.".

3. Recurso de suplicación y escritos concordantes.

A) La representación letrada del Ayuntamiento de Jaén demandado interpone su recurso asentado un sólo motivo de la letra c) del art. 193 LRJS.

B) Por la representación de la trabajadora se interpone escrito de impugnación, solicitando la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- Delimitación del recurso del Ayuntamiento.

Aún cuando sólo cita un único motivo, en verdad se divide en dos líneas de argumentación claramente diferenciadas:

A) Ataca la cuestión procesal de la falta de acción,con apoyo en nuestra sentencia número 512/24 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 7 de marzo de 2024 (rec. 3179/22).

B) En segundo lugar, contra la decisión de fondo sustantiva de la sentencia de primer grado,denuncia la Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en sentencias como las de 26 de enero de 1995 y de 16 de enero de 1998, y cuya doctrina recoge y resume la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 1ª, de veinticinco de marzo de dos mil diez, recaída en el recurso 465/2009.

TERCERO.- Apreciación de la falta de acción.

Planteado el recurso de suplicación en los términos antes expuestos, procede en primer término resolver la cuestión procesal de falta de acción.

1. Doctrina aplicable.

A) Control de oficio y excepción de falta de acción.

Si bien aunque en nuestro recurso la parte demandada lo haya hecho constar, su examen debe hacerse de oficio, al afectar la materia al orden público procesal y sin vinculación por la solución que haya podido dar el Juzgado de instancia o el TSJ ( TS 3 de diciembre de 2019, Rec. Nº 2644/17).

En este sentido, la STS 18 de julio de 2002 nos aclara que la doctrina científica y judicial mayoritaria considera el derecho de acción, como el derecho a acudir a los órganos judiciales y obtener en el proceso un pronunciamiento de fondo sobre los derechos sustantivos de los que el accionante afirma ser titular o tener un interés legítimo respecto de ellos.

B) Sobre los presupuestos para la vigencia de acción.

En las SSTS nº 869/2016 de 20 de octubre (rcud. 104/2015) y nº 1005/2016 de 29 de noviembre (rcud. 676/2015), se plantea si concurre la excepción procesal de falta de acción en un supuesto en el que trabajador interpone una demanda declarativa y solicita el reconocimiento de la antigüedad correspondiente al periodo de prestación de servicios, en virtud de dos contratos temporales anteriores a la suscripción de un contrato indefinido, y para la cual sigue prestando sus servicios al momento de interponer la demanda.

Pues bien, en estas SSTS se señalan dos requisitos que deben concurrir para dirimir si, en cada caso, se debe apreciar o no la excepción de falta de acción. En concreto, identifica como presupuestos relevantes, por un lado, la existencia de una verdadera controversiay, de otro, incidencia en la esfera de los derechosde la persona trabajadora. Para una mejor comprensión razona la primera de la sentencias de nuestro Alto Tribunal lo siguiente: "En el caso que ahora resolvemos, tal y como se afirma en las sentencias de esta Sala que antes hemos reseñado, en las que se resuelve las mismas cuestiones, "... concurren los requisitos exigidos para el ejercicio de una acción meramente declarativa. En efecto, existe una verdadera controversia, ya que la empresa deniega a la trabajadora el reconocimiento de los servicios prestados con anterioridad a la suscripción del contrato indefinido, en virtud de siete contratos temporales eventuales, como trabajadora fija discontinua. El reconocimiento de dicha antigüedad tiene incidencia en la esfera de los derechos de la trabajadora ya que la fijación del tiempo de servicios prestados a la empresa es elemento esencial configurador de la relación laboral pues incide en la indemnización que pudiera corresponder a la trabajadora, atendiendo al tiempo de prestación de servicios, en caso de extinción del contrato de trabajo, también en la movilidad geográfica obligatoria y en la posibilidad de solicitar excedencia, situaciones estas dos últimas reguladas, respectivamente, en los artículos 229 y 246 del XIX Convenio Colectivo de Iberia LAE (BOE de 19 de junio de 2010), en los que la antigüedad en la empresa es elemento esencial configurador de determinados derechos en relación con las citadas situaciones"".

2. Posición del Ayuntamiento recurrente sobre la falta de acción.

Denuncia la sentencia por infracción de la jurisprudencia recogida en la Sentencia número 512/24 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 7 de marzo de 2024 (Recurso de Suplicación número 3179/22) en relación con la Sentencia número 332/2023 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2023 (RCUD núm.: 1666/2020). En síntesis, razona la recurrente que "debe apreciarse de oficio la excepción de FALTA DE ACCIÓN atendiendo que el ejercicio de la acción declarativa de derechos exige que el vínculo laboral entre la demandante y esta Administración Local esté vivo y consta debidamente acreditado que la actora fue despedido en fecha 30 de septiembre de 2020 (hecho probado primero).".

3. Datos fácticos relevantes de nuestro proceso.

Debemos destacar los siguientes:

- En la demanda la parte actora reconoce que los periodos reclamados para computar la antigüedad son del 1 de julio de 2002 a 31 de diciembre de 2016 y de 1 de abril de 17 al 30 de septiembre de 2020, y que en ésta última fecha fue despedido, sin que conste impugnación.

- La demanda declarativa, que da lugar a nuestro proceso, tiene como fecha el 15 de febrero de 2023. En este escrito se señala en su hecho segundo lo siguiente: "Tras la presentación de solicitud en sede electrónica de Anexo l-Certificado de servicios previos en el Excmo. Ayuntamiento de Jaén (En adelante, Ayuntamiento), conforme a lo establecido en la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la AdministraciónPública; RD 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978 y el RDL 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (En adelanté:, TREBEP) , por los servicios prestados en su calidad de personal laboral, el Ayuntamiento comunica el citado Anexo 1, con fecha 8 de Febrero de 2023, señalando, entre otros aspectos, que su antigüedad es de 3 años y 3 mesespor el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 2020.".

- En el hecho probado primero de la sentencia de instancia se consigna que el 30 de septiembre de 2020 la actora fue despedida.

4. Resolución.

Llegados aquí, vamos a resolver nuestro recurso apreciando la falta de acción, para lo que vamos a seguir la doctrina del TS citada. Así:

1º Si vemos en los casos que se resuelven en las SSTS nº 869/2016 de 20 de octubre (rcud. 104/2015) y nº 1005/2016 de 29 de noviembre (rcud. 676/2015), se tratan de trabajadores que solicitan el reconocimiento de la antigüedad por los contratos temporales anteriores a su conversión en indefinido, estando viva la relación laboral al momento de interponer la demanda declarativa. Pues bien, en este contexto factual resulta evidente el cumplimiento de los dos requisitos antes destacados para despejar si se debe apreciar -o no- la falta de acción. En concreto, existe una verdadera controversia,como es determinar cuál debe ser la antigüedad. La cuestión determinante pivota sobre el segundo de los presupuestos, como es la incidencia en la esfera de los derechos del actor,que las SSTS muestran o proyectan en que -partiendo de existencia la relación laboral sigue viva- la determinación de la antigüedad puede provocar efectos relevantes ante determinadas situaciones y vicisitudes por las que puede transitar la relación laboral que une a las partes; así, éstas pueden ser para la indemnización en caso de despido, en caso de movilidad geográfica obligatoria, petición de excedencia voluntaria,...entre otras. Por esto, no aprecia el TS la falta de acción.

2º Extrapolado lo anterior al caso de nuestro recurso, el voto mayoritaria de la presente Sección de la Sala de lo Social considera que no se dan uno de los dos presupuestos.

Así, es innegable que la presencia de una verdadera controversia,pues la parte actora solicita una determinada antigüedad al no estar de acuerdo con el contenido del certificado de servicios prestados que le facilita el Ayuntamiento.

Por otra parte, no ocurre lo mismo con el requisito de la incidencia en la esfera de los derechos de la demandante.Esto es, la relación laboral está rota desde el despido de septiembre de 2020, y ni en su demanda -interpuesta en febrero de 2023- ni en fase posterior la persona trabajadora nos aporta razones por las que podamos observar la presencia un derecho material, actual y real susceptible de protección como para obtener una respuesta judicial; esto es, la demandante no alega para que fin desea obtener tal reconocimiento de antigüedad. A modo de ejemplo, a efectos dialécticos y siendo ilustrativos, podría ser una manifestación -que debe expresar la parte actora y no ha efectuado- de incidencia en la esfera de los derechos la necesidad de computar la antigüedad para futuras contrataciones. Pues bien, ningún elemento tenemos para completar este presupuesto, y su ausencia nos lleva a concluir que se debe apreciar la excepción de falta de acción, siguiendo criterios ya mantenidos por esta Sala en el pasado, como es la sentencia número 512/24 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 7 de marzo (rec. 3179/22).

3º Por otra parte, el sentir mayoritario de esta Sección de la Sala de lo Social, con todos los respetos merecidos a la Excma. Magistrada proponente del voto particular, lleva a no compartir su línea argumental, destacando que resulta inaplicable para la resolución de nuestro recurso la doctrina de la Sala IV en la que se apoya para considerar que no concurre la excepción de falta de acción. Así, en concreto, el voto particular se basa en la STS nº 332/2023 de 9 de mayo (rcud. 1666/2020), la cual no contiene doctrina eficaz para despejar la cuestión procesal -si concurre o no la excepción de falta de acción- que se nos plantea en nuestro recurso de suplicación; la mayoría de la Sección de esta Sala emite esta conclusión, partiendo del análisis y exégesis de la STS indicada, y por las siguientes razones:

- La cuestión objeto de debate en la STS nº 332/2023 de 9 de mayo (rcud. 1666/2020) radica en si en un supuesto de sucesión de empresas, la acción de los trabajadores tendente al reconocimiento de la antigüedad está o no prescrita, con la entrada en juego como denunciados por infracción del art. 44.3 ET, con relación a los artículos 44.1 y 59.1 del mencionado texto legal.

- El supuesto factual en esta STS presenta como datos relevantes el que se trata de trabajadores que, tras la entrada en juego de la sucesión y estando viva la relación laboral -esto último resulta un elemento relevante que lo aleja del supuesto de nuestro recurso-,ejercitan una acción de declarativa de antigüedad para que por la empresa adquiriente se le computen determinados periodos de diferentes contratos temporales pretéritos que éstos celebraron con la empresa transmitente.

- A la vista de lo anterior, la Sala de lo Social del TS resuelve su recurso de casación para unificación de doctrina en el sentido de no aplicar prescripción por dos razones que transcribimos: "La primera, porque aquí no se trata de impugnar con carácter general los términos de una subrogación o de una novación contractual, sino de ejercitar una acción declarativa de reconocimiento de la antigüedad, conforme a la que "la antigüedad entraña una condición personal del trabajador y el derecho a reclamarla acompaña a éste mientras subsista el contrato de trabajo, no siendo en consecuencia susceptible de prescripción en tanto éste permanezca vivo, sin perjuicio de que puedan prescribir, éstas sí, las consecuencias que de ella se deriven". No es posible computar el plazo de prescripción desde la fecha de la terminación del contrato con la empresa transmitente, porque lo que podría prescribir es la acción de reconocimiento del tiempo de antigüedad en la relación con la empresa sucesora que, como acción declarativa de proyección futura, no prescribe mientras subsista el contrato de trabajo con esta entidad. La prescripción no puede referirse al fundamento de esa pretensión, bien se base ésta en la calificación de los servicios prestados o en el alcance de la subrogación.

La segunda razón se explica porque lo que se pide es que se tiene derecho a la antigüedad, porque se mantiene la misma relación, pues la subrogación implica cambio de acreedor en la misma relación obligatoria, con independencia de que pueda discutirse su alcance de conformidad con los términos del convenio aplicable. Pero, si ha existido subrogación, no puede sostenerse que el plazo de prescripción corra desde la extinción de un contrato anterior que en sentido estricto no se ha extinguido, al menos de forma total, simplemente se ha novado subjetivamente.

- A tenor de todo lo anterior, y a modo de conclusión, confirmamos que resulta inaplicable para nuestro recurso de suplicación la STS nº 332/2023 de 9 de mayo (rcud. 1666/2020) por dos puntos divergentes evidentes:El primero, en ningún momento la cuestión jurídica gira allí sobre la excepción de falta de acción, sino sobre la prescripciónen los términos que acabamos de exponer con claridad; en segundo lugar, la concurrencia de un dato factual cardinal, consistente en que en la STS la relación laboral de los trabajadores demandantes subsiste y sigue vivatras la sucesión y al momento de interponer la demanda, lo que no ocurre en el caso del trabajador de nuestra suplicación, dado que aquí se encuentra extinguida la relación laboral por causa del despido de septiembre de 2020 y al momento de interponer la demanda -febrero de 2023- no se encuentra viva.

4º Finalmente, la presente Sección es conocedora de que existen criterios contradictorios en esta Sala de lo Social del TSJ de Granada ante mismos supuestos, siguiendo dos secciones la senda de apreciar la excepción de falta de acción y otra la contraria, lo que ya reflejamos a efectos de una posible casación por unificación de doctrina.

CUARTO.- COSTAS.

Con arreglo a lo prevenido en el art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, la apreciación de la falta de acción, no conlleva la imposición de costas.