Sentencia Social 443/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta, Rec. 967/2024 de 12 de junio del 2025

PRIMERO:La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de Madrid, de fecha tres de mayo de dos mil veinticuatro, en procedimiento ordinario 963/2022, seguido a instancia D. Iván, contra ILUNION OUTSOURCING SA y AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID, FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, estima la demanda del actor y le declara la cesión ilegal de trabajadores, condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaración, con el reconocimiento al demandante a optar por adquirir la condición de trabajador indefinido no fijo del Ayuntamiento, con los derechos y obligaciones de un trabajador que preste servicios en el mismo puesto o equivalente y antigüedad al 1 de octubre de 2015.

Se formalizan dos recursos Suplicación contra el fallo expuesto.

SEGUNDO: Recurso de Suplicación formalizado por la representación del Ayuntamiento de las ROZAS .-

1.- Al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se solicita la nulidad de la sentencia considerando que ha infringido normas o garantías del procedimiento, al haber incurrido en incongruencia extra petita, que le han ocasionado indefensión, con vulneración del art. 9 y 24 de la CE.

Esta Sala, en nuestra Sentencia de fecha tres de abril de 2024, recaída en Recurso de Suplicación 34/2024, en un asunto jurídicamente idéntico al actual y frente al mismo reproche de nulidad, hemos dicho lo siguiente:

"Recordando en primer lugar que, con referencia a la doctrina del Tribunal Supremo (sentencias, por ejemplo de 29 de septiembre de 2020, recurso 36/2020 ; 24 de enero de 2012, recurso 2238/2011 ; y 11 de diciembre de 2003, recurso 63/2003 ), "la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada", añadiéndose que la nulidad de actuaciones constituye una medida excepcional que debe quedar reservada para casos extremos de una total indefensión, de modo que no basta que se produzca una vulneración de normas procesales sino que es preciso que ello haya determinado una indefensión material a la parte que la invoca, ya que la nulidad no deriva de cualquier infracción o vulneración de normas procesales sino de que esta vulneración le haya producido al interesado un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa. Lo que sí debe recordarse es que "la indefensión que prohíbe el art. 24.1 de la Constitución no nace de la sola y simple infracción de las reglas procesales por parte de los órganos competentes, sino que se produce cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la prohibición del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado" ( STC 199/1992, de 19 de noviembre (FJ 2); añadiendo que, con referencia al Auto del TC 3/1996, de 15 de enero que recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2020, recurso 36/2020 , "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa ( STC 43/1989 ) pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales. Son requisitos igualmente ineludibles y determinados por la jurisprudencia, que "el defecto que se denuncia no haya sido provocado por la parte que ahora lo invoca ( STC nº 48/1990, de 20-3-1990 ), o por su propia negligencia, o de "falta de culpabilidad" del perjudicado en la producción de la vulneración procesal" y que, "añadido a lo anterior, debe de haberse realizado la pertinente denuncia de la infracción, desde el mismo momento en que la misma se produce, o bien desde que se haya tenido suficiente conocimiento de ello ( STS 21-11- 2005 ). Y en su caso, con constancia en el acta del juicio de la misma, o de la pertinente queja, pues en otro caso, se estaría convalidando con su actitud omisiva esa infracción, que no puede luego ser denunciada con posterioridad, una vez que el resultado de la decisión judicial de fondo le ha sido adverso".

Para que proceda revisión de la sentencia conforme a lo previsto en el apartado a) del artículo 193 LRJS es necesario que se haya producido una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión a quien lo alega.

El recurrente es el Ayuntamiento de Las Rozas y plantea su alegación de incongruencia extra petita porque en el suplico de la demanda no se decía respecto del reconocimiento al trabajador del derecho a optar por adquirir la condición de trabajador indefinido no fijo del Ayuntamiento. Tal clase de incongruencia es aquella que tiene lugar cuando se resuelve sobre cuestiones distintas y ajenas a lo solicitado por las partes, lo que implica una invasión frontal del derecho de defensa contradictorio, privando a los litigantes de la facultad de alegar lo que a su derecho proceda o lo que estimen conveniente a sus legítimos intereses ( SSTC 86/86 , 156/88 , 172/94 , 91/95 y 9/98 )."

La demanda rectora de los presentes autos fue presentada el 25 de octubre de 2022, manifestando que se ejercita acción de derecho por cesión ilegal contra Ilunion Coutsourcing, S.A.U y el Ayuntamiento de Las Rozas, y solicitando que se declare la existencia de cesión ilegal de mano de obra entre ambas demandadas, condenando solidariamente a las demandadas a estar y pasar por esa declaración, todo ello con todos los efectos inherentes a tal declaración, así como a la responsabilidad solidaria de cualquier otra obligación salarial, extrasalarial o de cualquier otro tipo que se pueda haber contraído con el actor y/o con la Seguridad Social.

En la sentencia se estima la demanda contra Ayuntamiento de Las Rozas, Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas, e Ilunion Outsourcing, S.A. declarando " la situación de cesión ilegal de trabajadores de la que fue objeto el actor, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración y reconociendo al actor el derecho a optar por adquirir la condición de trabajador indefinido no fijo del Ayuntamiento, con los derechos y obligaciones de un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo y con una antigüedad de 1-octubre 2015".

La petición de demanda es clara en la solicitud de la declaración de cesión ilegal entre Ilunion Outsourcing, S.A.U y el Ayuntamiento de Las Rozas, y en ella se incluye la exigencia a las partes de estar y pasar por tal declaración, esto es, a responder de las consecuencias de la declaración de cesión ilegal solicitada, diciendo expresamente que esa declaración se solicita "con todos los efectos inherentes a tal declaración". Esas consecuencias y efectos no las determinan las partes sino la ley y en el artículo 43.4 LET se establece que " Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal".

Por lo tanto, la parte dispositiva de la sentencia no incurre en exceso resolutorio sino que se ajusta exactamente a lo solicitado y a lo previsto por la ley, lo que no puede, en ningún caso, generar situación de indefensión, por lo que no existiendo indefensión la nulidad solicitada no puede prosperar.

2.- Al amparo del art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se denuncia la infracción por el fallo recurrido de lo dispuesto en el art. artículo 43.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esto es así porque considera que el contrato de servicios, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, evidencia que la acordado y realizado no constituye una mera puesta a disposición de trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria. Reproduce varias cláusulas del Pliego y concluye afirmando que la contratista asume en el contrato las funciones inherentes a su condición de empresario, y así se recoge en el hecho probado segundo, correspondiendo a la trabajadora probar los presupuestos fácticos, que llevan a la convicción de que existe cesión ilegal de trabajadores, lo cual no ha hecho.

También aquí, vamos a reproducir nuestros argumentos, expresados en la citada Sentencia, para desestimar el motivo y el recurso del Ayuntamiento que estamos examinando.

Como puede apreciarse, la contradicción expresada por el recurrente no se centra en la norma jurídica reguladora de la cesión ilegal, la cual solamente cita, ni en la construcción y desarrollo de la figura jurídica por la jurisprudencia, frente al amplio y completo desarrollo que ha realizado la sentencia dejando claramente ubicado el entorno jurídico de la cesión ilegal. Se aprecia también en la propuesta del recurso que solamente se expresa la escueta afirmación de que es la parte demandante la que debe probar lo que alega (aplicación de las reglas de carga de la prueba) y que la contrata expresa una situación claramente excluyente de cesión ilegal, olvidando que lo que marca el derecho y la resolución judicial no es lo que debe ser sino lo que es, esto es, la situación de hecho real concurrente que es a la que se le podrían aplicar las reglas de la carga de la prueba, y obviando también la clara y concreta argumentación que ha realizado el Juzgado relacionando los hechos probados -no controvertidos por ninguna de las partes- con esa construcción jurídica que ha configurado la jurisprudencia en torno a la norma del artículo 43 LET.

Constatamos, por tanto, que hay una situación de hecho clara y concreta, que hay una identificación expresa y perfectamente determinada del estatus jurídico aplicado, y que hay una cuidada y completa argumentación judicial sobre por qué los hechos conocidos y probados reflejan una situación jurídica de cesión ilegal, pero frente a ello la parte recurrente no realiza explicaciones argumentadas de la razón por la que puede haber un error en la valoración judicial. En tal constitución del litigio en el recurso el Tribunal no puede abordar una revisión propia y completa del litigio ya que está limitado por el alcance legal del recurso de suplicación en el que se exige que se exprese con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas y, en todo caso, se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, resulta necesario ( Tribunal Supremo 15 junio 2004, recurso 103/2004 ; 16 enero de 2009, recurso 88/08 ; 22 de junio de 2017, recurso 3076/15 ; 11 de julio de 2017, recurso 2291/16 ; 22 de febrero de 2018, recurso 160/16 ; y 27 de junio de 2018, recurso 1293/2017 ) no solo que se señalen los motivos del recurso y se citen de manera clara y concreta qué preceptos considera infringidos, sino que debe razonarse por qué y en qué sentido lo han sido porque, en otro caso, se estaría pretendiendo que fuera el propio Tribunal quien tuviera que construir y fundamentar el recurso, con la consiguiente pérdida de la obligada neutralidad de aquél: la construcción y argumentación del recurso únicamente a la parte recurrente incumbe, y, por otro lado, la decisión del recurso que hubiera de adoptar el órgano jurisdiccional en estas condiciones, necesariamente habría causado indefensión a la parte recurrida, porque le habría impedido conocer con la debida claridad y precisión el sentido y alcance de la tesis de su contrincante.

No basta decir que es carga de la prueba de la demandante acreditar la cesión cuando en la sentencia se exponen los hechos acreditados y las razones por las que se considera concurrente la cesión ilegal, y no contradice los hechos probados el que en la contrata se especifiquen determinadas circunstancias si esas circunstancias no son las que se hacen evidentes en la realidad probada. Por eso, si la situación reflejada en la sentencia tal como en ella se manifiesta es ésta:

- Del conjunto de la prueba practicada, consta acreditado que la contrata existente en Ilunion y el Ayuntamiento vino referida a una mera puesta a disposición del Ayuntamiento de personal técnico destinado a cubrir una necesidad de mano de obra del Ayuntamiento en sus espectáculos y actividad cultural.

- El trabajador ha prestado sus servicios integrado en la organización del trabajo del personal de la Concejalía de Cultura, para cubrir un puesto de técnico de sonido en los espectáculos, eventos y actividades organizadas y programadas por la Concejalía de Cultura, tanto en el Auditorio Municipal, como en otras dependencias municipales.

- Ilunion no ha puesto en juego ni ha destinado a ese servicio contratado por el Ayuntamiento, medio material alguno ni una organización autónoma con capacidad para desarrollar con sus propios medios materiales y personales ese servicio auxiliar.

- El trabajador quedaba sometido no ya a la programación cultural de la Concejalía, sino a los horarios organizados por la Concejalía; todo su trabajo lo desarrollaba con material y equipos del Ayuntamiento, integrándose con otros técnicos de imagen, sonido, etc., del Ayuntamiento y bajo las órdenes e instrucciones de personal de la Concejalía, de quien recibía directa y personalmente (mediante las reuniones diarias de trabajo, a través de correo electrónico y por grupos de trabajo creados a través de la Red WhatsApp) las ordenes e indicaciones.

- El trabajador asumía la responsabilidad y competencia en materia de inventario del material y los equipos de sonido propiedad del Ayuntamiento, siendo la persona encargada de dirigir al responsable de la Concejalía las peticiones de reposición o reparación de material.

- En materia de vacaciones, siendo Ilunion, quien formalmente las aprobaba, según ha relatado la técnica de la Concejalía de Cultura, estas vacaciones se organizaban y coordinaban con el resto del personal (tanto de Ilunion como del Ayuntamiento) y partiendo de la actividad y programación de espectáculos de la Concejalía.

- No se ha acreditado la existencia de una persona concreta y debidamente identificada, que, siendo empleado de Ilunion, desarrollara una coordinación, supervisión y dirección del trabajo del actor.

Si frente a ello no hay una contradicción de los hechos que lo sustentan, la conclusión ha de ser la de mantener la valoración y la conclusión judicial que es clara, expresiva, completa, lógica y ajustada a Derecho.".

TERCERO. Recurso formalizado por la representación letrada del Actor.

1.-En motivo único, se denuncia al amparo del art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social la infracción del art. 8.1 del ET en relación con el art. 42 y 43 del mismo texto legal, suplicando que se la fecha de antigüedad que se fija en el fallo de instancia quede referida al 1 de octubre de 2005, por considerar que corresponde con la que el actor inició con el Ayuntamiento demandado su relación laboral en virtud de los contratos administrativos que se señalan en los hechos probados de la sentencia recurrida y tras la declaración de cesión ilegal.

Atendiendo a los hechos declarados probados en la instancia, donde se relata que la relación laboral del actor ha permanecido inalterada sin solución de continuidad desde el 1 de octubre de 2005, hasta la actualidad realizando las mismas funciones como técnico de sonido y montaje del teatro municipal Centro Cultural Pérez de la Riva, la parte recurrente alude a los argumentos que esta sección de Sala hemos expuesto en la resolución del Recurso de Suplicación 348/2023, Sentencia 142/2024, para estimar la pretensión de que la fecha de la antigüedad debe quedar fijada en 2005, por las razones que allí expusimos. "La relación laboral deriva no solo del contenido de los cometidos desarrollados por la trabajadora y referidos anteriormente, propios de un servicio que el Ayuntamiento de Las Rozas presta en materia de violencia de género a través del Punto Municipal del observatorio regional, sino sobre todo por la forma en que se desarrolla tal prestación. Lo ha sido en dependencias del Ayuntamiento, con utilización de medios de trabajo del mismo, bajo la coordinación de Doña Marisa, responsable del equipo multidisciplinar, formando parte -como una más- de este área del Ayuntamiento la hoy recurrida.

Por tanto, cuando pasa a ser contratada "laboralmente" por la empresa codemandada, Servicios de Teleasistencia, S.A., Doña Nieves era personal laboral del Ayuntamiento, trabajadora por cuenta ajena del mismo, aunque con una relación indefinida no fija (de ahí que no exista quebranto alguno de los principios de igualdad, mérito y capacidad a los que se refiere el recurso como reglas de acceso a una Administración Pública), manteniéndose la realidad del Ayuntamiento como verdadero empleador pese a la interposición de esa otra empresa, sin variación alguna no solo del contenido de su trabajo sino, lo que es más importante, de cómo lo desarrollaba, de ahí que al aparecer Servicios de Teleasistencia, S.A. apareciera la figura de la cesión ilegal", que no se corresponden con el supuesto fáctico que examinamos, ya que en este caso, se ha declarado probado que el actor en noviembre de 2013 fue contratado como trabajador autónomo, es decir, que su régimen jurídico contractual no es el denunciado de laboralidad ( art. 8 del ET) , lo que no permite apreciar la existencia de una unidad esencial del vínculo, que se alza como presupuesto para el reconocimiento de la antigüedad que se reclama, que ha de quedar establecida en la reconocida de 1 de octubre de 2015.

CUARTO.-Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Desestimados los recursos de suplicación, en el caso del Ayuntamiento de las Rozas, no siendo el recurrente beneficiarios de justicia gratuita, debe imponerse a éste las costas generadas por su recurso a los dos intervinientes que lo han impugnado (D. Modesto e Ilunion Outsourcing, S.A.). En el caso del recurso interpuesto por la representación letrada del actor no hacemos pronunciamiento de costas.

Por lo expuesto.