Sentencia Social 488/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta, Rec. 16/2025 de 23 de junio del 2025

PRIMERO:La Sentencia del Juzgado de lo Social nº9 de Madrid, de fecha 26 de septiembre de dos mil veinticuatro, en procedimiento ordinario 593/2023, desestima la demanda del actor, que tiene por objeto la reclamación de cantidad, solidariamente frente a PISCINAS SANCHEZ SOCORRISTAS Y MANTENIMIENTOS SL y PISCIBORDA SL. El fallo de instancia, previa desestimación de las excepciones procesales de prescripción y defecto en el modo de proponer la demanda, desestima la pretensión del actor con base en la firma, por parte del mismo, de un finiquito de liquidación que contiene una manifestación clara del actor de haber recibido las cantidades que le correspondían hasta la extinción de su relación laboral el 11 de septiembre de 2022. Además consta acreditado, y así se declara probado, que el actor realizaba la jornada pactada de 12 a 20 horas, disfrutando de los correspondientes días de libranza, no acreditando derecho a horas extras o vacaciones y que, por otro lado, el salario percibido en nómina es acorde con el fijado en el Convenio Colectivo de aplicación, vigente.

Recurre en Suplicación la representación letrada del actor, con impugnación de PISCINAS SANCHEZ SL.

SEGUNDO:Al amparo del art.193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se formalizan varios motivos de revisión de los hechos declarados probados en la resolución recurrida, con una llamada CUESTION PREVIA ACLARATORIA.

Al respecto, señalando, que no caben este tipo de "cuestiones" en el recurso de Suplicación, debemos comenzar recordando que el objeto del recurso de Suplicación no es ya, como en la instancia, el examen y resolución de las pretensiones con valoración de la prueba practicada, sino solamente el examen de la sentencia dictada en la instancia, y ello a través de los estrictos motivos de recurso que se hallan tasados en el art. 193 de la LRJS.

En cuanto a la revisión de hechos probados, se ha declarado reiteradísimamente que en un recurso de alcance limitado como es el especial de suplicación, el Tribunal ad quemno puede valorar ex novotoda la prueba practicada, y que el error de hecho determinante para el fallo se configura en la suplicación laboral como uno de los posibles objetos del recurso, pero para apreciarlo es imprescindible que se desprenda objetivamente de documentos obrantes en autos o pericias efectuadas en la instancia, sin conjeturas, hipótesis o razonamientos subjetivos, ya que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el artículo 97.2 de la LRJS, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica. Y como consecuencia de ello se rechaza la existencia de error, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al juez de instancia, siempre que aquellas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. En especial, acerca del valor probatorio de los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión de hechos declarados probados, se ha insistido en que aquellos deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso, sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas ( STC 4/06, 218/06, STS 20-1-11, 5-6-11, 16-10-13, 18-7-14, etc.).

En este sentido la sentencia del TS de 5-6-11 razona en los términos siguientes:

"(...) El punto de que hemos de partir para dilucidar las múltiples revisiones propuestas no puede ser otro sino el de que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud- art. 97.2 LPL - únicamente al juzgador de instancia [en este caso a la Sala "a quo"], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar un nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación (recientes, SSTS 11/11/09 -rco 38/08 -; 13/07 / 10 -rco 17/09 -; y 21/10/10 -rco 198/09 -). Y como consecuencia de ello se rechaza la existencia de error, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes (entre tantas otras, SSTS 11/11/09 -rco 38/08 -; y 26/01/10 -rco 96/09 - ).

A lo que añadir que la revisión de hechos probados exige los siguientes requisitos: 1º.- Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis. 2º.- Que se citen concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. 3º.- Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento; y 4º.- Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia (entre las últimas, SSTS 17/01/11 -rco 75/10 -; 18/01 / 11 -rco 98/09 -; y 20/01/11 -rco 93/10 -). E insistiendo en la segunda de las exigencias se mantiene que los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/06 -rco 79/05 -; y 20/06/06 -rco 189/04 -")".

Con doctrina aplicable al recurso de suplicación, la sentencia del TS de 18-7-14 ha declarado lo siguiente:

2.- Concretando los anteriores requisitos, la jurisprudencia de esta Sala ha especificado que para que la denuncia del error pueda ser apreciada, es necesario, entre otros extremos, que:

a) "una cosa es el error en la apreciación de la prueba que de haberse producido mostraría un relato histórico hecho en términos equivocados y otra muy distinta que la valoración jurídica de los comportamientos conduzca a resultados que el recurso considere erróneos, aun cuando el conjunto fáctico se halle acreditado en forma impecable " ( STS/IV 20-marzo-2012 -rco 40/2011 ); rechazándose las pretensiones que instan una nueva valoración de las prueba " porque con esta forma de articular la pretensión revisora la parte actúa «como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.3 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia [en este caso a la Sala "a quo"], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica» (recientes, SSTS21/10/10 -rco 198/09; 14/04/11 -rco 164/10; 07/10/11 -rcud 190/10; 25/01/12 -rco 30/11; y 06/03/12 -rco 11/11) "( STS/IV 23-abril-2012 -rco 52/2011 , y, además, entre otras, SSTS/IV 18-marzo-2014 -rco 125/2013 Pleno , 26-marzo-2014 -rco 158/2013 Pleno , 16-abril-2014 -rco 57/2013 Pleno).

b) "acerca del valor probatorio de los documentos sobre los que el recurrente se apoya para justificar la pretendida revisión de hechos declarados probados, nuestra Sentencia de 11 de Marzo de 2004 y las que en ella se citan han señalado que éstos [los documentos] deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emana por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso, sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS/IV 26-octubre-2009 -rco 117/2008 ; en el mismo sentido, entre otras, SSTS/IV 2-junio-1992 -rco 1959/1991 , 7-octubre-2011 -rco 190/2010 , 11- octubre-2011 -rco 146/2010 , 9-diciembre-2011 -rco 91/2011 , 23-enero-2012-rco 87/2011 , 23-abril-2012 -rco 52/2011 , 14-mayo-2013 -rco 285/2011 , 5- junio-2013 -rco 2/2012 , 18-marzo-2014 -rco 125/2013 Pleno).

c) "la revisión fáctica no se funde en el mismo documento -salvo supuestos de error palmario que no es el caso- en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, ya que como la valoración de la prueba corresponde al juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquel por el subjetivo juicio de evaluación personal del recurrente ( STS de 11-11-09, recurso 38/08 , 26-1-10, recurso 96/09 y 31-5-12, recurso 166/11 ) "(entre las más recientes, SSTS/IV 11-noviembre-2009 -rco 38/2008 , 26-enero-2010 -rco 96/2009 , 23- abril-2012 -rco 52/2011 , 6-junio-2012 -rco 166/2012 , 18-diciembre-2012 - rco 18/2012 ), así como que " se proponga la introducción en el relato fáctico de datos de ese carácter, no conclusiones o valoraciones de carácter jurídico " (entre otras, SSTS/IV 3-mayo-2006 -rco 104/2004 , 20-marzo-2007-rco 30/2006 , 28-junio-2013 -rco 15/2012 );

(...)

e) "la mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho en casación (así, SSTS 23/11/93 -rco 1780/91 ; 21/06/94 -rcud3210/93 , 11/11/09 -rco 38/08 , 26/05/09 - rco 108/08 y 06/03/12 -rco 11/11 ) "( SSTS/IV 23-abril-2012 -rco 52/2011 , 26-julio-2013 -rco 4/2013 , 9- diciembre-2013 -rco 71/2013 , 19-diciembre-2013 -rco 8/2010 )".

Pues bien, partiendo de las anteriores consideraciones, todas ellas aplicables conjunta o separadamente a los motivos de revisión fáctica articulados al amparo del art. 193 b) de la LRJS, que propugna el recurrente, concluimos que todos ellos deben ser desestimados por las razones que exponemos a continuación:

1.- Respecto a la petición de modificación del hecho probado cuarto, que se solicita en el motivo primero, pretende introducir en el citado ordinal la adición de que en las nóminas del actor figuraba como otras percepciones no salariales "acta pasaje" la cantidad de 200 euros, con base en las nóminas que señala, que han sido objeto de valoración en la instancia. El motivo está mal formalizado por cuanto no se acredita ante la Sala porqué razón y en base a qué el no incluir los descuentos que se solicitan, supone que las nóminas estén mal valoradas por la Magistrado de Instancia, ni que su criterio, esté equivocado o erróneo, ya que las ha tenido en cuenta en su integridad para redactar el fallo desestimatorio. Es más, el recurrente apoya su pretensión en que ninguna prueba se ha practicado en el acto del juicio sobre la justificación del citado descuento. Si no se ha practicado prueba, ya de mano, y a lo que aquí incumbe, se incumple la primigenia obligación de fundamentar esta petición ante la Sala en "prueba documental fehaciente" que exige el art. 193 b) de la LRJS. - ya adelantamos que " la mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho en casación (así, SSTS 23/11/93 -rco 1780/91 ; 21/06/94 -rcud3210/93 , 11/11/09 -rco 38/08 , 26/05/09 - rco 108/08 y 06/03/12 -rco 11/11 ) " ( SSTS/IV 23-abril-2012 -rco 52/2011 , 26-julio-2013 -rco 4/2013 , 9- diciembre-2013 -rco 71/2013 , 19-diciembre-2013 -rco 8/2010 )".

2.- En el segundo motivo, se interesa con igual amparo procesal, la revisión del hecho probado quinto para el que se propone el hecho siguiente:

"QUINTO.- A la finalización de la relación laboral, en septiembre de 2022, se firma entre el actor y PISCIBORDA S.L. documento de liquidación y finiquito en el que se hace constar que dicha entidad abonaba al trabajador la cantidad de 684,84 euros. En el mismo, el trabajador reconoce que: "Con el percibo de dicha cantidad declara al verse completamente saldado y finiquitado por todos y cuantos devengos le pudieran corresponder por razón de trabajo por cuenta de la mencionada empresa, no teniendo más que pedir ni reclamar por concepto alguno, hasta el día de la fecha que causó baja en la misma, quedando totalmente rescindidas sus relaciones laborales con la empresa".

Dicho documento obra en el folio 263 de autos, cuyo contenido se da por reproducido.

Que en las cantidades abonadas en concepto de finiquito según el desglose que obra en el folio 264 lo es en concepto de "salario base septiembre", "prorrata de pagas extras" e "indemnización", sin que se contemple el abono de ningún otro concepto adicional tales como vacaciones devengadas y no disfrutadas o plus transporte".

Se apoya en la nómina de septiembre desglose de finiquito doc. 11.

Reiteramos los fundamentos anteriores, añadiendo la irrelevancia para el cambio del sentido del fallo apoyado en el valor liberatorio del finiquito, ya examinado en instancia con unas consecuencias fácticas y jurídicas no alteradas en este recurso.

3.- En el tercer motivo, se propugna la modificación del hecho probado octavo

Se propone el texto siguiente:

"OCTAVO.- El registro de jornada del trabajador y firmado por el mismo obra en los folios 239 y siguientes de autos. En el mismo consta una jornada del demandante de 12:00 a 20:00 horas y su libranza en los días: 17 y 24 de junio de 2022; 1, 8, 15 y 29 de julio de 2022; 5, 12, 19 y 26 de agosto de 2022 y 2 y 9 de septiembre de 2022".

Que tal y como consta en el mail en el que se refleja las condiciones laborales (folio 101) la "entrada al puesto de trabajo 30 minutos antes de la apertura al público, para limpieza de zonas comunes".

Que durante todo el tiempo que dura la relación laboral el actor inicio su jornada con al menos 30 minutos de antelación de la apertura de la piscina, es decir, de 11.30 horas a 20 horas, y además trabajó todos los días en los que constan como de libranza, exceptuando el 12 de agosto, tal y como consta en las geolocalizaciones aportadas por el actor de cada uno de los días trabajados (folios 111 a 204)".

Se apoya en el documento al folio 101, 111 a 204 de los aportados por la parte actora. (mail de fecha 17 de enero y geolocalización del móvil del actor).

En realidad lo que se pretende es alterar la valoración de las pruebas antedichas realizadas por quien tiene atribuida en la Ley esa facultad, de forma exclusiva ( art. 97.2 de la LRJS) ; que es la Magistrado de Instancia, sin ofrecer a la Sala ninguna argumentación sobre la existencia de un juicio valorativo erróneo. Simplemente se razona la trascendencia de la modificación que se postula al cambio del sentido del fallo, evidenciando el interés partidista e interesado de la parte recurrente, pero sin acreditar error alguno del Juzgador.

La STS de 4-10-23, Rec. nº. 3/22, nos vuelve a recordar que en este tipo de recurso como no cabe pretender "...la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado....", la jurisprudencia "... excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec 166/2011, con cita de otras muchas).

4.- Con igual amparo, se propone la modificación del hecho probado noveno de la sentencia recurrida para incluir el contenido de una norma convencional, concretamente el art. 33. EL relato de hechos probados de una sentencia no debe contener consideraciones jurídicas ni transcripciones normativas.

TERCERO:Al amparo del art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se denuncia la infracción de los siguientes preceptos:

" Artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores

Artículo 3 de la LGSS

Artículo 33 del Convenio Colectivo Estatal de Mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas (BOE 17/07/20) (Plus transporte)

Artículo 35 del Estatuto de los trabajadores (Horas extras)

Artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores (Liquidación y abono del salario)

Sentencia del TS nº 1157 /07 de 13 de mayo de 2008 (finiquitito con liquidación inferior a la que legalmente correspondía)"

El motivo no puede ser atendido. La denuncia jurídica articulada parte de hechos que no se han declarado probados, es más, contrarios a los mantenidos por el fallo recurrido. Tampoco resultan coincidentes con los examinados en la Sentencia del TS que se cita, recaída en el RCUD 1157/2007 de fecha 13 de mayo de 2008 que se cita como infringida, donde la Sala aprecia la ineficacia liberatoria del recibo de finiquito suscrito con la misma fecha y con liquidación inferior a la que legalmente correspondería, por prescindirse del preaviso o su retribución.

Sobre el concepto del llamado «recibo de saldo y finiquito» se ha señalado por la Sala Cuarta del TS, que el finiquito es -conforme al DRAE- «remate de cuentas o certificación que se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas» [ STS 24/06/98 -rec. 3464/97 -] ( SSTS 18/11/04 -rec. 6438/03 -; y 26/06/07-rcud 3314/06 -). Y que es «documento que, normalmente, contiene una declaración de voluntad del trabajador, a la que, generalmente, se ha concedido eficacia liberatoria, y cuyo contenido, de carácter variable -aunque suele traer origen en la extinción contractual- puede hacer referencia al percibo de una determinada cantidad salarial; a la liquidación de las obligaciones, principalmente de carácter patrimonial, que se realiza con motivo de la extinción de la relación laboral o a la declaración de extinción de la relación contractual, a la que, usualmente, se une una manifestación de las partes de no deberse nada entre sí y de renuncia a toda acción de reclamación. Si bien, desde un prisma estrictamente laboral, se ha venido conceptuando, como finiquito, aquel documento, no sujeto a "forma ad solemnitatem", que incorpora una declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad a la extinción de la relación laboral y de que mediante el percibo de la «cantidad saldada» no tiene ninguna reclamación pendiente frente al empleador» ( SSTS 28/02/00 -rcud 4977/98-, dictada en Sala General ; 18/11/04 -rec. 6438/03 -; y 26/06/07 -rcud 3314/06 -).

Por lo que se refiere a la liquidación de obligaciones, se conceptúa el finiquito como aquel documento que incorpora una declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad de que mediante el percibo de la «cantidad saldada» no tiene ninguna reclamación pendiente frente al empleador [ SSTS 11/11/03 -rec. 3842/02 -; 28/02/00 -rec. 4977/98 -, de Sala General] ( SSTS 18/11/04 -rec. 6438/03 -; y 26/06/07 -rcud 3314/06 -).

Acerca de su eficacia liberatoria y extintiva se ha mantenido que «1) Su valor liberatorio está en función del alcance de la declaración de voluntad que incorpora y de la ausencia de vicios en la formación y expresión de ésta. 2) Hay que distinguir lo que es simple constancia y conformidad a una liquidación de lo que es aceptación de la extinción de la relación laboral. 3) En el momento en que suele procederse a esta declaración -coincidiendo con la extinción del contrato de trabajo- existe un riesgo importante de que estos dos aspectos se confundan, especialmente cuando la iniciativa de la extinción ha correspondido al empresario. 4) La ejecutividad de esta decisión, con su efecto inmediato de cese de las prestaciones básicas del contrato de trabajo, lleva a que la aceptación del pago de la liquidación de conceptos pendientes -normalmente, las partes proporcionales devengadas de conceptos de periodicidad superior a la mensual, pero también otros conceptos- coincida con el cese y pueda confundirse con la aceptación de éste. 5) La aceptación de estos pagos ante una decisión extintiva empresarial no supone conformidad con esa decisión, aunque la firma del documento parta de que se ha producido esa decisión y de sus efectos reales sobre el vínculo. 6) En realidad, para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato debería incorporar una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación, un mutuo acuerdo sobre la extinción o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario» ( SSTS 24/06/98 -rec. 3463/97 -; 22/11/04 -rec. 642/04 -).

Y que por regla general, debe reconocerse a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan ( STS 18/11/04 -rec. 6438/03- Ar. 2005/1588 JSJ , con cita de las de 11/11/03 -rec. 3842/02 -, 28/02/00 -rec. 4977/98 -, de Sala General, 24/06/98 -rec. 3464/97 - y 30/09/92 -rec. 516/92 -). Y que esa eficacia jurídica no supone en modo alguno que la fórmula de «saldo y finiquito» tenga un contenido o carácter sacramental con efectos preestablecidos y objetivados, de modo que aquella eficacia se imponga en todo caso, abstracción hecha de las circunstancias y condicionamientos que intervienen en su redacción ( STS 18/11/04 -rec. 6438/03 -).

Más en concreto se ha dicho sobre la necesaria voluntad extintiva, que para que el documento denominado finiquito produzca el efecto extintivo del contrato, es necesario que del mismo se derive una voluntad clara e inequívoca del trabajador de dar por concluida la relación laboral, puesto que «para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato, debería incorporar una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación, un mutuo acuerdo sobre la extinción, o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario» ( SSTS 28/10/91 -rcud 1093/90 -; 31/03/92 -rcud 1009/91 -; 24/06/98 -rec. 3463/97 -; 26/11/01 -rcud 4625/00 -; y 07/12/04 -rcud 320/04 -). Y que como expresión de la extinción del vínculo laboral, el finiquito es la manifestación externa de un mutuo acuerdo de las partes -que constituye causa de extinción de la relación laboral, según el artículo 49.1.a) ET -; es decir, expresión de un consentimiento, que, en principio, debe presumirse libre y conscientemente emitido y manifestado -por lo tanto sin vicios que lo invaliden- y recaído sobre la cosa y causa, que han de constituir el contrato, según quiere el art. 1262 CC [STSMSC].Y por ello, para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato, debería incorporar una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación, un mutuo acuerdo sobre la extinción, o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario [ SSTS 24/06/98 -rcud 3464/97 -; y 26/11/01 -rec. 4625/00 -] ( STS 18/11/04 -rec. 6438/03 -).

Finalmente, respecto de sus reglas interpretativas, la doctrina de la Sala (en la sentencia que estamos examinando de 13 de mayo de 2008, afirma que por regla general, debe reconocerse a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan [ SSTS 11/11/03 -rec. 3842/02- Ar. 8809 ; 28/02/00 -rec. 4977/98-, de Pleno ; 24/06/98 -rec. 3464/97 -; 30/09/92 -rec. 516/92 -] ( SSTS 18/11/04 -rcud 6438/03 -; y 26/06/07 -rcud 3314/06 -). Y que es posible que el documento no exteriorice, inequívocamente, una intención o voluntad extintiva o liquidatoria de las partes, o que su objeto no esté suficientemente precisado, como exige el art. 1815.1 del CC .De ahí que las diversas fórmulas que se utilizan en tales documentos están sujetas a los reglas de interpretación de los contratos del Código Civil que, entre otros cánones, obligan a estar al superior valor que el art. 1.281 atribuye a la intención de las partes sobre las palabras, y a la prevención del art. 1289de que no deberán entenderse comprendidos cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar, pues no se trata de una fórmula sacramental, con efectos preestablecidos y objetivados ( SSTS 30/09/92 -rcud 516/92 -; 24/06/98 -rcud 3464/97 -; 28/02/00 -rcud 4977/98-, de Sala General ; 26/11/01 -rcud 4625/00 -; 18/11/04 -rec. 6438/03 -; y 26/06/07 -rcud 3314/06 -).

Estos son los argumentos jurídicos que se han seguido en el fallo de instancia a tenor y acordes con los hechos que ha declarado probados y que se mantienen en Suplicación, y acordes, por ende, con la Doctrina Unificada expuesta.

Por lo expuesto, y sin hacer declaración sobre costas ( art. 235.1 de la LRJS)