Sentencia Social 32/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta, Rec. 847/2024 de 24 de enero del 2025

PRIMERO. -El auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid de fecha 09 de septiembre de 2024 acuerda declarar de oficio su falta de competencia por razón de la materia, remitiendo a las partes al Juzgado de lo Mercantil.

Tal resolución ha sido confirmada por auto dictado el 25 de septiembre de 2024 que desestima el recurso de reposición interpuesto por la demandante.

Frente a la parte dispositiva de este último auto, se interpone el presente Recurso de Suplicación por la representación letrada de la parte actora DOÑA Covadonga, habiéndose presentado escrito de impugnación por DOÑA Salome, en su condición de Administradora Concursal de la codemandada VIS VERONA, S. L., por la también demandada DOÑA Petra, así como por el MINISTERIO FISCAL, quien en su informe interesa su desestimación, alegando no existir relación laboral entre las partes.

SEGUNDO. -Se formulan como motivos del Recurso de Suplicación, los que se indican seguidamente:

MOTIVO PRIMERO. -Al amparo del art. 193 de la LRJS apartado b) por error de hecho en el auto recurrido y para revisar los presupuestos fácticos del auto recurrido.

Como recuerdan, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2023, (rec. 19/2023) y 7 de junio de 2023, (rec. 145/2021), la prosperabilidad de la revisión fáctica en la casación ordinaria y lógicamente en el recurso de suplicación que participa de su misma naturaleza extraordinaria presenta como "limitaciones"que no se permita una "...reconsideración plena del material probatorio...",sino tan solo "...un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas... se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado...",exigiéndose, en definitiva:

"... 1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental".

El contenido literal de este motivo es el siguiente:

"El auto recurrido persiste en el error de considerar que mi representada es administradora de Vis Verona, S.L.

Y esto no solo no es cierto, sino que además es imposible como refiere la propia administradora concursal de Vis Verona S.L. en su escrito de personación según puede leerse ella misma es la Administradora concursal de esta sociedad que se encuentra en concurso voluntario desde 2012, concurso 196/2012, mediante resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos y que es quien firma este escrito que es la propia doña Salome que es su administradora.

Así consta en las actuaciones en escrito de personación de 1 de julio de 2024 obrante en las actuaciones y consistente en el escrito de personación de la propia administradora concursal.

Luego el auto debe rectificarse e indicar que al contrario de lo que dice el auto de 9 de septiembre de 2024 , la demandante no es administradora de la mercantil Vis Verona S.L., error en el que persiste el auto recurrido de 25 de septiembre de 2024 ahora recurrido, por lo que debe estimarse el presente motivo".

El objeto del apartado b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es claro:

"b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas".

En el presente supuesto, el auto recurrido, al igual que aquel al que ratifica, no contiene un apartado específico sobre "hechos probados"dado que no se ha celebrado el acto de la vista que es el momento procesal en que las partes proponen prueba en defensa de sus respectivas pretensiones, por lo que no cabe este motivo.

Y si bien es cierto que es reiterada la Jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo -así sentencia 17-7-1992, RJ 5664-, que admite la revisión fáctica suplicacional de las afirmaciones fácticas incluidas en los fundamentos de derecho, lo que aquí podría predicarse de la afirmación judicial -asumiendo el informe del Ministerio Fiscal- de que "la actora del presente procedimiento es administradora de la mercantil Vis Verona, S.L.",no es menos cierto que para que la misma pueda prosperar debe de cumplir los requisitos para los supuestos de revisión de hechos antes expresados.

Y aquí lo que se pretende es sustituir ese párrafo por otro donde se afirme que "la demandante no es administradora"de la citada mercantil, todo ello según prueba documental consistente en un escrito de la parte codemandada, Vis Verona, S.L.

Partiendo de que los escritos procesales de las partes no son "documentos" propiamente dichos, tal como viene entendiendo constantemente la jurisprudencia, no pudiendo por tanto fundarse en ellos la revisión fáctica en vía de recurso de suplicación, ya que el hecho de que estos aportes alegatorios figuren incorporados físicamente a las actuaciones mediante soporte material escrito no les confiere carácter documental, lo que hace nuevamente inviable que se acoja este primer motivo de recurso, lo cierto es que asiste la razón a la recurrente en el sentido de que no cabe afirmar que "la demandante es administradora de la mercantil Vis Verona S.L."cuando precisamente uno de los objetos del procedimiento, según la demanda, es precisamente que se declare el carácter fraudulento de la relación "seudo mercantil"que es la que aparentemente vincula a los litigantes y se califique como de laboral la misma, por lo que un pronunciamiento como el contenido en el auto de alguna manera predetermina el sentido del fallo, sin haberse celebrado el acto del juicio, por lo que, de entenderse que se trata de una afirmación con igual valor que un hecho probado la misma no debe tenerse por puesta.

MOTIVO SEGUNDO. -Con amparo en el art. 193. C) (ha de entenderse referido a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), por infracción en el auto recurrido del art. 2 de la LRJS y por aplicación indebida del art. 3 de la misma ley en relación con el art. 5 de la LOPJ.

MOTIVO TERCERO. -Con amparo en el art. 193. C) (se reitera la precisión del motivo anterior), por infracción en el auto recurrido del art. 1 del Estatuto de los Trabajadores ya que desconoce la sustancia de la relación jurídica que se enjuicia y por aplicación indebida del art. 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social e infracción de la jurisprudencia que se cita.

Dado su contenido, sobre todo el del motivo segundo, y pese a que se cite como objeto del mismo el apartado c) "Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia",ha de entenderse que pretendiendo "el pronunciamiento sobre la existencia de una relación laboral fraudulenta",manteniendo que la Jurisdicción Social es la competente al referirse "a una relación laboral fraudulenta disimulada con una relación seudo mercantil",e interesar en el suplico del recurso se anule el auto recurrido declarando esta jurisdicción como competente para conocer de las demandas presentadas, se reconduce su examen al objeto previsto en el apartado a) del mencionado art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social "a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión",lo que es aplicable también al motivo tercero, aunque únicamente en cuanto sigue manteniéndose en el mismo que pese a que el cargo de administradora lo ha ostentado por órdenes de otro de sus empleadores, lo cierto es que no ejerce funciones propias de ese cargo, reiterando que se está ante una relación laboral fraudulenta, con petición de nulidad del auto recurrido, mantenimiento de la competencia de esta jurisdicción y celebración del juicio, sin que sea este el momento procesal de dar respuesta a la alegación también contenida en el motivo tercero sobre una posible compatibilidad entre el cargo de administradora de una sociedad y un verdadero contrato de trabajo con cita de una sentencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la de 15-10-2020, de su Sección 5ª.

Es doctrina tradicional que para que pueda estimarse el recurso de suplicación sobre la base del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y pueda declararse la nulidad de actuaciones, han de concurrir los siguientes requisitos:

- una infracción de normas o garantías del procedimiento.

- la existencia de indefensión.

- y la protesta previa en el momento procesal oportuno, salvo que la entidad de la falta sea tal que comprometa al orden público procesal en cuyo caso no es necesario que haya sido denunciada por las partes pudiendo ser estimada de oficio, o que la infracción se produzca en la sentencia en cuyo caso es evidente que no resulta factible efectuar la protesta en momento distinto al de la formalización del recurso.

Por lo tanto, no toda infracción de una norma procesal da lugar a la nulidad por quebrantamiento de forma siendo necesario que la misma haya provocado a la parte recurrente consecuencias negativas limitando sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, siendo la indefensión el alma de la nulidad; indefensión que no es la meramente formal, sino que se requiere que sea también material asumiendo quien lo alega el demostrar que el error judicial anuló o limitó sustancialmente los derechos inherentes a su calidad de parte en el proceso ( sentencias del Tribunal Constitucional de 29 de noviembre de 1985 (RTC 1985\161), 5 de octubre de 1989 (RTC 1989\158) y 25 de abril de 1994 (RTC 1994\126)).

En definitiva, la indefensión prohibida por el artículo 24 de la Constitución Española, no nace de la simple infracción por los órganos judiciales de las reglas procesales, sino sólo de la que se traduce en real privación o limitación del derecho de defensa, como directa consecuencia de una acción u omisión del órgano judicial, y es que la prohibición de indefensión tiene un carácter material más que formal, y no se entiende producida cuando, pese a la existencia de infracciones procesales , no se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción mediante el adecuado desarrollo de la dialéctica procesal o cuando no se merman las oportunidades de la parte para alegar y probar.

En este sentido, ya se ha resumido al comienzo del análisis jurídico que de forma conjunta se está haciendo de los motivos de suplicación segundo y tercero, que los mismos impugnan la declaración de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia contenida en el auto recurrido en suplicación.

Por la parte recurrente se reitera que, bajo la apariencia formal, lo cierto es que es una trabajadora sujeta o supeditada a un contrato laboral no escrito, por el que recibía un dinero fijo todos los meses y que se le ha dejado de pagar, todo ello bajo las órdenes y mandatos de la familia Apolonio Petra Ramón, tanto como personas físicas como a través de diversas sociedades por ellos constituidas.

Atendiendo al contenido de la demanda, en la misma se ejercita una acción en solicitud de la extinción indemnizada del contrato de trabajo por parte de la actora aludiendo como incumplimiento del empleador (figura que identifica con varias personas físicas y una jurídica), a la falta de pago del salario. Y admitiendo que ha tenido en ocasiones el cargo de administradora de las empresas, mantiene que ello es un fraude encubriendo una auténtica relación laboral viviendo en una permanente irregularidad jurídica, habiendo prestado sus servicios remunerados por cuenta ajena y bajo las directrices de la familia, siendo, por tanto, necesario que, con carácter previo a conocer del fondo de la acción de extinción, se declare la naturaleza jurídica del vínculo que une a las partes.

Como ya ha tenido ocasión de indicar esta misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictada por su Sección 2ª:

"(...) la jurisdicción, como norma de derecho absoluto y necesario constituye el primer presupuesto formal y trámite inexcusable para que el órgano judicial pueda conocer del pleito sometido a su consideración, y que por afectar al orden público procesal las cuestiones de competencia "ratione materiae" (al igual que la funcional) quedan fuera del principio dispositivo de los litigantes y de la voluntad del propio Juzgado o Tribunal, siendo la jurisdicción improrrogable, como expresamente dispone el artículo 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta el extremo de la posibilidad de su apreciación de oficio - arts. 9.6 LOPJ y 5 de la LRJS ".

Como se ha expuesto, se trata de determinar -a priori- cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento de la cuestión jurídica planteada, y no compartiéndose el criterio seguido en la instancia, esta Sección de Sala estima que la competencia reside en la Jurisdicción Social puesto que lo que precisamente se denuncia en la demanda (sin perjuicio de que deba acreditarlo la parte que lo sostiene), es que bajo la apariencia de una relación que se denomina "seudo mercantil"subyace una autentica relación laboral por la concurrencia de las notas características enumeradas en el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores.

Y ello es así, porque debe recordarse que la calificación jurídica que merezca la relación mantenida entre las partes no viene condicionada por la denominación que se le atribuya o por la opinión que al respecto puedan manifestar los propios interesados pues, como establece reiterada doctrina jurisprudencial, los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional, independientemente de la denominación que le otorguen los intervinientes debiendo estarse para determinar su auténtica naturaleza a la realidad de su contenido manifestado por los actos realizados en su ejecución, lo que debe prevalecer sobre el "nomen iuris"empleado por los contratantes; siendo así que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes, no es algo que quede a la libre disposición de éstas, sino que es una calificación que debe surgir del contenido real de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual.

Y si resulta que se concluye, tras la celebración en su caso del juicio de no llegar las partes a un acuerdo en conciliación, que la realidad se corresponde con una relación laboral, deberá el Juzgado conocer de la acción de extinción planteada; y de determinar -tras las pruebas practicadas- que la relación no es laboral, será el momento procesal oportuno para acoger la excepción de incompetencia de jurisdicción.

Es un supuesto propio de la jurisdicción social el de analizar si entre la parte demandante / recurrente y las personas físicas y/o jurídicas demandadas se concertó un contrato de trabajo, aunque fuera verbal, tratándose de una materia que se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la jurisprudencia ( STS de 3 de noviembre de 2014, Rcud. 739/2013).

Por lo expuesto, ha de concluirse que el auto del Juzgado de lo Social ha incurrido en las infracciones denunciadas en estos motivos de recurso que debe ser estimado

TERCERO. -No procede la imposición de costas, debiendo estarse al art. 235.1 LRJS que prevé esta medida únicamente respecto a la parte recurrente que resulta vencida y no disponga del beneficio de justicia gratuita o no haya sido eximida legalmente de dicho deber.

CUARTO. -Contra la presente sentencia cabe Recurso de Casación para la unificación de doctrina ( art. 218 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.