Sentencia Social 647/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Cuarta, Rec. 105/2025 de 06 de octubre del 2025

PRIMERO:Frente a la sentencia de instancia que declara que la relación laboral de la demandante con el Ayuntamiento de Leganés tiene carácter fijo, recurre en suplicación el Ayuntamiento demandado articulando dos motivos. El recurso ha sido impugnado de contrario.

Con carácter previo al análisis de los motivos del recurso y a los efectos de una mejor comprensión de los hechos acontecidos, conviene sentar, brevemente, los términos en los que se articuló en debate en sede de instancia.

La actora acredita un total de dieciséis contratos temporales, amparados en distintas causas, con el Ayuntamiento de Leganés desde el año 2004 hasta la actualidad, produciéndose interrupciones diversas en su relación laboral con la administración demandada, algunas de ellas de duración superior a un año. La actora concurrió a la convocatoria aprobada por Resolución de 12 de marzo de 2024 para proveer plazas por el sistema de concurso en turno libre/estabilización.

En el punto 9 de las bases se preveía que la calificación final del proceso selectivo sería el resultado de sumar la calificación de los méritos profesionales y de los méritos académicos. Que el orden de colocación de los aspirantes en la lista de aprobados se establecería de mayor a menor puntuación y que en caso de empate entre dos o más aspirantes se desharía atendiendo a los criterios de: 1) mayor número de meses trabajados como funcionarios interinos, personal laboral o personal indefinido no fijo en el Ayuntamiento de Leganés en la plaza idéntica a la que se convoca (...).

La actora figuraba en la lista provisional de siete admitidos para la cobertura de la plaza. La lista definitiva, que concluyó la contratación de otro trabajador del Ayuntamiento, fijaba como relación complementaria los seis restantes y entre ellos, figuraba la actora en tercera posición.

Previamente la actora había participado en una convocatoria del Ayuntamiento de Leganés cuyo objeto era incorporar las contrataciones temporales de larga duración a la plantilla fija, una vez apreciada la necesidad estructural y no coyuntural de las mismas. Tales plazas pasaron a convocarse mediante oferta libre por el sistema de concurso-oposición para su cobertura definitiva.

En el suplico de la demanda se solicitó como pretensión principal que se declarase a la demandante trabajadora fija del Ayuntamiento de Leganés con una antigüedad a todos los efectos del 5 de junio de 2004, y subsidiariamente que se declarase a la demandante trabajadora indefinida no fija del Ayuntamiento de Leganés, con una antigüedad a todos los efectos de 5 de junio de 2004.

SEGUNDO:En su primer motivo de recurso, formulado al amparo del art. 193.b), la representación letrada del Ayuntamiento de Leganés solicita la revisión del hecho probado primero.

El hecho probado primero tiene la siguiente redacción:

"DOÑA Maite, mayor de edad, con NIF nº NUM000, afiliada a la Seguridad Social con nº NUM002, presta servicios bajo la dependencia del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS, en virtud de relación laboral indefinida no fija, con la categoría profesional de auxiliar técnico de gestión finalista (Subgrupo C2) en el estadio de Vallehermoso, con una antigüedad desde el 9 de enero de 2012, resultando de aplicación a dicha relación el convenio colectivo único del Ayuntamiento de Leganés".

Y se propone la siguiente redacción

"DOÑA Maite, mayor de edad, con NIF nº NUM000, afiliada a la Seguridad Social con nº NUM002, presta servicios bajo la dependencia del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS, en virtud de relaciones laborales temporales en bolsa de trabajo, con último contrato de relevo, con la categoría profesional de auxiliar técnico de gestión finalista (Subgrupo C3) en el estadio Vallehermoso, con una antigüedad desde 9 de enero de 2012, resultando de aplicación a dicha relación el convenio colectivo único del Ayuntamiento de Leganés".

Ampara su solicitud de modificación en el hecho probado segundo de la sentencia y en el informe del Departamento de Personal del Ayuntamiento de Leganés de fecha 5/11/2024 aportado por esa parte. Y justifica la modificación en la necesidad de que conste probado que la trabajadora no tenía la condición de personal indefinido no fijo, sino temporal de bolsa y que, a tales efectos, la pertenencia a la bolsa es la herramienta legal que permite que los trabajadores tengan sucesivos contratos temporales, sin que ello signifique que sean fraudulentos, ni que por ello deban considerarse indefinidos.

No se admite el motivo. En primer lugar, no procede la modificación de un hecho probado con apoyo directo en otro hecho probado en la misma sentencia como argumento. A lo anterior debe añadirse que el documento en el que apoya su solicitud -informe del Dept. de Personal del Ayuntamiento- es un documento de parte, elaborado por un departamento dependiente de la entidad demandada a raíz del proceso iniciado por la trabajadora. El referido documento ya fue conocido y analizado por el juzgador de instancia en el momento procesal oportuno, no considerando su contenido, a los efectos que pretende el recurrente, en el relato de hechos probados.

Continúa indicando que ningún otro de los hechos probados, ni el tercero ni el cuarto tiene incidencia en el procedimiento, pero dado que no formula solicitud alguna de supresión, adición o modificación en tales hechos no cabe pronunciamiento sobre los mismos.

TERCERO:En su segundo motivo, al amparo del apartado c), denuncia la vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre la unidad del vínculo fijada, entre otras, en la sentencia de 23 enero 2024 (rec. 2981/2022), a los efectos bien de desestimar la demanda presentada en su momento o, en su defecto, de revocar la calificación de trabajadora fija, declarando a la trabajadora como indefinida no fija con efectos de 9 de enero de 2012.

Son muy numerosas las sentencias del Tribunal Supremo sobre la unidad del vínculo a los efectos de determinar la antigüedad de un trabajador en una empresa con la que ha suscrito sucesivos contratos temporales -con o sin solución de continuidad y por la misma o por distintas causas-, cuando se han producido irregularidades en la contratación temporal.

El Tribunal Supremo ha fijado un conjunto de pautas que permiten determinar si el transcurso del tiempo entre contrataciones rompe esa unidad del vínculo, lo que llevaría a considerar que no ha existido una sola relación laboral entre las partes cuyo inicio no se retrotraería al primer contrato, sino a uno posterior.

En este sentido la STS de 23 de enero de 2024 (rec. 2981/2022) destaca que "diversas sentencias de esta Sala [entre otras: SSTS 963/2016, de 8 de noviembre (Rcud. 310/2015); 494/2017, de 7 de junio (Rcud. 113/2015); 501/2017, de 7 de junio (Rcud. 1400/2016); 703/2017, de 21 de septiembre (Rcud. 2764/15) y 156/2019, de 28 de febrero (Rcud. 2768/2017)] han entendido que, con una interrupción superior a tres meses, es posible que siga existiendo una vinculación laboral reconocible como tal, es decir, unitaria. Así, en la STS 1085/2020, de 9 de diciembre (Rcud. 3954/2018) hemos admitido la concurrencia de unidad esencial del vínculo en una prestación de servicios de diez años de duración, mediante contrataciones laborales fraudulentas, en las que se habían producido varias interrupciones, siendo la más larga de cuatro meses y trece días de duración. En dichas sentencias hemos concluido que, para adoptar la decisión final sobre la concurrencia de interrupciones significativas, con entidad para quebrar la unidad esencial del vínculo, cuando la contratación ha sido fraudulenta, ha de atenerse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos". La STS, analizando las circunstancias concurrentes considera que interrupciones aun dilatadas producidas en "mitad de una larga cadena contractual no constituye (...), una interrupción suficientemente significativa, capacitada para romper la unidad del vínculo, puesto que, si la actividad de la demandante ha sido siempre la misma y en las mismas o muy similares condiciones, tratándose de una actividad normal y permanente de la entidad demandada, resultando especialmente significativo que en la mayoría de los contratos temporales haya constado el mismo objeto, relativo a trabajos de pintura, sin mayor especificación, incumpliendo la exigencia de que el contrato para obra o servicio determinado especifique e identifique, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto. En definitiva, nos encontramos ante una acusada prolongación en el tiempo de una situación ilegal, que minora la relevancia de la interrupción contractual apreciada por la sentencia recurrida ya que la misma se revela como intrascendente en relación a la consideración de la existencia de un solo vínculo contractual enmascarado a través de múltiples contratos temporales celebrados en fraude de ley".

No rompe tampoco la unidad del vínculo, en contra de lo que entiende el recurrente, que la trabajadora prestase servicios para otras empresas durante los períodos de inactividad laboral, pues a nadie puede exigírsele un compromiso y un sacrificio tal que suponga una renuncia a iniciar una relación laboral con otra entidad, habida cuenta que no hay constancia de la existencia de compromiso alguno de exclusividad o prohibición expresa de trabajar para otras entidades durante tales períodos de inactividad.

La doctrina fijada por la STS de 23 de enero de 2024 resulta plenamente aplicable al presente caso. En efecto, nos encontramos ante la suscripción de sucesivos contratos temporales de trabajo en los que la actividad de la trabajadora demandante siempre ha sido la misma o muy similar; en todos los casos se trataba de la actividad normal y permanente del Ayuntamiento y en la mayoría de los contratos constaba el mismo objeto. Sin olvidar además que, como recoge la sentencia de instancia, "los contratos de obra y servicio de 5 de junio de 2004, 4 de junio de 2005, 10 de junio de 2005, 1 de octubre de 2008, como el eventual de 6 de marzo de 2008, que se conciertan para atender los primeros la función de socorrista en verano o desarrollo de actividades recreativas o por aumento del número de bajas respectivamente, que no pueden ser atendidas por plantilla fija, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, lo cierto es que los primeros contratos responden a una necesidad estructural, que obedece a las vacaciones, esto es, un hecho no previsible y no puntual, sin que pueda considerarse tal escenario una situación de acumulación de pedidos, sino una circunstancia habitual que debe ser atendida por plantilla adecuadamente calculada para tal fin". Ello supone, según la sentencia de instancia, una presunción favorable a la indefinición de la relación que en ningún momento fue desvirtuada por el Ayuntamiento demandado.

Aun cuando pudiera defenderse la legalidad de los numerosos contratos de interinidad suscritos por la actora para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, lo cierto es que ya se partía de una situación fraudulenta previa que "contamina la relación laboral" y que no puede subsanarse acudiendo a contrataciones temporales ajustadas ya a la legalidad vigente.

Sentado lo anterior, y constatado que no se ha producido la ruptura de la unidad del vínculo que denuncia la parte recurrente, para dar respuesta al motivo planteado en el recurso y la posibilidad reconocer bien la condición de fija de la demandante o su condición de indefinida no fija, debemos partir de los razonamientos contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de febrero de 2024 (C-59/22, C/110/22 y C-159/22), donde resolvía las cuestiones prejudiciales formuladas por esta Sala en el marco de los recursos de suplicación núm. 753/2021, 797/2021 y 830/2021, así como de la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un trabajador indefinido no fijo tiene el estatus de trabajador con contrato de duración determinada, a efectos del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, y está comprendido en su ámbito de aplicación.

La expresión utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada,que figura en la cláusula 5 de dicho Acuerdo "comprende una situación en la que, al no haber convocado la Administración en cuestión, en el plazo establecido, un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, el contrato de duración determinada que vincula a ese trabajador con dicha Administración ha sido prorrogado automáticamente".

La cláusula debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, como la española, no prevé ninguna de las medidas que contempla, referidas a razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales, a su duración máxima total y al número de sus renovaciones, ni «medida legal equivalente» alguna, para evitar la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos. Y que "a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, con arreglo a esta cláusula 5, los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida".

El Tribunal considera que "corresponde, en su caso, al tribunal nacional modificar la jurisprudencia nacional consolidada si esta se basa en una interpretación de las disposiciones nacionales, incluso constitucionales, incompatible con los objetivos de la Directiva 1999/70 y, en particular, de dicha cláusula 5".

Debe tenerse en cuenta que la sentencia del TJUE no obliga a la autoridad del Estado español a transformar en fijos los contratos de todos los trabajadores indefinidos no fijos, aun en el supuesto de que el Derecho nacional no haya previsto una medida efectiva para sancionar el incumplimiento de la cláusula 5, y tampoco fuerza a los tribunales a pronunciarse en tal sentido de forma indiferenciada.

El Pleno de esta Sala, en sentencia de 10 de abril de 2024 (Rec. 797/2021), desestimó la conversión automática en fijeza, y en cualquier caso, de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente, al considerar que ello era incompatible con el derecho fundamental de acceso al empleo público de carácter fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estableciendo en tal sentido que "(...) correspondiendo al juzgador únicamente la función de aplicar el derecho (y no la de crearlo), no existe amparo legal para reconocer al demandante esa condición de fijo de plantilla, pese a que consideramos totalmente inadmisible que después de tantos años de prestación de servicios siga teniendo, en definitiva, un contrato que sería de naturaleza temporal, lo que podría haberse evitado en su caso mediante la actuación de la Inspección de Trabajo a fin de evitar que se produjera esa contratación totalmente irregular, sancionándose oportunamente mediante las medidas adecuadas. Así, en el supuesto de autos nos encontramos ante el insalvable obstáculo de que el acceso a esa situación de fijeza ha de hacerse necesariamente respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en los artículos 23.2 y 103.3 de nuestra Constitución , por lo que se habría de rechazar esta primera petición del demandante, dado que de lo contrario se podría hacer de mejor derecho a quien obtiene la fijeza por esta vía frente al que accede a tal situación mediante los procesos de selección correspondientes. Sin que obste para nada a lo anterior el que, según indica el recurrente, fuese contratado tras una entrevista y una prueba práctica, y es que no cabe aceptar que un proceso de selección realizado con vistas a suscribir contratos temporales sea suficiente para adquirir la condición de fijeza ( STS 3066/2020 )".

La misma conclusión alcanza el TS en sentencias de 17 y 29 de abril de 2024 (recs. 853/2021 y 4962/2022) al afirmar obiter dictum que de la sentencia del TJUE de 22 de febrero de 2024 "no se deriva, en ningún caso, la necesidad de la conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en fijos, que como ya se ha visto es algo incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente".

En la misma línea se sitúa el TJUE en sentencia de 13 de junio de 2024 (C-331/22 y C-332/22), en respuesta a las cuestiones prejudiciales elevadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 17 de Barcelona, donde mantiene la misma línea interpretativa que el Tribunal Supremo al destacar que las normas adoptadas en virtud de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que "a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, conforme a la cláusula 5, los abusos derivados de la utilización de sucesivos de contratos o relaciones de empleo de duración determinada, la conversión de esos sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir tal medida, siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional".

Abundando en esta cuestión, y a fin de resolver la controversia suscitada en el recurso, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2023 (rec. 3499/2022), analiza, en un supuesto muy similar al presente, las consecuencias a los efectos de la adquisición de la condición del fijo, la participación en un concurso-oposición con superación de la nota mínima, pero no se obtiene plaza. Concluye el TS que esa superación no es suficiente para adquirir la condición de personal laboral fijo, y así se indica lo siguiente en el tercer fundamento de derecho:

1. La cuestión suscitada en el presente recurso se circunscribe a determinar si la actora, que viene prestando servicios para la Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, desde el día 3 de diciembre de 2007, mediante un contrato de interinidad por vacante, debe ser declarada fija, por haber participado en el año 2003 en el proceso selectivo concurso-oposición para el acceso a las categorías del personal laboral fijo, aprobando los ejercicios pero sin llegar a obtener plaza, como sostiene la sentencia recurrida o, por el contrario, la doctrina correcta es la contenida en la sentencia referencial, que niega la declaración de fijeza, cuando la actora no superó el proceso, aun habiendo aprobado alguna parte integrante del mismo.

2. El recurso de casación denuncia la infracción, entre otros preceptos, del artículo 8 del convenio colectivo de aplicación. Y, por su parte, la sentencia del TSJ recurrida funda la declaración de fijeza en la STS 1112/2021, de 16 de noviembre (rcud 3245/2019 ). También el recurso de casación unificadora cita esta STS.

Es preciso, por tanto, exponer el contenido de aquel precepto convencional, así como cuál es exactamente la doctrina de la mencionada STS 1112/2021 y el supuesto sobre el que se dicta dicha doctrina.

El artículo 8 del convenio colectivo, sobre "acceso a la condición de laboral fijo", establece, en lo que aquí importa recoger, que:

"1. El acceso a las distintas categorías de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia se realizará, luego de convocatoria pública realizada para el efecto, mediante concurso-oposición.

2. El concurso-oposición consistirá en la superación de las pruebas correspondientes así como en la posesión previa, debidamente valorada, de determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia. En todo caso, será necesario, para superar el proceso selectivo, superar la fase de oposición."

Como puede observarse, se trata de un concurso-oposición de dos fases en el que, acumulativamente, en primer lugar, han de aprobarse las pruebas correspondientes y, en segundo término, ha de valorarse la formación, méritos o niveles de experiencia, siendo necesario, en todo caso, superar la fase de oposición.

En el presente supuesto, solo consta que la actora aprobó los ejercicios, lo que ha de entenderse lógicamente referido a las pruebas de la fase de oposición.

Más relevante es aún examinar los requisitos de la convocatoria de 2003, que se remitía al artículo 8 y siguientes del convenio colectivo, convocatoria en la que la actora aprobó los ejercicios de la fase de oposición.

En el apartado III,15 de la convocatoria se hacía expresamente constar que "en ningún caso el Tribunal podrá declarar que superaron el proceso selectivo un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas, resultando que cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo así establecido será nula de pleno derecho."

De ahí que, en el presente supuesto, no se pudiera declarar que la actora había superado el proceso selectivo.

Como consta en los hechos probados, la aprobación de los ejercicios de la convocatoria de 2003 suponía pasar a la lista de contratación temporal. Y fue desde esta lista desde la que en 2007 la actora fue contratada de forma interina para ocupar la vacante a la que se hace referencia en los hechos probados. No consta, por lo demás, que la actora hubiera prestado servicios con anterioridad a 2007 en favor de la Consellería.

Recapitulando: de lo expuesto, resulta que el proceso selectivo convocado en 2003 en el que participó la actora comprendía dos fases, la de concurso (experiencia profesional y formación profesional) y la de oposición. La superación de dicho proceso selectivo implicaba superar las dos fases, y no solo la aprobación de los ejercicios correspondientes a la fase de oposición. Por ello, como la actora no superó dicho proceso, no obtuvo plaza, pasando a integrar la lista de contratación temporal".

A esa misma conclusión llega la sentencia de esta Sala y sección de 11 de septiembre de 2025 (rec. 74/2025) al considerar que reconocer la condición de fijo de quien ha superado la nota mínima en un concurso pero no ha obtenido plaza "supondría una violación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, ya que la condición de fijeza sólo puede derivarse obteniendo plaza de un proceso selectivo. Si se obtiene la condición de fijo en abstracto sin considerar el número de plazas ni el mérito demostrado por otros opositores, dará lugar a que eventualmente otros opositores que tampoco hayan obtenido plaza, pero tengan mejor nota que la recurrente, no tengan la condición de fijo.

El sentido de los procesos de oposición reside en un principio meritocrático, en el que los aspirantes se oponen unos a otros y sólo los mejores obtienen la plaza o plazas convocadas pudiendo existir aprobados sin plaza.

Por tanto, no constando que las Bases de la convocatoria, permitan acceder a plazas personas que aprobando superen el número de las plazas convocadas, debe considerar que no se entiende superado el proceso selectivo sin obtener plaza"

CUARTO:Por la representante legal de la trabajadora se procede a impugnar el recurso solicitando en el propio escrito de impugnación, al amparo del art. 197.1 LRJS, rectificaciones de hechos probados.

La primera de las rectificaciones afectaría al hecho probado primero y se interesa su modificación para corregir tanto la fecha de antigüedad de la trabajadora, su categoría profesional y el lugar de la prestación de servicios.

La propia representación letrada indica, y así consta en los autos, que se presentó escrito solicitando la corrección de un error material cometido en la sentencia de instancia y que, a pesar que de la argumentación jurídica se desprendía su rechazo, la parte dispositiva indica "Que DEBO DECRETAR Y DECRETO haber lugar a la corrección de error material suscitado, sin que quepa adicionar pronunciamiento alguno, por lo que la resolución queda confirmada en todos sus extremos sin perjuicio de la corrección del error material meritada". Habiéndose ya pronunciado el juzgador de sentencia de instancia sobre este aspecto y habiendo dado respuesta a la solicitud planteada, no cabe hacer ahora pronunciamiento alguno.

La segunda de las rectificaciones refiere al hecho probado tercero a fin, como indica, de complementarlo y aclararlo. Se interesa a tales efectos la inclusión de un nuevo párrafo con el siguiente tenor:

"El apartado 9.2, página 14, establece en su segundo párrafo que "el Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho".

Si bien la parte identifica el documento en el que se sustenta la modificación, esta deviene innecesaria para la resolución del presente recurso en tanto esa circunstancia ni ha sido alegada por el Ayuntamiento demandado, ni tiene incidencia para resolver el recurso planteado. Recordemos que la STS de 8 de noviembre de 2023 (rec. 3499/2022), referenciada en el fundamente tercero de esta sentencia, analizaba la consecuencia de que en la convocatoria correspondiente se hiciera constar expresamente que "en ningún caso el Tribunal podrá declarar que superaron el proceso selectivo un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas, resultando que cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo así establecido será nula de pleno derecho".Concluyendo la propia sentencia que "De ahí que, en el presente supuesto, no se pudiera declarar que la actora había superado el proceso selectivo",tal y como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

No se admite la adición solicitada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,