Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 2442/2024 de 01 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sentencia nº 342/2024 del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca, de fecha 11 de julio de 2024 recaída en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 208/2024, desestima la demanda interpuesta por D. Valentín, D. Borja, D. Hermenegildo, D. Abel, D. Arsenio, D. Patricio, D. Damaso, D. Fausto, D. Prudencio,D. Abilio, D. Sabino, D. Carmelo, D. Eugenio, D. Jacinto, D. Dionisio, D. Esteban, D. Abelardo, D. Jon, D. Nicolas, D. Jenaro, D. Saturnino, D. Casiano, D. Vidal, D. Julio, D. Blas, D. Donato, D. Estanislao, D. Justiniano, D. Adolfo, D. Artemio y D. Jeronimo contra la empresa OFICINA TECNICA DE MONTES S.L.U. y DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas frente a ellos.

Frente a la indicada resolución se alza en suplicación la representación DE Valentín, Borja, Hermenegildo, Abel, Arsenio, Damaso, Fausto, Prudencio, Sabino, Carmelo, Eugenio, Jacinto, Dionisio, Esteban, Abelardo, Jon, Nicolas, Jenaro, Casiano, Vidal, Julio, Blas, Donato, Estanislao, Justiniano, Adolfo, Artemio y Jeronimo, articulando su recurso en torno a los apartados b) y c) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Por la representación de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca se impugna dicho recurso y se solicita la confirmación de la sentencia de instancia por sus propios argumentos.

SEGUNDO.-Se formaliza un primer motivo, por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, manifestando los recurrentes su discrepancia con el relato fáctico.

Los requisitos de la revisión fáctica los encontramos, entre otras, en la Sentencia de la Sala Cuarta de 15 de enero de 2026 (Sentencia: 32/2026; Recurso: 239/2024; Ponente: JUAN MARTINEZ MOYA) donde recuerda que, reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012 )o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013 )viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

En este sentido, no todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella).

Se solicita, en concreto, las siguientes revisiones que exponemos y pasamos a resolver:

1º) La adición de un párrafo final en el Hecho Probado Tercero, que debería decir:

"El Pliego de prescripciones técnicas de la contratación del servicio con empresas privadas también establece, como funciones encomendadas por la DIPUTACIÓN al contratista, todas las correspondientes al servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento, sin distinción entre funciones principales y/o secundarias o complementarias a las realizadas por la DIPUTACIÓN: Incendios, derrames, explosiones, inundaciones, accidentes de circulación, rescates y salvamentos, acciones de prevención, acciones de vigilancia y búsqueda con drones, formación y simulación de incidencias, así como aquellas situaciones de emergencia que tengan análogas características a las anteriores o que pudieran derivarse directamente de ellas."

La adición propuesta deviene innecesaria, toda vez que al final del citado hecho probado, la juez de instancia da por reproducido el contenido de ambos pliegos (doc. 1.1. acont. 149). Tal y como indica la sentencia de 16 de junio de 2015 (Recurso: 273/2014; Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA), "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa trascripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos y que " si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia " ( SSTS/IV 13-noviembre-2007 -rco 77/2006 , 14.mayo-2013 -rco 285/2011 , 5-junio-2013 -rco 2/2012 , 18-junio-2013 -rco 99/2012 , 16-septiembre-2014 -rco 251/2013 )"

2º) Se solicita una adición en el párrafo primero del hecho probado séptimo, del siguiente tenor literal (en negrita, el texto a añadir):

"La empresa DEMONTES ha elaborado un "Plan de actividades" para el servicio de extinción de incendios y salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca (doc. 1 acont. 329), Plan que fue sometido a evaluación y modificación por la Diputación Provincial de Salamanca. Los contratos formalizados entre DEMONTES y la Diputación tienen por objeto la prestación del citado servicio bajo la dirección, organización y control de la Diputación."

La revisión así propuesta se halla abocada al fracaso, habida cuenta de que lo que se pretende incluir no se desprende de forma clara y directa de los documentos invocados, sino que es preciso acudir a valoraciones de los mismos, no desprendiéndose de ellos de forma patente el error en el que habría incurrido la juez de instancia.

En este sentido, en la STS de 30 de enero de 2025 (Sentencia: 84/2025; Recurso: 282/2022; Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES) se reitera la doctrina constante de dicha Sala en la materia, "como la recogida en la STS 1338/2024, de 11 de diciembre (rec. 272/2022 ), en la que, como ya se indica por las partes recurridas, se recuerda que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones.

Por otra parte, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de 17 de octubre de 2016 (acontecimiento 149, documento 6.4), se recoge en la CLÁUSULA OCTAVA lo que "Los servicios técnicos designados por la Diputación de Salamanca podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos",tratándose de un hecho no controvertido entre las partes, por lo que la adición que pretenden los recurrentes deviene innecesaria.

3º) La modificación y adición del párrafo segundo del Hecho Probado Séptimo, que debería decir (en negrita, el texto modificado y añadido):

"Las condiciones laborales se pactan entre esta empresa y los trabajadores con intervención de la Diputación Provincial, que da a la empresa instrucciones sobre turnos de trabajo, vacaciones, horario laboral, permisos de trabajo y compensaciones por festivos de los trabajadores de la empresa."

Se desestima la adición interesada, por cuanto los recurrentes fundamentan su pretensión revisora en diversos correos electrónicos -de fechas 21 de marzo de 2020, 2 de junio de 2020 y 24 de junio de 2020- mediante los cuales el SPEIS remitió a la empresa documentación relativa a la actualización de las medidas preventivas a implantar en el Parque de VR con ocasión de la pandemia provocada por la COVID-19. No obstante, dichos documentos se circunscriben a un contexto temporal absolutamente excepcional, ajeno a las previsiones contractuales ordinarias, derivado de la situación de pandemia mundial ocasionada por el citado virus, siendo evidente que la Administración venía obligada, en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a establecer y protocolizar las medidas necesarias para garantizar tanto la protección de la salud de los trabajadores como el correcto funcionamiento del servicio, actuaciones todas ellas que, por su carácter extraordinario, no se encontraban contempladas en el plan de actividad.

Por otra parte, en relación al Correo electrónico de fecha 9-3-2022, no consta a qué trabajadores se está refiriendo, desconociendo esta Sala si se refiere a los recurrentes o no, habiendo comprobado que ninguno de los nombres a los que se hace referencia en el email ( Adriano, Fulgencio y Amadeo), figura entre los demandantes.

4º) La siguiente adición en el Hecho Probado Octavo, que debería decir (en negrita, el texto agregado):

"La empresa DEMONTES, siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Diputación,elabora el calendario, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones, lleva el control horario, abona las nóminas, realiza las contrataciones, se encarga de la formación de los trabajadores elaborando los planes de formación y abonando las correspondientes facturas, proporciona la ropa de trabajo para estar en el centro de trabajo (camiseta, funda, pantalón y botas), entrega a los trabajadores documentación sobre protección de datos, sistemas de prevención de incendios, entre otros. (documental de los acontecimientos 292 a 297, 300 a 303, 311 a 318 y 325, doc 11.1 acont 329, doc. 12 y ss acont 329)."

Se rechaza la adición pretendida, habida cuenta de que se pretende añadir al hecho probado octavo la afirmación de que la empresa adjudicataria actuaba "siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Administración",apoyándose para ello en diversos correos electrónicos intercambiados entre ambas entidades; sin embargo, entendemos que la documental invocada no posee la contundencia exigible para alterar el relato fáctico en los términos pretendidos, pues de su contenido no se desprende una situación de dirección permanente, íntegra y minuciosa de la actividad empresarial por parte de la Administración, sino actuaciones concretas vinculadas al normal desenvolvimiento del servicio y al ejercicio de las facultades de supervisión y control derivadas de la relación contractual existente.

Así, los correos aportados se refieren a cuestiones puntuales y específicas, tales como el tallaje de ropa de trabajo de determinados bomberos (correos de 26-3-2021 y 6-5-2021), la autorización de visitas externas al parque de bomberos en el contexto de la pandemia por COVID-19 (correos de 21-6-2021 y 25-6-2021), la gestión de detectores de gases y material de reposición (correo de 16-11-2021), la autorización para la compra de pilas destinadas a equipos BodyGuard (correos de 28 y 29-12-2021), la organización de determinadas acciones formativas (correos de 11 y 18-2-2022 y 14-6-2023), la preparación de material para la Junta (correo de 21-4-2022), la recepción de currículums (correo de 25-7-2022), la ampliación de información sobre un incendio concreto respecto del que el parte resultaba insuficiente (correo de 15-12-2022), la actualización de inventarios y material (correo de 8-3-2024) o la solicitud de informe acerca de una avería concreta sufrida por un vehículo, en una única ocasión (correo de 4-4-2024).

Ahora bien, entendemos que de tales comunicaciones no cabe inferir que la empresa actuase de forma general y constante bajo "instrucciones precisas" de la Administración "en cada aspecto", como se pretende introducir en el ordinal combatido. Antes al contrario, los correos revelan, a lo sumo, la existencia de instrucciones singulares relativas a incidencias concretas, necesidades operativas determinadas o mecanismos de coordinación propios de un servicio público especialmente sensible, así como el legítimo control por la Administración del correcto cumplimiento de las obligaciones asumidas por la contratista.

Debe recordarse que la fiscalización del servicio contratado, la emisión de directrices organizativas vinculadas a concretas necesidades operativas o la supervisión del cumplimiento de determinadas prestaciones forman parte de las potestades ordinarias de control de la Administración contratante y no implican, por sí mismas, una asunción efectiva de las facultades empresariales esenciales ni permiten concluir que la adjudicataria careciese de autonomía organizativa. Y precisamente el hecho probado cuya modificación se pretende ya recoge que era la empresa DEMONTES quien elaboraba calendarios, organizaba equipos, concedía vacaciones, llevaba el control horario, abonaba nóminas, realizaba contrataciones y gestionaba la formación y la dotación material de los trabajadores.

Por otra parte, la mayoría de los correos electrónicos invocados por los recurrentes como sustento de su pretensión revisora ya han sido valorados por la juez de instancia, que en su hecho probado undécimo recoge que "Entre el personal de la empresa Demontes con categoría de encargado y personal del Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Diputación Provincial se mantiene comunicación por correo electrónico, dándose por reproducido su contenido",y citando expresamente los acontecimientos 244, 245,248, 250,251, 253,254, 257, 258 265 a 276. Sin embargo, ha alcanzado la convicción que plasma en el hecho probado octavo, valorando conjuntamente la documental y la testifical practicada en el acto del juicio, siendo así que, tal y como recuerda la STS de 18 de septiembre de 2025 (Sentencia: 793/2025; Recurso: 193/2023; Ponente: JUAN MARTINEZ MOYA), "El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS )únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas."

En consecuencia, entendemos que la documental invocada no evidencia error alguno en la valoración efectuada por la juzgadora de instancia ni justifica la adición pretendida, que además incorpora una conclusión valorativa y generalizadora ("siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Administración")que excede del contenido objetivo que resulta de los documentos señalados, lo que nos lleva a desestimar el motivo de revisión fáctica.

TERCERO.-Al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial destina la representación de los recurrentes el siguiente y último motivo de suplicación, por entender infringidos el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 24 de la Constitución española. También es vulnerada la jurisprudencia emanada de sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en concreto de las SSTS nº 33/2022, de fecha 13-1-2022 (Recurso de casación 2715/2020), nº 322/2022, del 6-4-2022 (Recurso de casación 2524/2019) y nº 95/2022, del 2-2-2022 (Recurso de casación 3772/2020).

Entienden los recurrentes que nos encontramos ante una cesión ilegal de trabajadores en los términos recogidos en el artículo 43.2 ET y de la doctrina jurisprudencial que cita, motivo que, ya adelantamos, va a correr suerte desestimatoria.

Dispone el artículo 43 ET, lo siguiente:

"1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores

contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite

a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario."

La figura de la cesión ilegal ha sido abordada en numerosas ocasiones por la Sala Cuarta, entre otras, cabe citar las SSTS 29/2022, de 12 de enero (rcud 307/2020); 30/2022, de 12 de enero (rcud 1903/2020); 33/2022, de 13 de enero (rcud 2715/2020); 59/2022, de 25 de enero (rcud 553/2020); 115/2022, de 7 de febrero ( rcud 175/2020);856/2023,de 27 de octubre (rcud 3412/2021); 868/2023, de 27 de octubre (rcud 115/2022); 51/2025 de 28 enero (rcud 1928/2022); y 856/2025, de 1 de octubre (rcud 5371/2023).

La STS de 25 de febrero de 2026 (Sentencia: 192/2026; Recurso: 3564/2023; Ponente: ISABEL OLMOS PARES), recuerda que en la STS 856/2025, de 1 de octubre (rcud 5371/2023) ya se dijo que: «Debemos discernir si la empresa contratista tenía el control, la organización y la dirección de la actividad laboral de sus trabajadores, sin trasladarlo a la empresa principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales. En la práctica, ello se traduce en que la empresa contratista sea quien ejercite realmente todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores, bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan su actividad».

La STS 195/2023, de 15 de marzo (rcud 3390/2020 ),también señaló que: «para apreciar si concurre o no cesión ilegal habrá que tener en cuenta, en primer lugar, si existe una mera puesta a disposición de los trabajadores o, por el contrario, la empresa contratista ejerce, respecto de los trabajadores como verdadero empresario, manteniendo el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; el control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales en el amplio abanico de decisiones y actuaciones que eso conlleva. Lo que en la práctica se traduce en que siga siendo la empresa subcontratada quien lo mantenga en materias tales como: la distribución de tareas; determinación de los turnos; vacaciones; descansos; aplicación de las facultades disciplinarias; etc., es decir, en el ejercicio de todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan realmente su actividad. En segundo lugar, resulta imprescindible que la contratista empleadora sea una verdadera empresa con infraestructura organizativa suficiente y adecuada. Y, en tercer lugar, el contratista debe asumir un verdadero riesgo empresarial, siendo la contrata una actividad específica, delimitada y diferente de la actividad desarrollada por la empresa principal».

Continua explicando que en la cesión ilegal hay tres negocios jurídicos coordinados: «1º) un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2º) un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador; y 3º) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato de trabajo formal ( STS de 11 de febrero de 2016, Rcud. 98/2015 )».

Añade que la clave no radica en que la empresa cedente sea real o ficticia o carezca de organización sino que esa organización no se haya puesto en juego, limitándose su actividad al suministro de mano de obra, «[d] e forma que aparece en la posición contractual de empresario quien realmente no la ostenta, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio. Por último, resulta necesario señalar que en la apreciación de la cesión ilegal es necesario ceñirse al caso concreto, pues suelen ser muy distintas las situaciones que pueden darse en la práctica».

Para poder resolver el caso sometido a la consideración de la Sala, debemos partir de una recapitulación de cuáles son los hechos probados de la sentencia recurrida, puesto que sobre ese conjunto fáctico es sobre el que hemos de resolver, prescindiendo de todos aquellos extremos alegados en el recurso que no tienen respaldo en ese relato fáctico, así como en las afirmaciones que con tal valor se contienen en los Fundamentos de Derecho. Así nos encontramos con la situación siguiente:

- Dentro del servicio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Salamanca se gestiona el Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento (SPEIS) que está organizado en trece parques de bomberos distribuidos por la provincia, los principales son los de Villares de la Reina, Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino. La prestación del SPEIS se realiza a través de convenios de colaboración con los Ayuntamientos con la excepción del parque de bomberos de Villares de la Reina que es a través de una contratación administrativa. El Servicio de Medio Ambiente tiene un jefe de servicio que es personal funcionario de la Diputación de Salamanca y un coordinador.

- Por Decreto de 21-2-2007 se adjudica el concurso público para la contratación del servicio de extinción de incendios y Salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca a UTE: EUROPA AGROFORESTAL S.L. CONSULTORIA NATUTECNIA S.L.

- En el año 2010 se realiza nuevo proceso de licitación, adjudicándose por Decreto de 28-2-2011 el servicio de extinción de incendios y Salvamento en el ámbito de la provincia de Salamanca a EUROPA AGROFORESTAL S.L., acordándose la prórroga para los años 2015 a 2017.

- En 2017 se inicia nuevo proceso de licitación, adjudicándose el servicio a la empresa EUROPA AGROFORESTAL S.L., que posteriormente cambió su denominación a DEMONTES OFICINA TECNICA S.L.U (DEMONTES), acordándose la prórroga del contrato por periodo de dos años desde el 1-3-2021 al 28-2- 2023.

- La empresa Oficina Técnica Demontes S.LU tiene 250 trabajadores en plantilla, es decir, que su actividad no se limita a la prestación de servicios del parque de bomberos de Villares de la Reina.

- En el pliego de prescripciones técnicas, están determinados los medios materiales que aporta la Diputación de Salamanca que es la titular del centro de trabajo, esto de las instalaciones, así como de los vehículos herramientas y utillaje, consumibles, material formativo de curso de iniciativa de la Diputación, telefonía y comunicaciones, equipos personales de trabajo y prevención para los bomberos con los componentes necesarios para la prestación del servicio, la limpieza, mantenimiento y reposición, energía eléctrica, agua y demás servicios para el funcionamiento y habitabilidad del parque.

- Los medios materiales aportados por la empresa adjudicataria del servicio son combustibles para vehículo y equipos con motor de explosión, material de oficina y para gestión del parque.

- En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de 17 de octubre de 2016, se recoge en la CLÁUSULA OCTAVA lo que "Los servicios técnicos designados por la Diputación de Salamanca podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos".

- La empresa DEMONTES ha elaborado un "Plan de actividades" para el servicio de extinción de incendios y salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca.

- Las condiciones laborales se pactan entre esta empresa y los trabajadores sin intervención de la Diputación Provincial.

- Los trabajadores dirigen a la empresa sus reclamaciones.

- La empresa DEMONTES organiza los cuadrantes de trabajo, elabora el calendario laboral, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones y permisos, concede o deniega excedencias, lleva el control horario mediante un sistema de fichajes instalado por ella, abona las nóminas, negocia con los trabajadores las condiciones laborales, realiza las contrataciones, se encarga de la formación de los trabajadores elaborando los planes de formación y abonando las correspondientes facturas, proporciona la ropa de trabajo para estar en el centro de trabajo (camiseta, funda, pantalón y botas), entrega a los trabajadores documentación sobre protección de datos, sistemas de prevención de incendios, entre otros. Consta al menos a un trabajador además la entrega de pantalón de intervención, chaquetón de intervención, guantes de intervención, pantalón forestal, chaqueta forestal, botas forestales, buzo ignifugo y cascos. Para el cumplimiento de las obligaciones y deberes del personal por la empresa se solicitó el 4-8-2020 a la Diputación Provincial la instalación de cámaras de grabación de imágenes dentro del Parque de bomberos de Villares de la Reina las cuales han sido instaladas.

- El parque de bomberos de Villares de la Reina es el central del servicio, desde 1992 hay un funcionario de la Diputación Provincial que ejerce de coordinador de protección civil y que ejerce de mando. En 2019 se nombra un sargento y en agosto de 2020 un suboficial que son funcionarios que ejercen la gestión en todo el servicio, no solo en Villares.

- Cuando se recibe un aviso en la central de alarmas se comunica al jefe de guardia de la Diputación Provincial que interactúa con el técnico del parque o con el encargado de turno (trabajadores de Demontes) que es quién organiza los retenes y el personal.

Pues bien, partiendo de la doctrina jurisprudencial expuesta, entendemos que los hechos probados revelan que Demontes actúa como auténtica empleadora de los trabajadores adscritos al parque de bomberos de Villares de la Reina y que conserva las facultades esenciales de organización y dirección laboral, pues consta acreditado que las condiciones laborales se pactan entre la empresa y los trabajadores sin intervención de la Diputación; que los trabajadores dirigen a la empresa sus reclamaciones; y, especialmente, que Demontes organiza los cuadrantes de trabajo, elabora el calendario laboral, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones y permisos, concede o deniega excedencias, lleva el control horario mediante un sistema de fichajes instalado por ella, abona las nóminas, negocia las condiciones laborales, realiza las contrataciones, elabora los planes de formación y sufraga las correspondientes acciones formativas, además de proporcionar vestuario y equipos de trabajo y asumir funciones preventivas y organizativas propias del empresario.

Igualmente significativo resulta que Demontes cuente con una estructura empresarial propia y autónoma, pues tiene una plantilla de 250 trabajadores y su actividad no se limita al parque de bomberos litigioso, extremo particularmente relevante para descartar que se trate de una empresa ficticia o carente de organización real.

Es cierto que la Diputación aporta la práctica totalidad de los medios materiales e instalaciones necesarios para la prestación del servicio (parque de bomberos, vehículos, herramientas, equipos personales y demás infraestructura), pero ello aparece plenamente justificado por su condición de titular del servicio público y de las instalaciones donde éste se desarrolla. Tal circunstancia, por sí sola, no determina la existencia de cesión ilegal, especialmente en el ámbito de las contratas administrativas relativas a servicios públicos altamente especializados.

Por otra parte, entendemos que tampoco desvirtúa la anterior conclusión la cláusula octava del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, conforme a la cual "los servicios técnicos designados por la Diputación podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos".Dicha cláusula debe interpretarse en el contexto propio de una contratación administrativa de un servicio público esencial como es el SPEIS y en conexión con las potestades de control inherentes a la Administración contratante. La "dirección técnica" a la que alude el pliego no equivale al ejercicio de poderes empresariales laborales sobre la plantilla de la adjudicataria, sino a facultades de supervisión funcional y coordinación operativa encaminadas a garantizar la correcta prestación del servicio y la adecuada respuesta ante emergencias.

Así se desprende también de los hechos probados relativos al funcionamiento operativo del servicio. En efecto, el jefe de guardia de la Diputación Provincial interactúa con el técnico del parque o encargado de turno (trabajadores de Demonstes) cuando se recibe un aviso en la central de alarmas, pero es este últimoquien organiza los retenes y el personal. Del mismo modo, la existencia de un coordinador, un sargento y un suboficial funcionarios con competencias sobre todo el servicio provincial (no solo de Villares), responde a la lógica necesidad de coordinación general del SPEIS y no evidencia sustitución del poder empresarial de la contratista.

Conviene recordar, por otro lado, que la cesión ilegal no puede identificarse sin más con la existencia de contratas o concesiones administrativas en las que la empresa principal mantiene determinadas facultades de supervisión o coordinación sobre la actividad contratada, pues como viene reiterando la jurisprudencia, lo verdaderamente relevante es comprobar quién ejerce de forma efectiva las facultades inherentes a la condición empresarial, singularmente las relativas a la organización, dirección y control laboral de los trabajadores.

En este sentido, la citada STS de 25 de febrero de 2026 (rcud 3564/2023) declara que la autonomía técnica de la contratista "no tiene por qué resultar incompatible con la posibilidad de que la empresa principal ejerza ciertas funciones de dirección y coordinación técnica sobre la actividad contratada",añadiendo que tales facultades resultan plenamente coherentes con el legítimo interés de la entidad principal en garantizar "los niveles de calidad del servicio".Y concluye que no existe cesión ilegal cuando la contratista mantiene la organización, dirección y control de la actividad laboral y asume las funciones inherentes a su condición de empresario.

En la misma línea, la STS 893/2023, de 30 de octubre (rcud 1342/2021), rechazó la existencia de cesión ilegal aun cuando el centro educativo realizaba indicaciones generales sobre el objeto de la prestación y coordinaba determinados aspectos funcionales, razonando que no ejercía facultades disciplinarias, no asumía la formación, no abonaba salarios ni autorizaba permisos, permaneciendo tales potestades en la empresa contratista, que actuaba como "empresa real" y no como mera suministradora de mano de obra.

Asimismo, la STJUE de 24 de octubre de 2024 (asunto C-441/2023, Omnitel) recuerda que no basta para apreciar cesión con que la empresa principal "compruebe el trabajo realizado o dé meras consignas generales",siendo necesario un verdadero ejercicio del poder de dirección y control laboral.

En definitiva, entendemos que la intervención de la Diputación se proyecta sobre aspectos técnicos, operativos y de coordinación del servicio público, pero no sobre la gestión ordinaria de las relaciones laborales de la plantilla de Demontes. No consta que la Administración seleccionara a los trabajadores, abonara sus salarios, ejerciera potestad disciplinaria, autorizara vacaciones o permisos, negociara condiciones laborales o asumiera directamente la organización empresarial de la plantilla.

Nos hallamos, por tanto, ante una contrata administrativa en la que la empresa adjudicataria mantiene una organización empresarial propia y ejerce de forma efectiva las facultades nucleares inherentes a la condición de empresario, mientras que la Administración conserva legítimas facultades de supervisión técnica y control del servicio público contratado, insuficientes por sí mismas para integrar el supuesto prohibido del artículo 43 ET.

CUARTO.-Finalmente, procede realizar una precisión sobre el último razonamiento que plasma la juzgadora de instancia en el Fundamento de Derecho Sexto.

Así, por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León se presentó recurso contencioso-administrativo contra la Excma. Diputación Provincial de Salamanca impugnándose la resolución 7/2019, de 31 de enero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen la contratación del servicio de extinción de incendios y salvamento del ámbito de la comarca de Ciudad Rodrigo y Guijuelo convocado por la Diputación de Salamanca.

A raíz de ello, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid dictó sentencia nº 275/2020, de 27 de febrero, en la que, en apretada síntesis, entendió que el servicio de extinción de incendios ha de hacerse por bomberos funcionarios, habida cuenta de que las funciones propias del servicio de extinción de incendios no pueden ser ejercitadas por servicios externos, en régimen de gestión indirecta, a través del uso de formas contractuales. Lo que le llevó a estimar la demanda y anular dicho acuerdo por no ser ajustado a Derecho, "de donde deriva consiguientemente la nulidad del acuerdo impugnado ante el Tribunal de Recursos Contractuales".

Pues bien, dicha sentencia en nada afecta al presente caso, pues aquí no se ha impugnado la licitación y los pliegos que rigen la contratación del servicio de extinción de incendios y salvamento, por lo que debemos limitarnos a examinar su existe cesión ilegal de trabajadores entre la Administración y la contratista, situación que, como acabamos de explicar, entendemos que no concurre.

Por otra parte -y aquí discrepamos del razonamiento de la juez de instancia- lo dispuesto en la referida STSJ C-A, no impediría la declaración de la existencia de una cesión ilegal, si así fuera el caso, pues los recurrentes no están solicitando que sean declarados funcionarios, sino que la consecuencia de la constatación de una cesión ilegal dentro del ámbito de la Administración supone la declaración de los afectados como personal laboral de carácter indefinido no fijo (por todas, STS de Pleno de 11 de mayo de 2026, rec. 3543/2023).

Las consideraciones antedichas conllevan la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

En su virtud,

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.-La Sentencia nº 342/2024 del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca, de fecha 11 de julio de 2024 recaída en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 208/2024, desestima la demanda interpuesta por D. Valentín, D. Borja, D. Hermenegildo, D. Abel, D. Arsenio, D. Patricio, D. Damaso, D. Fausto, D. Prudencio,D. Abilio, D. Sabino, D. Carmelo, D. Eugenio, D. Jacinto, D. Dionisio, D. Esteban, D. Abelardo, D. Jon, D. Nicolas, D. Jenaro, D. Saturnino, D. Casiano, D. Vidal, D. Julio, D. Blas, D. Donato, D. Estanislao, D. Justiniano, D. Adolfo, D. Artemio y D. Jeronimo contra la empresa OFICINA TECNICA DE MONTES S.L.U. y DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas frente a ellos.

Frente a la indicada resolución se alza en suplicación la representación DE Valentín, Borja, Hermenegildo, Abel, Arsenio, Damaso, Fausto, Prudencio, Sabino, Carmelo, Eugenio, Jacinto, Dionisio, Esteban, Abelardo, Jon, Nicolas, Jenaro, Casiano, Vidal, Julio, Blas, Donato, Estanislao, Justiniano, Adolfo, Artemio y Jeronimo, articulando su recurso en torno a los apartados b) y c) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Por la representación de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca se impugna dicho recurso y se solicita la confirmación de la sentencia de instancia por sus propios argumentos.

SEGUNDO.-Se formaliza un primer motivo, por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, manifestando los recurrentes su discrepancia con el relato fáctico.

Los requisitos de la revisión fáctica los encontramos, entre otras, en la Sentencia de la Sala Cuarta de 15 de enero de 2026 (Sentencia: 32/2026; Recurso: 239/2024; Ponente: JUAN MARTINEZ MOYA) donde recuerda que, reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012 )o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013 )viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

En este sentido, no todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella).

Se solicita, en concreto, las siguientes revisiones que exponemos y pasamos a resolver:

1º) La adición de un párrafo final en el Hecho Probado Tercero, que debería decir:

"El Pliego de prescripciones técnicas de la contratación del servicio con empresas privadas también establece, como funciones encomendadas por la DIPUTACIÓN al contratista, todas las correspondientes al servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento, sin distinción entre funciones principales y/o secundarias o complementarias a las realizadas por la DIPUTACIÓN: Incendios, derrames, explosiones, inundaciones, accidentes de circulación, rescates y salvamentos, acciones de prevención, acciones de vigilancia y búsqueda con drones, formación y simulación de incidencias, así como aquellas situaciones de emergencia que tengan análogas características a las anteriores o que pudieran derivarse directamente de ellas."

La adición propuesta deviene innecesaria, toda vez que al final del citado hecho probado, la juez de instancia da por reproducido el contenido de ambos pliegos (doc. 1.1. acont. 149). Tal y como indica la sentencia de 16 de junio de 2015 (Recurso: 273/2014; Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA), "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa trascripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos y que " si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia " ( SSTS/IV 13-noviembre-2007 -rco 77/2006 , 14.mayo-2013 -rco 285/2011 , 5-junio-2013 -rco 2/2012 , 18-junio-2013 -rco 99/2012 , 16-septiembre-2014 -rco 251/2013 )"

2º) Se solicita una adición en el párrafo primero del hecho probado séptimo, del siguiente tenor literal (en negrita, el texto a añadir):

"La empresa DEMONTES ha elaborado un "Plan de actividades" para el servicio de extinción de incendios y salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca (doc. 1 acont. 329), Plan que fue sometido a evaluación y modificación por la Diputación Provincial de Salamanca. Los contratos formalizados entre DEMONTES y la Diputación tienen por objeto la prestación del citado servicio bajo la dirección, organización y control de la Diputación."

La revisión así propuesta se halla abocada al fracaso, habida cuenta de que lo que se pretende incluir no se desprende de forma clara y directa de los documentos invocados, sino que es preciso acudir a valoraciones de los mismos, no desprendiéndose de ellos de forma patente el error en el que habría incurrido la juez de instancia.

En este sentido, en la STS de 30 de enero de 2025 (Sentencia: 84/2025; Recurso: 282/2022; Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES) se reitera la doctrina constante de dicha Sala en la materia, "como la recogida en la STS 1338/2024, de 11 de diciembre (rec. 272/2022 ), en la que, como ya se indica por las partes recurridas, se recuerda que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones.

Por otra parte, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de 17 de octubre de 2016 (acontecimiento 149, documento 6.4), se recoge en la CLÁUSULA OCTAVA lo que "Los servicios técnicos designados por la Diputación de Salamanca podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos",tratándose de un hecho no controvertido entre las partes, por lo que la adición que pretenden los recurrentes deviene innecesaria.

3º) La modificación y adición del párrafo segundo del Hecho Probado Séptimo, que debería decir (en negrita, el texto modificado y añadido):

"Las condiciones laborales se pactan entre esta empresa y los trabajadores con intervención de la Diputación Provincial, que da a la empresa instrucciones sobre turnos de trabajo, vacaciones, horario laboral, permisos de trabajo y compensaciones por festivos de los trabajadores de la empresa."

Se desestima la adición interesada, por cuanto los recurrentes fundamentan su pretensión revisora en diversos correos electrónicos -de fechas 21 de marzo de 2020, 2 de junio de 2020 y 24 de junio de 2020- mediante los cuales el SPEIS remitió a la empresa documentación relativa a la actualización de las medidas preventivas a implantar en el Parque de VR con ocasión de la pandemia provocada por la COVID-19. No obstante, dichos documentos se circunscriben a un contexto temporal absolutamente excepcional, ajeno a las previsiones contractuales ordinarias, derivado de la situación de pandemia mundial ocasionada por el citado virus, siendo evidente que la Administración venía obligada, en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a establecer y protocolizar las medidas necesarias para garantizar tanto la protección de la salud de los trabajadores como el correcto funcionamiento del servicio, actuaciones todas ellas que, por su carácter extraordinario, no se encontraban contempladas en el plan de actividad.

Por otra parte, en relación al Correo electrónico de fecha 9-3-2022, no consta a qué trabajadores se está refiriendo, desconociendo esta Sala si se refiere a los recurrentes o no, habiendo comprobado que ninguno de los nombres a los que se hace referencia en el email ( Adriano, Fulgencio y Amadeo), figura entre los demandantes.

4º) La siguiente adición en el Hecho Probado Octavo, que debería decir (en negrita, el texto agregado):

"La empresa DEMONTES, siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Diputación,elabora el calendario, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones, lleva el control horario, abona las nóminas, realiza las contrataciones, se encarga de la formación de los trabajadores elaborando los planes de formación y abonando las correspondientes facturas, proporciona la ropa de trabajo para estar en el centro de trabajo (camiseta, funda, pantalón y botas), entrega a los trabajadores documentación sobre protección de datos, sistemas de prevención de incendios, entre otros. (documental de los acontecimientos 292 a 297, 300 a 303, 311 a 318 y 325, doc 11.1 acont 329, doc. 12 y ss acont 329)."

Se rechaza la adición pretendida, habida cuenta de que se pretende añadir al hecho probado octavo la afirmación de que la empresa adjudicataria actuaba "siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Administración",apoyándose para ello en diversos correos electrónicos intercambiados entre ambas entidades; sin embargo, entendemos que la documental invocada no posee la contundencia exigible para alterar el relato fáctico en los términos pretendidos, pues de su contenido no se desprende una situación de dirección permanente, íntegra y minuciosa de la actividad empresarial por parte de la Administración, sino actuaciones concretas vinculadas al normal desenvolvimiento del servicio y al ejercicio de las facultades de supervisión y control derivadas de la relación contractual existente.

Así, los correos aportados se refieren a cuestiones puntuales y específicas, tales como el tallaje de ropa de trabajo de determinados bomberos (correos de 26-3-2021 y 6-5-2021), la autorización de visitas externas al parque de bomberos en el contexto de la pandemia por COVID-19 (correos de 21-6-2021 y 25-6-2021), la gestión de detectores de gases y material de reposición (correo de 16-11-2021), la autorización para la compra de pilas destinadas a equipos BodyGuard (correos de 28 y 29-12-2021), la organización de determinadas acciones formativas (correos de 11 y 18-2-2022 y 14-6-2023), la preparación de material para la Junta (correo de 21-4-2022), la recepción de currículums (correo de 25-7-2022), la ampliación de información sobre un incendio concreto respecto del que el parte resultaba insuficiente (correo de 15-12-2022), la actualización de inventarios y material (correo de 8-3-2024) o la solicitud de informe acerca de una avería concreta sufrida por un vehículo, en una única ocasión (correo de 4-4-2024).

Ahora bien, entendemos que de tales comunicaciones no cabe inferir que la empresa actuase de forma general y constante bajo "instrucciones precisas" de la Administración "en cada aspecto", como se pretende introducir en el ordinal combatido. Antes al contrario, los correos revelan, a lo sumo, la existencia de instrucciones singulares relativas a incidencias concretas, necesidades operativas determinadas o mecanismos de coordinación propios de un servicio público especialmente sensible, así como el legítimo control por la Administración del correcto cumplimiento de las obligaciones asumidas por la contratista.

Debe recordarse que la fiscalización del servicio contratado, la emisión de directrices organizativas vinculadas a concretas necesidades operativas o la supervisión del cumplimiento de determinadas prestaciones forman parte de las potestades ordinarias de control de la Administración contratante y no implican, por sí mismas, una asunción efectiva de las facultades empresariales esenciales ni permiten concluir que la adjudicataria careciese de autonomía organizativa. Y precisamente el hecho probado cuya modificación se pretende ya recoge que era la empresa DEMONTES quien elaboraba calendarios, organizaba equipos, concedía vacaciones, llevaba el control horario, abonaba nóminas, realizaba contrataciones y gestionaba la formación y la dotación material de los trabajadores.

Por otra parte, la mayoría de los correos electrónicos invocados por los recurrentes como sustento de su pretensión revisora ya han sido valorados por la juez de instancia, que en su hecho probado undécimo recoge que "Entre el personal de la empresa Demontes con categoría de encargado y personal del Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Diputación Provincial se mantiene comunicación por correo electrónico, dándose por reproducido su contenido",y citando expresamente los acontecimientos 244, 245,248, 250,251, 253,254, 257, 258 265 a 276. Sin embargo, ha alcanzado la convicción que plasma en el hecho probado octavo, valorando conjuntamente la documental y la testifical practicada en el acto del juicio, siendo así que, tal y como recuerda la STS de 18 de septiembre de 2025 (Sentencia: 793/2025; Recurso: 193/2023; Ponente: JUAN MARTINEZ MOYA), "El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS )únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas."

En consecuencia, entendemos que la documental invocada no evidencia error alguno en la valoración efectuada por la juzgadora de instancia ni justifica la adición pretendida, que además incorpora una conclusión valorativa y generalizadora ("siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Administración")que excede del contenido objetivo que resulta de los documentos señalados, lo que nos lleva a desestimar el motivo de revisión fáctica.

TERCERO.-Al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial destina la representación de los recurrentes el siguiente y último motivo de suplicación, por entender infringidos el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 24 de la Constitución española. También es vulnerada la jurisprudencia emanada de sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en concreto de las SSTS nº 33/2022, de fecha 13-1-2022 (Recurso de casación 2715/2020), nº 322/2022, del 6-4-2022 (Recurso de casación 2524/2019) y nº 95/2022, del 2-2-2022 (Recurso de casación 3772/2020).

Entienden los recurrentes que nos encontramos ante una cesión ilegal de trabajadores en los términos recogidos en el artículo 43.2 ET y de la doctrina jurisprudencial que cita, motivo que, ya adelantamos, va a correr suerte desestimatoria.

Dispone el artículo 43 ET, lo siguiente:

"1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores

contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite

a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario."

La figura de la cesión ilegal ha sido abordada en numerosas ocasiones por la Sala Cuarta, entre otras, cabe citar las SSTS 29/2022, de 12 de enero (rcud 307/2020); 30/2022, de 12 de enero (rcud 1903/2020); 33/2022, de 13 de enero (rcud 2715/2020); 59/2022, de 25 de enero (rcud 553/2020); 115/2022, de 7 de febrero ( rcud 175/2020);856/2023,de 27 de octubre (rcud 3412/2021); 868/2023, de 27 de octubre (rcud 115/2022); 51/2025 de 28 enero (rcud 1928/2022); y 856/2025, de 1 de octubre (rcud 5371/2023).

La STS de 25 de febrero de 2026 (Sentencia: 192/2026; Recurso: 3564/2023; Ponente: ISABEL OLMOS PARES), recuerda que en la STS 856/2025, de 1 de octubre (rcud 5371/2023) ya se dijo que: «Debemos discernir si la empresa contratista tenía el control, la organización y la dirección de la actividad laboral de sus trabajadores, sin trasladarlo a la empresa principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales. En la práctica, ello se traduce en que la empresa contratista sea quien ejercite realmente todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores, bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan su actividad».

La STS 195/2023, de 15 de marzo (rcud 3390/2020 ),también señaló que: «para apreciar si concurre o no cesión ilegal habrá que tener en cuenta, en primer lugar, si existe una mera puesta a disposición de los trabajadores o, por el contrario, la empresa contratista ejerce, respecto de los trabajadores como verdadero empresario, manteniendo el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; el control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales en el amplio abanico de decisiones y actuaciones que eso conlleva. Lo que en la práctica se traduce en que siga siendo la empresa subcontratada quien lo mantenga en materias tales como: la distribución de tareas; determinación de los turnos; vacaciones; descansos; aplicación de las facultades disciplinarias; etc., es decir, en el ejercicio de todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan realmente su actividad. En segundo lugar, resulta imprescindible que la contratista empleadora sea una verdadera empresa con infraestructura organizativa suficiente y adecuada. Y, en tercer lugar, el contratista debe asumir un verdadero riesgo empresarial, siendo la contrata una actividad específica, delimitada y diferente de la actividad desarrollada por la empresa principal».

Continua explicando que en la cesión ilegal hay tres negocios jurídicos coordinados: «1º) un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2º) un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador; y 3º) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato de trabajo formal ( STS de 11 de febrero de 2016, Rcud. 98/2015 )».

Añade que la clave no radica en que la empresa cedente sea real o ficticia o carezca de organización sino que esa organización no se haya puesto en juego, limitándose su actividad al suministro de mano de obra, «[d] e forma que aparece en la posición contractual de empresario quien realmente no la ostenta, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio. Por último, resulta necesario señalar que en la apreciación de la cesión ilegal es necesario ceñirse al caso concreto, pues suelen ser muy distintas las situaciones que pueden darse en la práctica».

Para poder resolver el caso sometido a la consideración de la Sala, debemos partir de una recapitulación de cuáles son los hechos probados de la sentencia recurrida, puesto que sobre ese conjunto fáctico es sobre el que hemos de resolver, prescindiendo de todos aquellos extremos alegados en el recurso que no tienen respaldo en ese relato fáctico, así como en las afirmaciones que con tal valor se contienen en los Fundamentos de Derecho. Así nos encontramos con la situación siguiente:

- Dentro del servicio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Salamanca se gestiona el Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento (SPEIS) que está organizado en trece parques de bomberos distribuidos por la provincia, los principales son los de Villares de la Reina, Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino. La prestación del SPEIS se realiza a través de convenios de colaboración con los Ayuntamientos con la excepción del parque de bomberos de Villares de la Reina que es a través de una contratación administrativa. El Servicio de Medio Ambiente tiene un jefe de servicio que es personal funcionario de la Diputación de Salamanca y un coordinador.

- Por Decreto de 21-2-2007 se adjudica el concurso público para la contratación del servicio de extinción de incendios y Salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca a UTE: EUROPA AGROFORESTAL S.L. CONSULTORIA NATUTECNIA S.L.

- En el año 2010 se realiza nuevo proceso de licitación, adjudicándose por Decreto de 28-2-2011 el servicio de extinción de incendios y Salvamento en el ámbito de la provincia de Salamanca a EUROPA AGROFORESTAL S.L., acordándose la prórroga para los años 2015 a 2017.

- En 2017 se inicia nuevo proceso de licitación, adjudicándose el servicio a la empresa EUROPA AGROFORESTAL S.L., que posteriormente cambió su denominación a DEMONTES OFICINA TECNICA S.L.U (DEMONTES), acordándose la prórroga del contrato por periodo de dos años desde el 1-3-2021 al 28-2- 2023.

- La empresa Oficina Técnica Demontes S.LU tiene 250 trabajadores en plantilla, es decir, que su actividad no se limita a la prestación de servicios del parque de bomberos de Villares de la Reina.

- En el pliego de prescripciones técnicas, están determinados los medios materiales que aporta la Diputación de Salamanca que es la titular del centro de trabajo, esto de las instalaciones, así como de los vehículos herramientas y utillaje, consumibles, material formativo de curso de iniciativa de la Diputación, telefonía y comunicaciones, equipos personales de trabajo y prevención para los bomberos con los componentes necesarios para la prestación del servicio, la limpieza, mantenimiento y reposición, energía eléctrica, agua y demás servicios para el funcionamiento y habitabilidad del parque.

- Los medios materiales aportados por la empresa adjudicataria del servicio son combustibles para vehículo y equipos con motor de explosión, material de oficina y para gestión del parque.

- En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de 17 de octubre de 2016, se recoge en la CLÁUSULA OCTAVA lo que "Los servicios técnicos designados por la Diputación de Salamanca podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos".

- La empresa DEMONTES ha elaborado un "Plan de actividades" para el servicio de extinción de incendios y salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca.

- Las condiciones laborales se pactan entre esta empresa y los trabajadores sin intervención de la Diputación Provincial.

- Los trabajadores dirigen a la empresa sus reclamaciones.

- La empresa DEMONTES organiza los cuadrantes de trabajo, elabora el calendario laboral, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones y permisos, concede o deniega excedencias, lleva el control horario mediante un sistema de fichajes instalado por ella, abona las nóminas, negocia con los trabajadores las condiciones laborales, realiza las contrataciones, se encarga de la formación de los trabajadores elaborando los planes de formación y abonando las correspondientes facturas, proporciona la ropa de trabajo para estar en el centro de trabajo (camiseta, funda, pantalón y botas), entrega a los trabajadores documentación sobre protección de datos, sistemas de prevención de incendios, entre otros. Consta al menos a un trabajador además la entrega de pantalón de intervención, chaquetón de intervención, guantes de intervención, pantalón forestal, chaqueta forestal, botas forestales, buzo ignifugo y cascos. Para el cumplimiento de las obligaciones y deberes del personal por la empresa se solicitó el 4-8-2020 a la Diputación Provincial la instalación de cámaras de grabación de imágenes dentro del Parque de bomberos de Villares de la Reina las cuales han sido instaladas.

- El parque de bomberos de Villares de la Reina es el central del servicio, desde 1992 hay un funcionario de la Diputación Provincial que ejerce de coordinador de protección civil y que ejerce de mando. En 2019 se nombra un sargento y en agosto de 2020 un suboficial que son funcionarios que ejercen la gestión en todo el servicio, no solo en Villares.

- Cuando se recibe un aviso en la central de alarmas se comunica al jefe de guardia de la Diputación Provincial que interactúa con el técnico del parque o con el encargado de turno (trabajadores de Demontes) que es quién organiza los retenes y el personal.

Pues bien, partiendo de la doctrina jurisprudencial expuesta, entendemos que los hechos probados revelan que Demontes actúa como auténtica empleadora de los trabajadores adscritos al parque de bomberos de Villares de la Reina y que conserva las facultades esenciales de organización y dirección laboral, pues consta acreditado que las condiciones laborales se pactan entre la empresa y los trabajadores sin intervención de la Diputación; que los trabajadores dirigen a la empresa sus reclamaciones; y, especialmente, que Demontes organiza los cuadrantes de trabajo, elabora el calendario laboral, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones y permisos, concede o deniega excedencias, lleva el control horario mediante un sistema de fichajes instalado por ella, abona las nóminas, negocia las condiciones laborales, realiza las contrataciones, elabora los planes de formación y sufraga las correspondientes acciones formativas, además de proporcionar vestuario y equipos de trabajo y asumir funciones preventivas y organizativas propias del empresario.

Igualmente significativo resulta que Demontes cuente con una estructura empresarial propia y autónoma, pues tiene una plantilla de 250 trabajadores y su actividad no se limita al parque de bomberos litigioso, extremo particularmente relevante para descartar que se trate de una empresa ficticia o carente de organización real.

Es cierto que la Diputación aporta la práctica totalidad de los medios materiales e instalaciones necesarios para la prestación del servicio (parque de bomberos, vehículos, herramientas, equipos personales y demás infraestructura), pero ello aparece plenamente justificado por su condición de titular del servicio público y de las instalaciones donde éste se desarrolla. Tal circunstancia, por sí sola, no determina la existencia de cesión ilegal, especialmente en el ámbito de las contratas administrativas relativas a servicios públicos altamente especializados.

Por otra parte, entendemos que tampoco desvirtúa la anterior conclusión la cláusula octava del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, conforme a la cual "los servicios técnicos designados por la Diputación podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos".Dicha cláusula debe interpretarse en el contexto propio de una contratación administrativa de un servicio público esencial como es el SPEIS y en conexión con las potestades de control inherentes a la Administración contratante. La "dirección técnica" a la que alude el pliego no equivale al ejercicio de poderes empresariales laborales sobre la plantilla de la adjudicataria, sino a facultades de supervisión funcional y coordinación operativa encaminadas a garantizar la correcta prestación del servicio y la adecuada respuesta ante emergencias.

Así se desprende también de los hechos probados relativos al funcionamiento operativo del servicio. En efecto, el jefe de guardia de la Diputación Provincial interactúa con el técnico del parque o encargado de turno (trabajadores de Demonstes) cuando se recibe un aviso en la central de alarmas, pero es este últimoquien organiza los retenes y el personal. Del mismo modo, la existencia de un coordinador, un sargento y un suboficial funcionarios con competencias sobre todo el servicio provincial (no solo de Villares), responde a la lógica necesidad de coordinación general del SPEIS y no evidencia sustitución del poder empresarial de la contratista.

Conviene recordar, por otro lado, que la cesión ilegal no puede identificarse sin más con la existencia de contratas o concesiones administrativas en las que la empresa principal mantiene determinadas facultades de supervisión o coordinación sobre la actividad contratada, pues como viene reiterando la jurisprudencia, lo verdaderamente relevante es comprobar quién ejerce de forma efectiva las facultades inherentes a la condición empresarial, singularmente las relativas a la organización, dirección y control laboral de los trabajadores.

En este sentido, la citada STS de 25 de febrero de 2026 (rcud 3564/2023) declara que la autonomía técnica de la contratista "no tiene por qué resultar incompatible con la posibilidad de que la empresa principal ejerza ciertas funciones de dirección y coordinación técnica sobre la actividad contratada",añadiendo que tales facultades resultan plenamente coherentes con el legítimo interés de la entidad principal en garantizar "los niveles de calidad del servicio".Y concluye que no existe cesión ilegal cuando la contratista mantiene la organización, dirección y control de la actividad laboral y asume las funciones inherentes a su condición de empresario.

En la misma línea, la STS 893/2023, de 30 de octubre (rcud 1342/2021), rechazó la existencia de cesión ilegal aun cuando el centro educativo realizaba indicaciones generales sobre el objeto de la prestación y coordinaba determinados aspectos funcionales, razonando que no ejercía facultades disciplinarias, no asumía la formación, no abonaba salarios ni autorizaba permisos, permaneciendo tales potestades en la empresa contratista, que actuaba como "empresa real" y no como mera suministradora de mano de obra.

Asimismo, la STJUE de 24 de octubre de 2024 (asunto C-441/2023, Omnitel) recuerda que no basta para apreciar cesión con que la empresa principal "compruebe el trabajo realizado o dé meras consignas generales",siendo necesario un verdadero ejercicio del poder de dirección y control laboral.

En definitiva, entendemos que la intervención de la Diputación se proyecta sobre aspectos técnicos, operativos y de coordinación del servicio público, pero no sobre la gestión ordinaria de las relaciones laborales de la plantilla de Demontes. No consta que la Administración seleccionara a los trabajadores, abonara sus salarios, ejerciera potestad disciplinaria, autorizara vacaciones o permisos, negociara condiciones laborales o asumiera directamente la organización empresarial de la plantilla.

Nos hallamos, por tanto, ante una contrata administrativa en la que la empresa adjudicataria mantiene una organización empresarial propia y ejerce de forma efectiva las facultades nucleares inherentes a la condición de empresario, mientras que la Administración conserva legítimas facultades de supervisión técnica y control del servicio público contratado, insuficientes por sí mismas para integrar el supuesto prohibido del artículo 43 ET.

CUARTO.-Finalmente, procede realizar una precisión sobre el último razonamiento que plasma la juzgadora de instancia en el Fundamento de Derecho Sexto.

Así, por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León se presentó recurso contencioso-administrativo contra la Excma. Diputación Provincial de Salamanca impugnándose la resolución 7/2019, de 31 de enero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen la contratación del servicio de extinción de incendios y salvamento del ámbito de la comarca de Ciudad Rodrigo y Guijuelo convocado por la Diputación de Salamanca.

A raíz de ello, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid dictó sentencia nº 275/2020, de 27 de febrero, en la que, en apretada síntesis, entendió que el servicio de extinción de incendios ha de hacerse por bomberos funcionarios, habida cuenta de que las funciones propias del servicio de extinción de incendios no pueden ser ejercitadas por servicios externos, en régimen de gestión indirecta, a través del uso de formas contractuales. Lo que le llevó a estimar la demanda y anular dicho acuerdo por no ser ajustado a Derecho, "de donde deriva consiguientemente la nulidad del acuerdo impugnado ante el Tribunal de Recursos Contractuales".

Pues bien, dicha sentencia en nada afecta al presente caso, pues aquí no se ha impugnado la licitación y los pliegos que rigen la contratación del servicio de extinción de incendios y salvamento, por lo que debemos limitarnos a examinar su existe cesión ilegal de trabajadores entre la Administración y la contratista, situación que, como acabamos de explicar, entendemos que no concurre.

Por otra parte -y aquí discrepamos del razonamiento de la juez de instancia- lo dispuesto en la referida STSJ C-A, no impediría la declaración de la existencia de una cesión ilegal, si así fuera el caso, pues los recurrentes no están solicitando que sean declarados funcionarios, sino que la consecuencia de la constatación de una cesión ilegal dentro del ámbito de la Administración supone la declaración de los afectados como personal laboral de carácter indefinido no fijo (por todas, STS de Pleno de 11 de mayo de 2026, rec. 3543/2023).

Las consideraciones antedichas conllevan la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

En su virtud,

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO.-La Sentencia nº 342/2024 del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca, de fecha 11 de julio de 2024 recaída en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 208/2024, desestima la demanda interpuesta por D. Valentín, D. Borja, D. Hermenegildo, D. Abel, D. Arsenio, D. Patricio, D. Damaso, D. Fausto, D. Prudencio,D. Abilio, D. Sabino, D. Carmelo, D. Eugenio, D. Jacinto, D. Dionisio, D. Esteban, D. Abelardo, D. Jon, D. Nicolas, D. Jenaro, D. Saturnino, D. Casiano, D. Vidal, D. Julio, D. Blas, D. Donato, D. Estanislao, D. Justiniano, D. Adolfo, D. Artemio y D. Jeronimo contra la empresa OFICINA TECNICA DE MONTES S.L.U. y DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas frente a ellos.

Frente a la indicada resolución se alza en suplicación la representación DE Valentín, Borja, Hermenegildo, Abel, Arsenio, Damaso, Fausto, Prudencio, Sabino, Carmelo, Eugenio, Jacinto, Dionisio, Esteban, Abelardo, Jon, Nicolas, Jenaro, Casiano, Vidal, Julio, Blas, Donato, Estanislao, Justiniano, Adolfo, Artemio y Jeronimo, articulando su recurso en torno a los apartados b) y c) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Por la representación de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca se impugna dicho recurso y se solicita la confirmación de la sentencia de instancia por sus propios argumentos.

SEGUNDO.-Se formaliza un primer motivo, por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, manifestando los recurrentes su discrepancia con el relato fáctico.

Los requisitos de la revisión fáctica los encontramos, entre otras, en la Sentencia de la Sala Cuarta de 15 de enero de 2026 (Sentencia: 32/2026; Recurso: 239/2024; Ponente: JUAN MARTINEZ MOYA) donde recuerda que, reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012 )o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013 )viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

En este sentido, no todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo por todas, sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de julio de 2021, recurso 68/2021 y las citadas en ella).

Se solicita, en concreto, las siguientes revisiones que exponemos y pasamos a resolver:

1º) La adición de un párrafo final en el Hecho Probado Tercero, que debería decir:

"El Pliego de prescripciones técnicas de la contratación del servicio con empresas privadas también establece, como funciones encomendadas por la DIPUTACIÓN al contratista, todas las correspondientes al servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento, sin distinción entre funciones principales y/o secundarias o complementarias a las realizadas por la DIPUTACIÓN: Incendios, derrames, explosiones, inundaciones, accidentes de circulación, rescates y salvamentos, acciones de prevención, acciones de vigilancia y búsqueda con drones, formación y simulación de incidencias, así como aquellas situaciones de emergencia que tengan análogas características a las anteriores o que pudieran derivarse directamente de ellas."

La adición propuesta deviene innecesaria, toda vez que al final del citado hecho probado, la juez de instancia da por reproducido el contenido de ambos pliegos (doc. 1.1. acont. 149). Tal y como indica la sentencia de 16 de junio de 2015 (Recurso: 273/2014; Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA), "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa trascripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos y que " si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia " ( SSTS/IV 13-noviembre-2007 -rco 77/2006 , 14.mayo-2013 -rco 285/2011 , 5-junio-2013 -rco 2/2012 , 18-junio-2013 -rco 99/2012 , 16-septiembre-2014 -rco 251/2013 )"

2º) Se solicita una adición en el párrafo primero del hecho probado séptimo, del siguiente tenor literal (en negrita, el texto a añadir):

"La empresa DEMONTES ha elaborado un "Plan de actividades" para el servicio de extinción de incendios y salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca (doc. 1 acont. 329), Plan que fue sometido a evaluación y modificación por la Diputación Provincial de Salamanca. Los contratos formalizados entre DEMONTES y la Diputación tienen por objeto la prestación del citado servicio bajo la dirección, organización y control de la Diputación."

La revisión así propuesta se halla abocada al fracaso, habida cuenta de que lo que se pretende incluir no se desprende de forma clara y directa de los documentos invocados, sino que es preciso acudir a valoraciones de los mismos, no desprendiéndose de ellos de forma patente el error en el que habría incurrido la juez de instancia.

En este sentido, en la STS de 30 de enero de 2025 (Sentencia: 84/2025; Recurso: 282/2022; Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES) se reitera la doctrina constante de dicha Sala en la materia, "como la recogida en la STS 1338/2024, de 11 de diciembre (rec. 272/2022 ), en la que, como ya se indica por las partes recurridas, se recuerda que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones.

Por otra parte, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de 17 de octubre de 2016 (acontecimiento 149, documento 6.4), se recoge en la CLÁUSULA OCTAVA lo que "Los servicios técnicos designados por la Diputación de Salamanca podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos",tratándose de un hecho no controvertido entre las partes, por lo que la adición que pretenden los recurrentes deviene innecesaria.

3º) La modificación y adición del párrafo segundo del Hecho Probado Séptimo, que debería decir (en negrita, el texto modificado y añadido):

"Las condiciones laborales se pactan entre esta empresa y los trabajadores con intervención de la Diputación Provincial, que da a la empresa instrucciones sobre turnos de trabajo, vacaciones, horario laboral, permisos de trabajo y compensaciones por festivos de los trabajadores de la empresa."

Se desestima la adición interesada, por cuanto los recurrentes fundamentan su pretensión revisora en diversos correos electrónicos -de fechas 21 de marzo de 2020, 2 de junio de 2020 y 24 de junio de 2020- mediante los cuales el SPEIS remitió a la empresa documentación relativa a la actualización de las medidas preventivas a implantar en el Parque de VR con ocasión de la pandemia provocada por la COVID-19. No obstante, dichos documentos se circunscriben a un contexto temporal absolutamente excepcional, ajeno a las previsiones contractuales ordinarias, derivado de la situación de pandemia mundial ocasionada por el citado virus, siendo evidente que la Administración venía obligada, en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a establecer y protocolizar las medidas necesarias para garantizar tanto la protección de la salud de los trabajadores como el correcto funcionamiento del servicio, actuaciones todas ellas que, por su carácter extraordinario, no se encontraban contempladas en el plan de actividad.

Por otra parte, en relación al Correo electrónico de fecha 9-3-2022, no consta a qué trabajadores se está refiriendo, desconociendo esta Sala si se refiere a los recurrentes o no, habiendo comprobado que ninguno de los nombres a los que se hace referencia en el email ( Adriano, Fulgencio y Amadeo), figura entre los demandantes.

4º) La siguiente adición en el Hecho Probado Octavo, que debería decir (en negrita, el texto agregado):

"La empresa DEMONTES, siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Diputación,elabora el calendario, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones, lleva el control horario, abona las nóminas, realiza las contrataciones, se encarga de la formación de los trabajadores elaborando los planes de formación y abonando las correspondientes facturas, proporciona la ropa de trabajo para estar en el centro de trabajo (camiseta, funda, pantalón y botas), entrega a los trabajadores documentación sobre protección de datos, sistemas de prevención de incendios, entre otros. (documental de los acontecimientos 292 a 297, 300 a 303, 311 a 318 y 325, doc 11.1 acont 329, doc. 12 y ss acont 329)."

Se rechaza la adición pretendida, habida cuenta de que se pretende añadir al hecho probado octavo la afirmación de que la empresa adjudicataria actuaba "siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Administración",apoyándose para ello en diversos correos electrónicos intercambiados entre ambas entidades; sin embargo, entendemos que la documental invocada no posee la contundencia exigible para alterar el relato fáctico en los términos pretendidos, pues de su contenido no se desprende una situación de dirección permanente, íntegra y minuciosa de la actividad empresarial por parte de la Administración, sino actuaciones concretas vinculadas al normal desenvolvimiento del servicio y al ejercicio de las facultades de supervisión y control derivadas de la relación contractual existente.

Así, los correos aportados se refieren a cuestiones puntuales y específicas, tales como el tallaje de ropa de trabajo de determinados bomberos (correos de 26-3-2021 y 6-5-2021), la autorización de visitas externas al parque de bomberos en el contexto de la pandemia por COVID-19 (correos de 21-6-2021 y 25-6-2021), la gestión de detectores de gases y material de reposición (correo de 16-11-2021), la autorización para la compra de pilas destinadas a equipos BodyGuard (correos de 28 y 29-12-2021), la organización de determinadas acciones formativas (correos de 11 y 18-2-2022 y 14-6-2023), la preparación de material para la Junta (correo de 21-4-2022), la recepción de currículums (correo de 25-7-2022), la ampliación de información sobre un incendio concreto respecto del que el parte resultaba insuficiente (correo de 15-12-2022), la actualización de inventarios y material (correo de 8-3-2024) o la solicitud de informe acerca de una avería concreta sufrida por un vehículo, en una única ocasión (correo de 4-4-2024).

Ahora bien, entendemos que de tales comunicaciones no cabe inferir que la empresa actuase de forma general y constante bajo "instrucciones precisas" de la Administración "en cada aspecto", como se pretende introducir en el ordinal combatido. Antes al contrario, los correos revelan, a lo sumo, la existencia de instrucciones singulares relativas a incidencias concretas, necesidades operativas determinadas o mecanismos de coordinación propios de un servicio público especialmente sensible, así como el legítimo control por la Administración del correcto cumplimiento de las obligaciones asumidas por la contratista.

Debe recordarse que la fiscalización del servicio contratado, la emisión de directrices organizativas vinculadas a concretas necesidades operativas o la supervisión del cumplimiento de determinadas prestaciones forman parte de las potestades ordinarias de control de la Administración contratante y no implican, por sí mismas, una asunción efectiva de las facultades empresariales esenciales ni permiten concluir que la adjudicataria careciese de autonomía organizativa. Y precisamente el hecho probado cuya modificación se pretende ya recoge que era la empresa DEMONTES quien elaboraba calendarios, organizaba equipos, concedía vacaciones, llevaba el control horario, abonaba nóminas, realizaba contrataciones y gestionaba la formación y la dotación material de los trabajadores.

Por otra parte, la mayoría de los correos electrónicos invocados por los recurrentes como sustento de su pretensión revisora ya han sido valorados por la juez de instancia, que en su hecho probado undécimo recoge que "Entre el personal de la empresa Demontes con categoría de encargado y personal del Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Diputación Provincial se mantiene comunicación por correo electrónico, dándose por reproducido su contenido",y citando expresamente los acontecimientos 244, 245,248, 250,251, 253,254, 257, 258 265 a 276. Sin embargo, ha alcanzado la convicción que plasma en el hecho probado octavo, valorando conjuntamente la documental y la testifical practicada en el acto del juicio, siendo así que, tal y como recuerda la STS de 18 de septiembre de 2025 (Sentencia: 793/2025; Recurso: 193/2023; Ponente: JUAN MARTINEZ MOYA), "El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS )únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas."

En consecuencia, entendemos que la documental invocada no evidencia error alguno en la valoración efectuada por la juzgadora de instancia ni justifica la adición pretendida, que además incorpora una conclusión valorativa y generalizadora ("siguiendo en cada aspecto instrucciones precisas de la Administración")que excede del contenido objetivo que resulta de los documentos señalados, lo que nos lleva a desestimar el motivo de revisión fáctica.

TERCERO.-Al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial destina la representación de los recurrentes el siguiente y último motivo de suplicación, por entender infringidos el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 24 de la Constitución española. También es vulnerada la jurisprudencia emanada de sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en concreto de las SSTS nº 33/2022, de fecha 13-1-2022 (Recurso de casación 2715/2020), nº 322/2022, del 6-4-2022 (Recurso de casación 2524/2019) y nº 95/2022, del 2-2-2022 (Recurso de casación 3772/2020).

Entienden los recurrentes que nos encontramos ante una cesión ilegal de trabajadores en los términos recogidos en el artículo 43.2 ET y de la doctrina jurisprudencial que cita, motivo que, ya adelantamos, va a correr suerte desestimatoria.

Dispone el artículo 43 ET, lo siguiente:

"1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores

contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite

a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario."

La figura de la cesión ilegal ha sido abordada en numerosas ocasiones por la Sala Cuarta, entre otras, cabe citar las SSTS 29/2022, de 12 de enero (rcud 307/2020); 30/2022, de 12 de enero (rcud 1903/2020); 33/2022, de 13 de enero (rcud 2715/2020); 59/2022, de 25 de enero (rcud 553/2020); 115/2022, de 7 de febrero ( rcud 175/2020);856/2023,de 27 de octubre (rcud 3412/2021); 868/2023, de 27 de octubre (rcud 115/2022); 51/2025 de 28 enero (rcud 1928/2022); y 856/2025, de 1 de octubre (rcud 5371/2023).

La STS de 25 de febrero de 2026 (Sentencia: 192/2026; Recurso: 3564/2023; Ponente: ISABEL OLMOS PARES), recuerda que en la STS 856/2025, de 1 de octubre (rcud 5371/2023) ya se dijo que: «Debemos discernir si la empresa contratista tenía el control, la organización y la dirección de la actividad laboral de sus trabajadores, sin trasladarlo a la empresa principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales. En la práctica, ello se traduce en que la empresa contratista sea quien ejercite realmente todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores, bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan su actividad».

La STS 195/2023, de 15 de marzo (rcud 3390/2020 ),también señaló que: «para apreciar si concurre o no cesión ilegal habrá que tener en cuenta, en primer lugar, si existe una mera puesta a disposición de los trabajadores o, por el contrario, la empresa contratista ejerce, respecto de los trabajadores como verdadero empresario, manteniendo el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; el control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales en el amplio abanico de decisiones y actuaciones que eso conlleva. Lo que en la práctica se traduce en que siga siendo la empresa subcontratada quien lo mantenga en materias tales como: la distribución de tareas; determinación de los turnos; vacaciones; descansos; aplicación de las facultades disciplinarias; etc., es decir, en el ejercicio de todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan realmente su actividad. En segundo lugar, resulta imprescindible que la contratista empleadora sea una verdadera empresa con infraestructura organizativa suficiente y adecuada. Y, en tercer lugar, el contratista debe asumir un verdadero riesgo empresarial, siendo la contrata una actividad específica, delimitada y diferente de la actividad desarrollada por la empresa principal».

Continua explicando que en la cesión ilegal hay tres negocios jurídicos coordinados: «1º) un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2º) un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador; y 3º) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato de trabajo formal ( STS de 11 de febrero de 2016, Rcud. 98/2015 )».

Añade que la clave no radica en que la empresa cedente sea real o ficticia o carezca de organización sino que esa organización no se haya puesto en juego, limitándose su actividad al suministro de mano de obra, «[d] e forma que aparece en la posición contractual de empresario quien realmente no la ostenta, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio. Por último, resulta necesario señalar que en la apreciación de la cesión ilegal es necesario ceñirse al caso concreto, pues suelen ser muy distintas las situaciones que pueden darse en la práctica».

Para poder resolver el caso sometido a la consideración de la Sala, debemos partir de una recapitulación de cuáles son los hechos probados de la sentencia recurrida, puesto que sobre ese conjunto fáctico es sobre el que hemos de resolver, prescindiendo de todos aquellos extremos alegados en el recurso que no tienen respaldo en ese relato fáctico, así como en las afirmaciones que con tal valor se contienen en los Fundamentos de Derecho. Así nos encontramos con la situación siguiente:

- Dentro del servicio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Salamanca se gestiona el Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento (SPEIS) que está organizado en trece parques de bomberos distribuidos por la provincia, los principales son los de Villares de la Reina, Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino. La prestación del SPEIS se realiza a través de convenios de colaboración con los Ayuntamientos con la excepción del parque de bomberos de Villares de la Reina que es a través de una contratación administrativa. El Servicio de Medio Ambiente tiene un jefe de servicio que es personal funcionario de la Diputación de Salamanca y un coordinador.

- Por Decreto de 21-2-2007 se adjudica el concurso público para la contratación del servicio de extinción de incendios y Salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca a UTE: EUROPA AGROFORESTAL S.L. CONSULTORIA NATUTECNIA S.L.

- En el año 2010 se realiza nuevo proceso de licitación, adjudicándose por Decreto de 28-2-2011 el servicio de extinción de incendios y Salvamento en el ámbito de la provincia de Salamanca a EUROPA AGROFORESTAL S.L., acordándose la prórroga para los años 2015 a 2017.

- En 2017 se inicia nuevo proceso de licitación, adjudicándose el servicio a la empresa EUROPA AGROFORESTAL S.L., que posteriormente cambió su denominación a DEMONTES OFICINA TECNICA S.L.U (DEMONTES), acordándose la prórroga del contrato por periodo de dos años desde el 1-3-2021 al 28-2- 2023.

- La empresa Oficina Técnica Demontes S.LU tiene 250 trabajadores en plantilla, es decir, que su actividad no se limita a la prestación de servicios del parque de bomberos de Villares de la Reina.

- En el pliego de prescripciones técnicas, están determinados los medios materiales que aporta la Diputación de Salamanca que es la titular del centro de trabajo, esto de las instalaciones, así como de los vehículos herramientas y utillaje, consumibles, material formativo de curso de iniciativa de la Diputación, telefonía y comunicaciones, equipos personales de trabajo y prevención para los bomberos con los componentes necesarios para la prestación del servicio, la limpieza, mantenimiento y reposición, energía eléctrica, agua y demás servicios para el funcionamiento y habitabilidad del parque.

- Los medios materiales aportados por la empresa adjudicataria del servicio son combustibles para vehículo y equipos con motor de explosión, material de oficina y para gestión del parque.

- En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de 17 de octubre de 2016, se recoge en la CLÁUSULA OCTAVA lo que "Los servicios técnicos designados por la Diputación de Salamanca podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos".

- La empresa DEMONTES ha elaborado un "Plan de actividades" para el servicio de extinción de incendios y salvamento en el ámbito de la Comarca de Salamanca.

- Las condiciones laborales se pactan entre esta empresa y los trabajadores sin intervención de la Diputación Provincial.

- Los trabajadores dirigen a la empresa sus reclamaciones.

- La empresa DEMONTES organiza los cuadrantes de trabajo, elabora el calendario laboral, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones y permisos, concede o deniega excedencias, lleva el control horario mediante un sistema de fichajes instalado por ella, abona las nóminas, negocia con los trabajadores las condiciones laborales, realiza las contrataciones, se encarga de la formación de los trabajadores elaborando los planes de formación y abonando las correspondientes facturas, proporciona la ropa de trabajo para estar en el centro de trabajo (camiseta, funda, pantalón y botas), entrega a los trabajadores documentación sobre protección de datos, sistemas de prevención de incendios, entre otros. Consta al menos a un trabajador además la entrega de pantalón de intervención, chaquetón de intervención, guantes de intervención, pantalón forestal, chaqueta forestal, botas forestales, buzo ignifugo y cascos. Para el cumplimiento de las obligaciones y deberes del personal por la empresa se solicitó el 4-8-2020 a la Diputación Provincial la instalación de cámaras de grabación de imágenes dentro del Parque de bomberos de Villares de la Reina las cuales han sido instaladas.

- El parque de bomberos de Villares de la Reina es el central del servicio, desde 1992 hay un funcionario de la Diputación Provincial que ejerce de coordinador de protección civil y que ejerce de mando. En 2019 se nombra un sargento y en agosto de 2020 un suboficial que son funcionarios que ejercen la gestión en todo el servicio, no solo en Villares.

- Cuando se recibe un aviso en la central de alarmas se comunica al jefe de guardia de la Diputación Provincial que interactúa con el técnico del parque o con el encargado de turno (trabajadores de Demontes) que es quién organiza los retenes y el personal.

Pues bien, partiendo de la doctrina jurisprudencial expuesta, entendemos que los hechos probados revelan que Demontes actúa como auténtica empleadora de los trabajadores adscritos al parque de bomberos de Villares de la Reina y que conserva las facultades esenciales de organización y dirección laboral, pues consta acreditado que las condiciones laborales se pactan entre la empresa y los trabajadores sin intervención de la Diputación; que los trabajadores dirigen a la empresa sus reclamaciones; y, especialmente, que Demontes organiza los cuadrantes de trabajo, elabora el calendario laboral, organiza los equipos de trabajo, concede vacaciones y permisos, concede o deniega excedencias, lleva el control horario mediante un sistema de fichajes instalado por ella, abona las nóminas, negocia las condiciones laborales, realiza las contrataciones, elabora los planes de formación y sufraga las correspondientes acciones formativas, además de proporcionar vestuario y equipos de trabajo y asumir funciones preventivas y organizativas propias del empresario.

Igualmente significativo resulta que Demontes cuente con una estructura empresarial propia y autónoma, pues tiene una plantilla de 250 trabajadores y su actividad no se limita al parque de bomberos litigioso, extremo particularmente relevante para descartar que se trate de una empresa ficticia o carente de organización real.

Es cierto que la Diputación aporta la práctica totalidad de los medios materiales e instalaciones necesarios para la prestación del servicio (parque de bomberos, vehículos, herramientas, equipos personales y demás infraestructura), pero ello aparece plenamente justificado por su condición de titular del servicio público y de las instalaciones donde éste se desarrolla. Tal circunstancia, por sí sola, no determina la existencia de cesión ilegal, especialmente en el ámbito de las contratas administrativas relativas a servicios públicos altamente especializados.

Por otra parte, entendemos que tampoco desvirtúa la anterior conclusión la cláusula octava del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, conforme a la cual "los servicios técnicos designados por la Diputación podrán ejercer en todo momento desde la adjudicación del contrato y a lo largo de su duración, la supervisión, control y dirección técnica de los trabajos".Dicha cláusula debe interpretarse en el contexto propio de una contratación administrativa de un servicio público esencial como es el SPEIS y en conexión con las potestades de control inherentes a la Administración contratante. La "dirección técnica" a la que alude el pliego no equivale al ejercicio de poderes empresariales laborales sobre la plantilla de la adjudicataria, sino a facultades de supervisión funcional y coordinación operativa encaminadas a garantizar la correcta prestación del servicio y la adecuada respuesta ante emergencias.

Así se desprende también de los hechos probados relativos al funcionamiento operativo del servicio. En efecto, el jefe de guardia de la Diputación Provincial interactúa con el técnico del parque o encargado de turno (trabajadores de Demonstes) cuando se recibe un aviso en la central de alarmas, pero es este últimoquien organiza los retenes y el personal. Del mismo modo, la existencia de un coordinador, un sargento y un suboficial funcionarios con competencias sobre todo el servicio provincial (no solo de Villares), responde a la lógica necesidad de coordinación general del SPEIS y no evidencia sustitución del poder empresarial de la contratista.

Conviene recordar, por otro lado, que la cesión ilegal no puede identificarse sin más con la existencia de contratas o concesiones administrativas en las que la empresa principal mantiene determinadas facultades de supervisión o coordinación sobre la actividad contratada, pues como viene reiterando la jurisprudencia, lo verdaderamente relevante es comprobar quién ejerce de forma efectiva las facultades inherentes a la condición empresarial, singularmente las relativas a la organización, dirección y control laboral de los trabajadores.

En este sentido, la citada STS de 25 de febrero de 2026 (rcud 3564/2023) declara que la autonomía técnica de la contratista "no tiene por qué resultar incompatible con la posibilidad de que la empresa principal ejerza ciertas funciones de dirección y coordinación técnica sobre la actividad contratada",añadiendo que tales facultades resultan plenamente coherentes con el legítimo interés de la entidad principal en garantizar "los niveles de calidad del servicio".Y concluye que no existe cesión ilegal cuando la contratista mantiene la organización, dirección y control de la actividad laboral y asume las funciones inherentes a su condición de empresario.

En la misma línea, la STS 893/2023, de 30 de octubre (rcud 1342/2021), rechazó la existencia de cesión ilegal aun cuando el centro educativo realizaba indicaciones generales sobre el objeto de la prestación y coordinaba determinados aspectos funcionales, razonando que no ejercía facultades disciplinarias, no asumía la formación, no abonaba salarios ni autorizaba permisos, permaneciendo tales potestades en la empresa contratista, que actuaba como "empresa real" y no como mera suministradora de mano de obra.

Asimismo, la STJUE de 24 de octubre de 2024 (asunto C-441/2023, Omnitel) recuerda que no basta para apreciar cesión con que la empresa principal "compruebe el trabajo realizado o dé meras consignas generales",siendo necesario un verdadero ejercicio del poder de dirección y control laboral.

En definitiva, entendemos que la intervención de la Diputación se proyecta sobre aspectos técnicos, operativos y de coordinación del servicio público, pero no sobre la gestión ordinaria de las relaciones laborales de la plantilla de Demontes. No consta que la Administración seleccionara a los trabajadores, abonara sus salarios, ejerciera potestad disciplinaria, autorizara vacaciones o permisos, negociara condiciones laborales o asumiera directamente la organización empresarial de la plantilla.

Nos hallamos, por tanto, ante una contrata administrativa en la que la empresa adjudicataria mantiene una organización empresarial propia y ejerce de forma efectiva las facultades nucleares inherentes a la condición de empresario, mientras que la Administración conserva legítimas facultades de supervisión técnica y control del servicio público contratado, insuficientes por sí mismas para integrar el supuesto prohibido del artículo 43 ET.

CUARTO.-Finalmente, procede realizar una precisión sobre el último razonamiento que plasma la juzgadora de instancia en el Fundamento de Derecho Sexto.

Así, por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León se presentó recurso contencioso-administrativo contra la Excma. Diputación Provincial de Salamanca impugnándose la resolución 7/2019, de 31 de enero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen la contratación del servicio de extinción de incendios y salvamento del ámbito de la comarca de Ciudad Rodrigo y Guijuelo convocado por la Diputación de Salamanca.

A raíz de ello, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid dictó sentencia nº 275/2020, de 27 de febrero, en la que, en apretada síntesis, entendió que el servicio de extinción de incendios ha de hacerse por bomberos funcionarios, habida cuenta de que las funciones propias del servicio de extinción de incendios no pueden ser ejercitadas por servicios externos, en régimen de gestión indirecta, a través del uso de formas contractuales. Lo que le llevó a estimar la demanda y anular dicho acuerdo por no ser ajustado a Derecho, "de donde deriva consiguientemente la nulidad del acuerdo impugnado ante el Tribunal de Recursos Contractuales".

Pues bien, dicha sentencia en nada afecta al presente caso, pues aquí no se ha impugnado la licitación y los pliegos que rigen la contratación del servicio de extinción de incendios y salvamento, por lo que debemos limitarnos a examinar su existe cesión ilegal de trabajadores entre la Administración y la contratista, situación que, como acabamos de explicar, entendemos que no concurre.

Por otra parte -y aquí discrepamos del razonamiento de la juez de instancia- lo dispuesto en la referida STSJ C-A, no impediría la declaración de la existencia de una cesión ilegal, si así fuera el caso, pues los recurrentes no están solicitando que sean declarados funcionarios, sino que la consecuencia de la constatación de una cesión ilegal dentro del ámbito de la Administración supone la declaración de los afectados como personal laboral de carácter indefinido no fijo (por todas, STS de Pleno de 11 de mayo de 2026, rec. 3543/2023).

Las consideraciones antedichas conllevan la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

En su virtud,

EN NOMBRE DEL REY