Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 2666/2024 de 16 de diciembre del 2024

PRIMERO.- Frente a la Sentencia de instancia número 247/2024, dictada por el Juzgado de lo social número 3 de Valladolid que estimando parcialmente la demanda declarando la improcedencia del despido del actor condenando a la empresa demandada a que readmita al actor en su puesto de trabajo o le abone la cantidad de 18.332,38 euros en concepto de indemnización por despido improcedente, desestimando la reclamación de cantidad acumulada, se alza en suplicación tanto la representación de Don Balbino como la de MOZO GRAU SA, destinando su recurso a sendos motivos, a través de la que invocan, al amparo de los artículos 193. B y C) de la LRJS , la modificación de los hechos probados y la denuncia de diversas normas sustantivas.

El letrado de la mercantil MOZO GRAU SA, presento escrito impugnando el recurso formalizado por el trabajador, interesando su desestimación y confirmación de la sentencia.

Por su parte, la representación del actor, impugno el recurso de suplicación presentado por la mercantil, en el sentido de desestimar el mismo y confirmar la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Comenzando con el recurso formalizado por la representación procesal del trabajador demandante, destina su primer motivo a la censura fáctica, a fin de modificar el relato de los hechos probados, al amparo de lo dispuesto en la letra b) del articulo 193 LRJS.

Así en primer lugar, interesa la revisión del hecho probado SEPTIMO, para modificar su redacción en el siguiente sentido: Solicita también el demandante que se incluya en dicho salario el total por horas extraordinarias realizadas desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha del despido, 29 de noviembre de 2023, que el escrito registrado el 20 de junio de 2024 fija en un total de 268,8 horas, a multiplicar por un salario/hora de 76,99 euros, por lo que el total se establece en 20.633,32 euros correspondientes a aquel periodo (incluido en el año anterior al despido). La empresa se opone a lo solicitado afirmando que era el propio demandante el que fichaba y que afirma ahora un número de horas extras (en el cuadro ya incorporado con el escrito de 20 de junio de 2024 y que se aporta más legible a la prueba documental) más elevado que el que registró, como así resulta, efectivamente, los días 30 de enero de 2023 (se registran 9 horas y 12 minutos pero se computan 19 horas y 12 minutos), el 5 de abril y 1 y 2 de mayo, en los que no habiéndose registrado ninguna, se computan 8 por cada uno de estos tres días), el 12 de mayo tampoco se ha registrado ninguna pero se computan 6 horas; el 14 de junio se registraron 9 horas y 05 minutos, mientras que se computan 12 horas y 40 minutos; el 20 de junio se registran 8 horas y 41 minutos pero se computan 9 horas y 16 minutos; el 6 de julio se registraron 6 horas y 48 minutos de trabajo y ahora se afirman 9 horas y 44 minutos; el 22 de agosto se registran 4 horas y 36 minutos pero se computan 6 horas y 59 minutos; el 30 de agosto se registran 2 horas y 55 minutos y se computan 7 horas y 15 minutos; el 8 de septiembre no se ha registrado ninguna hora pero se computan en el cuadro elaborado por el demandante 8 horas; el 20 de septiembre se registran 7 horas y media y se afirman ahora trabajadas 13 horas y veinticinco minutos. El 20 de septiembre se registran 7 horas y media de trabajo pero ahora el demandante computa 13 horas y veinticinco minutos; el 21 de septiembre computa 11 horas y 35 minutos cuando sólo registró 9 horas y 9 minutos; el 22 de septiembre computan 12 horas pero no ha registrado ninguna; el 27 de septiembre computa 10 horas y 41 minutos cuando registró 9 horas y 34 minutos; el 29 de septiembre se computan 6 horas y no se ha registrado ninguna; el 15 de noviembre contabiliza 9 horas y 26 minutos pero sólo registró 5 horas y 48 minutos; el 17 de noviembre se computan 11 horas cuando se registraron 5 horas 46 minutos; el 23 de noviembre computa 9 horas y 24 minutos pero sólo registró 7 horas con 16 minutos; el 24 de noviembre incluye 8 horas cuando registró 3 horas y 12 minutos; y el 29 de noviembre se computan 8 horas pero no se ha registrado ninguna. De todo lo cual se deduce la imposibilidad de considerar el número de horas extraordinarias que afirma el demandante. ".

Como señala la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, SSTS 24 de septiembre de 2024 (Recurso de casación 1157/2024): El artículo 207.d) LRJS admite la posibilidad de que se articule un recurso de casación fundado en el " error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradicho por otros elementos probatorios ". En concordancia, el artículo 210.2.b LRJS dispone que " en los motivos basados en error de hecho en la apreciación de la prueba deberán señalarse de modo preciso cada uno de los documentos en que se fundamente y el concreto extremo a que se refiere, ofreciendo la formulación alternativa de los hechos probados que se propugna" .

1. Exigencias para que proceda la revisión interesada.

Antes de resolver sobre las revisiones postuladas hemos de recordar las limitaciones y funcionalidad que esa cuarta apertura del artículo 207 LRJS posee. El precepto no permite la reconsideración plena del material probatorio. Se limita, por el contrario, a posibilitar un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas (de carácter documental), se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado. Las consecuencias de esta configuración legal son múltiples puesto que condiciona las posibilidades reales de que la revisión de hechos probados se produzca en casación.

El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican las limitaciones legales y jurisprudenciales existentes en orden a la revisión de hechos probados. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) y otras muchas viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, "la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes" ( STS de 27 de marzo de 2000, rcud 2497/1999). Lo que conduce a rechazar aquellas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente, pues, reiteramos, el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida ( STS 11 de febrero de 2014, rec. 27/2013).

El motivo no prospera, no solo porque no se trata de modificar un hecho probado, sino que lo realmente interesado es la alteración de la fundamentación jurídica consignada en la sentencia, la cual no tiene el valor de verdad procesal, por recoger exclusivamente el fundamento impugnado, las pretensiones de las partes en relación con las horas extraordinarias, realizando cálculos que no pueden ser objeto de análisis en la pretensión revisora, la cual ha de evidenciar de manera concluyente y palmaria sin necesidad de acudir a conjeturas o reglas aritméticas el error cometido por la magistrada de instancia, sin que nada de ello se señale al respecto.

TERCERO.-Seguidamente, con el amparo procesal descrito interesa la revisión del hecho probado OCTAVO.

Por las mismas conclusiones expuestas anteriormente el motivo no prospera. Trata nuevamente la parte de sustituir un fundamento jurídico (FJ 8), tratando de consignar su valoración subjetiva de la prueba sustrayendo esta facultad exclusiva del juez de instancia (ex articulo 97 LRJS) , quien tras la valoración de los elemento probatorios de conformidad con las reglas de la sana crítica y ponderado todos ellos, ha plasmado una conclusión objetiva e imparcial, frente a la pretensión subjetiva, parcial y predeterminante interesada por el trabajador.

CUARTO.-En último lugar, dispone el trabajador la modificación del ordinal undécimo, a fin de que quede redactado en los siguientes términos: En aplicación del precepto transcrito y declarada la improcedencia del despido producido el 29 de noviembre de 2023, procede condenar a la empresa demandada MOZO GRAU, S.A., a que readmita al demandante en su puesto de trabajo o le abone la cantidad de 23.420,84 euros en concepto de indemnización por despido improcedente, calculada dicha indemnización conforme al tiempo de prestación de servicios desde el 2 de enero de 2022 hasta la fecha del despido y al módulo salarial diario calculado de 370,29 euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. Opción que la empresa deberá ejercitar en el plazo de cinco días desde la notificación de esta Sentencia, mediante escrito o comparecencia en el Juzgado, advirtiendo a las partes que de no realizarla se entenderá que procede la primera, con abono en caso de readmisión de los salarios devengados desde la fecha del despido, hasta la notificación de esta Sentencia, a razón de un salario bruto diario de 370,29 euros o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a la Sentencia y se probase por el empresario lo percibido para su descuento de los salarios de tramitación ( art. 56.2 ET ).

Nuevamente incurre la parte en una errónea revisión de los hechos probados, pretendiendo en el fondo la modificación de lo declarado en el fundamento de derecho undécimo, sin reunir los requisitos expuestos por la doctrina, a las que nos reiteramos, por no tratarse de revisar hechos probados, proponiendo además una redacción negativa no resultando ser tal técnica procesal apropiada para la sede en que nos hallamos (por todas sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 14 de enero, 23 de octubre, 10 de noviembre de 1986 y 17 de octubre de 1990 o de 24 de octubre de 2017, recurso 8/2015).

QUINTO.-A continuación analizando el recurso formalizado por la mercantil, destina su primer motivo a la adición de un novedoso hecho probado primero bis, a fin de incluir en el relato de la sentencia: la jornada anual del actor para el año 2023 es de 1775 horas.

El motivo va a ser acogido por la Sala, a pesar de no tratarse de un hecho cuestionado por las partes, dada que su afirmación aparece consignada en el convenio colectivo de aplicación a la relación laboral finalizada, pero no obstante es relevante a los efectos de resolver la posterior censura jurídica planteada por la mercantil.

SEXTO.-Descendiendo ya al campo de la censura jurídica, y comenzando con el recurso formalizado por al trabajador, denuncia en dos motivos, interrelacionados entre sí, en primer lugar el artículo 26 del ET y artículos 1203 y siguientes del Código Civil, alegando que ha de tenerse en cuenta a efectos indemnizatorios y salariales el uso del vehículo que la empresa entrega al trabajador para fines particulares.

Sostiene el recurrente que el vehículo no solo se utilizó para uso profesional, sino que además consta que aquel fue destinado para uso familiar del trabajador, concretamente en la reserva de la ruta Ibiza Denia para el embarco el día 17 de agosto y posteriormente el 29 y 30 de abril y 1 y 2 de mayo, se reservó parking para el mismo en el aeropuerto de Santander, lo que pone de relieve el uso particular del vehículo durante las vacaciones del trabajador.

El vehículo utilizado como instrumento de trabajo carece de naturaleza salarial, cuando es un medio o instrumento de trabajo «(...) que además del salario que sostiene le corresponde conforme al motivo anterior, se debe computar también a los mismos efectos de regular las consecuencias del despido improcedente "un salario en especie, compuesto de automóvil, seguro médico, plan de pensiones, seguro de vida, cuota de asociado de AMEX e IAPA". No existe base documental que permita el éxito del motivo, pues si bien a estos conceptos se alude en la oferta de trabajo, ya se ha puesto de relieve que los mismos no se han incorporado al contrato que en definitiva el demandante aceptó. Los documentos obrantes a los folios 64 a 74 no hacen referencia a que se hubiese puesto un automóvil concretamente a disposición del actor, y en ellos se concibe además en términos generales el uso del automóvil por aquéllos a quienes se concede, para un mejor desempeño de los fines de la empresa y no por tanto con destino al beneficio particular y exclusivo del empleado» (TS 4ª 21-12-90).

En el presente caso la empresa demandada puso a disposición del demandante el vehículo referenciado en autos (BMV X4) , para que pudiera llevar a cabo su trabajo, cuyas condiciones de "uso profesional"fueron pactadas en los distintos años de la relación laboral (año 2022 -HP4-; año 2023 -HP5- ) condiciones que no han sido combatidas en la sede en que nos hayamos y que expresamente declaran el uso profesional del vehículo puesto a disposición del demandante, siendo objeto de contrato de renting de la empresa, sin que los 5 días a los que se refiere el trabajador que utilizo para uso privado aquel vehículo, sean trascendentes para poder acreditar el verdadero uso particular de este, pues estamos como bien apunta la juzgadora de instancia, ante una relación laboral de casi dos años de duración. Por todo ello, el motivo se desestima.

El ultimo motivo de censura jurídica planteado por el propio trabajador, denuncia lo dispuesto en el artículo 56 del ET y 110 de la LRJS, en relación con el cálculo de la indemnización tenido en cuenta la aceptación por la sala de los motivos I y II del recurso.

No habiendo prosperado los motivos citados, no procede acoger esta última pretensión relativa a la modificación de la indemnización por despido.

SEPTIMO.-A continuación, en el mismo campo de censura jurídica, sostiene la empresa demandada la infracción de lo dispuesto en los artículos 35.1 y 56.1 del ET, DT 11 Apartados 1 y 2 del ET, articulo 110.1 LRJS y artículo 15.1 del Convenio Colectivo Provincial del Convenio General de Valladolid de fecha 22/08/2023 (publicado en el BOP el 4/09/2023).

Defiende en su escrito de recurso, que existe un error en el importe de la indemnización, basado en el error de la cuantificación del valor de la hora extra, discutiendo únicamente el valor de la hora extraordinaria. Alega que hay que partir de las cuantías consignadas en el Fundamento octavo de la resolución, que incluye el salario bruto anual actualizado (91630 euros que corresponden a los 85000 pactados más la revalorización del 7,8%), los incentivos (por valor de 5000 euros) y las horas extraordinarias: este último concepto incluye las 119 horas, por valor de 54,44 euros la hora extra, en vez de 76,99 euros. Expone así la discrepancia, por cuanto, el valor de la hora extra se determinará aplicando el importe anual bruto a percibir por el actor entre la jornada anual (1775 horas). Arrojando el resultado pretendido de 54,44 euros/hora extra. Aceptando el error en el cálculo, ello conllevaría la modificación de la indemnización a percibir por el demandante por extinción de la relación laboral, que ascendería a la suma de 17867,49 euros.

Por su parte, el actor, oponiéndose a la estimación de la censura pretendida, alega que el importe de la hora extra consignada en la instancia (la cual comparte y defiende), se corresponde a las 119 horas extras por un valor de 76,99 euros. Esta última cifra la obtiene, de la división del salario anual, pero en vez del cálculo de la totalidad de las horas anuales que dispone el convenio colectivo, únicamente computa las efectivamente realizadas hasta la fecha de cese del trabajador (desde el 1 de enero de 2023 hasta el 29 de noviembre de 2023).

Centrado el debate en los términos expuestos, el motivo va a tener favorable acogida. Partiendo de lo previsto en el artículo 35 del ET, la hora extra ha de retribuirse como una hora ordinaria, ahora bien, el cálculo de la misma ha de obedecer al cómputo anual de las horas efectivamente trabajadas, y ello con independencia de que la relación laboral se haya extinguido con anterioridad a la clausura de año, pues de lo contrario la hora en cuestión (como sucede en el supuesto de autos) se estaría retribuyendo en cuantía mayor a la efectivamente valorada, y ello porque si partimos del salario anual bruto, es lógica que el otro parámetro se corresponda con las horas anuales, de lo contrario no arrojaría el salario de la hora realizada dentro del año. así lo ha declarado el Tribunal Supremo, cuando señala: A partir de esta premisa, es de señalar que el salario ordinario unitario y total constituye la base cuantitativa del correspondiente al de la hora extraordinaria, de modo que dividiendo el importe anual del mismo por el total de horas de trabajo anuales pactados o establecidos se obtiene la realidad de cuál sea el valor de la hora ordinaria» (TS 4ª 21-2-07, EDJ 21140). En el mismo sentido, se ha pronunciado reiterando doctrina TS 4ª 5-10-10.

El motivo por lo tanto s estima, y en consecuencia, se modifica la indemnización por despido improcedente en los términos señalados por el mercantil en su recurso.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY