Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 2263/2025 de 17 de noviembre del 2025

PRIMERO:La sentencia del Juzgado de lo Social Nº1 de Ponferrada que ahora es objeto de un doble recurso de suplicación por la trabajadora demandante y por la Asociación demandada estimó la pretensión subsidiaria de la demanda interpuesta por aquélla y declaró improcedente su despido causado con efectos de 29 de marzo de 2024, condenando a la demandada a asumir las consecuencias legales de tal declaración. Al mismo tiempo, desestimó la demanda reconvencional formulada por la Asociación demandada contra doña Adela.

Frente a la referida sentencia se alzan en suplicación ambas partes formulando sendos escritos de interposición con varias rectificaciones fácticas y censuras jurídicas.

I.- RECURSO FORMULADO POR LA ASOCIACIÓN FEMINISTAS BERCIANAS.

PRIMERO:Al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social formula la empresa demandada el motivo inicial de recurso de los contenidos en su escrito de interposición con el objeto de modificar el hecho probado primero,el cual quedaría redactado en los siguientes términos:

<>.

La empresa recurrente pretende con la nueva redacción del ordinal primero modificar la cronología de la constitución de la Asociación Feministas Bercianas, la aprobación de estatutos, y el nombramiento para el cargo de Vicepresidenta de la demandante desde 2021, no desde 2023. La Sala entiende que esta nueva redacción del ordinal primero propuesto por la empresa ahora recurrente es irrelevante para los fines del recurso, dado que el objeto del mismo es la calificación del despido impuesto a la actora para lo que carece de importancia la fecha de registro de la Asociación y la de aprobación de los estatutos.

SEGUNDO:Con el mismo amparo procesal pretende la empresa recurrente modificar el hecho probado segundopara el que propone la siguiente redacción nueva:

<>.

También pretende la recurrente que se incorpore el siguiente texto: <>.

La parte recurrente acude a un total de diez documentos para justificar este nuevo texto del hecho probado segundo cuyo texto original, según la magistrada explica en el fundamento de derecho primero, no ha sido discutido y que resulta del bloque documental núm. 2 de la empresa. Pues bien, solo una valoración conjunta de los citados documentos podría permitir la incorporación de la redacción nueva que para el ordinal segundo propone la empresa recurrente. Pero ello excede del cometido de la Sala en el recurso extraordinario de suplicación, ya que la valoración de la prueba le corresponde a la juzgadora de instancia a tenor de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Finalmente, el texto que propone la recurrente incurre em unas valoraciones subjetivas incluyendo conceptos jurídicos, propios de los motivos de recurso destinados a la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia impugnada y no de los de revisión fáctica.

TERCERO:En el siguiente motivo del recurso la parte recurrente pretende la modificación de parte del hecho probado tercerode la sentencia para que conste lo siguiente:

<>.

Solicita, además, que se incorpore el siguiente texto: <>.

La Asociación recurrente quiere dejar constancia de que doña Adela se eliminó del Registro de Asociaciones como Vicepresidenta sin conocimiento de la Junta, manteniendo de facto el cargo hasta su cese oficial el 13 de marzo de 2024. En realidad, lo que suscita la recurrente no se diferencia sustancialmente de lo que ya consta en la redacción original del hecho probado tercero en el que se dice que la actora dejó de ejercer formalmente como Vicepresidenta, pero siguió asumiendo las labores propias de ese cargo hasta el 13 de marzo de 2024. Por otra parte, el segundo texto que quiere añadir la recurrente tiene un importante contenido valorativo que responde a deducciones y conjeturas, además de incluir algún razonamiento jurídico como ocurre con la referencia a la contravención de los requisitos de elegilibidad de las bases de la convocatoria de la subvención regulada por la Orden EEI/827/2019.

CUARTO:El siguiente hecho probado que la recurrente quiere modificar es el cuartopara el que propone a la Sala el siguiente texto nuevo:

<>.

Lo que pretende incluir la recurrente consta en el último inciso en el que afirma que la trabajadora mintió sobre su formación, alegando tener másteres que no constan documentalmente. Tal afirmación es una deducción que la recurrente extrae de un audio que no es propiamente un documento hábil para la revisión fáctica en el recurso de suplicación y que, desde luego, no acredita que la empleadora incurriese en un error sobre su cualificación al formalizar la contratación de doña Adela. Por ello, la Sala no acepta la modificación de este hecho probado cuarto en el sentido propuesto por la recurrente.

QUINTO:A continuación, la recurrente insta de la Sala la sustitución del texto del hecho probado quintopor el siguiente:

<>.

Este nuevo texto del ordinal quinto tampoco lo acepta la Sala porque consiste en deducciones, hipótesis y conjeturas -inasumibles en el recurso de suplicación- extraídas por la recurrente de un total de siete documentos, de los hechos probados segundo, tercero y noveno y de la declaración testifical de la Presidenta de la Asociación.

SEXTO:En el motivo de recurso siguiente la parte recurrente pide a la Sala la modificación del hecho probado décimo,que quedaría redactado así:

<>.

En esta nueva redacción del hecho probado décimo la parte recurrente narra el bloqueo del correo institucional y otros recursos digitales por parte de la trabajadora antes y después de su despido. Pero el texto incurre en el mismo defecto que los anteriores, esto es, no responde al tenor literal de ningún documento, sino que consiste en la elaboración de deducciones e hipótesis partiendo de un total de ocho documentos. La valoración conjunta de tales documentos -tarea que le corresponde a la juzgadora de instancia según el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- sería imprescindible para que la Sala pudiera acceder a la pretensión de la recurrente, lo que no es posible por exceder de sus competencias en el recurso extraordinario de suplicación.

SÉPTIMO:El siguiente hecho probado que quiere modificar la parte recurrente es el decimoquinto,en concreto, para sustituir el párrafo tercero por el siguiente:

<<[...] La Sra. Adela presentó escrito ante la Inspección de Trabajo por el que denunciaba su situación. La inspectora actuante, tras entrevistarse con ella y con la Sra. Verónica, realizar las correspondientes actuaciones, y constatar que la trabajadora reclamante, además de ser Promotora de Igualdad de Oportunidades era Vicepresidenta de la Asociación/Empresa y de que la misma fue despedida de la empresa con fecha 29-3-2024 en virtud de un despido disciplinario tras el correspondiente Expediente Contradictorio y las Alegaciones formuladas por Dña. Adela, consideró que no procedía actuación alguna, sin perjuicio de que un posterior pronunciamiento judicial en el orden social pudiera reactivar las actuaciones inspectoras.>>.

Con este nuevo texto propuesto para el hecho probado decimoquinto la parte recurrente pretende completar la interpretación del informe de la Inspección de Trabajo que descarta actuaciones, sin perjuicio de que un posterior pronunciamiento judicial pudiera reactivar la actividad inspectora. En realidad, el nuevo texto no añade nada sustancial y trascendente al original y, por otro lado, los informes de la Inspección de Trabajo no son documentos adecuados para la revisión del relato de hechos probados en el recurso de suplicación. Por ello, la Sala rechaza la revisión del hecho probado decimoquinto propuesto por la Asociación recurrente.

OCTAVO:La última revisión del relato histórico lo centra la parte recurrente en el ordinal decimonovenopara el que propone la siguiente redacción alternativa:

<>.

La Asociación recurrente quiere explicar con la ampliación del hecho probado decimonoveno que la cancelación de la cuenta bancaria fue consecuencia de la gestión económica deficiente de la demandante. Pero ni los audios que cita ni la declaración de una de las testigos (ambos inhábiles para la revisión del relato de hechos probados) pueden, sin acudir a deducciones o hipótesis, acreditar lo que manifiesta la parte recurrente respecto a la gestión deficiente de la subvención por parte de la trabajadora demandante.

NOVENO:A la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia impugnada le dedica la Asociación recurrente el motivo final del recurso en el que, con el amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción del artículo 42 del Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social, de los artículos 55.1 y 68 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 7 del Convenio 158 de la OIT.

De entrada, debemos dejar constancia de que este motivo por sí solo es insuficiente para estimar el recurso en el que la recurrente pide que se declare la procedencia del despido de la trabajadora. Y ello porque, aunque declarásemos formalmente correcto el expediente contradictorio faltaría otro motivo de recurso en el que la recurrente denunciase la vulneración en la sentencia impugnada, por no aplicación, de las normas legales (Estatuto de los Trabajadores) y convencionales (Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social) que tipifican las conductas sancionables con el despido. Al omitir la Asociación recurrente ese motivo de recurso, éste queda incompleto y solo la Sala, perdiendo su imparcialidad, podría construirlo de oficio para llegar a la conclusión de la procedencia del despido que pretende la recurrente en el suplico del escrito de interposición. Aun así, analizaremos siquiera brevemente la argumentación expuesta por la recurrente.

El artículo 42 del Convenio Colectivo de aplicación establece en sus párrafos tercero y siguientes: "Para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de expediente disciplinario informativo.

Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta. De este expediente se dará traslado y solicitará la colaboración del comité de empresa o delegados y delegadas de personal, y a la sección sindical si la empresa tuviera comunicación fehaciente de su afiliación o si lo solicitara el afectado o afectada, para que, ambas partes y en el plazo de seis días naturales, puedan manifestar a la empresa lo que consideren conveniente para el esclarecimiento de los hechos.

En el caso de faltas muy graves la empresa podrá imponer la suspensión de empleo de modo cautelar, y se suspende el plazo de prescripción de la infracción mientras dure el expediente siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de tres meses, a partir de la incoación del pliego de cargos, sin mediar culpa del trabajador expedientado o trabajadora expedientada.

Transcurrido el plazo de seis días naturales y aunque el comité, los delegados y delegadas, la sección sindical o el trabajador y trabajadora no hayan hecho uso del derecho que se les concede a formular alegaciones, se procederá a imponer al trabajador o trabajadora la sanción, en su caso, que se estime oportuna, de acuerdo a la gravedad de la falta y lo estipulado por el presente convenio.

Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la imposición de sanciones graves y muy graves, cuando se trate de miembros del comité de empresa, delegados y delegadas de personal o delegados o delegadas sindicales, tanto si se hallan en activo de sus cargos sindicales como si aún se hallan en el período reglamentario de garantías.

El incumplimiento de cualquiera de los trámites del presente artículo, únicamente en los procedimientos de imposición de sanciones por parte de la empresa, debe dejar nula la efectividad de la sanción, así como la calificación de la misma.>>.

Lo que exige este precepto convencional es que el expediente disciplinario informativo se incoe remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta. Es en este punto en el que la recurrente muestra su discrepancia con la sentencia impugnada, en concreto con su fundamento de derecho tercero. En este apartado la magistrada de instancia razona que en el presente caso se tramitó el preceptivo expediente contradictorio para la imposición de la máxima sanción por falta muy grave, si bien no se cumplió con la finalidad convencional prevista: informar a la trabajadora, aun de modo sucinto, de los hechos que se le imputaban.

Por el contrario, la Asociación recurrente defiende la validez del expediente contradictorio, argumentando, en síntesis, que el escrito de comunicación contenía referencias al marco normativo infringido, tales como el deber de buena fe contractual o los principios internos de la entidad, pero también incluía una descripción sucinta aunque concreta de los hechos que motivaban la incoación del expediente; que la trabajadora conocía los hechos ya que presentó alegaciones y pruebas y mantuvo una defensa coherente en sede judicial; y que no hubo indefensión real, sino solo defectos formales. La sentencia incurre en un exceso de rigor formal al afirmar que el expediente contradictorio se limita a un "encuadre del derecho infringido". Y con apoyo en varias sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia alega la recurrente que lo exigible en estos procedimientos no es una redacción jurídica exhaustiva ni una calificación penal o técnica de los hechos, sino una exposición clara, comprensible y suficiente de las conductas reprochadas, que permita al trabajador conocerlas y defenderse de modo eficaz.

El expediente disciplinario informativo regulado en el Convenio Colectivo aplicable consiste esencialmente en la realización de una serie de trámites en los que se ha de dar noticia al expedientado de los hechos que se le imputan y también se le ha de dar la oportunidad de contestar a tales imputaciones, así como que lo que exige e impone la naturaleza y fines de este expediente es que el afectado conozca los hechos que se le imputan y pueda formular las pertinentes alegaciones en contra, amén de que se oiga a los demás miembros del Comité o Delegados de personal (así lo ha dicho el Tribunal Supremo en lo referido a las sanciones a los representantes de los trabajadores, sentencia de 25 de septiembre de 20212, Rec. 4085/11, aplicable al caso por analogía). En el caso concreto la Asociación ahora recurrente tramitó el expediente exigido por el Convenio Colectivo si bien la exposición de los hechos imputados a la trabajadora (hecho probado decimotercero) fue un tanto escasa y parca en comparación con los extensamente narrados con posterioridad en la carta de despido, por lo que acierta la magistrada de instancia cuando declara por esa razón formal la improcedencia del despido de la trabajadora demandante.

Esta conclusión impone la desestimación del recurso interpuesto por la Asociación Feministas Bercianas.

II. RECURSO INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE DOÑA Adela

PRIMERO:Al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social plantea la trabajadora recurrente hasta un total de diez revisiones del apartado de hechos probados.

A)La primera de ellas afecta al hecho probado segundopara el que la recurrente propone la siguiente redacción nueva:

<<"Segundo.- Doña Adela, con la aquiescencia de la junta directiva de la asociación, realizó las gestiones necesarias para la solicitud de una subvención pública de la Junta de Castilla y León, convocada en julio de 2023 en el marco de la colaboración con instituciones sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas en orden a la prestación de servicios de interés general y social de la comunidad. Nunca se adquirió el compromiso de la contratación de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Por resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León fechada el 24 de octubre de 2023, la asociación resultó beneficiaria de una ayuda por importe de 41.529,60 euros para la contratación, durante un periodo de seis meses y a jornada completa, de un licenciado, con asignación global de 15.573,60 euros, de un ayudante titulado, con asignación global de 15.573,60 euros, y de un auxiliar administrativo con una asignación global de 10.382,40 euros.

El objetivo de la asociación a subvencionar consistía en la ejecución de un proyecto de asistencia integral a mujeres, menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social en la comarca del Bierzo.

Las bases de la convocatoria de la ayuda pública, que tenemos por íntegramente incorporadas, declaraban no subvencionables las contrataciones formalizadas con quienes ostentasen cargos de dirección o fuesen miembros de los órganos de gobierno o representación de las entidades solicitantes, entidades que serían las encargadas de comprobar.".

Las novedades que plantea la recurrente para este hecho probado segundo consisten en añadir un inciso al párrafo primero y en suprimir parte del párrafo cuarto y la totalidad del quinto y del sexto. Desde luego el proyecto de la subvención y el expediente aportado como documento 19 de la contestación a la demanda no permiten a la Sala ni suprimir los tres últimos párrafos del hecho probado segundo, ni tampoco incluir un inciso redactado en forma negativa. Por ello, este primer motivo del recurso resulta desestimado.

B)La segunda revisión propuesta por la recurrente consiste en modificar el hecho probado terceroen el sentido siguiente:

<En la asamblea general de la asociación el 29 de Noviembre de 2023, se cambió a la secretaria y no se nombró vicepresidenta, cargo que la Sra. Adela, comunicándolo expresamente a aquella dejó de ejercer, tanto formalmente como materialmente,a fin de poder acceder a una de las tres contrataciones objeto de la subvención, y no haber un conflicto de intereses entre su cargo en la asociación y su condición de empleada.>>.

La modificación -resaltada en letra negrita- la extrae la recurrente del bloque documental núm. 5 aportado por ella misma al acto del juicio. Sin embargo, ese soporte no es adecuado porque es el mismo que le ha servido a la magistrada para redactar el hecho controvertido según comprobamos en el fundamento de derecho primero. Pero, además, la magistrada cita otros apoyos documentales (docs. 68 a 72 y 78 y 79) y testificales (declaración de doña Verónica, Presidenta de la Asociación), conque no solo la recurrente trata de sustituir por la suya propia la interpretación judicial de un documento, sino que el ordinal tercero dispone de una amplia base probatoria. Razones estas que nos llevan a desestimar esta segunda revisión planteada por la recurrente.

C)A continuación, la recurrente propone a la Sala la modificación del hecho probado quinto,con el siguiente tenor literal:

< Doña Adela, con el visto bueno de la junta directiva de la asociación, se postuló a uno de los tres puestos de trabajo subvencionados. Una vez concluido el término y no habiéndose postulado ninguna otra candidata, la junta directiva asignó los puestos a las tres postulantes. Para ello, se suscribió un contrato temporal de seis meses, por el periodo de 22 de Diciembre de 2023 a 30 de Junio de 2024, con categoría profesional de ayudante titulado, como promotora de igualdad de oportunidades y con sujeción al Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social.

Se fijó un salario de 2.100,00 euros al mes, incluidos todos los conceptos.

A tenor del contenido de las bases de la subvención y del mandato de las mismas que exigía que una de las contrataciones se formalizasen dentro del año 2023, la junta directiva decide contratar a la Sra. Adela el día 22 de Diciembre del propio 2023.

Empleó para su trabajo su propio ordenador portátil y cedió el uso de un terminal telefónico de su propiedad, para que pudiera ser utilizado por la asociación a través de una tarjeta SIM de ésta.

Creó la cuenta de correo electrónico de la asociación a la que vinculó su número de teléfono y su correo personal el 5 de Febrero del 2021, y es éste el que se vino utilizando durante la relación laboral.

El 14 de Enero de 2024 adquirió a través de la plataforma Amazon tres memorias USB por importe de 24,09 euros y un teclado por el precio de 11,99 euros para su uso laboral.>>.

Esta rectificación del hecho probado quinto no puede resultar exitosa porque la recurrente no cita documento o pericia que le sirva de soporte, ya que se limita a alegar que no hay soporte probatorio para las afirmaciones entendidas como "probadas" para con la "asignación" del puesto de la Sra. Adela y para la creación del correo electrónico que tiene una antigüedad mayor incluso que la antigüedad de la Sra. Presidenta en la propia Asociación. Incumple así la exigencia establecida en los artículos 193.b) y 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de que en la revisión de los hechos probados se identifique el documento o pericia en que se base.

D)En el siguiente apartado la parte recurrente pide a la sal la modificación del hecho probado séptimo,que quedaría redactado así:

<Para proceder a la contratación de gente próxima a la asociación, doña Adela, doña Andrea y otra de las socias de la entidad, doña Florinda, se pusieron en contacto con la también socia doña Ruth, quien perceptora de ingreso mínimo vital, podría ser una candidata para uno de los puestos de trabajo ofertados.

Con motivo de la redacción de la solicitud de la subvención, y tras una conversación para con los requisitos del puesto de trabajo, le informaron que podría reunir los requisitos para uno de los puestos de trabajo y para poder ser contratada en la asociación como encargada del servicio de docencia, y de que, el contrato laboral sería a jornada completa, en horario partido a prestar de lunes a viernes, mediante trabajo a distancia por la mañana y presencial por las tardes. Doña Ruth mostró su interés por la contratación.

A este respecto y por conveniencia puramente personal de la Sra. Ruth, para no renunciar al trabajo que tenía a media jornada sin encontrarse dada de alta en los servicios pertinentes, Dª. Ruth se mostró interesada en cotizar por jornada completa durante los 6 meses de duración del contrato, si bien al trabajar únicamente 4 horas, propuso donar la mitad de su salario a la asociación para poder costear un local por la misma.

Doña Adela, doña Andrea y doña Florinda le aclararon que este local era imprescindible para realizar las labores de la propia asociación y que se constituyese como sede para la misma, todo ello al objeto de la posible percepción de la subvención.

Doña Ruth preguntó entonces por sus condiciones de trabajo y realizó varias propuestas. En este sentido, se consensuó por parte de todas las presentes, que debía cobrar la mitad del importe correspondiente a su puesto de trabajo, por trabajar la mitad de su jornada, es decir, 900,00 euros.

Finalmente, la Sra. Ruth manifestó que tenía que cobrar 1.000,00 euros y con este importe las partes aceptaron las propuestas.

En enero de 2024, doña Ruth comenzó su prestación de servicios, tras el visto bueno en junta directiva. La Sra. Ruth donó a la asociación 200 euros a través de transferencia y quiso entregar a la Sra. Adela 520 euros, a lo cual ella se negó por ser dinero de la asociación y, una vez dejado en el despacho, Dª. Adela lo guardó en un folio pegado con celo debajo de la mesa de su despacho. Esto se constató el 19 de marzo del 2024 cuando miembros de la asociación recuperaron el sobre con el dinero en efectivo que se había depositado anteriormente.

En febrero de 2024 y motu proprio la Sra. Ruth decidió que iba a dejar de donar importe alguno a la asociación, excusándose en la falta de mejoras del local en el que se encontraba y se prestaban servicios. Sin manifestárselo a ningún miembro de la Asociación, Dª. Ruth decidió comunicárselo a la presidente de la asociación, la Sra. Verónica.>>.

La recurrente alega que los cambios propuestos se constatan de la propia declaración de la Sra. Ruth y de las transcripciones de unos audios de WhatsApp. Sin embargo, tanto la declaración como los audios de WhatasApp no son pruebas aptas para la revisión de los hechos probados en el recurso de suplicación ( sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2025, Rec. 66/23), por lo que es inviable la revisión propuesta del ordinal séptimo, propuesta por la parte recurrente.

E)Seguidamente, la parte recurrente interesa de la Sala la modificación del hecho probado octavo,con el siguiente tenor literal:

<A lo largo del desempeño laboral la Sra. Adela gestionó su agenda, a la que puntualmente daba cuenta y coordinaba con la auxiliar administrativa de la asociación, Dª. Magdalena.

Doña Adela, así mismo, realizó las labores de asesoramiento, acompañamiento y apoyo integral a las mujeres que demandaban los servicios de la asociación, así como, cuando se precisaba, la derivación a otros servicios.También organizó eventos junto con doña Verónica con la que tuvo muy buena relación hasta finales de febrero de 2024.

A principios de enero de 2024, la Sra. Adela se puso en contacto con la Sra. Verónica mediante Whatsapp para informarle de que se encontraba mal de salud, por lo que ésta le indicó que descansara. Doña Adela mantuvo reposo durante 24h en su domicilio. Ello se realizó aprovechando la coyuntura de la decisión de la junta directiva de que todas las trabajadoras desempeñasen sus funciones con trabajo "a distancia" los primeros quince días de enero."

El 7 de Febrero posterior doña Adela desaconsejó a doña Verónica la realización de un video o unas fotos de doña Ruth y su sección para subirlos a las redes sociales porque ésta no daba buena imagen, al haber estado intoxicada con marihuana en anteriores ocasiones, y haberse percatado varias socias así como diferentes asistentes sobre este suceso e intoxicación.

La falta de diligencia profesional de doña Magdalena, causa distensiones entre ellas que fueron en aumento, por lo que, el 13 de marzo de 2024 doña Magdalena solicitó a doña Verónica que le concediera el derecho al trabajo a distancia los días 14 y 15 de Marzo para no coincidir con la Sra. Adela.

El 15 de Marzo de 2024, como consecuencia de una negligente actuación de doña Magdalena, doña Adela no atendió a una usuaria de la asociación, aspecto que aclaró con ella por teléfono y con la que agendó otra cita.

El 24 de Marzo posterior, jornada en que doña Adela se encontraba en reposo de 24 horas por prescripción médica, doña Verónica y doña Adela mantuvieron una discusión telefónica por la falta de atención a aquella usuaria.>>.

La misma razón que dimos para desestimar la revisión del hecho probado precedente la reiteramos aquí por cuanto que los cambios que propone la recurrente se basan en las declaraciones de doña Magdalena en el plenario y en mensajes de WhatsApp.

F)La siguiente revisión interesada de la Sala por la recurrente incide en el hecho probado noveno,el cual quedaría redactado así:

<La Sra. Adela, trató con Asesoría Farpón S.L., empresa contratada por Asociación Feministas Bercianas para la llevanza de gestión laboral, todos los asuntos relativos a esta materia, incluido el salario que en la base de la subvención debía percibir cada trabajadora asignada al propio puesto de trabajo. Siguiendo el contenido de las bases, se concedió a la Asociación 15.573,60 euros por doña Adela, 15.573,60 euros por parte de doña Ruth y 10.382,40 euros por pate de doña Magdalena, todo ello correspondientes al salario y coste de la empresa; ascendiendo el total a los 41.529,60 euros solicitados.

Las nóminas de las trabajadoras eran abonadas mediante transferencia bancaria con la firma mancomunada de al menos de dos de las tres siguientes autorizadas: doña Adela, doña Verónica y doña Adelaida, quien asumió el cargo de tesorera de la asociación hasta el 5 de Marzo de 2024, fecha en que presentó su renuncia debido al mal ambiente que se había generado. Permaneció en funciones hasta que se designara nueva tesorera.

A partir del 13 de Marzo de 2024, doña Verónica asumió la interlocución con la asesoría.

El 24 de Abril, tras consultar con las responsables de la Asociación Mujeres Progresistas sobre la forma en que se calculaban las cuotas de la Seguridad Social y los correspondientes Seguros Sociales, la Sra. Verónica envió un correo cuyo texto completo damos por reproducido, a través del cual ponía de manifiesto el descuadre entre el importe a percibir de la subvención (41.529,60 euros) y el gasto generado por las cuotas de la Seguridad Social y los Seguros Sociales a cargo de la empresa (46.272,13 euros) y se interesó su recalculo en el remanente del periodo de tiempo que durase la relación laboral para el encuadre dentro del importe concedido.>>.

La recurrente sostiene que los hechos probados son manifiestamente erróneos desde un punto de vista estrictamente fáctico, ya que el problema nunca fueron las nóminas, sino el mal cálculo de los importes a abonar por la Seguridad Social. Añade que tampoco son ciertos los importes que se reflejan tal como se puede cotejar en el bloque documental núm. 4, donde se detallan los importes a percibir.

La Sala considera que la simple alegación del error, acompañada del documento mencionado, no es suficiente para modificar totalmente el hecho probado noveno en el sentido que pretende la recurrente.

G)A continuación, la parte recurrente solicita de la Sala la modificación del hecho probado decimoprimero,para que quede redactado con el siguiente tenor literal:

<El 13 de Marzo se celebró una asamblea extraordinaria de la Asociación Feministas Bercianas. En ella se abordó el tema de la expulsión de las socias Adela, Florinda y Constanza y, con efectos retroactivos, de Andrea.

Fueron escuchadas las alegaciones de doña Florinda, doña Constanza y doña Adela, aunque con numerosas interrupciones e incluso desprecios. La Sra. Adela explicó que doña Ruth no le llegó a entregar nunca a ella los 520 euros en efectivo, y que ella nunca se apropió ni hizo suyo ese dinero, que aun se encontraba donde se dispuso, en su despacho, dentro de un folio doblado y pegado con celo. Acompañada de varias de las asistentes a la reunión, doña Adela se dirigió a su despacho y Dª. Adelaida, otra socia, lo buscó, lo encontró y se lo enseñó y entregó a la junta directiva, que se encontraba allí presente.

En el acta de la reunión cuyo contenido completo tenemos por integrado se acordó la expulsión de la asociación de Adela, Florinda, Constanza y, con efectos retroactivos, de Andrea.

El 15 de Marzo posterior, Bierzo Diario publicó una noticia bajo el titular "Feministas Bercianas expulsa de manera fulminante a tres socias por una presunta extorsión" y Bierzo Tv Media & Comunicación hizo lo propio en términos "Feministas Bercianas expulsa de forma inmediata a Adela y Florinda.>>.

Esta modificación del ordinal decimoprimero que nos propone la recurrente también es inviable porque no se basa en documentos o pericias obrantes en autos ( artículo 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sino en las declaraciones de dos testigos, las cuales son inhábiles para el fin pretendido.

H)El siguiente hecho probado que quiere modificar la parte recurrente es el decimosegundopara el que solicita añadir los siguientes párrafos:

<

La propia asociación es consciente de la ilegalidad e improcedencia del despido realizado a doña Adela por la consulta realizada por una de las testigos, doña Ruth, que se encuentra fuertemente vinculada al ámbito sindical en Ponferrada.>>.

La recurrente se basa en el acta de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación demandada celebrada el día 19 de marzo de 2024. Pero el texto que propone a este Tribunal no se corresponde con el tenor literal de tal documento, sino que constituye una interpretación y/o una valoración del mismo, lo que impide su acceso al relato de hechos probados.

I)En el siguiente apartado de este motivo de recurso la parte recurrente insta de la Sala la rectificación del hecho probado decimoquinto,con el siguiente tenor literal:

<Asimismo, doña Adela promovió ante el departamento de recursos humanos de Asociación Feministas Bercianas la apertura de un expediente contra al acoso frente a doña Verónica. Su solicitud fue recibida por doña Magdalena.

El expediente no fue tramitado. La empresa carecía de departamento de recursos humanos.

A su vez, la Sra. Adela presentó escrito ante la Inspección de Trabajo por el que denunciaba su situación. La inspectora actuante, tras entrevistarse únicamente con la Sra. Verónica, no inició ningún tipo de actuación.>>.

El abogado de la recurrente alega que nadie nunca, se reunió con su representada, ni siquiera la llamaron, sin que se refleje esto en ninguna parte del informe de la Inspección de Trabajo.

Al contrario de lo que afirma el abogado de la recurrente, en el informe de la Inspección de Trabajo (doc. 34 de los aportados por la empresa) la Inspectora actuante hace constar expresamente que el 25/04/2023 realizó una visita a la sede de la Asociación demandada, en la cual mantuvo una entrevista con la trabajadora a la que requirió diversa documentación. Por tanto, no ha lugar a admitir la modificación del ordinal decimoquinto, interesada por la recurrente.

J)Seguidamente, el abogado de la recurrente solicita del Tribunal la revisión del hecho probado decimosextopara añadirle el siguiente párrafo, penúltimo:

<<[...] Queda acreditado que doña Verónica y otras miembros de la Asociación Feministas Bercianas carecían de la información necesaria para proceder a realizar el despido, por lo que, cualquier información de la cual no tenían, se la inventaban [...].>>.

El apoyo que recaba la parte recurrente para insertar un penúltimo párrafo en el hecho probado decimosexto es inadecuado por cuanto que no consiste en documento o pericia obrantes en autos ( artículos 193.b y 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sino en la declaración de la Presidenta de la Asociación en el acto del juicio.

SEGUNDO:El motivo segundo del escrito de interposición lo plantea la parte recurrente para que la Sala examine la infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

I.- En primer lugar, la recurrente alega la infracción del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con los artículos 96 y 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Lo primero que hace la recurrente es relatar su versión de los hechos, que no coincide con la que la magistrada refiere en los que declara probados y de la que, por tanto, no puede partir la Sala.

A continuación, trata de la inversión de la falta de la prueba sensu contrario,por la inversión de la carga de la prueba en atención a los más que racionales indicios de vulneración de derechos fundamentales. Para la recurrente existen indicios fundados de la vulneración de los derechos fundamentales a la indemnidad y dignidad y a la salud, siendo la empresa la que tiene la obligación de acreditar que esas situaciones no se han producido. Sigue razonando la recurrente que en este caso no solamente no se ha acreditado ni siquiera mínimamente que el despido se produjo por causas justificadas, menos aún que no ha existido esta vulneración de derechos fundamentales alegados en el cuerpo de la demanda y ratificados en el acto del juicio. Nada de esto se ha acreditado, según la recurrente, es más, la sentencia da validez a sus argumentos para con la improcedencia del despido, sentando la falsedad de las premisas acontecidas en la carta de despido.

En este momento del razonamiento la recurrente no cita ni un solo indicio del que pudiera resultar la vulneración de sus derechos fundamentales. También es imposible encontrarlos en el relato de hechos probados. Cierto es que en un apartado posterior la recurrente tiene como acreditados y pacíficos unos hechos (impedimento para el normal ejercicio del trabajo, situación de acoso y derribo, etc.) que tampoco están entre los probados. Por ello, no resulta acreditado que el motivo del despido fuese la represalia a la trabajadora recurrente por parte de la empresa para proceder, a toda costa y bajo cualquier rúbrica, a su despido impidiéndole trabajar, llegando a sufrir una agresión, impidiéndole la asistencia a las víctimas o mujeres en situación de vulnerabilidad y no permitiéndole acceder a la propia Asociación. Todo esto son, en efecto, alegaciones de la trabajadora recurrente que no disponen de ningún tipo de soporte en el relato de hechos probados y no pueden, consecuentemente, servir ni como indicio ni de apoyo para la decisión del recurso.

II.- Infracción del artículo 4 del Estatuto de los trabajadores , en relación con los artículos 45 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007 así como de los artículos 10 , 14 y 1 5 de la Carta Magna .

En este punto la recurrente da por reproducidos los argumentos del expositivo anterior, referentes a las vulneraciones reseñadas.

Lo mismo hace la Sala remitiéndose a lo razonado en el apartado I.

III.- De la infracción del art. 42 del Convenio Colectivo de aplicación, que implica la nulidad del despido.

En este apartado la recurrente aduce que el contenido del pliego de cargos simplemente consistió en un "corta/pega" de los supuestos calificados como muy graves, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del Convenio Colectivo de acción e intervención social 2022-2024. En esa norma convencional se establece, en lo que aquí importa, que para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de expediente disciplinario informativo. Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta.

Al resolver el motivo de recurso que la empresa dedica a la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia dijimos: "...El expediente disciplinario informativo regulado en el Convenio Colectivo aplicable consiste esencialmente en la realización de una serie de trámites en los que se ha de dar noticia al expedientado de los hechos que se le imputan y también se le ha de dar la oportunidad de contestar a tales imputaciones, así como que lo que exige e impone la naturaleza y fines de este expediente es que el afectado conozca los hechos que se le imputan y pueda formular las pertinentes alegaciones en contra, amén de que se oiga a los demás miembros del Comité o Delegados de personal (así lo ha dicho el Tribunal Supremo en lo referido a las sanciones a los representantes de los trabajadores, sentencia de 25 de septiembre de 20212, Rec. 4085/11 , aplicable al caso por analogía). En el caso concreto la Asociación ahora recurrente tramitó el expediente exigido por el Convenio Colectivo si bien la exposición de los hechos imputados a la trabajadora (hecho probado decimotercero) fue un tanto escasa y parca en comparación con los extensamente narrados posteriormente en la carta de despido, por lo que acierta la magistrada de instancia cuando declara por esa razón formal la improcedencia del despido de la trabajadora demandante.".Añadiremos ahora que en el mismo artículo 42 del Convenio Colectivo se dispone que el incumplimiento de cualquiera de los trámites del presente artículo, únicamente en los procedimientos de imposición de sanciones por parte de la empresa, debe dejar nula la efectividad de la sanción, así como la calificación de la misma.Lo que ocurre es que en este caso la empresa sí ha cumplido los trámites del expediente contradictorio previo, por más que la comunicación inicial haya sido defectuosa, lo que no equivale a la omisión del trámite a los efectos de la declaración de nulidad, siendo más correcta la improcedencia, reservada por el artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores para aquellos supuestos de defectos formales en la comunicación.

A esta misma conclusión llega la magistrada de instancia en el fundamento de derecho cuarto cuyo razonamiento comparte la Sala.

IV.- De la infracción del art. 25 apartado 1 y 2 LRJS en cuanto al contenido de la demanda y su ratificación en sede judicial.

Este apartado versa sobre la reclamación de 517,79 € (más intereses del 10%) solicitada por la demandante en fase de conclusiones. Según la magistrada la cuestión no fue objeto de alegación en el trámite de réplica concedido en el acto de la vista, por lo que su simple valoración generaría indefensión a la contraparte.

Se opone la recurrente alegando que reclamó dicha cantidad en la demanda y habiéndola ratificado en el acto del juicio e interesando el recibimiento del pleito a prueba, de contrario no se realiza manifestación alguna para con esa cantidad, por lo que no es controvertida su aceptación. Al no ser controvertida y, por ende, aceptada tácitamente, no se produjo trámite de réplica alguno porque esta materia no fue objeto de la propia contestación.

Es cierto que la hoy recurrente en el expositivo octavo de su demanda se refiere a la cantidad que ahora reclama, pero no lo es menos que en el suplico no pide condena alguna por tal concepto. Por otro lado, en los hechos probados no aparece ninguna referencia a dicha cantidad, por lo que la Sala ignora en qué concepto la reclama la recurrente. Y, por último, ésta no cita como infringida ninguna norma sustantiva -solo menciona normas procesales- que pueda justificar jurídicamente la condena a su pago a la empresa demandada.

TERCERO:La recurrente enuncia un motivo final del recurso, amparado en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social "para que la Sala examine el contenido de la vista para con la ratificación de al(sic) demanda por el Letrado que suscribe y todas sus pretensiones".

La recurrente da por reproducido el expositivo IV, motivo segundo, para con el presente motivo tercero, en cuanto a la situación de indefensión del artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

No se entiende muy bien cuál es la intención de la recurrente al formular este motivo de recurso final por cuanto que no pide la nulidad de lo actuado, ni tampoco de la sentencia, que sería el fin normal y ordinario del objeto del recurso de la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En todo caso, nos remitimos a lo ya razonado en el apartado inmediatamente anterior.

III.- DE LAS COSTAS PROCESALES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan, a los meros efectos de la condena en costas y sin prejuzgar los que contractualmente correspondan al mismo por la relación con su cliente, en 600 euros más IVA. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO:La sentencia del Juzgado de lo Social Nº1 de Ponferrada que ahora es objeto de un doble recurso de suplicación por la trabajadora demandante y por la Asociación demandada estimó la pretensión subsidiaria de la demanda interpuesta por aquélla y declaró improcedente su despido causado con efectos de 29 de marzo de 2024, condenando a la demandada a asumir las consecuencias legales de tal declaración. Al mismo tiempo, desestimó la demanda reconvencional formulada por la Asociación demandada contra doña Adela.

Frente a la referida sentencia se alzan en suplicación ambas partes formulando sendos escritos de interposición con varias rectificaciones fácticas y censuras jurídicas.

I.- RECURSO FORMULADO POR LA ASOCIACIÓN FEMINISTAS BERCIANAS.

PRIMERO:Al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social formula la empresa demandada el motivo inicial de recurso de los contenidos en su escrito de interposición con el objeto de modificar el hecho probado primero,el cual quedaría redactado en los siguientes términos:

<>.

La empresa recurrente pretende con la nueva redacción del ordinal primero modificar la cronología de la constitución de la Asociación Feministas Bercianas, la aprobación de estatutos, y el nombramiento para el cargo de Vicepresidenta de la demandante desde 2021, no desde 2023. La Sala entiende que esta nueva redacción del ordinal primero propuesto por la empresa ahora recurrente es irrelevante para los fines del recurso, dado que el objeto del mismo es la calificación del despido impuesto a la actora para lo que carece de importancia la fecha de registro de la Asociación y la de aprobación de los estatutos.

SEGUNDO:Con el mismo amparo procesal pretende la empresa recurrente modificar el hecho probado segundopara el que propone la siguiente redacción nueva:

<>.

También pretende la recurrente que se incorpore el siguiente texto: <>.

La parte recurrente acude a un total de diez documentos para justificar este nuevo texto del hecho probado segundo cuyo texto original, según la magistrada explica en el fundamento de derecho primero, no ha sido discutido y que resulta del bloque documental núm. 2 de la empresa. Pues bien, solo una valoración conjunta de los citados documentos podría permitir la incorporación de la redacción nueva que para el ordinal segundo propone la empresa recurrente. Pero ello excede del cometido de la Sala en el recurso extraordinario de suplicación, ya que la valoración de la prueba le corresponde a la juzgadora de instancia a tenor de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Finalmente, el texto que propone la recurrente incurre em unas valoraciones subjetivas incluyendo conceptos jurídicos, propios de los motivos de recurso destinados a la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia impugnada y no de los de revisión fáctica.

TERCERO:En el siguiente motivo del recurso la parte recurrente pretende la modificación de parte del hecho probado tercerode la sentencia para que conste lo siguiente:

<>.

Solicita, además, que se incorpore el siguiente texto: <>.

La Asociación recurrente quiere dejar constancia de que doña Adela se eliminó del Registro de Asociaciones como Vicepresidenta sin conocimiento de la Junta, manteniendo de facto el cargo hasta su cese oficial el 13 de marzo de 2024. En realidad, lo que suscita la recurrente no se diferencia sustancialmente de lo que ya consta en la redacción original del hecho probado tercero en el que se dice que la actora dejó de ejercer formalmente como Vicepresidenta, pero siguió asumiendo las labores propias de ese cargo hasta el 13 de marzo de 2024. Por otra parte, el segundo texto que quiere añadir la recurrente tiene un importante contenido valorativo que responde a deducciones y conjeturas, además de incluir algún razonamiento jurídico como ocurre con la referencia a la contravención de los requisitos de elegilibidad de las bases de la convocatoria de la subvención regulada por la Orden EEI/827/2019.

CUARTO:El siguiente hecho probado que la recurrente quiere modificar es el cuartopara el que propone a la Sala el siguiente texto nuevo:

<>.

Lo que pretende incluir la recurrente consta en el último inciso en el que afirma que la trabajadora mintió sobre su formación, alegando tener másteres que no constan documentalmente. Tal afirmación es una deducción que la recurrente extrae de un audio que no es propiamente un documento hábil para la revisión fáctica en el recurso de suplicación y que, desde luego, no acredita que la empleadora incurriese en un error sobre su cualificación al formalizar la contratación de doña Adela. Por ello, la Sala no acepta la modificación de este hecho probado cuarto en el sentido propuesto por la recurrente.

QUINTO:A continuación, la recurrente insta de la Sala la sustitución del texto del hecho probado quintopor el siguiente:

<>.

Este nuevo texto del ordinal quinto tampoco lo acepta la Sala porque consiste en deducciones, hipótesis y conjeturas -inasumibles en el recurso de suplicación- extraídas por la recurrente de un total de siete documentos, de los hechos probados segundo, tercero y noveno y de la declaración testifical de la Presidenta de la Asociación.

SEXTO:En el motivo de recurso siguiente la parte recurrente pide a la Sala la modificación del hecho probado décimo,que quedaría redactado así:

<>.

En esta nueva redacción del hecho probado décimo la parte recurrente narra el bloqueo del correo institucional y otros recursos digitales por parte de la trabajadora antes y después de su despido. Pero el texto incurre en el mismo defecto que los anteriores, esto es, no responde al tenor literal de ningún documento, sino que consiste en la elaboración de deducciones e hipótesis partiendo de un total de ocho documentos. La valoración conjunta de tales documentos -tarea que le corresponde a la juzgadora de instancia según el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- sería imprescindible para que la Sala pudiera acceder a la pretensión de la recurrente, lo que no es posible por exceder de sus competencias en el recurso extraordinario de suplicación.

SÉPTIMO:El siguiente hecho probado que quiere modificar la parte recurrente es el decimoquinto,en concreto, para sustituir el párrafo tercero por el siguiente:

<<[...] La Sra. Adela presentó escrito ante la Inspección de Trabajo por el que denunciaba su situación. La inspectora actuante, tras entrevistarse con ella y con la Sra. Verónica, realizar las correspondientes actuaciones, y constatar que la trabajadora reclamante, además de ser Promotora de Igualdad de Oportunidades era Vicepresidenta de la Asociación/Empresa y de que la misma fue despedida de la empresa con fecha 29-3-2024 en virtud de un despido disciplinario tras el correspondiente Expediente Contradictorio y las Alegaciones formuladas por Dña. Adela, consideró que no procedía actuación alguna, sin perjuicio de que un posterior pronunciamiento judicial en el orden social pudiera reactivar las actuaciones inspectoras.>>.

Con este nuevo texto propuesto para el hecho probado decimoquinto la parte recurrente pretende completar la interpretación del informe de la Inspección de Trabajo que descarta actuaciones, sin perjuicio de que un posterior pronunciamiento judicial pudiera reactivar la actividad inspectora. En realidad, el nuevo texto no añade nada sustancial y trascendente al original y, por otro lado, los informes de la Inspección de Trabajo no son documentos adecuados para la revisión del relato de hechos probados en el recurso de suplicación. Por ello, la Sala rechaza la revisión del hecho probado decimoquinto propuesto por la Asociación recurrente.

OCTAVO:La última revisión del relato histórico lo centra la parte recurrente en el ordinal decimonovenopara el que propone la siguiente redacción alternativa:

<>.

La Asociación recurrente quiere explicar con la ampliación del hecho probado decimonoveno que la cancelación de la cuenta bancaria fue consecuencia de la gestión económica deficiente de la demandante. Pero ni los audios que cita ni la declaración de una de las testigos (ambos inhábiles para la revisión del relato de hechos probados) pueden, sin acudir a deducciones o hipótesis, acreditar lo que manifiesta la parte recurrente respecto a la gestión deficiente de la subvención por parte de la trabajadora demandante.

NOVENO:A la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia impugnada le dedica la Asociación recurrente el motivo final del recurso en el que, con el amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción del artículo 42 del Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social, de los artículos 55.1 y 68 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 7 del Convenio 158 de la OIT.

De entrada, debemos dejar constancia de que este motivo por sí solo es insuficiente para estimar el recurso en el que la recurrente pide que se declare la procedencia del despido de la trabajadora. Y ello porque, aunque declarásemos formalmente correcto el expediente contradictorio faltaría otro motivo de recurso en el que la recurrente denunciase la vulneración en la sentencia impugnada, por no aplicación, de las normas legales (Estatuto de los Trabajadores) y convencionales (Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social) que tipifican las conductas sancionables con el despido. Al omitir la Asociación recurrente ese motivo de recurso, éste queda incompleto y solo la Sala, perdiendo su imparcialidad, podría construirlo de oficio para llegar a la conclusión de la procedencia del despido que pretende la recurrente en el suplico del escrito de interposición. Aun así, analizaremos siquiera brevemente la argumentación expuesta por la recurrente.

El artículo 42 del Convenio Colectivo de aplicación establece en sus párrafos tercero y siguientes: "Para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de expediente disciplinario informativo.

Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta. De este expediente se dará traslado y solicitará la colaboración del comité de empresa o delegados y delegadas de personal, y a la sección sindical si la empresa tuviera comunicación fehaciente de su afiliación o si lo solicitara el afectado o afectada, para que, ambas partes y en el plazo de seis días naturales, puedan manifestar a la empresa lo que consideren conveniente para el esclarecimiento de los hechos.

En el caso de faltas muy graves la empresa podrá imponer la suspensión de empleo de modo cautelar, y se suspende el plazo de prescripción de la infracción mientras dure el expediente siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de tres meses, a partir de la incoación del pliego de cargos, sin mediar culpa del trabajador expedientado o trabajadora expedientada.

Transcurrido el plazo de seis días naturales y aunque el comité, los delegados y delegadas, la sección sindical o el trabajador y trabajadora no hayan hecho uso del derecho que se les concede a formular alegaciones, se procederá a imponer al trabajador o trabajadora la sanción, en su caso, que se estime oportuna, de acuerdo a la gravedad de la falta y lo estipulado por el presente convenio.

Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la imposición de sanciones graves y muy graves, cuando se trate de miembros del comité de empresa, delegados y delegadas de personal o delegados o delegadas sindicales, tanto si se hallan en activo de sus cargos sindicales como si aún se hallan en el período reglamentario de garantías.

El incumplimiento de cualquiera de los trámites del presente artículo, únicamente en los procedimientos de imposición de sanciones por parte de la empresa, debe dejar nula la efectividad de la sanción, así como la calificación de la misma.>>.

Lo que exige este precepto convencional es que el expediente disciplinario informativo se incoe remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta. Es en este punto en el que la recurrente muestra su discrepancia con la sentencia impugnada, en concreto con su fundamento de derecho tercero. En este apartado la magistrada de instancia razona que en el presente caso se tramitó el preceptivo expediente contradictorio para la imposición de la máxima sanción por falta muy grave, si bien no se cumplió con la finalidad convencional prevista: informar a la trabajadora, aun de modo sucinto, de los hechos que se le imputaban.

Por el contrario, la Asociación recurrente defiende la validez del expediente contradictorio, argumentando, en síntesis, que el escrito de comunicación contenía referencias al marco normativo infringido, tales como el deber de buena fe contractual o los principios internos de la entidad, pero también incluía una descripción sucinta aunque concreta de los hechos que motivaban la incoación del expediente; que la trabajadora conocía los hechos ya que presentó alegaciones y pruebas y mantuvo una defensa coherente en sede judicial; y que no hubo indefensión real, sino solo defectos formales. La sentencia incurre en un exceso de rigor formal al afirmar que el expediente contradictorio se limita a un "encuadre del derecho infringido". Y con apoyo en varias sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia alega la recurrente que lo exigible en estos procedimientos no es una redacción jurídica exhaustiva ni una calificación penal o técnica de los hechos, sino una exposición clara, comprensible y suficiente de las conductas reprochadas, que permita al trabajador conocerlas y defenderse de modo eficaz.

El expediente disciplinario informativo regulado en el Convenio Colectivo aplicable consiste esencialmente en la realización de una serie de trámites en los que se ha de dar noticia al expedientado de los hechos que se le imputan y también se le ha de dar la oportunidad de contestar a tales imputaciones, así como que lo que exige e impone la naturaleza y fines de este expediente es que el afectado conozca los hechos que se le imputan y pueda formular las pertinentes alegaciones en contra, amén de que se oiga a los demás miembros del Comité o Delegados de personal (así lo ha dicho el Tribunal Supremo en lo referido a las sanciones a los representantes de los trabajadores, sentencia de 25 de septiembre de 20212, Rec. 4085/11, aplicable al caso por analogía). En el caso concreto la Asociación ahora recurrente tramitó el expediente exigido por el Convenio Colectivo si bien la exposición de los hechos imputados a la trabajadora (hecho probado decimotercero) fue un tanto escasa y parca en comparación con los extensamente narrados con posterioridad en la carta de despido, por lo que acierta la magistrada de instancia cuando declara por esa razón formal la improcedencia del despido de la trabajadora demandante.

Esta conclusión impone la desestimación del recurso interpuesto por la Asociación Feministas Bercianas.

II. RECURSO INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE DOÑA Adela

PRIMERO:Al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social plantea la trabajadora recurrente hasta un total de diez revisiones del apartado de hechos probados.

A)La primera de ellas afecta al hecho probado segundopara el que la recurrente propone la siguiente redacción nueva:

<<"Segundo.- Doña Adela, con la aquiescencia de la junta directiva de la asociación, realizó las gestiones necesarias para la solicitud de una subvención pública de la Junta de Castilla y León, convocada en julio de 2023 en el marco de la colaboración con instituciones sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas en orden a la prestación de servicios de interés general y social de la comunidad. Nunca se adquirió el compromiso de la contratación de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Por resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León fechada el 24 de octubre de 2023, la asociación resultó beneficiaria de una ayuda por importe de 41.529,60 euros para la contratación, durante un periodo de seis meses y a jornada completa, de un licenciado, con asignación global de 15.573,60 euros, de un ayudante titulado, con asignación global de 15.573,60 euros, y de un auxiliar administrativo con una asignación global de 10.382,40 euros.

El objetivo de la asociación a subvencionar consistía en la ejecución de un proyecto de asistencia integral a mujeres, menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social en la comarca del Bierzo.

Las bases de la convocatoria de la ayuda pública, que tenemos por íntegramente incorporadas, declaraban no subvencionables las contrataciones formalizadas con quienes ostentasen cargos de dirección o fuesen miembros de los órganos de gobierno o representación de las entidades solicitantes, entidades que serían las encargadas de comprobar.".

Las novedades que plantea la recurrente para este hecho probado segundo consisten en añadir un inciso al párrafo primero y en suprimir parte del párrafo cuarto y la totalidad del quinto y del sexto. Desde luego el proyecto de la subvención y el expediente aportado como documento 19 de la contestación a la demanda no permiten a la Sala ni suprimir los tres últimos párrafos del hecho probado segundo, ni tampoco incluir un inciso redactado en forma negativa. Por ello, este primer motivo del recurso resulta desestimado.

B)La segunda revisión propuesta por la recurrente consiste en modificar el hecho probado terceroen el sentido siguiente:

<En la asamblea general de la asociación el 29 de Noviembre de 2023, se cambió a la secretaria y no se nombró vicepresidenta, cargo que la Sra. Adela, comunicándolo expresamente a aquella dejó de ejercer, tanto formalmente como materialmente,a fin de poder acceder a una de las tres contrataciones objeto de la subvención, y no haber un conflicto de intereses entre su cargo en la asociación y su condición de empleada.>>.

La modificación -resaltada en letra negrita- la extrae la recurrente del bloque documental núm. 5 aportado por ella misma al acto del juicio. Sin embargo, ese soporte no es adecuado porque es el mismo que le ha servido a la magistrada para redactar el hecho controvertido según comprobamos en el fundamento de derecho primero. Pero, además, la magistrada cita otros apoyos documentales (docs. 68 a 72 y 78 y 79) y testificales (declaración de doña Verónica, Presidenta de la Asociación), conque no solo la recurrente trata de sustituir por la suya propia la interpretación judicial de un documento, sino que el ordinal tercero dispone de una amplia base probatoria. Razones estas que nos llevan a desestimar esta segunda revisión planteada por la recurrente.

C)A continuación, la recurrente propone a la Sala la modificación del hecho probado quinto,con el siguiente tenor literal:

< Doña Adela, con el visto bueno de la junta directiva de la asociación, se postuló a uno de los tres puestos de trabajo subvencionados. Una vez concluido el término y no habiéndose postulado ninguna otra candidata, la junta directiva asignó los puestos a las tres postulantes. Para ello, se suscribió un contrato temporal de seis meses, por el periodo de 22 de Diciembre de 2023 a 30 de Junio de 2024, con categoría profesional de ayudante titulado, como promotora de igualdad de oportunidades y con sujeción al Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social.

Se fijó un salario de 2.100,00 euros al mes, incluidos todos los conceptos.

A tenor del contenido de las bases de la subvención y del mandato de las mismas que exigía que una de las contrataciones se formalizasen dentro del año 2023, la junta directiva decide contratar a la Sra. Adela el día 22 de Diciembre del propio 2023.

Empleó para su trabajo su propio ordenador portátil y cedió el uso de un terminal telefónico de su propiedad, para que pudiera ser utilizado por la asociación a través de una tarjeta SIM de ésta.

Creó la cuenta de correo electrónico de la asociación a la que vinculó su número de teléfono y su correo personal el 5 de Febrero del 2021, y es éste el que se vino utilizando durante la relación laboral.

El 14 de Enero de 2024 adquirió a través de la plataforma Amazon tres memorias USB por importe de 24,09 euros y un teclado por el precio de 11,99 euros para su uso laboral.>>.

Esta rectificación del hecho probado quinto no puede resultar exitosa porque la recurrente no cita documento o pericia que le sirva de soporte, ya que se limita a alegar que no hay soporte probatorio para las afirmaciones entendidas como "probadas" para con la "asignación" del puesto de la Sra. Adela y para la creación del correo electrónico que tiene una antigüedad mayor incluso que la antigüedad de la Sra. Presidenta en la propia Asociación. Incumple así la exigencia establecida en los artículos 193.b) y 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de que en la revisión de los hechos probados se identifique el documento o pericia en que se base.

D)En el siguiente apartado la parte recurrente pide a la sal la modificación del hecho probado séptimo,que quedaría redactado así:

<Para proceder a la contratación de gente próxima a la asociación, doña Adela, doña Andrea y otra de las socias de la entidad, doña Florinda, se pusieron en contacto con la también socia doña Ruth, quien perceptora de ingreso mínimo vital, podría ser una candidata para uno de los puestos de trabajo ofertados.

Con motivo de la redacción de la solicitud de la subvención, y tras una conversación para con los requisitos del puesto de trabajo, le informaron que podría reunir los requisitos para uno de los puestos de trabajo y para poder ser contratada en la asociación como encargada del servicio de docencia, y de que, el contrato laboral sería a jornada completa, en horario partido a prestar de lunes a viernes, mediante trabajo a distancia por la mañana y presencial por las tardes. Doña Ruth mostró su interés por la contratación.

A este respecto y por conveniencia puramente personal de la Sra. Ruth, para no renunciar al trabajo que tenía a media jornada sin encontrarse dada de alta en los servicios pertinentes, Dª. Ruth se mostró interesada en cotizar por jornada completa durante los 6 meses de duración del contrato, si bien al trabajar únicamente 4 horas, propuso donar la mitad de su salario a la asociación para poder costear un local por la misma.

Doña Adela, doña Andrea y doña Florinda le aclararon que este local era imprescindible para realizar las labores de la propia asociación y que se constituyese como sede para la misma, todo ello al objeto de la posible percepción de la subvención.

Doña Ruth preguntó entonces por sus condiciones de trabajo y realizó varias propuestas. En este sentido, se consensuó por parte de todas las presentes, que debía cobrar la mitad del importe correspondiente a su puesto de trabajo, por trabajar la mitad de su jornada, es decir, 900,00 euros.

Finalmente, la Sra. Ruth manifestó que tenía que cobrar 1.000,00 euros y con este importe las partes aceptaron las propuestas.

En enero de 2024, doña Ruth comenzó su prestación de servicios, tras el visto bueno en junta directiva. La Sra. Ruth donó a la asociación 200 euros a través de transferencia y quiso entregar a la Sra. Adela 520 euros, a lo cual ella se negó por ser dinero de la asociación y, una vez dejado en el despacho, Dª. Adela lo guardó en un folio pegado con celo debajo de la mesa de su despacho. Esto se constató el 19 de marzo del 2024 cuando miembros de la asociación recuperaron el sobre con el dinero en efectivo que se había depositado anteriormente.

En febrero de 2024 y motu proprio la Sra. Ruth decidió que iba a dejar de donar importe alguno a la asociación, excusándose en la falta de mejoras del local en el que se encontraba y se prestaban servicios. Sin manifestárselo a ningún miembro de la Asociación, Dª. Ruth decidió comunicárselo a la presidente de la asociación, la Sra. Verónica.>>.

La recurrente alega que los cambios propuestos se constatan de la propia declaración de la Sra. Ruth y de las transcripciones de unos audios de WhatsApp. Sin embargo, tanto la declaración como los audios de WhatasApp no son pruebas aptas para la revisión de los hechos probados en el recurso de suplicación ( sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2025, Rec. 66/23), por lo que es inviable la revisión propuesta del ordinal séptimo, propuesta por la parte recurrente.

E)Seguidamente, la parte recurrente interesa de la Sala la modificación del hecho probado octavo,con el siguiente tenor literal:

<A lo largo del desempeño laboral la Sra. Adela gestionó su agenda, a la que puntualmente daba cuenta y coordinaba con la auxiliar administrativa de la asociación, Dª. Magdalena.

Doña Adela, así mismo, realizó las labores de asesoramiento, acompañamiento y apoyo integral a las mujeres que demandaban los servicios de la asociación, así como, cuando se precisaba, la derivación a otros servicios.También organizó eventos junto con doña Verónica con la que tuvo muy buena relación hasta finales de febrero de 2024.

A principios de enero de 2024, la Sra. Adela se puso en contacto con la Sra. Verónica mediante Whatsapp para informarle de que se encontraba mal de salud, por lo que ésta le indicó que descansara. Doña Adela mantuvo reposo durante 24h en su domicilio. Ello se realizó aprovechando la coyuntura de la decisión de la junta directiva de que todas las trabajadoras desempeñasen sus funciones con trabajo "a distancia" los primeros quince días de enero."

El 7 de Febrero posterior doña Adela desaconsejó a doña Verónica la realización de un video o unas fotos de doña Ruth y su sección para subirlos a las redes sociales porque ésta no daba buena imagen, al haber estado intoxicada con marihuana en anteriores ocasiones, y haberse percatado varias socias así como diferentes asistentes sobre este suceso e intoxicación.

La falta de diligencia profesional de doña Magdalena, causa distensiones entre ellas que fueron en aumento, por lo que, el 13 de marzo de 2024 doña Magdalena solicitó a doña Verónica que le concediera el derecho al trabajo a distancia los días 14 y 15 de Marzo para no coincidir con la Sra. Adela.

El 15 de Marzo de 2024, como consecuencia de una negligente actuación de doña Magdalena, doña Adela no atendió a una usuaria de la asociación, aspecto que aclaró con ella por teléfono y con la que agendó otra cita.

El 24 de Marzo posterior, jornada en que doña Adela se encontraba en reposo de 24 horas por prescripción médica, doña Verónica y doña Adela mantuvieron una discusión telefónica por la falta de atención a aquella usuaria.>>.

La misma razón que dimos para desestimar la revisión del hecho probado precedente la reiteramos aquí por cuanto que los cambios que propone la recurrente se basan en las declaraciones de doña Magdalena en el plenario y en mensajes de WhatsApp.

F)La siguiente revisión interesada de la Sala por la recurrente incide en el hecho probado noveno,el cual quedaría redactado así:

<La Sra. Adela, trató con Asesoría Farpón S.L., empresa contratada por Asociación Feministas Bercianas para la llevanza de gestión laboral, todos los asuntos relativos a esta materia, incluido el salario que en la base de la subvención debía percibir cada trabajadora asignada al propio puesto de trabajo. Siguiendo el contenido de las bases, se concedió a la Asociación 15.573,60 euros por doña Adela, 15.573,60 euros por parte de doña Ruth y 10.382,40 euros por pate de doña Magdalena, todo ello correspondientes al salario y coste de la empresa; ascendiendo el total a los 41.529,60 euros solicitados.

Las nóminas de las trabajadoras eran abonadas mediante transferencia bancaria con la firma mancomunada de al menos de dos de las tres siguientes autorizadas: doña Adela, doña Verónica y doña Adelaida, quien asumió el cargo de tesorera de la asociación hasta el 5 de Marzo de 2024, fecha en que presentó su renuncia debido al mal ambiente que se había generado. Permaneció en funciones hasta que se designara nueva tesorera.

A partir del 13 de Marzo de 2024, doña Verónica asumió la interlocución con la asesoría.

El 24 de Abril, tras consultar con las responsables de la Asociación Mujeres Progresistas sobre la forma en que se calculaban las cuotas de la Seguridad Social y los correspondientes Seguros Sociales, la Sra. Verónica envió un correo cuyo texto completo damos por reproducido, a través del cual ponía de manifiesto el descuadre entre el importe a percibir de la subvención (41.529,60 euros) y el gasto generado por las cuotas de la Seguridad Social y los Seguros Sociales a cargo de la empresa (46.272,13 euros) y se interesó su recalculo en el remanente del periodo de tiempo que durase la relación laboral para el encuadre dentro del importe concedido.>>.

La recurrente sostiene que los hechos probados son manifiestamente erróneos desde un punto de vista estrictamente fáctico, ya que el problema nunca fueron las nóminas, sino el mal cálculo de los importes a abonar por la Seguridad Social. Añade que tampoco son ciertos los importes que se reflejan tal como se puede cotejar en el bloque documental núm. 4, donde se detallan los importes a percibir.

La Sala considera que la simple alegación del error, acompañada del documento mencionado, no es suficiente para modificar totalmente el hecho probado noveno en el sentido que pretende la recurrente.

G)A continuación, la parte recurrente solicita de la Sala la modificación del hecho probado decimoprimero,para que quede redactado con el siguiente tenor literal:

<El 13 de Marzo se celebró una asamblea extraordinaria de la Asociación Feministas Bercianas. En ella se abordó el tema de la expulsión de las socias Adela, Florinda y Constanza y, con efectos retroactivos, de Andrea.

Fueron escuchadas las alegaciones de doña Florinda, doña Constanza y doña Adela, aunque con numerosas interrupciones e incluso desprecios. La Sra. Adela explicó que doña Ruth no le llegó a entregar nunca a ella los 520 euros en efectivo, y que ella nunca se apropió ni hizo suyo ese dinero, que aun se encontraba donde se dispuso, en su despacho, dentro de un folio doblado y pegado con celo. Acompañada de varias de las asistentes a la reunión, doña Adela se dirigió a su despacho y Dª. Adelaida, otra socia, lo buscó, lo encontró y se lo enseñó y entregó a la junta directiva, que se encontraba allí presente.

En el acta de la reunión cuyo contenido completo tenemos por integrado se acordó la expulsión de la asociación de Adela, Florinda, Constanza y, con efectos retroactivos, de Andrea.

El 15 de Marzo posterior, Bierzo Diario publicó una noticia bajo el titular "Feministas Bercianas expulsa de manera fulminante a tres socias por una presunta extorsión" y Bierzo Tv Media & Comunicación hizo lo propio en términos "Feministas Bercianas expulsa de forma inmediata a Adela y Florinda.>>.

Esta modificación del ordinal decimoprimero que nos propone la recurrente también es inviable porque no se basa en documentos o pericias obrantes en autos ( artículo 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sino en las declaraciones de dos testigos, las cuales son inhábiles para el fin pretendido.

H)El siguiente hecho probado que quiere modificar la parte recurrente es el decimosegundopara el que solicita añadir los siguientes párrafos:

<

La propia asociación es consciente de la ilegalidad e improcedencia del despido realizado a doña Adela por la consulta realizada por una de las testigos, doña Ruth, que se encuentra fuertemente vinculada al ámbito sindical en Ponferrada.>>.

La recurrente se basa en el acta de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación demandada celebrada el día 19 de marzo de 2024. Pero el texto que propone a este Tribunal no se corresponde con el tenor literal de tal documento, sino que constituye una interpretación y/o una valoración del mismo, lo que impide su acceso al relato de hechos probados.

I)En el siguiente apartado de este motivo de recurso la parte recurrente insta de la Sala la rectificación del hecho probado decimoquinto,con el siguiente tenor literal:

<Asimismo, doña Adela promovió ante el departamento de recursos humanos de Asociación Feministas Bercianas la apertura de un expediente contra al acoso frente a doña Verónica. Su solicitud fue recibida por doña Magdalena.

El expediente no fue tramitado. La empresa carecía de departamento de recursos humanos.

A su vez, la Sra. Adela presentó escrito ante la Inspección de Trabajo por el que denunciaba su situación. La inspectora actuante, tras entrevistarse únicamente con la Sra. Verónica, no inició ningún tipo de actuación.>>.

El abogado de la recurrente alega que nadie nunca, se reunió con su representada, ni siquiera la llamaron, sin que se refleje esto en ninguna parte del informe de la Inspección de Trabajo.

Al contrario de lo que afirma el abogado de la recurrente, en el informe de la Inspección de Trabajo (doc. 34 de los aportados por la empresa) la Inspectora actuante hace constar expresamente que el 25/04/2023 realizó una visita a la sede de la Asociación demandada, en la cual mantuvo una entrevista con la trabajadora a la que requirió diversa documentación. Por tanto, no ha lugar a admitir la modificación del ordinal decimoquinto, interesada por la recurrente.

J)Seguidamente, el abogado de la recurrente solicita del Tribunal la revisión del hecho probado decimosextopara añadirle el siguiente párrafo, penúltimo:

<<[...] Queda acreditado que doña Verónica y otras miembros de la Asociación Feministas Bercianas carecían de la información necesaria para proceder a realizar el despido, por lo que, cualquier información de la cual no tenían, se la inventaban [...].>>.

El apoyo que recaba la parte recurrente para insertar un penúltimo párrafo en el hecho probado decimosexto es inadecuado por cuanto que no consiste en documento o pericia obrantes en autos ( artículos 193.b y 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sino en la declaración de la Presidenta de la Asociación en el acto del juicio.

SEGUNDO:El motivo segundo del escrito de interposición lo plantea la parte recurrente para que la Sala examine la infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

I.- En primer lugar, la recurrente alega la infracción del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con los artículos 96 y 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Lo primero que hace la recurrente es relatar su versión de los hechos, que no coincide con la que la magistrada refiere en los que declara probados y de la que, por tanto, no puede partir la Sala.

A continuación, trata de la inversión de la falta de la prueba sensu contrario,por la inversión de la carga de la prueba en atención a los más que racionales indicios de vulneración de derechos fundamentales. Para la recurrente existen indicios fundados de la vulneración de los derechos fundamentales a la indemnidad y dignidad y a la salud, siendo la empresa la que tiene la obligación de acreditar que esas situaciones no se han producido. Sigue razonando la recurrente que en este caso no solamente no se ha acreditado ni siquiera mínimamente que el despido se produjo por causas justificadas, menos aún que no ha existido esta vulneración de derechos fundamentales alegados en el cuerpo de la demanda y ratificados en el acto del juicio. Nada de esto se ha acreditado, según la recurrente, es más, la sentencia da validez a sus argumentos para con la improcedencia del despido, sentando la falsedad de las premisas acontecidas en la carta de despido.

En este momento del razonamiento la recurrente no cita ni un solo indicio del que pudiera resultar la vulneración de sus derechos fundamentales. También es imposible encontrarlos en el relato de hechos probados. Cierto es que en un apartado posterior la recurrente tiene como acreditados y pacíficos unos hechos (impedimento para el normal ejercicio del trabajo, situación de acoso y derribo, etc.) que tampoco están entre los probados. Por ello, no resulta acreditado que el motivo del despido fuese la represalia a la trabajadora recurrente por parte de la empresa para proceder, a toda costa y bajo cualquier rúbrica, a su despido impidiéndole trabajar, llegando a sufrir una agresión, impidiéndole la asistencia a las víctimas o mujeres en situación de vulnerabilidad y no permitiéndole acceder a la propia Asociación. Todo esto son, en efecto, alegaciones de la trabajadora recurrente que no disponen de ningún tipo de soporte en el relato de hechos probados y no pueden, consecuentemente, servir ni como indicio ni de apoyo para la decisión del recurso.

II.- Infracción del artículo 4 del Estatuto de los trabajadores , en relación con los artículos 45 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007 así como de los artículos 10 , 14 y 1 5 de la Carta Magna .

En este punto la recurrente da por reproducidos los argumentos del expositivo anterior, referentes a las vulneraciones reseñadas.

Lo mismo hace la Sala remitiéndose a lo razonado en el apartado I.

III.- De la infracción del art. 42 del Convenio Colectivo de aplicación, que implica la nulidad del despido.

En este apartado la recurrente aduce que el contenido del pliego de cargos simplemente consistió en un "corta/pega" de los supuestos calificados como muy graves, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del Convenio Colectivo de acción e intervención social 2022-2024. En esa norma convencional se establece, en lo que aquí importa, que para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de expediente disciplinario informativo. Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta.

Al resolver el motivo de recurso que la empresa dedica a la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia dijimos: "...El expediente disciplinario informativo regulado en el Convenio Colectivo aplicable consiste esencialmente en la realización de una serie de trámites en los que se ha de dar noticia al expedientado de los hechos que se le imputan y también se le ha de dar la oportunidad de contestar a tales imputaciones, así como que lo que exige e impone la naturaleza y fines de este expediente es que el afectado conozca los hechos que se le imputan y pueda formular las pertinentes alegaciones en contra, amén de que se oiga a los demás miembros del Comité o Delegados de personal (así lo ha dicho el Tribunal Supremo en lo referido a las sanciones a los representantes de los trabajadores, sentencia de 25 de septiembre de 20212, Rec. 4085/11 , aplicable al caso por analogía). En el caso concreto la Asociación ahora recurrente tramitó el expediente exigido por el Convenio Colectivo si bien la exposición de los hechos imputados a la trabajadora (hecho probado decimotercero) fue un tanto escasa y parca en comparación con los extensamente narrados posteriormente en la carta de despido, por lo que acierta la magistrada de instancia cuando declara por esa razón formal la improcedencia del despido de la trabajadora demandante.".Añadiremos ahora que en el mismo artículo 42 del Convenio Colectivo se dispone que el incumplimiento de cualquiera de los trámites del presente artículo, únicamente en los procedimientos de imposición de sanciones por parte de la empresa, debe dejar nula la efectividad de la sanción, así como la calificación de la misma.Lo que ocurre es que en este caso la empresa sí ha cumplido los trámites del expediente contradictorio previo, por más que la comunicación inicial haya sido defectuosa, lo que no equivale a la omisión del trámite a los efectos de la declaración de nulidad, siendo más correcta la improcedencia, reservada por el artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores para aquellos supuestos de defectos formales en la comunicación.

A esta misma conclusión llega la magistrada de instancia en el fundamento de derecho cuarto cuyo razonamiento comparte la Sala.

IV.- De la infracción del art. 25 apartado 1 y 2 LRJS en cuanto al contenido de la demanda y su ratificación en sede judicial.

Este apartado versa sobre la reclamación de 517,79 € (más intereses del 10%) solicitada por la demandante en fase de conclusiones. Según la magistrada la cuestión no fue objeto de alegación en el trámite de réplica concedido en el acto de la vista, por lo que su simple valoración generaría indefensión a la contraparte.

Se opone la recurrente alegando que reclamó dicha cantidad en la demanda y habiéndola ratificado en el acto del juicio e interesando el recibimiento del pleito a prueba, de contrario no se realiza manifestación alguna para con esa cantidad, por lo que no es controvertida su aceptación. Al no ser controvertida y, por ende, aceptada tácitamente, no se produjo trámite de réplica alguno porque esta materia no fue objeto de la propia contestación.

Es cierto que la hoy recurrente en el expositivo octavo de su demanda se refiere a la cantidad que ahora reclama, pero no lo es menos que en el suplico no pide condena alguna por tal concepto. Por otro lado, en los hechos probados no aparece ninguna referencia a dicha cantidad, por lo que la Sala ignora en qué concepto la reclama la recurrente. Y, por último, ésta no cita como infringida ninguna norma sustantiva -solo menciona normas procesales- que pueda justificar jurídicamente la condena a su pago a la empresa demandada.

TERCERO:La recurrente enuncia un motivo final del recurso, amparado en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social "para que la Sala examine el contenido de la vista para con la ratificación de al(sic) demanda por el Letrado que suscribe y todas sus pretensiones".

La recurrente da por reproducido el expositivo IV, motivo segundo, para con el presente motivo tercero, en cuanto a la situación de indefensión del artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

No se entiende muy bien cuál es la intención de la recurrente al formular este motivo de recurso final por cuanto que no pide la nulidad de lo actuado, ni tampoco de la sentencia, que sería el fin normal y ordinario del objeto del recurso de la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En todo caso, nos remitimos a lo ya razonado en el apartado inmediatamente anterior.

III.- DE LAS COSTAS PROCESALES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan, a los meros efectos de la condena en costas y sin prejuzgar los que contractualmente correspondan al mismo por la relación con su cliente, en 600 euros más IVA. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY

PRIMERO:La sentencia del Juzgado de lo Social Nº1 de Ponferrada que ahora es objeto de un doble recurso de suplicación por la trabajadora demandante y por la Asociación demandada estimó la pretensión subsidiaria de la demanda interpuesta por aquélla y declaró improcedente su despido causado con efectos de 29 de marzo de 2024, condenando a la demandada a asumir las consecuencias legales de tal declaración. Al mismo tiempo, desestimó la demanda reconvencional formulada por la Asociación demandada contra doña Adela.

Frente a la referida sentencia se alzan en suplicación ambas partes formulando sendos escritos de interposición con varias rectificaciones fácticas y censuras jurídicas.

I.- RECURSO FORMULADO POR LA ASOCIACIÓN FEMINISTAS BERCIANAS.

PRIMERO:Al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social formula la empresa demandada el motivo inicial de recurso de los contenidos en su escrito de interposición con el objeto de modificar el hecho probado primero,el cual quedaría redactado en los siguientes términos:

<>.

La empresa recurrente pretende con la nueva redacción del ordinal primero modificar la cronología de la constitución de la Asociación Feministas Bercianas, la aprobación de estatutos, y el nombramiento para el cargo de Vicepresidenta de la demandante desde 2021, no desde 2023. La Sala entiende que esta nueva redacción del ordinal primero propuesto por la empresa ahora recurrente es irrelevante para los fines del recurso, dado que el objeto del mismo es la calificación del despido impuesto a la actora para lo que carece de importancia la fecha de registro de la Asociación y la de aprobación de los estatutos.

SEGUNDO:Con el mismo amparo procesal pretende la empresa recurrente modificar el hecho probado segundopara el que propone la siguiente redacción nueva:

<>.

También pretende la recurrente que se incorpore el siguiente texto: <>.

La parte recurrente acude a un total de diez documentos para justificar este nuevo texto del hecho probado segundo cuyo texto original, según la magistrada explica en el fundamento de derecho primero, no ha sido discutido y que resulta del bloque documental núm. 2 de la empresa. Pues bien, solo una valoración conjunta de los citados documentos podría permitir la incorporación de la redacción nueva que para el ordinal segundo propone la empresa recurrente. Pero ello excede del cometido de la Sala en el recurso extraordinario de suplicación, ya que la valoración de la prueba le corresponde a la juzgadora de instancia a tenor de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Finalmente, el texto que propone la recurrente incurre em unas valoraciones subjetivas incluyendo conceptos jurídicos, propios de los motivos de recurso destinados a la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia impugnada y no de los de revisión fáctica.

TERCERO:En el siguiente motivo del recurso la parte recurrente pretende la modificación de parte del hecho probado tercerode la sentencia para que conste lo siguiente:

<>.

Solicita, además, que se incorpore el siguiente texto: <>.

La Asociación recurrente quiere dejar constancia de que doña Adela se eliminó del Registro de Asociaciones como Vicepresidenta sin conocimiento de la Junta, manteniendo de facto el cargo hasta su cese oficial el 13 de marzo de 2024. En realidad, lo que suscita la recurrente no se diferencia sustancialmente de lo que ya consta en la redacción original del hecho probado tercero en el que se dice que la actora dejó de ejercer formalmente como Vicepresidenta, pero siguió asumiendo las labores propias de ese cargo hasta el 13 de marzo de 2024. Por otra parte, el segundo texto que quiere añadir la recurrente tiene un importante contenido valorativo que responde a deducciones y conjeturas, además de incluir algún razonamiento jurídico como ocurre con la referencia a la contravención de los requisitos de elegilibidad de las bases de la convocatoria de la subvención regulada por la Orden EEI/827/2019.

CUARTO:El siguiente hecho probado que la recurrente quiere modificar es el cuartopara el que propone a la Sala el siguiente texto nuevo:

<>.

Lo que pretende incluir la recurrente consta en el último inciso en el que afirma que la trabajadora mintió sobre su formación, alegando tener másteres que no constan documentalmente. Tal afirmación es una deducción que la recurrente extrae de un audio que no es propiamente un documento hábil para la revisión fáctica en el recurso de suplicación y que, desde luego, no acredita que la empleadora incurriese en un error sobre su cualificación al formalizar la contratación de doña Adela. Por ello, la Sala no acepta la modificación de este hecho probado cuarto en el sentido propuesto por la recurrente.

QUINTO:A continuación, la recurrente insta de la Sala la sustitución del texto del hecho probado quintopor el siguiente:

<>.

Este nuevo texto del ordinal quinto tampoco lo acepta la Sala porque consiste en deducciones, hipótesis y conjeturas -inasumibles en el recurso de suplicación- extraídas por la recurrente de un total de siete documentos, de los hechos probados segundo, tercero y noveno y de la declaración testifical de la Presidenta de la Asociación.

SEXTO:En el motivo de recurso siguiente la parte recurrente pide a la Sala la modificación del hecho probado décimo,que quedaría redactado así:

<>.

En esta nueva redacción del hecho probado décimo la parte recurrente narra el bloqueo del correo institucional y otros recursos digitales por parte de la trabajadora antes y después de su despido. Pero el texto incurre en el mismo defecto que los anteriores, esto es, no responde al tenor literal de ningún documento, sino que consiste en la elaboración de deducciones e hipótesis partiendo de un total de ocho documentos. La valoración conjunta de tales documentos -tarea que le corresponde a la juzgadora de instancia según el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- sería imprescindible para que la Sala pudiera acceder a la pretensión de la recurrente, lo que no es posible por exceder de sus competencias en el recurso extraordinario de suplicación.

SÉPTIMO:El siguiente hecho probado que quiere modificar la parte recurrente es el decimoquinto,en concreto, para sustituir el párrafo tercero por el siguiente:

<<[...] La Sra. Adela presentó escrito ante la Inspección de Trabajo por el que denunciaba su situación. La inspectora actuante, tras entrevistarse con ella y con la Sra. Verónica, realizar las correspondientes actuaciones, y constatar que la trabajadora reclamante, además de ser Promotora de Igualdad de Oportunidades era Vicepresidenta de la Asociación/Empresa y de que la misma fue despedida de la empresa con fecha 29-3-2024 en virtud de un despido disciplinario tras el correspondiente Expediente Contradictorio y las Alegaciones formuladas por Dña. Adela, consideró que no procedía actuación alguna, sin perjuicio de que un posterior pronunciamiento judicial en el orden social pudiera reactivar las actuaciones inspectoras.>>.

Con este nuevo texto propuesto para el hecho probado decimoquinto la parte recurrente pretende completar la interpretación del informe de la Inspección de Trabajo que descarta actuaciones, sin perjuicio de que un posterior pronunciamiento judicial pudiera reactivar la actividad inspectora. En realidad, el nuevo texto no añade nada sustancial y trascendente al original y, por otro lado, los informes de la Inspección de Trabajo no son documentos adecuados para la revisión del relato de hechos probados en el recurso de suplicación. Por ello, la Sala rechaza la revisión del hecho probado decimoquinto propuesto por la Asociación recurrente.

OCTAVO:La última revisión del relato histórico lo centra la parte recurrente en el ordinal decimonovenopara el que propone la siguiente redacción alternativa:

<>.

La Asociación recurrente quiere explicar con la ampliación del hecho probado decimonoveno que la cancelación de la cuenta bancaria fue consecuencia de la gestión económica deficiente de la demandante. Pero ni los audios que cita ni la declaración de una de las testigos (ambos inhábiles para la revisión del relato de hechos probados) pueden, sin acudir a deducciones o hipótesis, acreditar lo que manifiesta la parte recurrente respecto a la gestión deficiente de la subvención por parte de la trabajadora demandante.

NOVENO:A la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia impugnada le dedica la Asociación recurrente el motivo final del recurso en el que, con el amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción del artículo 42 del Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social, de los artículos 55.1 y 68 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 7 del Convenio 158 de la OIT.

De entrada, debemos dejar constancia de que este motivo por sí solo es insuficiente para estimar el recurso en el que la recurrente pide que se declare la procedencia del despido de la trabajadora. Y ello porque, aunque declarásemos formalmente correcto el expediente contradictorio faltaría otro motivo de recurso en el que la recurrente denunciase la vulneración en la sentencia impugnada, por no aplicación, de las normas legales (Estatuto de los Trabajadores) y convencionales (Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social) que tipifican las conductas sancionables con el despido. Al omitir la Asociación recurrente ese motivo de recurso, éste queda incompleto y solo la Sala, perdiendo su imparcialidad, podría construirlo de oficio para llegar a la conclusión de la procedencia del despido que pretende la recurrente en el suplico del escrito de interposición. Aun así, analizaremos siquiera brevemente la argumentación expuesta por la recurrente.

El artículo 42 del Convenio Colectivo de aplicación establece en sus párrafos tercero y siguientes: "Para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de expediente disciplinario informativo.

Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta. De este expediente se dará traslado y solicitará la colaboración del comité de empresa o delegados y delegadas de personal, y a la sección sindical si la empresa tuviera comunicación fehaciente de su afiliación o si lo solicitara el afectado o afectada, para que, ambas partes y en el plazo de seis días naturales, puedan manifestar a la empresa lo que consideren conveniente para el esclarecimiento de los hechos.

En el caso de faltas muy graves la empresa podrá imponer la suspensión de empleo de modo cautelar, y se suspende el plazo de prescripción de la infracción mientras dure el expediente siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de tres meses, a partir de la incoación del pliego de cargos, sin mediar culpa del trabajador expedientado o trabajadora expedientada.

Transcurrido el plazo de seis días naturales y aunque el comité, los delegados y delegadas, la sección sindical o el trabajador y trabajadora no hayan hecho uso del derecho que se les concede a formular alegaciones, se procederá a imponer al trabajador o trabajadora la sanción, en su caso, que se estime oportuna, de acuerdo a la gravedad de la falta y lo estipulado por el presente convenio.

Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la imposición de sanciones graves y muy graves, cuando se trate de miembros del comité de empresa, delegados y delegadas de personal o delegados o delegadas sindicales, tanto si se hallan en activo de sus cargos sindicales como si aún se hallan en el período reglamentario de garantías.

El incumplimiento de cualquiera de los trámites del presente artículo, únicamente en los procedimientos de imposición de sanciones por parte de la empresa, debe dejar nula la efectividad de la sanción, así como la calificación de la misma.>>.

Lo que exige este precepto convencional es que el expediente disciplinario informativo se incoe remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta. Es en este punto en el que la recurrente muestra su discrepancia con la sentencia impugnada, en concreto con su fundamento de derecho tercero. En este apartado la magistrada de instancia razona que en el presente caso se tramitó el preceptivo expediente contradictorio para la imposición de la máxima sanción por falta muy grave, si bien no se cumplió con la finalidad convencional prevista: informar a la trabajadora, aun de modo sucinto, de los hechos que se le imputaban.

Por el contrario, la Asociación recurrente defiende la validez del expediente contradictorio, argumentando, en síntesis, que el escrito de comunicación contenía referencias al marco normativo infringido, tales como el deber de buena fe contractual o los principios internos de la entidad, pero también incluía una descripción sucinta aunque concreta de los hechos que motivaban la incoación del expediente; que la trabajadora conocía los hechos ya que presentó alegaciones y pruebas y mantuvo una defensa coherente en sede judicial; y que no hubo indefensión real, sino solo defectos formales. La sentencia incurre en un exceso de rigor formal al afirmar que el expediente contradictorio se limita a un "encuadre del derecho infringido". Y con apoyo en varias sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia alega la recurrente que lo exigible en estos procedimientos no es una redacción jurídica exhaustiva ni una calificación penal o técnica de los hechos, sino una exposición clara, comprensible y suficiente de las conductas reprochadas, que permita al trabajador conocerlas y defenderse de modo eficaz.

El expediente disciplinario informativo regulado en el Convenio Colectivo aplicable consiste esencialmente en la realización de una serie de trámites en los que se ha de dar noticia al expedientado de los hechos que se le imputan y también se le ha de dar la oportunidad de contestar a tales imputaciones, así como que lo que exige e impone la naturaleza y fines de este expediente es que el afectado conozca los hechos que se le imputan y pueda formular las pertinentes alegaciones en contra, amén de que se oiga a los demás miembros del Comité o Delegados de personal (así lo ha dicho el Tribunal Supremo en lo referido a las sanciones a los representantes de los trabajadores, sentencia de 25 de septiembre de 20212, Rec. 4085/11, aplicable al caso por analogía). En el caso concreto la Asociación ahora recurrente tramitó el expediente exigido por el Convenio Colectivo si bien la exposición de los hechos imputados a la trabajadora (hecho probado decimotercero) fue un tanto escasa y parca en comparación con los extensamente narrados con posterioridad en la carta de despido, por lo que acierta la magistrada de instancia cuando declara por esa razón formal la improcedencia del despido de la trabajadora demandante.

Esta conclusión impone la desestimación del recurso interpuesto por la Asociación Feministas Bercianas.

II. RECURSO INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE DOÑA Adela

PRIMERO:Al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social plantea la trabajadora recurrente hasta un total de diez revisiones del apartado de hechos probados.

A)La primera de ellas afecta al hecho probado segundopara el que la recurrente propone la siguiente redacción nueva:

<<"Segundo.- Doña Adela, con la aquiescencia de la junta directiva de la asociación, realizó las gestiones necesarias para la solicitud de una subvención pública de la Junta de Castilla y León, convocada en julio de 2023 en el marco de la colaboración con instituciones sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas en orden a la prestación de servicios de interés general y social de la comunidad. Nunca se adquirió el compromiso de la contratación de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Por resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León fechada el 24 de octubre de 2023, la asociación resultó beneficiaria de una ayuda por importe de 41.529,60 euros para la contratación, durante un periodo de seis meses y a jornada completa, de un licenciado, con asignación global de 15.573,60 euros, de un ayudante titulado, con asignación global de 15.573,60 euros, y de un auxiliar administrativo con una asignación global de 10.382,40 euros.

El objetivo de la asociación a subvencionar consistía en la ejecución de un proyecto de asistencia integral a mujeres, menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social en la comarca del Bierzo.

Las bases de la convocatoria de la ayuda pública, que tenemos por íntegramente incorporadas, declaraban no subvencionables las contrataciones formalizadas con quienes ostentasen cargos de dirección o fuesen miembros de los órganos de gobierno o representación de las entidades solicitantes, entidades que serían las encargadas de comprobar.".

Las novedades que plantea la recurrente para este hecho probado segundo consisten en añadir un inciso al párrafo primero y en suprimir parte del párrafo cuarto y la totalidad del quinto y del sexto. Desde luego el proyecto de la subvención y el expediente aportado como documento 19 de la contestación a la demanda no permiten a la Sala ni suprimir los tres últimos párrafos del hecho probado segundo, ni tampoco incluir un inciso redactado en forma negativa. Por ello, este primer motivo del recurso resulta desestimado.

B)La segunda revisión propuesta por la recurrente consiste en modificar el hecho probado terceroen el sentido siguiente:

<En la asamblea general de la asociación el 29 de Noviembre de 2023, se cambió a la secretaria y no se nombró vicepresidenta, cargo que la Sra. Adela, comunicándolo expresamente a aquella dejó de ejercer, tanto formalmente como materialmente,a fin de poder acceder a una de las tres contrataciones objeto de la subvención, y no haber un conflicto de intereses entre su cargo en la asociación y su condición de empleada.>>.

La modificación -resaltada en letra negrita- la extrae la recurrente del bloque documental núm. 5 aportado por ella misma al acto del juicio. Sin embargo, ese soporte no es adecuado porque es el mismo que le ha servido a la magistrada para redactar el hecho controvertido según comprobamos en el fundamento de derecho primero. Pero, además, la magistrada cita otros apoyos documentales (docs. 68 a 72 y 78 y 79) y testificales (declaración de doña Verónica, Presidenta de la Asociación), conque no solo la recurrente trata de sustituir por la suya propia la interpretación judicial de un documento, sino que el ordinal tercero dispone de una amplia base probatoria. Razones estas que nos llevan a desestimar esta segunda revisión planteada por la recurrente.

C)A continuación, la recurrente propone a la Sala la modificación del hecho probado quinto,con el siguiente tenor literal:

< Doña Adela, con el visto bueno de la junta directiva de la asociación, se postuló a uno de los tres puestos de trabajo subvencionados. Una vez concluido el término y no habiéndose postulado ninguna otra candidata, la junta directiva asignó los puestos a las tres postulantes. Para ello, se suscribió un contrato temporal de seis meses, por el periodo de 22 de Diciembre de 2023 a 30 de Junio de 2024, con categoría profesional de ayudante titulado, como promotora de igualdad de oportunidades y con sujeción al Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social.

Se fijó un salario de 2.100,00 euros al mes, incluidos todos los conceptos.

A tenor del contenido de las bases de la subvención y del mandato de las mismas que exigía que una de las contrataciones se formalizasen dentro del año 2023, la junta directiva decide contratar a la Sra. Adela el día 22 de Diciembre del propio 2023.

Empleó para su trabajo su propio ordenador portátil y cedió el uso de un terminal telefónico de su propiedad, para que pudiera ser utilizado por la asociación a través de una tarjeta SIM de ésta.

Creó la cuenta de correo electrónico de la asociación a la que vinculó su número de teléfono y su correo personal el 5 de Febrero del 2021, y es éste el que se vino utilizando durante la relación laboral.

El 14 de Enero de 2024 adquirió a través de la plataforma Amazon tres memorias USB por importe de 24,09 euros y un teclado por el precio de 11,99 euros para su uso laboral.>>.

Esta rectificación del hecho probado quinto no puede resultar exitosa porque la recurrente no cita documento o pericia que le sirva de soporte, ya que se limita a alegar que no hay soporte probatorio para las afirmaciones entendidas como "probadas" para con la "asignación" del puesto de la Sra. Adela y para la creación del correo electrónico que tiene una antigüedad mayor incluso que la antigüedad de la Sra. Presidenta en la propia Asociación. Incumple así la exigencia establecida en los artículos 193.b) y 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de que en la revisión de los hechos probados se identifique el documento o pericia en que se base.

D)En el siguiente apartado la parte recurrente pide a la sal la modificación del hecho probado séptimo,que quedaría redactado así:

<Para proceder a la contratación de gente próxima a la asociación, doña Adela, doña Andrea y otra de las socias de la entidad, doña Florinda, se pusieron en contacto con la también socia doña Ruth, quien perceptora de ingreso mínimo vital, podría ser una candidata para uno de los puestos de trabajo ofertados.

Con motivo de la redacción de la solicitud de la subvención, y tras una conversación para con los requisitos del puesto de trabajo, le informaron que podría reunir los requisitos para uno de los puestos de trabajo y para poder ser contratada en la asociación como encargada del servicio de docencia, y de que, el contrato laboral sería a jornada completa, en horario partido a prestar de lunes a viernes, mediante trabajo a distancia por la mañana y presencial por las tardes. Doña Ruth mostró su interés por la contratación.

A este respecto y por conveniencia puramente personal de la Sra. Ruth, para no renunciar al trabajo que tenía a media jornada sin encontrarse dada de alta en los servicios pertinentes, Dª. Ruth se mostró interesada en cotizar por jornada completa durante los 6 meses de duración del contrato, si bien al trabajar únicamente 4 horas, propuso donar la mitad de su salario a la asociación para poder costear un local por la misma.

Doña Adela, doña Andrea y doña Florinda le aclararon que este local era imprescindible para realizar las labores de la propia asociación y que se constituyese como sede para la misma, todo ello al objeto de la posible percepción de la subvención.

Doña Ruth preguntó entonces por sus condiciones de trabajo y realizó varias propuestas. En este sentido, se consensuó por parte de todas las presentes, que debía cobrar la mitad del importe correspondiente a su puesto de trabajo, por trabajar la mitad de su jornada, es decir, 900,00 euros.

Finalmente, la Sra. Ruth manifestó que tenía que cobrar 1.000,00 euros y con este importe las partes aceptaron las propuestas.

En enero de 2024, doña Ruth comenzó su prestación de servicios, tras el visto bueno en junta directiva. La Sra. Ruth donó a la asociación 200 euros a través de transferencia y quiso entregar a la Sra. Adela 520 euros, a lo cual ella se negó por ser dinero de la asociación y, una vez dejado en el despacho, Dª. Adela lo guardó en un folio pegado con celo debajo de la mesa de su despacho. Esto se constató el 19 de marzo del 2024 cuando miembros de la asociación recuperaron el sobre con el dinero en efectivo que se había depositado anteriormente.

En febrero de 2024 y motu proprio la Sra. Ruth decidió que iba a dejar de donar importe alguno a la asociación, excusándose en la falta de mejoras del local en el que se encontraba y se prestaban servicios. Sin manifestárselo a ningún miembro de la Asociación, Dª. Ruth decidió comunicárselo a la presidente de la asociación, la Sra. Verónica.>>.

La recurrente alega que los cambios propuestos se constatan de la propia declaración de la Sra. Ruth y de las transcripciones de unos audios de WhatsApp. Sin embargo, tanto la declaración como los audios de WhatasApp no son pruebas aptas para la revisión de los hechos probados en el recurso de suplicación ( sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2025, Rec. 66/23), por lo que es inviable la revisión propuesta del ordinal séptimo, propuesta por la parte recurrente.

E)Seguidamente, la parte recurrente interesa de la Sala la modificación del hecho probado octavo,con el siguiente tenor literal:

<A lo largo del desempeño laboral la Sra. Adela gestionó su agenda, a la que puntualmente daba cuenta y coordinaba con la auxiliar administrativa de la asociación, Dª. Magdalena.

Doña Adela, así mismo, realizó las labores de asesoramiento, acompañamiento y apoyo integral a las mujeres que demandaban los servicios de la asociación, así como, cuando se precisaba, la derivación a otros servicios.También organizó eventos junto con doña Verónica con la que tuvo muy buena relación hasta finales de febrero de 2024.

A principios de enero de 2024, la Sra. Adela se puso en contacto con la Sra. Verónica mediante Whatsapp para informarle de que se encontraba mal de salud, por lo que ésta le indicó que descansara. Doña Adela mantuvo reposo durante 24h en su domicilio. Ello se realizó aprovechando la coyuntura de la decisión de la junta directiva de que todas las trabajadoras desempeñasen sus funciones con trabajo "a distancia" los primeros quince días de enero."

El 7 de Febrero posterior doña Adela desaconsejó a doña Verónica la realización de un video o unas fotos de doña Ruth y su sección para subirlos a las redes sociales porque ésta no daba buena imagen, al haber estado intoxicada con marihuana en anteriores ocasiones, y haberse percatado varias socias así como diferentes asistentes sobre este suceso e intoxicación.

La falta de diligencia profesional de doña Magdalena, causa distensiones entre ellas que fueron en aumento, por lo que, el 13 de marzo de 2024 doña Magdalena solicitó a doña Verónica que le concediera el derecho al trabajo a distancia los días 14 y 15 de Marzo para no coincidir con la Sra. Adela.

El 15 de Marzo de 2024, como consecuencia de una negligente actuación de doña Magdalena, doña Adela no atendió a una usuaria de la asociación, aspecto que aclaró con ella por teléfono y con la que agendó otra cita.

El 24 de Marzo posterior, jornada en que doña Adela se encontraba en reposo de 24 horas por prescripción médica, doña Verónica y doña Adela mantuvieron una discusión telefónica por la falta de atención a aquella usuaria.>>.

La misma razón que dimos para desestimar la revisión del hecho probado precedente la reiteramos aquí por cuanto que los cambios que propone la recurrente se basan en las declaraciones de doña Magdalena en el plenario y en mensajes de WhatsApp.

F)La siguiente revisión interesada de la Sala por la recurrente incide en el hecho probado noveno,el cual quedaría redactado así:

<La Sra. Adela, trató con Asesoría Farpón S.L., empresa contratada por Asociación Feministas Bercianas para la llevanza de gestión laboral, todos los asuntos relativos a esta materia, incluido el salario que en la base de la subvención debía percibir cada trabajadora asignada al propio puesto de trabajo. Siguiendo el contenido de las bases, se concedió a la Asociación 15.573,60 euros por doña Adela, 15.573,60 euros por parte de doña Ruth y 10.382,40 euros por pate de doña Magdalena, todo ello correspondientes al salario y coste de la empresa; ascendiendo el total a los 41.529,60 euros solicitados.

Las nóminas de las trabajadoras eran abonadas mediante transferencia bancaria con la firma mancomunada de al menos de dos de las tres siguientes autorizadas: doña Adela, doña Verónica y doña Adelaida, quien asumió el cargo de tesorera de la asociación hasta el 5 de Marzo de 2024, fecha en que presentó su renuncia debido al mal ambiente que se había generado. Permaneció en funciones hasta que se designara nueva tesorera.

A partir del 13 de Marzo de 2024, doña Verónica asumió la interlocución con la asesoría.

El 24 de Abril, tras consultar con las responsables de la Asociación Mujeres Progresistas sobre la forma en que se calculaban las cuotas de la Seguridad Social y los correspondientes Seguros Sociales, la Sra. Verónica envió un correo cuyo texto completo damos por reproducido, a través del cual ponía de manifiesto el descuadre entre el importe a percibir de la subvención (41.529,60 euros) y el gasto generado por las cuotas de la Seguridad Social y los Seguros Sociales a cargo de la empresa (46.272,13 euros) y se interesó su recalculo en el remanente del periodo de tiempo que durase la relación laboral para el encuadre dentro del importe concedido.>>.

La recurrente sostiene que los hechos probados son manifiestamente erróneos desde un punto de vista estrictamente fáctico, ya que el problema nunca fueron las nóminas, sino el mal cálculo de los importes a abonar por la Seguridad Social. Añade que tampoco son ciertos los importes que se reflejan tal como se puede cotejar en el bloque documental núm. 4, donde se detallan los importes a percibir.

La Sala considera que la simple alegación del error, acompañada del documento mencionado, no es suficiente para modificar totalmente el hecho probado noveno en el sentido que pretende la recurrente.

G)A continuación, la parte recurrente solicita de la Sala la modificación del hecho probado decimoprimero,para que quede redactado con el siguiente tenor literal:

<El 13 de Marzo se celebró una asamblea extraordinaria de la Asociación Feministas Bercianas. En ella se abordó el tema de la expulsión de las socias Adela, Florinda y Constanza y, con efectos retroactivos, de Andrea.

Fueron escuchadas las alegaciones de doña Florinda, doña Constanza y doña Adela, aunque con numerosas interrupciones e incluso desprecios. La Sra. Adela explicó que doña Ruth no le llegó a entregar nunca a ella los 520 euros en efectivo, y que ella nunca se apropió ni hizo suyo ese dinero, que aun se encontraba donde se dispuso, en su despacho, dentro de un folio doblado y pegado con celo. Acompañada de varias de las asistentes a la reunión, doña Adela se dirigió a su despacho y Dª. Adelaida, otra socia, lo buscó, lo encontró y se lo enseñó y entregó a la junta directiva, que se encontraba allí presente.

En el acta de la reunión cuyo contenido completo tenemos por integrado se acordó la expulsión de la asociación de Adela, Florinda, Constanza y, con efectos retroactivos, de Andrea.

El 15 de Marzo posterior, Bierzo Diario publicó una noticia bajo el titular "Feministas Bercianas expulsa de manera fulminante a tres socias por una presunta extorsión" y Bierzo Tv Media & Comunicación hizo lo propio en términos "Feministas Bercianas expulsa de forma inmediata a Adela y Florinda.>>.

Esta modificación del ordinal decimoprimero que nos propone la recurrente también es inviable porque no se basa en documentos o pericias obrantes en autos ( artículo 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sino en las declaraciones de dos testigos, las cuales son inhábiles para el fin pretendido.

H)El siguiente hecho probado que quiere modificar la parte recurrente es el decimosegundopara el que solicita añadir los siguientes párrafos:

<

La propia asociación es consciente de la ilegalidad e improcedencia del despido realizado a doña Adela por la consulta realizada por una de las testigos, doña Ruth, que se encuentra fuertemente vinculada al ámbito sindical en Ponferrada.>>.

La recurrente se basa en el acta de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación demandada celebrada el día 19 de marzo de 2024. Pero el texto que propone a este Tribunal no se corresponde con el tenor literal de tal documento, sino que constituye una interpretación y/o una valoración del mismo, lo que impide su acceso al relato de hechos probados.

I)En el siguiente apartado de este motivo de recurso la parte recurrente insta de la Sala la rectificación del hecho probado decimoquinto,con el siguiente tenor literal:

<Asimismo, doña Adela promovió ante el departamento de recursos humanos de Asociación Feministas Bercianas la apertura de un expediente contra al acoso frente a doña Verónica. Su solicitud fue recibida por doña Magdalena.

El expediente no fue tramitado. La empresa carecía de departamento de recursos humanos.

A su vez, la Sra. Adela presentó escrito ante la Inspección de Trabajo por el que denunciaba su situación. La inspectora actuante, tras entrevistarse únicamente con la Sra. Verónica, no inició ningún tipo de actuación.>>.

El abogado de la recurrente alega que nadie nunca, se reunió con su representada, ni siquiera la llamaron, sin que se refleje esto en ninguna parte del informe de la Inspección de Trabajo.

Al contrario de lo que afirma el abogado de la recurrente, en el informe de la Inspección de Trabajo (doc. 34 de los aportados por la empresa) la Inspectora actuante hace constar expresamente que el 25/04/2023 realizó una visita a la sede de la Asociación demandada, en la cual mantuvo una entrevista con la trabajadora a la que requirió diversa documentación. Por tanto, no ha lugar a admitir la modificación del ordinal decimoquinto, interesada por la recurrente.

J)Seguidamente, el abogado de la recurrente solicita del Tribunal la revisión del hecho probado decimosextopara añadirle el siguiente párrafo, penúltimo:

<<[...] Queda acreditado que doña Verónica y otras miembros de la Asociación Feministas Bercianas carecían de la información necesaria para proceder a realizar el despido, por lo que, cualquier información de la cual no tenían, se la inventaban [...].>>.

El apoyo que recaba la parte recurrente para insertar un penúltimo párrafo en el hecho probado decimosexto es inadecuado por cuanto que no consiste en documento o pericia obrantes en autos ( artículos 193.b y 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sino en la declaración de la Presidenta de la Asociación en el acto del juicio.

SEGUNDO:El motivo segundo del escrito de interposición lo plantea la parte recurrente para que la Sala examine la infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

I.- En primer lugar, la recurrente alega la infracción del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con los artículos 96 y 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Lo primero que hace la recurrente es relatar su versión de los hechos, que no coincide con la que la magistrada refiere en los que declara probados y de la que, por tanto, no puede partir la Sala.

A continuación, trata de la inversión de la falta de la prueba sensu contrario,por la inversión de la carga de la prueba en atención a los más que racionales indicios de vulneración de derechos fundamentales. Para la recurrente existen indicios fundados de la vulneración de los derechos fundamentales a la indemnidad y dignidad y a la salud, siendo la empresa la que tiene la obligación de acreditar que esas situaciones no se han producido. Sigue razonando la recurrente que en este caso no solamente no se ha acreditado ni siquiera mínimamente que el despido se produjo por causas justificadas, menos aún que no ha existido esta vulneración de derechos fundamentales alegados en el cuerpo de la demanda y ratificados en el acto del juicio. Nada de esto se ha acreditado, según la recurrente, es más, la sentencia da validez a sus argumentos para con la improcedencia del despido, sentando la falsedad de las premisas acontecidas en la carta de despido.

En este momento del razonamiento la recurrente no cita ni un solo indicio del que pudiera resultar la vulneración de sus derechos fundamentales. También es imposible encontrarlos en el relato de hechos probados. Cierto es que en un apartado posterior la recurrente tiene como acreditados y pacíficos unos hechos (impedimento para el normal ejercicio del trabajo, situación de acoso y derribo, etc.) que tampoco están entre los probados. Por ello, no resulta acreditado que el motivo del despido fuese la represalia a la trabajadora recurrente por parte de la empresa para proceder, a toda costa y bajo cualquier rúbrica, a su despido impidiéndole trabajar, llegando a sufrir una agresión, impidiéndole la asistencia a las víctimas o mujeres en situación de vulnerabilidad y no permitiéndole acceder a la propia Asociación. Todo esto son, en efecto, alegaciones de la trabajadora recurrente que no disponen de ningún tipo de soporte en el relato de hechos probados y no pueden, consecuentemente, servir ni como indicio ni de apoyo para la decisión del recurso.

II.- Infracción del artículo 4 del Estatuto de los trabajadores , en relación con los artículos 45 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007 así como de los artículos 10 , 14 y 1 5 de la Carta Magna .

En este punto la recurrente da por reproducidos los argumentos del expositivo anterior, referentes a las vulneraciones reseñadas.

Lo mismo hace la Sala remitiéndose a lo razonado en el apartado I.

III.- De la infracción del art. 42 del Convenio Colectivo de aplicación, que implica la nulidad del despido.

En este apartado la recurrente aduce que el contenido del pliego de cargos simplemente consistió en un "corta/pega" de los supuestos calificados como muy graves, a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del Convenio Colectivo de acción e intervención social 2022-2024. En esa norma convencional se establece, en lo que aquí importa, que para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de expediente disciplinario informativo. Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta.

Al resolver el motivo de recurso que la empresa dedica a la crítica de la aplicación del derecho en la sentencia dijimos: "...El expediente disciplinario informativo regulado en el Convenio Colectivo aplicable consiste esencialmente en la realización de una serie de trámites en los que se ha de dar noticia al expedientado de los hechos que se le imputan y también se le ha de dar la oportunidad de contestar a tales imputaciones, así como que lo que exige e impone la naturaleza y fines de este expediente es que el afectado conozca los hechos que se le imputan y pueda formular las pertinentes alegaciones en contra, amén de que se oiga a los demás miembros del Comité o Delegados de personal (así lo ha dicho el Tribunal Supremo en lo referido a las sanciones a los representantes de los trabajadores, sentencia de 25 de septiembre de 20212, Rec. 4085/11 , aplicable al caso por analogía). En el caso concreto la Asociación ahora recurrente tramitó el expediente exigido por el Convenio Colectivo si bien la exposición de los hechos imputados a la trabajadora (hecho probado decimotercero) fue un tanto escasa y parca en comparación con los extensamente narrados posteriormente en la carta de despido, por lo que acierta la magistrada de instancia cuando declara por esa razón formal la improcedencia del despido de la trabajadora demandante.".Añadiremos ahora que en el mismo artículo 42 del Convenio Colectivo se dispone que el incumplimiento de cualquiera de los trámites del presente artículo, únicamente en los procedimientos de imposición de sanciones por parte de la empresa, debe dejar nula la efectividad de la sanción, así como la calificación de la misma.Lo que ocurre es que en este caso la empresa sí ha cumplido los trámites del expediente contradictorio previo, por más que la comunicación inicial haya sido defectuosa, lo que no equivale a la omisión del trámite a los efectos de la declaración de nulidad, siendo más correcta la improcedencia, reservada por el artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores para aquellos supuestos de defectos formales en la comunicación.

A esta misma conclusión llega la magistrada de instancia en el fundamento de derecho cuarto cuyo razonamiento comparte la Sala.

IV.- De la infracción del art. 25 apartado 1 y 2 LRJS en cuanto al contenido de la demanda y su ratificación en sede judicial.

Este apartado versa sobre la reclamación de 517,79 € (más intereses del 10%) solicitada por la demandante en fase de conclusiones. Según la magistrada la cuestión no fue objeto de alegación en el trámite de réplica concedido en el acto de la vista, por lo que su simple valoración generaría indefensión a la contraparte.

Se opone la recurrente alegando que reclamó dicha cantidad en la demanda y habiéndola ratificado en el acto del juicio e interesando el recibimiento del pleito a prueba, de contrario no se realiza manifestación alguna para con esa cantidad, por lo que no es controvertida su aceptación. Al no ser controvertida y, por ende, aceptada tácitamente, no se produjo trámite de réplica alguno porque esta materia no fue objeto de la propia contestación.

Es cierto que la hoy recurrente en el expositivo octavo de su demanda se refiere a la cantidad que ahora reclama, pero no lo es menos que en el suplico no pide condena alguna por tal concepto. Por otro lado, en los hechos probados no aparece ninguna referencia a dicha cantidad, por lo que la Sala ignora en qué concepto la reclama la recurrente. Y, por último, ésta no cita como infringida ninguna norma sustantiva -solo menciona normas procesales- que pueda justificar jurídicamente la condena a su pago a la empresa demandada.

TERCERO:La recurrente enuncia un motivo final del recurso, amparado en el artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social "para que la Sala examine el contenido de la vista para con la ratificación de al(sic) demanda por el Letrado que suscribe y todas sus pretensiones".

La recurrente da por reproducido el expositivo IV, motivo segundo, para con el presente motivo tercero, en cuanto a la situación de indefensión del artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

No se entiende muy bien cuál es la intención de la recurrente al formular este motivo de recurso final por cuanto que no pide la nulidad de lo actuado, ni tampoco de la sentencia, que sería el fin normal y ordinario del objeto del recurso de la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En todo caso, nos remitimos a lo ya razonado en el apartado inmediatamente anterior.

III.- DE LAS COSTAS PROCESALES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan, a los meros efectos de la condena en costas y sin prejuzgar los que contractualmente correspondan al mismo por la relación con su cliente, en 600 euros más IVA. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY