Sentencia Social Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 431/2025 de 17 de marzo del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestimó la pretensión de la parte actora que interesaba se declarara la improcedencia del despido y frente a la misma se alza su letrado mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de motivos de revisión fáctica y de censura jurídica a fin de que, revocada la de instancia, sea estimada la demanda.

El recurso ha sido impugnado por la Letrada de la empleadora demandada.

SEGUNDO.-Por el cauce previsto en el artículo 193 b) de la LRJS el recurrente pretende la modificación del tercer apartado de los hechos probados de la sentencia para que se sustituya el mismo por el siguiente texto :

"El actor actuó conforme a las instrucciones genéricas sobre la gestión de inventarios proporcionadas por la empresa y dentro de los márgenes de tolerancia establecidos, sin intención dolosa ni negligencia grave. Las discrepancias detectadas en los inventarios corresponden a ajustes normales del stock, realizados con pleno conocimiento del jefe de operaciones, Sr. Santos.

- Los materiales eliminados en el período de julio a agosto de 2023 eran sobrantes sin valor comercial, según los procedimientos habituales de reciclaje permitidos por la empresa, y no hubo ocultación de esta práctica"

En desarrollo e interpretación de lo dispuesto en el artículo 207d). de la LRJS en el ámbito del recurso de casación, la Sala IV del Tribunal Supremo ha venido exigiendo una serie de requisitos que condicionan el éxito de los motivos de revisión fáctica; requisitos acogidos por los distintos Tribunales Superior de Justicia a los efectos del artículo 193 b del mismo texto procesal. Así, se ha venido exigiendo:

Que se identifique con precisión y claridad el hecho cuestionado. Aquello que ha de ser adicionado, rectificado o suprimido.

En la delimitación conceptual de la revisión fáctica no deben incluirse normas de Derecho o su exégesis. No han de incluirse calificaciones jurídicas entre la narrativa fáctica. Las valoraciones jurídicas tienen como exclusiva ubicación los fundamentos de derecho.

No basta con mostrar una discrepancia genérica frente a la sentencia o respecto a la narrativa fáctica, debiendo precisarse concretamente en qué se discrepa y por qué se discrepa.

El error o la equivocación del juzgador ha de evidenciarse de forma patente, clara e inequívoca, sin necesidad de conjeturas, argumentaciones o razonamientos más o menos elaborados, derivándose tal conclusión de documentos obrantes en autos, lo que se denomina literosuficiencia.

Los documentos han de identificarse con precisión, no bastando la referencia genérica a la prueba documental obrante en autos o a cualquier otra prueba que no sea la documental o pericial, sin que se admisible la denominada prueba negativa, pretendiendo la supresión de determinado hecho probado ante la inexistencia de prueba que lo sustente.

Ha de ofrecerse el texto alternativo consecuencia de la revisión pretendida, bien adicionando cierto contenido, modificando el texto original o bien suprimiendo parte del mismo o la totalidad de un hecho probado. En todo caso, la revisión pretendida ha de ser trascendente a los efectos de mutar el sentido del fallo, admitiéndose igualmente aquellas revisiones que vienen a reforzar argumentalmente el fallo. Además, no solo han de admitirse aquellas pretensiones revisoras a efectos de suplicación, sino que no tratándose del último grado de la jurisdicción, se han de acoger las modificaciones o revisiones fácticas que completen la narración histórica ante la eventual interposición de un recurso de casación para unificación de doctrina.

Y por último, el documento en el que se base la revisión no ha de haber sido valorado en determinado sentido por el Juzgador de instancia o resultar contradicho por prueba de distinta naturaleza de cuya valoración se extraiga el hecho probado, no pudiendo la parte recurrente pretender sustituir la imparcial, objetiva y desinteresada valoración efectuada judicialmente por la subjetiva, parcial e interesa de la parte. De igual forma, no es factible una valoración global de la prueba practicada como si de una segunda instancia se tratara, debiendo primar la valoración efectuada en primera instancia, por la inmediación en la práctica de la misma, salvo supuestos excepcionales de arbitrariedad, irrazonabilidad o desproporción en tal función valorativa. STS 22 de marzo de 2018, rec 41/2017 (RJ 2018, 1636), entre otras.

El recurrente solicita la modificación del hecho probado tercero y cita a efectos revisores testifical y videográfica que no son hábiles a tales efectos y la documental consistente en inventarios y registros aportados como docs 21 y 22 de la empresa sin indicación de acontecimiento del expediente digital con cita además del 24.

Con examen de los documentos designados no resulta de manera clara y directa los términos de la redacción que se propone que por otro lado contiene expresiones valorativas y predeterminantes del fallo al acudir a valoraciones y conjeturas y pretender se recoja que se actuó conforme a las instrucciones sin intención dolosa ni negligencia y según ajustes normales de stock cuando tales extremos relativos a la intencionalidad pertenecen al arcano de la mente y la entidad de los los ajustes y márgenes no resulta de los documentos citados por lo que este primer motivo no tiene favorable acogida máxime cuando no se acredita error palmario en las conclusiones que se contienen en el hecho que se pretende sustituir

TERCERO.-Por el cauce del apartado c) del art 193 de la LRJS denuncia la parte recurrente la infracción del art 54. 2 b) y d) del TRET.

Cuando se invoca la letra c) del art 193 el recurrente tiene que:

a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática;

b) razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( artículo 196.2 de la LRJS lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

El precepto del TRET que se denuncia infringido es del siguiente tenor.

2. Se considerarán incumplimientos contractuales:

b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

Mantiene el recurrente que su conducta en la gestión de stocks no constituye desobediencia por cuanto no hay una orden específica o protocolo vulnerado y que no hay intencionalidad o gravedad para justificar la máxima sanción.

Con examen de la carta de despido resulta que es sancionado no solo por desobediencia sino por trasgresión de la buena fe contractual y como responsable de almacén debe actuar conforme al grado de confianza que tiene atribuido sin que la circunstancia de la falta de protocolo justifique la gestión de stocks tirando o inutilizando materiales pese a que ya había sido amonestado según consta en el hecho probado tercero por error en el recuento de stocks y en vez de evitar tales errores desecha material y da lugar a descuadres entre la cantidad real y la indicada de papel filtro , hilos, etiquetas y sobre envoltura .

Es conocida la jurisprudencia relativa de la trasgresión de la buena fe contractual. La conducta acreditada con cita del 54. 2 d) art del ET cual es que tira e inutiliza material para cuadrar los stocks merece la calificación de falta muy grave de trasgresión de la buena fe contractual, deslealtad y abuso de confianza. En la carta hay determinación de los hechos acontecidos.

En todo caso siguiendo incluso el argumento del recurrente de que se ha de valorar solo si lo acontecido puede ser calificado como incumplimiento grave y culpable en los términos que establece dicho artículo 54 y se ha de concluir que sí pues inutiliza material y lo tira en basura y contenedores en vez de regularizar y las instrucciones son claras en tal sentido. La conducta del actor no solo resulta ciertamente reprochable sino que justifica la calificación de incumplimiento muy grave. En cuanto a los invocados principios de moderación y proporcionalidad se ha de recordar la doctrina legal relativa a la concreta falta de trasgresión de la buena fe contractual, el Tribunal Supremo, ha interpretado el concepto de "buena fe contractual", señalando, entre otras, en su STS 15-junio-2009 (recurso 2660/2004 ),que "Según ha señalado este Tribunal al precisar el alcance del art. 1258 (STS 12 de febrero 2009 , y las que en ella se citan), si bien es doctrina de esta Sala la de que la buena fe, en su sentido objetivo consiste en dar al contrato cumplida efectividad en orden a la realización del fin propuesto, por lo que deben estimarse comprendidas en las estipulaciones contractuales aquellas obligaciones que constituyen su lógico y necesario cumplimiento también se ha sentado por la misma que el carácter genérico del art. 1258 ha de armonizarse con los más específicos que para cada contrato y en cada supuesto contiene el Código Civil y que la posibilidad de ampliar o modificar, a su amparo, lo estrictamente convenido, ha de admitirse con gran cautela y notoria justificación, es decir, que la expansión de los deberes al amparo del art. 1258 debe ser lo más restringida posible, porque no puede escindirse este artículo del contenido del 1283, según el cual en los términos de un contrato no deberán entenderse comprendidos cosas distintas ni casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar".

La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa no cabe sino estimar que la sentencia hace atinada aplicación de dicho precepto al declarar procedente la sanción extintiva de un trabajador que desecha y tira materiales para ocultar descuadres, aunque no fueran de gran valor y máxime cuando se le exige el cuadre de mermas y consumos de órdenes, por lo que al efectuarlo así no incurre en la infracción legal denunciada con lo que procede la desestimación del este último motivo y por tanto del recurso interpuesto.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY