Sentencia Social 56/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 736/2024 de 24 de enero del 2025

PRIMERO.-Frente a sentencia del Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid de 28 de abril de 2024, dictada en sus autos nº 591/2023, que ha estimado la demanda interpuesta por la mercantil PARAGON SOLAR SL frente a Dª Tatiana, y condenado a esta última a abonar a la empresa demandante la cantidad de 16.002,24 euros en concepto de devolución de las compensaciones percibidas en su día por suscripción de pacto de no competencia e indemnización pactada como cláusula penal, se interpone recurso de suplicación por la asalariada demandada.

Varias consideraciones previas son pertinentes a fin de clarificar el debate:

La primera es que la trabajadora demandada vino prestando servicios para la empresa PARAGÓN SOLAR SL, desde el 1.09.2022 hasta el 22 de febrero del 2023 con la categoría de Delegada Comercial, realizando funciones de comercial en el centro de trabajo ubicado en CL Construcción 2, de Granada.

La segunda estriba en que en el contrato de trabajo firmado en su día consta dentro de las cláusulas anexas, un "pacto de no competencia" en virtud del cual se prohíbe a la trabajadora prestar servicios directa o indirectamente para ninguna de las empresas que enumera, entre las que se incluye Amara SA. En concreto, en la estipulación primera 1.3 y 1.4 se pactó lo siguiente:

"Con el fin de compensar el presente pacto de no competencia post contractual, la Empresa abonará al Trabajador durante la vigencia de la relación laboral y en concepto de "PNCP" el equivalente al 35% del salario fijo anual bruto pactado con el Trabajador, cuya finalidad es compensar al Trabajador por la prohibición de trabajar durante la vigencia del mismo para empresas de la competencia.

El total anual por este concepto (6.650€ brutos) se le abonará al Trabajador en cuantías mensuales durante la vigencia del contrato de trabajo que une a las partes. Las partes manifiestan expresamente su conformidad en relación a la adecuación de la citada cuantía compensatoria.

Ambas partes acuerdan expresamente que la compensación del pacto de no competencia post contractual no se incluirá en el cálculo de las pagas extraordinarias recogidas en el convenio colectivo de aplicación, de manera que el salario bruto anual pactado en el contrato de trabajo no se vea modificado.

1.4. Incumplimiento

En caso de incumplimiento por parte del Trabajador del presente pacto, éste vendrá obligado a indemnizar a la Empresa de la siguiente forma:

(i) Con la devolución de la totalidad del importe que hubiera recibido como compensación del presente acuerdo.

(ii) Las partes acuerdan fijar de forma anticipada, como cláusula penal, los posibles daños y perjuicios que se puedan haber ocasionado a la Empresa por efecto de su incumplimiento y que, salvo que se acrediten unos de mayor entidad económica, equivaldrán a la que resulte más elevada de entre las dos siguientes opciones: (i) la mitad del salario anual bruto que el Trabajador venía percibiendo en la Empresa. Expresamente las partes pactan que, a efectos de esta cláusula, se computará también dentro del salario bruto anual la retribución del presente pacto de no competencia post contractual o (ii) la mitad del salario anual bruto que el Trabajador percibiera (o haya pactado) en la compañía en el que éste empiece a trabajar incumpliendo el presente pacto".

La tercera consiste en que el día 23 de febrero del 2023 empezó la asalariada demandada a prestar servicios para la empresa AMARA SOLAR. El 21.08.2023 la hoy actora remitió burofax a la demandada con el requerimiento de que procediera al abono de la cantidad de 3.177,24 euros equivalentes al importe recibido como compensación del pacto de no competencia y el abono de la mitad del salario anual bruto que se hubiese pactado en Amara SA o, alternativamente, en el caso de que el salario fuese inferior, el pago de la mitad del salario anual de aplicación durante su relación con PARAGON SL (25.650 euros).

La cuarta es que la sentencia recurrida estima la demanda bajo la consideración de que la trabajadora suscribió el pacto libremente, asumiendo la indemnización que se compensaba con el incremento del 35% del salario fijo anual bruto pactado y no aprecia por ello abusividad o falta de proporcionalidad de la cláusula penal incorporada al contrato; y en cuanto a la cuantificación de lo adeudado entiende la iudex a quo que "Las nóminas del trabajador son de 3.333,33 euros brutos mensuales con prorrata de pagas extras, lo que supone un salario anual de 39.999,96 euros. La aplicación de la cláusula penal implicaría junto a la devolución de las cantidades percibidas, (3.177,24 euros) la mitad del citado salario anual (19.999,98 euros), por tanto, la suma total ascendería a 23.177,22 euros, cuantía que no fue concretada en el plenario. La parte actora pudo y debió efectuar tal cuantificación en la vista. La cuantía total reclamada en demanda era de 16.002,24 euros y procede estimación de la demanda en tal suma, sin que proceda condena al abono de intereses al no reunir hasta la fecha la deuda la liquidez exigible para su devengo".

SEGUNDO.-Los primeros cuatro motivos, por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS, interesan la revisión del relato fáctico, y en concreto:

1.- Del hecho probado primero, para sustituir la fecha de inicio de prestación de servicios para la empresa PARAGÓN SOLAR SL, 1.08. 2022 por 1.09.2022 y hasta el 22 de febrero del 2023.

Aceptamos la modificación, al ser palmario el error material, lo que es reconocido de adverso por la empresa demandante, además de tener respaldo en el documento nº 2 aportado del ramo de la actora.

2.- Del hecho probado tercero, que dice:

"Las retribuciones percibidas por la actora a lo largo de su relación laboral constan en el documento tres aportado por la actora, dándose su contenido por reproducido en su integridad, ascendiendo el importe total de lo percibido en concepto de complemento de no competencia a la cantidad de 6,650,00 euros (un 35% del salario fijo anual bruto pactado). Tal complemento se concedió durante la vigencia de la relación laboral".

Propone esta otra redacción:

"Las retribuciones que se debían percibir por la actora a lo largo de su relación laboral constan en el documento tres aportado por la actora, dándose su contenido por reproducido en su integridad, ascendiendo el importe total de lo que debía percibir en concepto de complemento de no competencia a la cantidad de 6,650,00 euros (un 35% del salario fijo anual bruto pactado)"

Admitimos la revisión para evitar confusiones. Todo ello en base al documento tres aportado por la actora, que establece las retribuciones que debería percibir la trabajadora a lo largo de su relación laboral, que eran los 6.650 euros, pero a la finalización de la misma, de ahí que el importe percibido por la trabajadora no son los 6.650,00 euros que dice el hecho tercero sino los 3.177,24 euros.

3.- Suprimir del hecho probado tercero la siguiente locución:

"Tal complemento se concedió durante la vigencia de la relación laboral".

Se desestima por inocuo e irrelevante, lo decisivo es que percibió como total de la compensación por el pacto de no competencia 3.177,24 euros.

4.- Sustituir en el hecho probado quinto AMARA SOLAR por AMARA SOLAR RENOVABLES, S.L.

Admitimos la revisión al así constar en la vida laboral unida al expediente electrónico, y no tanto por su trascendencia, ya que si bien en el documento tres aportado por la demandada se establece un listado tasado y cerrado de empresas en las que la trabajadora no podía prestar sus servicios, y AMARA SOLAR RENOVABLES, S.L. no figura en ese listado, ello no obstante en el pacto de no competencia suscrito y que se reproduce íntegramente por la juzgadora previamente para alcanzar sus conclusiones, se recoge expresamente:

"El presente acuerdo conlleva el compromiso del Trabajador de:

No prestar servicios directa o indirectamente para ninguna empresa de las siguientes empresas, ya sea mediante una relación laboral o en calidad de profesional, asesora, socio o cooperativista:

* SOLEME SOLUCIONES ENERGÉTICAS SL

* AMARA, S.A.

(...)"

Es decir, el pacto ya establecía por sí mismo que el ámbito de la no competencia prohibía prestar servicios para ninguna de las siguientes empresas (para ninguna filial o sucursal de las entidades referidas en el pacto), indicándose AMARA, S.A. como la matriz del grupo AMARA, en el cual se incluyen diversas entidades con diferentes denominaciones sociales.

Ambas empresas, Paragón y Amara, concurren en el mismo sector de la actividad, como se deduce de los hechos probados séptimo y octavo: El objeto social de la mercantil PARAGÓN SOLAR SL es el comercio al por mayor de maquinaria y equipo. (Poder unido como documento 1 escrito de demanda). En tal sentido la sentencia de instancia da por reproducidas las facturas giradas a los clientes que se unen como documento 2 por la demandada, así como el desglose de pérdidas que se aporta como doc. 1. La mercantil AMARA SL actúan en el tráfico mercantil bajo el código 46 comercio al por mayor de maquinarias y herramientas. En junio de 2023 esta mercantil lanzó al mercado un producto de financiación de instalaciones fotovoltaicas denominado Amara NZero Finance (doc. 3 y 4 de la empresa). La mercantil PARGON, S.L, ofertaba desde hacía años a sus clientes la posibilidad de líneas de financiación.

TERCERO.-El quinto motivo, al amparo del artículo 197.c) LRJS, y que hemos de entender referido al artículo 193 de la misma ley adjetiva procesal, denuncia infracción del artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que regula el Estatuto de los Trabajadores, en relación con los artículos 1.300 y 1.306.2 del Código Civil.

Después de reproducir el contenido del artículo 21.2 ET defiende que el pacto de no competencia firmado con PARAGÓN SOLAR, S.L se basaba en el específico y profundo conocimiento de los productos, know-how, formas de contratación, márgenes y listado de clientes, y en el presente caso, a su juicio, está suficientemente probado con la documental y vida laboral que obra en el expediente que la trabajadora venía del ámbito del turismo, que había estado en ERTE en la empresa CRUCEMUNDO, S.L. desde que comenzó la pandemia hasta el 09/03/2022 y sus anteriores trabajos lo fueron de atención al cliente en Hoteles, Spanair, Newco Airports Services, Globalia, todas ellas empresas del sector turismo; que de la testifical de Carlos Antonio, director actual, y que la contrató, se deduce que los conocimientos de la trabajadora técnicos y de mercado eran básicos y en ningún caso podría ser considerado como técnico.

En su opinión, hay que tener en cuenta en base a estos hechos que la trabajadora venía del sector turismo, un sector muy castigado durante la pandemia del covid-19, en el que estuvo en ERTE de suspensión como consta en la vida laboral que obra en el expediente judicial hasta prácticamente incorporarse a la empresa demandante y que reubicarse en su sector era muy difícil, por lo que para ella poder cambiar de sector y reciclarse e introducirse en otro nuevo como el de las fotovoltaicas, en alza hasta el año 2022 debido a la subida del precio de la luz, se manifestó como una oportunidad magnífica y que el contrato y la cláusula fueron expuestas a la trabajadora en el mismo momento de iniciar la relación laboral sin que en las conversaciones previas ni en oferta de trabajo se le comunicara, por lo que pese a no estar de acuerdo firmó para poder acceder al trabajo. Por tanto, entiende que debe declararse la nulidad de dicha cláusula.

Los reproches que formula la trabajadora en este motivo carecen de fundamento atendible teniendo en cuenta:

A).- Hace supuesto de hecho de la cuestión partiendo de premisas fácticas que no forman parte de los hechos probados y cuya revisión en este punto no ha solicitado.

B).- El pacto de no competencia postcontractual aparece contemplado por el artículo 21.2 ET en los siguientes términos: a) No podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores; b) Es necesario que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello; c) Requiere asimismo que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada. La compensación económica ha de resultar adecuada, seria y proporcional, a fin de que el pacto sea válido y pueda entenderse que el sacrificio está compensado por el empresario

C).- La empresa tenía, en el caso presente, un efectivo interés comercial a la hora de pactar la cláusula de no competencia. Tal requisito legal de validez de este tipo de pactos, que implica la demostración de que existe un interés empresarial legítimo de naturaleza comercial o industrial, permite diferenciar el alcance de la obligación derivada del pacto postcontractual de no competencia, respecto de la obligación general de no concurrir deslealmente con la empresa cuando la relación laboral está vigente y acotar el ámbito objetivo de la obligación asumible por el trabajador.

En concreto, la restricción a la libertad de trabajo y de empresa del trabajador se circunscribe a las actividades empresariales del trabajador en el mercado relevante para el empleador.

Cuando el trabajador concurre en este mercado, la clientela potencial es similar y se produce la situación de riesgo o perjuicio potencial que persigue evitar el pacto. Por ello, para que concurra el interés industrial y comercial no hace falta que se capten efectivamente clientes, sino que basta con que la actividad del trabajador se desarrolle actuando en el mismo mercado y afectando al mismo círculo potencial de clientes.

D).- Paragón Solar y Amara concurren en el mismo sector de la actividad fotovoltaica, y el efectivo interés comercial luce con claridad en el acuerdo suscrito entre las partes y radica en el específico conocimiento que la trabajadora adquiere por su relación laboral para PARAGON de los productos, know-how, formas de contratación, márgenes, listados de clientes, procesos internos y técnicos de la Empresa y de su matriz, sus filiales o subsidiarias, así como cualquier otra relativa a asuntos comerciales, transacciones confidenciales, procesos técnicos, comerciales o industriales o cualquier otra información relativa a la organización, negocio o finanzas de la Empresa.

E).- No se exige que el trabajador con el que se firma el pacto acredite ser depositario de un gran conocimiento técnico previamente a su contratación; la contratación por parte de PARAGON SOLAR de la trabajadora demandada supuso para ella el tener acceso a una fuente importantísima de conocimiento y datos sensibles para su empleadora, que resultaba fundamental preservar a través del pacto de no competencia suscrito entre las partes.

F).- Resulta característico, como enfatiza la sentencia recurrida, el ofrecimiento por AMARA SL de un producto financiero "Amara Nzero Finance" aproximadamente en julio del 2023, unos pocos meses después de la incorporación de la trabajadora. Producto similar a otro estudiado por PARAGON SL el 7 de junio del 2021 como consta en los documentos nº 3 y 4 de la ampliación de la prueba por la parte actora. Esta asimilación de productos presumiblemente se debe al conocimiento y aportación de la demandada a la empresa que se incorporó.

CUARTO.-El sexto motivo , una vez más con cita incorrecta del apartado c) del artículo 197 LRJS , y por las razones que expone, denuncia infracción del apartado a) del artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que regula el Estatuto de los Trabajadores.

Sostiene básicamente que no se puede afirmar del conjunto de la prueba, y a la vista de la testifical practicada, se haya vulnerado el pacto de no competencia post- contractual, por lo que se la debe exonerar de la obligación de pago derivada de dicha cláusula.

Es decir, insiste en cuestionar el criterio de la Juez a quo en relación con la acreditación del primero de los requisitos exigibles para cualquier pacto de no competencia postcontractual: que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.

Declina el motivo, y para no ser reiterativos nos remitimos a los mismos argumentos que nos han servido para rechazar el precedente.

QUINTO.-En el séptimo motivo denuncia infracción del apartado b) del artículo 21.2 del Estatuto de los trabajadores y jurisprudencia sentada por las SSTS, 4ª, nº 1178/2021, de 1 de diciembre, nº 893/2016, de 16 de octubre , así como la STS de 30-11-2009, que establecen que la compensación "adecuada" a que se refiere el artículo 21.2 del Estatuto de los trabajadores se proyecta no sólo sobre la compensación que ha de recibir el trabajador por la obligación de no competencia postcontractual, sino también sobre la cantidad que haya de abonar éste a la empresa en caso de incumplimiento del pacto.

Expone que, en el caso que nos ocupa, el pacto incluye una cláusula penal que establece como compensación a abonar por el trabajador como mínimo la mitad del salario bruto anual que el trabajador venía percibiendo en la empresa (25.650,00 €), es decir, 12.825 €, prácticamente el doble de lo que percibiría el trabajador en compensación, que según el hecho probado tercero se cuantificaba en 6.650,00 €.

Discrepa así de la sentencia recurrida que entiende proporcionada y no abusiva la cláusula penal.

En suma, defiende existe desproporción entre lo que se percibe y lo que se le exige, máxime si se repara en que durante toda la relación laboral para la empresa demandante, desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 22 de febrero de 2023, ha percibido por todos los conceptos (salario base, prorrata de pagas extras y complemento de no competencia según documental nº 7 de la demandada) la cuantía total de 12.565,49 € brutos y ahora, en base a la sentencia recurrida, le "tocaría" pagar a la empresa la cuantía de 16.002,24 euros, lo que supondría que la trabajadora ha prestado servicios para la empresa demandante totalmente "gratis" e incluso la tiene que devolver más cantidad que la percibida por la prestación de sus servicios, resultando claramente abusivo por parte de la empresa demandante, obteniendo un enriquecimiento injusto.

Para dar respuesta a la censura planteada debemos tomar como punto de partida la doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 14 de diciembre de 2023, recurso 494/2021, con cita de las precedentes:

"En STS IV de fecha 1 de diciembre de 2021, rcud. 894/2019 , se recordaban los perfiles de la compensación económica adecuada a que se refiere el art. 21.2 ET , diciendo que se proyecta no solo sobre la compensación que ha de recibir el trabajador por la obligación de no competencia postcontractual, sino también sobre la cantidad que haya de abonar este a la empresa en caso de incumplimiento del pacto. La STS 893/2016, 26 de octubre de 2016 (rcud 1032/2015 ) se remite en este sentido a lo ya advertido por la STS 9 de febrero de 2009 (rcud 1264/2008 ) sobre la desproporción que puede tener en determinados supuestos la cantidad a restituir por el trabajador.

Y con relación a la aplicación y juego del art. 1152 CC , la STS 893/2016, 26 de octubre de 2016 (rcud 1032/2015 ) señalaba que el precepto puede eximir de tener que acreditar los daños, pero no exime de la proporcionalidad que debe existir con la cantidad a devolver por el empleado. Seguíamos expresando, "Respecto la interpretación realizada por la jurisprudencia civil sobre el artículo 1152 CC , la STS 893/2016, 26 de octubre de 2016 (rcud 1032/2015 ) señala, no solo que la jurisprudencia civil afirma que debe ser objeto de una interpretación restrictiva por suponer la sustitución de la indemnización de daños una excepción al régimen normal de las obligaciones, sino que se trata de una genérica jurisprudencia civil que no debe primar sobre la más específica jurisprudencia del orden social. Recuérdese, en este sentido, lo ya dicho sobre la prioridad aplicativa del artículo 9.1 ET a la que hace referencia la STS 30 de noviembre de 2009 (rcud 4161/2008 ).

Por último, y en esta misma línea, la STS 893/2016, 26 de octubre de 2016 (rcud 1032/2015 ) llama la atención sobre la distinta eficacia y operatividad de la autonomía de la voluntad en el orden civil y en el orden social."

-A la hora de concretar el alcance y efectos del incumplimiento de un pacto de no concurrencia en STS de 10 de febrero de 2009, rcud. 2973/2007 , rectificando doctrina anterior, habíamos desgranado la coordinación entre los preceptos transcritos y la paralela normativa civil. Dijimos al efecto que la prevención contenida en el art. 1.303 CC [contemplando la recíproca restitución de las prestaciones en el supuesto de que la obligación fuese declarada nula] no agota la regulación legal en la materia. Recordamos también el apartado primero del citado art. 9.1 ET -"si resultase nulo sólo una parte del contrato de trabajo, éste permanecerá válido en lo restante y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados", entendiendo que consagra el régimen común de la nulidad parcial del negocio jurídico, consistente en "la eliminación de las cláusulas opuestas a preceptos imperativos y su preceptiva sustitución por el contenido por las normas de Derecho necesario eludidas, evitando así el fraude de ley e integrando -frente a la nulidad parcial conservadora- lo que se denomina nulidad parcial coactiva o imperativa (entre las recientes de la Sala Primera, SSTS 03/10/08 -rec. 3962/00 - y 25/09/06 -rec. 4815/99 -)." Se afirma la prioridad aplicativa de dicho art. 9.1 ET , cuya especialidad se impone, pues este texto confiere a la discrecionalidad judicial fijar el destino de la prestación económica a percibir [o ya percibida, con igual motivo] por el trabajador; destino que necesariamente ha de determinarse en atención a las concretas circunstancias del caso.

Haciéndose eco de la doctrina anterior, la STS de 30 de noviembre de 2009, rcud. 4161/2008 , concluye, en un supuesto en el que se contemplaba una penalización doble, que su valoración no alcanza a la obligación de reintegro de la exacta cantidad obtenida por el empleado, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 9.1 del ET cuando establece la validez de lo que no resulte nulo. Aseveramos así que la cláusula que sólo sanciona con la devolución de lo percibido en compensación del pacto de no concurrencia no es más que la proporcionada consecuencia del incumplimiento del pacto por el trabajador, establecida expresamente en el propio acuerdo".

El reproche que se hace a la sentencia de instancia en el motivo que nos ocupa resulta fundado en parte a la vista de la jurisprudencia antes reseñada.

En efecto, resulta a todas luces desproporcionado y abusivo fijar una cláusula penal en cuya virtud:

"En caso de incumplimiento por parte del Trabajador del presente pacto, éste vendrá obligado a indemnizar a la Empresa de la siguiente forma:

(i) Con la devolución de la totalidad del importe que hubiera recibido comodel presente acuerdo.

(ii) Las partes acuerdan fijar de forma anticipada, como cláusula penal, los posibles daños y perjuicios que se puedan haber ocasionado a la Empresa por efecto de su incumplimiento y que, salvo que se acrediten unos de mayor entidad económica, equivaldrán a la que resulte más elevada de entre las dos siguientes opciones: (i) la mitad del salario anual bruto que el Trabajador venía percibiendo en la Empresa.Expresamente las partes pactan que, a efectos de esta cláusula, se computará también dentro del salario bruto anual la retribución del presente pacto de no competencia post contractual o (ii) la mitad del salario anual bruto que el Trabajador percibiera (o haya pactado) en la compañía en el que éste empiece a trabajar incumpliendo el presente pacto".

Para ello nos basamos en las siguientes consideraciones:

A).- La actora trabajó para la empresa demandante desde 1 de septiembre de 2022 hasta el 22 de febrero del 2023 con la categoría de Delegada Comercial, es decir, seis meses y 22 días, habiendo percibido por todos los conceptos (salario base, prorrata de pagas extras y complemento de no competencia según documental nº 7 de la demandada) la cuantía total de 12.565,49 € brutos; y la sentencia recurrida le condena a abonar la cuantía de 16.002,24 euros, esto es, más cantidad que la percibida por la prestación de sus servicios.

B).- Los perfiles de la compensación económica adecuada a que se refiere el art. 21.2 ET se proyectan no solo sobre la compensación que ha de recibir el trabajador por la obligación de no competencia postcontractual, sino también sobre la cantidad que este ha de devolver a la empresa en el caso de incumplimiento de la cláusula de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo.

C).- Es distinta la eficacia y operatividad de la autonomía de la voluntad en el orden civil y en el orden social. En el primero impera el principio de autonomía y de igualdad sustancial de las partes contratantes, mientras que en el segundo las partes no están en pie de igualdad, naciendo el Derecho del Trabajo para corregir estos desequilibrios en la tutela de los intereses de los trabajadores y de los empresarios.

Existe una diferencia de poder frente al capitalista, propietario de los medios de producción, siendo precisamente en el momento del acceso al empleo y en la extinción del contrato de trabajo donde se manifiesta con mayor intensidad esta relación de desigualdad.

D).- La actora ha percibido como compensación por el pacto de no competencia 3.177,24 euros y se le condena a devolver prácticamente esa cantidad multiplicada por cinco (16.002,24 euros).

Ahora bien, ponderando las circunstancias aquí concurrentes y que hemos concretado en el fundamento tercero de esta sentencia, al que nos remitimos, si bien la cláusula penal pactada en su cuantificacióndeviene nula, por exhorbitante, abusiva y desproporcionada, debe declarase parcialmente válida por el interés comercial de la mercantil demandante, además de que el pacto de no competencia se incumple desde el día siguiente a su cese en PARAGÓN, para lo cual tenemos en cuenta también el específico conocimiento que la trabajadora adquirió por su relación laboral para PARAGON de los productos, know-how, formas de contratación, márgenes, listados de clientes, procesos internos y técnicos de la Empresa y de su matriz, sus filiales o subsidiarias, así como por los asuntos comerciales, transacciones confidenciales, procesos técnicos, comerciales e industriales y la información relativa a la organización, negocio o finanzas de la Empresa; y, por ello, deberá la trabajadora devolver a la mercantil demandante una cantidad que fijamos prudencialmente en 6.000 euros, en los que ya están incluidos los 3.177,24 euros.

Sin costas ( artículo 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,