Sentencia Social 800/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 172/2025 de 26 de septiembre del 2025

PRIMERO.- I).-La sentencia aquí impugnada, proferida por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, fechada a 23 de octubre de 2023, en sus autos nº 377/2023, ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por Dª Marta contra JUSTOS CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE SEGUROS LIMITADA S.L., en reclamación de derecho y cantidad, reconociendo el derecho de la demandante a percibir por el concepto de compensación por "Abstención de competencia postcontractual", la cantidad de 926,93 euros mensuales, abonados durante 24 mensualidades, contadas a partir del 3-2-2023, condenando a la empresa demandada a abonar a la actora las cantidades devengadas hasta el 3-10-2024, en cuantía de 15.965,80 euros (20 mensualidades), así como al abono de las cantidades restantes que se devenguen, en su caso, a partir de la expresada fecha de 3-10-2024, en adelante, hasta completar las 24 mensualidades pactadas.

II).-Justifica la sentencia de 23 de octubre de 2023 la estimación parcial de la demanda en que por la empresa demandada no se ha cuestionado que la actora haya pasado a desarrollar con posterioridad al 3-2-2023, en que fue despedida (despido que fue reconocido por la empresa como improcedente) tareas distintas de las realizadas para JUSTOS CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE SEGUROS LIMITADA S.L como junior en el ámbito de la consultoría de seguros, ya que sus trabajos posteriores al despido para otras empresas lo fueron como peón de horticultura y agrícola, ni que hubiere utilizado los conocimientos e información adquirida en la empresa que hayan supuesto de forma efectiva un riesgo objetivo y concreto para los intereses competitivos de la demandada, perjudicando su posición en el mercado, y, tales circunstancias ni se han alegado y desde luego, no han quedado acreditadas, "no habiendo resultado probado tampoco en forma fehaciente alguna, que la inclusión en el contrato de trabajo suscrito por la demandante el 5-9- 2022, de la cláusula 11ª, sobre sobre "Abstención de competencia postcontractual", se hubiere insertado en el mismo, por error involuntario y no consciente, de la demandada, mucho más tomando en consideración la literalidad y amplitud de la citada cláusula contractual, sin que de los hechos que han resultado probados pueda inferirse la inexistencia de un interés comercial o industrial del empresario, que justificara el error en su inclusión, no habiendo resultado probado en forma fehaciente el desconocimiento y alcance de las consecuencias de la mencionada cláusula, debiendo concluirse por ello que el pacto de no competencia suscrito por ambas partes, en la expresada fecha de 5-9-2022, no adolece de una evidente falta de proporcionalidad entre la obligación asumida por la trabajadora y la compensación económica fijada como contraprestación, equivalente a 12 mensualidades de la retribución fija pactada (1.596,58 euros/mes), y que se viniera percibiendo en el momento de la extinción del contrato, cantidad con la que puede considerarse que quedaba asegurada, la estabilidad económica para la trabajadora, una vez extinguido el contrato, evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo, tal como se ha interpretado por nuestros Tribunales, derivándose de dichas circunstancias, la licitud de dicho pacto de no competencia, por reunir el mismo, las características previstas en el art. 21.2) del ET , sin que pueda tomarse en consideración a los efectos controvertidos, el escaso periodo de tiempo en que la actora prestó servicios efectivos para la empresa (del 5-9¬ 2022 al 3-2-2023), al haber quedado acreditado que, no obstante haber sido contratada mediante contrato indefinido, el 5-9-2022, la demandante fue despedida el 3-2-2023, habiéndose reconocido por la empresa la improcedencia del despido, en el acto de conciliación celebrado ante el Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, el 28-11-2023, por lo que en relación a la validez de la cláusula 11ª del contrato suscrito entre ambas partes el 5-9-2022, de la valoración conjunta de la prueba practicada, debe concluirse en el sentido de entender que existió pleno consentimiento de las partes contratantes, objeto cierto respecto de la materia de la misma y causa de la obligación asumida por ambas partes, con la suscripción de la misma ( art. 1.261 del CC ), no pudiendo apreciarse la concurrencia de error en la incorporación de dicha cláusula 11ª, al contrato de trabajo suscrito el 5-9¬ 2022, ni la concurrencia de ninguna de las causas de nulidad de los contratos, reguladas en el art. 1.265 del CC ".

SEGUNDO.-Disconforme interpone recurso de suplicación JUSTOS CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE SEGUROS S.L. cuyo primer motivo, por el cauce del apartado a) del artículo 193 LRJS, solicita la reposición de los Autos al momento previo a permitírsele a la parte actora modificar radicalmente el Hecho Tercero de su demanda en el acto de juicio o, subsidiariamente, al momento de dictarse Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid en que se desestima la excepción procesal por variación sustancial de la demanda planteada en el acto de juicio, sosteniendo, en esencia, se han infringido los preceptos y jurisprudencia que cita, ya que en el acto de juicio y tras ratificar su demanda la parte actora procedió a alegar lo opuesto al hecho tercero de la demanda , es decir, que la trabajadora sí había recibido un know howespecífico (minuto 03:00 del juicio del procedimiento 376/2023); un conocimiento de información y métodos de trabajo particulares durante la relación laboral que originarían un verdadero interés industrial en limitar la competencia postcontractual por parte de la demandada.

Diversas consideraciones justifican el rechaza del motivo:

A).- De entrada, porque se hace por remisión a un procedimiento similar seguido por otro trabajador (el nº 376/2023) ante el mismo Juzgado Social nº 11, sin que en el procedimiento nº 377/2023, del que dimana la presente suplicación, vista la grabación del juicio del procedimiento 377/2023, se haya efectuado un desarrollo preciso de la variación sustancial de la demanda que ahora se invoca, y en todo caso porque suscribimos lo afirmado por la iudex a quo en la sentencia del procedimiento nº 376/2023:

""(...) lo que se proscribe es que en el acto del juicio el demandante sorprenda a la parte demandada con nuevas peticiones no formuladas en la demanda, imposibilitándole que pueda preparar su defensa y aportar los medios de prueba necesarios para contrarrestar esa pretensión, por lo que en el supuesto examinado dados los términos de la demanda presentada en su día ante este Juzgado, y de la que la empresa tomó expreso conocimiento también, en el acto de conciliación celebrado el 29-11-2023, ante el Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, es por lo que ha de considerarse que las alegaciones efectuadas por el demandante en el acto del juicio, no suponen la variación sustancial de la demanda, al no haberse planteado por el demandante en el citado acto, ninguna reclamación o cuestión nueva y que pudiere provocar indefensión a la parte demandada"

B).- Porque para obtener una declaración como la propugnada por la recurrente, es necesario y en otros requisitos que no traemos a colación por innecesarios en este supuesto, que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías de esa misma naturaleza explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24.1. Sin embargo, no basta con que el órgano judicial haya incurrido en alguna irregularidad; sino que además es imprescindible que tal infracción determine la indefensión de la afectada -sentencia del Tribunal Constitucional ( TCo) 158/1989-. Indefensión no solo en un sentido puramente formal, sino también material -TCo, resoluciones 158/1989 y 124/1994-. Dicha situación, recordemos, supone impedir el ejercicio de la potestad de alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, se constituye en obstáculo insalvable para ejercitar el de defensa de la involucrada. Se le priva, de esa manera, el justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en la ejecución del indispensable principio de contradicción - TCo, sentencia 89/1986-

C).-Una solicitud de esa naturaleza es contraria a los principios de economía y rapidez procesal - art. 74.1, de la LRJS-. Ello determina que únicamente pueda decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya ocasionado verdadera indefensión. Es decir y por su carácter excepcional, debe ser el último remedo a adoptar y cuando no exista otra alternativa.

TERCERO.-Por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS, insta en los motivos segundo, tercero y cuarto las siguientes revisiones:

1.- Añadir al hecho probado segundo lo que sigue:

"Además, en la citada cláusula se hace constar que "La persona trabajadora se abstendrá de realizar actividades concurrentes (...) usando por sí mismo o en provecho de un tercero el específico know-how o los conocimientos o prácticas específicas que el trabajador haya adquirido directa o indirectamente durante la vigencia del contrato (...) específicamente, sin ánimo de exhaustividad, las partes entiende que la actividad de comercialización de seguros de vehículos a motor es concurrente con la actividad de la Empresa".

2.- Adicionar un nuevo hecho probado tercero bis con este tenor:

"No se hizo ninguna referencia a la limitación o prohibición al trabajador de competir laboralmente tras la finalización del contrato de trabajo, a la obligación de prestación exclusiva, o a la preservación de secretos profesionales; ni en la oferta de empleo enviada al trabajador previa su contratación (folios 84 a 85), ni en el contrato suscrito bajo el modelo del Servicio Público de Empleo Estatal (folios 16 a 18 y 65 a 67), ni en el acuerdo de teletrabajo formalizado en el momento de la contratación (folios 26 a 29 y 75 a 78)."

3.- Adicionar al hecho probado cuarto este párrafo:

"siendo los criterios de clasificación aplicables a su grupo profesional, conforme al artículo 23 del Convenio aplicable (BOE de 15-11-2023), los siguientes: Subgrupo III.C: 1. Criterios generales: Comprende al personal que realice tareas que requieran conocimientos singulares y un breve período de adaptación, y que realicen su trabajo con iniciativa, sin perjuicio de la adecuada supervisión. 2. Formación: Conocimientos adquiridos en el desempeño de su actividad profesional, y/o titulación mínima equivalente a educación secundaria obligatoria. 3. Tareas: En este Subgrupo se incluyen, a título enunciativo, las siguientes tareas: Colaboración en las áreas comerciales, técnicas o de administración."

Rechazamos las tres modificaciones por las consideraciones que pasamos a exponer:

A).- La primera deviene irrelevante, dado que es evidente que la sentencia se remite al contrato y a su clausurado.

B).- La segunda introduce un hecho negativo, en el sentido de no acontecido, y a tal efecto el relato fáctico ha de limitarse a los hechos en positivo, sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) de 30-9-2010, rec. 186/2009. Y de pretender incluirse aquellos que sean negativos, esa misma resolución subraya su excepcionalidad, limitándolos a: "cuando la «ausencia del hecho» pueda trascender -al menos teóricamente - a la parte dispositiva". Siendo también interesante a estos últimos efectos la resolución de 6-2-1991, de ese mismo Tribunal, cuando recuerda que: "...respecto a la parte a la que incumbe probarlo, resulta de difícil justificación, por lo que, inevitablemente, se impone una inversión en la carga de la prueba, haciendo recaer sobre la parte contraria la demostración del hecho positivo contrario...".

C).- La tercera deviene intrascendente, dado que en el hecho probado primero ya consta la categoría, el grupo y el subgrupo profesional.

CUARTO.-Ya en sede del Derecho aplicado y correcta cobertura en el apartado c) del artículo 193 LRJS, denuncia en los motivos quinto y sexto infracción de los artículos 1261, 1265, y 1300 del Código Civil vil y de la jurisprudencia que lo interpreta, así como 21.2 del ET.

Defiende básicamente que la inclusión de la referida Cláusula 11ª (relativa al pacto de no competencia) en el contrato del actor, se debió a un error cometido al momento de transcribir, en el referido contrato, cláusulas de otros contratos previos con otros trabajadores. En concreto, continúa, esta cláusula se utilizaba en contratos suscritos con personal cuyas funciones consistirían en la comercialización de los productos de la empresa con compañías aseguradoras brasileñas. Para estos trabajadores, que accederían a información empresarial sobre clientes, potenciales clientes, tarifas, técnicas comerciales, etc., sí existía una voluntad empresarial de limitar la utilización de los conocimientos adquiridos durante su relación laboral al servicio de posteriores empleadores competitivos.

Por este motivo, y en su opinión, la cláusula 11ª. erróneamente transcrita, específicamente refiere como actividad empresarial de interés competitivo, la de "comercialización de seguros de vehículos a motor".Asimismo, como acciones específicamente restringidas tras la extinción del contrato se incluyen el inducir a clientes o potenciales clientes de la empresa a contratar con otras empresas o con el propio trabajador; y el inducir a empleados de la empresa a pasar a prestar servicios para empresas competitivas.

Por ello, a su parecer, nos encontramos ante un error obstativo conforme lo descrito por doctrina y por la Jurisprudencia Civil. Se deduce así que el trabajador únicamente tuvo conocimiento de que existía esta cláusula al revisar el contrato para impugnar en sede judicial el despido sufrido, y decidió accionarla con el objeto de obtener un enriquecimiento carente de causa real; ante lo cual la empresa le reiteró, mediante burofax, de forma clara y taxativa, que el aludido pacto de no competencia carecía de materialidad, que nunca había tenido interés empresarial en suscribirlo y que su inclusión en el contrato se debía a un mero error de transcripción; que la propia actora conformó su demanda reconociendo que nunca había recibido conocimientos profesionales específicos durante la relación laboral, por lo cual no cabe sino concluir que la cláusula es invalida por no cumplir los requisitos legales establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. .

En definitiva, entiende que la Cláusula contractual objeto de litigo debe declararse nula y tenerse por no puesta, al carecer de causa y haberse formalizado por error obstativo en la manifestación de la voluntad de las partes, en aplicación del artículo 1300 y 1265 del CC en relación con el artículo 1261 del mismo cuerpo legal; por lo que se solicita se proceda a revocar la sentencia de instancia y desestimar íntegramente la demanda rectora de Autos.

Subsidiariamente, y en caso de no admitirse la nulidad radical de la cláusula de no competencia por error obstativo en la exteriorización de la voluntad de ambas partes, defiende que debe apreciarse la nulidad de la cláusula de no competencia objeto de litigio porque la misma carece de uno de sus elementos que se constituyen como esenciales para la validez de este tipo de pactos; concretamente, por falta de efectivo interés industrial o comercial del empresario.

A su juicio la efectividad del interés empresarial en limitar la utilización por el trabajador de los conocimientos adquiridos durante la prestación laboral debe analizarse al momento de extinguirse la relación laboral, en atención a las circunstancias concurrentes emanadas de la antigüedad del mismo, su desempeño dentro de la empresa, y la actividad empresarial objeto de interés competitivo. Por tanto, dadas las circunstancias del presente caso, debe entenderse que el pacto de no competencia suscrito al momento de la contratación carecía de uno de sus elementos esenciales al momento de ejecutarse, esto es, el efectivo interés industrial o comercial de la empresa en limitar la libertad de contratación de su antiguo trabajador. Ello no puede conllevar más sanción jurídica que la declaración de invalidez, y por tanto la nulidad del mencionado pacto.

Más subsidiariamente, en caso de entenderse improcedente la declaración de nulidad por ignorar el trabajador la falta de interés empresarial y el error obstativo cometido en la formalización del contrato, se solicita que la validez del pacto de no competencia se extiende únicamente hasta la fecha en que el demandante tuvo conocimiento cierto de estas circunstancias por comunicación de la empresa, esto es, hasta el 23 de octubre de 2023, fecha en que la empresa le remitió burofax dejando constancia fidedigna de tales circunstancias.

QUINTO.-Para dar respuesta a la censura planteada debemos tomar como punto de partida el art. 21.2 ET: el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren determinados requisitos.

Así pues, el pacto de no competencia sólo es válido si concurren determinadas condiciones, pues los pactos suponen una restricción de la libertad en la elección de profesión u oficio, consagrada en el art. 35 de la CE, en concreto:

a) Que el empresario tenga un efectivo interés comercial o industrial en que el trabajador no utilice los conocimientos adquiridos en otras empresas.

b) Que el compromiso no sobrepase un plazo máximo de 2 años para los técnicos y de 6 meses para los demás trabajadores.

c) Que se pacte una compensación económica adecuada. De manera que el trabajador se asegure una estabilidad económica, una vez extinguido el contrato y evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo.

d) Que se trate de un pacto equilibrado y proporcionado entre las obligaciones recíprocas, pues ha de estar fundado en una causa suficiente y debe reunir, además, para que pueda apreciarse su licitud o carácter no abusivo, determinados requisitos mínimos de proporcionalidad o equilibrio de intereses, pues se trata de un pacto con obligaciones bilaterales, cuyo cumplimiento (por imperativo del CC art.1256) no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes. Durante la vigencia de la relación laboral la obligación del trabajador de no hacer la competencia a su empleador no necesita de pacto alguno ya que es consecuencia automática de la celebración del contrato de trabajo y de la obligación de buena fe del mismo derivada.

Un pacto de no competencia postcontractual es un acuerdo entre un empleador y un empleado que limita la capacidad del empleado para trabajar en una empresa competidora después de que finaliza su contrato laboral. Este pacto busca proteger los intereses de la empresa, evitando que el empleado utilice información confidencial o conocimiento adquirido durante su empleo para competir con ella. La finalidad de este pacto es evitar que el trabajador aproveche las relaciones con la clientela y con proveedores puestos a su disposición por la empresa.

El pacto de no competencia postcontractual supone una restricción de la libertad en el trabajo consagrada por el art. 35.1 de la Constitución ( sentencias del TS de 5 de abril de 2004, recurso 2468/2003; 20 de abril de 2010, recurso 2629/2009; y 8 de noviembre de 2011, recurso 409/2011, entre otras) porque limita las posibilidades del trabajador de acceder a un nuevo empleo o de iniciar una nueva actividad profesional.

En cuanto a la temática de la concurrencia de vicio en el consentimiento a la que la parte recurrente anuda la nulidad de la cláusula que postula, la STS IV de 25 de marzo de 2014, rcud. 1281/2013, vino en argumentar, en línea con la doctrina seguida en la Sala I de este TS, y el precedente de esta Sala IV de 24 de febrero de 2013, rcud. 1112/2013), los criterios generales en torno al error como excluyente del válido consentimiento:

"Sobre ello hemos indicado que conforme a lo dispuesto en el art. 1266 del CC , para que el error en el consentimiento invalide el consentimiento es preciso que "sea sustancial o esencial, que recaiga sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a la celebración del contrato, que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar y además que sea excusable, esto es, no imputable a quien lo sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media" [ STS -I- 22/05/06 -rec. 3355/99 ], teniendo en cuenta que "las particularidades del caso en orden a la excusabilidad del error han de ponderarse desde el ángulo de la "bona fides" y del principio de confianza, a los que habrá de darse la relevancia que merecen en el tráfico jurídico" [ STS -I- 17/07/06 -rec. 873/00 -] ( SSTS 29/06/09 -rcud 2489/08 -; 07/10/09 -rcud 2694/08 -; y 11/12/09 -rcud 660/09 -).".

Para que un error sea excusable ha de ser no imputable a quien los sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración ( SSTS s de 18-febrero y de 3-marzo-1994, que se citan en la de 12-julio-2002, y cuya doctrina se contiene, a su vez, en la de 12-noviembre-2004; también, sentencias de 24-enero-2003 y 17-febrero-2005).

SEXTO.-Sentado cuanto precede son diversas las razones que justifican el rechazo de los motivos dedicados a las censuras jurídicas:

1.- Introduce variados datos de hecho que no han quedado incorporados al relato fáctico. Sin embargo, luego se sirve de ellos para sus argumentaciones. Visto lo cual al no cumplir con lo establecido en el mencionado art. 193.b), de la LRJS, ninguna virtualidad tienen; como tampoco los alegatos que infiere de los mismos.

2.- En la cláusula n° 11 del contrato, que lleva por título "Abstención de competencia postcontractual", se hace constar de manera expresa la existencia de un "interés efectivo en que el trabajador no compita con ella tras la terminación de la relación laboral, pactando que el trabajador; "se abstendrá de competir en los términos expuestos durante el plazo de 2 años, a contar desde la extinción del presente contrato", fijándose como compensación por la obligación de no competencia que "el trabajador percibirá una cantidad bruta equivalente a 12 mensualidades de la retribución fija pactada en la cláusula 7.1 anterior que se viniera percibiendo en el momento de la extinción del contrato"; así como que la citada cantidad se abonaría distribuida en 24 mensualidades del mismo importe cada una de ellas durante la vigencia de la obligación acordada.

3.- No hay evidencias del error obstativo en cuanto discrepancia inconsciente entre la voluntad interna y su declaración externa, ni de ningún otro tipo de error que impida la formación del consentimiento del negocio jurídico.

En cuanto a la temática de la concurrencia de vicio en el consentimiento a la que la parte anuda la nulidad de la cláusula que postula, la STS IV de 25 de marzo de 2014, rcud. 1281/2013, vino en argumentar, en línea con la doctrina seguida en la Sala I del TS, y el precedente de la Sala IV de 24 de febrero de 2013, rcud. 1112/2013,, los criterios generales en torno al error como excluyente del válido consentimiento. "Sobre ello hemos indicado que conforme a lo dispuesto en el art. 1266 del CC , para que el error en el consentimiento invalide el consentimiento es preciso que "sea sustancial o esencial, que recaiga sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a la celebración del contrato, que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar y además que sea excusable, esto es, no imputable a quien lo sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media" [ STS -I- 22/05/06 -rec. 3355/99 ], teniendo en cuenta que "las particularidades del caso en orden a la excusabilidad del error han de ponderarse desde el ángulo de la "bona fides" y del principio de confianza, a los que habrá de darse la relevancia que merecen en el tráfico jurídico" [ STS -I- 17/07/06 -rec. 873/00 -] ( SSTS 29/06/09 -rcud 2489/08 -; 07/10/09 -rcud 2694/08 -; y 11/12/09 -rcud 660/09 ).".

4.- No estamos ante un error involuntario y no consciente de la demandada, mucho más tomando en consideración la literalidad y amplitud de la citada cláusula contractual, sin que de los hechos que han resultado probados pueda inferirse la inexistencia de un interés comercial o industrial del empresario, que justificara el error en su inclusión, no habiendo resultado probado en forma fehaciente el desconocimiento y alcance de las consecuencias de la mencionada cláusula, debiendo concluirse, coincidiendo con los criterios de la iudex a quo, que el pacto de no competencia suscrito por ambas partes, en la expresada fecha de 5-9-2022, no adolece de una evidente falta de proporcionalidad entre la obligación asumida por la trabajadora y la compensación económica fijada como contraprestación, equivalente a 12 mensualidades de la retribución fija pactada (1.596,58 euros/mes), y que se viniera percibiendo en el momento de la extinción del contrato, cantidad con la que puede considerarse que quedaba asegurada la estabilidad económica para la trabajadora, una vez extinguido el contrato, evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo, tal como se ha interpretado por nuestros Tribunales, derivándose de dichas circunstancias la licitud de dicho pacto de no competencia, por reunir el mismo las características previstas en el art. 21.2) del ET, sin que pueda tomarse en consideración a los efectos controvertidos el escaso periodo de tiempo en que la actora prestó servicios efectivos para la empresa (del 5-9-2022 al 3-2-2023), al haber quedado acreditado que, no obstante haber sido contratada mediante contrato indefinido, el 5-9-2022, la demandante fue despedida el 3-2-2023, habiéndose reconocido por la empresa la improcedencia del despido en el acto de conciliación celebrado ante el Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, el 28-11-2023, por lo que en relación a la validez de la cláusula 11ª del contrato suscrito entre ambas partes el 5-9-2022, y a tenor de los hechos probados, debe concluirse en el sentido de entender que existió pleno consentimiento de las partes contratantes, objeto cierto respecto de la materia de la misma y causa de la obligación asumida por ambas partes, con la suscripción de la misma ( art. 1.261 del CC) , no pudiendo apreciarse la concurrencia de error en la incorporación de dicha cláusula 11ª al contrato de trabajo suscrito el 5-9- 2022, ni la concurrencia de ninguna de las causas de nulidad de los contratos, reguladas en el art. 1.265 del CC.

5.- Cual proclama la Sentencia del TS de 25.01.2024 (núm. 144/2024) es nula la cláusula del pacto de no competencia post contractual que permite no aplicar el pacto en caso de no concurrir interés comercial/industrial, dejando a la empresa la facultad de apreciar la concurrencia de ese interés, pudiendo comunicar esta circunstancia al trabajador de forma coetánea a la extinción del contrato.

6.- La STS 8 noviembre 2011 (rcud. 409/2011), reiterada por la más reciente de 25 de enero de 2024, recurso 3361/2022, recoge doctrina de otras anteriores explicando "que este pacto no puede ser rescindido por decisión unilateral del empresario. Argumentando en favor de esa conclusión se razona que "el pacto de no competencia genera por el trabajador no solo la expectativa de una indemnización, sino la necesidad de prepararse para una futura o futurible actividad nueva con nuevas expectativas. No cabe duda, en definitiva, de que siendo la naturaleza jurídica del pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, la de un pacto o acuerdo bilateral en cuanto generador de derechos y obligaciones para ambas partes, la posibilidad de modificarlo o extinguirlo no puede dejarse a la decisión unilateral de una de las partes y, por ello, debe tenerse por nula la cláusula que así lo establezca",aplicando la interdicción prevista en el art. 1255 CC.

7.- La actividad desempeñada por la actora en la empresa demandada, dentro del ámbito del Convenio de seguros, nada tiene que ver con la llevada a cabo como peón agrícola una vez extinguido el contrato de trabajo, dentro del Convenio del Campo de la provincia de Almería, al concurrir en sectores de diferentes actividades.

De conformidad con lo preceptuado en el art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, la suerte del recurso trae consigo que debamos imponer a la empresa recurrente las costas causadas en este trámite, concretadas en los honorarios devengados por el Letrado de los trabajadores por la redacción del escrito de impugnación del recurso, cuya cuantía fijamos en 500 euros más IVA, así como las pérdida del depósito para recurrir y las consignaciones, dándoseles su destino legal una vez firme esta sentencia ( artículo 204 LRJS) .

En corolario, se impone desestimar el recurso tanto en su petición principal como subsidiario.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,