Sentencia Social 1117/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 860/2024 de 29 de noviembre del 2024

PRIMERO.-La parte actora impugnó vía judicial la resolución administrativa de 23 de mayo de 2.022 que declaró como indebida la suma de 5.233,16 € en concepto de Ingreso Mínimo Vital por el período de 1 de junio de 2.020 a 31 de enero de 2.021.Finalmente y tras la correspondiente reclamación previa, se limita la deuda a 4.890,16 €.

Se asentaba esta negativa y consiguiente declaración de cobro indebido en que la beneficiaria forma parte de una unidad de convivencia distinta de la declarada en la solicitud. Convive con otro hijo mayor de edad.

La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de los de Madrid de 13 de junio de 2.024 estimó la petición de la actora.

Básicamente se señala que el hijo mayor de la actora no puede tener la condición de conviviente a los efectos de la prestación puesto que, al no tener residencia legal en España y, por tanto, no poder trabajar, no podía ser perceptor de la prestación.

Disconforme con el sentido del fallo, la entidad gestora se alza en suplicación articulando su rechazo a lo resuelto a través de tres motivos.

Los dos primeros se centran en la revisión del relato de los hechos probados comenzando por el hecho probado primero.

Se postula que la redacción del mismo quede fijada en la siguiente forma:

PRIMERO. -La parte actora Dª Lorena, que venía percibiendo la prestación por hijo a cargo, por constituir una familia monoparental junto con su hija nacida el NUM000 de 2008, el INSS, por resolución de 14 de octubre de 2020, actuando de oficio por imperativo legal,reconoció a la actora el Ingreso Mínimo Vital correspondiente a un adulto y un menor con fecha de efectos de 1 de junio de 2020. El reconocimiento se hizo tras informarse en la Agencia Tributaria si bien, esta declaración, resultó incompleta al ser cotejada con las cotizaciones efectuadas por la propia actora. Consta en autos que Dª Lorena en su declaración de la renta de 2019 manifestaba que tenía unos ingresos de 513,79 euros (que era la prestación por hijo a cargo, folio 111, modelo 190 CLAVE -L subclave 8) pero no declaró los ingresos que tuvo derivados de su actividad laboral, como consta en los folios 100 y 101 del expediente administrativo, donde se aprecia que la actora es empleada de hogar cuyas cotizaciones se devengan por la retribución de 150 euros desde el año 2016. Lo que supone que tuvo unas retribuciones anuales de 1800 euros más la prestación por hijos a cargo de 513,79 euro.

En resumen, se pide:

1.- Incluir que el reconocimiento del IMV se hizo por imperativo legal.

2.- Que se incluya que la información de la Agencia Tributaria fue incompleta al cotejarse con las cotizaciones realizadas por la actora.

3.- Que en la declaración del año 2.019 no declaró los ingresos derivados de la actividad laboral constando que es empleada de hogar percibiendo 150 € resultando unas retribuciones de anuales de 1.800 € más prestación de hijo a cargo.

4.- Eliminación de la alusión a los datos padronales.

Para ello se remite a los folios 111, 100 y 101 del expediente administrativo, no el judicial

El folio 100 consiste en una miniatura de un pantallazo de consulta sobre alta en Régimen General en el que consta que la actora, a fecha de consulta - 15 junio de 2.023- se encontraba de alta como empleada de Hogar y desde el 12 de diciembre 2.012.

El folio 101 son las cotizaciones a realizadas, constando que la retribución en el período enero a diciembre de 2.020 era de 150 € mensuales.

El folio 110, con un tamaño aún más pequeño, indica que esa declaración de renta (no consta el nombre del sujeto pasivo) se declararon unos ingresos por una la clave L subclave 513,75 €. No se niega, en cualquier caso, que la actora fuera perceptora de ayuda familiar en ese momento.

Resulta absolutamente irrelevante incluir que el INSS llevó a cabo el reconocimiento del IMV por imperativo legal. No cabe duda que la entidad gestora no lleva a cabo reconocimientos de forma aleatoria o por sorteo según parece inferir la parte actora ("la habían elegido para asignarle el IMV"), sino amparándose en la ley. El objeto de la litis, por mucho que ambas partes intenten aludir al reconocimiento de oficio como apoyo a sus posiciones contrapuestas, es si el reconocimiento fue o no correcto atendiendo al cumplimiento de los requisitos legales que dan lugar al derecho a lucrarlo.

Respecto de la segunda y tercera petición, no solo consta por el documentoaportado sino que lo reconoce paladinamente la parte actora en la impugnación del recurso. No obstante, la redacción propuesta mantiene un sesgo subjetivo que debemos desterrar fijando exclusivamente los datos crudos sin valoración o expresiones que pudieran ser argumentativas.

Respecto de la eliminación de la alusión a los datos del padrón o en la base de datos del INE, no se estima ajustada simplemente porque la entidad gestora lo que está haciendo es valorar los elementos de convicción. Podrá en sede de la letra c) establecer las razones de las consultas, pero si el dato existe y se estima necesario incluirlo para fijar con exactitud l el número de convivientes, no puede ser eliminado simplemente por conveniencia.

La redacción del hecho quedaría como sigue:

PRIMERO.- La parte actora Dª Lorena, que venía percibiendo la prestación por hijo a cargo, por constituir una familia monoparental junto con su hija nacida el NUM000 de 2008, el INSS, por resolución de 14 de octubre de 2020, actuando de oficio y tras informarse en la Agencia Tributaria, reconoció a la actora el Ingreso Mínimo Vital correspondiente a un adulto y un menor con fecha de efectos de 1 de junio de 2020. En la resolución se especificaba que la cuantía había sido determinada conforme a los datos tributarios del ejercicio 2019 y teniendo en cuenta por parte de este instituto las personas que figuran en su expediente de prestación familiar por hijo a cargo, aun cuando el número total de convivientes que consten en la base de datos de población del Instituto Nacional de Estadística sea superior.

La cantidad asignada mensualmente fue de 658,57 € que se correspondía con 701,48 € (ingreso mínimo vital año 2020) una vez descontados en cómputo mensual los 513,75 € que la actora había ingresado en el ejercicio 2019.

En informe de cotizaciones consta que la actora ha percibido durante 2.019 y 2020, la suma de 150 € mensuales por su actividad como empleada de Hogar.

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SEGUNDO.-El segundo motivo pide la modificación del Hecho probado Segundo o su supresión. En primer lugar, porque se desconoce el origen de tal relato en segundo lugar porque no es real. Ya que, se aportó como prueba por esta letrada, el correo del INSS de enero de 2021, en un intento de subsanar la prestación de la actora, minorando su cuantía, quién solicito a doña Lorena que remitiera el NIEs de su hijo Onesimo y ella manifestó que su hijo aun no tenía DNI porque estaba en proceso de regularización.

El motivo alega una cosa y la contraria. En primer lugar se señala que no se corresponde con la realidad y que, por tanto, debe ser eliminado y por otro lado reconoce que existió esa comunicación aunque en enero de 2.021 no en junio de 2020.

No obstante, y contra lo señalado por el INSS, la actora en su impugnación indica de dónde se obtiene esa fecha que no es otro documento que la propia resolución de 16 de junio de 2.023 que contesta a la reclamación previa y que en su hecho cuarto señala ese dato (folio 85 vuelto de los autos).

La consecuencia es que no se admite la modificación solicitada.

TERCERO.-El último motivo y bajo la cobertura de la letra c) del artículo 193 de la LRJS denuncia la infracción de los artículos 10, 17 y 21 del RD 20/20.

Se afirma que la unidad de convivencia está integrada por tres personas puesto que debe añadirse a la misma y junto con la actora y su hija menor, a su hijo mayor de edad - Onesimo- que figura en el padrón municipal (al que se refiere la sentencia cuando se remite a las bases de datos del INE aunque no lo señale expresamente) y que carece de residencia legal en España (al menos en ningún caso consta ni se afirma que la tenga).

Este dato lo conoce la entidad gestora, tal y como se reconoce en el hecho probado segundo, desde julio de 2.020.

Estos datos se desprenden de la documentación oficial sin que puedan tenerse en cuenta las alegaciones que se realizan en la impugnación del recurso y que señalan que su hijo estaba empadronado, pero que iba y venía a otros puntos de España. Esos datos no se acreditan.

El segundo dato es que, la actora además de la ayuda familiar era perceptora de salario, salario que en ningún momento pone en conocimiento tras reconocerse el IMV.

Pero es que, el INSS no impone una sanción por falta de comunicación de variaciones en la situación que determinó su el reconocimiento del IMV sino que, atendiendo a las previsiones del RD 20/20 se ha llevado a cabo la revisión.

Recordemos que el artículo 17 de la norma de referencia señala:

Artículo 17. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.

La entidad gestora, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social .

El primer apartado no limita la posibilidad de revisión a supuestos concretos y únicamente se alude al plazo en el que puede llevarse a cabo: cuatro años.

El segundo apartado es el que permite hacer la revisión en cualquier momento cuando se deba a un error de hecho o aritmético o a inexactitudes y omisiones en la declaración.

Estamos en el primer supuesto: revisión en perjuicio del beneficiario y devolución de lo percibido dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la resolución que no hubiese sido impugnada.

Por tanto, el único objeto es si cuando se reconoció el IMV cumplía los requisitos a avalaban su concesión o, por el contrario, no los cumplía.

Las alegaciones del INSS requieren hacer varias consideraciones previas.

En primer lugar, la numeración de los preceptos que se lleva a cabo en el recurso no se corresponden con el RD 20/ 20 de 29 de mayo, en ninguna de sus distintas versiones, sino con la Ley 19/2021, de 20 de diciembre.

Efectivamente el artículo 10 del RD al que se remitió la representación del INSS en la redacción vigente en el momento en el que se le concede a la trabajadora, se corresponde con la fijación de la cuantía del IMV y el artículo 21 con las normas de procedimiento.

Son los artículos 10 y 21 de la Ley que derogó el RD los que recogen la regulación que pretende hacer valer la entidad gestora.

Esta Sección en la Sentencia de 16 de julio de 2.020 ha indicado en relación a la forma en la que deben hacerse valer las infracciones de derecho al amparo de la letra c) del artículo 193 de la LRJS:

Infracciones de derecho, art. 193.c) LJS.

El apartado c) del art. 193 de la LJS solo permite la denuncia de infracciones jurídicas cumpliendo una serie de rigurosos requisitos:

. -exponer con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. Ello implica que el Tribunal de suplicación puede examinar aquellas infracciones legales que hayan sido aducidas por la parte o parte recurrente, no estándole permitido abordar las infracciones no denunciadas, debiendo además estas alegaciones, efectuarse con arreglo a las referidas formalidades, no siendo suficiente a tal fin la denuncia genérica sin especificación alguna de normativa o jurisprudencia pretendidamente vulnerada.

.-citar con precisión y claridad los preceptos (constitucionales, legales reglamentarios, convencionales o cláusulas contractuales) o jurisprudencia, que se estimen infringidos, argumentando suficientemente las razones que crea la recurrente le asisten para así afirmarlo, ya que caso contrario la Sala no puede conocer pues comportaría la ruptura del principio de igualdad entre los litigantes, de las violaciones jurídicas no acusadas por y en el recurso, aunque existan, con la única salvedad de que, por trascender al orden público y conculcarlo, el Tribunal debiera actuar de oficio.

.-indicar la forma en que se produce la infracción, en respeto al principio de igualdad y contradicción entre las partes, no siendo admisible que sea esta instancia la que termine definiendo el recurso, completando sus omisiones y corrigiendo sus deficiencias, pues su formulación es tarea sola y exclusiva de la parte disconforme, y sobre ella ha de versar la impugnación.

.-desarrollar el oportuno argumento o razonamiento explicando en que ha consistido la infracción legal acusada, si lo ha sido por no aplicación, por aplicación indebida que supone la aplicación efectiva pero inadecuada de la norma, o por interpretación errónea que implica un conocimiento equivocado en lo que atañe a su alcance y contenido, lo que no ha realizado el recurrente en el supuesto que nos ocupa...".

La incorrección en la designación de la normativa no puede ser corregida de oficio por la Sala y por tanto debe desestimarse el recurso.

Pero es quey aunque pese a la incorrecta designación y otorgando a los requisitos de acceso a la tutela judicial efectiva una perspectiva muy flexible, en primer lugar se alegaría la infracción del artículo 10 de la Ley 19/21 puesto que el hijo de la actora, según se desprende de los hechos probados, está empadronado en el domicilio de la beneficiaria y no tiene residencia legal en España.

No podemos compartir la interpretación que del artículo 10 se hace por el INSS puesto que ese precepto no se refiere a los miembros de la unidad de convivencia sino a los beneficiarios del IMV y el hijo de la actora no es el beneficiario.

Señala el artículo 10 de la Ley - nos permitimos subrayar la expresión que entendemos que es crucial-

1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:

1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.

3.º Las mujeres víctimas de violencia de género.

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.

b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.

El precepto predica la residencia legal como requisito de acceso del beneficiario.

La flexibilidad no puede alcanzar a que sea la Sala la que elabore el recurso, modificando el texto que se entiende infringido e, incluso, llegando a tener que modificar hasta el número del artículo, causa suficiente para desestimar el recurso.

A mayor abunda miento, tampoco se puede valorar la influencia que puede tener en el devengo del IMV la percepción de una suma por concepto de salario ya que no se señala qué precepto es el que resulta infringido, vedándose nuevamente la posibilidad de valorar la procedencia de lo resuelto.

Si la recurrente entendía que la Sentencia había incurrido en incongruencia omisiva la no pronunciarse respecto de los ingresos derivados de la actividad laboral acreditada debió hacerlo valer a través de la letra a) del artículo 193 de la LRJS

En atención a lo expuesto procede la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia recurrida.

CUARTO.-Sin costas ( artículo 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados,