Sentencia Social 535/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 8/2025 de 30 de mayo del 2025

PRIMERO.-El actor presentó demanda en la que reclama el reconocimiento del el derecho a ostentar una fecha de antigüedad a efectos de concursos, concurrencia con terceros y de cómputo de periodos de permanencia en los subgrupos profesionales para la promoción profesional de nivel o subgrupo de 8 de febrero de 2021, o subsidiariamente y alternativamente, se declarase judicialmente que el actor ostenta la antigüedad de 6 de abril de 2021, que ya viene siendo reconocida por la demandada a efecto de concurso y concurrencia con terceros, también a los efectos de cómputo de periodos de permanencia en los subgrupos profesionales para la promoción profesional de nivel o subgrupo profesional.

La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 22 de los de Madrid de 24 de octubre de2.024 vino a rechazar su petición con absolución de las codemandadas.

En síntesis se venía a señalar que, superadas las pruebas de selección para cubrir puestos de maquinistas de entrada en el ámbito estatal, la empresa, con motivo del COVID, lleva a cabo hasta tres llamamientos para la formación atendiendo a la puntuación obtenida.

Por acuerdo con la Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo del Grupo RENFE se fija que la antigüedad a efectos de concursos, concurrencia con terceros y cómputo de períodos de permanencia en los grupos profesionales para la promoción de nivel o subgrupo será la de la fecha de contratación del primer candidato que suscriba contrato y que pertenezca al mismo grupo de llamamiento.

Consecuencia de lo expuesto, la empresa reconoció al actor una antigüedad a estos efectos de 6 de abril de 2.021 a los efectos de concurso y concurrencia con terceros, pese a que la fecha del primer contrato concertado era de 19 de abril de 2.021.

Comoquiera que el actor estaba integrado en el segundo grupo de llamamiento, no tenía derecho a lucrar la antigüedad del primer contratado del primer grupo (8 de febrero de 2.021)

Se entiende, con remisión a lo dispuesto en el II Convenio Colectivo del Grupo RENFE, que la permanencia en cada grupo para consolidar el siguiente obliga a que concurra prestación efectiva de servicios.

Disconforme con el sentido del fallo, la parte actora se alza en suplicación mostrando su rechazo a lo resuelto a través de tres motivos que residencia en los apartados b) y c) del artículo 193 de la LRJS.

SEGUNDO.-El primer motivo se dirige a la inclusión de un nuevo hecho probado bajo el ordinal "octavo" y con el siguiente tenor:

"Queda probado que sigue vigente el Acuerdo de 2017 aportado como DOCUMENTO Nº 06 por la parte actora tal y como se expresa en el Acuerdo de 2023 también del ramo de prueba de la parte actora en el DOCUMENTO Nº 09. El personal que accedió a la compañía en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2020 y 2021 ascendió de categoría según la antigüedad que consta en el 11º listado de ordenación de personal, DOCUMENTO Nº 15, fecha anterior a la de la firma de su contrato laboral. Así es de ver en el caso de Demetrio con contrato de 4 de febrero de 2021 que ascendió el 2 de diciembre de 2022; Luis Pedro, con contrato firmado el 14 de febrero de 2022 y que ascendió el 7 de enero de 2024; y Daniel (DOCUMENTO Nº 24) firmó su contrato el 11 de abril de 2022, pero fue ascendido a Maquinista Principal el 17 de enero de 2024, como reflejan sus nóminas. Ambos trabajadores, a pesar de tener diferentes fechas de ingreso, ostentan la misma antigüedad, como se observa en el documento 23. Todos documentos del ramo de prueba de la parte actora".

Una consideración previa.

Como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de marzo de 2.016 (recurso 153/2015), para que prospere el motivo por el que se busca la modificación del relato fáctico es preciso:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. No cabe apreciarlo si ello comporta repulsa de las facultades valorativas de la prueba, privativas del Tribunal de instancia, cuando estas atribuciones se ejercitan conforme a la sana crítica, porque no es aceptable que la parte haga un juicio de evaluación personal, en sustitución del más objetivo hecho por el Juzgador de instancia.

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte» encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte.

A estas exigencias, debemos añadir que la valoración de la prueba corresponde al magistrado de instancia y que su apreciación de la misma resulta preferente, lo que ha sido avalado por TS entre otras en su Sentencia 157/2020 de 19 de febrero de 2020 dictada en Recurso 183/2018:

El motivo no puede prosperar en aplicación de nuestra reiterada doctrina sobre las revisiones fácticas. - Así, en las SSTS 11 de febrero de 2014, Rec. 27/2013 , 8 de noviembre de 2016 (Rec. 259/2015 ) y 17 de enero de 2017 (Rec. 2/2016 ), hemos señalado que para que pueda prosperar un error de hecho en casación es preciso, entre otras exigencias, que: 1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones.

Por dichas razones, aunque se invoque prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998 ). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 .de junio de 2012, rec. 166/2011 , con cita de otras muchas).

Pues bien, como puede apreciarse, el primer inciso implica una valoración jurídica como es si el Acuerdo de 2.017 está o no vigente lo que debemos de rechazar, máxime cuando en el relato de hechos probados se introduce el contenido resumido de éste lo que implica valoración del documento por parte de la Magistrada.

Además, el proceso de selección es previo al Acuerdo de 2.023 al que se alude , de tal forma que solamente podrá tenerse en cuenta, en la presente Litis, el repetido Acuerdo de 2.017 y el Acuerdo de 2.022 alcanzado con el Comité de empresa que interpreta el primero y que tiene su reflejo en el hecho probado quinto.

El listado que obra unido como documento 15 se contiene en los folios 101 a 217 de los autos, por lo que cualquier referencia al mismo exige que se centre exactamente en qué parte del documento se contienen las manifestaciones que intenta trasladar a la relación de hechos.

Por otro lado, la mera lectura de la Sentencia deja claro que hay trabajadores que, habiendo concertado contrato en una fecha tienen reconocida una antigüedad a efectos de concurso y concurrencia con terceros previa pero porque es la fecha del contrato del primer trabajador de ese grupo de llamamiento.

Esta modificación deviene innecesaria puesto que lo que hace es trasladar lo que ya se ha visto.

En consecuencia, debemos rechazar la inclusión solicitada.

TERCERO.-Co idéntico amparo se postula nuevamente la adición de un hecho bajo el ordinal noveno y cuya redacción sería la siguiente:

"Queda probado que hubo trabajadores del mismo llamamiento que el actor que ostentan antigüedad de 8 de febrero de 2021 con el DOCUMENTO Nº 05 , DOCUMENTO Nº 15 y DOCUMENTO N.º 16. Concretamente, el Sr. Jenaro, Sebastián, Agapito y Ezequias figuran en ambos documentos con la antigüedad de 8 de febrero de 2021, mientras que el resto de trabajadores del mismo llamamiento, entre los que se encuentra el actor, se les otorga antigüedad de 6 de abril de 2021.

Suerte similar debe correr la proposición a la que alcanzó en primer motivo ya examinado.

En primer lugar, cualquier alusión al voluminoso documento 15 exige que se indique el folio al igual que el documento 16.

Se hace una alegación de carácter genérico en el sentido de que se puede ver en los listados que hay antigüedades que no se corresponden con la fecha de llamamiento, lo que implica que sea la Sala la que localice en los listados de miles de trabajadores aquellos que se considera por la actora que están en sus mismas condiciones, desvirtuando la naturaleza del recurso de suplicación y su carácter extraordinario.

El documento 5 son correos electrónicos remitidos por SFF-CGT, es decir, por un sindicato, no por la empresa.

Debemos rechazar la modificación propuesta.

CUARTO.-El último motivo y bajo la cobertura de la letra c) del artículo 193 de la LRJS centra su denuncia en tres apartados.

1.- - Infracción de los artículos 14 y 35 del Estatuto de los Trabajadores (ET) por vulneración del principio de igualdad y equidad retributiva.

Se afirma que pese a que el actor ha superado la misma convocatoria que todos los aspirantes que la finalizaron con éxito, no ve reflejado en su antigüedad el mismo trato que otros.

Por otro lado se entiende que la fijación de una fecha "arbitraria" para fijar derechos de contenido salarial, como puedan ser la promoción oel propio complemento de antigüedad, supone atentar contra el principio de equidad retributiva.

2.- Infracción del artículo 3 y el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores en relación con la jurisprudencia del TS y del TC, afirmándose que no es de aplicación la Sentencia del Tribunal Supremo 849/2018, de 20 de septiembre invocada como fundamento en la sentencia recurrida.

Se afirma por el actor que en ningún momento muestra su oposición a que el período formativo sea tenido en cuenta a los efectos de fundar una mayor antigüedad, siendo que en aquella sentencia el debate era la antigüedad de los becarios y sin tener en cuenta el Acuerdo de 2.017.

Su queja se centra en que hay trabajadores que, dentro del mismo llamamiento ostentan una antigüedad superior.

3- Finalmente se denuncia la vulneración del artículo 157 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y la Jurisprudencia del TJUE que lo interpreta.

En definitiva, la infracción que se alega tiene una doble vertiente. Por un lado la existencia de compañeros que en sus mismas condiciones han lucrado una antigüedad superior y, por otro (petición subsidiaria) la exclusión de la antigüedad reconocida a los efectos de progresión de grupo.

En relación con la primera cuestión , ya hemos rechazado la inclusión de determinadas afirmaciones por no haberse referenciado las mismas de acuerdo con la previsiones jurisprudenciales, pero, aún en el caso de que así hubiese sido, la aplicación irregular de las previsiones legales y/o convencionales no supone que esa misma ilegalidad tenga que trasladarse al resto de las relaciones laborales que es, al parecer, lo que pretende la parte actora cuando , en un total de 475 plazas y en listados de casi 6.000 trabajadores afirma que dos trabajadores han obtenido un mejor trato. No hay igualdad en la ilegalidad.

Así nos lo indica el TS en su Sentencia 675/2024 de 08 de mayo de 2024 Recurso 768/2022:

Máxime cuando decimos que: "aunque la Agencia estuviera realizando en la práctica una aplicación dinámica del complemento de antigüedad, tampoco ello nos podría llevar a estimar el recurso y la demanda inicial de conflicto colectivo. Como es bien sabido, y de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el principio de igualdad no juega ni se aplica en la ilegalidad: "el principio de igualdad.... no da cobertura a un 'imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad"(por todas, STC 181/2006, de 19 junio, y las por ella citadas, y, de esta sala 4 ª,la STS 465/2023, de 3 de junio, proc. 5/2023 ).

Y no es tanto por volumen, aspecto este que únicamente pone de relieve la falta de proporción del argumento esgrimido, sino porque la forma de atribuir la antigüedad a estos trabajadores es consecuencia de dos acuerdos de 2.017 y de septiembre de 2.022.

Por tanto, será la aplicación de los acuerdos y del convenio colectivo lo que, por respeto al derecho a la negociación colectiva, sirva de base ineludible para valorar el compromiso adquirido por la empresa.

En este punto está claro, aunque la antigüedad se devengue desde el momento de la contratación, que los ingresos de personal efectuados a partir de julio de 2.017 (hecho probado cuarto) tendrán derecho a una antigüedad- luego veremos el alcance de la misma- a contar desde la fecha del primer contratado del llamamiento correspondiente.

Y es que el principio de igualdad retributiva consagrado por el artículo 157 de Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 141 TCE) garantiza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

Ello no obsta para que, conceptos como la antigüedad que lo que retribuye es la experiencia obtenida por el desempeño de trabajo para la misma empresa puedan atender a requisitos en los que se valore dicha experiencia. En este caso, el actor obtiene un reconocimiento de más días de lo que le supondría si nos atuviésemos al mero desempeño de las funciones para las que fue contratado.

La diferencia está justificada puesto que la norma parte de un hecho objetivo como es la puntuación en el proceso selectivo.

QUINTO.-El actor no niega que el primer contratado del segundo llamamiento lo fuese el 6 de abril de 2.021 y por ello, esa y no otra será su antigüedad.

Esta Sección en nuestra Sentencia de 24 de mayo de 2.024 , Recurso 1.091/93 y relativa al mismo proceso que estamos examinando ahora, abordó la cuestión relativa a los efectos que debía darse a la antigüedad reconocida de esta forma con examen también de la regulación de Convenio Colectivo y decíamos:

La Cláusula 12ª del III Convenio colectivo de Renfe en su apartado 8.3 señala:

8.3 Modificación de los sistemas de promoción. Para las personas trabajadoras que se hayan incorporado al colectivo de conducción a partir de la vigencia del I Convenio Colectivo del Grupo Renfe, en lo referente a tiempos de permanencia en los subgrupos profesionales del colectivo de conducción para promocionar de un subgrupo al inmediato superior, se modifica la regulación anterior quedando establecida la promoción entre subgrupos de la forma siguiente: desde el subgrupo profesional de maquinista de entrada al de maquinista en 2 años, desde éste al de maquinista principal 2 años y desde este último al de maquinista jefe de tren 3 años, todo ello sin perjuicio del resto de las condiciones necesarias para la promoción. Las personas trabajadoras adscritas al colectivo de conducción con anterioridad a la vigencia del I Convenio Colectivo del Grupo Renfe, les será de aplicación el régimen de promoción en vigor establecido en el Acuerdo de Desarrollo Profesional.

Por otro lado, el Acuerdo de la comisión negociadora del primer convenio - año 2.017- indica:

Fecha de Antigüedad en la Empresa a efectos de concursos y concurrencia con terceros. - La fecha de antigüedad a efectos de concursos, concurrencia con terceros y de cómputos de períodos de permanencia en los subgrupos profesionales para la promoción profesional de nivel o subgrupo será, la fecha de efectos de la primera relación contractual de carácter laboral que se establezca con cualquier candidato que pertenezca al mismo llamamiento o tanda de plazas de la resolución del proceso de selección y que haya realizado y superado la correspondiente formación.

Atendiendo a lo expuesto y partiendo de que, como la propia parte señala, no existe duda sobre el hecho de que la beca no enmascara una relación laboral, los actores no tendrían derecho a tener una antigüedad distinta a la del primer contrato ni tan siquiera para para la concurrencia con terceros y concursos puesto que su primer contrato es el que figura en el relato de hechos probados.

Omite el recurrente que el Juzgado señala que en Acta de la Comisión Negociadora del I Convenio colectivo del grupo Renfe de fecha 21-9-22 se acuerda que, respecto al 11ª Listado definitivo de ordenación del personal de conducción, se procede a la regularización de la fecha de antigüedad en concurrencia con terceros, a los efectos exclusivos de participación en los grupos proceso de movilidad a la personas trabajadoras que ingresaron procedentes de la Bolsa de reserva de la OPE del año 2020.

Esta circunstancia es la que permite que la fecha de antigüedad a los solos efectos de los concursos y concurrencia con terceros se amplíe en el primer listado y en el segundo.

El III Convenio no altera esta materia puesto que se limita a señalar los tiempos de permanencia según la incorporación al colectivo de maquinistas haya tenido lugar durante la vigencia de I Convenio Colectivo o sea anterior. La referencia para la promoción sigue siendo la concertación del contrato y, el hecho de que se indique en el 12º listado que el SP de los actores es el K20 no puede llevarnos a admitir una interpretación diferente de la normativa.

Si se considera un actor propio de la empresa, lo cierto es que, en el listado se indicia que el orden y lo que allí se hace constar lo es solo a los efectos de concursos y preferencias respectos de terceros y que, y ese es el núcleo de la petición, no se les ha reconocido ningún tipo de consecuencia económica a ese dato fijado en ese listado.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sentencia 5/2024 del TSJ Madrid, sección 4 de 11 de enero de 2024 Recurso: 165/2023 en un asunto idéntico, reforzando el sentido desestimatorio a través de la cláusula 7.3 del II Convenio que exige una prestación efectiva de servicios lo que nuevamente nos sitúa en el momento de concertación del contrato:

El actor se le ha reconocido la antigüedad a 6 de abril de 2021 a los efectos de concurso y concurrencia con terceros, pero no a efectos de computo de periodo de permanencia en los subgrupos profesionales y ello por cuanto así se acordó en Acuerdo de 21 de septiembre de 2021, producto de la autonomía colectiva, que determina en dicha reunión el computo de la antigüedad en los supuestos durante los cuales, la normativa sigue contemplando que aún no existe una relación laboral fija, como sucede en el caso que estamos examinando y a tenor de los hechos declarados probados.

Y esta solución, asumida por el fallo recurrido, se cohonesta con lo prevenido en el II Convenio Colectivo del Grupo RENFE que en su cláusula 7.3 requiere una prestación efectiva y real de servicio dentro de cada subgrupo profesional, previsión normativa que se incumpliría si se acogiesen las pretensiones del actor, al otorgarle la posibilidad de superar el subgrupo profesional correspondiente sin haber prestado servicio efectivo durante el periodo establecido convencionalmente.

En definitiva, el Acuerdo de 2.017 no puede contradecir las previsiones normativas del Convenio Colectivo que exigen que para la progresión de grupo y/o subgrupo concurra prestación de servicio efectivo, servicio que no tiene lugar cuando se está en proceso formativo y por ello debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

SEXTO.-Sin costas ( artículo 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados,